La Unión Europea y su actuación en el golpe de Estado de Bolivia en 2019

A União Europeia e o seu papel no golpe da Bolívia em 2019

The European Union’s role in Bolivia’s 2019 coup

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Luego de un largo proceso de conflictividad política y social, en el año 2005 fue elegido presidente de Bolivia, con el 53,7% de los votos, Evo Morales, primer indígena en asumir la presidencia. A partir de entonces, reformas estructurales dieron paso a trece años de estabilidad social y económica al país. No obstante, el gobierno de Morales estuvo permanentemente acosado por una férrea oposición interna y externa durante todo su mandato, protagonizada por intereses económicos y geopolíticos que encarnaban una ideología conservadora capitalista.

Tras la derrota, en febrero de 2016, de un Referendo Constitucional que habilitaba a Evo Morales a presentarse a una tercera reelección,¹ el Tribunal Constitucional en noviembre de 2017, bajo el argumento de un derecho político que no puede cercenarse –amparado en el Pacto de San José–,² facultó la participación del presidente en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

Dichas elecciones estuvieron antecedidas por la construcción de una narrativa de fraude, apoyada por grupos opositores nacionales e internacionales. En la noche de las elecciones, el conteo rápido de voto o lo que se llamó la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se paró sorpresivamente en el 83,8% de los votos contabilizados, cuando los resultados daban la posibilidad de una segunda vuelta. Esta suspensión, hizo que el principal candidato opositor, Carlos Mesa, declarara la realización de un “fraude monumental”, argumento que fue seguido por la Organización de Estados Americanos (OEA) al pedir una segunda vuelta, aún antes de que termine el conteo oficial de votos.

El conteo final del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del 25 de octubre, dio como resultado el 47,08% al partido del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, y el 36,51% a Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa (TSE, 25/10/2019), lo que daba ganador al candidato del MAS por haber logrado una diferencia de diez puntos respecto al segundo. La conflictividad social no se dejó esperar, especialmente protagonizada por sectores de jóvenes, políticos y cívicos de clase media, a los cuales se sumaron grupos violentos paramilitares que sembraron el terror en los días posteriores.

Para despejar las denuncias de fraude, el gobierno encargó con carácter vinculante, una auditoria electoral a la OEA, la misma que sorpresivamente dio sus resultados preliminares el domingo 10 de noviembre en la madrugada, afirmando la presencia de “irregularidades” en el proceso, lo que hacía necesario llamar a unas nuevas elecciones. Esta noticia convulsionó al país, y en horas de la tarde las Fuerzas Armadas le “sugirieron” la renuncia al presidente, lo que Morales hizo finalmente, para luego asilarse en México.

El 12 de noviembre, ante una Asamblea Legislativa casi vacía, la segunda vicepresidenta del Senado se autoproclamó presidente de Bolivia, debido a que los legítimos candidatos a la sucesión constitucional habían renunciado, producto de amedrentamiento y violencia contra ellos y sus familiares.

El presente artículo muestra cuál fue el rol desempeñado por la Unión Europea en esta trama golpista, tanto antes, como durante y después del golpe. Sin embargo, es preciso señalar que aún queda por desentrañar los verdaderos motivos de su participación en el quiebre institucional que significó para Bolivia la muerte de 37 personas, además de cientos de heridos, torturados y perseguidos por el gobierno inconstitucional de Jeanine Añez.

El golpe de Estado en Bolivia de noviembre de 2019 contó con una gran confluencia de actores, tanto externos como internos. Entre los externos, figura de manera protagónica el gobierno de Estados Unidos, que, desde los primeros años de la asunción de Evo Morales como presidente de Bolivia, coordinó una serie de estrategias subversivas que iban desde el financiamiento –a través de sus agencias de cooperación, de ONG, partidos políticos y medios de comunicación opositores al gobierno (Telleria, 2021, pp. 89-109)– hasta la planificación de un golpe de Estado con ayuda de los movimientos cívicos el año 2008, tal como lo revelan de manera expresa los cables de WikiLeaks (Quintana, 2016).

