Introducción

El artículo se propone analizar la construcción social del riesgo de los dirigentes empresariales y sindicales rurales, profesionales y representantes de los organismos estatales del Uruguay vinculados a esta temática, contextualizando su discurso en el marco de sus procesos productivos, de su historia y de las estructuras de poder concretas de la sociedad. Esta perspectiva supone que el riesgo es una construcción social que se asienta en creencias y valores dentro de un contexto de oportunidades y restricciones socioeconómicas determinado.

Los resultados que se exponen surgen de la investigación “La construcción social del riesgo en la producción rural” financiada por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, en su llamado a Proyectos I+D del año 2018. El análisis intentará encontrar los puntos de acuerdo y desacuerdo sobre las diferentes dimensiones que constituyen la cultura de riesgo de la producción rural, en torno a la cual se tejen los niveles aceptables de riesgo en este ámbito.

Metodología de investigación

La propuesta metodológica de este proyecto se basó en una triangulación de fuentes y técnicas de investigación social de corte cualitativo. Como técnicas de recolección de la información, se realizaron entrevistas en profundidad a dirigentes empresariales, sindicales y representantes estatales vinculados a la producción rural. Las entrevistas fueron semiestructuradas, contemplando los ejes analíticos del marco teórico, pero conservando la libertad de profundizar en aspectos que puedan emerger de las entrevistas y sean considerados de interés para la investigación. A lo largo de la realización de todas las entrevistas, se mantuvieron criterios exploratorios de investigación que permitieron conocer la lógica de los actores en su relación con las situaciones de riesgo.

Los entrevistados fueron seleccionados en virtud de su participación en los grupos de los Consejos de Salarios (22, 23, 24) de los sectores productivos rurales. El grupo 22 agrupa a las actividades de ganadería, agricultura y actividades conexas, entre las cuales se incluye la plantación de caña de azúcar, arroz, lechería y secando. El grupo 23 comprende a la hortifloricultura, viñedos, apicultura, citricultura y criaderos. El grupo 24 lo integra la actividad de forestación, incluidos bosques, montes y turberas. Con base en estos grupos se identificaron los sindicatos y representantes empresariales y los representantes en los consejos de salarios, consejos de salud y seguridad de estas actividades productivas. También se realizaron entrevistas a representantes del sector público (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Inspección del Trabajo y Ministerio de Salud Pública) y a sectores profesionales y técnicos vinculados a la producción agraria. En total se realizaron 15 entrevistas en profundidad entre 2019 y 2020.

Aceptación y valoración de los riesgos

El análisis de los factores de riesgo presentes en los procesos productivos requiere, como condición previa, realizar un breve repaso sobre las concepciones teóricas que se han desarrollado recientemente en relación con esta problemática. Si bien estos desarrollos se anclaron fuertemente en los riesgos ecológicos o ambientales, también pueden ser incorporados al análisis de los riesgos presentes en el mundo del trabajo. La teoría de gestión de los riesgos asume que el riesgo es una probabilidad siempre presente en la sociedad, y que las decisiones sobre el mismo no son exclusivamente técnicas. En esta entra en juego la lógica de los actores, sus representaciones y sus intereses. En esta línea, Douglas (1985) mostró que el riesgo no es una propiedad inmodificable del entorno, sino que está socialmente definida y varía en función de las relaciones sociales y de los comportamientos colectivos. Beck (1998) y Luhmann (1991) también mostraron que la percepción y evaluación de los riesgos están condicionadas socialmente y que forman parte de las luchas sociales en las sociedades modernas. Giddens (1995), por su parte, asocia la percepción y evaluación de los riesgos al desarrollo de los niveles de reflexividad que tienen los actores sociales para la revisión y modificación de sus propias prácticas.

