Por la democracia y la vida digna: cuarenta años de luchas feministas en Chile

Pela democracia e por uma vida digna. Quarenta anos de lutas feministas no Chile

For democracy and dignified life. Forty years of feminist struggles in Chile

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Si quisiéramos condensar este siglo y medio de luchas feministas más allá de las especificidades de los distintos contextos en que estas se han desplegado, podríamos convenir en que el esfuerzo por superar las exclusiones invisibles de la democracia patriarcal-colonial y por defender la vida frente a la explotación capitalista han sido elementos permanentes. Los movimientos sufragistas que se levantaron desde los albores del siglo XX, las organizaciones feministas obreras que trabajaban por elevar las condiciones materiales y culturales de las mujeres trabajadoras, las campañas por el salario para el trabajo doméstico, los feminismos negros e indígenas y su resistencia contra el racismo y el dominio colonial, las luchas por los derechos humanos y por la recuperación de la democracia que miles de mujeres emprendieron en contextos de dictaduras militares y guerras, las luchas contra el extractivismo y el despojo de territorios, así como aquellas destinadas a ampliar las libertades y derechos sexuales y a detener el avance de las reacciones autoritarias y conservadoras tienen un factor común: todas son, en última instancia, luchas por la vida y por la democracia sostenidas por los feminismos en este último siglo y medio de historia.

La centralidad de estos ejes no es, ciertamente, casual. Desde el análisis de la acumulación originaria elaborado por Marx a las actuales producciones críticas en torno al extractivismo, la mercantilización de la reproducción social y la emergencia de proyectos autoritarios, se suma evidencia para afirmar que el capitalismo, en sus distintas etapas y concreciones históricas, se opone la voluntad democrática de las mayorías y desarrolla agresivas formas de colonización de la reproducción social.

La emergencia feminista contemporánea transcurre en un momento en que estas tendencias generales se intensifican y en que, tras casi medio siglo de despliegue, el neoliberalismo exhibe sus contradicciones y consecuencias más extremas. Las investigaciones que se desarrollan en el marco de la llamada Teoría de la Reproducción Social (Bhattacharya, 2017; Ferguson, 2020; Vogel, 2013), por ejemplo, han mostrado cómo el capital ha ido subsumiendo esferas esenciales de la vida social a la lógica de la valorización destruyendo los sistemas de seguridad social que, en distinta medida y con alcances desiguales, se habían desarrollado desde mediados del siglo XX, y mercantilizando aspectos como la salud, la educación, las pensiones y los servicios básicos. Los estudios que se concentran en el análisis de la deuda como mecanismo privilegiado para el sometimiento político de poblaciones (Gago y Cavallero, 2021; Gago, Cavallero y Federici, 2020; Lazzarato y Alliez, 2021; Lazzarato, 2013), como aquellos que se enfocan en los procesos de acumulación por desposesión (Federici, 1990; Galafassi, 2012) o el extractivismo (Svampa y Viale, 2015; Gudynas, 2019), así como los que analizan la emergencia de proyectos autoritarios extremos (Brown, 2016 y 2021; Traverso, 2020) o el vaciamiento de la política y la democracia (Meiksins Wood, 2000; Streeck, 2016; Ruiz, 2019), presentan al neoliberalismo como una gran máquina de desposesión material y política en cuyo interior las condiciones de vida de las mayorías son atacadas de manera agresiva por el capital, al mismo tiempo que la política se vuelve impotente para dar solución a los problemas engendrados por esos múltiples procesos de despojo.

Ahora bien, el movimiento feminista contemporáneo no solo se despliega en un momento avanzado del desarrollo neoliberal y de sus contradicciones, sino también, como ha planteado Nancy Fraser (2020), en medio de una crisis general del capitalismo financiarizado cuya envergadura inédita nos coloca en un umbral histórico en que las opciones se juegan entre salidas democratizadoras y regresiones autoritarias. De acuerdo con la misma Fraser, en esta etapa son las luchas por la reproducción social y por la democracia las que han tomado protagonismo, no solo por la contracción del movimiento obrero clásico y de los partidos que durante el siglo XX representaron los intereses de las clases populares, sino también porque las propias contradicciones neoliberales han hecho emerger luchas específicas como aquellas por el derecho a la salud, a la educación y las pensiones, contra el endeudamiento y por el medio ambiente, entre otras (Fraser, 2020). El movimiento feminista, que en la actualidad se erige como aquel con mayor capacidad de movilizar masivamente a amplios sectores de la sociedad en contra de las desposesiones impuestas por el neoliberalismo, y de orientar la contestación social hacia un horizonte de soberanía popular y solidaridad social, adquiere un lugar estratégico desde el punto de vista político.

Este es el marco general en que nos situamos en este ensayo y desde allí queremos mirar el desarrollo del movimiento feminista en Chile en los últimos cuarenta años y su rol protagónico en las luchas por la democracia y por la vida en momentos clave de la historia reciente del país.