La reelección de Evo Morales fue el punto de anclaje de la conjuración propiciada por el gobierno norteamericano el año 2019. El 31 de enero, los senadores Bob Menéndez, Dick Durbin (demócratas) y Ted Cruz (republicano) presentaron un proyecto para que el legislativo de Estados Unidos se pronuncie en contra de la repostulación. Un mes después, el 21 de febrero, Kimberly Breier (ex secretaria adjunta del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental) indicó que la comunidad internacional debe permanecer vigilante a las próximas elecciones en Bolivia (Romano et al., 21 de noviembre de 2019, p. 4). Así mismo, el 10 de abril de 2019, seis meses antes de las elecciones, “el Senado de los Estados Unidos emite una resolución –la número 35– en la que se advierte ‘que la era de Morales ha sido testigo de […] un debilitamiento de las principales instituciones democráticas’, motivo por el cual se le exige a ‘las democracias latinoamericanas la defensa de las normas y los estándares democráticos’” (Elbaum, 2021, s. p.)

Al parecer, el complot pretendía generar desconfianza en las elecciones con el argumento de la construcción de un fraude electoral sostenido por la renuencia de Morales a dejar el poder. Esto se constató con la visita en julio de 2019 a la ciudad de La Paz del subsecretario Adjunto de Estados Unidos para América Latina, Mike O’Reilly. De acuerdo a un cable enviado a Buenos Aires por el entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez, durante una cena realizada el 27 de julio a la cual asistieron el representante de la OEA, el jefe de la Misión de la Unión Europea y los embajadores de Brasil, Perú y Argentina, el subsecretario “O´Reilly alertó a los diplomáticos sobre la posibilidad de un fraude por parte del gobierno de Evo Morales” (Sgarzini, 2021). En la cena, el encargado de Trump para América Latina, también cuestionó:

[…] la transparencia de los comicios del próximo 20 de octubre, en particular, por las ideas y vueltas del Tribunal Supremo Electoral, el vaciamiento del mismo, en especial en las áreas informáticas y técnicas, y la falta de contratación de una empresa para el conteo rápido (en Sgarzini, 2021).

Este último encuentro selló el alineamiento de la comunidad internacional al discurso de fraude. Quizás por este motivo, la Unión Europea, que durante tanto tiempo había apoyado a la modernización del TSE, junto a algunos de sus embajadores y ONG, empezó rápidamente un proceso de cuestionamiento a la institución.

Durante una reunión de enero de 2019, de la que participaron la Unión Europea, la OEA, la Embajada de Estados Unidos, además de otros países cooperantes con todos los miembros del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), el entonces embajador de Alemania, Matthias Sonn, manifestó que “el Tribunal Supremo Electoral tiene una reputación de muchos años que es muy buena”, a lo que sumó que “los procesos electorales tradicionalmente eran y son todavía muy efectivos, muy respetados” (Agencia de Noticias Fides, 17 de enero de 2019). Al respecto, resulta raro ver que meses después, en septiembre, un nuevo embajador de Alemania, Stefan Duppel, “consideró que ‘hay desconfianza’ en el país respecto a las elecciones generales que se realizarán el 20 de octubre y mostró su preocupación por el día siguiente de los comicios y si la gente estará de acuerdo con los resultados” (Página Siete, 20 de septiembre de 2019).

No obstante, el papel de descrédito no sólo se tradujo en declaraciones previas a las elecciones del 20 de octubre, sino también en cuestionamientos directos del representante de la Unión Europea, León de la Torre, al TSE, realizado a través de cartas dirigidas a la entonces presidenta del OEP, María Eugenia Choque. En dichas cartas, se corrobora que la Unión Europea y también varios de sus estados miembros habían colaborado con el TSE en distintos proyectos, durante mucho tiempo; sin embargo, desde junio de 2019, se fue cuestionando la efectividad del trabajo realizada por el TSE en relación al logro de objetivos programados conjuntamente a través de IDEA, institución internacional experta en asuntos electorales, cuyo director, Alfonso Ferrufino, curiosamente fue ex ministro de gobierno de Carlos Mesa (2003-2005), principal candidato opositor a las elecciones presidenciales de 2019.

Por otra parte, la Unión Europea, a pesar de la solicitud realizada por la presidenta del OEP, en abril de 2019, para el envío de una Misión de Observación Electoral con el fin de acompañar las elecciones generales de octubre, envío solo una Misión Electoral de Expertos (MEE) compuesta por dos personas, que llegaron al país en la segunda quincena de septiembre, con el objetivo de hacer seguimiento y acompañamiento del proceso electoral. Si bien la Unión Europea no envió una misión observadora, sino solo una reducida misión de expertos, resulta extraño que haya producido un informe sobre las elecciones en diciembre de 2019, el mismo que fue difundido en los medios de comunicación nacionales e internacionales como un informe oficial de la Unión Europea, a pesar de que en letras pequeñas al reverso de la tapa, el mismo informe afirmaba que “las ideas y opiniones expresadas en este informe pertenecen a sus autores y no reflejan necesariamente la política y la posición oficial de la Unión Europea” (Unión Europea, Misión de Expertos Electorales, 2019).