Para poder abordar la construcción social del riesgo desde el punto de vista de los involucrados, es necesario comprender que el riesgo es una construcción social, compuesta de evaluaciones que se materializan en decisiones (que incluyen valoraciones sobre el futuro que se realizan en el presente), y que están condicionadas por el contexto. Las decisiones sobre el riesgo implican un vínculo con el tiempo, ya que son decisiones elaboradas en el presente en función de un cálculo sobre acontecimientos que sucederán en el futuro, aunque para elaborar dichas decisiones no se pueda conocer a fondo el futuro, ni siquiera aquel futuro derivado de esas decisiones. Por tanto, las actitudes hacia el riesgo se encuentran imbuidas en un sistema de valores, creencias y normas determinado, que conjugan culturas de riesgo particulares. Los comportamientos en relación con ese riesgo se basan en el saber compartido en dicha cultura, al tiempo que se moldea por elementos de tipo contextual, donde se negocian y definen umbrales aceptables de riesgo, como producto de los valores insertos en una estructura de poder social determinada. El conocimiento del riesgo es histórico, local y cuestionado constantemente, por lo que su naturaleza y control son sujetos socialmente a disputas. Desde esta aproximación sociocultural a la construcción social del riesgo, se logra poner de manifiesto la multidimensionalidad de valoraciones que se realizan en torno a él (Zinn, 2006).

El concepto de gestión del riesgo implica afirmar que no existe riesgo cero. Lo que existen son procesos de selección de riesgos que se dan a nivel social, institucional o local, en función de las culturas de riesgo que intervienen en dichos procesos (Douglas y Wildavsky, 1987). Existen diferentes umbrales aceptables de riesgo posibles, determinados por la posición de cada uno como portador de decisiones o como afectado por las decisiones riesgosas (Luhmann, 1991). Esta posición, a su vez, se liga a la distribución de poder dentro de la sociedad. Dadas estas asimetrías, la definición de umbrales aceptables de riesgo tiene pocas posibilidades de generar consensos absolutos, y que –por tanto– la definición del mismo dependerá de las negociaciones, explícitas e implícitas que se realicen. El enfoque sociocultural resalta que cada cultura, es decir, cada conjunto de valores compartidos, está sesgada hacia la minimización de algunos riesgos y/o hacia la puesta en relieve de otros (Douglas y Wildavsky, 1987). Supone además que la cultura de riesgo de los actores, incide en la forma que los mismos perciben y definen el riesgo derivado de su actividad.

El umbral aceptable de riesgo definido de manera colectiva es más o menos estable y consiste en un marco a partir del cual los actores orientan su comportamiento en su cotidianidad laboral. Dado que el riesgo es una construcción social, la percepción de los mismos y su valoración están fuertemente condicionadas por los procesos de socialización que se producen en la sociedad o en los diferentes grupos que la integran, procesos que generan las normas y valores que orientan la conducta de los individuos hacia los riesgos. Como señala Luhmann (1991), la valoración y aceptación del riesgo no son un problema psíquico sino fundamentalmente social. La conducta individual frente al riesgo implica una adecuación a las expectativas socialmente mantenidas por los grupos de referencia relevantes o bien una respuesta que es la consecuencia de procesos de socialización específicos. Además del cálculo, percepción, valoración y aceptación del riesgo, se suman los problemas de saber quién o qué decide si un riesgo debe ser considerado. El problema de la selección de los riesgos se orienta a dilucidar la posibilidad de que los factores sociales puedan dirigir este proceso de selección. Esto implica poner en marcha un proceso de evaluación y selección de los riesgos colectivos, que determine cuáles son los riesgos que se deben afrontar y cuáles son las actitudes que se deben tomar con ellos.

Los procesos de construcción social del riesgo se desarrollan en contextos sociales específicos, que nutren y articulan los procesos de elaboración de percepciones y valoraciones sobre los diferentes riesgos presentes. En el marco de este trabajo, nos interesa profundizar la construcción social del riesgo en la producción rural, lo que implica comprender cuales son las características específicas de la misma, sus variaciones en los diferentes sectores de actividad, las transformaciones ocurridas en los procesos de trabajo en los últimos años, la conformación de sus mercados de empleo, las características de la fuerza de trabajo y el marco institucional en el cual se despliega la actividad productiva. Este complejo proceso de construcción social del riesgo, en la que intervienen las instancias de dirección, los empresarios, los técnicos y los trabajadores, explican que similares relaciones laborales, experiencias de trabajo y relación con la autoridad generan diferentes percepciones de los riesgos. En este sentido, la percepción y valoración del riesgo en las empresas depende de una multiplicidad de factores que hay que analizar en cada contexto.