Como sabemos, el caso chileno es paradigmático en las tendencias que hemos descrito. En un país cuyo proceso de democratización había superado los límites de la democracia formal y que daba paso a formas de redistribución del poder y la riqueza intolerables para la oligarquía local y amenazantes para el imperialismo norteamericano a comienzos de los setenta, el golpe de Estado de 1973 arrasó con décadas de conquistas del movimiento popular y realizó una refundación capitalista que habría sido imposible sin esos niveles de represión. El neoliberalismo se inauguraba en Chile exhibiendo su necesidad de poner freno a la soberanía popular y su desprecio por la vida, traducido en miles de asesinados, desaparecidos y torturados. Y hoy, tras casi medio siglo, cuando atraviesa su crisis más profunda, vuelve a desatar su violencia en contra de las fuerzas populares que han puesto en cuestión su continuidad.²

Cuando miramos la historia del neoliberalismo en Chile en estos dos momentos, el de su instalación y el de sus crisis, podemos apreciar el lugar que el movimiento de mujeres y feminista ha tenido al interior de las luchas antineoliberales: fueron las mujeres las que primero se organizaron por la defensa de los derechos humanos y para sostener la vida en medio de la aguda crisis económica que produjo el paquete de reformas estructurales que aplicó el régimen militar; fue el movimiento feminista una de las actorías protagónicas en las luchas por la recuperación de la democracia y, en la actualidad, es el movimiento feminista el que se ha vuelto a poner al frente en este ciclo de intensificación de las luchas sociales.

El objetivo de este ensayo es, entonces, mostrar cómo el feminismo, en dos momentos cruciales del desarrollo neoliberal en Chile, ha encarnado las luchas por la vida y por la democracia. Nos proponemos, a partir de la reconstrucción de algunos de sus principales hitos, mostrar el carácter estratégico del feminismo en las luchas antineoliberales y relevar las claves teórico-políticas que, acumuladas en estos cuarenta años de luchas, ofrecen luces para orientar la crisis general del capitalismo financiarizado hacia salidas que profundicen la determinación popular de la política y la sostenibilidad de la vida.

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la instalación de una dictadura cívico militar que se extendería por 17 años fue el punto de partida de la imposición del modelo neoliberal en Chile. La persecución, encarcelamiento, ejecución y desaparición de militantes y líderes del campo popular y las políticas de ajuste estructural aplicadas desde fines de esa década produjeron un shock a nivel organizativo y un recrudecimiento de la precarización de la vida para amplios sectores de la sociedad. En este contexto, de negación de la democracia y de ataques a la vida, se desplegó el movimiento de mujeres y feminista bajo nuevas claves. La condición paradojal de esta emergencia, que se produce justamente en el período de mayor represión y persecución política, es uno de los elementos que destacan feministas como Julieta Kirkwood (2010). En Chile, al igual que en otros países del continente en los que se observan procesos análogos, las mujeres y feministas protagonizaron las luchas por la defensa de los derechos humanos y las respuestas frente a la crisis económica y la carestía de la vida (Tessada, 2013).

Ya en los momentos iniciales de la dictadura, entre 1973-1976, surgen organizaciones y espacios que se dedicaron al cuidado de la vida y la subsistencia,³ como la Asociación de Mujeres Democráticas creada en 1973, y organizaciones de mujeres enfocadas en la defensa de los derechos humanos. En esta primera etapa, las diversas organizaciones de subsistencia, las organizaciones de derechos humanos y el fortalecimiento de comunidades cristianas de base tuvieron una característica común: fueron levantadas principalmente por mujeres, con y sin experiencia previa en espacios de militancia u organización (Palestro, 1991; Valdés y Weinstein, 1993).

Por eso, un primer aspecto que quisiéramos resaltar es la relación entre luchas por la vida y luchas por la democracia que, al interior del movimiento feminista, se dio en una doble dimensión: desde el ámbito de la sobrevivencia frente al hambre, cesantía y carestía de la vida, como también en torno a las violaciones a los derechos humanos, particularmente frente a las detenciones, desapariciones y ejecuciones políticas. La relación entre defensa de la vida frente al autoritarismo se explicita desde los primeros años, a través de la organización de acciones contra las políticas dictatoriales asociadas a la articulación de espacios populares que se autoconvocaron y organizaron para responder a demandas inmediatas. Comedores infantiles y ollas comunes comandadas por pobladoras serán un pie inicial de organización para responder de manera conjunta a las políticas neoliberales que tempranamente comenzó a implantar el régimen militar y que rápidamente produjeron la crisis económica más aguda de la historia reciente.

En este escenario, la respuesta de las mujeres pobladoras se orientó al menos en dos direcciones: incorporarse a los programas laborales y talleres creados para afrontar la crisis y trabajar de forma comunitaria en espacios autoconvocados de organización popular. El volumen de estas iniciativas fue muy considerable. Según la historiadora feminista Sandra Palestro, a comienzos de 1976 funcionaban en Santiago 263 comedores infantiles o populares que atendían a cerca de 25 mil personas y, ya para 1977 el total en la región ascendía a 323 y a 31 mil. De acuerdo con la misma autora, el protagonismo de mujeres fue una característica de estas iniciativas populares: “todos ellos funcionaban sobre la base de la organización y dirección de las mujeres, tanto para la recolección de alimentos y obtención de donaciones como para la preparación de las comidas y administración de los recursos” (Palestro, 1991, p. 7).

La proliferación de estas experiencias, talleres laborales, comedores infantiles, ollas comunes, y la masiva participación femenina en ellos, se debe a que las mujeres se responsabilizaron de la subsistencia familiar frente a la cesantía prolongada de los varones jefes de hogar. Las mujeres “sacaron delante la familia” como se evidencia en varias investigaciones (Palestro, 1991; Largo, Gaviola y Palestro, 1994; Valdés y Weinstein, 1993) y se enfatiza en cómo los talleres de arpilleras, lavanderías o amasanderías fueron espacios que terminaron levantando una economía popular de subsistencia, que, entre otras consecuencias, alteró en la práctica las relaciones de género.