Dicho informe no hizo más que replicar el de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, donde se sostuvo la presencia de “irregularidades” en el proceso electoral, lo que “suponía” la existencia de fraude. Es más, queda claro que la Unión Europea “no tuvo la capacidad técnica de observar el proceso eleccionario de 2019 al no haber enviado más que dos expertos y, por tanto, tampoco la capacidad de comunicar objetivamente sobre los comicios electorales” (Quiroga, 26 de junio de 2020). A pesar de ello, su adhesión a la OEA no sólo se reflejó en el informe de diciembre de 2019, sino también cuatro días después de las elecciones del 20 de octubre, donde de manera irresponsable, la portavocía de la misión electoral de la Unión Europea, apoyó el argumento de llamar a una segunda vuelta electoral (BBC, 24 de octubre de 2019), cuando todavía el TSE no había dado informe del conteo final de votos, lo que sucedió un día después.

¿Por qué la Unión Europea se sumó a ese pedido? Si había la sospecha de fraude, ¿no era mejor anular las elecciones y llamar a un nuevo proceso electoral? En todo caso ¿no era mejor esperar un informe definitivo del proceso electoral?

Lo cierto es que para que el discurso de fraude fuera parte de la narrativa tanto nacional como internacional, se necesitaba el aporte institucional de la OEA y de la Unión Europea, y así fue. Ambos organismos, digitados desde Washington, fueron cómplices de la estrategia subversiva.

La renuncia de Evo Morales, provocada por la violencia desatada contra sus partidarios y familiares, el pedido de renuncia de las Fuerzas Armadas, el motín policial y el informe preliminar de la OEA sobre las elecciones, se dio en horas de la tarde del domingo 10 de noviembre. A partir de ese momento se desataron una serie de reuniones en las cuales se decidió el destino del país.

Curiosamente, las reuniones que se dieron el 10, 11 y 12 de noviembre fueron convocadas en la sede de la Universidad Católica y no en la Asamblea Legislativa, lugar idóneo para tratar la sucesión presidencial. Al parecer, los convocantes fueron la Iglesia mediante la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) y la Unión Europea (Iglesia Viva, 2021).

La primera reunión del 10 de noviembre luego de la renuncia de Evo Morales, fue revelada en una entrevista radial realizada el 13 de enero de 2020, por María Galindo a Waldo Albarracín, miembro del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), conformado por un grupo de activistas que denunciaron el supuesto fraude en las elecciones del 20 de octubre. En dicha entrevista, Albarracín indicó que fue invitado a esa reunión a la cual asistieron un representante de CC –principal partido opositor de las elecciones–, un representante del Comité Cívico de Santa Cruz, y un representante de la comunidad internacional, de quien no tenía claro si era el embajador de Brasil o de la Unión Europea. Reveló que, en dicha reunión, se planteó la propuesta de que Jeanine Añez fuera la sucesora de Evo Morales en la presidencia.

A pesar de que dichos encuentros aún son parte de un proceso investigativo por la justicia, se conoce que a las reuniones posteriores, del 11 y 12 de noviembre –también fueron convocadas por la Iglesia y la Unión Europea,³ que se autoasignaron el rol de mediadores y pacificadores– asistieron representantes de CONADE, CC, Comité Cívico de Santa Cruz, Unidad Nacional (partido opositor), miembros de la Asamblea Legislativa del partido de Evo Morales (MAS), además de Tuto Quiroga, ex presidente de Bolivia, que todo indica representaba los intereses de Estados Unidos.

De acuerdo a las declaraciones, tanto de la CEB y de las asambleístas del MAS que participaron de ambas reuniones, se coincide en afirmar que en la reunión del 11 de noviembre se habló principalmente de la demanda de las asambleístas de permitir la salida del avión de Evo Morales del país, situación que fue resuelta por una llamada telefónica realizada por Jorge Quiroga al entonces comandante de la Fuerza Aérea. Una vez logrado este objetivo, en la reunión del 12 de noviembre, se trató la sucesión presidencial.

