Tramas de residuos: formas de resistencia y de articulación para la sostenibilidad de la vida

Redes de resíduos: formas de resistência e articulação para a sustentabilidade da vida

Waste networks: forms of resistance and connection for the sustainability of life

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Este ensayo examina las implicaciones que ha tenido la pandemia para la población recicladora de Bogotá. Esta población es un ejemplo de lucha en la búsqueda del reconocimiento y reivindicación de sus derechos que ha sido forjada durante varias décadas (Parra, 2016). Con la llegada de la pandemia se ratificó la importancia de su labor como un trabajo esencial. Así como las actividades del cuidado en cabeza de los médicos, enfermeros y enfermeras fueron visibilizadas como fundamentales para afrontar la crisis sanitaria, otras actividades, en este caso, las referidas al servicio de aseo y saneamiento público ratificaron ser primordiales para garantizar la vida.

En Bogotá, la exigencia por el reconocimiento de la labor de los recicladores, así como el cuestionamiento sobre la tradicional gestión lineal de los residuos, generó una variación significativa en la prestación del servicio público de aseo. A partir del 2016, el trabajo de los recicladores, cuyas organizaciones se inscriben como operadoras del servicio público de aseo, es remunerado. Sin embargo, este reconocimiento se calcula según el costo evitado. Es decir, que la retribución económica que reciben depende de la cantidad de material comercializado y no recolectado. La libre competencia, los intereses de la industria del reciclaje, así como los cambios en los intereses de los gobiernos locales han dificultado una real inclusión y mejora de las condiciones de trabajo y de vida de la población recicladora.

Más allá de analizar el proceso de formalización en Colombia (Parra y Abizaid, 2021; Tovar, 2018; Valdés Serrano, 2016), este ensayo problematiza el reconocimiento y la valoración del oficio del reciclaje exclusivamente en términos económicos lo que dificulta identificar estrategias alternativas y comunitarias de gestión de los residuos. Más que recursos que obtienen valor a condición de ser reinsertados en el mercado, los residuos pueden identificarse como elementos de articulación y de construcción de redes comunitarias. Para resaltar estas otras formas de gestión, acudimos a las reflexiones de la economía feminista transformadora, que nos permiten comprender la totalidad social y superar las suposiciones arbitrarias de la economía convencional como el individualismo metodológico y el homo economicus racional.

Nuestras reflexiones surgen del trabajo de apoyo y acompañamiento basado en el diálogo de saberes que, como grupo de investigación, hemos realizado desde 2015 con algunas organizaciones de recicladores en Bogotá. Este tiempo nos ha permitido entender, de la mano con la población recicladora, la importancia de su labor históricamente invisibilizada. La llegada de la pandemia tomó a los recicladores en el medio de un proceso de formalización, con sus pros y sus contras, estos últimos agudizados por el impacto general de la crisis. Las dificultades a las que la población recicladora puede estar acostumbrada y sobre la cual ha forjado su capacidad de lucha y defensa de sus derechos, ha sido una interesante fuente de inspiración para replantearse y explorar formas de resistencia y de articulación, hoy en día aún en construcción.

Para el desarrollo de este ensayo, se realizó una revisión de la literatura y se utilizó un enfoque metodológico basado en la participación-acción y diálogo de saberes que utilizó herramientas cualitativas como entrevistas semiestructuradas, visitas en terreno en Bogotá y sus alrededores, así como el desarrollo de actividades en común con los recicladores, realizadas entre octubre de 2020 y febrero de 2021.