Los comedores infantiles y las ollas comunes, no solo articularon la respuesta de las mujeres populares frente a las condiciones de pobreza provocadas por la primera ola de reformas neoliberales, sino que fueron también espacios de politización en los que las mujeres pudieron problematizar aspectos de su vida cotidiana. Bajo el argumento de “defensa de la vida” en todas sus dimensiones, las mujeres organizadas construyeron espacios donde forjaron un sentido de pertenencia, compartieron problemas que, aparentemente privados, comenzaban a politizarse a través de la construcción de lazos de solidaridad que les permitieron identificarlos, reconocerlos y nombrarlos. Muchos de estos espacios fueron asumidos como lugares de encuentro, de desarrollo y análisis de problemas específicos de las mujeres. Como señala Palestro (1991): “colectivizar un problema básico como es la alimentación habría de generar también la colectivización de otros problemas enfrentados en la vida cotidiana” (p. 15). Estos procesos, a la larga, irán incubando “nuevos elementos que comenzarán a transformar paulatinamente la visión de amplios sectores de mujeres respecto a su condición en la sociedad y que apuntarán más tarde a cuestionamientos y transformaciones en el plano cultural” (Palestro, 1991, p. 12).

Las nuevas labores, espacios de organización y acción de las mujeres en plano político y económico popular articularon también frentes de lucha contra la dictadura. Los cordones de pobladores que comienzan a consolidarse fuerza desde los años ochenta van a ser articulaciones populares clave en la resistencia frente al régimen. En estas instancias de organización popular, las mujeres van a crear mecanismos de encuentro a través de coordinaciones y redes que les permitieron ir desarrollando una identidad colectiva particular. La formación del Movimiento de Mujeres Pobladoras en 1982 fue un hito importante en este proceso en tanto se planteaba como un colectivo que, organizado desde la problemática de la mujer en relación con el problema de la vida y la sobrevivencia, se planteaba al mismo tiempo como un espacio de lucha contra la dictadura. Como señalan Teresa Valdés y Marisa Weinstein, “se fue extendiendo entre estas organizaciones un ‘sentido común’ compartido, y una capacidad de elaborar demandas y propuestas hacia el conjunto de la sociedad” que les permitió insertarse “en un virtual movimiento de mujeres, desde su especificidad de pobladoras” (Valdés y Weinstein, 1993, p. 88).

A partir del año 1983, en que estallan las Jornadas de Protesta Nacional en el marco de una nueva y más grave crisis económica, este doble frente asumido por las mujeres pobladoras –la lucha por la sobrevivencia y por la democracia– se consolida. Una proporción considerable de las organizaciones de mujeres del campo popular va a integrar, al mismo tiempo, las principales articulaciones de mujeres que se levantaron para desarrollar, desde su especificidad, acciones de resistencia contra la dictadura.

El derrotero de las organizaciones de subsistencia animadas por mujeres populares, que conjugó la lucha por la sobrevivencia y la lucha por la democracia, exhibe la trabazón práctica de estas dimensiones. La posibilidad de recuperar las condiciones de reproducción social, implicaba también el derrocamiento del régimen que imponía esas condiciones o, puesto en otros términos, para recuperar las condiciones de vida era necesario restituir la soberanía popular conculcada.

Como venimos mostrando, el movimiento de mujeres reaccionó tempranamente a la dictadura con formas de organización por la defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad de la vida. Junto con esto, debe destacarse también que fueron las mujeres, en particular sindicalistas, quienes iniciaron la rearticulación política de la resistencia. Por ejemplo, el 8 marzo de 1978, el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical convoca al primer acto público que se realiza en dictadura y que convierte a esta fecha en un hito de protesta de allí en adelante. También, a partir de este año y hasta 1981, este departamento organizó cuatro Encuentros Nacionales de la Mujer, que fueron instancias gravitantes en el surgimiento del movimiento feminista.

Desde fines de los años setenta se aprecia el surgimiento de organizaciones de mujeres que, a poco andar, se declararán abiertamente feministas y que se involucrarán en la lucha contra la dictadura desde esta especificidad, creando formas de acción propias, como intervenciones callejeras, encuentros, boletines y revistas y coordinadoras. En 1979, por ejemplo, se crea el Círculo de Estudios de la Mujer, con Julieta Kirkwood entre sus fundadoras. Esta organización da origen, en 1983, a la Casa de la Mujer la Morada y al Centro de Estudios de la Mujer. Ese mismo año, que es central desde el punto de vista de la movilización contra la dictadura, se crean también el MEMCH-83⁴ y Mujeres por la Vida.⁵ Esta última, organizó un multitudinario acto que reunió a más de diez mil mujeres de todo el espectro político de oposición bajo el lema “Hoy y no mañana. ¡Por la vida!”. El “caupolicanazo” –como se bautizó a este hito– fue el un punto de partida para la relación explícita entre democracia y vida desde una clave feminista.

Esta acción feminista que emerge durante la dictadura posibilitó un cuestionamiento a las estructuras de representación tradicionales y una sustantiva reflexión sobre la democracia.⁶ Los nuevos espacios sociales y la articulación de las mujeres como sujeto político consciente de su rol, constituyeron también un estímulo para pensar la política de otro modo. El movimiento compuso una contrapropuesta de sociedad, al plantear un cuestionamiento profundo a la forma tradicional de repartir el poder político entre Estado y partidos (Follegati, 2020a, p. 61) y con ello, se propició un ejercicio sustantivo de teorización sobre los contornos de lo político y lo democrático desde una mirada posicionada en las mujeres, sus necesidades y reivindicaciones. Así, aparecen dos problemas estrechamente vinculados para las feministas de esta generación: la distinción entre lo público y lo privado, y el problema de la democracia y el autoritarismo.

