“Limpieza social”: trabajadoras sexuales trans y conflicto armado en Colombia

“Limpeza social”: Mulheres trans que exercem trabalho sexual e conflito armado na Colômbia

“Social cleansing”: trans sex workers and armed conflict in Colombia

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Desde que se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las antiguas guerrillas de las FARC, las investigaciones que permiten comprender los impactos diferenciados sobre las personas que se vieron afectadas por el conflicto armado han resultado muy pertinentes, pues la única manera de asegurar la reparación y no repetición de los hechos de violencia cometidos es conociendo la verdad de lo ocurrido y las consecuencias que se generaron en las distintas poblaciones. A pesar de esto, y de que las investigaciones de las dinámicas del conflicto armado en los espacios urbanos, desde una perspectiva de género, han venido tomando fuerza en los últimos años, especialmente en trabajos de reconstrucción de memoria desarrollados por instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica o las pertenecientes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; el camino investigativo sobre la relación entre el conflicto armado interno y los impactos que se generaron de manera específica hacia personas LGBT aún continúa trazándose.

Por los objetivos del presente artículo se realizó un estudio de tipo cualitativo desde la metodología del enfoque biográfico, a través de la cual se le dio un lugar prioritario a las narraciones y relatos que las mujeres trans hicieron de sus propias experiencias y de las miradas y análisis que tenían sobre su lugar en el conflicto armado. Las experiencias sistematizadas fueron recolectadas en productos audiovisuales y escritos realizados por la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y organizaciones LGBT que realizan trabajos en diferentes zonas del país. En total se recolectaron 47 testimonios de mujeres trans que sufrieron violencias, en el marco del conflicto armado. En un primer momento, para la organización de la información se realizó una matriz donde se dividieron los testimonios en cuatro tipos de violencia: “violencia sexual”, “limpieza social”, “desplazamiento”, “hostigamiento y amenaza”. Después de esta organización se sistematizaron los testimonios estableciendo cuatro categorías que se correspondían con los hallazgos: los nombres de estas categorías terminaron siendo los mismos nombres de los apartados de este artículo: trabajo sexual y conflicto armado, “limpieza social”, deseo y desprecio, afrontamientos y resistencias.

En cuanto a cifras, estas son un claro reflejo del lugar que han tenido las disidencias sexuales en los procesos de memoria, en el Registro Único de Víctimas están registradas 5.137 personas LGBT como víctimas del conflicto armado (RUV, 2023), de las 9.472.019 víctimas que se tienen registradas en el país.¹ En relación con los datos diferenciados por identidad de género, estos son prácticamente inexistentes. En el Registro Único de Víctimas hay datos desagregados por pertenencia étnica, rango etario, discapacidad y género, pero, en este último, los datos desagregados por identidad de género se agrupan en: hombre, mujer, intersexual y personas LGBT. La agrupación de esta última población impide tener cifras oficiales sobre las afectaciones que se generaron, de manera diferenciada, hacia lesbianas, gays, bisexuales, hombres trans y mujeres trans. Adicionalmente, en muchos de los relatos presentados por organizaciones e informes de entidades públicas, se presenta el nombre de la víctima, pero no su identidad de género (CNMH, 2019). Esta falta de cifras resulta problemática no solo por la inexactitud que pueden tener los datos sobre los cuales se generan acciones institucionales y políticas públicas sino porque reduce la posibilidad de crear estrategias efectivas de no repetición en los territorios y con las poblaciones afectadas por el conflicto armado.

En múltiples informes y artículos se ha subrayado la dificultad que existe para encontrar cifras sobre los impactos del conflicto armado en personas LGBT (CNMH, 2015a; CNMH, 2019; Serrano, 2013). En el informe entregado por la Comisión de la Verdad,² se presentaron muy pocos datos cuantitativos sobre personas LGBT, allí se destacó que el 0,84% de víctimas se reconoce como gay, el 0,41% como lesbiana, el 0,19% como bisexual, el 0,18% como mujer trans y el 0,06% como hombre trans. A pesar de estas cifras, constantemente se está alertando sobre el subregistro que se tiene al respecto; de hecho, más del 42% de las personas entrevistadas no dieron información sobre su orientación sexual ni sobre su identidad de género. En este informe se explicó que el subregistro tan elevado que existe sobre víctimas LGBT se da por varias razones, entre las mencionadas están: desconfianza en la institucionalidad, falta de formación de funcionarios encargados, desconocimiento de las maneras de autorreconocimiento de las víctimas, continuación de las violencias sobre esta población debido a la presencia de actores armados nuevos o residuales después de la firma de los Acuerdos de Paz (CEV, 2022).

