Introducción

Los estudios sobre sexualidades han estado basados en el concepto de heteronormatividad, es decir en la suposición de la heterosexualidad como una categoría universal y con una concepción naturalizada, que condiciona formas de ser y estar en el mundo. Esta posición ha invisibilizado a todas las personas que no se identifican con dicha elección sexual, lo que se conoce como diversidades sexo-genéricas, para hacer referencia a las identidades y relaciones que no concuerdan o incluso ejercen resistencia a la heteronormatividad (Irschick, 2013).

En este sentido, la psiquiatría y la salud pública han constituido una instancia que, desde la patologización de las identidades disidentes, reforzaron un sistema sexo-genérico binario, con base en la heterosexualidad y la reproducción orientada hacia la organización familiar hegemónica como base de la sociedad. La patologización influye también en la constitución de las identidades de género y en la manera en que las sociedades dan tratamiento a las personas disidentes a la heteronorma, generando actitudes discriminatorias y excluyentes (Granados Cosme et al., 2017).

La igualdad y la no discriminación son principios básicos de los derechos humanos. Toda persona, sin distinción, tiene derecho a gozar de la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual (se refiere a la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y/o sexual hacia otras personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género) y la identidad de género (percepción o vivencia interna que cada persona tiene de su género, que puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer). A pesar de ello, las mujeres y las personas que se identifican con el colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Travestis, Transgénero, Intersexuales y Queers (LGBTTTIQ) se encuentran en condición de opresión, discriminación y exclusión solo por performar una identidad de género o sexual no hegemónica. El concepto de perfomatividad del género hace referencia a que el género posee una determinada expresión, una forma de manifestarse. Asimismo, no solo hace referencia a la repetición de actos y discursos, sino que también se refiere a la reproducción de normas. El género está condicionado por normas obligatorias que llevan a manifestarse en un sentido u otro, generalmente binario. Esas normas actúan sobre las personas, al mismo tiempo que las personas actúan sobre ellas (Butler, 2009).

Los principios de Yogyakarta, enunciados en el año 2006, son un marco de referencia para la defensa y garantía en el cumplimiento de los derechos de las personas LGBTTTIQ. Además, este documento presenta también una definición del concepto de identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo percibe, el cual puede o no corresponderse con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. La vivencia del cuerpo puede involucrar, cuando esto es una elección libre de la persona, la modificación de la apariencia o la función corporal a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de cualquier tipo, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los gestos (Principios de Yogyakarta, 2006).

Dentro del colectivo LGBTTTIQ, las personas travestis, transgénero y transexuales (TTT) se han visto especialmente segregadas y discriminadas a causa de su identidad a lo largo de la historia. De sus relatos se desprenden las múltiples exclusiones sufridas a lo largo de sus vidas en virtud de su identidad de género. Particularmente, expresan haber sido expulsadas del núcleo familiar primario, y del circuito educativo durante la adolescencia, hecho que se configura en la actualidad como una limitante en el acceso al empleo formal. Además de la esfera educativa, se las ha privado de otros derechos fundamentales, tales como el acceso a la vivienda, al trabajo formal y a la salud. Estas exclusiones se traducen en años de vida: en América Latina la expectativa de vida de una persona TTT no supera los 40 años (Rada Schultze, 2013), mientras que la de una persona cis supera los 75 años en el mismo territorio (CEPAL, 2019).

Es importante destacar que la baja expectativa de vida de la población TTT con relación a la de la población cis se encuentra relacionada a su identidad de género y a las múltiples exclusiones que sufre esta población en los diversos ámbitos e instituciones de la sociedad, además de que la producción del conocimiento en salud ha sido históricamente cis-heternormativa. El término cis se refiere a la coincidencia entre el sexo biológico asignado al nacer y el género autopercibido. El concepto de cisnormatividad describe la expectativa de que todas las personas son cis, mientras que la heteronormatividad implica asumir la heterosexualidad como norma, como obligación. Esta heteronorma se instala como institución, regulando los discursos sociales como ocurre en los ámbitos educativo y sanitario (Flores, 2008; Radi, 2020).