Luego de esta introducción, se exponen las reflexiones feministas centradas en los elementos y estrategias que utiliza el sistema económico para invisibilizar a gran parte de la población, considerándola improductiva, por lo que es marginada y explotada. Posteriormente, se examina qué ocurrió con la llegada de la pandemia, las principales afectaciones y las respuestas de los recicladores para luego presentar las experiencias de articulación en torno a los residuos. Para el caso de los recicladores, la “nueva normalidad”, es decir, las condiciones para convivir con el virus, ha implicado un mayor acercamiento al manejo de los residuos orgánicos, la creación de alianzas con otros actores y la reafirmación de avanzar hacia la transformación de materiales. Estas perspectivas constituyen el camino para mejorar sus condiciones de autonomía y continuar su lucha, no solo por evitar ser invisibilizados, sino para no ser excluidos y afectados por los conflictos e intereses que se encuentran detrás del mercado de los residuos.

Las reflexiones finales subrayan los aspectos de (in)visibilidad y la necesidad de continuar tejiendo las redes de apoyo y entramados comunitarios (Gutiérrez Aguilar y Trujillo Navarro, 2019) para sostener la vida colectivamente y hacer frente a los desafíos de esta pandemia y de las futuras crisis del sistema capitalista, porque en definitiva nadie se salva solo.

Las reflexiones feministas brindan un aporte significativo para entender las dificultades que impiden una transformación social. Uno de estos aportes ha sido la denuncia de la invisibilización de la reproducción y la reivindicación del valor que este proceso tiene para el sistema capitalista (Bhattacharya, 2017).

Este aporte ha sido valioso en la ciencia económica porque plantea expandir la esencia de la economía centrada en los mercados (masculinos), al cuestionar y buscar deconstruir esta doctrina e intentar recuperar a los otros femeninos (Pérez Orozco, 2004). De hecho, el feminismo transformador no se limita a los problemas de las mujeres, sino que defiende las necesidades y los derechos de la mayoría, sean mujeres pobres y de la clase trabajadora, indígenas, comunidades afro, campesinos, migrantes, población queer, trans y discapacitada, sectores populares. Todo un gran conjunto de los otros feminizados, dominados, oprimidos y explotados por el capital (Arruzza et al., 2019).

Estas reflexiones resaltan su potencia y ayudan a comprender que no se trata simplemente de una crisis de producción, como tradicionalmente la teoría económica lo estudia, sino que estamos inmersos en una crisis de reproducción. Estas crisis hacen referencia a la exclusión sistemática de amplios sectores de la población, que no pueden acceder a los recursos indispensables para satisfacer sus necesidades reproductivas, biológicas y sociales (Quiroga Díaz, 2009).

Al reconocer la crisis de reproducción emerge la parte del iceberg que se mantuvo oculta. Sale a flote todo el trabajo socialmente necesario para la reproducción de la vida y de la sociedad, sobre el cual se apoya el funcionamiento del sistema económico dominante (Pérez Orozco, 2014). La invisibilización del trabajo reproductivo es el resultado de un proceso de exclusión, colonización y opresión transcurrido durante los últimos cinco siglos, en el cual las mujeres subordinadas, la naturaleza, las poblaciones explotadas y los pueblos de color fueron situados en la periferia de la sociedad eurocéntrica civilizada (Moore, 2016).

Para Amaia Pérez Orozco (2014) la noción de (in)visibilidad es primordial para comprender el sistema socioeconómico dominante, puesto que la parte visible recoge el proceso de acumulación y la invisible es la que se encarga de sostener la vida y el sistema capitalista en una compleja red de procesos sociales y relaciones humanas (Federici, 2019; Ferguson, 2016). Es así como las principales actividades, funciones y tareas que reproducen a la clase trabajadora ocurren fuera del lugar de trabajo y son invisibles (Bhattacharya, 2018).

La economía feminista sitúa el trabajo, no solo vinculado al proceso de producción en términos de acumulación de capital y de relación salarial, sino en un sentido amplio, como elemento indispensable para el funcionamiento de las sociedades. El imaginario de una sociedad automatizada, que funciona solo con robots, se desdibuja cuando un respirador no es útil sin la persona que se encargue de instalarlo y de verificar su funcionamiento. Se reconoce entonces que los trabajos reproductivos y del cuidado son esenciales para la reproducción, no solo en el ámbito doméstico, sino para garantizar la vida en sociedad. Estos trabajos, que estuvieron invisibilizados y considerados como residuales, condenaron a las poblaciones que los ejercen a un trato despectivo y peyorativo.

