Introducción¹

A pesar de que a partir de la modernidad se consolida su estatus como franja etaria, niñas, niños y adolescentes han ocupado a lo largo de la historia un lugar de objetos invisibilizados (Ariés, 1987; Leopold, 2002), considerados inmaduros en proceso de llegar a “ser y valer” como ciudadanos adaptados, como sujetos apolíticos o víctimas pasivas (Alvarado et al., 2014). La infancia y adolescencia, en tanto espacio de transición hacia la adultez, no aparecía hasta hace poco en términos históricos como una categoría diferenciada de la adultez. Al decir de Leopold (2002), si bien los niños estuvieron presentes a lo largo de la historia –y esto se puede hacer extensivo a los y las adolescentes– no puede afirmarse lo mismo acerca de la categoría de infancia y adolescencia. Estas serán descubiertas en el proceso de modernización (Ariés, 1987) y, en el Uruguay particularmente, en el pasaje de la “barbarie” a la “civilización”, al decir de Barrán (2001), en el cual “el Estado, la Iglesia, la Escuela y el Hospital serán sus principales protagonistas” (Leopold, 2002, p. 27) en su afán de disciplinamiento en tanto control social y encauzamiento de las “conductas desviadas”, así como en su función de alejarlos de determinadas actividades sociales que hasta ese momento no les eran vedadas (Barrán, 2001; Leopold, 2002).

Actualmente no existe acuerdo en definir claramente qué edades comprenden las infancias y cuáles las adolescencias, por lo que se observa una variabilidad conceptual importante, si solo tomamos las definiciones desde el punto de vista normativo. De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia del Uruguay (2004), se entiende por niño/a a todo ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los mayores de trece y menores de dieciocho años. Sin embargo, el Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2016-2020 (Consejo Nacional de Políticas Sociales, 2016) hace el siguiente corte por franja etaria: primera infancia, entre el nacimiento y los 5 años y 11 meses; la infancia, desde los 6 años a los 11 y 11 meses; y la adolescencia, a partir de los 12 años hasta los 17 años y 11 meses. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud² realiza otra delimitación conceptual y define el período de vida comprendido entre los 10 y 19 años de edad como adolescencia, a la par que considera de los 10 a los 14 años la adolescencia temprana; y de los 15 a los 19 años la adolescencia tardía.

En otro orden, salvo excepciones, la investigación sociohistórica acerca de las infancias y adolescencias es una tarea aún pendiente, y más aun aquellas que coloquen a los niños, niñas y adolescentes como sujetos potenciados con voz propia. En consecuencia, resulta central darles visibilidad en tantos sujetos políticos cuyos conocimientos urge hacer visibles, oíbles y valorables. Pocas veces las opiniones de niños, niñas y adolescentes son tenidas en cuenta o configuran para el mundo adulto fuentes de inspiración, aprendizaje. El mismo origen etimológico del concepto infancia, que proviene del latín infantia que significa “el que no habla”, acarrea representaciones negativas. Sus palabras y acciones son puestas en cuestionamiento, son desvalorizadas frente a un mundo adultocéntrico que piensa –pensamos– que tiene todas las respuestas y que, como niños, niñas y adolescentes están en una “etapa de crecimiento” y aún tienen mucho por aprender, por tanto sus posturas deben ser desechadas en la mayoría de las situaciones. Desde una postura crítica, en este trabajo se pone en cuestión esta mirada adultocéntrica que presta poca atención a la capacidad de agencia de niños, niñas y adolescentes y a su capacidad reflexiva en tanto sujetos políticos.

En este sentido, las ciencias sociales deben “tornar sobre los sujetos mismos, sobre su cotidianidad, sus contextos y entornos culturales, sus territorios humanos, sus formas de conversación y de encuentro” (Guarín Jurado, 2017, p. 388). Urge el giro epistémico que permita un encuentro con niños, niñas y adolescentes desde otros lugares que no son los de las ciencias sociales convencionales, sino desde la recuperación de la condición de la niñez y adolescencia como sujetos existenciales, situacionales, sociales, historizados (Guarín Jurado, 2017). Ese giro concibe la investigación como acción política situada con un compromiso transformador que va más allá de teorizar sobre la realidad social; implica interpelar al mundo adulto sordo y ciego a los asuntos que ocupan y preocupan a nuestra niñez y adolescencia.

El tema que se abordará en el presente artículo busca dar visibilidad a una temática que recientemente fue colocada en el debate público uruguayo y sobre la cual hay escasa o casi inexistente investigación académica: durante el terrorismo de Estado en el Uruguay, niñas, niños y adolescentes fueron también víctimas. Años atrás, surgió un grupo de hombres y mujeres, hoy adultos/as, que en sus infancias y adolescencias fueron víctimas en ese período histórico en nuestro país, pero que no aparecen en las narrativas nacionales ya que solo se considera víctimas a las personas adultas de entonces, que sufrieron prisión, cárcel, tortura, exilio, y que estuvieron en la clandestinidad o desaparecidos/as. El grupo denominado Memorias en Libertad busca –a través del diálogo intergeneracional y social– dar visibilidad a la violación a sus derechos humanos. Se trata de un grupo heterogéneo que transitó el terrorismo de Estado siendo recién nacidos/as, niños/as y adolescentes. Las leyes de reparación, por ejemplo, la Ley 18.033 del año 2006, no los/as ampara, lo cual significa que no son considerados/as como víctimas del terrorismo de Estado por no haber sido en ese entonces personas adultas. Sin embargo, este grupo pretende colocar como víctimas directas a niñas, niños y adolescentes que vivieron en la clandestinidad, que fueron violentados/as y violados/as, o perseguidos/as o debieron abandonar el país. Esto tuvo y sigue teniendo consecuencias en sus vidas cotidianas en tanto persisten marcas psicológicas, familiares y materiales que se reeditan hasta en la tercera generación.