Por lo tanto, en la formación de profesionales de salud, muchas veces son desconocidas o ignoradas las necesidades y demandas de la población TTT. Sumado a ello, estas personas suelen presentar mayores tasas de trastornos de salud mental, como depresión y ansiedad, suicidio, consumo de sustancias como tabaco, alcohol y otras drogas (Gil-Borrelli et al., 2017). Además, las actitudes y las formas de actuar de los/las/les profesionales de la salud constituyen muchas veces barreras de accesibilidad para las personas TTT. Un estudio realizado con profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires manifiesta que las pocas personas TTT que acceden a los servicios de salud son mujeres trans, que generalmente concurren para atención de urgencias o enfermedades infecciosas avanzadas, mientras que los hombres trans no aparecen en los relatos, están invisibilizados y no concurren a los centros de salud de la zona (Pedrani y Basualdo, 2018). Así, “la medicina puede ser vista como la que enferma y cura” (Granados Cosme, et al., 2017, p. 644) en el sentido de que es en este sistema al que deben acudir en busca de acceso a las modificaciones corporales deseadas de forma segura, pero, al mismo tiempo, es este mismo sistema el que patologiza a las personas TTT y les impide el acceso mediante la estigmatización y diversos mecanismos de discriminación.

Las condiciones sociales de un determinado colectivo se organizan en distintos modos de vida y determinan un acceso diferencial a condiciones favorables o desfavorables, estableciendo así diferencias en el proceso salud-enfermedad-atención. Entre esas condiciones de vida podemos mencionar la reproducción social, la producción económica, la cultura, la marginalización y la participación política, entre otras. Además, las maneras en que se organizan esos modos de vida de los colectivos, están determinados por el contexto sociohistórico, así como por las diferentes posiciones que ocupan dentro de las estructuras de poder (Iriart et al., 2002).

Todas estas circunstancias exponen a las personas TTT a variadas y continuas situaciones de violencias. Los relatos y las experiencias que expresan las personas TTT sobre sus condiciones de vida son fundamentales para poder comprender las consecuencias del estigma y la discriminación. Para poder iniciar o continuar procesos de transformación de estas realidades, también es necesaria la sistematización de esta información, así como la producción específica de datos para tener elementos contundentes que sustenten políticas públicas específicamente orientadas a esta población. En este sentido, en Argentina, la ley de identidad de género ha traído aparejados cambios positivos en cuanto al acceso a la salud, educación, seguridad, etc., aunque persisten aún barreras para su plena implementación (Aristegui, 2017). En cuanto a la producción de datos e información sobre las condiciones de vida de la población trans, el presente estudio constituye el primer relevamiento realizado a nivel local en la ciudad de Bahía Blanca. No existen tampoco experiencias de relevamientos similares en la región. Sin embargo, sí existieron en otras localidades de la Argentina, a modo de ejemplo es posible mencionar la experiencia piloto realizada en el año 2012 en La Matanza. También en la ciudad de Bariloche en el año 2017 se realizó una encuesta con el objetivo de conocer la realidad socioeconómica, las situaciones de discriminación y otras problemáticas que afectan a la población trans e identidades disidentes de dicha ciudad. Otro ejemplo es el desarrollado en la localidad de Salta en el año 2018 (INDEC, 2012; Ceballos y Gil, 2020; Luna y Díaz, 2021).

El presente artículo describe una investigación realizada sobre aspectos sociodemográficos, identitarios, de accesibilidad y situación de discriminación sobre la población TTT de la ciudad de Bahía Blanca, Argentina.

Metodología

Se realizó un estudio observacional de corte transversal cuantitativo. Se empleó un cuestionario elaborado por la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Bahía Blanca (en adelante, la Dirección), usando categorías y formatos presentes en otro relevamiento de referencia (Berkins y Fernández, 2013). Dicha Dirección realizó una prueba piloto previa al trabajo de campo y luego aplicó el cuestionario. Este relevamiento fue realizado en los meses de mayo, junio y julio del año 2017. La muestra fue recogida mediante la técnica de bola de nieve, considerada la más adecuada para acceder a poblaciones ocultas.

Las encuestas fueron realizadas en el domicilio de las personas encuestadas o en la Oficina de la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Bahía Blanca, de acuerdo a la preferencia de cada una de ellas. Las encuestadoras fueron dos activistas trans, colaboradoras de dicha dirección.

