Introducción

Una estela de color gris negruzco se extiende en el horizonte como si danzara en pos del viento tiñéndolo y dibujando en él formas abstractas que se metamorfosean y reconfiguran. Los destellos rojizos se perfilan a su alrededor recortando un halo que decora el paisaje como si no presagiara una tragedia. La imagen, lejos de una ensoñación literaria, constituye una postal que se repite desde hace años en la geografía argentina y es un ejemplo más de una de las tantas problemáticas que evidencian el deterioro ambiental resultante de la enorme crisis de acuerdos que sostienen al sistema socio-económico y cultural en que vivimos. Esto es, una crisis de la racionalidad (Leff, 2007).

La posibilidad de comprender la realidad que es percibida a través de los sentidos, significando aquello que se percibe, resultó en una novedad evolutiva que ha marcado diferencias y límites cognitivos entre los seres vivos y fue complejizándose a lo largo de la evolución. Fueron los homínidos quienes desarrollaron plenamente el sentido de la razón que, no sólo les permitió reconocerse a sí mismos como sujetos, y a sus congéneres, sino también conocer racionalmente su entorno.

La manera en que construimos sentido sobre lo que nos rodea configura la arquitectura de los acuerdos y costumbres que delinearon las tramas culturales que definen a los pueblos y, por tanto, estructuran sus modos de vida.

La relación con nuestros semejantes y con el ambiente conforma entonces un modelo que ha ido transformándose en la medida en que se han ido configurando nuevas pautas culturales, y se traduce en imposiciones respecto de la utilización de los recursos naturales (Arteta et al., 2021), delimitando –a lo largo del tiempo– diferentes modelos de sociedad, incluso antagónicos. No es casual que en algunos de esos modelos, quienes ocupan posiciones de poder –y han logrado acumular diversas formas de capital– logren imponer ciertas prácticas que terminan siendo naturalizadas y legitimadas a través del sentido común (Zavaro Pérez y Trejo, 2020). Este mecanismo opera como dominatriz de una lógica impuesta por esa fracción de la sociedad que considera como posible un único modo de concebir la realidad, protegiendo de esa manera intereses que el sentido común esconde y que sólo pueden desentrañarse a partir de una lectura racional y crítica del modelo. He ahí la razón por la que las problemáticas ambientales no son sino problemas culturales.

Reconocer algunos de los rasgos de esta crisis y hurgar en la urdimbre que la configura, analizando como ejemplo la problemática de los incendios, en especial en el litoral del Paraná, en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y en el norte de la provincia de Buenos Aires (Argentina), constituye el propósito de este ensayo que reconoce en la planificación situada y en la educación ambiental crítica, estrategias relevantes para la construcción de una nueva racionalidad.

Del ambiente como canasta de recursos al ambiente como problema

El ambiente ha representado, aún para las hordas de cazadores recolectores en los orígenes de nuestra historia como especie, una fuente de recursos en torno a la cual se fueron concibiendo muy diferentes modos de vida (Lanata, 1993). Su escasez, en una determinada localidad y en una estación en particular, pudo haber condicionado un hábito nómade que, colateralmente, contribuyó a la recuperación de ese entorno en un tipo de sustentabilidad per se, que es consecuencia del uso intermitente del territorio.

El paso del modo de vida errante al sedentario no sólo incluyó una etapa trashumante con una lógica similar respecto del uso de estos recursos, sino también la consolidación paulatina de asentamientos que contribuyeron a modificar, sustancialmente, la relación con el entorno mediada por la domesticación de plantas y animales (Steffan et al., 2021) y, sobre todo, del paisaje. Esta forma de vida no sólo impactó en un incipiente desarrollo de la agricultura, sino también en una “ingeniería” temprana de materiales destinados a la elaboración de herramientas y a la construcción de moradas, así como un auge en la producción de bienes materiales (vasijas, vestimentas, etc.) y culturales, que impactaron en el origen y la consolidación de mitos, ritos y tradiciones (Zavaro Pérez, 2019). Esta relación dialéctica entre la cultura material y simbólica fue configurando un modo particular de relación entre las personas, que influyó también en la manera en que se distribuían los recursos, ya sea en el ámbito familiar, grupal, comunitario e, incluso, en una apropiación diferencial del excedente, que hoy es entendido como la base de la diversificación de modelos distintos de sociedad.