A los daños ocasionados por el terrorismo de Estado se suman las políticas de silenciamiento e impunidad que han regido en el Uruguay desde la salida democrática. Alzar entonces las voces para ser reconocidos/as e incorporados/as en la historia oficial es –a mi entender– un acto contrahegemónico que rompe con el pacto de silencio del mandato estatal. A más de 44 años de ocurridos estos hechos, se realiza en el mes de octubre del año 2019 la presentación pública de la recomendación que realiza la Institución Nacional de Derechos Humanos al Poder Ejecutivo (INDDHH, 2019), que retoma el reclamo del colectivo Memorias en Libertad. Esta lucha muestra “generaciones en movimiento y movimientos generacionales” (Botero-Gómez, Alves, Leyva e Itatí-Palermo, 2019) que denuncian –entre muchas otras cosas– al mundo adultocéntrico que pretende dar continuidad –en un marco de impunidad frente a un Estado terrorista– a la invisibilización de niñas, niños y adolescentes protagonistas, en tanto víctimas directas, del terrorismo de Estado.

En esta línea de pensamiento que se viene desarrollando en términos teórico-metodológicos, se presentará el caso de 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que, en el año 1975, en el Departamento de Treinta y Tres (Uruguay),³ fueron detenidos/as y sometidos/as a diferentes formas de tortura. En el trabajo se hará referencia fundamentalmente a niños, niñas y adolescentes, ya que la gran mayoría de los/as detenidos/as tenían entre 13 y 18 años. En cuanto a los aspectos metodológicos, se sustentan en las siguientes fuentes: i) fuentes primarias: realización de entrevista conjunta a dos de las denunciantes; ii) fuentes secundarias: incorporación de datos y entrevistas del libro Crónica de una infamia. El comunicado más vil de la dictadura (Almada, 2015). En lo que concierne a la técnica de la entrevista, la misma se caracterizó por ser cualitativa y no estructurada. Se armó un guión, a decir de Corbetta (2007), a partir del cual se definieron los temas que se querían tratar en el transcurso de la entrevista de acuerdo a algunos núcleos temáticos vinculados a los objetivos de la presente investigación. De esta manera, las entrevistadas pudieron poner en palabras sus historias, reflexiones y sentires, en tanto que a la entrevistadora el guión le posibilitó profundizar en temas emergentes en el correr de la entrevista y repreguntar cuando lo consideró necesario. El estudio de las entrevistas se basó en el análisis crítico del discurso (Van Dijk, 2009).

Infancias y adolescencias en el proceso de construcción de las memorias sociales

Durante la actuación ilegítima del Estado (13 de junio de 1968 al 26 de junio de 1973), mediante las llamadas Medidas Prontas de Seguridad en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, y luego, desde el 27 de junio de 1973, día en que se da el golpe de Estado cívico-militar en el Uruguay hasta el restablecimiento de la democracia en febrero de 1985, se reconoce el quebrantamiento del Estado de derecho y la responsabilidad de este en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Estos comprendieron torturas, homicidios, desaparición forzada de personas, prisión prolongada, exilio político, destierro de la vida social, y fueron perpetuados por agentes del Estado y civiles bajo el amparo de estos, dentro del territorio nacional pero también fuera del mismo, en el marco de la Operación Cóndor.⁴ En este marco, es importante tener presente el sesgo generacional de este hecho histórico, que afectó principalmente a una población joven que en su gran mayoría tenía entre 19 y 29 años y que sufrió de prisión prolongada o que continúa hasta el día de hoy desaparecida; pero también hay que considerar a los niños, niñas y adolescentes que fueron desparecidos y dados ilegalmente en adopción (Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, 2004), a la vez que la política del Estado terrorista incluía el secuestro, la tortura y el asesinato de niños, niñas y adolescentes. La situación tuvo un impacto en la vida cotidiana del mundo adulto, pero también de la niñez y adolescencia, en términos de censura de los espacios de expresión. “Los adolescentes fueron reprimidos en sus prácticas culturales, silenciados y desvalorizados intelectualmente en las políticas educativas e ignorados en los medios de comunicación, donde se registró una notable ausencia de marcas y símbolos propios de la cultura juvenil” (Schindel, 2005, p. 256).

El terrorismo de Estado en Uruguay, al igual que otros regímenes totalitarios en el continente y en el mundo, presentó características de lo que Arendt (2003) llama la banalidad del mal. Este concepto desmonta la idea de que los crímenes cometidos, en el caso que se presenta en este trabajo, por la dictadura cívico-militar uruguaya hayan sido ejecutados por sádicos, dementes o anormales, y propone que tales crímenes, por el contrario, representan la ausencia de pensamiento como autorreflexión que busca el significado de las acciones. Con esto, Arendt no justifica el mal, sino que justamente señala que este se banaliza cuando se considera que deriva de alguna verdad incuestionable, en este caso la lealtad y la obediencia debida, por lo cual se acepta de manera irreflexiva cualquier criterio. También el aporte de Bauman ([1989] 2006), que analiza el caso del Holocausto, puede ayudar a comprender que no se trató de un proyecto irracional, sino que fue producto de una sociedad racionalizada, tecnificada y burocratizada que instituyó una cultura de la muerte para quienes no cumplían con el ideario nazi.

Según la bibliografía consultada hasta el momento, hay acuerdo en que los estudios sobre infancias, adolescencias y juventudes⁵ no tienen en Latinoamérica aún un lugar central en las discusiones e indagaciones de las ciencias sociales (Pérez, Valdez y Suárez, 2008; Alvarado y Vommaro, 2010), más allá de que se observa un incremento en las investigaciones que indagan esta temática. Los mismos autores y autoras señalan entonces debilidades en este campo de estudios, y más aún si se lo relaciona con la política en su sentido amplio. Se adhiere a la visión de centrar la mirada desde lo singular y la vida cotidiana (Alvarado y Vommaro, 2010) así como en la necesidad de deconstruir los conceptos de infancias, adolescencias y juventudes en tanto categorías homogéneas y universales para ser analizadas a la luz de su articulación con otras como clase, género, etnia, cultura, región, contexto sociohistórico. A la vez, ubicar sus dimensiones diacrónicas y sincrónicas en los procesos y trayectorias de vida.