Ubicados en la periferia, en la zona improductiva, estas actividades son catalogadas como de subsistencia, es decir, que apenas alcanzan para no morir y no representan un medio para vivir dignamente. El feminismo cuestiona el concepto de subsistencia, y reivindica la noción de sostenibilidad de la vida (Carrasco, 2001) entendida como la forma en que cada sociedad resuelve sus problemas de sostén de la vida humana, poniendo de manifiesto los intereses prioritarios de una sociedad, para precisamente garantizar el cuidado y la reproducción de la vida.

Al no ser reconocidas, la sociedad tiene una deuda de vida con estas poblaciones (Roig, 2013). Este es el caso de la población recicladora en el mundo que, durante generaciones, ha vivido de la recuperación de los materiales que la sociedad desecha, y que es considerada una molestia; es ignorada por las políticas públicas, amenazada y perseguida por las autoridades (Demaria, 2017; Samson, 2009).

Hasta hace unas décadas, en Colombia la situación no era diferente. Los recicladores eran denominados como “desechables” e indigentes hasta el punto de ser víctimas de grupos de limpieza social, es decir, grupos al margen de la ley dedicados al asesinato de habitantes de calle, consumidores de droga, prostitutas y opositores políticos. En 1992 se descubrió una red criminal de tráfico de órganos que asesinaba a recicladores y habitantes de calle para comercializar sus órganos y utilizar sus cuerpos para realizar prácticas de medicina en una universidad (Semana, 1992). Este caso fue denunciando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por líderes y lideresas de organizaciones de recicladores y, gracias a sus exigencias, en 1999 el Estado expidió la Ley 511 que estableció el 1º de marzo como el Día Nacional del Reciclador y del Reciclaje (Congreso de la República de Colombia, 1999). Esta acción de reparación simbólica fue “un importante precedente en la introducción de la población recicladora como actor productivo dentro de la comprensión del problema público de los residuos y sus soluciones públicas”(Parra, 2016, p. 112).

El 25 de marzo de 2020 se decretó oficialmente el inicio del confinamiento en Colombia y se estableció una lista de las actividades necesarias para garantizar la vida y la salud, dentro de ellas la prestación de los servicios públicos, incluido el de aseo (Ministerio del Interior, 2020). De esta manera los recicladores fueron autorizados a seguir ejerciendo su actividad como prestadores esenciales del servicio público de aprovechamiento. Los recicladores podían salir a la calle y realizar sus labores, pero debían cumplir con los protocolos de bioseguridad.

Antes de la llegada de la pandemia los recicladores se encontraban en un proceso de formalización, luego de una larga lucha por el reconocimiento y defensa de sus derechos al trabajo y a la vida (Parra, 2015). La formalización fue la respuesta a los mandatos de la Corte Constitucional para incluir y mejorar las condiciones de vulnerabilidad de esta población. En Colombia, la formalización consiste en vincular a las organizaciones de recicladores como operadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2016).² Su trabajo es reconocido con un pago, pero deben cumplir con los requisitos establecidos en el proceso de transición (ocho fases a cumplir en cinco años).

La mayor parte de los requisitos son técnicos y comerciales. No existen requisitos o seguimiento en términos ambientales, y en términos de seguridad social y condiciones laborales no se establece una obligatoriedad de vincular a los recicladores mediante contratos que garanticen sus derechos. Cada fase con sus respectivos requisitos implica nuevos costos que dificultan el cierre financiero, puesto que a los recicladores la tarifa se les paga por material comercializado y no por material recolectado (Tovar, 2018). Existen muy pocas organizaciones que han optado por un esquema de pago igualitario, reemplazando el esquema tradicional de pago por destajo, sin embargo, logran su cierre financiero porque tienen convenios con entidades o reciben donaciones.