Por estas razones, las organizaciones sociales y colectivas de sectores LGBT han sido las que llevan un registro más claro de las violencias, los patrones y los impactos. Ahora, en relación a las violencias hacia mujeres trans, se ha reconocido que en el caso de ellas recaían unas violencias específicas, no solo por haber trasgredido el control social cisheteronormativo que defendían los actores armados en los territorios, sino porque rompieron el mandato de masculinidad que exige a las personas que se les asigna el género masculino al nacer “probarse todo el tiempo; porque la masculinidad […] es un estatus, una jerarquía de prestigio [que] se adquiere como un título y se debe renovar y comprobar su vigencia como tal” (Segato, 2018, p. 40). Por este motivo, la Organización Caribe Afirmativo asegura que las mujeres trans tienen, a diferencia de los hombres trans, un 93% más de nivel de riesgo de sufrir violencia (Palomino, 2022).

Adicional a esto, durante el conflicto, se ejercieron sobre ellas unas violencias específicas porque cuando los actores armados hacían presencia en los territorios, a diferencia de lesbianas, gays y bisexuales, a ellas les quedaba más difícil ocultar su identidad de género,³ pues sus cuerpos, en tanto canal para configurar su identidad y transgredir el género, fueron deslegitimados y despreciados a través de prácticas y discursos de poder, a tal punto que dejaron de ser considerados “cuerpos” (Butler, 1993) y, por ende, se convirtieron en foco constante de violencias específicas por parte de todos los grupos armados. Andrea correa (mujer trans, víctima del conflicto armado), menciona al respecto:

Esto es algo que ha sucedido y que se marca mucho más fuerte en los cuerpos de las personas trans, ya que somos tan visibles, somos tan llamativas a esa violencia […] para nosotras ha sido lo más triste de todo este conflicto […] siempre son nuestros cuerpos los que han estado allí, expuestos a la violencia (CEV, 2021).

Adicional a estas violencias enmarcadas en el conflicto armado, las mujeres trans son víctimas de un sistema que las llevan a ocupar eslabones sociales muy precarizados, en donde “la escasa educación y las pocas redes [de apoyo que tienen], sumadas a las discriminaciones de las que son víctimas por su identidad de género, en tanto mujeres trans” (Prada et al., 2012, p. 150), les reduce sus posibilidades de subsistencia a trabajos remunerados como el trabajo sexual o la peluquería. Aunque estas ocupaciones son feminizadas y son ejercidas también por mujeres cisgénero y otras personas LGBT, “[…] se observa que los espacios laborales a los que acceden las mujeres transgénero las exponen directamente a violencias heteronormativas” (CNMH, 2015a, p. 92), y las llevan a ocupar espacios marginalizados dentro de las ciudades que suelen estar bajo el control de grupos armados que defienden valores morales judeocristianos asociados al cisgenerismo y la heterosexualidad.

Ahora, la necesidad de focalizar este estudio en los espacios urbanos, se da por tres razones principales: la primera tiene que ver con el vacío que sigue existiendo en relación al reconocimiento de las violencias que se dieron en los espacios urbanos con personas trans, en el marco del conflicto armado interno, pues en múltiples ocasiones los hechos que se han cometido sobre estos cuerpos en las ciudades se relacionan con acciones de bandas criminales que, en apariencia, no tienen mucha relación con la guerra. La segunda razón es porque en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Valledupar o Cúcuta, se han reportado asesinatos sistemáticos de mujeres trans y allí han ejercido, durante muchos años, prácticas de exterminio diferentes grupos armados. La tercera razón es porque debido al accionar de los actores armados en municipios y zonas rurales, las ciudades han sido receptoras de mujeres trans que llegan víctimas del desplazamiento forzado a habitar zonas de paralegalidad en donde ejercen el trabajo sexual.⁴

Finalmente, es importante resaltar que en Colombia, entre noviembre del 2021 y noviembre del 2022, se reportaron 22 casos de mujeres trans asesinadas (Caribe Afirmativo, 2022), cifra que ubica a Colombia como el segundo país de América del Sur con más asesinatos hacia mujeres trans, después de Brasil.⁵ Asimismo, con este artículo se reconoce no solo la vulneración de los derechos que viven las mujeres trans por parte de actores armados sino también por parte de sectores de la sociedad, incluyendo movimientos y perspectivas feministas que han construido sus discursos apelando a la noción biologicista de “la mujer” para cuestionar las relaciones de poder que se ejercen sobre mujeres cisgénero en el sistema sexo/género, pero que desconocen (o niegan) los impactos que el mismo sistema ha generado sobre la vida de mujeres trans. Estos discursos resultan muy peligrosos, pues acentúan prejuicios y estereotipos sociales ya existentes lo que, como se podrá ver en el transcurso del texto, genera más posibilidades de que se incrementen las violencias hacia las mujeres trans.