En la versión de los representantes de la Iglesia, en dicha reunión:

[…] se fue abriendo camino a la “solución más constitucional”: la elección en la Asamblea Plurinacional de la segunda vicepresidenta del Senado, en base a la declaración constitucional del año 2001, que determina que no puede haber vacío de poder, sino que cuando sucede, como era el caso, la sucesión constitucional se realiza ipso facto e, incluso, ahorrados los formalismos (Bustillos, 24 de marzo de 2021).

En sus declaraciones, las representantes del MAS afirman que en dicha reunión no se acordó que Añez fuera la presidenta ni mucho menos; por el contrario, declararon que no se llegó a ningún acuerdo y que, al momento de retirarse, les dijeron que se tenía un plan B (Cuiza, 12 de marzo de 2021). Por lo visto, el plan B era lo que manifiesta la Iglesia en sus declaraciones, ya que, en la noche del mismo 12 de noviembre, Añez se autoproclamó como presidenta del Estado Plurinacional, en una Asamblea casi vacía y ante la ausencia de los legisladores del MAS que representaban la mayoría.

Si bien existen declaraciones contradictorias sobre las reuniones, tres hechos reflejan la realidad. Primero, que las Fuerzas Armadas apostadas alrededor de la Plaza Murillo no dejaron a los miembros de la Asamblea Legislativa del MAS llegar a sus curules y leer la renuncia de Evo Morales como está legalmente prescrito, lo mismo que la del Vicepresidente, la presidenta del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados,⁴ que renunciaron ante la presión y violencia contra ellos y sus familias; segundo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aclaró que no existió alguna “sentencia, declaración o auto constitucional” que avale la sucesión constitucional de la expresidenta Jeanine Añez en 2019 y que lo que el 12 de noviembre se emitió fue un comunicado en el que se invocaba a la Resolución 003/2001 con la que el vicepresidente Jorge Quiroga asumió la presidencia del país en 2001 (Los Tiempos, 3 de agosto de 2021), documento que fue usado convenientemente por el grupo reunido en la Universidad Católica como aval constitucional; y tercero, en ninguna parte de la norma constitucional, se establece que el primer y segundo vicepresidente del senado estén en la línea de sucesión presidencial,5 lo que confirma que lo realizado en las reuniones convocadas por la Iglesia y la Unión Europea fue absolutamente parcializado con los intereses políticos opositores representados por el CONADE, el Comité Cívico de Santa Cruz y la oposición política, que en 14 años habían sido derrotados consecutivamente por el partido de Evo Morales.

En el caso que nos interesa, que es el rol que jugó el jefe de la delegación Europea, León de la Torre en todo este proceso, vemos que en varias ocasiones declaró sobre su papel en la mediación junto a la CEB:

(…) según refiere, su asistencia a partir de la salida del informe preliminar de la OEA, consistió en lograr las plenas garantías y permisos de sobrevuelo para la salida del expresidente y acompañantes, brindar transporte seguro a diferentes miembros de la Asamblea Legislativa, propiciar y participar en reuniones en calidad de mediador con los diferentes actores políticos a fin de lograr la tan esperada pacificación (Quiroga, 26 de junio de 2020).

La información disponible muestra que León de la Torre no solo convocó y participó en las reuniones de la Universidad Católica, sino que acompañó a Jeanine Añez, junto a miembros de la Iglesia, hasta su misma “autoproclamación” en una Cámara Alta semivacía (Télam, 21 de marzo de 2021). Es más, un artículo de Héctor Schamis señala que “el Embajador de la UE en Bolivia, León de la Torre, llegó a reconocer que ‘dormía en el Congreso’ ayudando a acercar posiciones” (20 de junio de 2020).

Añez se autoproclamó presidenta sin quorum y contra toda norma constitucional, un militar le puso la banda presidencial y entró a Palacio de Gobierno con una biblia en la mano. Aun así, los Estados Unidos y la Unión Europea reconocieron de inmediato su gobierno. En el caso del gobierno de Estados Unidos, está comprobada su participación en el derrocamiento del gobierno de Morales, situación que venía preparando desde hace varios años, pero en el caso de la Unión Europea queda por dilucidar si fue parte consciente e interesada del complot, o simplemente, fiel servidor de los intereses geopolíticos imperiales.

