Introducción¹

Las desigualdades entre géneros se encrudecieron durante la pandemia por COVID-19. La desocupación laboral y la brecha salarial aumentaron, con predominio en mujeres (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020; Nae y Panie, 2020). También se vieron afectadas con sobrecarga del trabajo de cuidado remunerado y no remunerado, y el aumento de la cantidad de mujeres viviendo por debajo de la línea de pobreza (CEPAL, 2020; Profeta, 2020). Además, las tasas de violencia sexual aumentaron durante los primeros dos años de pandemia y la agenda de los derechos sexuales y derechos reproductivos retrocedieron con el cierre de servicios de salud sexual y reproductiva y modificaciones presupuestarias para atender la crisis (De Vido, 2020; Kuhlmann et al., 2023). Sumado a esto, el comportamiento de la pandemia presentó un perfil “generizado” afectando más a mujeres; aumentaron las vulnerabilidades preexistentes y fueron potenciadas las inequidades interseccionales (Kuhlmann et al., 2023; Siriwardhane y Khan, 2021).

La Plataforma de Acción de Beijing consiguió el compromiso de los países firmantes para combatir los obstáculos y limitaciones existentes para el goce de la igualdad entre géneros, por medio de la creación y/o fortalecimiento de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1995). Estos deberían ubicarse en el más alto nivel político del país, participar en la formulación de políticas y fomentar el cumplimiento de la Plataforma (ONU, 1995). La apuesta por los MAM como institución capaz de intervenir en las relaciones sociales está orientada a transversalizar la perspectiva de género en el Estado (Rodríguez Gusta, 2008). Por medio de una agenda de políticas, programas y proyectos orientados a la transformación de las desigualdades entre géneros. Con esto, se conseguiría la transformación de las relaciones desiguales entre géneros y el goce de los derechos humanos de las mujeres.

Si bien la creación de estos Mecanismos representa un avance en la institucionalización del género en los Estados, la capacidad de estos para transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas se ve influenciada por una serie de factores que requieren un análisis más minucioso. Al respecto, estudios como el de Paula Hermida y Ramón Lorenzo (2012) sobre las municipalidades españolas, concluyen que, si bien la institucionalización del género en estructuras locales y nacionales favorece las capacidades administrativas y técnicas para la formulación de políticas con perspectiva de género, no garantizan la efectiva transversalización. En esta misma línea, Mariana Marcondes y colaboradoras/es (2022) evidencian que la institucionalidad del género en Rio Grande del Norte, Brasil, ha experimentado avances y discontinuidades, dependiendo de las prioridades e ideologías de los gobiernos. Por tanto, el objetivo de este artículo es estudiar la relación entre la institucionalización del género en los países de América Central y la capacidad de los MAM de la región para transversalizar la perspectiva de género en las políticas sociales que fueron propuestas para responder a la pandemia por COVID-19 durante el año 2020.

Estudios anteriores se han enfocado específicamente en los procesos de institucionalización del género en universidades, empresas y oficinas estatales (Barrow, 2022; Charles, 1992; Daverio, 2021; Sumbas y Koyuncu, 2019). Asimismo, otras autoras se han enfocado en analizar el proceso de institucionalización del género en los Estados de América Latina. Por ejemplo, Ivonne Vizcarra (2002) y Sandra Carmona (2014) en México, Evangelina García (2003) en Venezuela, Rina Rouanet (2021) en Guatemala y María Ascencio (2020) en Chile. Además, estudios de Virgina Guzmán, Claudia Bonan y Sonia Montaño analizan este proceso en perspectiva regional y comparada (2012; 2008). Otro cuerpo importante de literatura científica se enfoca en la transversalización de la perspectiva de género y los factores asociados (Castañeda Abascal et al., 2014; Fuentes Beltrán et al., 2019; Ramirez, 2020). Son pocos los estudios que investigan específicamente la relación entre la institucionalidad de los MAM y su capacidad de transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas en el contexto centroamericano. Quienes lo estudian, lo hacen en Hong Kong (Barrow, n.d.), África Subsahariana (Jasor, 2016) y América del Sur (Rodríguez Gusta y Caminotti, 2010). Por lo que este estudio pretende contribuir a llenar este vacío en la literatura centroamericana, generando información sobre oportunidades de mejora y principales desafíos enfrentados en un contexto de crisis.

En este artículo, argumentamos que el actuar de los Mecanismos para el Avance de las Mujeres (MAM) en los países de América Central durante la pandemia, y el alcance de la transversalización del género en las políticas públicas de soporte social para la mitigación del impacto de la pandemia promulgadas por los Estados, se encuentran en íntima relación con el grado de institucionalización de los MAM. Por tanto, los MAM con procesos de institucionalización débiles y discontinuos presentaron una menor participación en las decisiones gubernamentales y una limitada transversalización del género en las políticas de soporte social. Mientras que, con una institucionalidad consolidada, es posible transversalizar la perspectiva de género en el actuar estatal durante el contexto de crisis. Este estudio aporta información sobre la relación entre la institucionalidad de los mecanismos y su capacidad de transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas. Asimismo, permite vislumbrar la relevancia de la intersectorialidad para la efectiva transversalización del género; particularmente, en momentos de crisis locales y globales.

El artículo está estructurado en tres secciones: la primera dedicada a la descripción del abordaje teórico y metodológico utilizado para el análisis de los MAM. En la segunda sección se analiza la institucionalización de los mecanismos en los países analizados. Finalmente, la tercera sección se destina al análisis del actuar de los MAM durante la pandemia por COVID-19 en el año 2020, para transversalizar la perspectiva de género en las políticas sociales en respuesta a la pandemia.

Abordaje teórico-metodológico

Nos situamos aproximándonos a la noción “género” como un sistema de categorización de los cuerpos y organización de las relaciones sociales. En este contexto, se puede definir “género” como un elemento constitutivo de las sociabilidades basado en la diferenciación intencionada de los sexos; así como una forma primaria de significar el poder (Scott, 2001). Asimismo, el sistema de género puede ser entendido como una institución social, y un conjunto relativamente constante de reglas y recursos que las personas pueden utilizar como referencia para su actuar (Wagner, 1997). Simultáneamente, el actuar de las personas en contextos sociales e históricos específicos pueden crear interfaces nuevas que originan la transformación de ese conjunto de normas.