Para comenzar a hablar de la relación que existe entre el trabajo sexual ejercido por mujeres trans en las ciudades y el conflicto armado, es necesario reconocer que las ciudades han ocupado un lugar relegado dentro de los estudios sobre la guerra en Colombia porque, con el pasar de los años, se ha perpetuado la idea de que las violencias sistemáticas en las ciudades se dan como consecuencia de la criminalidad urbana, pero no de prácticas típicas del conflicto armado. Sin embargo, como se expresa en el informe de la Comisión de la Verdad (2022), es importante reconocer que en las ciudades las violencias asociadas al conflicto se han entremezclado con diferentes expresiones de la criminalidad urbana y, por ello, entenderlas es importante, no solo para lograr procesos más completos de reconstrucción de memoria histórica, sino para garantizar la reparación de las víctimas que habitan espacios urbanos.

Ahora, aunque los estudios sobre las dinámicas de los actores armados desde una perspectiva de género han incrementado en los últimos 10 años, las investigaciones con trabajadoras sexuales trans llevan un recorrido bastante corto, pues ellas, en tanto disidencias sexuales y en tanto trabajadoras sexuales, representan coordenadas del deseo y la sexualidad que las hace ser “no merecedoras” de un lugar prioritario en los procesos de memoria histórica (CNMH, 2017; Gallego-Montes, 2020). Desde la institucionalidad no existen cifras que permitan comprender cómo las trabajadoras sexuales han sido víctimas; sin embargo, a través de relatos presentados por ellas, se pueden rastrear los vínculos entre el control territorial por parte de actores armados, especialmente paramilitares y grupos de paramilitares desmovilizados en alianzas con la fuerza pública, y acciones violentas que ellas han sufrido como, por ejemplo: desplazamiento forzado, tortura, desaparición y violencia sexual.

Desde la conformación y llegada de distintos grupos armados a las ciudades, el trabajo sexual ha sido utilizado por ellos como una actividad que les permite generar rentas, sobre todo después del auge del paramilitarismo en las zonas urbanas, en los años 90 y comienzos de los 2000. Para esa época, las mujeres trans se vieron forzadas a adaptarse al control de estos grupos en espacios marginalizados de las ciudades en los cuales ellas ejercían el trabajo sexual. Por esta razón, y ante la imposibilidad que tenían de desplazarse a otras zonas, decidieron realizar denuncias y buscar estrategias para afrontar esas situaciones, lo que llevó a una exacerbación de las violencias de los grupos armados sobre ellas. Todo esto terminó ocasionando la migración de muchas mujeres trans a otros países donde podían seguir ejerciendo el trabajo sexual.

Para que el accionar impune de los actores armados se pudiera dar en zonas que, muchas veces, estaban ubicadas en pleno centro de las ciudades, tuvieron que hacer alianzas con la fuerza pública, especialmente con cuerpos de Policía y Militares (CEV, 2022), quienes ayudaron a promover discursos y prácticas de odio que se anclaban a la defensa de órdenes morales sostenidos en el sistema sexo/género, en donde la cisheteronorma era la columna vertebral que justificaba la presencia y establecimiento de los grupos armados en ciertas zonas. Con la defensa de estos órdenes morales, el dominio sobre los cuerpos y el trabajo de las mujeres trans se exacerbó, pues “[trabajo sexual,] (sexualidad, afectos, corporalidades) y zona, [operaron] como espacios imaginarios y materiales de articulación y gestación de formas específicas de violencia” (Nieto, 2008, citado en Gallego-Montes, 2020).

Desde documentos como el Informe ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y Dignidad (2013), del Grupo de Memoria Histórica, se han hecho aproximaciones al respecto, mostrando, de manera general, cómo en el conflicto todos los actores armados utilizaron el trabajo sexual forzado y la explotación sexual de mujeres cisgénero y trans como medio para generar ingresos externos o para satisfacer deseos sexuales al interior de las filas. De esta manera, el trabajo sexual, en muchas ocasiones, paso a ser explotación sexual, pues las mujeres eran obligadas a actos sexuales sin su consentimiento, para que otras personas se lucraran y ellas no (Prada, Nancy, 2021, p. 133). Es importante señalar que, para el caso de las mujeres trans, muchas de ellas no tenían redes de apoyo por fuera de las que habían tejido con otras trabajadoras sexuales, lo que las llevó a soportar y adaptarse a las acciones y condicionantes de los grupos armados.

