Introducción

El 5 de agosto de 2022 son asesinados dos jóvenes en una localidad del oeste de Montevideo (Uruguay): Micaela, madre de cuatro niños y niñas, acababa de dejar a sus hijos en la escuela y al más pequeño en un centro de atención a la primera infancia y se dirigía al trabajo; mientras que Gabriel había cruzado a un almacén, cuando los atraviesa una balacera entre presuntos grupos delictivos vinculados al tráfico de drogas. Estos hechos se tornan casi cotidianos en algunas zonas de Montevideo y son catalogados como ajustes de cuenta que no se encuentran tipificados en la legislación penal nacional y en general no son investigados. Lo particular en este caso, es que vecinas, vecinos, organizaciones sociales del barrio así como los servicios de la Universidad de la República (Udelar) presentes en la zona se nuclean en un movimiento que pasa a llamarse #laVidaVale.uy denunciando la violencia territorial, además de violencias

estructurales y complejas; violencias que se entremezclan y potencian; violencias que tienen que ver con la privación cotidiana al acceso a una vida digna, violencias que tienen que ver con el hambre, […] vivimos la violencia de que el Estado se conforme con darnos “migajas” como si nuestros barrios, nuestras infancias, nuestras vidas no valieran (Vecinos/as organizados Casavalle-Marconi, 12 de agosto 2022)

A este primer comunicado se suma el de la Mesa de articulación Udelar que hace un llamamiento a la comunidad universitaria así como a las organizaciones de la sociedad civil y estatales “a generar espacios de diálogo y construcción colectiva con miras a afrontar y transformar esta situación que afecta a toda nuestra sociedad, en particular a los sectores más postergados” (Udelar, 17 de agosto 2022).

En relación a los aspectos metodológicos, cabe señalar que el presente artículo expone una breve revisión bibliográfica de los principales conceptos en cuestión y se sustenta fundamentalmente en fuentes primarias, como ser registros y comunicados elaborados en las reuniones con vecinos, vecinas y organizaciones sociales; entrevistas en medios de comunicación, notas de prensa escrita, versión taquigráfica de comparecencia al Parlamento, entre otras.

Los asesinatos como “asuntos privados”

Cozzi (2016) así como Tenenbaum et al. (2021), entre otros, señalan que si bien el concepto de ajuste de cuentas es polisémico –lo que lleva a que algunos investigadores consideren que es un concepto vago para ser operacionalizado en forma adecuada– “se inserta en la red semántica del vocabulario cotidiano para comprender las violencias territoriales” (Tenenbaum et al., 2021, p. 33). Esto significa, que se encuentra presente en la vida social y en el lenguaje común de vecinas, vecinos, agentes policiales y judiciales, medios de prensa, pero también entre sus protagonistas. De esta manera, parecería naturalizarse la idea de que “se matan entre ellos y que por lo tanto esas muertes no requieren ser investigadas y sancionadas por la justicia oficial” (Cozzi, 2016, p. 101). Esta autora señala que de esta manera se des-jerarquizan estas muertes, se reduce su importancia quitándole responsabilidad al Estado por los hechos que ocurren (Cozzi, 2016). Las muertes pasan entonces a ser desapercibidas, desestimadas y parecerían convertirse en “asuntos privados” donde el Estado no interviene y donde la denuncia puede ser interpretada como una demostración de cobardía y traición, pero también asociada a posibles represalias de los agresores, así como a la desconfianza hacia las agencias policiales (Cozzi, 2016) por diversos factores vinculados a la violencia institucional y a la corrupción policial.

En los ajustes de cuenta, se presenta

un intercambio entre partes donde al menos una reclama ser compensada y no acude para ello a los servicios estatales de justicia. […] La compensación exigida no es siempre económica, puede ser una transacción o intercambio expresivo o afectivo, simbólico, corporal y hasta existencial cuando se paga con la vida (homicidio). (Tenenbaum, et al 2021, p. 31).