Las condiciones laborales en el agro uruguayo

En la producción rural uruguaya, los procesos de construcción social del riesgo se desarrollan en un contexto de profundos cambios en los estilos de desarrollo, en las formas de propiedad, en la inversión tecnológica, en la composición de la fuerza de trabajo, en la normativa laboral y en el marco institucional en el cual se despliega la actividad productiva del sector rural. En las últimas décadas, el agro uruguayo y los territorios rurales, en un amplio sentido del término, comenzaron un proceso de transformaciones de magnitud tal que según Piñeiro y Moraes (2008) podrían compararse con las que se produjeron a fines del siglo XIX con la introducción del alambramiento y el mestizaje del ganado. Cardeillac, Gallo y Moreira (2013) señalan que lo que caracteriza a la producción agropecuaria en las últimas décadas es su organización en cadenas globales de valor, que se manifiestan en encadenamientos que entrelazan la etapa agrícola, hacia adelante, con las industrias que transforman las materias primas en productos elaborados y, hacia atrás, con las industrias de insumos: maquinaria, agroquímicos y biotecnología. De este modo, se registran arreglos de producción transnacionales que facilitan los procesos de expansión geográfica y de concentración económica.

Autores nacionales y extranjeros señalan las transformaciones que se generaron en el mercado laboral rural como consecuencia de los cambios técnicos, sociales y económicos ocurridos en las últimas décadas en el agro latinoamericano. En particular, Piñeiro y Carámbula (2006) ubican estas transformaciones en el conjunto de cambios que han ocurrido en la sociedad en las últimas décadas vinculados al proceso de globalización mundial. Esta situación refleja el modelo de desarrollo económico que se orienta hacia una economía de libre competencia con el mercado como su regulador principal. En este proceso se generan modificaciones importantes en los patrones de desarrollo y producción, los cuales provocan a su vez cambios en la organización y regulación del empleo. Un ejemplo de estos cambios lo encontramos en la generalización del uso del término “empleo flexible” dentro del que se plantean tres tipos de flexibilidades: flexibilidad en el empleo, flexibilidad en la subcontratación, y flexibilidad en los ingresos.

En relación con la demanda de empleo, Riella y Mascheroni (2015) señalan que los cambios no se dan de manera homogénea, sino que comienza a ser cada vez más marcada la diferenciación entre los distintos sectores demandantes de mano de obra. En esta línea, identifican, a grandes rasgos, cuatro grandes segmentos demandantes de trabajadores asalariados: las mega-empresas, las grandes empresas, la ganadería extensiva y la producción familiar. Los dos primeros son los más dinámicos y están vinculados a las grandes empresas y complejos agroindustriales, y demandan, en general, un perfil similar de trabajador, el tercer segmento es el más tradicional y extensivo vinculado a la ganadería; y el cuarto es la producción familiar que, en su conjunto, representa una porción de la demanda de trabajo asalariada perfil similar de trabajador.

Por otra parte, Carámbula (2009) identifica que la precariedad de los asalariados agropecuarios en Uruguay está asociada fundamentalmente a ciclos ocupacionales anuales con períodos prolongados de desempleo y relaciones laborales de escasa duración, las que fomentan la ausencia de beneficios y aportes sociales. La diferencia central entre los empleos urbanos y rurales es el desfasaje histórico en los niveles de consolidación del mercado de trabajo: el empleo informal y el empleo precario caracterizan al empleo rural. Los bajos niveles de ingresos, las condiciones laborales, la ausencia mínima de beneficios sociales, la zafralidad de ciertos trabajos han sido características propias del empleo rural. La baja participación del Estado, la mínima organización sindical, y la predominancia de relaciones clientelares, han consolidado y forjado este mercado (Carámbula, 2009).

En este sentido, el trabajo rural tiene cuatro particularidades: 1) las diferentes labores que se realizan durante las estaciones del año generan una demanda de trabajo variable, 2) los ciclos diurnos/nocturnos y dependencia de fenómenos climáticos, 3) la diferencia entre el tiempo de producción y tiempo de trabajo adquiere más notoriedad en el agro y, 4) las innovaciones tecnológicas han tenido un fuerte impacto sobre la demanda de trabajadores, tanto en la cantidad como en la calidad, profundizando la segmentación del mercado de trabajo entre trabajadores calificados (pocos y permanentes) y no calificados (muchos y transitorios) (Piñeiro y Carámbula, 2006).