La distribución de las labores y la apropiación diferencial de los recursos ha sido probablemente germen de la idea de que no todos los miembros de una comunidad merecían una misma retribución, y esa naturalización de la jerarquización social pudo haber contribuido a la acumulación de capital en una porción privilegiada de la sociedad (sacerdotes, brujos, jefes tribales), configurando una suerte de ontología de las sociedades clasistas contemporáneas. Si bien en el proceso de consolidación del capitalismo moderno es posible establecer diferentes tendencias arraigadas en procesos culturales diversos, un rasgo común, especialmente con posterioridad al auge de la revolución industrial, ha sido el uso insostenible del ambiente basado en una geopolítica de la biodiversidad (Leff, 2003) y una profunda desigualdad resultante de la acumulación de la riqueza derivada de los procesos productivos (Reboratti, 2000).

A escala global, esto se ha traducido en un orden mundial donde algunos países se posicionan como desarrollados mientras otros han sido relegados al subdesarrollo, más allá de que en ambos casos es posible identificar rasgos de la desigualdad imperante. Esta polarización suele guardar un correlato histórico entre las colonias y sus metrópolis cuyo desarrollo ha sido a expensas de los recursos provistos por las primeras. El proceso de primarización de las economías tercermundistas se ha agudizado en las últimas centurias con la complicidad de muchos gobiernos regionales que, convalidando leyes flexibles y burdamente fiscalizadas, han promovido la inversión en sus territorios de empresas trasnacionales atraídas por la baja carga impositiva y que, bajo el discurso de la captación de inversiones en pos del desarrollo local, terminan saqueando sus recursos y ocasionando desastres en términos ecológicos, sociales y económicos, que constituyen el eje central de la antinomia ambiente vs. desarrollo.

El desarrollismo ha sido entonces una de las corrientes que ha terminado por consolidar, a la usanza de la historia del capitalismo europeo, el imaginario de que el progreso está indefectiblemente asociado al crecimiento económico, medido en relación a indicadores como el incremento del producto bruto interno o de la balanza comercial, sin que necesariamente ese progreso suponga una mejor calidad de vida para la mayoría de la población (Delgado Ramos, 2015).

Es imposible condensar en unos pocos párrafos la historia de los sistemas sociales y del capitalismo en particular, sin caer en simplificaciones. Sin embargo, no es desatinado pensar que si el modo naturalizado de desarrollo ha estado basado en la concepción del ambiente como canasta de recursos (Gudynas, 1999), que ha fomentado políticas extractivistas intensivas e insostenibles sobre la base de la apropiación del bien común, la causa de gran parte de las problemáticas ambientales radique entonces en la manera irracional en que ha sido legitimada nuestra relación con la naturaleza, que además de económica es política, normativa y cultural.

El deterioro ambiental que caracteriza el antropoceno y, en particular, el acontecido en los últimos 200 años, da cuenta de la forma en que la humanidad ha transformado el ambiente en pos de un desarrollo que devino en la degradación y contaminación de los suelos y de las aguas superficiales y subterráneas, en el deterioro y fragmentación de los hábitats naturales y en la pérdida de variabilidad de las poblaciones naturales que trae aparejada la extinción de especies. Este panorama implica, en síntesis, el detrimento de los paisajes y ecosistemas de los que también somos parte.

Ese deterioro no es gratuito. La perspectiva del ambiente como supermercado, en la lógica del desarrollismo, le ha asignado al entorno un valor económico negando o invisibilizando otros valores como el ético y el estético. Sin embargo, en esa misma lógica, la degradación tiene un costo a largo plazo que impacta en la disponibilidad de esos recursos para el sustento de las próximas generaciones. No es casual entonces que la racionalidad individualista que impone el capitalismo, respalde jurídicamente al patrimonio individual por sobre la relevancia que tiene el derecho a la propiedad colectiva de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos que garantizan la calidad de vida.

Los problemas ambientales vistos de este modo entonces, no son únicamente el resultado de la acción individual que, por omisión, pueda ejercerse sobre el entorno, sino que responden a causas concretas en las que subyacen decisiones políticas e intereses económicos que no sólo definen los modos en que se utilizan esos recursos, sino también la manera en la que se construye sentido en torno a la convalidación de un modelo que es por esencia irracional. Esta irracionalidad no sólo se explicita en la forma no planificada de la gestión ambiental, sino también en el absurdo que implica utilizar esos “recursos” como si fuesen inagotables.

Una de las claves de esa irracionalidad, quizás, radique en la conciencia de clase que tienen algunos sectores de la sociedad sobre lo patrimonial, entendiendo que en esa concepción radican intereses antagónicos. De esta manera, los problemas ambientales terminan generando conflictos cuya definición trasciende la concepción de la problemática puntual, por considerar que en la trama que los configuran aparecen diversas perspectivas ideológicas, situaciones legales e intereses económicos y políticos contrapuestos (Reboratti, 2000; Merlinsky, 2017) que dificultan su gestión.