Para la etapa de análisis se agruparon los resultados en una hoja de cálculo. Esta fue elaborada respetando las secciones de la encuesta. Una vez que todas las encuestas fueron cargadas en la planilla, se analizaron los datos en tres etapas. La primera consistió en un análisis descriptivo cuantitativo de cada variable de modo unidimensional, esto es, resumiendo la totalidad de datos por columna en porcentaje o media según correspondiera. En la segunda etapa, se desagregaron las variables anteriores por subgrupos en función de las características de la población encuestada (Tabla 1) y se analizaron las dimensiones de respuesta de texto de la encuesta, no solo de modo cuantitativo sino valorando la experiencia individual de cada persona encuestada. Las herramientas estadísticas utilizadas fueron de la hoja de cálculo Microsoft Excel. La tercera y última etapa consistió en analizar y comparar en contexto cada resultado de la etapa uno y dos, siguiendo la evidencia disponible. Profesionales de distintas disciplinas y activistas transfeministas trabajaron en las tres etapas, lo que permitió un análisis detallado desde diferentes perspectivas, necesario para proveer información de calidad.

Resultados y discusión

Se encuestaron 45 personas. Las características de la población encuestada se pueden ver en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de la población encuestada (n=45)

Fuente: Elaboración propia.

Edades e identidad de género

Se trata de una población joven en relación con la estructura social de la localidad de Bahía Blanca, esto pone de manifiesto la falta de representación entre la población de mayor edad (Rada Schultze, 2017).

Casi la mitad de las personas expresó su identidad de género antes de cumplir los 18 años. Es decir, una gran parte se expresa durante la adolescencia. Para los 23 años, el 80% (4 de cada 5) de las personas han expresado su identidad de género. Con todo, se trata de un rezago importante respecto del momento en el cual perciben que su género era diferente del socialmente asignado. Para los 16 años todas las personas encuestadas sabían que su género era otro. El 60% lo sabía a los 5 años o antes. Es decir, la autopercepción de género es muy anterior a su expresión pública, con una distancia promedio de casi 13 años entre ambas.

En una encuesta similar realizada en La Matanza, casi la mitad de las personas (47.8%) encuestadas manifestaron haber expresado socialmente su identidad de género entre los 13 y 17 años de edad. Ocho de cada diez hicieron esta manifestación antes de los 17 años (INDEC, 2012). Debe enfatizarse que son años formativos, que coinciden con la infancia, adolescencia y temprana juventud, donde las personas no viven sin expresar el género con el que se identifican. Este dato presenta mucha variabilidad: con un máximo de 26 años entre percepción y expresión, y un mínimo de 4 años.

Es destacable la joven edad en la que perciben su identidad de género y deciden expresarla socialmente. Se considera que este dato es relevante para las y los profesionales que pudieran trabajar con jóvenes, fundamentalmente en las áreas educativas y de salud, ya que implica una necesidad de formación al respecto para poder acompañar adecuadamente a las y los jóvenes en estos procesos de definición de sus identidades.

Respecto a la identidad de género, destacan en especial entre las personas encuestadas las mujeres trans, que representan dos terceras partes. Varones trans y transexual femenino representan en cada caso un sexto de las personas encuestadas. Los resultados obtenidos en esta encuesta son afines a los de La Matanza (INDEC, 2012), en cuanto a la identificación como trans masculinos (15,3%) y es mayor el porcentaje que se identifica como trans femeninas (84,7% vs. 64%). Vale aclarar que, en la prueba piloto, en la categoría trans femenina se incorporan todas las categorías de respuesta a excepción de los trans masculinos (INDEC, 2012).

El 80% de las personas encuestadas ha realizado el trámite de cambio de género en el documento nacional de identidad (DNI). Entre quienes no lo hicieron (9 casos), un tercio señaló problemas económicos y/o de desplazamiento (viaje) para realizarlo. En un caso la razón fue no identificarse con ningún género (“Porque no soy ni hombre ni mujer, soy trans/travesti/otrx”). Por último, otra persona aludió tener miedo. El resto señaló tener complicaciones, pero sin especificarlas.

Lugar de origen

Casi la totalidad de las personas encuestadas son argentinas. Solo un 4% provienen de países vecinos (Chile y Paraguay). De las personas nacidas en Argentina, la mitad son nacidas en la ciudad de Bahía Blanca. Observando a las personas argentinas que no son nacidas en esta ciudad, se puede ver el proceso de migraciones internas en el país. Así, destaca que más de la mitad proviene del Noroeste Argentino, principalmente de Salta. Del Noreste argentino proviene una décima parte de las personas encuestadas. Del Sur del país, un 25%.