En relación a la producción sociológica uruguaya, Romero y Moreira (2010) realizan un recorrido por dicha categoría señalando que es a partir del período predictadorial que se observa una emergencia de los y las adolescentes y jóvenes en tanto actores/as “con una experiencia social determinada por su inscripción generacional que los hace portadores de una visión del mundo que se opone a la de las anteriores generaciones” (p. 137). Para el contexto argentino de fines de los años sesenta y durante la década del setenta –que bien podría extrapolarse para el caso uruguayo– se observa una masiva integración de adolescentes y jóvenes a la militancia estudiantil y social. Emergen, de esta manera, adolescentes y jóvenes en tanto actores y actoras políticas contestatarias al momento político en búsqueda de transformaciones profundas en lo político, económico, social y cultural. Su intención revolucionaria tornará a estos/as adolescentes y jóvenes en blancos privilegiados de la violencia de Estado (Llobet, 2015).

Aquí es donde me gustaría introducir la categoría vinculada a los procesos de construcción de las memorias sociales. Sostiene Jelin (2017) que, en el ámbito académico, el tratamiento de las memorias relacionadas con los procesos políticos violentos es aún incipiente. Y aquí agregaría que lo es aún más cuando se trata de niños, niñas y adolescentes durante el terrorismo de Estado y, para el caso que se presentará a continuación, en el Uruguay.

Jelin toma el concepto de “memoria colectiva” del sociólogo francés Maurice Halbwachs, que ella ha venido profundizando y desarrollando a lo largo de su trayectoria académica. Halbwachs señalaba en 1925 que la memoria no puede ser aceptada como individual sino que, por el contrario, tiene una naturaleza social:

La memoria individual no es más que una parte y un aspecto de la memoria del grupo, como de toda impresión y de todo hecho, inclusive en lo que es aparentemente más íntimo, se conserva un recuerdo duradero en la medida en que se ha reflexionado sobre ello, es decir, se le ha vinculado con los pensamientos provenientes del medio social (Halbwachs, 2004, p. 174).

Este mismo autor señala que “el individuo evoca sus recuerdos apoyándose en los marcos de la memoria social. En otras palabras, los diversos grupos integrantes de la sociedad son capaces en cada momento de reconstruir el pasado” (p. 336). A la vez, agrega que el individuo olvidaría ciertos hechos, ciertos detalles de esos hechos “si los otros no los conservaran para él” (p. 336).

En esta línea de pensamiento, Jelin (2017) apela a la pluralidad de las memorias, a sus temporalidades que surgen “como recuerdos, como silencios o como huellas en momentos históricos específicos, en función de los escenarios y las luchas sociales propias de cada coyuntura” (p. 11). A la vez, recuerda que hablar de memorias implica procesos siempre abiertos e inacabados referidos al presente, teniendo en cuenta que:

la memoria no es el pasado, sino la manera en que los sujetos construyen un sentido del pasado, un pasado que se actualiza en su enlace con el presente, y también con un futuro deseado en el acto de rememorar, olvidar y silenciar (p. 15).

Jelin (2017) señala que las huellas que deja el pasado, ya sea “en las ruinas y marcas materiales, en documentos y papeles, en las trazas mnémicas, en la dinámica psíquica, en el mundo simbólico” (p. 17), no son en sí memorias, sino que se constituyen en tales cuando son evocadas y ubicadas en un contexto que les den sentido. Pueden ser pasados autobiográficos de personas que recuerdan e intentan transmitir sentidos del pasado a otros/as, o quienes no tuvieron la experiencia propia, sino que se aproximaron a ella por medio de una “representación del pasado construida como conocimiento cultural compartido por generaciones sucesivas y por diversos ‘otro’” (p. 17). Sin embargo, para que esto sea posible, deben conjugarse la subjetividad de las personas que relatan en determinado momento aspectos de su pasado, pero también de quienes escuchan, es decir, que pueden facilitar u obstaculizar la escucha; intervienen también “los marcos interpretativos compartidos que van definiendo y redefiniendo las fronteras entre lo privado y lo público, lo individual y lo colectivo, lo político y lo moral.” (p. 19). Los silencios, por su parte, pueden estar vinculados justamente con no encontrar a otros/as con capacidad de escucha. Como se señalaba recién, puede ser silencios de tipo “evasivo” para no revivir situaciones dolorosas o para proteger a otras personas. Pero también pueden ser actos políticos que cultivan –como en el Uruguay– el ejercicio del olvido y la impunidad. Fried Amilivia (2016) señala que este silenciamiento,

ha sido traumático no solamente porque fuera perpetrado activamente como parte de un plan sistemático por agentes militares del Estado en colaboración con agentes civiles, sino también sostenido por condiciones e instituciones sociopolíticas y culturales que los hicieran posible: las llamadas políticas del terror y silenciamiento y posteriormente el olvido y la negación prolongada del terror (p. 4).

En cuanto a los testimonios, Jelin (2017) nos recuerda que estos son mucho más que sujetos que narran lo vivido; estos “van a elaborar sus narrativas, y cada narrativa y cada sujeto son siempre únicos, una voz de lo singular y de lo social que tramite experiencias colectivas y compartidas” (p. 248), poniendo en juego no solo la memoria sino una reflexión sobre sí, por tanto –y aquí retoma a Michael Pollak– “los testimonios deben ser considerados como verdaderos instrumentos de reconstrucción de la identidad, y no solamente como relatos factuales, limitados a una función informativa” (p. 248).