Las producciones de Julieta Kirkwood (1986, 2017, 1987), como también las de Adriana Muñoz (1988), Natacha Molina (1986), Josefina Rossetti y Sonia Montecino (1990) o Margarita Pisano (1990) aportan reflexiones relevantes sobre la tensión democrática durante la activación feminista. Algunas de estas intelectuales y activistas escriben textos sobre feminismo, democracia y sus estrategias. Por otro lado, las elaboraciones de sectores del movimiento, como el Pliego de las Mujeres (Documento presentado a la Asamblea de la Civilidad, 1986) o la Concertación Nacional de las Mujeres a la Democracia, hablan de las discusiones y contenidos sobre las estrategias para el acceso y participación de las mujeres en la futura democracia, y aluden a la necesidad de articular una institucionalidad determinada.

El contexto político funciona entonces como un estímulo para la reflexión sobre la democracia desde el feminismo en tanto pregunta, propuesta y problema, ejes que abordaron en revistas de circulación nacional e internacional.⁷ Julieta Kirkwood, socióloga chilena y una de las teóricas feministas más importantes de la época, enfatizaba en esa posibilidad de constituir un escenario político a raíz de la irrupción feminista en dictadura:

La política, asumida por las mujeres, significa el derecho a opinar, cuestionar, proponer y participar en la abolición de la sociedad pre-sente y en la construcción de la sociedad futura. Y significa también, el derecho irrenunciable a destruir su propia discriminación y explo-tación y a reconstruir su condición futura (Kirkwood, 1987, p. 66).

El problema político feminista, originado por la pérdida de la democracia en el contexto autoritario, deriva así en una crítica a la organización de la vida cotidiana de hombres y mujeres mediante la articulación de ámbitos de acción excluyentes y rígidos: lo público/político y lo privado/doméstico. Este aspecto también es referido por Cecilia Sánchez cuando explica que “el significado de hacer política desde la condición de género de las mujeres sobre la base de sus carencias […] permite integrar dos formas de experiencias antes escindidas: la de lo público y la de lo privado” (Sánchez, 2005, pp. 71-72) y por Natacha Molina, feminista socialista que reflexiona sobre cómo el golpe militar en Chile afecta lo cotidiano, convirtiéndolo en el “espacio político para toda la sociedad”, cuestión que posibilita la integración de estos problemas en la nueva propuesta democrática feminista (Molina, 1986, p. 14).

Paradojalmente, como se ha advertido en otros escritos, el feminismo se recompone en la dictadura chilena en tanto “el autoritarismo ofrece una oportunidad para redefinir la democracia que se quiere construir, desterrando de ella toda forma de subordinación” (Molina, 1986, p. 15). Al igual que Kirkwood, Molina enfatiza en la necesidad de descomponer la dicotomía público/privado como respuesta a la pregunta sobre mujeres y políticas, pues “de ahí surgen propuestas que se caracterizan más por un cuestionamiento de los proyectos de cambio que se ofrecen como alternativa, que por un modelo de legalidad democrática” (Molina, 1986, p. 39). El problema público/privado parece sustantivo en relación con dos aspectos. Por una parte, con la influencia de la segunda ola del movimiento feminista y su lema “lo personal es político”, que en América Latina se tradujo en la multiplicación de los grupos de autoconciencia (Toro, 2009), como también –y este aspecto nos parece relevante– con la tensión entre democracia y autoritarismo a partir de la cual el feminismo elaboró una nueva propuesta de futuro. Un planteamiento esencial en esta dirección fue el de sostener que la democracia “anterior” había mantenido enclaves autoritarios en la vida “privada”, sobre todo en la familia, reproduciendo el rol subordinado de las mujeres en su interior. Las mujeres, sostuvieron las feministas de los años ochenta, han vivido bajo condiciones autoritarias desde antes de la instalación de la dictadura y, a partir de ese entendido, la democracia futura tendría que hacerse cargo de abolir esos núcleos de desigualdad, invisibles si no se adopta una mirada feminista.

El movimiento feminista antidictatorial territorial y popular cuestiona entonces,

la normalidad política democrática asignando un componente de democratización vinculado al espacio privado, alterando así los re-gímenes de producción y reproducción de las relaciones sociales: la política feminista visibiliza cuestiones como la familia, sexualidad y cotidianeidad desde la cual se esgrimen propuestas de cambio políti-co para amplios sectores sociales (Follegati, 2020, p. 61).

Un ejemplo de ello es el documento Principios y reivindicaciones que configuran la plataforma de la mujer chilena del MEMCH-83 (1985), en que esta organización desarrolla una serie de reivindicaciones desplegadas en distintas áreas:

Garantía de una alimentación con las necesidades básicas del ser humano; recuperación de los niveles de atención médica; creación de fuentes de trabajo dignas para la mujer; plan de construcción de viviendas; condonación de deudas de servicios básicos; gratuidad de la educación (Palestro, 1991, p. 50).

El Pliego de las mujeres (1986), documento de la agrupación Mujeres por la Vida, también consigna una multiplicidad de aristas que debiese abordar una futura democracia, como la creación de fuentes de trabajo, ajuste de remuneraciones, acceso a la vivienda, gratuidad en la educación, etc. Ambos documentos recalcan un aspecto clave: las prácticas autónomas de organización de las mujeres fueron una fuente de reflexión sobre la condición de injusticia y precariedad, como también para la articulación de una demanda democrática que apelaba a una transversalidad de aspectos componiendo un discurso general sobre justicia social.