Amador y Armelin (2007) muestran, a partir de datos sobre accidentes laborales recopilados por la OIT, que la agricultura es una de las actividades de mayor siniestralidad laboral en Latinoamérica y en el mundo. En estas actividades particularmente se han dado revoluciones productivas donde conviven nuevas y viejas formas del medio rural. Los tipos de accidentes que estos autores registran como más frecuentes en su análisis están ligados a la utilización de maquinaria, productos químicos o bien son lesiones por exigencia física.

En Uruguay, de acuerdo al Informe de Accidentes de Trabajo 2016, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social muestra que, de acuerdo a la categorización por sectores de actividad, el 45% de los accidentes laborales registrados anualmente, esto es, casi la mitad de los que son amparados por la protección social, se registran en trabajadores pertenecientes a “ganadería, agricultura”, “servicios profesionales, técnicos especializados”, “comercio en general” y “construcción”. Los trabajadores pertenecientes a estos grupos de trabajo suelen ser los más accidentados y, de hecho, cada uno de estos grupos de trabajo registra más de 3.000 accidentes laborales por año. Estos grupos se ubican en la categoría de “accidentalidad laboral alta”. El sector de ganadería, agricultura y actividades conexas tiene un 8,7% de los accidentes laborales ocurridos en el año, situándose por debajo del sector comercio (13,4%), industria de la construcción (10,9%) y servicios profesionales (9,2%).

Las percepciones de los actores del mundo rural

Las transformaciones ocurridas en la producción rural y los cambios en la composición de la fuerza de trabajo conforman las condiciones de trabajo específicas en las cuales se despliegan los diferentes riesgos a la salud y al medioambiente que se pueden encontrar en el sector. El análisis de las entrevistas realizadas en el marco del proyecto nos permite acceder a las percepciones y valoraciones que los actores tienen de las condiciones de trabajo del mundo rural y a sus diferentes umbrales de aceptación del riesgo.

Una de las definiciones que comparten todos los actores involucrados es que la producción rural uruguaya tiene niveles de riesgo relativamente más altos que otros sectores de actividad. Si bien los representantes de las gremiales ganaderas tienen una mirada más optimista sobre los niveles de siniestralidad del sector, la mayoría de los actores entrevistados coincide con considerar al sector rural como un sector con altos niveles de riesgo en sus condiciones de trabajo. Esta opinión coincide con los datos mostrados más arriba.

Una segunda definición compartida se refiere a la heterogeneidad de la producción rural en términos de niveles de modernización e inversión, desarrollo tecnológico, tamaño de los establecimientos y empresas y posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales. Esta heterogeneidad dificulta la construcción de definiciones comunes para toda la producción rural.

Una tercera definición compartida es que el mundo rural ha pasado, en los últimos años, por procesos de transformación profunda en términos de sus prácticas laborales, sus composiciones sociales y sus relaciones de poder. Esta definición, a su vez, se ve matizada por la percepción de que, pese a estos cambios, persisten modalidades tradicionales que afectan los comportamientos y las valoraciones de los actores.

La cuarta definición compartida es que la normativa en materia de seguridad y de condiciones de trabajo desarrollada en los últimos años en Uruguay es rica y extensa, y que ha generado un conjunto de derechos y responsabilidades que la ponen al nivel de las normativas del mundo desarrollado. Al mismo tiempo, existe también un consenso de que existen fuertes dificultades para la aplicación efectiva de la misma en muchos sectores de la actividad rural. Este consenso no es tan sólido cuando se plantean las causas que explican estas dificultades de aplicación.

La quinta definición compartida, aunque se pueden establecer leves matices en la misma, es que las condiciones de trabajo de los asalariados rurales son más negativas que las del resto de los trabajadores uruguayos del sector industrial y del sector servicios. Estas pésimas condiciones de trabajo entran en abierta contradicción con la normativa laboral, lo que vuelve a poner en cuestión el tema de la aplicación efectiva de la normativa.