Con el fin de analizar la institucionalización del género en los Estados y la capacidad de estos para transversalizar la perspectiva de género en las políticas sociales en respuesta a la pandemia, utilizamos la propuesta teórico-metodológica de Caren Levy (1996). La autora diseñó una matriz de evaluación y análisis de la institucionalización de la perspectiva de género en el diseño, creación e implementación de políticas para el desarrollo. Esta matriz analiza trece elementos interrelacionados que pueden ser situados desde diferentes niveles y espacios de organización.

Nos apegamos a la definición de Levy (1996) de “institucionalización del género”, como un proceso por el cual las prácticas sociales se vuelven lo suficientemente regulares y continuas para llamarlas instituciones, sancionadas y sustentadas por las normas sociales, y con una gran relevancia en la estructura social. Por su parte, definir “transversalización de la perspectiva de género” supone un desafío mayor por su carácter polisémico y debatido, como señalado por Von Borries (2013). Sin embargo, haremos referencia a la definición de Teresa Incháustegui (1999) quien expresa que el proceso de transversalización de la perspectiva de género supone hacer visible, medible y evaluable las diferencias sociales, económicas y políticas entre géneros, para proponer un nuevo paradigma de política pública con su propio instrumental teórico-metodológico y operativo capaz de desarrollar instrumentos de política y mecanismos de evaluación y gestión capaces de incidir en las relaciones entre los géneros y reducir las desigualdades entre estos. Todo esto implica que la transversalización no se limita a la creación de instituciones (políticas, leyes, mecanismos, programas y otros) genéricamente orientadas, sino también a la reforma de las instituciones y la transformación de la cultura institucional.

Partiendo de estos presupuestos teóricos, redefinimos la matriz de institucionalidad de Caren Levy para evaluar, primero, la trayectoria de institucionalización de los MAM en los países de América Central desde su inicio hasta el momento de la pandemia (Tabla 1). Luego, evaluar la capacidad de los MAM para transversalizar la perspectiva de género en las políticas sociales promulgadas durante el año 2020 en el contexto del inicio de la pandemia por COVID-19 en estos territorios (Tabla 2). De los 13 indicadores identificados por Levy (Anexo 1), fueron seleccionados 9 indicadores según criterios de suficiencia de información, viabilidad para su medición mediante fuentes documentales y calidad de la información recopilada. De los trece criterios, tres fueron redefinidos y operacionalizados para evaluar el proceso de institucionalización de los Mecanismos. Siete fueron operacionalizados para evaluar específicamente la capacidad de transversalizar la perspectiva de género durante el 2020. El compromiso político fue utilizado como criterio para analizar tanto la institucionalización de los mecanismos como la capacidad de transversalizar debido a que influencia ambos fenómenos. Estas dimensiones fueron operativizadas a través de un sistema de punteos asociados a preguntas a ser respondidas por los documentos, obteniendo un total para cada dimensión como se presenta en las Tablas 1 y 2.

Se recolectaron informes, presupuestos, leyes, decretos, acuerdos y otros documentos oficiales de acceso público en los sitios oficiales de los MAM de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Se complementó la información a través de una solicitud de información pública sobre las acciones del MAM realizadas durante el año 2020 en respuesta a la pandemia por COVID-19. Así como el número de contratos terminados durante el año y la razón de la terminación. Se obtuvo respuesta de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) en Guatemala, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) de El Salvador y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de Costa Rica. Por lo que se trabajó únicamente con estos tres países.

Tabla 1. Modelo metodológico para análisis político de la institucionalización del género en Guatemala, El Salvador y Costa Rica

Elaboración propia a partir de Caren Levy (1996)1 Se refiere a la jerarquía que el MAM posee dentro del aparato estatal y el organigrama institucional del Estado. Refleja el poder de influencia que tiene el mecanismo.2 Medido con relación al goce de autonomía y/o autarquía del mecanismo, así como de posibles ataques a su institucionalidad en los últimos años.

Tabla 2. Modelo metodológico para análisis de la transversalización del género en las políticas de soporte social para la mitigación del impacto de la pandemia por COVID-19 en Guatemala, El Salvador y Costa Rica

Elaboración propia a partir de Caren Levy (1996)

Resultados y discusión

Análisis de la institucionalización del género

En Centroamérica, los MAM aparecen en los años noventa después de la Cuarta Conferencia de Beijing, con excepción de Costa Rica que surge en 1974. Guatemala y El Salvador vieron su historia marcada por dictaduras militares en el siglo XX, conflictos político-sociales, así como la influencia político-económica de Estados Unidos y de la Iglesia Católica. De hecho, durante las tres Conferencias previas a Beijing, estos países atravesaban conflictos armados y no participaron. Costa Rica tuvo gobiernos democráticamente electos, estables, no militarizados y nunca tuvo conflictos políticos violentos (Fernos, 2010).

El nivel de institucionalidad de los Mecanismos está determinado por una red de agencias que se configura a través de las vías de interacción e interlocución de las sociedades políticas (Guzmán y Montaño, 2012). En este sentido, la consecución de cierto grado de institucionalidad para cada uno de los MAM depende de las trayectorias históricas y de los contextos coyunturales de cada país. Definiéndose poderes y agencias variables que asumen posiciones, a favor o en contra, de la agenda de género. Devengando cada una de estas agencias, recursos y capitales particulares que van a influir en el avance o retroceso de la igualdad entre los géneros.

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación del proceso de institucionalización del género en los tres países.