Los humedales en contexto, a modo de ejemplo...

La problemática de los incendios que asedian las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires, constituye un ejemplo de la complejidad implícita en los conflictos ambientales.

La región del litoral se caracteriza por un paisaje de llanuras aluviales con pastizales y lagunas que conforman humedales característicos de la llamada pampa húmeda (Marchetti et al., 2013), en la zona de influencia de uno de los ríos más importantes de la región: el Paraná. En su cauce numerosas islas dan forma a un delta que se prolonga aguas abajo hasta su desembocadura en el Río de La Plata. Los humedales son ecosistemas sumamente frágiles donde se instala un tipo de vegetación y de fauna muy diversa (Quintana y Bo, 2010) con varias especies consideradas vulnerables o amenazadas de extinción. Como ecosistema, estos desempeñan un rol fundamental en la regulación hídrica de la cuenca, son reservorios de biodiversidad, abastecen de agua a las poblaciones humanas, proveen materiales (alimentos, maderas, etc.) y poseen gran valor simbólico, cultural y paisajístico (Marchetti et al., 2013).

La superficie de los humedales en la región se ha ido reduciendo drásticamente, a consecuencia de las actividades económicas, especialmente en la provincia de Santa Fe, una de las más importantes del país desde el punto de vista productivo. La modificación en el uso de los suelos, vinculada a la expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas y, más recientemente al desarrollo de proyectos inmobiliarios, contribuyó a la transformación de la estructura y funcionamiento de muchos de estos ecosistemas.

La historia se remonta a la primera mitad del siglo XIX, en medio de un proceso civilizatorio que constituyó una excusa para profundizar la colonización de las tierras de la región como parte de la subordinación de la actividad económica a los intereses del mercado (Grosso et al., 2010). La agroindustria se ha impuesto como dominante desde ese entonces, asociada –en la actualidad– al comercio de granos que es liderado por grandes pooles de siembra incentivados por las oportunidades que ofrece el Río Paraná como una excelente vía navegable por la que se exporta, incluso de manera irregular, gran parte de la producción del MercoSur, sin que muchas veces exista un debido control de la hidrovía ni de las mercancías que por ella se transportan (Cieza, 2021). Esta creciente actividad económica, influenciada por el precio de los commodities, ha contribuido al desarrollo de una economía primarizada que, bajo el paradigma extractivista imperante, devora cuanto existe en la zona con una avidez desmedida e irracional.

La trama de los incendios desde la perspectiva de la complejidad

El uso del fuego forma parte de las tradiciones asociadas al manejo de los agroecosistemas. Si bien la actividad agrícola ganadera en la zona ha estado vinculada a la labor de pequeños productores, actualmente las tierras son mayormente arrendadas por grandes empresas que utilizan las llamadas “quemas” como un modo rápido y poco costoso de transformar el terreno para destinarlo a la producción de pasturas (Grosso et al., 2010). Estas quemas, practicadas de manera intencional (Clarín, 9 de agosto de 2022) mayoritariamente por dueños de los campos ganaderos (Página 12, 19 de agosto de 2022) colisionan con el interés colectivo de preservar un territorio que presenta un valor patrimonial per se y cuyo deterioro impacta en el derecho a habitar en un ambiente sano.

Durante el año 2022 se han quemado más de 10 mil hectáreas (Página 12, 12 de agosto de 2022). De estas, una pequeña fracción corresponde a tierras fiscales, mientras que la amplia mayoría son privadas, según los datos arrojados por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) a través del monitoreo frecuente que se realiza con el uso de tecnología satelital. No obstante, la propiedad y el uso de la tierra son tan solo algunos de los factores emergentes de la complejidad de la trama que subyace a esta problemática. A ellos se suman la existencia de múltiples escalas de intervención en relación a la gestión, a la diversidad de actores involucrados y a los intereses en tensión. Todos ellos a considerar y comprender cuando se pretende abordar la conflictividad inherente a la gestión del ambiente desde la perspectiva de la complejidad (Eschenhagen, 2007), que permita desarticular el discurso hegemónico simplificador.

Aun bajo el sistema capitalista y en el marco del paradigma que impone la lógica de un mercado que lo ordena, uno de los actores imprescindibles en la gestión del ambiente es el Estado, constituido por distintos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y diferentes jurisdicciones (nacional, provincial y municipal, en Argentina). Sin embargo, cualquier tipo de intervención estatal es concebida por el empresariado y por el sector productivo, como injerencista y frecuentemente es tildada como ineficiente, burocrática y sospechada de corrupción.