Se desprende de esta definición que la figura del árbitro o juez queda por fuera de la resolución de conflictos, y que, en casos extremos, se llega a contratar a un sicario. El sicariato hace referencia a la mercantilización de la muerte en tanto es “un “servicio” por encargo o delegación que carece de mediación estatal y posee una importante mediación social que lleva a la pérdida del monopolio legítimo de la fuerza del Estado” (Carrión, 2009, p. 32). Este autor señala que el sicariato

no es un homicidio común, ni tampoco un crimen agravado, es un tipo particular de asesinato que debe ser conocido para enfrentarlo en sus estructuras profundas: hay que estudiar los mercados; las redes de actores (contratante, intermediación, sicario, víctima), los vínculos con otros delitos (modernos); así como sus expresiones de influencia socio-política (impunidad, privatización, mercantilización de la vida, nuevos valores, desinstintucionalización, temor y calidad de vida) (Carrión, 2009, p. 40).

En estos casos, la crueldad del cómo se hace morir “van desde descuartizamientos, incendios de viviendas con personas dentro, balaceras interminables contra cuerpos y viviendas, ultimación, etc. (…) y recaen sobre el cuerpo (…) porque en la población estudiada es el único activo disponible” (Tenenbaum et al., 2021, p. 265).

En relación a sus protagonistas, tanto las víctimas como los victimarios, son presentados fundamentalmente por los agentes policiales como por los medios de prensa como “peligrosos delincuentes” con antecedentes penales, en general jóvenes varones. Aquí resulta oportuno vincular esta caracterización con la categoría juvenicidio, acuñada por Valenzuela (2015), y que

posee varios elementos constitutivos que incluyen precarización, pobreza, desigualdad, estigmatización y estereotipamiento de conductas juveniles (de manera especial de algunos grupos y sectores), la banalización del mal, que alude al desdibujamiento de los referentes dicotómicos entre el bien y el mal, lo que permite a los asesinos matar sin mayores cargas emocionales, la adulteración del Estado y de las instituciones de administración de justicia que producen y reproducen corrupción e impunidad como forma cotidiana de funcionamiento, la estratificación social basada en relaciones de subalternización, donde el orden dominante ha ampliado las condiciones de precariedad, vulnerabilidad e indefensión de los grupos subalterizados a partir de ordenamientos clasistas, racistas, sexistas, homofóbicos y un orden prohibicionista que, con el pretexto de combatir al llamado crimen organizado, ha funcionado como estrategia que limita los espacios sociales de libertad. El juvenicidio inicia con la precarización de la vida de las y los jóvenes, la ampliación de su vulnerabilidad económica y social, el aumento de su indefensión ciudadana y la disminución de opciones disponibles para que puedan desarrollar proyectos viables de vida (Valenzuela, 2015, p. 12).

En relación a las víctimas inocentes, que serían fundamentalmente mujeres, niñas y niños, tampoco dejan de ser estigmatizadas. Se menciona, por ejemplo, en los relatos de los medios de comunicación que “no tenían antecedentes penales”. La mención a tener o no “prontuario criminal” no se hace frente a crímenes que ocurren fuera de la periferia, pero parecería necesario aclararlo por la zona de residencia y por la precaria situación socio-económica de las víctimas, entre otras cosas, ya que podrían ser “sujetos propensos al crimen” (Misse, 2010, p. 34), es decir, potencialmente sospechosos. Se resaltan a la vez características personales que de alguna manera justifican su “inocencia” así como su vínculo con vecinos, vecinas, organizaciones del barrio, el ser “buena madre”, entre otras.

Siguiendo a Misse éste señala que

en la medida que gran parte de las víctimas de estos homicidios tienen el mismo perfil de los delincuentes potenciales y elucidar su muerte, cuando su vida ya era indiferente para todos no le importa ni a la policía ni a la sociedad como un todo. “Uno menos”, como dicen muchos […] con frialdad y satisfacción, cuando matan a un ladrón. Muchos tampoco evalúan que, al hacerlo, participan activamente de su asesinato y de la indiferencia en elucidarlo (2010, p. 39).