Tabla 3. Resultados del análisis por dimensión de la institucionalización del género en Guatemala, El Salvador y Costa Rica

Elaboración propia

Principal ubicación de la responsabilidad

En nivel de jerarquía, Guatemala obtuvo el puntaje más bajo, pues la SEPREM fue creada en el rango de Secretaría bajo la dirección inmediata del presidente, limitando su autarquía. Carece de autonomía pues su reglamento interno requiere aprobación presidencial y no cuenta con personalidad jurídica propia, patrimonio o autonomía (Acuerdo Gubernativo 200-2000, 2000). Por el contrario, el ISDEMU y el INAMU cuentan con categoría de Instituto y se consideran autónomos por su facultad en ley de poder establecer sus reglamentos internos y su carácter autoadministrable. Poseen una mayor jerarquía al ser dotados de personalidad jurídica, patrimonio y autonomía (Decreto Legislativo No. 644, 1996; Ley No. 7801, 1998). Con el resalvo de que el reglamento interno del ISDEMU al ser dictado por la presidencia limita su ejercicio autónomo, dejándolo en calidad de autárquica.

El ISDEMU y el INAMU tienen mayor estabilidad al ser creados por ley. Para Fernos (2010), este instrumento normativo hace que su modificación sea compleja. Sin embargo, la estabilidad del ISDEMU se ve fragilizada debido a su reglamento interno ser dictado mediante decreto gubernativo. En Guatemala, la estabilidad de la SEPREM es débil debido que fue creada mediante decreto gubernativo plausible de modificación por el gobierno de turno. Esto se evidencia en las reformas del 2012 que modificó su objetivo de creación y en intentos subsecuentes de reducirle su grado jerárquico o eliminarle (Acuerdo Gubernativo 200-2000; Fernos, 2010; Cabrera, 2020). Similar a lo evidenciado por Mariana Marcondes y colaboradoras (2022) al respecto de la influencia del gobierno federal en la agenda de género de Río Grande del Norte.

La posición jerárquica está explícita en los tres países estudiados. Esto es importante, ya que como evidenciado por otros estudios, el estar explícita su función y posición aumentan las capacidades técnicas de la planificación del gobierno para la igualdad entre géneros (Hermida y Lorenzo, 2012).

Compromiso político

El compromiso político en asuntos de género es un elemento crítico para la institucionalización (Levy, 1996). Dicho compromiso debe expresarse en la posibilidad de alcanzar diversas instituciones. De los países estudiados, Costa Rica se destaca, mientras se presenta contraria en los otros dos países centroamericanos.

La SEPREM no posee injerencia en estructuras estatales fuera del gobierno Ejecutivo. En consecuencia, su participación se circunscribe a las alcaldías y ministerios. El ISDEMU participa únicamente en los centros de Ciudad Mujer y no posee injerencia en otras estructuras. Por el contrario, el INAMU puede dialogar con los tres poderes, participando en el Ejecutivo a través de la integración de la Mesa de Protección Social, en el Legislativo haciendo vigilancia de la inclusión de la agenda de géneros en las propuestas de ley y la legislación durante la pandemia, y en el Judicial consiguiendo cambios en sentencias como medidas alternativas para resguardo de la salud de las mujeres privadas de libertad y en conflicto con la ley.

Este componente del compromiso político es importante para transversalizar el género en todas las políticas y en todos los sectores, convirtiéndose en un elemento central para todas las personas tomadoras de decisión (Cairney et al., 2022), un proceso no exento de dificultades, por lo que deben considerarse otras dimensiones.

Construcción de teorías

En cuanto a la noción de género que se privilegia, supone un análisis imbricado que está en la base de la transversalización e institucionalización del género en los Estados. Privilegiar una noción de género supone reconocer las dinámicas generizadas de las políticas, cómo estas privilegian ciertos intereses, a la vez que refuerzan y legitiman visiones particulares de la vida en sociedad (Rodríguez Gusta, 2008). Por tanto, las nociones de género que utilizan los MAM orientan los objetivos de sus acciones y definen las relaciones que buscan mantener o transformar en sus sociedades. A este respecto, el objetivo de la creación de la SEPREM fue: “promover el desarrollo integral de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas” (Acuerdo Gubernativo No. 302-2009). Esto supone la apertura de la noción de mujer más allá de un sujeto único y universal, pero limitado a un sujeto que se distingue únicamente en etnia.

El ISDEMU, con un único programa de actuación: Programa Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, denota que la noción privilegiada define a una mujer víctima de violencia. Aquí, nuevamente vemos una definición limitada a un efecto aditivo de categorías analíticas: “mujer” y “víctima de violencia”. El INAMU en sus ejes priorizados, explicita que su actuar se dirige a mujeres situadas desde diferentes espacios; además de los hombres, buscando la distribución equitativa de los trabajos de cuidado y del hogar durante el aislamiento domiciliar. Por eso, se puede afirmar que la noción de género que privilegia incorpora no solo al sujeto “mujer” y las diferencias dentro de sí, sino las relaciones entre mujeres y hombres. Aunque sus programas no escapan del binarismo y tampoco consiguen superar las categorías sumatorias o la comatización de las opresiones (Crenshaw, 1991). Pues reconocen a “mujeres” y “trabajadoras del hogar” o “trabajadoras sexuales” o “agrícolas” o “indígenas” o “negras”. Pero estas categorías carecen de dinamismo y entrecruces complejos que proponen situaciones diferenciadas en las que se tensionan las categorías y aparecen opresiones múltiples de manera simultánea.

Estructuras de representación política

Con relación a la paridad entre géneros, ninguno de los MAM contempla estrategias paritarias en sus reglamentos internos. De los tres países solamente Costa Rica cuenta con una Ley de democracia paritaria (Ley 8.765 del 2009) (ONU, 2021). La importancia de contar con estructuras de representación política permite la sustentabilidad de los procesos en la medida que existen mecanismos de pesos y contrapesos, dada la interacción adecuada dentro del triángulo conformado por la presión de asociaciones políticas, estructuras de representación política y la amplia diversidad de participantes de una perspectiva interseccional (Levy, 1996). De hecho, otros estudios han identificado que la presencia de bancadas de mujeres en los Congresos favorece la democratización del proceso de toma de decisiones (Holman y Mahoney, 2018).

Por su parte, el estudio de Tak Yan Leung y colaboradoras/es (2020) evidencia que la representatividad de las mujeres en el legislativo y los cargos públicos está asociada a avances en la equidad entre géneros. Además, en el contexto de la pandemia esta representatividad impactó en una mayor asignación presupuestaria, menores tasas de cuadros graves por COVID-19 y mejor vigilancia epidemiológica.