Las políticas de gestión y la realización de las tareas de fiscalización son incumbencias del poder ejecutivo y esto requiere de la implementación y del diseño de instrumentos específicos como las evaluaciones de impacto, los sistemas de indicadores ambientales o los planes de contingencia y manejo. Más allá de su posible utilidad, muchas veces esas herramientas constituyen solo una formalidad nominal y terminan resultando funcionales a los sectores que representan al modelo hegemónico. Otro factor a considerar en esta caracterización se refiere a las capacidades y competencias de los cuadros técnicos que conforman los equipos de trabajo y cuyo desempeño incide diferencialmente en la manera en que se administran esas políticas.

En la órbita del poder judicial, resultan sospechosas la ralentización de algunas causas y la recurrencia de ciertos fallos discrecionales que suelen beneficiar la propiedad individual por sobre los intereses colectivos, con el agravante que en las instancias de apelación terminan convalidándose casi de forma automática, como resultado de la connivencia entre ciertos jueces y entre estos con los sectores que tradicionalmente resultan privilegiados.

En la comprensión de esta perspectiva compleja que intentamos desentrañar, es necesario focalizar también en el rol que desempeña el poder legislativo. La concepción federal de la Nación implica la existencia de normas que aplican sobre diferentes jurisdicciones y que en ocasiones resultan antinómicas, lo que dificulta la tarea de fiscalización por parte del poder ejecutivo y habilita la posible existencia de fallos contradictorios por tribunales de diferente jerarquía. Además, en la actividad parlamentaria, algunas leyes son sancionadas en contra de los intereses comunitarios legitimando prácticas insustentables, mientras que otros proyectos de ley relevantes terminan perdiendo estado parlamentario por la intencionalidad de algunas fuerzas políticas que impiden su tratamiento, particularmente en aquellas normas que podrían representar una modificación en las relaciones asimétricas de poder.

La Ley de Humedales, retomando el tema del impacto de los incendios en el litoral argentino que vertebra estas líneas, permite ilustrar lo dicho, por ser un proyecto con una historia tortuosa (Pintos y Maraggi, 2021) como resultado de connivencias entre ciertos legisladores con el poder económico concentrado y que pareciera estar atrapado entre el lobby empresarial y la oposición de los gobiernos en algunas provincias (El Diario AR, 12 de agosto de 2022).

Así, en el año 2013 se presentaron dos anteproyectos provenientes de fuerzas políticas diferentes que terminaron fusionándose en el Senado de la Nación, aunque en 2015 pierden estado parlamentario al no ser sancionado por la Cámara de Diputados. En 2016 se presentan otros dos nuevos anteproyectos que se fusionan, pero vuelve a perder estado parlamentario por la misma razón. Un nuevo proyecto es presentado a través de la Cámara de Diputados en 2018 y meses más tarde ingresan otras dos propuestas que, a fines de ese mismo año, caducan por falta de dictamen, mientras que en el año 2020 se presentaron 15 proyectos de ley (10 en la Cámara de Diputados y 5 en la Cámara de Senadores) sin éxito.

En la actualidad existen nuevas propuestas, recientemente se llegó a dos dictámenes sin que haya podido lograrse un consenso de mayoría (Infobae, 29 de septiembre de 2022). En términos generales la letra de ambos menciona, aunque desde diferentes concepciones, la importancia de proteger los humedales por su valor, promoviendo el inventario de la biodiversidad, el uso respetuoso de la tierra, el manejo de las zonas afectadas, la capacitación de quienes deben garantizar la implementación de instrumentos de fiscalización y un presupuesto adecuado para desempeñar esa labor. Sin embargo, la diversidad de las propuestas da cuenta de los matices existentes respecto de un enfoque conservacionista en contra de la perspectiva productivista y de los antagonismos existentes entre las fuerzas políticas, y, sobre todo, deja traslucir los intereses tan disímiles que estas representan. Los debates incluyen desde el cuestionamiento de la necesidad de una ley por parte de algunos legisladores, hasta el impacto negativo que la sanción de una letra que promueva la conservación podría tener en el desarrollo de la producción en la región y en el federalismo. Asimismo, existen inconsistencias entre las definiciones técnicas respecto del concepto y alcance del término “humedal”, así como del destino y categorización que esas tierras deberían tener en atención a su uso.

A la fecha se espera que ambos dictámenes puedan tratarse en el recinto, a pesar de que aquel que condensa el voto de la mayoría resulta mucho más permisivo respecto del modo en que se norma la actividad productiva (Página 12, 11 de noviembre de 2022). Esta falta de consensos entre las diferentes fuerzas políticas, respecto de la letra de la norma, visibiliza la puja de intereses que la problemática tracciona.