Represión y expresiones contrahegemónicas de niños, niñas y adolescentes antes y durante el terrorismo de Estado en la ciudad de Treinta y Tres (Uruguay)

Rescatar las memorias de quienes fueron niños, niñas y adolescentes militantes y, de esta manera, parte activa durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay, implica reconstruir una historia en parte ignorada y silenciada. Implica un corrimiento de ellos/as como objetos invisibilizados colocando la mirada desde lo singular y la vida cotidiana (Alvarado y Vommaro, 2010) para situarlos como sujetos políticos, existenciales, situacionales, sociales, historizados (Guarín Jurado, 2017). Pero también, al decir de una de las entrevistadas, es la oportunidad para tomar este espacio como espacio de denuncia.

Como se señalaba más arriba, se tomará el caso de 25 militantes del Partido Comunista del Uruguay que integraban la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), que en su gran mayoría eran menores de edad, es decir menores de 18 años, en el momento de su detención en la ciudad de Treinta y Tres. Ellos/as fueron sometidos/as a todo tipo de torturas, tanto físicas como psicológicas y sexuales y sufrieron, luego de ser liberados/as, tratos inhumanos y estigmatizantes tanto por las fuerzas militares, como por referentes escolares, por gran parte de sus pares y la sociedad de Treinta y Tres de ese momento, entre otros.

La vida antes de la detención

Antes de presentar el momento específico de la detención y sus consecuencias inmediatas y presentes, cabe situar los años previos, para lo cual se tomarán los testimonios de las dos entrevistadas que reconstruyen cómo llegaron a integrar la vida social y política previamente a su detención y posteriormente. Ambas señalan haber integrado familias politizadas en lo social y político partidario y recuerdan su participación activa en la vida social, cultural y política siendo niñas y adolescentes: acompañaban a familiares en manifestaciones y marchas contra, por ejemplo, la Ley de Educación,⁶ o la histórica marcha de 1968 desde Bella Unión hasta Montevideo protagonizada por los/as trabajadores/as de la caña de azúcar de Treinta y Tres,⁷ reclamando justicia laboral y social: “Yo era muy chica, tendría 6 años y eso me quedó grabado, que juntamos en mi casa unos alimentos y unas ropas (…) y fuimos a entregarles [a los cañeros] abajo del puente” (Entrevistada 2). O haber participado de la “Caravana de la Victoria” durante el año 1971, donde referentes políticos del Frente Amplio⁸ recorrieron todo el país durante la campaña electoral. También tuvieron familiares que en el año 1971 fueron fundadores del Frente Amplio, como lo relata la Entrevistada 1, pero también, como cuenta la Entrevistada 2, la integración de su madre a esa fuerza política que “si bien no fue socia fundadora, (…) hizo un proceso de concientización que ya era una mujer de izquierda”, y, en su caso, como el de tantas otras personas, previo a la dictadura cuando “hacía los paros, venía la policía a la escuela a anotar en un libretita de que esa maestra había realizado el paro que había en tal fecha” (Entrevistada 2).

Recuerdan también el asesinato de jóvenes militantes sociales y políticos previo a la dictadura, entre los cuales resaltan cómo impactó en sus vidas el asesinato de Mario Eguren y Lilián Pintos, así como las detenciones de militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T)⁹ en todo el país, pero especialmente en Treinta y Tres:

Entonces la caída del MLN, cuando empiezan a llevarse a los compañeros y a las compañeras del MLN al cuartel, y que nosotros sabíamos lo que les estaban haciendo […] se contaba lo del plantón y las barras de hielo en las palmas de las manos, y cómo los torturaban […] eso es tremendo porque nosotros sabíamos. Es más, el Partido incluso nos indicó en esos momentos leer a Julius Fučík , Reportaje al pie del patíbulo, para empezar a prepararnos de conocer a qué nos íbamos a enfrentar (…). Leí el libro con 13 años, que yo creo que a mi hija nunca se lo hubiese dejado leer a los 13 años, ¿no? (Entrevistada 1).

Una de las entrevistadas (Entrevistada 2) resalta su participación activa a nivel familiar, donde formaba parte de los debates que se daban en su casa en los cuales se discutía de política. También siendo niña y recién entrada su adolescencia, recuerda escuchar a sus hermanas que ya integraban la UJC debatir sobre aspectos ideológicos y sobre el contexto nacional, regional e internacional. A esto se sumó su temprana inserción en la militancia al ingresar al liceo como delegada gremial, o su afiliación a la UJC sin consultar previamente con las personas adultas referentes a cargo. La Entrevistada 1 señala, en este sentido, que luego de afiliarse le contó a su madre: “Y para mi madre era tremendo el error que yo había cometido”. Su integración a la UJC la vivieron como un hecho significativo, pero también distinto a lo que ellas consideran que se dio en otros lugares del país:

Te puedo decir que en muchos lados la Juventud Comunista era como muy una sectita. […] En la época nuestra, la Juventud Comunista de Treinta y Tres creció y fue amplia […] éramos amigos de todo el mundo, estudiábamos con distinta gente del liceo, nos vinculábamos, no sé. Ahora se dice “populares” […]. Yo creo que nosotros éramos eso, como muy iguales al resto, no éramos una cosa aparte (Entrevistada 2).

El hecho de ser “populares” y “no ser una cosa aparte” es resaltado por la Entrevistada 2 en función de lo que les sucedió una vez que fueron liberadas, con el fin de buscar una explicación plausible frente a un cambio tan estigmatizante y violatorio de sus derechos, tema que se tratará más adelante.

Las entrevistadas destacan también la influencia de la cultura en su formación política, por ejemplo, a través del teatro, la literatura, los autocines que había en Treinta y Tres, pero fundamentalmente a través de las canciones de cantautores como Los Olimareños, Alfredo Zitarrosa, entre otros:

Fue música que nos acompañó todo el tiempo en nuestra vida de jóvenes, y que a mí me hizo ver muchas cosas. Por ejemplo, “unos muchos y otros nada y eso no es casualidad”,¹⁰ lo veía en el campo, los niños que venían descalzos y el otro que tenía vaca y ovejas en la casa. Cuando ves las diferencias cuando sos joven o adolescente, sentís esa rebeldía ante la injusticia (Entrevistada 1).