Además, la formalización incorporó la idea de convertir a los recicladores en empresarios del reciclaje, de manera que ellos asumieran el costo de esta y prestaran el servicio público de aseo en el componente de aprovechamiento bajo las reglas de la libre competencia. Sin embargo, la operación del servicio de aseo en una ciudad como Bogotá con más de 7 millones de habitantes y que produce aproximadamente 6.300 toneladas de residuos sólidos al día, bajo condiciones en las que cada operador busca su beneficio individual, va en detrimento de las organizaciones de recicladores más débiles y permite la entrada de empresas con músculo financiero que no están constituidas por recicladores de oficio.

A pesar de que el 70% de los residuos generados podrían reciclarse, solo se recupera el 10% (SSPD y DNP, 2018). El material que no es recuperado se dispone en el relleno sanitario de Doña Juana, cuya vida útil se prevé hasta el 2023. Cinco empresas privadas operan en cinco áreas recolectando y transportando residuos hasta el relleno sanitario de Doña Juana, mientras que más de 180 organizaciones (SSPD, 2021) rivalizan por el material. La UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos), que es la entidad municipal encargada de monitorear a los recicladores en Bogotá, reconoce solo 116 organizaciones de recicladores (UAESP, 2020), con condiciones operativas y financieras desiguales.

En lugar de garantizar las condiciones de operación y trabajo digno, la formalización se ha convertido en un trámite burocrático, un proceso forzado al que las organizaciones de recicladores deben adherirse como condición para no ser procesadas por la ley o la policía. La libre competencia aumenta los enfrentamientos entre los prestadores del servicio de aseo, las grandes empresas y las organizaciones de recicladores. Con ello la política pública de formalización no cumple con su objetivo inicial de incluir a los recicladores, y en lugar de mejorar sus condiciones de vida, pone en riesgo sus posibilidades de trabajo.

A pesar de la paradoja de los procesos invisibles que consiste en que los servicios públicos tienden a no ser percibidos por quienes los disfrutan cuando estos funcionan adecuadamente (Gutiérrez-Cuevas, 2004), la llegada de la pandemia puso de manifiesto la importancia esencial de la labor de los recicladores, así como otros elementos. Primero, que a pesar de las ayudas y donaciones recibidas por la población recicladora, la ausencia de seguridad social, en términos de protección en riesgos laborales, y de una pensión dificulta que los recicladores puedan recibir los ingresos necesarios para vivir dignamente y mantener a sus familias, principalmente los adultos mayores. Bogotá tiene registrados 21.335 recicladores de los cuales el 30% pertenece a una organización (UAESP, 2019), 3.800 son mayores de 60 años razón por la cual al inicio de la pandemia permanecieron en aislamiento obligatorio.

En términos de salud, en Colombia existe una amplia cobertura resultado del proceso de aseguramiento a través de los regímenes contributivo y subsidiado. Sin embargo, la cobertura en afiliación no significa un servicio de calidad. De acuerdo con el último censo realizado a los recicladores en 2012, el 62% estaba cubierto por el régimen subsidiado en salud, 5% pertenecía al régimen contributivo, 7% eran beneficiarios y 26% no tenía acceso a la salud; solo el 2,1% tenía una afiliación a pensión y, en términos de afiliación a administradoras de riesgos laborales (ARL), solo 1,5% de los recicladores se encontraba vinculado (Castro, 2014).

La ausencia de una seguridad social ha puesto en evidencia la preocupación de los recicladores jóvenes que perciben en sus antecesores un espejo de las dificultades futuras para garantizar una vejez digna. La formalización no significó una mejora en las condiciones laborales y de seguridad social de los recicladores.