En este sentido, es preciso puntualizar que la propuesta feminista de una sociedad alternativa nace a partir de las experiencias sociales autónomas que surgen en los espacios populares, donde el movimiento de mujeres representa un abanico amplio de demandas que exigen transformaciones a nivel económico estructural pero también desde un plano político social y cultural donde esas transformaciones se reflejen en la vida cotidiana. Como señala la consigna “democracia en el país y en la casa”, la política feminista de los ochenta reflexionó sobre el origen o nudo basal de la situación de exclusión de la política y condición de subordinación de las mujeres, teorizando sobre la distinción entre los espacios de la casa y la calle. De esta forma, la reflexión sobre lo público y lo privado, como también los roles históricos de género, tendría una relación con las prácticas y formas del sistema político. En diversos textos de la época, manifiestos o pliegos de mujeres, se percibe la vinculación entre la participación política de las mujeres con su compromiso democrático, elemento que se manifiesta a través de un cuestionamiento profundo a la matriz autoritaria presente en la sociedad. A la vez, plantean la condición política de aspectos relevados a un segundo plano, como la vida cotidiana y espacio privado (Gaviola, Palestro y Largo, 1994, p. 234).

Todas estas reflexiones fueron planteadas por las feministas en los diversos materiales que produjeron y crearon al calor del movimiento, vinculando la acción estratégica con la teórica y planteado, a través de estas, sus tensiones. Resulta indicativo el debate entre la prioridad de feminismo y democracia que el movimiento feminista tuvo con sectores de la izquierda chilena. “No hay feminismo sin democracia” planteaban grupos de oposición. Esta frase, reclamaba Julieta Kirkwood “encierra otra manera de reafirmar la secuencia: lucha contra la dictadura y por la democracia primero; el problema de la mujer, después” (Kirkwood, 1987, p. 20). La respuesta de Kirkwood desarmaba esa oposición espuria.

El segundo aserto, opuesto al anterior, invierte los términos y pasa a afirmar que “no hay democracia sin feminismo”. Descartando las prioridades o contradicciones primarias o secundarias, afirma la na-turaleza constitutiva de toda opresión que implica la dominación, discriminación y subordinación de las mujeres en el mundo priva-do y público. A la vez, muestra que la desconsideración del mundo privado, en un proceso de cambio, ha sacralizado y precipitado a las mujeres dentro de una ideología y una práctica política conservadora [...] Este aserto denota la posibilidad de hablar, de señalar, juntas, to-das las opresiones en una nueva síntesis no estratificada desde fuera (Kirkwood, 2010, p. 50).

Como señalan Ríos, Godoy y Guerrero sobre este debate:

En términos teóricos se hace referencia a la manera de entender la democracia, a partir de la disyuntiva entre la sentencia de que “no hay feminismo sin democracia”, que señalaba que lo primero era la lucha opositora al gobierno autoritario y que en un lugar secunda-rio quedaría la discriminación de la mujer, postura sostenida por las “políticas”; y la que plantea que “no hay democracia sin feminismo”, sostenido por las “feministas”, quienes descartan la idea de las prio-ridades entre una lucha y otra. En ambos casos, la noción de demo-cracia se transforma en un eje central en el discurso feminista como utopía que es posible alcanzar (Ríos, Godoy y Guerrero, 2003, p. 54).

Esta reunión de luchas por la vida y luchas por la democracia, realizadas precisamente durante los años en que se disputaba la salida de la dictadura y el establecimiento de un nuevo orden, convirtieron al movimiento feminista en una actoría clave en las luchas contra el régimen militar. Sin embargo, cuando asume el primer gobierno civil en marzo de 1990, comenzará un largo periodo de democracia restringida y desarticulación del campo popular y el propio movimiento feminista se fragmentará y perderá el protagonismo que había alcanzado en el campo de las fuerzas populares (Ríos, Tobar y Guerrero, 2003).⁸ Tendrán que pasar varias décadas para que el feminismo retome su lugar y vuelva a convertirse en la punta de lanza de las luchas por la vida digna y la democracia al interior de la sociedad chilena.

El proyecto neoliberal que se instala en Chile en las excepcionales condiciones que impuso la dictadura se desplegó y robusteció durante las tres décadas que siguieron al traspaso del gobierno a manos civiles. La consigna “No son 30 pesos, son 30 años”, que condensa una buena parte del sentido de la revuelta popular que se inicia en octubre de 2019, es indicativa de ello. El resultado de esta continuidad neoliberal, y sus consecuencias sociales se aprecian hoy con claridad. Si al comienzo de esta reflexión decíamos que el neoliberalismo es, en el fondo, una máquina de desposesión material y política, el caso chileno, ya no solo en sus comienzos, sino sobre todo en su madurez, se convierte en un modelo ejemplar. En estas décadas, el avance del capital sobre la reproducción social ha sido extremo. En Chile, todos los servicios sociales se encuentran, en distintos niveles, privatizados, pero, al mismo tiempo, se ha creado un mercado en el que empresas privadas reciben dineros públicos para proveer educación, salud, pensiones, carreteras, etc. Se ha hablado de un “capitalismo de servicio público” para poner de relieve cómo el Estado ha estado al servicio de la acumulación empresarial en aspectos clave de la reproducción social.