Cuando empezaban a tocar Milonga de pelo largo¹¹ nos parábamos, porque para nosotros era más que una canción, era un himno. Éramos cientos de jóvenes que nos juntábamos a escuchar, a bailar, a disfrutar de esa música rock¹² avanzadísima para ese pueblo (Entrevistada 2).

Otro espacio de construcción de conciencia política era la enseñanza pública, que para las entrevistadas jugó un papel fundamental:

Al maestro Ariel Dellepiane […] yo lo recuerdo como alguien que me marcó. No para que yo fuera comunista porque él no lo era, sino para que fuera avanzada, de izquierda, de descubrir el mundo, de no tener miedo a lo nuevo. […] El liceo fue un lugar muy importante en Treinta y Tres en ese período, ¿no? Porque, bueno, ahí no solamente es lo gremial, había un conjunto de docentes que propiciaban mucho la participación de los estudiantes (Entrevistada 2).

Cabe aquí contextualizar además el debate y la lucha estudiantil que hubo alrededor de la educación pública frente a una reforma en la educación que terminó siendo sancionada por ley en enero de 1973. Señala Vitalis retomando a Southwell que la Ley 14.101 de Educación General (1973) cumplió el rol de restablecer el “orden perdido” y proteger a la nación de la “subversión” infiltrada así como de “potenciales enemigos” que “tuvo que ‘crearlos, ‘gestarlos’, ‘identificarlos’ para luego luchar contra ellos” (Vitalis, 2011, p. 7). En el sistema educativo esto implicó la vigilancia y control permanentes, el cambio de programas y contenidos, la censura de libros, así como la rotación, el sumario y destitución de docentes, con el fin de combatir de esta manera el principal mal que era “el marxismo”.

Las entrevistadas recuerdan finalmente el 27 de junio de 1973, día en que se produce el golpe de Estado en Uruguay:

Tengo patente ese día, cuando mi madre nos reunió en la mesa y nos dijo lo que había sucedido, que había habido un golpe de Estado, que se habían disuelto las Cámaras. Y bueno, a los pocos días se llevaron detenida a una de mis hermanas y a un grupo de compañeros y amigos que íbamos todos los días a la casa […]. Entonces, ahí estuvo la caída de ese primer grupo de menores, ya que eran menores, tenían 15 años. […] Fueron torturados en el cuartel, salieron con secuelas de la tortura, no podían caminar, no podían mover los brazos por el plantón (Entrevistada 1).

Con estas palabras también se explicita que, a pesar de estar en conocimiento de las detenciones, torturas y desapariciones, posiblemente no llegaron a dimensionar que esa misma represión podría recaer sobre ellas y sus familias. Lejos de desalentar su lucha, destacan la organización y las decisiones inmediatas que se toman frente a estos hechos, lo que resalta su accionar como “sujetas” políticas: “Nos organizamos para ser clandestinos en Treinta y Tres. Teníamos que elegir un nombre distinto al que teníamos” (Entrevistada 1).

Con la escasa edad que teníamos, nos dábamos cuenta de esas cosas. […] había que armar un frente más amplio contra la dictadura. Esa era una consigna. […] A pesar de nuestra corta edad, nosotros teníamos claro quién era el enemigo, qué era lo que había que preservar, cómo nos debíamos de defender. […] Eso habla, de alguna manera, de que sí éramos sujetos y sujetas políticas con responsabilidad, con claridad de qué era nuestra misión –para hablar en términos modernos– y qué había que preservar. Eso, la verdad pocas veces hemos dicho estas cosas (Entrevistada 2).

La detención: un antes y un después

Los días 12 y 13 de abril de 1975, se llevó a cabo un operativo militar en la capital de Treinta y Tres, región este del Uruguay, contra la UJC. Esta ofensiva había comenzado a principios de abril, luego de que fuera detenido un militante con una lista de sus miembros. Así lo recuerdan algunas de las detenidas:

Primero se llevaron a mi mamá con una de mis hermanas, Alicia; y yo me quedé sola en casa, con todo el comando del Batallón de Infantería No. 10, que estaban todos: estaba el jefe, el subjefe, el capitán, el alférez, estaban todos en mi casa revolviendo y dando vuelta todo. Álvez, que era el capitán a cargo del operativo me quiso hacer firmar un papel, un acta, donde decía que de mi casa no se habían llevado nada de valor. Entonces yo dije “cómo que no se llevaron nada de valor si se llevaron a mi madre” (Entrevistada 1).

Dieciocho días después, un comunicado que se difundió en los diarios más importantes del país intentó justificar la detención¹³ de jóvenes entre 13 y 20 años. El Comando General del ejército señalaba haber descubierto la actividad ilegal de jóvenes pertenecientes a la UJC, entre ellos 14 jóvenes mujeres y 11 varones:

El comunicado daba cuenta de sus actividades de propaganda y finanzas a nivel estudiantil, así como de un campamento que estos habían realizado en el balneario La Esmeralda, en Rocha. Allí, según el comunicado, vivieron en total promiscuidad, los intercambios de parejas fueron moneda corriente y algunas jóvenes realizaron competencias de índole sexual para ver cuál de ellas tenía más resistencia (Almada, 2015, p. 14).

No teníamos armas como tenía el MLN¹⁴ no teníamos nada que pudiera demostrar la maldad o la peligrosidad de nuestra existencia, entonces la manera de quebrarnos moralmente fue la idea de generar el famoso comunicado que salió en los diarios y decía que teníamos orgías, campeonatos sexuales, a raíz de una actividad política que fue una convención de la UJC en la clandestinidad, en el balneario La Esmeralda (Mabel Fleitas en Almada, 2015, p. 54).