El 15 de noviembre de 2019, cinco días después del golpe, la delegación de la Unión Europea sacó una declaración donde señaló que

las irregularidades en las elecciones, demostradas por la auditoría de la Organización de los Estados Americanos, llevaron a protestas populares, tras el llamado de varios sectores de la sociedad como sindicatos, fuerzas armadas y actores políticos clave que derivaron en que el ex presidente Morales deje el poder, y, por último, renuncie (El Deber, 17 de junio de 2020).

La declaración la hizo en respaldo al informe preliminar de la OEA que tanto conflicto había desatado en el país.

Aproximadamente un mes después, el 20 diciembre de 2019, los dos expertos que llegaron de la Unión Europea para acompañar las elecciones del 20 de octubre hicieron público su informe. En él confirman o replican lo dicho por la OEA, cuyo informe final fue entregado el 4 de diciembre: “Durante el proceso de escrutinio y cómputo hubo irregularidades generalizadas, confirmadas por una auditoria de la Organización de Estados Americanos publicada el 10 de noviembre, que recomendaba la celebración de nuevas elecciones con un nuevo TSE” (UE-MEE, 2019, p. 3).

A pesar de que el informe afirma no representar la opinión de la Unión Europea, fue usado mediáticamente para, junto con el informe de la OEA, avalar la existencia de fraude, la anulación de las elecciones y el gobierno inconstitucional de Añez. De la misma forma, un día después de la presentación del informe, el nuevo presidente del TSE, Salvador Romero, afirmó:

Es valioso el informe de la UE, al igual que el de la OEA, que nos colocan puntos críticos del proceso electoral de 2019 y desde ese punto de vista lo asumimos como una hoja de ruta que nos pone elementos que deben ser mejorados o cambiados y que nos permitan llegar a la jornada electoral de 2020 con todos los temas resueltos y la confianza de la ciudadanía y que haya elecciones transparentes (Europress, 21 de diciembre de 2019).

Una vez consolidado lo que ellos llaman el “gobierno de transición”, León de la Torre, desplegó todo un andamiaje de apoyo político y económico al nuevo gobierno. Emulando a Estados Unidos, que volvió a trabajar en Bolivia a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), prometiendo una ayuda de más de 100 millones de dólares (Página Siete, 8 de enero de 2020); la Unión Europea entregó al gobierno 27 millones de euros para la lucha contra el narcotráfico y proyectos de agua, saneamiento, cuencas y recursos naturales, y prometió nuevos desembolsos en el futuro que abarcaban 69 millones de euros (MMAyA, 17 de febrero de 2020). En dicha ocasión, León de la Torre afirmó:

Los caminos institucionales que los bolivianos han tomado para superar el delicado momento de su historia tienen en la Unión Europea un aliado convencido de que es posible garantizar el cambio en una sociedad que respeta la libertad, los derechos humanos, el Estado de Derecho, el disenso y la solución pacífica de sus problemas (Página Siete, 18 de febrero de 2020).

Con la emergencia de la pandemia por Covid-19, varios países de la comunidad internacional ofrecieron su ayuda, entre ellos, la Unión Europea, que en marzo de 2020 entregó al gobierno de Añez cinco millones de euros, los cuales podían ser utilizados con “amplia libertad para definir el destino de esos recursos” (Página Siete, 31 de marzo de 2020). Afirmación desafortunada que luego se reflejó en los grandes escándalos de corrupción gubernamental respecto del manejo de la pandemia, como fue el caso de la compra de respiradores inservibles con sobreprecio.⁶

El apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea al “gobierno transitorio” fue explícito. Ambos lo avalaron con respaldo político/institucional y recursos económicos. Este sostén incondicional se dio a pesar de la flagrante violación de los derechos humanos que hizo el gobierno de Añez, la emergencia de varios estudios que advertían la insolvencia técnica del informe de la OEA, la transgresión de principios básicos del derecho internacional y, por último, el rompimiento de su compromiso de llamar a elecciones en el plazo legalmente establecido.