Gabriel Galleo-Montes (2020) señala que en zonas de control territorial, el trabajo sexual es gestionado por los actores armados, por tal motivo, las zonas donde se ejerce este trabajo terminan siendo espacios en los que los grupos se reúnen, se encuentran, se vinculan a las filas, realizan espionaje, intercambian información, se dan deserciones y huidas; es decir, además de que el trabajo sexual está controlado, las trabajadoras sexuales se vuelven foco de violencias por convertirse en testigos de las acciones que los grupos realizan en los territorios. Así pues, por ejemplo, con el aumento de la presencia de grupos de paramilitares en las ciudades, el control sobre el tránsito de las trabajadoras sexuales trans en las zonas se agudizó proporcionalmente. Antes, las mujeres podían ubicarse en cualquier calle para buscar clientes, sin embargo, con el pasar de los años esto dejó de ser permitido, a tal punto que solo tienen autorizada la búsqueda de clientes en las calles establecidas para las mujeres trans, como se menciona en el siguiente testimonio: “[…] es algo que sigue pasando, antes al menos tenía una la libertad de transitar la calle que quería porque las calles tienen dueños” (CEV, 2021).

El control territorial que ejerció el paramilitarismo en las ciudades se presentó como la posibilidad de obtener seguridad en sectores con un alto número de población marginalizada y donde la presencia Estatal estaba reducida al establecimiento de cuerpos de Policía o Militares. De esta forma, el desarrollo de estrategias violentas se camufló con otros tipos de violencia urbana de carácter más estructural, en donde la atribución de responsabilidades se dirigió a bandas o grupos criminales de los territorios que, aparentemente, nada tenían que ver con actores armados del conflicto. Ahora, a través de prácticas como la mal llamada “limpieza social”, las violencias ejercidas se dieron de manera sistemática hacia poblaciones específicas sobre las que recaían estigmas sociales como, por ejemplo: jóvenes de sectores empobrecidos (27,5% de los casos), habitantes de calle (23,8% de los casos), trabajadoras sexuales y personas LGBT (6,8% de los casos) (CNMH, 2015b).⁶ A través de prácticas como esta, se puede ver cómo, “después de todo, la guerra también es un medio para establecer la soberanía, tanto como un modo de ejercer el derecho a dar muerte” (Mbembe, 2006, p. 20). Frente a esta violencia en particular, es importante señalar que, en muchas ocasiones, no se identificó ni a las víctimas ni a los responsables, lo que generó un borramiento de esta modalidad de violencia dentro de los procesos de memoria.

Antes de continuar quiero hacer énfasis en que el nombre de este tipo de violencia –“limpieza social”– es el reflejo no solo de cómo se gestó y sostuvo el conflicto armado, sino que permite comprender cómo la soberanía de los Estados modernos tiene su fundamento en el control y dominio que ejerce sobre los cuerpos a través rupturas biológicas entre unos y otros (Mbembe, 2006, p. 22). Estas rupturas resultan necesarias para perpetuar el dominio sobre los cuerpos de aquellas poblaciones consideradas “sucias” o “contaminantes”, pues su proximidad con “los demás cuerpos” puede sentirse como una ofensa al espacio común y como una contaminación que hay que evitar, pero que, al mismo tiempo, ya se encuentra adentro de la sociedad (Ahmed, 2015, p. 139). Como eso que se quiere mantener al límite ya está dentro, se termina generando una división de la realidad social en dos líneas: de un lado están las existencias reconocidas y, del otro lado, aquellas que, como las encarnadas por las trabajadoras sexuales trans, son producidas como no existentes, por lo que terminan siendo radicalmente excluidas. Su existencia se encuentra más allá del universo de lo que la concepción aceptada de inclusión considera es su otro (Santos, 2010, p. 12)

En cuanto a las acciones vinculadas específicamente con la denominada “limpieza social”, se tienen registros de que estas inician en los años ochenta, como consecuencia de ciertas características que tomó el conflicto en esa década y en años anteriores con la expansión del narcotráfico en las ciudades, la llegada masiva de personas a espacios urbanos debido a desplazamientos forzados y el crecimiento de grupos contrainsurgentes de carácter ilegal. Todo esto fue determinante en el surgimiento de comités de seguridad privada, los cuales, en muchas ocasiones, en alianza con Policías y Militares, utilizaban como herramienta la defensa de valores morales judeocristianos para realizar acciones como asesinatos y desaparición de personas que se consideraban opuestas a estos valores. De esta manera los grupos armados supieron sacarle provecho al lugar ya estigmatizado y precarizado que tenían estas personas en la sociedad (CNMH, 2015a; Prada, et al., 2012, p. 13).