Existe también un relativo consenso sobre la importancia de la coordinación de los diferentes organismos del Estado involucrados en la temática, para lograr la efectiva aplicación y supervisión con respecto al cumplimiento de las normas y la recepción de denuncias o de demandas de los diversos actores del mundo rural. Sin embargo, los actores destacan las dificultades de coordinación que se presentan a la hora de desarrollar acciones o de determinar espacios colectivos de acción. Estas situaciones se visualizan como inconsistencias y desajustes en el funcionamiento de los organismos del Estado en el desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus metas. La Inspección de Trabajo y los sindicatos señalan que algunas disposiciones, como la obligación de establecer en las empresas o establecimientos de producción comisiones bipartitas de seguridad, en las que empresarios y trabajadores dialogan y establecen acuerdos sobre seguridad y salud laboral, se cumplen, en muchas ocasiones, de manera ritual. Las comisiones se transforman en espacios huecos y burocráticos que no avanzan en acuerdos, o disposiciones sustantivas sobre condiciones de trabajo o de salud laboral.

El movimiento sindical hace un fuerte énfasis en la necesidad de la acción del Estado para lograr un efectivo cumplimiento de la normativa. Sin embargo, la falta de recursos de los organismos especializados en el control y supervisión de la normativa laboral, como la Inspección del Trabajo, también es señalada como un factor que explica las dificultades de aplicación de las normas vigentes. La Inspección del Trabajo amplió el número de inspectores y mejoró su nivel de formación y capacitación, pero de todos modos la percepción general es que siguen siendo insuficientes para la tarea que deben desarrollar. En este sentido, tanto el movimiento sindical como la Inspección del Trabajo recargan las responsabilidades por la escasa aplicación de la normativa en las estrategias que muchos empresarios desarrollan para evitar o burlar las inspecciones provenientes de las instituciones estatales. Estas estrategias pasan por la utilización de informantes que avisan de la llegada de inspectores, amenazas a los trabajadores que desarrollan acciones reivindicativas o de denuncias de malas condiciones laborales o simplemente el hecho de aprovechar el aislamiento geográfico para no aplicar las normas establecidas. También se señala el bajo costo económico que tienen las multas por incumplimiento de la normativa.

La perspectiva de los empresarios transita por otras dimensiones, en las que también concuerdan sindicatos, técnicos y organismos estatales. Esta mirada pone énfasis en la falta de información, debido al aislamiento geográfico, que tienen tanto empresarios como trabajadores respecto a las normas y derechos establecidos por las normas jurídicas. También se menciona, desde esta perspectiva, la cultura tradicional que permea a amplios sectores de la actividad rural, orientada a la repetición de costumbres y hábitos de trabajo marcados por la tradición. Los empresarios también destacan la cultura laboral de los trabajadores rurales, signada por la valoración del machismo, la valentía y la capacidad de resistencia física como un factor que inhibe la efectiva aplicación de la normativa de seguridad laboral. Esta situación se expresa claramente en la actitud de resistencia de los trabajadores a utilizar el equipamiento de protección y seguridad que brindan las empresas.

La Inspección del Trabajo y el movimiento sindical coinciden en parte en la presencia de este tipo de cultura laboral, pero desarrollan explicaciones diferentes a las proporcionadas por los empresarios. En este sentido, si bien se puede constatar que, en numerosas ocasiones los trabajadores no usan los elementos de protección personal, la Inspección de Trabajo señala que esta indumentaria no siempre es la más adecuada para las tareas que se realizan, ni tampoco siempre cumple con los requisitos de protección exigidos.

La Inspección del Trabajo coloca el peso de las responsabilidades en el personal técnico y de dirección que diseña, organiza y supervisa los procesos de trabajo, las tecnologías que se aplican y los productos que se utilizan en estos procesos. En este sentido, esta visión parte del supuesto de la separación entre propiedad y control de los espacios de producción. Los procesos de modernización de la producción rural, desde esta perspectiva, tienden a desplazar las decisiones de producción de la esfera de los propietarios e inversionistas, muchas veces ausentes o con una relación lejana a la producción directa.