Análisis por dimensión de la transversalización del género en las políticas durante la pandemia por COVID-19

En la tabla 4 se detalla el puntaje de los MAM en cada una de las dimensio-nes orientadas a analizar la capacidad de transversalización de la perspecti-va de género durante el año 2020.

Tabla 4. Resultados del análisis por dimensión de la transversalización del género en las políticas de soporte social para la mitigación del impacto de la pandemia por COVID-19 en Guatemala, El Salvador y Costa Rica durante el 2020

Elaboración propia1 No tuvieron políticas intersectoriales orientadas a transversalizar el género en la respuesta a la pandemia, pero diseñaron programas focalizados y readecuaron otros.2 Incluyó en el acompañamiento técnico habitual recomendaciones orientadas a la pandemia.

Entrega de programas y proyectos

En Costa Rica, el INAMU integró la Mesa de Protección Social (MPS), dirigida por Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) compuesta por 10 instancias estatales y una representación del Sistema de Agencias de Naciones Unidas. En la MPS se discutieron y planificaron los beneficios estatales de emergencia por COVID-19, como el Bono Proteger, y se consiguieron atenciones específicas para grupos de mujeres en vulnerabilidad como: trabajadoras del hogar, migrantes, trabajadoras sexuales, productoras agrícolas, mujeres viviendo con VIH/SIDA, mujeres trans, entre otras. Diseñó junto al Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Programa Nacional de Mujeres Empresarias y, junto al IMAS, la Mesa de Apoyo a PYMES dirigida a la atención de mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema. A través de unidades regionales, intervino en instancias coordinadoras para la reactivación económica con el objetivo de atender las necesidades particulares de las mujeres. También colaboró con entidades internacionales como el Grupo Interagencial de Género de Naciones Unidas (UNFPA, PNUD, OPS), la Organización Internacional de Migración (OIM), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID).

En Guatemala, la SEPREM coordinó acciones con representantes de las Oficinas de Género, Planificación y/o Financieras del gobierno central y gobiernos locales para asesorar el diseño y ejecución del Presupuesto con enfoque de género. Específicamente, la Dirección de Gestión de Políticas Públicas desarrolló reuniones de capacitación dirigidas a transferir metodologías para incluir la perspectiva de género en el proceso de recuperación social, desconfinamiento y reactivación económica. Estas capacitaciones se enfocaron en seis prioridades identificadas por la SEPREM y que los gobiernos debían tomar en consideración al diseñar sus planes de retorno. Estas eran: salud, educación, violencia contra mujeres, recursos naturales, empoderamiento económico y participación sociopolítica. A pesar de ello, en la información del 2020 no se identificaron programas específicos consecuentes de dichas capacitaciones. Únicamente fue desarrollada la campaña de comunicación “Equidad Covid19” que buscaba transmitir lineamentos para conseguir la equidad entre géneros durante la pandemia y prevenir la violencia doméstica.

El ISDEMU no participó en los procesos de toma de decisiones durante el 2020. Sin embargo, como coordinador de los Centros de Atención Integral (CAI) para mujeres víctimas de violencia, trabajó junto a delegaciones de la Policía Nacional, Sistema de Justicia, Ministerio Público, Ministerio de Salud, entre otros, para conseguir mantener sus servicios durante los cierres y las cuarentenas. Además de modificar sus protocolos para ofrecer atención a distancia.

En cuanto a la consecución de la transversalización de la perspectiva de género en las políticas estatales, identificamos que el MAM costarricense fue el único en conseguir dicho objetivo. Costa Rica obtuvo la inclusión de beneficios dirigidos a mujeres en contextos de vulnerabilidad, gestionando cambios en la Ley de transferencia de renda para que se beneficien mujeres que habían sido desconsideradas en discusiones previas, y modificando la ley de FOMUJERES para ese mismo fin. El ISDEMU no fue capaz de transversalizar la perspectiva de género consecuencia de su enfoque casi exclusivo en la coordinación de las oficinas de atención a víctimas de violencia.

Si bien la SEPREM parece tener una injerencia en los mecanismos de planificación y ejecución presupuestaria, hace falta un proceso de evaluación de las asesorías técnicas en la efectiva transversalización de la perspectiva de género en las políticas estatales. Existe evidencia que este tipo de acciones puede tener un impacto en el fortalecimiento institucional (Hermida y Lorenzo, 2012). Asimismo, existe evidencia que la presencia de las oficinas de género en las distintas instancias estatales y la coordinación de estas con la SEPREM también puede tener un efecto positivo en la transversalización sustantiva de la perspectiva de género (Elomaki y Kantola, 2022).

Esta dimensión, además de evaluar la efectiva incorporación del género en las políticas, también se propone evaluar cómo da cuenta de las experiencias plurales de género y sus diferentes interpretaciones. En esa línea, es importante destacar que las campañas de comunicación en Costa Rica y Guatemala estaban dirigidas a hombres y mujeres. Estudios previos han destacado la importancia de la representación de hombres en las políticas y programas de prevención de la violencia, pues alude a su responsabilidad compartida en la prevención de la violencia y les involucra en dichos programas (Banin y Beiras, 2016).

Presión de asociaciones políticas

El ISDEMU y la SEPREM están facultados en sus decretos de creación a coordinar con organizaciones de sociedad civil. El ISDEMU no reportó mecanismos de comunicación con la ciudadanía durante la pandemia. En Guatemala, las sesiones de formación de la SEPREM incluyeron organizaciones de sociedad civil y mecanismos multilaterales que trabajan por la equidad entre géneros. El INAMU gestionó espacios de comunicación con representaciones de mujeres negras y afrodescendientes, indígenas y del cantón Goicochea. Además, en Costa Rica se creó la Mesa de Diálogo con organizaciones de mujeres y feministas y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En ninguno de los MAM estudiados se incorporaron las perspectivas de subjetividades disidentes, ni masculinas. Por disidencias, nos referimos a cualquier subjetividad que materialice su identidad de género y/o su orientación sexual fuera de los cánones hegemónicos de la hetero-cisnorma binaria.