A finales del año 2019 y durante el 2020, varios organismos de derechos humanos se pronunciaron contra las masacres que hubo en las localidades de Sacaba y Senkata y la persecución política desatada con características racistas. Todo esto propiciado por la promulgación de un Decreto Supremo (4078) que daba carta blanca a los militares y policías para hacer uso de la fuerza en situaciones de conflictividad social.⁷

Fue a mediados de noviembre de 2019 cuando la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció “un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza” contra los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad en Bolivia. Condenó las muertes en Sacaba y advirtió que las cosas podían “salirse de control” (Choque, 2021, p. 84). Del mismo modo, las observaciones preliminares de la comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estuvo en Bolivia entre el 22 y 25 de noviembre de 2019, mostraron graves violaciones a los derechos humanos, al igual que el informe publicado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard (IHRC), que documentó la existencia de masacres, tortura y persecución durante el gobierno de Añez (IHRC, 2019). Informes parecidos sacaron en agosto de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y en septiembre del mismo año, la Defensoría del Pueblo (Choque, 2021, pp. 82-150).

Empero, el último informe publicado en julio de 2021 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 septiembre y el 31 de diciembre de 2019 fue contundente. El Informe expuso de manera clara la existencia de masacres en Sacaba y Senkata donde murieron veinte personas, ejecuciones sumarias por parte de las fuerzas de seguridad, además de torturas y persecución política caracterizadas por el racismo, recomendando la búsqueda de justicia a través del procesamiento de los responsables y el resarcimiento de las víctimas (GIEI, 2021).

Al respecto, llama la atención que el representante de la Unión Europea, León de la Torre, no se haya manifestado ante la evidencia de las masacres sucedidas durante el gobierno transitorio y tampoco sobre las demás vulneraciones a los derechos humanos, no sólo por los informes avalados por importantes instituciones de derechos humanos, sino por su cercanía con los hechos.

En lo que se manifestó fue en ratificar el 17 de junio de 2020 el comunicado que la delegación europea emitió el 15 de noviembre de 2019, con la intención manifiesta de apoyar el emitido por la OEA, en el que la institución desconocía las publicaciones que cuestionaban el trabajo realizado por el MOE en Bolivia (El Deber, 17 de junio de 2020). Dichas publicaciones provenían del New York Times, que el 7 de junio de 2020, basado en un estudio independiente de varios investigadores, publicó: “Un minucioso examen de los datos de la elección boliviana sugiere que el análisis inicial de la OEA que planteó dudas sobre fraude electoral –y ayudó a derrocar a un presidente– fue defectuoso” (Kurmanaev y Trigo, 7 de junio de 2020).

Durante el mismo mes, el Centro de Estudios Sociales y Políticos (CEPR) en Estados Unidos, elaboró un estudio centrado en el “Informe Final” de la auditoría de las elecciones en Bolivia de la OEA, y mostró de que si bien “es cierto que el Informe Final de la OEA identifica varios problemas reales de la gestión electoral que deben procesarse […] no proporciona ninguna evidencia de que esas irregularidades hayan alterado el resultado de la elección o fueran parte de un intento deliberado de hacerlo” (CEPR, 2020, p. 4).

Sin embargo, los cuestionamientos al informe venían de meses antes. El 6 de diciembre de 2019, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) publicó un análisis del informe final de la OEA sobre las elecciones en Bolivia, en el cual cuestionaba las conclusiones del informe, básicamente porque omitía información crucial tanto jurídico-normativa como técnico-analítica, que “ya sea por incapacidad técnica o por dolo” incurría en “debilidades manifiestas” (CELAG, 2019). Por su parte, otra publicación del Washington Post, difundió un reportaje investigativo en el que dos expertos del Massachusetts Institute of Technology (MIT), afirmaban que no había evidencia de fraude en las elecciones del 20 de octubre en Bolivia y que el análisis estadístico y las conclusiones de la OEA parecían sumamente defectuosos (Curiel y Williams, 27 de febrero de 2020).

Lo evidente fue que León de la Torre no sólo apoyaba de manera ciega el informe de la OEA, sino también al gobierno de Añez. Esto se reflejó en la absoluta pasividad con la que observó las transgresiones al derecho internacional de asilo político, cuando el gobierno negó los salvoconductos a exautoridades y realizó un hostigamiento permanente de la residencia mexicana que albergaba a los asilados. Por último, pero no de manera exhaustiva, sorprendió su despreocupación frente a la consecutiva postergación de las elecciones generales, que debían realizarse en mayo de 2020 y finalmente, por presión social, se realizaron el 18 de octubre.