Los incendios y los medios en la construcción del imaginario social

La diversidad de intereses antagónicos también se explicita en el modo en que los medios de comunicación, que más que medios son fines, en connivencia con un sector del poder económico corporativo que representan (Zavaro Pérez y Trejo, 2020), publican información sobre los conflictos ambientales, en este caso, sobre los incendios en los humedales.

Las noticias en algunos medios de comunicación han hecho énfasis en deslegitimar el tratamiento de la ley, insinuando que las soluciones a los incendios forestales no radican en la necesidad de una legislación cuestionando su relevancia (Clarín, 27 de noviembre de 2022). La estrategia opera sobre la opinión pública y, finalmente, resulta en una construcción de sentido común que es impuesto a través de los titulares de diarios, portales de información y noticieros (Ramonet, 2013). En este sentido, la mayoría de los discursos mediáticos exponen una mirada catastrofista y presentan a la problemática como “si fuese un accidente” o como resultado de fenómenos naturales, vinculándola a los cambios climáticos globales que hoy dominan la agenda ambiental, en tanto eluden intencionalmente abordar sus causas, diluyen las responsabilidades o las adjudican exclusivamente a la gestión de los organismos estatales.

El enfoque editorial de muchos de estos medios de comunicación, a su vez, impacta en las redes sociales, profundizando la dicotomización y polarización de los posicionamientos en el plano conceptual (Preiti, 2021). En un mundo globalizado y mediatizado, donde la liquidez en las relaciones personales (Bauman, 2013 [1999]) y la inmediatez en la circulación de la información está acotada a titulares y zócalos que eximen de toda reflexión crítica y, donde la opinión pública es sinónimo de opinión publicada, es difícil esperar que proliferen análisis holísticos respecto del deterioro ambiental. Si la organización comunitaria y la política son denostadas como posibilidad de transformación de la realidad, entonces, el horizonte aparece como inexorablemente abrumador.

El discurso del desarrollo sostenible como ¿alternativa?

En la génesis de la escalada de incendios en el litoral subyace el modelo socioeconómico capitalista, que privilegia la acumulación del excedente por sobre el valor del producto que puede obtenerse a partir del uso de los recursos naturales. La tendencia, bajo esta perspectiva economicista y extractivista (Gudynas, 2011), apunta a la concentración de ganancias maximizando los procesos productivos y reduciendo al mínimo los costos (esto es salarios, inversiones, energía, etc.) y subestimando el impacto a mediano y largo plazo. Claro que este criterio de eficiencia no incluye la sostenibilidad de esos recursos, sino la sustentabilidad económica y empresarial en los términos de rentabilidad bajo una mirada cortoplacista.

El concepto de sustentabilidad condensa diferentes perspectivas. La sustentabilidad ecológica –en sentido estricto– implica un modelo productivo que contemple la posibilidad de sustentar la estructura y dinámica de los ecosistemas garantizando los ritmos naturales. Otra acepción, quizás la más instalada y convalidada por gran parte de los organismos internacionales, tal como mencionan Foladori y Tommasino (2000), es la sustentabilidad social limitada que persigue un propósito similar, pero privilegiando el bienestar de la población como condición para alcanzar esa sustentabilidad ecológica. Esta postura, tal como señalan los autores, ha estado ligada a la concepción de progreso en términos de crecimiento económico como si este implicara, per se, la redistribución social. He ahí una de las mayores falacias del enfoque.

En los hechos, la sustentabilidad es entendida como la implementación de prácticas económicamente rentables, que terminan homologando el concepto de territorio al de mercancía (Delgado Ramos, 2015) y denostan –bajo la concepción neoliberal del desarrollo (Wainer, 2019)– al Estado cuando intenta regular la economía, a pesar de que son los mercados internacionales quienes realmente condicionan estos procesos a través del precio de los commodities. La perspectiva de la sustentabilidad asociada al desarrollo supone, tal como expresan Foladori y Tommasino (2000), que lo que debe sustentarse es el desarrollo y no la naturaleza.

En este contexto, la perspectiva economicista de la sustentabilidad, impuesta por los grupos hegemónicos, debería ser reconsiderada y sustituida por un modelo de desarrollo sostenible que sea capaz de revisar la idea de que la degradación ambiental (del Sur) está asociada a la pobreza como fenómeno, porque no es cierto que el crecimiento económico, con su consecuente deterioro ambiental, conduzca a la mejora de los indicadores de calidad de vida. La experiencia acumulada, da cuenta de que la lógica del derrame no sólo es tautológica, sino perversa.