Analizar si los programas de los MAM incluyeron o no la perspectiva interseccional supone un trabajo complejo. Para empezar, esta categoría tiene una íntima relación con la construcción de teorías, pues los grupos que participan del proceso de formulación y discusión son definidos según el enfoque de género en el que se sustenta el actuar de estos mecanismos. Como discutimos, ninguno de los Mecanismos realmente se sitúa desde la interseccionalidad, ya que resulta un trabajo complejo materializarlo en la gestión pública. Sin embargo, las campañas de comunicación de la SEPREM reflejaban el reconocimiento de la síntesis de opresiones que experimentan algunas mujeres situadas en la intersección de género, raza, discapacidad, migración y clase social. De igual forma, los programas y las acciones promovidas por el INAMU en Costa Rica reconocen también la situación de mujeres en contextos de vulnerabilidad. Por esta razón, estos dos MAM fueron calificados positivamente.

Transversalizar la perspectiva interseccional resulta aún más complejo. Al respecto, el estudio de María Bustelo (2009) evidencia como, a pesar del esfuerzo de España por la institucionalización del enfoque de género en las políticas para alcanzar la igualdad, estas han sido incapaces de dar cuenta de la interseccionalidad de la discriminación en la sociedad española. Por tanto, no resulta sorprendente que los MAM de Centroamérica también enfrenten dichos retos para incorporar la perspectiva interseccional.

Existe un cuerpo amplio de producción científica que analiza las relaciones entre los MAM y los movimientos de mujeres. Estas dos instituciones guardan una relación cercana, casi simbiótica. Por un lado, estudios han evidenciado que la creación de los MAM y su institucionalización en los Estados han contribuido a fortalecer la participación de los movimientos sociales (Forstenzer, 2019; Franceschet, 2003). Por otro lado, Virginia Guzmán y Claudia Bonan (2008) reconocen que la misma creación de los MAM fue consecuencia de la presión de los movimientos sociales, consolidándolos como una ofensiva modernizadora desde abajo. Otras autoras han evidenciado que los movimientos sociales también contribuyen al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados, y que estos incidan en las relaciones de clase, etnia y género en las sociedades (Franceschet, 2003; Jasor, 2016). Es importante destacar que esta relación puede también verse afectada por el nivel de jerarquía de los MAM, la efectiva existencia de mecanismos de participación y los proyectos de Estado de los países (Da Silva y Paradis, 2020). Por lo que debe prestarse especial atención a esta dimensión en el análisis, particularmente en el contexto del avance de agendas conservadoras y movimientos “antigénero” en la región.

Compromiso político

En Guatemala, la SEPREM fue el único MAM en el que se rescindieron 36 contratos durante la pandemia, debido a la conclusión del plazo contractual. Vale la pena decir que, en el país, la flexibilidad en los vínculos laborales permite contratos temporales que se liquidan al finalizar el período con-tratado y suelen firmarse por un nuevo período, según necesidad. Además, el gobierno amenazó con cerrar la SEPREM, justificando utilizar el presu-puesto en respuesta a la pandemia, y destituyó a la Secretaría sin nombrar a una nueva por casi un año. Por la ausencia de esta figura, el actuar del Me-canismo fue limitado. Esto denota una importante inestabilidad del MAM durante este período y la intencionalidad por disminuir su rango (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OACNUDH], 2020).

La integración en las actividades de la pandemia ya fue destaca-da en la discusión de la dimensión “entrega de programas y proyectos”. Gua-temala y Costa Rica participaron en ese proceso, aunque con protagonismos totalmente distintos. Mientras en Guatemala la SEPREM ofrecía capacita-ciones sobre la incorporación de la perspectiva de género en los planes y proyectos, sugiriendo problemáticas a ser consideradas en los seis ejes prio-rizados, en Costa Rica el INAMU participaba de las mesas intersectoriales de toma de decisiones. En este escenario, el INAMU aparece como un actor con veto en las decisiones del gobierno. Estas diferencias reflejan lo discutido por Guzmán y Bonan (2008), quienes destacan que las trayectorias de insti-tucionalización del Género en el Estado se ven reflejadas en la capacidad de los Mecanismos para incidir en la agenda política y transversalizar el género.

Recursos

La SEPREM vio una asignación presupuestaria menor en 2,34%, debido a que en 2019 recibió fondos de una agencia internacional que no se repitió en 2020. Y en 2020 el remanente de la ejecución anual fue 18% mayor. Con todo, parece que los datos sobre el financiamiento para asuntos de género en Guatemala presentan inconsistencias y es difícil su rastreabilidad a pesar de los esfuerzos conjuntos con la cooperación internacional (Friends of Publish What You Fund, 2021). El ISDEMU tuvo una dinámica similar, con una asignación 0,4% menor y un crecimiento en el remanente de la ejecución en 9,25% respecto al año anterior. El INAMU tuvo un crecimiento en su asignación en 10,3%, y alcanzó un 100% de su ejecución tanto en 2019 como 2020.

Otros estudios ya han hecho hincapié en la relación entre estructuras de representación y las variaciones en la asignación presupuestaria, demostrando que aquellos países con representación de mujeres asignan mayor presupuesto a la agenda de género (Leung et al., 2020). A este respecto, es importante destacar que la asignación presupuestaria, así como la gestión pública, nunca es neutral al género, ya que toda decisión afectará de manera diferenciada a los géneros (Rouanet Guzmán de Núñez, 2021). Por ende, las variaciones a menos en la asignación presupuestaria suponen una desventaja para la transversalización de la agenda de género, sobre todo en el contexto de la emergencia sanitaria. Esto denota el compromiso político de los países mediante una distribución sesgada en género de los recursos.