Aquí parece oportuno agregar los aportes de Butler en relación a la distribución desigual de la condición de vulnerabilidad y del dolor. La autora señala que la violencia arbitraria se hace más presente en poblaciones expuestas a situaciones de vulnerabilidad que en otras:

De algún modo, todos vivimos con esta particular vulnerabilidad, una vulnerabilidad ante el otro que es parte de la vida corporal […]. Sin embargo, esta vulnerabilidad se exacerba bajo ciertas condiciones sociales y políticas, especialmente cuando la violencia es una forma de vida y los medios de autodefensa son limitados” (2006, p. 55).

Por otro lado, argumenta que si la pérdida de la vida no produce dolor “no califica como vida y no tiene ningún valor” (2006, p. 61). Hace referencia a que la distribución desigual del dolor hace al no-reconocimiento de las pérdidas en la escena pública. En palabras de Butler:

Algunas vidas valen la pena, otras no; la distribución diferencial del dolor que decide qué clase de sujeto merece un duelo y qué clase de sujeto no, produce y mantiene ciertas concepciones excluyentes de quién es normativamente humano: ¿qué cuenta como vida vivible y muerte lamentable? (2006, p. 16).

Concluye entonces que necesariamente la vida tiene que ser aprehendida, reconocida como tal para poder aprehenderse como dañada o perdida, digna de ser llorada (Butler, 2010).

En otro orden, basándose en los conceptos de necropoder y gubernamentalidad, de Achille Mbembe y Michel Foucault respectivamente, Álves sostiene que la distribución desigualdad de la muerte en términos territoriales constituye una necropolítica estatal de gestión del espacio urbano y control de la población considerada “no ciudadana”. Agrega que la ciudad neoliberal es el espacio de promoción de sujetos disciplinados, conforme al modelo de ciudadanía mercantil, responsable de su propio éxito o fracaso (2011, p. 116).

Lo que el Uruguay no quiere ver: aproximación al tema de la violencia territorial

Estudios recientes identifican en Montevideo un cinturón de homicidios, en tanto concentración de asesinatos cuyas características principales, como se mencionó más arriba, están ligadas a los ajustes de cuenta o sicariatos donde las principales víctimas y victimarios son varones jóvenes (Tenenbaum et al., 2021). El cinturón de homicidios, está ubicado en zonas de la capital uruguaya con índices de pobreza históricos y que han aumentado en los últimos dos años (Instituto Nacional de Estadística, 2022a), fundamentalmente en mujeres, niños, niñas y adolescentes, lo que generó brechas aún más profundas, por el viraje en la política socio-económica del gobierno de derecha que recortó, entre otras cosas, presupuesto para políticas sociales y se ubicó en penúltimo lugar en América Latina en materia de inversión durante la pandemia por Covid-19 (Baraíbar, 2022; Cepal, 2021; entre otros). De esta manera se ha agudizado la ya existente pobreza estructural caracterizada por desigualdades socioterritoriales, brechas educativas, dificultades de acceso al mercado de empleo, inseguridad alimentaria (Instituto Nacional de Estadística, 2022b), entre otras cosas. Por otro lado, son territorios caracterizados por lo que Misse denomina “acumulación social de la violencia” (2010, p. 19), es decir procesos sociales de larga duración cuyos conflictos se resuelven con un recurso inmediato que es el arma de fuego.