Martha Nussbaum (2006) desarrolla la idea de “repugnancia” para explicar cómo las sociedades enseñan a eludir a ciertas personas a quienes se les atribuyen condiciones repugnantes y potencialmente contaminadoras, a tal punto que son percibidas como subhumanas y, por lo tanto, resultan más fáciles de torturar o matar. Ahora, a pesar de que actualmente hay más discusiones en relación a la forma de llamar a personas con identidades de género no normativas, todavía persisten categorías para definir a las mujeres trans en las que se les encasilla como potencialmente contagiosas: “cuchilleras”, “sidosas”, “sucias”, “rateras”, “viciosas”, etc. Estas categorías se constituyen, por una parte, como fronteras materiales y morales que necesitan mantenerse porque constantemente se ven amenazadas (Ahmed, 2015, p. 140) y, por otra parte, como verdades creadas a partir de hechos objetivos e irrefutables, aun cuando la mayoría de la población no haya tenido contacto con mujeres trans.

Por todo esto, a diferencia de otras modalidades de violencia, la “limpieza social” fue avalada por gran parte de la población civil, pues socialmente, antes de la llegada de los grupos armados se consideraba que la presencia de estas personas en los territorios representaba un peligro o una posibilidad de contagio y, por ello, se debía evitar a toda costa que entraran en contacto con el resto de la sociedad. La presencia de ellas en los barrios resultaba un potencial peligro, incluso mayor del que podían representar los grupos armados. Para el caso específico de las trabajadoras sexuales trans, la estigmatización se generaba por varios factores asociados a distintas estructuras de opresión que coexisten entre sí, sin jerarquía alguna (Viveros, 2016, p. 5), por ejemplo, se debe resaltar que todas las trabajadoras sexuales trans que fueron víctimas eran mujeres empobrecidas que, en su gran mayoría, provenían de regiones más pequeñas del país y que habitaban espacios precarizados dentro de las ciudades.

Con el pasar de los años y con el cambio en las dinámicas del conflicto armado en Colombia, esta práctica se fue transformando, así pues, en los años 80, la modalidad que tenían los grupos de exterminio para ejercer sus violencias estaba más relacionada con el exterminio colectivo en zonas altamente estigmatizadas, por ejemplo, en la localidad de Los Mártires de Bogotá, se realizaban asesinatos o desapariciones colectivas de trabajadoras sexuales trans, como se puede rastrear en los siguientes casos recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad:

[…] en las llamadas “operaciones de limpieza social” dos hombre que se movilizaban en una moto […llegaron] a un sitio ubicado en la calle 23 con avenida Caracas […] sitio en el cual se prostituían mujeres transgénero. Una vez se acercaron al lugar, gritaron palabras ofensivas contra ellas y empezaron a disparar indiscriminadamente contra las mujeres que se encontraban a la entrada en espera de clientes. Algunas lograron escapar, metiéndose dentro del sitio, pero los disparos alcanzaron a cuatro de ellas. Tres fueron gravemente heridas y la cuarta, a quien se le conocía como “Michael Jackson”, fue asesinada […] la acción fue atribuida al grupo Muerte a Gamines (CNMH, 2015a, p. 162).

Muchas de mis compañeras, lamentablemente, sí cayeron asesinadas por las balas de la Policía Metropolitana y quizá de otras fuerzas armadas. Yo soy sobreviviente de estos grupos de “limpieza” en los que también participaba activamente el F2. Estaba en la calle 15, entre carreras segunda y tercera, que era una zona de trabajo sexual. Yo era trabajadora sexual y se venían presentando muchos hechos de homicidios contra las compañeras. En una ocasión estábamos ahí, atentas a ver qué era lo que la noche nos traía con esta gente, y ya teníamos identificados algunos carros de los que habían disparado. Bajamos la guardia en un momento y esta gente se nos vino en contravía por otro lugar. Allí balearon a varias; yo caí herida junto con otras dos, y una compañera murió (CEV, 2020, p. 420).

Posteriormente, desde mediados de los años 90, la modalidad de este tipo de violencia cambió y se empezó a ejecutar de manera más individual y a través de prácticas como el desplazamiento forzado. En este sentido, la incursión paramilitar generó un incremento de estos grupos de exterminio en zonas específicas como los barrios periféricos de las ciudades o las mal llamadas “zonas de tolerancia”, como se ve en el siguiente testimonio:

Eso fue en el año 95 que comenzaron a conformarse las AUC, el cambio con la llegada de los paramilitares fue total y, pues, comenzaron a colocar como una disciplina acá […] en cuestiones de comunidad LGBTI, comenzaron a prohibirles la salida mucho, los bares […] A las trabajadoras sexuales las AUC sí las sacó del pueblo […] (CEV, 2020).