Antes de continuar, me gustaría introducir brevemente los aportes de Jelin (2001 y 2017) que refieren a la división sexual del trabajo antes y durante la dictadura, ya que iluminan el análisis posterior que realizaré. La autora señala que en ese momento histórico reinaba una rígida división sexual del trabajo, a la que se sumó un recrudecimiento de la ideología patriarcal. Los hombres ocupaban el espacio público, mientras que en el imaginario social el lugar que debían ocupar las mujeres estaba situado en su rol de esposas-madres, guardianas del hogar (Jelin, 2001). Durante la dictadura, “los militares se autoasignaron la tarea de proteger a la nación, a la familia y a las personas de los peligros de ‘subversión’” (Jelin, 2017, p. 43). La única forma de familia válida era la patriarcal tradicional que responsabilizaba a los padres pero sobre todo a las madres, “por el ‘mal camino’ que habían tomado sus hijos e hijas”, en caso de no haber podido “prevenir” que sus hijos/as se convirtieran en “subversivos” (p. 43). Concluye Jelin (2017) que “la metáfora de la familia se aplicaba a la nación como un todo, el padre-Estado adquiría derechos inalienables sobre la moral y el destino físico de los ciudadanos” (p. 196).

Este avasallamiento de la vida familiar colocaba a padres y madres “como escudo de protección contra las amenazas y el mal” (Jelin, 2017, p. 198). En forma paradójica, además, “mientras exaltaba públicamente los valores de la ‘familia’, hizo de la destrucción de lazos familiares un eje central de su práctica represiva” (Schindel, 2005, p. 260). Otro aporte interesante que hace Schindel (2005) –que lo señala para Argentina pero que se puede extrapolar al el caso uruguayo– es que aunque las investigaciones sobre las familias y la vida cotidiana en la época de la dictadura pueden parecer contradictorias, pueden considerarse la doble cara de la moneda privatizadora de la vida, en tanto existen dos tendencias: una, cuyo exponente es Guillermo O’Donnell (1983), sostiene que el autoritarismo se filtró en lo que él llamó “el autoritarismo ‘capilar’ desplegado en los contextos micro de la vida social, las ‘texturas celulares del cotidiano’” (Schindel, 2005, p. 268). O’Donnell hace hincapié entonces en que el rol de las familias era el de vigilancia y disciplinamiento. Otros autores, sin embargo, señalan que el rol de estas habría sido un “ámbito de refugio, vinculado a la persistencia de espacios clandestinos de resistencia cultural y a lo que se denominó el ‘exilio interior’” (Schindel, 2005, p. 269). En esta línea de pensamiento, Braslavsky (1986) señala que la familia tuvo un papel protagónico como agente socializador en tanto “contribuyó a preservar la conciencia social democrática y el patrimonio cultural del avance autoritario y oscurantista en los ámbitos públicos, a orientar algunas formas de socialización extrafamiliares, pero muy protegida, en clubes, organizaciones comunitarias y religiosas (…)” (Braslavsky, 1986, p. 47).

Retomando el caso de los/as niños, niñas, adolescentes y jóvenes detenidos/as en Treinta y Tres, cabe señalar que 1975 fue declarado “Año de la Orientalidad”¹⁵, durante el cual “hubo una intensa prédica moral por parte del régimen y un destaque de las características ‘del estilo de vida uruguayo’. Uno de sus latiguillos fue la denuncia de la degradación moral que causaba el marxismo” (Almada, 2015, p. 15). Las características entonces del comunicado eran apuntar a aspectos morales, a predicar contra el marxismo como enemigo del Estado, a utilizar los medios de comunicación para legitimarse ante la opinión pública, a descalificar a aquellos/as niños, niñas, adolescentes y jóvenes como activos/as participantes de la vida política, comprometidos/as con la realidad de lo que estaba ocurriendo en el Uruguay. Pero además los/as colocaba “en la condición de autómatas corrompidos y sin discernimiento. Les negaba su capacidad de haber decidido con libertad ingresar a la organización juvenil, aun estando ilegalizada” (p. 42). Supuestamente habían sido captados en forma engañosa por el Partido Comunista. Como veíamos más atrás en el relato de las entrevistadas y de los testimonios en el libro de Almada (2015), tenían militancia social y gremial antes de afiliarse a la UJC y sus decisiones fueron tomadas en un momento social, político y cultural que se venía gestando a nivel nacional, regional e internacional, a lo que se suma –al menos en el caso de las entrevistadas 1 y 2– una historia familiar vinculada a la militancia en distintos espacios.

Volviendo al momento de la detención y el tránsito por el cuartel, la Entrevistada 1 recuerda que el día de su detención fue trasladada en un jeep al cuartel y luego de un largo plantón “me hicieron sacarme toda la ropa, me pesaron, me midieron […]. Pregunté para qué me lo hacían y el médico militar ese día que estaba ahí, Hugo Díaz, me dijo que era para saber hasta dónde iba a resistir la tortura” (Entrevistada 1).

Este es uno de los tantos ejemplos que se pueden citar para demostrar que los hechos ocurridos durante –y previamente también– la dictadura cívico-militar no estaban enmarcados en un proyecto irracional, como señalaba Bauman ([1989] 2006) al analizar la época nazi, sino que formaban parte de una cultura de la muerte que registraba, medía, detenía, torturaba y desaparecía a personas, sin que mediare una reflexión al respecto banalizando los crímenes que se estaban cometiendo (Arendt, 2003). En relación con el caso concreto que se está relatando, se sumaba el hecho de que eran en su mayoría menores de edad, cuyo “disciplinamiento paterno” había fracasado y que habían irrumpido a un mundo adulto sin permiso. Desde ese lugar, recordando una de las entrevistas que tiene con un juez, declara una de las entrevistadas:

Me sacaron de madrugada y me llevaron a entrevistar con el juez, y entonces cuando me saqué la capucha me dijo si no tenía vergüenza de estar ahí. “Vos cuántos años tenés?”, “13” le contesté. “Y no tenés vergüenza de estar acá?”. Y yo dije: “¡Vergüenza deberían sentir ustedes de tenerme a mí, con 13 años, acá!”. Y ahí me dice: “¿Cuánto hace que dejaste de jugar a las muñecas?”. A lo que contesté: “Todavía no dejé de jugar a las muñecas” (Entrevistada 1).