Tenenbaum et al. (2021) hacen mención a estudios en Uruguay que observan que la desigualdad estructural impacta en las probabilidades de ser víctima de violencia, teniendo un efecto significativo en la población adolescente y joven. Retoman a Rodríguez Alzueta para señalar que los mismos dejan de “ser vistos como actores vulnerables para pasar a ser experimentados como sujetos peligrosos, fuente de riesgo, inseguridad” sabiendo que “el pasaje de la niñez a la adolescencia constituye un problema” (2019, p. 48). Así es como también observan en ese cinturón de homicidios una concentración de lo que de acuerdo a Valenzuela (2015) podría definirse como “cinturón de juvenicidio” (Tenenbaum et al., 2021, p. 78). Estos autores y autoras centran justamente el estudio en las vivencias de adolescentes de los barrios vulnerables de Montevideo en el marco de conflictos entre grupos delictivo dedicados al mercado de las drogas ilegales y ajustes de cuenta identificando las formas que este último adquiere en la vida social de las personas. Investigan las trayectorias de vida de las adolescencias asesinadas en Montevideo observando los condicionamientos mediatos e inmediatos que estarían indicando las posibles causas de involucrarse en actividades violentas e ilegales. La finalidad de esta investigación apunta a hacer visible este tema, a la vez de aportar elementos para el diseño e implementación de políticas de seguridad ciudadana desde una perspectiva de derechos humanos. En este sentido, plantean algunas sugerencias como colocar los condicionamientos estructurales, ya sean económicos, educativos, culturales y habitacionales, como centro de la política preventiva, a la vez, de instalar en la agenda pública el acceso y uso de armas de fuego desestimulando el mismo a través de campañas (Tenenbaum et al., 2021).

En otro orden, si se mira este tema desde una perspectiva de género, se puede afirmar que “[…] mientras los varones jóvenes son quienes mueren mayoritariamente por ajustes de cuentas o conflictos entre grupos delictivos, las mujeres (madres, tías y abuelas) sufren las muertes de sus jóvenes, además de vivir, en algunos casos, violencia misógina y femicidios” (Tenenbaum et al., 2021, p. 264).

De víctimas invisibilizadas a su politización

Los asesinatos de Micaela de 29 y Gabriel de 25 años, ocurridos el 5 de agosto 2022 en una balacera a plena luz del día, entre dos supuestas bandas delictivas en la zona oeste de Montevideo es uno de los tantos asesinatos que son catalogados como ajustes de cuenta. En general no son investigados, sino que esta tarea –que es de la policía y la justicia– se traslada a los familiares de las víctimas, solicitándoles “pruebas”, como filmaciones o nombres de los supuestos victimarios. Quedan así vulnerados los derechos humanos de las víctimas y de sus seres cercanos que no cuentan, en su mayoría, con asesoramiento jurídico para poder realizar un seguimiento del expediente policial (en caso que se registre la denuncia) y judicial. Por otra parte, esta violencia institucional los coloca frente a una situación de alta exposición ya que dar los nombres de posibles victimarios (los cuales pueden llegar a ser sus propios vecinos), puede tener consecuencias de más violencia hacia las familias de las víctimas. De esta manera, se desestimula la denuncia policial y los sobrevivientes quedan envueltos en un manto de temor, amenazas e impunidad de los asesinatos ocurridos.

En el caso que se presenta aquí, es la familia de Micaela quien coloca su asesinato en espacios de coordinaciones zonales pasando de ser un “asunto privado”, de los tantos invisibilizados, a un asunto político que debe incumbirle a la sociedad en su conjunto. En dichos espacios el tema de la inseguridad barrial, los ajustes de cuenta, pero también el reclamo de políticas sociales, entre otras cosas, venían siendo tratados entre vecinos, vecinas, organizaciones sociales y agentes institucionales, así como representantes de distintos ministerios, como el del Interior o Desarrollo Social sin haber logrado respuestas concretas. Los integrantes de dichos espacios de coordinación se unen para realizar una nota a la opinión pública que se difunde con fecha 12 de agosto por las redes sociales convocando a una marcha pocos días después del asesinato de Micaela y Gabriel denunciando el hecho concreto, pero también otras situaciones de violencia territoriales que habían ya denunciado en

diversos medios, con distintas institucionalidades, con distintos referentes y parece que no llegar a ser tenida en cuenta, escuchada y sobre todo abordada. (…) Necesitamos respuestas estratégicas, interinstitucionales, dotadas de recursos, respuestas que partan de la convicción de que no solo existimos (y por eso merecemos más que migajas), sino que es importante nuestra existencia porque somos personas, somos vecinos, somos trabajadores, vecinos y organizaciones unidos porque LAVIDAvale, nuestra vida vale tanto como la de quien está leyendo esta nota (Vecinos/as organizados Casavalle-Marconi, 12 de agosto 2022).