Por otro lado, mientras el capital avanzaba sobre la vida, la sociedad chilena iba siendo despojada de los instrumentos políticos para luchar por sus intereses. La transición a la democracia significó un repliegue de los movimientos sociales y la organización popular. Numerosos análisis sobre este periodo coinciden en reconocer que la desarticulación social fue un requisito de la democracia tutelada (Iglesias, 2015; Guerrero, 2006; De la Maza, 1999) que caracterizó el proyecto de política sin sociedad de la posdictadura (Ruiz, 2015). La idea de la política como un espacio para expertos, el veto a cualquier discusión sustantiva sobre el modelo económico, el desdibujamiento del carácter socialdemócrata de la alianza centroizquierdista que condujo la transición, la colonización empresarial de la política, por nombrar solo algunos elementos, terminaron por desfondar el sentido mismo de la democracia. Las consecuencias están a la vista: en Chile la abstención electoral bordea el 60% y, ni siquiera el ciclo abierto por la revuelta de octubre ha revertido esta situación de forma sustantiva.

Sin embargo, a pesar de la desarticulación social políticamente producida y del vaciamiento de la democracia, los conflictos producto de las consecuencias del neoliberalismo no dejaron de emerger y de intensificarse con el correr de las décadas.⁹ Hacia fines de los años noventa, se inicia una nueva etapa del movimiento mapuche contra el despojo neoliberal de sus territorios vinculado al negocio forestal y a la alianza empresarial-estatal que lo sustentaba. El surgimiento de la Coordinadora Arauco Malleco fue un hito de este proceso (Pairicán, 2014). Luego, al promediar los años dos mil, los trabajadores subcontratistas, figura propia de las políticas laborales del neoliberalismo, hacen su entrada en el escenario de conflictos sociales desafiando no solo al empresariado y al Estado, sino también al sindicalismo de viejo cuño incapaz de apropiarse de las nuevas formas de explotación. Paralelamente, por esos mismos años, comienza a emerger el movimiento estudiantil, actor clave en la erosión de la hegemonía del neoliberalismo al instalar la idea de educación pública y gratuita como un derecho y la crítica al lucro empresarial con los derechos sociales. Al auge del movimiento estudiantil, siguió el fortalecimiento de la lucha por el establecimiento de un sistema solidario de previsión social y el fin de las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP). Este movimiento profundizaba la crítica al lucro empresarial sobre la base de dimensiones de la vida social que debieran ser derechos. Al mismo tiempo, durante estos años emergen a nivel local una serie de conflictos socioambientales protagonizados por comunidades en resistencia contra empresas extractivistas en las llamadas “zonas de sacrificio” y contra la privatización del agua. Algunas organizaciones lograron traspasar el nivel local, convertirse en movimientos nacionales y conquistar espacios de representación política.¹⁰

Este conjunto de luchas, que se fueron intensificando durante la última década, pueden comprenderse como esfuerzos por recuperar dimensiones de la reproducción social de la lógica mercantil, y por lo tanto expresan conflictos específicamente neoliberales. Son expresiones del nivel de mercantilización de la vida social en Chile y de la pérdida de soberanía individual y colectiva sobre las condiciones de reproducción social. Al mismo tiempo, todos estos movimientos chocaron sin excepciones con los límites antidemocráticos de la política transicional. Era imposible responder a las demandas sociales que planteaban sin modificar el modelo social y político imperante, pero la política no era un espacio de soberanía popular que permitiera tomar esas decisiones. Conscientes de estos límites, algunos movimientos desarrollaron formas de democracia directa y reivindicaron el derecho a decidir sobre los asuntos esenciales de la vida colectiva, desafiando el carácter antidemocrático de la democracia chilena. Por ejemplo, en octubre de 2011, ya con varios meses de desarrollo de la revuelta estudiantil, diversas organizaciones sociales agrupadas bajo el nombre de Mesa Social por la Educación, levantaron un proceso de votación popular autogestionado en el que participó cerca de un millón y medio de personas. En la consulta, el 91,3% se manifestó a favor de la educación pública y gratuita y el mismo porcentaje se pronunció a favor del establecimiento de plebiscitos vinculantes para temas importantes para el desarrollo de la vida social. Algunos años después, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2017, el movimiento No más AFP también levantó un plebiscito a nivel nacional de manera autogestionada. En esa ocasión, en la que votó cera de un millón de personas, un 97% de los participantes se pronunció a favor de acabar con las AFP.

Los ejemplos citados sirven para ilustrar cómo las luchas por recuperar la soberanía sobre las condiciones de vida y reproducción social, características del ciclo neoliberal, se han anudado explícitamente a demandas por recuperar para las mayorías el poder de decidir colectivamente sobre los asuntos cruciales de la vida común. Sin embargo, será solo con la revuelta popular de octubre de 2019, en tanto conjunto articulado de luchas históricas, que la movilización social logrará derribar los amarres antidemocráticos de la política y abrir un espacio de deliberación colectiva con altos niveles de representación de los intereses subalternos, como nunca antes había ocurrido en la historia del país.

El movimiento feminista contemporáneo en Chile surge al interior de este ciclo de luchas antineoliberales. Su trayectoria, desde comienzos del 2010 en adelante (Follegati, 2018a), ha señalado una profunda insistencia crítica son el enraizamiento neoliberal en la sociedad, como también con una incomodidad y luego cuestionamiento efectivo a las formas políticas tradicionales. Como es sabido, uno de los primeros espacios de la actual irrupción feminista fue el educativo en el contexto de la fuerza del movimiento estudiantil a partir de los años 2000 (Follegati, 2018a). Las estudiantes comienzan un proceso de cuestionamiento transversal no solo de la mercantilización de la educación, sino también de las propias formas de producción del conocimiento y masculinización de la política estudiantil donde consignas como “Educación no sexista” reflejan una restitución de los conocimientos feministas, una crítica a los situaciones de violencia al interior de los espacios educativos y la demanda por formas de educación que se basen en el feminismo como plataforma democrática para impartir conocimientos (Troncoso, Follegati y Stutzin, 2019).