Después, a finales de los noventa y comienzos de los 2000, a diferencia de lo que ocurría en los barrios periféricos, al interior de las “zonas de tolerancia” no fue común la llegada de panfletos que advertían la llegada de este tipo de violencias y que, de alguna manera, prevenía a los habitantes de estos sectores. Para el caso de las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual la violencia se ejecutaba sin previo aviso:

Algo que a nosotras las mujeres trans nos ha pasado es que muchas veces ni el panfleto nos llegaba, era el voz a voz, o sea, se acercan directamente […] Aquí a las chicas trans no les llegan los panfletos, allá es directamente el balazo, la desaparición. (CEV, 2021).

Ahora, se debe reconocer que el exterminio no era la única forma de violencia sobre estas mujeres, en la mayoría de los casos, los actores armados recurrieron a varias modalidades con una misma persona, por ejemplo, la desaparición y el exterminio podía ser la última violencia que recibía una víctima después de pasar por otro tipo, como la sexual. Posterior a los años mencionados, este tipo de violencias no cesaron, pero sí empezaron a hacerse mucho más visibles debido a los procesos de resistencia que lideraban mujeres trans, a través de los cuales se realizaban denuncias que empezaron a generar una alerta entre la población civil, las instituciones del Estado y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Por los objetivos de este artículo voy a distanciarme del concepto “violencia por prejuicio” impulsado por las Naciones Unidas porque:

[queda corto] para comprender lo que sucede con estas personas […] el accionar armado no se fundó en juicios a priori sobre estas personas, sino que hizo parte de una estrategia calculada para “limpiar” los territorios de una presencia que les resultaba incómoda, para “corregir” esas opciones de vida que consideraban contrarias al deber ser […]. Los actores armados no atacan a las personas de los sectores sociales LGBT porque tengan una idea equivocada de quiénes son, por un prejuicio, sino porque ellos saben quiénes son y desean excluirles de su proyecto de nación (CNMH, 2015a, pp. 25-26).

Además, resulta insuficiente para entender acciones particulares como, por ejemplo, el hecho de que todos los actores armados (legales e ilegales) han desarrollado acciones y discursos legitimando un orden heterosexual en los territorios, al tiempo que han utilizado los cuerpos de disidencias sexuales para satisfacer sus deseos sexuales y/o para generar rentas a través de los mismos. En relación a este tema, quiero hacer énfasis en la tensión deseo-desprecio que se evidencia en casos particulares en los que paramilitares y cuerpos de Policías ejercían violencia sexual en forma de esclavitud sexual con mujeres trans, cuyas existencias eran, por un lado, tachadas por ellos como indeseables, mientras, por otro lado, sus cuerpos eran utilizados para satisfacer sus deseos sexuales (CNMH, 2017, pp. 165-166).

Contrario a los discursos que utilizaron los actores armados ilegales y la fuerza pública, “[ellos convivieron] con las manifestaciones de las disidencias sexuales, a tal punto que algunos de sus combatientes se involucran en prácticas homoeróticas” (Giraldo y Gallego, 2020, p. 79). Así pues, la masculinidad de los actores armados tuvo una doble cara, de un parte, los discursos y acciones de desprecio hacia los cuerpos no heteronormativos que terminaron convirtiendo a las disidencias sexuales en seres exterminables física y simbólicamente justificados en el peligro que representaban de contaminar el resto de la sociedad (Nussbaum, 2006, p.129), mientras estos grupos obtenían un imagen favorable frente a la sociedad civil, al tiempo que, de otra parte, realizaban acciones para satisfacer deseos mediante el ejercicio de prácticas homoeróticas. Este doble discurso refleja la característica frágil que tiene la masculinidad y la heterosexualidad, además revela las distintas fugas que se dan, de manera constante, dentro de las estructuras morales que se cimientan en la sociedad y se fortalecen con el conflicto armado, pues este, al igual que otras personas/instituciones/estructuras que encarnan y defienden normas morales basadas en el sistema sexo/género, generan contradicciones entre discursos y prácticas, en donde los cuerpos que son rechazados socialmente se ubican en los eslabones más frágiles y receptores de violencias.