Política

Si bien ninguno de los mecanismos consiguió la creación de una política interinstitucional para la transversalización del género en las respuestas estatales durante la pandemia, cada país realizó acciones importantes a destacar. El Salvador priorizó la continuidad de la atención a las víctimas de violencia digitalizando sus servicios. Con esto, consiguió cuidar del derecho al acceso a la justicia de las mujeres, particularmente en el contexto del aumento de los indicadores de violencia sexual en todo el mundo. Otras experiencias en países como Brasil, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos evidenciaron que la agenda de los derechos sexuales y derechos reproductivos vio un retroceso al interrumpirse la atención en salud sexual y salud reproductiva (Kuhlmann et al., 2023).

La SEPREM modificó los contenidos de sus asesorías técnicas para incluir evidencia sobre la situación diferenciada de mujeres en contexto de particular vulnerabilidad durante la pandemia. Esto con el objetivo que los gobiernos locales y el gobierno central tomara en consideración esta situación diferenciada al momento de planificar sus respuestas. Como hemos discutido en secciones anteriores, hace falta identificar el alcance de dichas asesorías. Sin embargo, suponen un esfuerzo importante para la efectiva transversalización y para evitar que las políticas sociales tengan ceguera de género. Por ejemplo, Carol Johnson (2022) en su estudio sobre las políticas sociales y económicas del gobierno de Morrison en Australia evidenció que estas tenían una ceguera de género, dejando en desventaja a las mujeres. En su artículo, Johnson discute que esta ceguera de género no es consecuencia de una postura “antigénero”, sino de la debilidad técnica de encuadrar estas políticas en lógicas fuera del neoliberalismo (Johnson, 2022).

Finalmente, el INAMU intervino en la modificación de la ley del Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres (FOMUJERES) para atender a las necesidades derivadas de la pandemia. De igual forma, participó en la modificación de leyes relacionadas a licencias laborales protegiendo de suspensiones de contratos a mujeres en período de embarazo y/o lactancia; promovió la modificación de la ley de apremio corporal en casos de pensión alimentar y el otorgamiento de cambios en el modo de cumplimiento de penas a algunas mujeres privadas de libertad. Costa Rica fue el país que consiguió la mayor incorporación de la perspectiva de género en sus políticas sociales. Inclusive, las políticas que se formularon estaban alineadas con lo apuntado por Paola Profeta (2020) al respecto de las políticas con mayor impacto en la reducción de las inequidades sociales y económicas entre géneros. Para Profeta (2020), las transferencias monetarias para mujeres, políticas del cuidado pago y no pago, flexibilización de los horarios y modalidades laborales, y la protección laboral de mujeres son las políticas con mayor impacto en las inequidades profundizadas por COVID-19.

Esta dimensión analiza el grado de integración de la perspectiva de género en la formulación, contenido y forma de implementación de políticas públicas; abarcando una diversidad de sectores y considerando su capacidad adaptativa (Levy, 1996). En el contexto de la pandemia esta dimensión resulta aún más importante, debido a su impacto en las inequidades sociales y entre géneros. Numerosos estudios han apuntado al protagonismo de las políticas sociales para la reducción de las inequidades (de Sousa et al., 2021). Particularmente, la necesidad de la intersectorialidad de estas políticas para asegurar la integralidad en la promoción de la equidad (Rodríguez Gusta y Caminotti, 2010). Por consiguiente, la efectiva transversalización del género en estas políticas resultaba indispensable. No así, existe evidencia que ningún país consiguió abordar todas las aristas de las desigualdades por razón de género en sus políticas sociales durante la pandemia, particularmente en las políticas de cuidados (Camilletti y Nesbitt-Ahmed, 2022).

Finalmente, es importante destacar que el hecho de que ninguno de los Mecanismos hubiese conseguido el diseño de políticas intersectoriales durante la pandemia guarda una íntima relación con sus trayectorias de institucionalización y sus objetivos de creación. El Salvador, enfocado principalmente en el cumplimiento de la Política Nacional de la Mujer, participa poco en el ciclo de formulación de políticas estatales. Guatemala, con un papel eminentemente de asesoría y coordinación de políticas para el desarrollo de las mujeres, tuvo una influencia mayor en las oficinas estatales, aunque con poca injerencia sobre las decisiones de los gobiernos. En Costa Rica, donde el INAMU fue creado para formular e impulsar políticas para la igualdad en coordinación con otras instituciones, se obtuvieron algunas políticas genéricamente orientadas. Aunque, como señalado por Vincent von Borries (2013), para la efectiva transversalización del género en los Estados, los mecanismos deben avanzar más allá de la mera formulación de políticas orientadas a grupos específicos de mujeres.

Conclusiones y recomendaciones

El análisis de la institucionalización de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres de los países de América Central, y el actuar de estos durante el año 2020 en el contexto de la pandemia por COVID-19 evidencia que las trayectorias de institucionalización de los MAM influencian su capacidad de transversalizar la perspectiva de género en el actuar institucional de los países. De esta forma, aquellos países con una fuerte institucionalización del género, mecanismos de participación y claridad en las funciones y jerarquía de los MAM consiguen transversalizar mejor la perspectiva de género en las políticas sociales, sobre todo en contextos de crisis. Por su parte, aquellos MAM con trayectorias de institucionalización débiles y discontinuas enfrentan mayores dificultades para la efectiva transversalización, y actuan con limitación en sectores específicos de la estructura estatal y con poca influencia sobre el actuar de los gobiernos.

Esto se evidencia en el análisis presentado. Durante la pandemia, el INAMU en Costa Rica consiguió la modificación de políticas previas y la formulación de nuevas que dieran cuenta de las necesidades particulares y situadas de mujeres en contexto de vulnerabilidad. Este mecanismo presentaba una fuerte institucionalidad con clareza en sus objetivos, posición jerárquica, compromiso político y mayor representatividad. No así, Guatemala y El Salvador presentaban institucionalidades más débiles, con recientes intentos de cierre y reformas que les delegaban a actividades específicas como la atención a la violencia y la asesoría técnica a gobiernos. Consecuentemente, durante la pandemia su influencia en la agenda política fue poca o nula.