Los representantes sindicales, si bien coinciden con la Inspección del Trabajo en los efectos negativos que pueden tener los procesos de modernización para las condiciones de trabajo, ponen el énfasis en el rol positivo que han tenido en la generación de empleo y en la mejora de las condiciones de trabajo de algunos sectores de la producción rural. La discusión sobre las responsabilidades se inscribe, desde esta perspectiva, en una mirada más amplia que hace un balance entre los efectos negativos y contaminantes de las nuevas tecnologías y sus efectos positivos en el plano laboral y social.

Estos procesos de selección de riesgos reflejan las asimetrías de poder de los actores entrevistados. Las capacidades de decisión sobre los riesgos y de ser afectados por los mismos no se distribuyen de manera homogénea entre los actores analizados. Las decisiones de inversión y de utilización de determinadas tecnologías que toman los sectores empresariales afectan a amplios sectores de trabajadores rurales que tienen escasa capacidad de incidir en estas decisiones. La ausencia de espacios de diálogo que caracteriza de manera general el marco de relaciones laborales del sector, limita los procesos de negociación de los umbrales aceptables de riesgo entre empresarios y trabajadores. Las culturas de riesgo que elaboran los trabajadores y los actores sindicales tienen un carácter defensivo, que pasa de las denuncias puntuales a la resistencia silenciosa y cotidiana, con escasos márgenes para modificar las situaciones de riesgo generadas. Por otra parte, las capacidades de decisión de las instituciones públicas también se encuentran limitadas por sus cometidos institucionales y por las normativas establecidas. Las instituciones públicas pueden, en el mejor de los casos, corregir situaciones decididas por los actores empresariales, lo que también limita los alcances de sus márgenes de decisión.

En la medida en que las culturas de riesgo se sustentan en valores compartidos, parece existir una relación entre la persistencia de valores tradicionales ligados al mundo rural donde las prácticas se orientan por costumbres y actitudes que provienen del pasado y se mantienen sin cambios, y los valores modernos orientados hacia la inversión y más abiertos al cambio y a la innovación. En este sentido, en los contextos productivos en los cuales persisten formas productivas tradicionales los actores serían menos reflexivos (Giddens, 1995) y sus capacidades para volver sobre sus prácticas y transformarlas estaría más limitada. Al contrario, los procesos de modernización se supone que van acompañados de mayores niveles de reflexividad y capacidad para cuestionar y modificar las actitudes y los procesos de selección de riesgos. Sin embargo, esta ecuación no siempre funciona así. En algunos sectores rurales, los altos niveles de inversión y de modernización tecnológica subsisten con condiciones laborales precarias y con la ausencia total de participación de los trabajadores en las relaciones laborales.

Conclusiones

Los procesos de construcción social del riesgo ponen en juego multiplicidad de intereses, percepciones y valoraciones entre diferentes actores laborales e institucionales, que establecen estrategias de negociación y/o de conflicto, explícito e implícito, sobre los cuales se construyen los umbrales de aceptación del riesgo en diferentes planos. Estos procesos de construcción de los niveles aceptables de riesgo se desarrollan en contextos productivos, sociales y culturales que establecen límites y posibilidades a los actores que participan de los mismos, al tiempo que inciden en sus percepciones y valoraciones.

Estos cambios marcan algunas de las tensiones centrales que definen el proceso de construcción social del riesgo en el sector rural. Una primera tensión remite a la fuerte heterogeneidad del sector, en términos de orientaciones empresariales, desarrollo tecnológico, formas de contratación, composición de la mano de obra y culturas laborales. Los procesos de modernización productiva y de transformación de las relaciones sociales no sólo generan fuertes heterogeneidades en los diferentes sectores de actividad del mundo rural, sino que también profundizaron las segmentaciones previas presentes al interior de cada sector de actividad. La coexistencia de niveles de producción modernos orientados por estrategias empresariales dinámicas con espacios de producción tradicional, de bajo nivel de inversión y trabajo familiar, forma parte de las tensiones que muestra el proceso de construcción social del riesgo para el mundo rural.

El proceso de modernización genera un espacio de discusión y negociación que no estaba presente en la producción tradicional: la presencia de riesgos laborales ocasionados por las modernas tecnologías de producción. En esta discusión se plantea un primer umbral de aceptación del riesgo compartido por actores empresariales y sindicales. Este umbral se expresa en la idea de que, si bien las nuevas tecnologías generan nuevos riesgos laborales, su impacto en el empleo es positivo, por lo que el rechazo o la resistencia a las mismas es más negativo que su presencia. Este nivel de acuerdo desplaza el problema hacia las estrategias de reducción de riesgos a través del control y el desarrollo de protocolos de seguridad en el uso de las mismas.