No se trata de producir más para poder derramar el excedente entre quienes tienen un acceso limitado a los recursos, sino de transformar el paradigma del consumismo y el eufemismo del crecimiento económico ilimitado. Para mitigar la pobreza se requieren políticas públicas que contemplen la redistribución. Retomando a Sachs “se impone construir [...] un criterio de racionalidad social diferente de la lógica del mercado, que se base en los postulados éticos complementarios de la solidaridad sincrónica con la generación actual y de la solidaridad diacrónica con las generaciones futuras” (1980, p. 720).

Teniendo en cuenta estas consideraciones, coincidimos con Foladori y Tommasino (2000) en que el término de “desarrollo sustentable” es vago y se presta a diferentes interpretaciones, ya que la insustentabilidad está en la génesis del capitalismo como sistema.

Es hora de invertir la ecuación profundizando en un modelo sostenible con inclusión social, que permita que los excedentes producidos por el uso del ambiente puedan ser destinados al desarrollo de políticas innovadoras de redistribución que reviertan la situación de pobreza y marginalidad en la que vive el sector de la población menos privilegiados de la sociedad. Para ello es necesario superar la visión de la capitalización como propósito de la actividad económica, reemplazándola por una estrategia de planificación a mediano y largo plazo que contemple cierto ordenamiento en el uso de los recursos naturales y que incluso trascienda el concepto de recurso como insumo para la producción, retomando la concepción del bien común encarnada en las tradiciones indoamericanas que actualmente abrevan en la llamada filosofía del buen vivir (Friggeri, 2021). Esta perspectiva, no obstante, configuraría un proyecto de país que se contrapone a aquel que es regido por los avatares y fluctuaciones de la lógica más ortodoxa del mercado.

La educación entonces...

Conocer y compartir lo conocido configurando pautas de vida y nuevos saberes que van transformando y resignificando dialécticamente ese conocimiento ha sido un proceso inscripto en nuestra cultura. Por ello, es imposible pensar en un modelo de desarrollo sostenible al margen de una estrategia de educación que aporte a la construcción de una visión racional del mundo.

Es necesario trascender el reduccionismo con que usualmente suelen ser presentados estos temas, para promover la construcción de lógicas congruentes con una gestión contextualizada del entorno que sea capaz de validar políticas y normas que mayormente son contrarias al poder económico. Ello requiere desentrañar la conflictividad ambiental acudiendo a análisis que, anclados en una perspectiva crítica, contemplen las diversas dimensiones inherentes a la complejidad y que resignifiquen el sentido común, multiforme y adoptado (Gramsci, 2003 [1948]) transformándolo en un sentido comunitario que fortalezca los intereses colectivos por sobre los corporativos.

En este contexto, Argentina ha avanzado en una ley de Educación Ambiental Integral (Ley N° 27621) que tiene como propósito “establecer el derecho a la educación ambiental como una política pública nacional”, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional; con lo establecido en el artículo 8 de la Ley General del Ambiente (Ley N° 25.675) y en el artículo 89 de la Ley de Educación Nacional (Ley N°26206). Sin embargo, la norma es ambigua y, en el mejor de los casos, resulta en una expresión de deseos que no arroja demasiada luz respecto de cómo las instituciones educativas deberían implementarla. (Sessano, 12 de mayo 2023).

Justamente aquí radica uno de sus principales riesgos: naturalizar la visión edulcorada de la educación ambiental (que arraiga en los postulados de la educación ambiental tradicional propuestos en la Conferencia de Tbilisi) que subroga en la ciudadanía la responsabilidad casi exclusiva del cuidado del ambiente, en detrimento de una perspectiva que dispute sentido a la racionalidad económica mercantilista. La peligrosa consecuencia que puede albergar esta situación es que se termine por fortalecer la lógica del sentido común hegemónico, adjudicando a la sociedad, por omisión o por desconocimiento, el rol de cómplice de quienes son responsables del ecocidio actual, del que los incendios forestales del litoral y el delta del Paraná constituyen tan sólo un ejemplo.

Esta disputa, en términos simbólicos, implica promover un debate profundo respecto del propósito de la educación ambiental, que permita, desde la pedagogía del diálogo (Freire, 1975 [1968]), formular un corpus ideológico que fomente la construcción de una nueva racionalidad. La clave, quizás, radica en pensar críticamente el tipo de formación que se pretende, tanto para la comunidad en general como para los formadores de formadores y los futuros profesionales en las diferentes áreas de incumbencia que, en definitiva, serán los responsables de la gestión ambiental a mediano plazo, avanzando en la definición de los contenidos y métodos que conforman los planes de estudio, a fin de promover un aprendizaje situado, significativo y crítico (Canciani y Telias, 2014). En estos tiempos, donde los acuerdos civilizatorios están en crisis, la comunidad académica y la política enfrentan un desafío sin par: construir sentido crítico como contrasentido del sentido común instalado, que resignifique y dé sentido al interés común.