Esta “banalidad del mal” (Arendt, 2003) se expresa también cuando la liberan y le comunican a la madre que “si yo volvía a caer, ella terminaba con los huesos en un calabozo y a mí me iban a matar” (Entrevistada 1).

En otro orden, para las adolescentes y jóvenes mujeres militantes implicó quedar “marcadas desde el lado de la moral. Porque en aquella época que dijeran que tuviste relaciones promiscuas en un balneario, para una chica de pueblo era muy fuerte. […] Era impensable que consiguieras una pareja porque ya los chicos te trataban de otra forma” (Sandra Silva Díaz en Almada, 2015, p. 16). Carmen Techera Colombo, otra de las jóvenes implicadas en ese momento, sostiene: “Cuando salimos tomé conciencia de lo que habían hecho con ese comunicado. Los amigos o conocidos que teníamos en el club16 cuando pasábamos por la vereda nos gritaban ‘putas’ o esas cosas” (Techera en Almada, 2015, p. 16). Sumado a esto, se inventó el hecho de que las jóvenes tenían enfermedades venéreas lo cual pretendía dar cuenta de sus prácticas sexuales “descontroladas”.

Para los jóvenes militantes varones, la condena social era ser señalados como “los cogedores” (Almada, 2015, p. 14) y según los relatos que surgen en Almada (2015) “recibieron un trato más encarnizado en los interrogatorios” (p. 91).

La condena moral hizo que muchas/os de ellas/as se fueran de Treinta y Tres, a donde regresaron años después o no volvieron nunca más: “Yo me tuve que ir del pueblo. Porque la parte que a mí más me afectó fue el hecho de que la sociedad creía en el discurso militar” (Sandra Díaz Silva en Almada, 2015, p. 50). Julio César Spurr, por su parte, narra en la entrevista que le realiza Almada (2015):

Afuera nosotros éramos unos leprosos, no nos podíamos juntar con amigos ni nada, o porque nos tenían prohibido o nosotros no lo hacíamos porque era ensuciar a la otra gente. Y teníamos persecución económica, atentado a la constitución, no nos dejaban hacer nada. Teníamos prohibido estudiar, no podíamos votar, si íbamos al trabajo nos hacían echar. Y ahí decidí irme en el año 80, me exilié en Brasil y de allí me llevaron a Francia donde pasé catorce años (Almada, 2015, p. 121).

Cuando salí no había nadie: estaban todos presos, mis amigas y mis hermanas. Compañeras de generación, que no eran de la UJC, habían sido llevadas presas y no las dejaban venir a casa. Primero que a mi casa estaba prohibido ir, pero además a esas niñas no las dejaban juntarse conmigo porque tenían miedo los padres (Entrevistada 1).

La salida fue difícil porque a mí me traen a Montevideo y a mamá la echan del trabajo, ella trabajaba en el hotel del pueblo, en el Hotel Treinta y Tres y la echan por comunista. Y además a nosotros nos traen sin avisarles que nos traían […] al Hogar Yaguraón […]. Y ellas ya sabían que desaparecía gente, entonces fue espantoso ese momento […]. Y mi madre se queda en Montevideo porque nosotros no teníamos cómo vivir en Treinta y Tres, mi madre era el único sustento y al no tener trabajo. Y mi pobre hermana se queda sola en Treinta y Tres con mis abuelos, entonces esto es tremendo, porque es una familia partida (Entrevistada 2).

De ser las “populares”, como más arriba señalaba la Entrevistada 2, pasaron a ser “sospechosas, personas no deseables” donde “de repente te gritaban cosas en la calle, ‘ah, ¡qué estás toda podrida!’”. Pero además, como recién narraba la Entrevistada 2, el “padre-Estado” también condenó a sus familias: les quitó la patria potestad hasta que sus hijos/as cumplieron los 21 años¹⁷ y los/as trasladó en forma clandestina e internó en Hogares del Consejo del Niño¹⁸ en Montevideo obligándoles a tareas forzadas (Almada, 2015).

En otro orden, si bien el Partido Comunista había denunciado esta situación en la Carta Popular¹⁹ ese mismo año aún estando en la clandestinidad, una vez recuperada la democracia, no fue un tema que se priorizara, entre otras cosas, y según la interpretación que hace Pertuy, “porque nosotros teníamos que pensar que si salíamos y denunciábamos todo esto, los padres no iban a dejar que sus hijos se afiliaran a la Juventud Comunista” (Liliana Pertuy en Almada, 2015, p. 131). Dos de las jóvenes implicadas, denunciaron en 1986 en la Comisión Nacional de Ética Médica del Sindicato Médico del Uruguay a un médico que resultó ser expulsado del mismo, lo cual no impidió – sin embargo– que siguiera ejerciendo en la ciudad de Treinta y Tres (Almada, 2015).

Luego, en 1995 se publica la denuncia en un semanario del Uruguay llamado Brecha. Después de esa nota, algunas/os siguieron con las denuncias y estas empezaron a tener escucha y poder ser ubicadas en un contexto que les diera sentido: “Después denunciamos cada tanto, sobre todo en los abriles como para que no se muriera el tema. Habíamos aprendido y madurado y ya era para nosotros importante para la memoria y para la historia del país” (Liliana Pertuy en Almada, 2015, p. 136).