En este sentido, hay fuertes consensos en considerar que la modernización tecnológica conlleva nuevos riesgos, como los de contaminación y de lesiones por manipulación de sustancias químicas, sin llegar a suprimir, en todos los casos, los clásicos riesgos ligados al esfuerzo físico y a las largas jornadas de trabajo. Por otra parte, también hay fuertes consensos en considerar que los sectores productivos más modernos de la producción rural son los que tienen relaciones laborales más cercanas al modelo industrial, en las cuales se establecen espacios de diálogo entre empleadores y empleados, se reconoce la actividad sindical y se aplican más las normas de seguridad. En esta contradicción, la oposición se plantea en torno a la capacidad de los actores de establecer acuerdos, regulaciones y prácticas productivas que atenúen el impacto negativo de las nuevas tecnologías en la salud de los trabajadores.

Sin embargo, el corte tradicional-moderno no explica, en todos los casos, los procesos de construcción social del riesgo. En primer lugar, como se ha señalado desde la literatura académica, todos los sectores de actividad del medio rural han sufrido importantes transformaciones en los últimos años. Si bien persisten algunas modalidades tradicionales, la realidad está enmarcada por la convivencia de una realidad laboral que funciona a diferentes velocidades, por lo que coexisten en un mismo espacio productivo componentes tradicionales y modernos. Por otra parte, las entrevistas analizadas nos permiten señalar que algunas actividades productivas que tienen altos niveles de inversión no necesariamente van acompañadas de prácticas de gestión más reflexivas. Por el contrario, como surge de las entrevistas a los profesionales, algunos sectores que no han modificado sus prácticas tradicionales de producción, parecen estar más abiertas al desarrollo de modalidades de gestión del riesgo más modernas.

Los nuevos riesgos generan también una fuerte discusión sobre la definición de las responsabilidades en relación a su génesis y tratamiento. La discusión está puesta en relación a quienes toman decisiones sobre los procesos productivos y la organización del trabajo y quienes se ven afectados por estas decisiones. La responsabilidad tiende a trasladarse de la esfera de la propiedad de los medios de producción a la esfera de la gestión técnica de estos medios. Las formas de organización del trabajo se legitiman a través de discursos técnicos que esconden las decisiones inherentes a los mismos, por lo que las consecuencias de la modernización aparecen como necesidades inevitables del desarrollo productivo. La puesta en evidencia de estas decisiones es un factor central en las tensiones que conllevan los procesos de construcción social del riesgo.

Otro punto de tensión en estos procesos es la percepción del conjunto de actores de la fuerte contradicción entre la normativa sobre seguridad y condiciones de trabajo promulgada en los últimos años, los dispositivos de control y las condiciones de trabajo de los asalariados y trabajadores rurales en general. Los procesos de modernización de la producción rural fueron acompañados de un desarrollo normativo extenso, que otorgó derechos laborales y estableció regulaciones modernas al contexto productivo rural. La promulgación de la ley de 8 horas, entre otros cambios jurídicos, igualó la regulación laboral rural a sus pares industriales, generando un proceso de modernización de las relaciones laborales inédito en el país. Sin embargo, la combinación de procesos de modernización productiva, tecnológica y normativa no logró mejorar las condiciones de trabajo precarias de amplios sectores de trabajadores rurales. En este plano, el eje de oposición se establece a dos niveles: los problemas de aplicación efectiva de las normas y los relaciones laborales y contractuales.