Esta evidencia refuerza los hallazgos de otros estudios que resaltan la necesidad de instituciones consolidadas y con alta jerarquía para poder incidir en el ciclo de formulación de políticas y la gestión pública, en general. Además, destaca la importancia de la transversalización del género en las políticas para erradicar las inequidades, sobre todo en contextos de crisis sociales. De esta forma, se vuelve necesario el fortalecimiento de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres a nivel regional, siendo Centroamérica una de las regiones con los indicadores más crudos de desigualdades entre géneros. Para alcanzar la igualdad sustantiva en estos países, son indispensables Mecanismos fuertemente institucionalizados y capaces de transversalizar la perspectiva de género.

Futuros estudios deberán profundizar en el impacto de las políticas sociales durante la pandemia, para evaluar la efectividad de estas políticas para mitigar las inequidades. Asimismo, ampliar el tiempo de estudio a los siguientes años de pandemia para evaluar la transversalización de la perspectiva de género en los planes de reapertura y retorno de las actividades.

Referencias

Acuerdo Gubernativo (17 de mayo de 2000). 200-2000. Creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Guatemala. Diario de Centroamérica.

Acuerdo Gubernativo (11 de noviembre de 2009). 302-2009. Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres. Guatemala. Diario de Centroamérica.

Ascencio Cortés, María Soledad (2020). El proceso de institucionalización del género en el Estado chileno 2006-2016. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.

Banin, Samantha Alflen, y Beiras, Adriano (2016). A categoria homem nas políticas públicas e leis brasileiras. Psicol. Estud. (Online), 21(3), 523-535. https://doi.org/10.4025/psicolestud.v21i3.32256

Barrow, Amy (2022). Hong Kong’s sex discrimination ordinance at twenty-five: Achievements, legislative change and continuing challenges. International Journal of Discrimination and the Law, 22(2), 107-124. https://doi.org/10.1177/13582291221088423

Barrow, Amy (2023). The promise and limitations of Hong Kong’s Women’s Commission as a vehicle to drive gender equality. International Journal of Law in Context 19(2). https://doi.org/10.1017/S1744552323000058

Borries Conca, Vincent von (2013). Reflexiones en torno al concepto de transversalización de género. Delineando una tipología para el análisis de sus expresiones empíricas. Revista Punto Género, 2. https://doi.org/10.5354/0719-0417.2012.28362

Bustelo, Maria (2009). Spain Intersectionality Faces the Strong Gender Norm. International Feminist Journal of Politics, 11(4), 530-546. https://doi.org/10.1080/14616740903237491

Cabrera, Brenda (01 de abril de 2020). Incertidumbre ante el cierre de la Seprem. Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. https://www.fger.org/incertidumbre-ante-el-cierre-de-la-seprem/

Cairney, Paul; St. Denny, Emily; Kippin, Sean y Mitchell, Heather (2022). Lessons from policy theories for the pursuit of equity in health, education and gender policy. Policy y Politics, 50(3), 362-383. https://doi.org/10.1332/030557321X16487239616498

Camilletti, Elena, y Nesbitt-Ahmed, Zahrah (2022). COVID-19 and a “crisis of care”: A feminist analysis of public policy responses to paid and unpaid care and domestic work. International Labour Review, 161(2), 195–218. https://doi.org/10.1111/ilr.12354

Carmona, Sandra (2014). La institucionalización del género en México. Revista de El Colegio de San Luis, V(9), 220-239.

Castañeda Abascal, Ileana Elena; Díaz Bernal, Zoe y Artiles Visbal, Leticia (2014). La Red de Género y Salud ALAMES-Cuba como mecanismo de apoyo del Sistema Nacional de Salud. Rev. Cuba. Salud Pública, 40(1), 136-143. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttextypid=S0864-34662014000100014

CEPAL (2020). Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile. https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020

Charles, Maria (1992). Cross-national variation in occupational sex segregation. American Sociological Review, 57(4), 483-502. https://doi.org/10.2307/2096096

Crenshaw, Kimberlé Williams (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1299. https://doi.org/10.2307/1229039

Da Silva, Eduardo Moreira, y Paradis, Clarisse Goulart (2020). Routines of Interaction between Latin American Feminists and the State. Latin American Perspectives, 47(5), 62–78. https://doi.org/10.1177/0094582X20943883

Daverio, Andrea (2021). Paradoxes on Gender Institutionalization Process in Police Department in the Province of Buenos Aires (Argentina). Iberoamericana, 21(76), 11–29. https://doi.org/10.18441/ibam.21.2021.76.11-29

De Sousa, Luna Rezende; Ditterich, Rafael Gomes y Melgar-Quinonez, Hugo (2021). The Covid-19 pandemic and its linkages with gender inequality, food insecurity and social support in Latin America. Interface-Comunicacao Saude Educacao, 25(1). https://doi.org/10.1590/interface.200651

De Vido, Sara (2020). Gender inequalities and violence against women’s health during the CoViD-19 pandemic: an international law perspective. Biolaw Journal-Rivista Di Biodiritto, 3, 77-105.

Decreto Legislativo No. 644 [con fuerza de ley]. Creación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. San Salvador, 01 de marzo de 1996. D. O. No. 43.

Elomaki, Anna, y Kantola, Johanna (2022). Feminist Governance in the European Parliament: The Political Struggle over the Inclusion of Gender in the EU’s COVID-19 Response. Politics & Gender, 1-22. https://doi.org/10.1017/S1743923X21000544

Fernos, María Fernanda. (2010). National mechanism for gender equality and empowerment of women in Latin America and the Caribbean region. Santiago de Chile: CEPAL. https://www.cepal.org/en/publications/5827-national-mechanism-gender-equality-and-empowerment-women-latin-america-and

Forstenzer, Nicole (2019). Feminisms in the Post-Dictatorship Chile: Hegemonies and marginalities. Punto Genero, 11, 34-50. https://doi.org/10.5354/0719-0417.2019.53879

Franceschet, Susan (2003). “State feminism” and women’s movements: The impact of Chile’s Servicio Nacional de la Mujer on women’s activism. Latin American Research Review, 38(1), 9-40. https://doi.org/10.1353/lar.2003.0006

Friends of Publish What You Fund (2021). Financiamiento para asuntos de género en Guatemala: Mapeo de los fondos destinados a asegurar una mayor equidad de género. Plan Internacional and Save the Children. Guatemala. https://www.publishwhatyoufund.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/03/Financiamiento-para-asuntos-de-genero-en-Guatemala.pdf

Fuentes Beltrán, Lisandra et al. (2019). Enfoque de género en la evolución de las estrategias de prevención y control del VIH/sida en Cuba. Rev. Cuba. Med. Trop., 71(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttextypid=S0375-07602019000300002

García Prince, Evangelina (2003). Hacia la institucionalización del enfoque de género en políticas públicas. Caracas: Fundación Friedrich Ebert.