En línea con la conducta adoptada por el representante de la Unión Europea en Bolivia durante los hechos del 2019 y 2020, el Parlamento Europeo el 29 de abril de 2021, aprobó una Resolución en la cual, en su primer punto:

Denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina Añez, de dos de sus ministros y de otros presos políticos; pide a las autoridades bolivianas que los liberen inmediatamente y retiren los cargos por motivos políticos contra ellos; pide un marco de justicia transparente e imparcial, sin presiones políticas, e insta a las autoridades a que presten toda la asistencia médica necesaria para garantizar su bienestar (Parlamento Europeo, 29 de abril de 2021).

Esta Resolución iba en consonancia con una que el mismo Parlamento sacó el 28 de noviembre de 2019, en el que manifestaba, entre otras cosas, su apoyo a la MOE de la OEA y acogía con satisfacción la labor mediadora de la Unión Europea y la Iglesia Católica. Lo llamativo radica en que, a pesar de las evidencias que fueron surgiendo con los meses en torno a la existencia de un golpe de Estado, la inexistencia de fraude y el surgimiento de un gobierno de corte fascista, mantienen una mirada parcializada de los hechos sucedidos en Bolivia.

Si tomamos en cuenta que el Informe de la GIEI estableció la existencia de masacres en Sacaba y Senkata, donde hubo ejecuciones sumarias, además de que lo que las Fuerzas Armadas hicieron no fue una sugerencia de renuncia al presidente Morales, sino un ultimátum y que “sin el quorum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Añez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia” (GIEI, 2021, p. 27), vemos la inconsistencia de la posición que comparten la Unión Europea y el Parlamento Europeo, y la necesidad de que revisen su postura en aras de la defensa de la democracia que predican. Solo así, previo pedido de perdón, el pueblo boliviano que fue masacrado, torturado y humillado en el gobierno de Añez, podría reconsiderar volver a confiar en dichas instancias internacionales.

No cabe duda de que la OEA, junto con el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea defienden un argumento fácilmente deleznable. El golpe de Estado contra Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 queda comprobado no solo por los sendos estudios que cuestionan el informe de la OEA, sino por la victoria con el 55% del candidato del MAS el 18 de octubre de 2020. Por otro lado, las masacres sucedidas post autoproclamación de Jeanine Añez, también muestran el carácter temerario y racista de su gobierno, al que nunca le cuestionaron sus actos. Es más, le dieron su total respaldo, expresado en recursos económicos y varias resoluciones de apoyo.

La suma de las actuaciones de la Unión Europea en Bolivia, tanto de su representante, como de la comisión de expertos que estuvo en las elecciones de 2019 y del Parlamento Europeo, hacen ver que sus verdaderas motivaciones no eran la transparencia de las elecciones, ni la conformación de un gobierno democrático. Queda entonces por investigar cuál fue su verdadera motivación para iniciar una campaña de desprestigio al TSE previo a las elecciones, pedir segunda vuelta antes de que exista el conteo final de votos, adscribirse ciegamente al informe de la OEA sin un estudio técnico propio, ser parte de un proceso de mediación que eligió a la sucesora presidencial en instalaciones y con actores extra legislativos, acompañar de cerca el proceso de autoproclamación de Añez en una Asamblea Legislativa sin quorum, y finalmente, ignorar los informes técnicos que cuestionaban la validez del informe de la OEA, así como los que denunciaban graves violaciones a los derechos humanos del gobierno de Añez.

Posiblemente, el hilo conductor del interés de que Evo Morales no vuelva a ser presidente de Bolivia, se encuentre en lo que el embajador del Reino Unido, Jeff Glekin, dijo en marzo de 2020, en una entrevista a un medio de comunicación local respecto a la explotación del litio:

Hay empresas británicas que están haciendo un muy buen trabajo en Bolivia, como Shell, y hay otras que son menos conocidas. El potencial es grandioso […] Debido a los cambios políticos en Bolivia se percibe un entorno más abierto a la inversión extranjera […] El gobierno anterior no estaba muy a favor de la inversión extranjera. Entonces, con los cambios que vamos a ver, será más fácil ingresar al mercado y hacer negocios (Curtis y Kennard, 30 de marzo de 2021).

Quizás, el objetivo de todo lo que sucedió entre octubre y noviembre de 2019, era simplemente hacer “buenos negocios”. En una historia, que, debido a la permanencia de la narrativa de fraude electoral y sucesión constitucional contra toda prueba, aún no termina…