La percepción de los actores sobre los problemas de aplicación de la normativa señala la tensión que se plantea entre los esfuerzos de fiscalización y control por parte de las instituciones públicas destinadas a estos cometidos, y las estrategias de múltiples actores empresariales orientadas a eludirlas, lo que pone en duda la capacidad real del Estado de hacer valer la normativa vigente. El sistema de castigos y recompensas para hacer cumplir la normativa tampoco parece adecuado, en la medida en que los castigos son leves y no existen estímulos para aquellos que ajustan sus prácticas a las normas establecidas

Un componente relevante en la construcción social del riesgo remite a la influencia que tienen los vínculos laborales y las formas de contratación en estos procesos. Por un lado, la cercanía geográfica entre patrones y trabajadores en cierto tipo de producción, como la ganadera, y el desarrollo de vínculos de lealtad y paternalismo, oscurecen la relación laboral y las posibilidades de generar conciencia sobre los derechos laborales para ambas partes. En otros sectores más intensivos en la contratación de mano de obra, la persistencia de la zafralidad, el salario a destajo y las exigencias de productividad para alcanzar salarios mínimos, generan modalidades de individualización de la relación laboral que erosionan las capacidades para el desarrollo de acciones colectivas por parte de los trabajadores. Estos efectos no son específicos de la actividad rural; numerosos trabajos han mostrado cómo la precarización del vínculo laboral y la implementación del salario variable tienen los mismos efectos en otras esferas de actividad. Lo que sí parece ser específico del mundo rural es la combinación de estas modalidades contractuales con las dificultades de cumplimiento de la normativa, expresada en las largas jornadas laborales, los bajos salarios y la persistencia de modalidades tradicionales de gestión de la fuerza de trabajo. En este contexto, los niveles de aceptación del riesgo de los trabajadores rurales son claramente inferiores a los que encontramos en la actividad industrial y de servicios. Esta situación se condensa en la escasa producción de normas sobre seguridad y condiciones de trabajo en los convenios que se firman en los grupos de negociación del sector rural y en la escasa presencia de estos actores en los espacios tripartitos de producción de normas referidas a esta temática.

La “cultura de riesgo” (Douglas, 1985) de los trabajadores rurales es una cultura formada en la rutina cotidiana de trabajo, en la cual existen valores y códigos implícitos que muestran una adaptación práctica del trabajador a los contextos de riesgo que enfrenta cotidianamente. En este sentido, la cultura de riesgo resulta un producto contingente y puntual que elaboran un conjunto de trabajadores en el marco de una organización concreta, y que depende básicamente de los componentes organizativos específicos de la empresa o lugar de trabajo. Las características de esta cultura de riesgo dependerán de los procesos de trabajo concretos, de las rutinas cotidianas y de las reglas de comportamiento que los actores elaboran en el proceso productivo. Estas características obligan a centrar el análisis en los procesos de trabajo concretos, no en los “trabajadores rurales” como categoría homogénea, dotada de valores y normas de comportamiento independientes del contexto productivo en el cual desarrollan la actividad.

En el contexto rural analizado, la negociación de los umbrales aceptables de riesgo no se constituye en una actividad con capacidad para regular la conducta de los actores ni para imponer acuerdos o compromisos con la centralidad necesaria como para reducir los riesgos. Las asimetrías de poder entre el status de afectado y de decisor y la ausencia de espacios formales e informales de acuerdo o negociación explican esta incapacidad. Las dificultades para lograr una eficaz intervención social llevan a Luhmann (1991) a hablar de acoplamiento estructural. Debido a que no se puede reducir el riesgo a través de una intervención social orientada por criterios técnicos o racionales, lo único que se puede esperar es que los actores logren una adaptación más o menos positiva al entorno de riesgo. En la producción rural parecen predominar procesos de adaptación de este tipo, que permiten un ajuste de las conductas a las situaciones de riesgo, pero que no resuelven el mismo de una manera integral.

Los problemas de empleo endémicos del mundo rural, lleva a que los riesgos de salud y seguridad en el trabajo entren en competencia con los riesgos de desempleo y de reducción salarial. Esta tensión supone un proceso de selección de riesgos en los cuales se valoran de manera explícita las decisiones vinculadas al crecimiento económico y la inversión en detrimento de sus consecuencias en términos de salud y seguridad. Esta situación hace que todas las medidas en materia de política de seguridad y de elaboración jurídica se implementen en un contexto poco fecundo para un eficaz aprovechamiento y consolidación de las mismas. El desajuste entre los bajos niveles de valoración y aceptación del riesgo de los actores rurales y los armazones institucionales, jurídicos y organizativos generados para mejorar las condiciones de trabajo obstaculiza los procesos de intervención social en la temática.

Referencias

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