Guzmán Barcos, Virginia y Montaño Virreira, Sonia (2012). Políticas públicas e institucionalidad de género en América Latina (1985-2010). Santiago de Chile: CEPAL. http://www.cepal.org/publicaciones

Guzmán, Virgina y Bonan Jannotti, Claudia (2008). La institucionalización del tema de la equidad de género y la modernización del Estado en América Latina. En M. Judith Astelarra Bonomi (ed.), Pacto entre géneros y políticas públicas: género y cohesión social (pp. 64-72). Madrid: Instituto de la Mujer.

Hermida, Paula Otero, y Lorenzo, Ramón Bouzas (2012). Structure, resources and development of equality policies at local level. Revista De Estudios Politicos, 158, 139-163.

Holman, Mirya R., y Mahoney, Anna (2018). Stop, Collaborate, and Listen: Women’s Collaboration in US State Legislatures. Legislative Studies Quarterly, 43(2), 179-206. https://doi.org/10.1111/lsq.12199

Incháustegui Romero, Teresa (1999). La institucionalización del enfoque de género en las políticas públicas. Apuntes en torno a sus alcances y restricciones. La Ventana, 10, 84-123.

Jasor, Océane M. (2016). Do local needs matter?: the relevance of women’s NGOs in sub-Saharan Africa. Gender, Place and Culture, 23(5), 694-713. https://doi.org/10.1080/0966369X.2015.1058757

Johnson, Carol (2022). What COVID-19 revealed about gender equality policy framing. Australian Journal of Political Science, 57(1), 93-112. https://doi.org/10.1080/10361146.2021.2023094

Kuhlmann, Ellen, et al. (2023). SDG5 “Gender Equality” and the COVID-19 pandemic: A rapid assessment of health system responses in selected upper-middle and high-income countries. Frontiers In Public Health, 11. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1078008

Leung, Tak Yan; Sharma, Piyush; Adithipyangkul, Pattarin y Hosie, Peter (2020). Gender equity and public health outcomes: The COVID-19 experience. Journal Of Business Research, 116, 193-198. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.031

Levy, Caren (1996). The process of institutionalising Gender in policy and planning: The “web” of institutionalisation. Londres: Development Planning Unit, University College London. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/34/1/wp74.pdf

Ley No. 7801. Creación del Instituto Nacional de las Mujeres. San José, 29 de abril de 1998. La Gazeta No. 94.

Marcondes, Mariana et al (2022). Transversalidade de gênero em políticas públicas no Rio Grande do Norte (2003-2021) Rev. Adm. Pública (Online), 56(3), 373-392. https://doi.org/10.1590/0034-761220220018

Naciones Unidas (1995). Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. ONU Mujeres.

Nae, Tamara María, y Panie, Narcisa Alexandra (2020). Responding to COVID 19: Gender Inequality Challenges. En Alina M. Dima (Ed.), Innovative Models To Revive The Global Economy (pp. 164-174). Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.2478/9788366675162-018

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (19 de junio de 2020). Expertas de la ONU preocupadas por el retroceso propuesto por Guatemala para los derechos de las mujeres. Ginebra. https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25979yLangID=s

ONU (14 de mayo de 2021). Costa Rica. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. https://oig.cepal.org/es/paises/costa-rica

Profeta, Paula (2020). Gender Equality and Public Policy during COVID-19. Cesifo Economic Studies, 66(4), 365-375. https://doi.org/10.1093/cesifo/ifaa018

Ramírez, Cecilia Paz Contreras (2020). The Transversalization of Gender Perspective in the Faculty of Political and Social Sciences: The Gender Unit Project, the Eradication of Gender Violence and the Path to Substantive Equality. Revista Mexicana De Ciencias Politicas y Sociales, 65(240), 233-259. https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2020.240.76629

Rodríguez Gusta, Ana Laura, y Caminotti, Mariana (2010). Políticas públicas de equidad de género: las estrategias fragmentarias de la Argentina y Chile. Revista SAAP, 4(1), 85-110.

Rodríguez Gusta, Ana Laura. (2008). Las escaleras de Escher: la transversalización de género vista desde las capacidades del Estado. Revista Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental, Buenos Aires, 14(25), 53-70. https://bityli.com/PzPib

Rouanet Guzmán de Núñez, Rina Patricia (2021). Género, equidad y paz en Guatemala, 1996-2015. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, 23(36). https://doi.org/10.19053/01227238.13170

Scott, Joan W. (2001). Experiencia. Revista de Estudios de Género: La Ventana, 2(13), 42-74. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5202178.pdf

Siriwardhane, Pavithra, y Khan, Tehmina (2021). The Gendered Nature of the Risk Factors of the COVID-19 Pandemic and Gender Equality: A Literature Review from a Vulnerability Perspective. Sustainability, 13(23). https://doi.org/10.3390/su132313375

Sumbas, Ahu, y Koyuncu, Berrin (2019). Women’s empowerment on a local level in Turkey: the case of violence against women. Turkish Studies, 20(2), 249-272. https://doi.org/10.1080/14683849.2018.1531711

Vizcarra Bordi, Ivonne (2002). La institucionalización de la equidad de género en el Estado de México y la economía política feminista. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, (30). https://convergencia.uaemex.mx/article/view/1666

Wagner, Peter (1997). Posibilidad y limitación: la comprensión de las instituciones modernas. En Herder Editorial (org.), Sociología de la modernidad. Libertad y disciplina (pp. 55-79). Barcelona: Herder Editorial.

Notas