Luego de esta marcha en una avenida principal del barrio, se suscitan reuniones quincenales donde se generan debates acerca de los posibles orígenes de las diversas formas de violencia y propuestas concretas para plantear a las autoridades, pero también sobre la elección del nombre del colectivo. Este fue uno de los temas centrales por razones obvias que hacen a la identidad de un colectivo, pero también porque se contextualizó en el momento político nacional donde se venía debatiendo en el Parlamento uruguayo la ley de eutanasia, por un lado, y por el otro, el nombre que se había definido inicialmente – #laVidaVale / #cadaVidaVale – en las redes sociales, estaba vinculado a movimientos antiaboristas. Luego de varias propuestas, que colocaban el eje en la responsabilidad estatal como, por ejemplo, #contraTodaViolenciaMásEstado.uy, tiene un peso importante la opinión de los familiares presentes de las personas asesinadas, que hacen énfasis en la pérdida de la vida. Finalmente, se le agrega el “.uy” a “laVidaVale” para diferenciarse de lo mencionado más arriba. Por otra parte, en las reuniones también se va plasmando la idea de elaborar una carta para entregar en mano al Presidente Luis Lacalle Pou, a partir de la organización de otra movilización que implicaba trasladarse al centro de Montevideo y marchar hasta la Torre Ejecutiva. A esta marcha, que se llevó adelante el 5 de octubre del 2022, se suman vecinos y vecinas de otras zonas de Montevideo que viven situaciones similares. Esta movilización tuvo un impacto significativo por varios motivos: el primero fue salir del barrio y que, en otras zonas de Montevideo, en este caso en el centro y avenida principal de la capital del Uruguay, otras personas escucharan sus reclamos; el segundo fue que tuvo cobertura de prensa escrita y de los principales canales de aire de Uruguay en el horario central del informativo de la noche. Las voceras elegidas en el espacio de coordinación salieron a denunciar la violencia territorial, pero también las situaciones de pobreza, la falta y/o insuficiencia de programas sociales, lo que ellas señalan como “el retiro del Estado” en esa zona (Subrayado, 5 de octubre 2022). A su vez, señalan la estigmatización a la que se ve expuesta la población del barrio al que representan, así como también la violencia institucional y policial. En los meses siguientes, se suscitaron entrevistas en radios (Más Temprano 810, 6 de octubre 2022), programas televisivos (Esta Boca es Mía, 13 de diciembre 2022), prensa escrita (La Diaria, 6 de octubre de 2022 y 18 de noviembre de 2022), entre otras, que les dio la posibilidad de seguir colocando estos temas en agenda.

Días después de esa marcha, si bien hubo respuesta del presidente anunciando que se comunicaría un representante del Ministerio del Interior y de Desarrollo Social respectivamente, con el colectivo, hecho que a la fecha del presente trabajo aún no ha sucedido, continúan las reuniones quincenales donde se van evaluando las acciones llevadas adelante, donde se idean nuevas actividades y donde se viene construyendo el para qué y por qué de esta coordinación interbarrial que se terminó nucleando en una “Multisocial” (así definida por sus integrantes) de diferentes barrios de Montevideo y que se denomina #laVidaVale.uycon su página en redes sociales, como se indicaba más arriba.