Finalmente

Es imposible pensar que la gestión del ambiente y el desarrollo económico y social puedan ser dimensiones disociadas de un modelo de concebir nuestra relación con el entorno y con quienes lo habitamos. En la génesis de la perspectiva desarrollista existe una trama mercantilista que ha conllevado al deterioro del ambiente, a la desigualdad económica y social y a la crisis de la racionalidad. Apostar a un cambio cultural es crucial como forma de transformar el presente. Bajo una racionalidad crítica que pondere las verdaderas responsabilidades y exponga la trama que subyace en las problemáticas ambientales, sería imposible entonces, que el incendio de los campos en el litoral argentino, como ejemplo de una de las tantas situaciones de deterioro que caracteriza a la actual crisis ambiental, pueda ser presentado y convalidado como si fuera un accidente.

Referencias

Arteta Melgarejo, Ximena Carolina et al. (2021). Colonialidad de la naturaleza: Aspectos decoloniales para el debate sobre el Desarrollo Sostenible. Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico, (14), 288-300. https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/9244

Bauman, Zygmunt (2013 [1999]). Liquid modernity. New Jersey: John Wiley & Sons.

Canciani, Ma. Laura, y Telias, Aldana (2014). Perspectivas actuales en educación ambiental: la pedagogía del conflicto ambiental como propuesta político-pedagógica. En Telias, Aldana et al. (coord.), La educación ambiental en la Argentina: actores, conflictos y políticas públicas. (pp. 51-73). CLACSO. San Fernando: La Bicicleta.

Cieza, Daniel (2021). Hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Las aguas bajan turbias? Revista Derechos en Acción, 6(19), 391-409. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/127070

Clarín (27 de noviembre de 2022). No hay que engañar a la sociedad que con una nueva ley de humedales se van a apagar los incendios. https://www.clarin.com/rural/advierten-ley-humedales-impulsa-oficialismo_0_qFyI2IPS93.html

Clarín (9 de agosto de 2022). Video: una cámara captó el momento en que se inicia un incendio intencional en el Delta. https://www.clarin.com/sociedad/video-momento-persona-inicia-incendio-delta_0_Uxmhg3ADCR.html

Delgado Ramos, Gian Carlo (2015). Configuraciones del territorio: desarrollo, desarrollismo, transiciones y alternativas. Argumentum, 7(2), 32-58.

El Diario AR (12 de agosto de 2022). Ley de humedales: atrapada entre el lobby empresario y la oposición de las provincias. https://www.eldiarioar.com/sociedad/ley-humedales-lobby-empresario-oposicion-provincias_1_9239515.html

Eschenhagen, María Luisa (2007). Diversas consideraciones y aproximaciones a la noción de complejidad ambiental. Gestión y Ambiente, 10(1), 83-94.

Foladori, Guillermo y Tommasino, Humberto (2000). El concepto de desarrollo sustentable treinta años después. Desenvolvimento e Meio Ambiente, 1, 41-56.

Freire, Paulo (1975 [1968]). Pedagogía del oprimido. México D.F.: Siglo XXI.

Friggeri, Félix Pablo (2020). Buen vivir y socialismo indoamericano, una búsqueda epistémico-política. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 36, 1-17. https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/T9PFHSdgMPfw8VTx394zf3f/?lang=es

Gramsci, Antonio (2003 [1948]). El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Nueva Visión.

Grosso, Susana et al. (2010). Impactos de los pools de siembra en la estructura social agraria: Una aproximación a las transformaciones en los espacios centrales de la provincia de Santa Fe (Argentina). Revista de Estudios Regionales y Mercado de Trabajo, 6, 115-138. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=arti&d=Jpr4537

Gudynas, Eduardo (1999). Concepciones de la naturaleza y desarrollo en América Latina. Persona y sociedad, 13(1), 101-125. http://www.buyteknet.info/fileshare/data/ambides_lect/Gudynas.pdf

Gudynas, Eduardo (2011). Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo. En Wanderley, Fernanda (coord.), El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina (pp. 379-410). La Paz: CIDES UMSA.