Significativa fue también una nota publicada en el diario La República y luego la denuncia judicial que presentaron, el 30 de octubre del 2011, 19 de las 41 personas detenidas y torturadas en la ciudad de Treinta y Tres, que hasta la fecha no cuentan con ningún responsable militar ni civil procesado.

Quedan en el relato de las entrevistadas los daños y, lo que es a su entender, la falta de reconocimiento en tanto luchadoras sociales y políticas durante la dictadura cívico-militar, en tanto “sujetas” políticas siendo niñas y adolescentes:

En el caso nuestro, de víctimas tan vulnerables, tan indefensas, como fuimos los adolescentes y los niños directamente, víctimas directas por el terrorismo de la tortura, de la persecución; creo que no hemos sido reconocidos, en absoluto […]. Yo me siento que a mí nunca me reconocieron. Al contrario, la peleamos con uñas y dientes y enfrentándonos a los monstruos (Entrevistada 1).

Porque todos los traumas, todo lo que uno vivió, todo lo que te hicieron, es para toda la vida y no se puede cuantificar. Fueron también otros daños, daños colaterales que duraron muchísimo. Lo que nos hizo la dictadura no lo va a pagar nunca, nadie lo va a pagar (Entrevistada 2).

Algunas reflexiones finales

El presente trabajo intentó dialogar con algunos/as autores/as que han estudiado las infancias, adolescencias y juventudes en tanto categorías poco exploradas aún en las ciencias sociales, así como con autores/as que refieren a la construcción de las memorias sociales, para echar luz sobre el caso de 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 13 y 20 años de edad que, en el año 1975, fueron detenidos/as y torturados/as, por su compromiso como luchadores/as sociales y políticos.

Este caso hace visible varios temas que se enunciarán a continuación y abren camino para futuras investigaciones:

En Uruguay, son recientes y escasas las narrativas de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas directas del terrorismo de Estado. Esto se debe, en términos generales, a las políticas de silenciamiento e impunidad existentes en el país que pretenden dar vuelta la página de los hechos perpetrados por agentes militares y civiles. Es decir, que aquí no nos referimos al silenciamiento como un hecho a nivel individual, sino que ha sido sostenido por instituciones sociopolíticas que no han dado lugar a que la sociedad en su conjunto pueda procesar el sentido histórico de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado. Por otro lado, en términos particulares para el caso presentado, consideramos que, a este planteamiento general, se le suma la mirada adultocéntrica sobre este período histórico en nuestro país, que no ha reconocido que las niñas, niños y adolescentes también vivieron en la clandestinidad, también fueron violentados/as y persistieron en sus vidas cotidianas marcas psicológicas, familiares y materiales que se continuarán reeditando si no se pueden elaborar colectivamente. Fue a partir de la propia agencia de quienes fueron niños, niñas y adolescentes en ese momento que recién en el año 2019 se logró que la Institución Nacional de Derechos Humanos recomendara al Estado uruguayo reconocerlos como víctimas directas, ofrecerles reparación integral y garantizar el funcionamiento y la consolidación del espacio Memorias en Libertad, donde quienes fueron víctimas en su niñez y adolescencia pudieran ir procesando los daños del pasado y sus consecuencias en el presente.

A este colectivo pertenecen también algunos/as de los/as denunciantes que, 46 años atrás, fueron objeto de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y que, en el año 2011, pudieron hacer una denuncia colectiva sobre lo vivido. A pesar de esto, los hechos siguen impunes y su caso es poco conocido.

Lo vivido por ellos/as durante la dictadura muestra, una vez más, como el Estado, la academia y la sociedad en su conjunto no centran la mirada de la niñez y adolescencia en tanto sujetos políticos y existenciales.

En este sentido, resulta interesante analizar este caso desde lo singular y a la luz de una dimensión diacrónica y sincrónica (Valenzuela, 2005) entre el pasado y el presente, y entre lo que en su momento constituía ser un “buen hijo de familia”. Una familia patriarcal que no podía admitir los desvíos de sus hijos/as en tanto militantes con intención revolucionaria, soñadores/as de cambios en el orden socioeconómico, político y cultural. En el caso presentado, no cumplían con ese mandato; ni ellos/as ni sus familias. Eran niños, niñas y adolescentes que se habían integrado a la militancia estudiantil y social, pero también político-partidaria y que lo continuaron haciendo en plena dictadura cívico-militar. Fueron blancos de la violencia de Estado por “subversivos” y por desobedecer el ordenamiento patriarcal de sumisión al padre de familia y al padre-Estado. Recordemos que participaban de debates y espacios que estaban ciertamente limitados al mundo adulto, ubicándose como sujetos políticos en la vida social y política de su época, participando de debates ideológicos, en marchas y manifestaciones, pero también como sujetos activos en la ideación de un plan de resistencia frente a la dictadura cívico-militar y luego, en su actitud contestataria y rebelde en el momento de su detención, tortura y los años que siguieron luego de su liberación. También deja entrever, el relato de las entrevistadas, que, a pesar de estas características que se podrían señalar como fortalezas, también está su propia fragilidad y vulnerabilidad en tanto niños, niñas y adolescentes que lejos está de ubicarse en una contradicción entre una y otra.

Y, finalmente, es importante mencionar que tuvieron que pasar 36 años para que, recién en el año 2011, quienes hoy son adultos/as pudieran comenzar a hablar de lo que les había ocurrido en su infancia y juventud. Podría decirse que esto se debe a la poca centralidad que se le dio, desde el mundo adulto, a la vivencia sufrida por niños/as y adolescentes durante la dictadura cívico-militar. Pero posiblemente también porque se encontró, recién muchos años después, la capacidad de escucha de otras personas (Jelin, 2017) y, a su vez, la contención que da lo grupal, considerando que la denuncia realizada fue colectiva y no individual. Si bien sobre este aspecto no se profundizó en el presente trabajo, seguramente este y otros tantos temas serían de interés para futuras investigaciones.

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Notas