Un último elemento a resaltar producto de la pandemia es la reducción drástica de la actividad económica que tuvo un efecto determinante en los precios del petróleo, donde inclusive llegaron a registrarse precios negativos (Bermúdez, 2020). Este hecho implica que los precios de los plásticos reciclados también se reduzcan, secuela que los recicladores conocen bien y que los motivó a explorar otras fuentes de ingresos y alternativas autónomas en la gestión y transformación de los residuos. Algunas de las alternativas exploradas por los recicladores y las alianzas que han ido tejiendo para materializarlas se exponen a continuación.

La situación de emergencia sanitaria y económica provocada por la pandemia puso de manifiesto una problemática estructural en el manejo de los residuos. La alta concentración de la industria del reciclaje provoca que el esfuerzo de las políticas públicas y la valorización del trabajo de los recicladores continúe supeditado a los “caprichosos movimientos de demanda interna de material reciclable” (Parra, 2010, p. 144). Frente a esta situación y con la agudización de los problemas económicos, algunas organizaciones optaron por incursionar en los procesos de transformación de los materiales, agregando valor y buscando reducir la dependencia al mercado.

Antes de la pandemia algunas organizaciones con mayor capacidad financiera y apoyo privado habían comenzado a trabajar con maderas plásticas (ARB, 2019). Sin embargo, en este apartado nos interesa visibilizar cuatro ejercicios de articulación entre los recicladores y las comunidades surgidos en el marco de la pandemia, para afrontar los problemas económicos y además para tejer formas de resistencia y producción de lo común. La pandemia reiteró la capacidad humana de generación de vínculos sociales más allá de las relaciones mercantiles que, a través de ejercicios de reconexión, recomposición y reapropiación a partir del sentido compartido de afectación, permiten la organización y producción de esfuerzos colectivos para garantizar la reproducción de la vida (Gutiérrez Aguilar y Trujillo Navarro, 2019).

Fortalecer la gestión de los residuos orgánicos

A partir de la necesidad de ampliar la gestión de los residuos más allá de los materiales históricamente recuperados por los recicladores como el cartón y plástico, sumado al tercer derrumbe en el relleno en pleno confinamiento,³ se observó en los recicladores una mayor preocupación por el manejo de los residuos orgánicos. De hecho, de las 6.300 toneladas de residuos sólidos producidas en Bogotá diariamente, 55,22 % son de tipo orgánico biodegradable (UAESP, 2018).

De acuerdo con algunos recicladores consultados, para soportar el confinamiento era necesario garantizar el suministro de alimentos por lo que una de las estrategias de las organizaciones de recicladores fue la interacción con la red de huertos urbanos de Bogotá (IDPAC, 2020). De esta forma, los recicladores, de la mano de los ciudadanos que gestionan huertas urbanas, organizaron campañas de sensibilización sobre la clasificación y limpieza adecuada de los residuos y sus principales impactos: primero, esta facilita el trabajo de los recicladores; segundo, evita que los residuos se entierren en el relleno lo cual reduce el riesgo de futuros derrumbes; en tercer lugar, disminuye el costo del servicio de aseo y, finalmente, reduce el impacto de los lixiviados de los rellenos sanitarios en los terrenos aledaños a Doña Juana que pertenecen a comunidades campesinas (Foto 1).

Foto 1. Cultivos aledaños al relleno sanitario de Doña Juana
Fuente: El Espectador (2019).

Las pacas digestoras Silva

Otra estrategia relacionada con el manejo de los residuos orgánicos fue la articulación con la experiencia de las pacas digestoras Silva. Esta alternativa consiste en un bloque de un metro cúbico que se fabrica con 250 kg de residuos de cocina, vegetal, cruda y cocida que se intercalan por capas con 250 kg de residuos de jardín y de poda (Silva, 2018). La Paca fue creada por Guillermo Silva, un tecnólogo ambiental que analizó cómo el bosque descompone todos los desechos animales y vegetales. En Bogotá, durante la pandemia se ha incrementado significativamente esta práctica gracias al trabajo de divulgación de diversos colectivos ambientales, en un ejercicio de recuperación del espacio público, no exento de oposiciones de algunos habitantes e inclusive persecuciones policiales producto de la errada concepción de los residuos que aún predomina. Cada paca no es un cúmulo de basura, por el contrario, es un microecosistema vivo en el que se desarrollan procesos bioquímicos de la descomposición que no producen malos olores ni contaminan (Ossa, 2016).