Así pues, todo lo que representaban las mujeres trans en las dinámicas del conflicto, generó que estuvieran expuestas a otras violencias muy particulares, pues al ser consideradas “por un lado, compañeras para el amor y el sexo en un contexto de guerra; [y] por otro, confidentes peligrosas, depositarias de muchos secretos (Gallego-Montes, 2020, p. 430), los actores armados, después de utilizarlas, solían amenazarlas, asesinarlas u obligarlas a desplazarse hacia otras ciudades o a espacios diferentes dentro de las mismas ciudades, para evitar así que cualquier información se filtrara por fuera de los espacios que ellos organizaban.

Otro aspecto que quedó como consecuencia de la violencia sexual que cometían hacia ellas los grupos armados es que el número de muertes de mujeres trans aumentó al verse infectadas con VIH después de que tenían relaciones sexuales con integrantes de filas o cuando eran obligadas por ellos a tener encuentros sexuales con otras personas como, por ejemplo, habitantes de calle, “[…] se cuenta además de la obligatoriedad de no utilizar preservativo en las relaciones sexuales si el actor armado así lo indicaba” (UARIV, 2014, p. 38). Asimismo, algunas han mencionado cómo otro impacto que estas acciones generaron fue el quiebre en sus proyectos de vida, pues, después del dominio que los grupos armados empezaron a ejercer sobre sus vidas, las posibilidades de decisión se salieron de sus manos y se vieron supeditas a lo que se les imponía. La única vía que tuvieron para recuperar su agencia fue el fortalecimiento de estrategias de resistencias, muy precisas, durante todos esos años (CEV, 2020).

Por último, para no caer en esencialismos vinculados a categorías como “víctima” y reconociendo el lugar central que han tenido las resistencias de mujeres trans, se debe resaltar que, si bien las zonas de paralegalidad son escenarios hostiles en donde se perpetúan diversos tipos de violencias, para muchas personas que llegan allí como consecuencia de otras violencias, representa una oportunidad para compartir espacio con otras personas que tienen historias de vida similares. Así, por ejemplo, muchas de las trabajadoras sexuales trans que desarrollan sus actividades en estas zonas⁷ han generado lazos de afecto y apoyo que se han transformado a lo largo del tiempo y se han adaptado a las cambios sociales que se han dado en el país; estas redes que se forman en la cotidianidad son las bases para procesos de resistencia y denuncia más estructurados.

Una de las redes más comunes que se forma en la cotidianidad de estas mujeres es la relación de parentesco caracterizada por una figura de “madre”, que suele estar a cargo de una trabajadora sexual mayor, y una figura de “hija/s”, en la que se agrupan las trabajadoras sexuales más jóvenes y que están realizando su tránsito de género (Bello, 2020). Si bien, algunas de estas relaciones también están atravesadas por tensiones, para ellas representan un apoyo a nivel emocional, social y económico, especialmente cuando se exacerban los periodos de violencia o cuando empiezan a habitar las zonas en donde se ejerce el trabajo sexual.

Además de estas formas de resistencia, ellas generaron formas de afrontamiento en espacios específicos y ante situaciones particulares, por ejemplo, cuando llegaban grupos de “limpieza social” o cuando eran llevadas a las cárceles se protegían las unas a las otras como estrategia de sobrevivencia: “Nosotras nos hacíamos en un rincón y nos cuidábamos la una a la otra. En la cárcel nos violaban, nos pegaban, nos maltrataban” (CNMH, 2015a, p. 73). Si bien estos casos particulares no representaban un proceso organizativo planeado, estas estrategias reflejan las múltiples maneras que desarrollaron para enfrentar las violencias a las que se vieron expuestas.

Después de la Constitución de 1991, estas redes de parentesco sentaron las bases para la posterior consolidación de organizaciones formales de trabajadoras sexuales trans, quienes se han encargado de denunciar y visibilizar los transfeminicidios en los últimos años y las violencias a las que son expuestas en tanto mujeres trans y en tanto trabajadoras sexuales. Una de las características que tienen estas organizaciones, a diferencia de procesos de resistencias agenciadas por otros grupos de víctimas es que “le apuntan a enfrentar, al mismo tiempo, el doble origen de las violencias que sufren: la heteronorma instalada y su refrendación por parte de los actores armados” (CNMH, 2017, p. 265).

Por tal motivo, en distintas ciudades, múltiples organizaciones exclusivas de mujeres trans o de personas LGBT, se han encargado de recoger testimonios que han permitido generar hipótesis sobre el modo de actuar de los actores armados y, desde allí, han generado estrategias no solo para formalizar sus denuncias sino para enfrentar las situaciones de violencia que continúan ejerciéndose sobre personas LGBT que habitan zonas marginalizadas en las ciudades. Así pues, las cifras que las organizaciones han recogido de mujeres trans asesinadas suelen ser más cercanas a la realidad que las cifras oficiales, por este motivo, es fundamental que en los procesos de reparación en clave de memoria histórica se generen acercamientos a los comunicados y documentos publicados por dichas organizaciones.