Por otra parte, el carácter internacionalista del movimiento también fue un estímulo para su potencia contemporánea. En octubre de 2016, se convoca a una marcha articulada por organizaciones feministas a nivel latinoamericano para protestar en contra de los feminicidios. Bajo el lema #NiUnaMenos, que había comenzado a dar la vuelta al mundo tras ser acuñado en Argentina el año anterior, más de cien mil personas, una cifra inusual en ese entonces, se reunieron en la plaza principal de Santiago y manifestaciones igualmente masivas se registraron en distintas ciudades del país. La envergadura de esa movilización daba cuenta de que una nueva fuerza maduraba en el seno de la sociedad chilena que a partir de allí no haría sino desplegarse con asombrosa rapidez: conversatorios, colectivos, marchas y mitines se organizan durante esos años convocando y extendiendo cada vez más el pensamiento, acción y reflexión feminista como una necesidad más allá de aspectos acotados o determinados.

El 2018 fue, para el feminismo chileno, otro año decisivo. Tras un 8 de marzo que también sorprendió por su masividad, se produjo el llamado “mayo feminista”, una ola de tomas universitarias a nivel nacional que se produjeron como protesta contra el acoso sexual practicado impunemente por profesores y estudiantes varones. La protesta de las estudiantes marcó un punto de inflexión: el acoso sexual y, en general, las violencias machistas se problematizaron abiertamente y, al mismo tiempo, la palabra feminismo regresaba, después de décadas de proscripción, al debate público y se instalaba de manera definitiva en el escenario social chileno. Después del “mayo feminista”, un segundo hito clave fue la Huelga feminista del 8 de marzo de 2019 convocada por la Coordinadora Feminista 8M. Ese día cerca de quinientas mil mujeres y disidencias sexuales desbordaban la principal arteria de Santiago en la movilización social más masiva de la historia reciente, y que solo fue superada por “la marcha más grande de Chile” que se produjo el 25 de octubre de ese año, una semana después de iniciada la revuelta popular y que congregó a cerca de un millón de manifestantes y por la Huelga de marzo del 2020 que reunió a más de dos millones de mujeres y disidencias sexuales, marcando un nuevo peak en la masividad de las manifestaciones.

Sin embargo, a pesar de su nivel sin precedentes, la masividad no es la única cualidad sobre la cual se afirma la potencia actual de movimiento feminista y su rol estratégico en este momento de las luchas antineoliberales en Chile. Así como en los años ochenta, junto a las movilizaciones masivas el feminismo ha producido un conjunto de elaboraciones que permiten comprender críticamente, desde una perspectiva propia, las condiciones de vida bajo el neoliberalismo y proponer salidas feministas a las diversas crisis que enfrenta la sociedad. La crítica feminista a la democracia transicional y la posibilidad de una democracia feminista (Castillo 2005, 2007, 2011, 2014, 2016; Follegati, 2020b) permite enfrentar la discusión constituyente a partir de maduradas reflexiones sobre nuevas formas, más sustantivas y directas, de comprender la democracia; la ampliación del concepto de violencia de género hacia sus dimensiones estructurales, que ha sido una línea de trabajo de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres (2021, 2019, 2015), ha permitido entender el vínculo entre patriarcado, extractivismo y violencia económica, al interior del neoliberalismo local. El concepto de “femicidio empresarial”, acuñado por el movimiento feminista a propósito de la activista mapuche Macarena Valdés, o la noción de “precarización de la vida” que ha estado desde el comienzo en las consignas y documentos de la Coordinadora Feminista 8M, son ejemplos de la capacidad sintetizar la denuncia de las violencias neoliberales con el llamado a la acción.¹¹ Al mismo tiempo, el desarrollo de lecturas feministas sobre el sexismo en la educación (Red Chilena, 2016), investigaciones sobre las desigualdades de género en trabajo remunerado (Barriga et al., 2020) y en el uso del tiempo y en la carga de trabajo reproductivo (Barriga y Sato, 2021), solo por nombrar algunos ejemplos, muestran la capacidad feminista de elaborar diagnósticos y propuestas. De este modo, la capacidad de movilización social y de elaborar diagnósticos y salidas a la crisis neoliberal han transformado al feminismo en una fuerza transversal al interior del movimiento popular en el Chile de hoy, como pudo observarse durante la revuelta popular y en el actual proceso constituyente.