Infobae (29 de septiembre de 2022). Ley de Humedales: los puntos más destacados de los dos proyectos que buscan obtener dictamen. https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2022/09/29/ley-de-humedales-los-puntos-mas-destacados-sobre-los-dos-proyectos-que-podrian-obtener-dictamen/

Lanata, Jose Luis (1993). Evolución, espacio y adaptación en grupos cazadores-recolectores. Revista do Museu de Arqueología e etnología, (3), 3-15.

Leff, Enrique (2003). La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable: economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza. Revista Líder, 11(11), 21-38.

Leff, Enrique (2007). La complejidad ambiental. Polis. Revista Latinoamericana, 6(16), 93-105.

Marchetti, Zuleica et al. (2013). Humedales del río Paraná con grandes lagunas. En Benzaquén, Laura et al. (dds). Inventario de los humedales de argentina: sistemas de paisajes de humedales del corredor fluvial Paraná-Paraguay (pp. 187-206). Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Merlinsky, Gabriela (2017). Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. Notas teórico-metodológicas. Acta sociológica, 73, 221-246. https://doi.org/10.1016/j.acso.2017.08.008

Página 12 (11 de noviembre de 2022). Ley de Humedales: Juntos por el Cambio impuso su proyecto como dictamen de mayoría. https://www.pagina12.com.ar/496669-ley-de-humedales-juntos-por-el-cambio-impuso-su-proyecto-com

Página 12 (12 de agosto de 2022). Incendios en el Delta: se quemaron más de 10 mil hectáreas frente a Rosario y la Justicia no encuentra culpables. https://www.pagina12.com.ar/472562-incendios-en-el-delta-se-quemaron-mas-de-10-mil-hectareas-fr

Página 12 (19 de agosto de 2022). Quiénes están detrás de los incendios en el Delta. https://www.pagina12.com.ar/474505-quienes-estan-detras-de-los-incendios-en-el-delta

Pintos, Patricia y Maraggi, Inés (2021). ¿Humedales al límite o límites a la devastación de humedales? Entretelones de una Ley postergada. En Melón, Daiana y Relli Ugartamendía, Mariana (coords.), Geografías del conflicto: Crisis civilizatoria, resistencias y construcciones populares en la periferia capitalista (pp. 61-69). Buenos Aires: Muchos Mundos. https://www.memoria. fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.4934/pm.4934.pdf

Preiti, Francisco (2020). Fuego en las islas, humo en los medios: Reflexiones sobre los discursos acerca de las quemas en las islas del Delta paranaense. Revista Chilena de Semiótica, 14, 143-148.

Quintana, Rubén y Bó, Roberto (2010). Caracterización general de la región del Delta del Paraná. En Blanco, Daniel y Méndez, Florencia (eds.), Endicamientos y terraplenes en el Delta del Paraná: Situación, efectos ambientales y marco jurídico (pp. 5-13). Buenos Aires: Etlands International.

Ramonet, Ignacio (2013). Medios de comunicación: ¿un poder al servicio de intereses privados? En De Moraes, Denis; Ramonet, Ignacio y Serrano Pascual (eds.), Medios, poder y contrapoder. De la concentración monopólica a la democratización de la información. Buenos Aires: Biblos.

Reboratti, Carlos (2000). Ambiente y sociedad: conceptos y relaciones. Buenos Aires: Ariel.

Sachs, Ignacy (1980). Ecodesarrollo: Concepto, aplicación, implicaciones. Comercio Exterior, 30(7), 718-725.

Sessano, Pablo (12 de mayo 2023). Ley de Educación Ambiental: dos años de muchas palabras y poca integración en las aulas. Tierra Viva. https://agenciatierraviva.com.ar/ley-de-educacion-ambiental-dos-anos-de-muchas-palabras-y-poca-integracion-en-las-aulas/

Steffan, Pamela; Alcaráz, Ana Paula y Antiñir, Agustina (2021). Prehistoria: Desde el origen de la humanidad hasta el surgimiento de las sociedades complejas. Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Wainer, Andrés (2019). ¿Desarrollismo o neoliberalismo? Una economía política del macrismo. Realidad Económica, 48(324), 33-68. https://ojs.iade.org.ar/index.php/re/ article/view/60

Zavaro Pérez, Carlos A. (2019). ¿Saber sobre la naturaleza o naturaleza del saber? La ciencia y filosofía como lectura de la realidad. Ludus Vitalis, 26(50), 275-278. http://www.ludus-vitalis.org/ojs/index.php/ludus/article/view/812/818

Zavaro Pérez, Carlos y Trejo, Mariana (2020). Problemas ambientales y la racionalidad: el rol de los medios. Actas de Periodismo y Comunicación Social, 6(2), 1-12. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/124114

IR