Además de lo importante que resultan estas formas organizativas para la reconstrucción de memoria, también resultan fundamentales en los procesos de sanación, tomas de acciones legales y jurídicas, la resignificación del trabajo sexual, de los cuerpos trans y del espacio público como un lugar de lucha para ejercer activismo político. Cada una de las formas de afrontamiento y de los procesos de resistencia organizados por trabajadoras sexuales trans se han constituido como luchas políticas que muestran, de una manera clara, los fracasos que existen cuando las dinámicas de las guerra y de la sociedad intentan callar o borrar a las personas disidentes del cisgenerismo y la heterosexualidad obligatoria.

Aunque existen análisis y explicaciones, como las expuestas al comienzo del texto, en relación con el porqué sigue existiendo un vacío tan grande en los datos cuantitativos y cualitativos sobre los impactos del conflicto armado colombiano en la vida de mujeres trans, se debe considerar que la falta de existencia de estos registros no está únicamente limitada por falta de conocimiento, por desconfianza de las víctimas o por la violencia anclada al conflicto que sigue existiendo en los territorios. El borramiento de sus historias en los procesos de memoria sigue dándose porque el Estado, la sociedad civil en general, e incluso, organizaciones defensoras de derechos humanos, siguen negando la existencia de estas personas y por ello, a pesar de los avances y los esfuerzos por incorporar sus luchas e historias como parte de los procesos de memoria, sus casos siguen estando al margen en los procesos de verdad y reparación.

Por este motivo, es importante reconocer que la ausencia de las historias y relatos de las trabajadoras sexuales trans no deben ser consideradas como “invisibilizadas” de los registros, por el contrario, estas han sido visibles y a propósito han sido borradas porque “la invisibilidad sugiere que no fueron percibidas y que su presencia no fue considerada significativa, el haber sido borradas de la historia indica que alguna vez fueron percibidas […] pero fueron borradas” (Arango, 2005, p. 161). Por esto, ellas mismas mencionan que sus cuerpos, junto con sus historias, fueron asesinadas/borradas:

Decían que, en una noche o en un fin de semana, habían sido asesinados cuatro jíbaros, pero en esa misma noche fueron asesinadas dos o tres mujeres travestis, aunque en realidad habían sido siete, ocho o diez, porque llegamos a contar muchas compañeras en una noche. Ellas no solo fueron asesinadas en su cuerpo físico sino también en la historia, en la memoria: fueron borradas, porque no aparecen asesinadas ni desaparecidas, pero nosotras las vimos y las enterramos (CEV, 2022, p. 420)

Por este motivo, urge recoger y analizar testimonios para encontrar patrones más amplios que operaron durante el conflicto armado, pues lo que le ocurrió de manera sistemática a un grupo poblacional específico permite comprender no sólo el actuar de los grupos armados sino de la sociedad misma y, a partir de ahí, generar estrategias para que las violencias no se sigan propagando. Sería interesante, por ejemplo, analizar cómo el caso de las violencias sexuales cometidas hacia mujeres trans permite comprender otros patrones de violencia sexual que se cometieron hacia otras personas feminizadas como, por ejemplo, hombres pertenecientes a grupos insurgentes o de movimientos sociales.

Adicional a la importancia que tiene seguir recogiendo relatos para profundizar en la comprensión de lo que sucedió con las disidencias sexuales durante el conflicto, es necesario generar datos cuantitativos, cifras con las que se puedan medir los impactos que el conflicto generó sobre mujeres trans y demás disidencias sexuales. Estos datos no deben ser solo sobre el número de víctimas, sino también sobre los actores que cometieron los actos, los hechos de violencia generados, los lugares donde sucedieron esos hechos y la periodicidad de los mismos. Los datos de “personas LGBT”, como una generalidad, resultan insuficientes para analizar la complejidad de las dinámicas de los actores armados durante el conflicto, además puede generar reduccionismos en los estudios realizados.

Finalmente, se debe considerar que mientras no se esclarezca cuál ha sido el accionar de los actores armados en los sitios donde las mujeres trans han ejercido el trabajo sexual, será muy difícil detener la ola de violencias que existe aún sobre ellas. Para ello, el reconocimiento de sus historias como un punto clave en los procesos de memorias histórica es muy importante, no solo para generar procesos de reparación, sino para asegurar la no repetición de los hechos en estas zonas.