Otro paso significativo fue la concurrencia de integrantes del colectivo #laVidaVale.uy a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes del Parlamento con fecha 17 de noviembre 2022. Allí, se realiza una primera presentación del colectivo y de las actividades desarrolladas hasta el momento. Pero además se explicitan otros temas, como la situación que viven niñas y niños en forma cotidiana a partir de las situaciones de violencia. En este sentido una de las voceras del colectivo expresa lo siguiente:

No queremos que los niños tengan que escuchar el ruido de una bala y tirarse debajo de la mesa en un CAIF,¹ porque no estamos en guerra; sin embargo, los niños hacen cuerpo a tierra desde los dos años. Para nosotros, eso es tremendo, porque el trauma de un niño que vive entre balas se traduce, cuando crece, en un ciudadano adulto con muchas dificultades, y eso no lo queremos (Versión taquigráfica Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, p. 18)

En esta línea, la vocera no solo coloca el tema de las infancias como víctimas directas de la violencia territorial, sino que agrega las insuficientes respuestas estatales dirigidas a niños, niñas y adolescentes en esa zona de Montevideo, caracterizada, entre otras cosas, por la alta tasa de natalidad e infantilización de la pobreza, como ya fuera señalado más arriba. Además, se pregunta acerca del futuro de las niñeces y adolescencias, y coloca el tema del elevado número de mujeres y varones jóvenes que se encuentran detenidos por no contar con oportunidades educativas, laborales y habitacionales.

Por otro lado, se hace una dura crítica al Ministerio del Interior y a la presencia/ausencia policial y a la filtración de denuncias. También se menciona al referente de dicho Ministerio que, en reuniones con vecinos y vecinas, sostiene que los delitos han bajado, lo cual, de acuerdo a las vivencias en el barrio, esto no se percibe de la misma manera. En palabras de una de las voceras, quien señala estas dificultades, así como situaciones a las que las expone este funcionario:

Estas reuniones no han sido fructíferas en lo absoluto, porque el señor Santiago González no sé si es que no nos cree o le cuesta creer lo que le explicamos, que es que vivimos dentro de una balacera permanente; todas las tardes y noches hay balaceras en los barrios, y parecería que no nos cree. Además de esto, el señor se toma la libertad de visitar algunas casas y, en nuestro barrio, que te visite el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, poco menos que está diciendo: apunten y disparen (Versión taquigráfica Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, p. 25).

Uno de los voceros coloca una mirada amplia de lo que el colectivo #LaVidaVale.uyconsidera respecto de la seguridad y convivencia y su compromiso en buscar soluciones junto al Estado:

Para nosotros, seguridad y convivencia significan inclusión, educación, trabajo, salud. Inclusive, después de la pandemia, la salud mental debe tenerse presente en primer lugar. Además, con las situaciones que padecemos en estos barrios, todos –los jóvenes, los niños y los mayores de edad– vamos a tener –unos sí y otros no– problemas de salud mental. Por eso vinimos a esta reunión, para reclamar a los poderes del Estado que de una manera u otra vayan abordando el problema; la idea es encontrar caminos para resolverlo (Versión taquigráfica Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, p. 21).

Y resultan significativas las palabras y preguntas que coloca al finalizar la comparecencia a la Comisión Especial la hermana de una de las personas asesinadas el 5 de agosto que motivó la conformación del colectivo #laVidaVale.uy:

Soy la hermana de Micaela, de veintinueve años y madre de cuatro niñitos, que son huérfanos de padre y madre, porque al padre lo mataron hace unos años. El 5 de agosto ella salía a trabajar y la mataron. Eso fue algo que nos dolió mucho. Desde el 5 de agosto no tenemos respuestas del fiscal ni de nadie, y yo me pregunto por qué. ¿Valemos menos? ¿Por qué nos cuidan menos? ¿Valemos menos? Acá votamos porque tenemos derechos y obligaciones. Todos los gobernantes tienen la obligación de cuidarnos (Versión taquigráfica Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, p. 26).

En sus palabras quedan resumidos algunos de los aspectos señalados en cuanto al impacto que tienen estos homicidios en la vida cotidiana de quienes sobrevivieron: niñas y niños huérfanos, el dolor de las familias por sentir que “no valen” y que el Estado no les protege y no responde.