De manera sencilla y económica, las comunidades se han ido sumando a esta experiencia de las pacas digestoras (Foto 2), reconciliándose con sus residuos y su entorno. Las pacas se han convertido en un lugar de encuentro para compartir las percepciones del momento histórico que estamos viviendo. Asimismo, se han constituido como un espacio para fortalecer las redes comunitarias con el propósito de tejer otras posibilidades de existencia y denunciar las injusticias sociales como el asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia (Foto 3).

Foto 2. Paca digestora Silva ubicada en el Parque Brasil (Bogotá)
Fuente: Luisa Fernanda Tovar (2020).

Foto 3. Homenaje a líderes sociales asesinados
Fuente: Luigui González (2021).

Hasta abril de 2021, más de 120 puntos de la ciudad estaban georreferenciados por los ciudadanos que participaban en esta práctica como evidencia el siguiente mapa:

Mapa 1. Pacas digestoras en Bogotá
Fuente: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1G_KcBc_m9aH2lb95K_nYZqdfpN6vBJNL&hl=es&ll=4.638635618121408%2C-74.25196402362427&z=12

Además, algunas organizaciones de recicladores (Fotos 4 y 5) participan de esta práctica en alianza con los “paquerxs”, es decir, los ciudadanos que construyen las pacas. Esta gestión de residuos orgánicos genera una importante valorización social de los residuos orgánicos, creando tejidos comunitarios centrados en la reproducción y transformación de la vida (Gutiérrez Aguilar y Trujillo Navarro, 2019).

Foto 4 y 5. Recicladores construyendo una Paca
Fuente: Asociación Solidaria de Recicladores del Servicio de Aprovechamiento (ASSORSA) (2021).Usos alternativos del vidrio

Usos alternativos del vidrio

En ese camino de redes de intercambio vinculadas a la gestión de los residuos, durante la pandemia se potencializaron relaciones construidas previamente mediante la comercialización de los materiales reciclados, pero con un enfoque social y solidario. El vidrio es una material altamente reciclable, pero debido a que su mercado es un monopsonio, es decir, que tiene un único comprador que fija precios muy bajos (IDEXUD, 2016), los recicladores no lo recolectan puesto que su valorización económica no compensa el esfuerzo de transportarlo. En 1998 se les pagaba a los recicladores 80 pesos (USD 0.021) por kilo de vidrio, en 2010, 30 (USD 0.079) (Parra, 2010), hoy en día pagan 100 pesos (USD 0.026).

Para buscar usos alternativos al vidrio y evitar su desperdicio, los recicladores exploraron la fabricación de baldosas con vidrio molido. De esta manera se organizó una prueba piloto para mejorar las condiciones de vivienda rural (Fotos 6 y 7). Junto con la motivación y la solidaridad de la comunidad se logró una transformación del piso de la vivienda intervenida, y una adecuación con elementos reciclados como por ejemplo el platero para la cocina (Tovar, 2020). Es así como además de las relaciones comerciales entre los recicladores, se han establecido proyectos sociales para aportar a las comunidades.

Foto 6 y 7. Mejoramiento de vivienda rural con baldosas fabricadas con vidrio
Fuente: Luisa Fernanda Tovar (2020).

Fútbol y gestión de los residuos

El intercambio de servicios por residuos es una práctica común en comunidades sin recursos económicos para pagarlos. De esta manera, los residuos se convierten en una moneda que fortalece los intercambios y las relaciones sociales. Es así como surgió una alianza estratégica entre el Grupo Empresarial de Recicladores de la Zona Octava (GER8) y la Roma fútbol club (Foto 8).