Se ha planteado que la emergencia del movimiento feminista contribuyó al desarrollo de una disposición a la crítica y a la lucha en amplios sectores de la sociedad chilena (Dragnic y Ferretti, 2020). El carácter transversal de la crítica e incomodad feminista, junto con la irrupción de muchas organizaciones de mujeres de distinta índole, desde redes profesionales, colectivos, coordinadoras o asambleas en los espacios de estudio y trabajo, ayudan a problematizar el carácter estructural de la injusticia hacia las mujeres y disidencias. En octubre, el paso del sufrimiento individual a la protesta colectiva, animado sostenidamente por el feminismo en los últimos años, se extiende al conjunto de la sociedad (Dragnic y Ferretti, 2020). Además, durante el desarrollo de la revuelta, el feminismo fue un vector de organización, politización y prácticas democráticas. La conformación de asambleas de mujeres o feministas en los territorios, ejercicio que atiende a la confirmación de una reflexividad propia, fortaleció la activación de nuevas formas de democracia; acciones como la performance “Un violador en tu camino” del colectivo Las Tesis, que en Chile significó un impulso en medio de la revuelta y que tuvo además alcance global, logró expresar de manera amplificada una crítica conjunta de la violencia ejercida por el Estado, la violencia sexual y la precariedad, articulando lo íntimo y lo estructural, lo que ocurre en la casa y en la calle. Luego, en el proceso político que se abre, el movimiento feminista instala la necesidad de una transformación institucional que termine con la reiterada de la exclusión de las mujeres y cuerpos feminizados que desbordan el universal masculino con el cual se inscribe la política (Follegati, 2020c). La paridad de género que se impuso como fórmula para la Convención Constitucional fue una respuesta a la presión de un movimiento. Luego, diversos sectores del movimiento feministas asumieron el desafío de disputar escaños en la Convención. Y actualmente, en pleno desarrollo de la discusión constitucional, y siendo el feminismo una de las principales fuerzas que están presentes en ese órgano, el movimiento sigue empujando las formas de hacer política, apostando por el ejercicio de mandatos populares, colectivos, plurinacionales y ecológicos.

Mirado este ciclo de luchas antineoliberales en su conjunto, se advierte la centralidad que en él adquieren las luchas por la reproducción social y por la democracia y el lugar que en ellas ha tenido el feminismo. Una de las consignas más emblemáticas que surgió en la revuelta popular fue aquella que decía “hasta que valga la pena vivir”, y la idea de “vida digna” se instaló como horizonte de lo deseable para amplios sectores de la sociedad. Al igual que en el momento de imposición del neoliberalismo, en la actualidad, en medio de su crisis más aguda, las luchas por la vida son el principal escenario de enfrentamiento. Pero esta vez, por fin, luego de décadas, la movilización popular ha logrado abrir un espacio democrático en el que se podrá disputar la institucionalización de las condiciones necesarias para alcanzar la dignidad.

Como hemos querido ilustrar en estas páginas, a lo largo de los últimos cuarenta años el movimiento feminista ha sido un actor relevante en aquellos momentos donde la lucha por la vida digna se ha vuelto una clave política. Durante la dictadura militar, las organizaciones de mujeres conformadas a propósito de las necesidades materiales más urgentes, problematizaron las formas en que el neoliberalismo constreñía los procesos de sostenibilidad de la vida desde una falta de recursos como también mediante las violaciones a los derechos humanos. El movimiento feminista se conformó en esa época como un coro de reivindicaciones donde el mantenerse con vida traspasaba la esfera de la sobrevivencia para conformarse como una voz política de lucha: fueron las mujeres quienes vencieron el temor a la represión y se agruparon en ollas comunas, colectivos, coordinadoras, convocaron a marchas y jornadas de protesta y demostraron el poder de reunión, acción y política que comportaban sus reflexiones y espacios. Fueron esas mujeres quienes problematizaron los límites de la democracia formal, pero también el carácter estructural de las injusticias que replicaban el autoritarismo en el propio hogar. Mujeres organizadas que propusieron popular y territorialmente alternativas a una vida sofocada por las políticas de hambre del neoliberalismo recientemente implantado.

La lucha por una vida digna es el contenido común en estos cuarenta años. Aspecto que también es expresivo de la permanente resistencia del feminismo contra el avance neoliberal que en la actualidad se traduce en las demandas por un sistema de pensiones dignas, salud y educación pública de calidad, por mejores sueldos y por una vida libre de violencia. Las feministas en un contexto de crisis, hoy como en los ochenta, se articulan apostando nuevamente por una distribución del poder político y económico y cuestionan los roles sociales y las marcas históricas que han estigmatizado nuestros cuerpos. Más que igualdad, la lucha por una vida digna ha implicado una disputa por la redistribución material y económica y un cuestionamiento sobre el reparto del poder político estatal. Desde este lugar, la pregunta por la democracia se conforma también como una exigencia, una demanda que surge desde el feminismo particularmente en momentos de crisis, donde se manifiesta un debilitamiento de las bases políticas y económicas que han mantenido vigente los marcos normativos constituyendo y construyendo una nueva propuesta de política (Follegati, 2020c). En último término, la politización de la exigencia por una vida digna desde el feminismo corresponde así a una forma de reiterar cómo los cánones de la política tradicional han omitido históricamente las formas de trabajo, cuidado y sostenibilidad que las mujeres hemos históricamente realizado para mantenernos con vida. La irrupción del movimiento funciona así como un estímulo para recordar este lugar, y con ello, la capacidad de movilización masiva que concita este problema.

“El momento es delicado porque en él se está resolviendo el futuro”, escribía Julieta Kirkwood en 1983, pensando en las tareas que el feminismo enfrentaba en medio de las históricas protestas populares contra la dictadura que parecían tener la fuerza suficiente para derrocar al régimen. Actualmente volvemos a encontrarnos en un momento decisivo. La salida a esta crisis puede orientarse en una dirección democrática, como la que propone el feminismo, o ser capturada por proyectos autoritarios, xenófobos, patriarcales y racistas, como los que no han cesado de aparecer en distintos puntos del globo. En este umbral, el movimiento feminista enfrenta el desafío de empujar, en conjunto con las demás fuerzas populares, un proyecto de futuro en el que el que los pueblos puedan volver a decidir sobre su destino y en el que el deseo de dignidad pueda materializarse al fin. Los pasos en esa dirección que hemos vivido recientemente en Chile, si bien no aseguran la victoria, permiten al menos afirmar que la posibilidad de salir del atolladero neoliberal está abierta y que el feminismo juega, en esa disputa, un papel central.