En otro orden, es importante señalar que lo particular de este movimiento es que se suman, como ya se mencionaba, vecinos, vecinas y organizaciones sociales de otras localidades de Montevideo, pero también docentes universitarios que llevamos adelante tareas de enseñanza, investigación y extensión en ese territorio, nucleados en una Mesa de articulación Udelar creada en el mes de mayo 2022. En este sentido, cabe señalar que los integrantes de la Mesa, vienen acompañando las reuniones, las marchas, la elaboración de materiales y otras actividades que se deciden en el espacio colectivo de la Multisocial #laVidaVale.uy, pero también apelan a que la comunidad universitaria tome conocimiento de lo que viene sucediendo en los distintos barrios de Montevideo y que pueda tener una visión crítica y ético-política de las diversas violaciones a los derechos humanos que están sucediendo.²

Consideraciones finales

El propósito de este trabajo fue brindar unas primeras reflexiones sobre un movimiento de vecinos, vecinas y organizaciones sociales con participación de docentes de la Udelar, que surge en el mes de agosto 2022 en una localidad en el oeste de Montevideo (Uruguay) que se nuclea a partir de los asesinatos de dos jóvenes en una balacera entre presuntas bandas delictivas. El hecho, uno de los tantos que hacen a la vida cotidiana en algunas zonas de Montevideo caracterizadas como cinturones de homicidios, es catalogado como ajuste de cuenta y hubiese quedado como un “asunto privado” (Cozzi, 2016), si no hubiese tomado un carácter político a partir de la organización del colectivo #laVidaVale.uy que realiza denuncias públicas y manifestaciones politizando de esta manera los asesinatos.

Expresan en los comunicados y entrevistas a medios de comunicación realizadas, y en el propio nombre del colectivo, su derecho a una vida digna y al reconocimiento y valor de sus vidas, interpelando la concepción de una ciudadanía de “categoría A y B” (Vecinos/as organizados Casavalle-Marconi, 12 de agosto 2022). En palabras de Butler (2006; 2010) son vidas que valen la pena y que merecen un duelo, que merecen ser lloradas.

Este reconocimiento apela también a hacer visible la necropolítica del Estado uruguayo que gestiona el espacio urbano y el control de aquella población vista como “no ciudadana” exponiéndola a la muerte y reduciendo su vida a condiciones de precariedad, además de catalogarla como potencialmente sospechosa y propensa al crimen. La vida, pero también la muerte, aparecen como mercantilizadas.

De los discursos de sus protagonistas, es decir de vecinos, vecinas y organizaciones sociales, se hace énfasis en el retiro del Estado no solo en términos de políticas de seguridad, sino fundamentalmente de los servicios y políticas sociales que han sido recortados en los últimos tres años. Eso coloca a esta población que ya venía expuesta a situaciones de pobreza estructural en un grado de mayor fragilidad, donde las respuestas educativas, laborales y habitacionales son apenas suficientes, y en algunos casos, inexistentes.

Otro tema que se coloca con mucha claridad es la violencia estatal a la que son expuestos los habitantes de los llamados cinturones de homicidios en relación a la presencia policial. Por un lado, las denuncias de diversos delitos no siempre son registradas y, cuando lo son, como fue en el caso de las familias de Micaela y Gabriel, se les solicitan las pruebas a ellas mismas. Surge además la desconfianza hacia los agentes policiales, así como también el riesgo a los que los exponen cuando realizan coordinaciones a nivel barrial sobre el tema de seguridad ciudadana.

Y finalmente, se debe señalar que un tema que amerita profundizar es el estudio de cómo la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes se ve afectada a partir de situaciones cotidianas de violencia territorial, además de la estructural.

Referencias

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Butler, Judith (2006). Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. Buenos Aires: Paidós.

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Cozzi, Eugenia (2016). Entre ajustes de cuentas, problemas de la calle y víctimas inocentes en dos barrios de Santa Fe, Argentina. Pueblos y Fronteras, 11(22), 100-119, https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2016.22.271

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Notas