GER8 es una organización de recicladores que lleva a cabo un trabajo de recuperación de residuos y sensibilización de la comunidad desde 2006 y se encuentra en la fase 6 del proceso de formalización. La Roma es una escuela de fútbol popular, que nació en 2015 en un barrio de Bogotá. Su objetivo es crear escenarios de práctica deportiva para niños de la zona (World Experience, 2020). La escuela de fútbol tiene inscritos 60 niños que pagan la tarifa mensual de entrenamiento a través de material reciclable. La Roma busca estimular un fútbol popular y consciente, lo que implica que el acceso a la escuela deportiva no depende del factor económico (La Roma Popular, s. f.). Además del entrenamiento, los niños y sus familias reciben una formación social y ambiental.

Foto 8. Alianza entre GER8 y la Roma fútbol club
Fuente: GER8

Las experiencias presentadas visibilizan ejemplos de redes construidas en torno a la gestión de los residuos frente a la crisis económica, social y ambiental, agravada por la pandemia. Asimismo, evidencian la recursividad de las comunidades por garantizar sus condiciones de vida frente a un Estado ausente. Ante la directriz de aislarse y encerrarse, desconociendo que gran parte de la población no tiene las condiciones para un confinamiento digno, las comunidades optaron por la autoorganización y el cuidado colectivo. Las redes de residuos fueron motivadas no solo por una valorización económica de los residuos, sino por el interés y el deseo de construir otras formas de gestión de residuos con un beneficio social.

En momentos de crisis es “hipervisible el conflicto capital-vida como una tensión estructural entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida que es irresoluble, aunque se intente acallar” (Pérez Orozco, 2014, p. 102). En esos momentos, los residuos se convierten no solo en una fuente de ingresos, sino en una posibilidad para articular comunidades. La gestión de residuos no es una responsabilidad individual de los recicladores, sino un compromiso comunitario que debe entenderse desde el consumo y la separación en la fuente, hasta la reestructuración del esquema de aseo que sigue favoreciendo el enterramiento.

El caso de los recicladores de oficio aporta un ejemplo de cómo se producen los procesos de (in)visibilidad y ofrece pistas de qué elementos se deben considerar para luchar contra estas formas de exclusión. Según los aspectos de la (in)visibilidad propuestos por Amaia Pérez-Orozco (2014), podemos considerar que en el caso de la población recicladora se ha avanzado en términos de las estructuras políticas que ha creado para defender sus reivindicaciones. En Colombia, las organizaciones de base de recicladores se estructuran en un primer nivel, que se agremian en un segundo nivel con un alcance local y llegan a un tercer nivel con una cobertura nacional. Esa capacidad organizativa, no exenta de conflictos, les ha permitido ser reconocidos como interlocutores con cierta capacidad de negociación, a pesar de que aún siguen existiendo puntos pendientes de la agenda política como la regulación colectiva para definir mejoras en las condiciones laborales. Asimismo, se ha avanzado en el registro de información y mediciones cuantitativas que permiten hacer un seguimiento de los procesos a través de los censos y el reporte de la cantidad de material aprovechado.

En menor medida se ha evidenciado un progreso en términos de la remuneración asociada a su actividad y la calidad de dicha remuneración. Aunque actualmente los recicladores reciben una tarifa por la prestación de sus servicios, este pago no compensa el gran esfuerzo que la población recicladora realiza. El reconocimiento de la contribución a la sociedad ha avanzado, sin embargo, no se ha materializado en derechos sociales ni en un trabajo digno con las garantías de protección laboral y de seguridad social correspondientes.

La experiencia de los recicladores enseña que no es la mano invisible del mercado la que garantiza la reproducción de la vida. Por el contrario, son millones de manos que ahora más que nunca deben tejer redes de apoyo para sostener la vida colectivamente. Es tarea de la sociedad reconocer este principio y replantear el rumbo hacia una sociedad donde prevalezca la vida y no los intereses del capital.