En el caso de la población trans, a los motivos habituales por los que las personas deciden migrar, se agregan aspectos relacionados con la identidad autopercibida, con la posibilidad de ejercer libremente esa identidad lejos de las familias y de contextos donde frecuentemente se ven o se sienten discriminadas. Estas prácticas discriminatorias son más frecuentes en otros países, según refiere la población migrante internacional. Esto se debe a que Argentina posee un marco legal y normativo que favorece la inclusión de las personas trans, fundamentalmente la Ley de Identidad de Género, aunque aún queda mucho por hacer para lograr la igualdad (García, et al., 2020).

Familia y hogar

La mayor parte de las personas encuestadas se fue a vivir fuera de su hogar familiar a temprana edad. Así, 3 de cada 4 dejó de vivir con su familia a los 18 años o antes. Más de la mitad lo hizo entre los 14 y 18 años, es decir, en plena adolescencia; pero un cuarto lo hizo incluso antes.

Se señaló que a los 18 años el 58% de las personas encuestadas habían expresado su identidad y a esa misma edad el 74% había abandonado el hogar familiar. No ocurre igual en las personas que expresan su identidad más tempranamente: casi un tercio de las personas encuestadas (31%) se fueron de sus hogares habiendo expresado su identidad a los 14 años o antes. Es decir, la expresión temprana de la identidad parece derivar en la salida temprana del hogar en todos los casos, mientras que en la adolescencia (tomada aquí como el rango que va de los 15 a 18 años) la salida del hogar se da incluso sin haber expresado su identidad.

Todo lo anterior no necesariamente repercute en la ruptura del vínculo familiar. Solo en el 7% de los casos no hay vínculo actual con la familia. Son casos donde la salida del hogar familiar se dio entre los 14 y 18 años. En promedio, las personas encuestadas se van del hogar dos años y medio antes de expresar su identidad. Solo un quinto de las personas encuestadas expresó su identidad antes de irse del hogar.

Otras investigaciones mantienen que la población transgénero no cuenta con redes de apoyo familiar, esto es más notorio aun en sociedades conservadoras. El manifestar una identidad transgénero se opone a los valores y costumbres en las familias tradicionales, se trata de una situación no esperada, que genera en las familias diversos sentimientos como enojo, incomprensión, etc. y que presentan como desenlace la expulsión del hogar (Mantilla Pozo, 2020).

La salida del hogar familiar y la expresión de una identidad de género no hegemónica parecen conllevar dificultades a la hora de establecer un nuevo domicilio. En promedio, las personas encuestadas pasaron por 5 domicilios desde que expresaron su identidad. Más de un tercio de los casos supone haber cambiado 7 veces o más de domicilio. En promedio, las personas encuestadas pasaron 3,5 años en cada domicilio posterior a su expresión de identidad de género. Solo dos casos señalaron haber habitado un mismo domicilio por 7 años o más. El 55% de las personas encuestadas afirmaron haber tenido problemas para conseguir vivienda.

Más de la mitad de las personas encuestadas viven en casas, y 2 de cada 5 viven en departamentos. Un 7% alquila pieza en un inquilinato. Según las respuestas provistas, no se presentan situaciones de hacinamiento: en promedio, hay 1,1 personas por habitación. En el 63% de los casos, hay solo una persona por habitación, e incluso se presentan más habitaciones que convivientes en el 16% de los casos. Un 18% de los casos indicaron que hay dos personas por habitación en el hogar, siendo éste el máximo valor de respuesta.

Respecto de la cohabitación de los hogares, dos de cada cinco personas declararon vivir solas. Una proporción baja señaló vivir con dos personas más. El caso más común (más de la mitad) es que la persona entrevistada viva con una sola persona más. Al analizar la identidad de género de esa otra persona, un tercio de los casos se trataba de alguien que no se categoriza como cis-género. Respecto del vínculo con la persona conviviente, en la mayor parte de los casos, se trató de la pareja. Le siguen en importancia decreciente amigas, amigos, y madres/padres.

Un dato interesante, que puede combinarse con lo anterior, es la identidad de género de la persona conviviente. En todos los casos en que la persona conviviente tiene un vínculo familiar previo (madre, padre, hermana/o u otro familiar), son personas de identidad cis género. En estos casos, se trata de forma mayoritaria de mujeres cis, especialmente cuando se trata de progenitores. Es decir, no hay casos de personas TTT que convivan con personas de su familia de origen identificadas como una disidencia de género. Las mujeres cis son las que mayormente conviven con las personas entrevistadas.

Este panorama cambia cuando se analizan hogares conformados por parejas o amigos/as. En el caso de los hogares donde conviven parejas, hay una prevalencia de hombres cis, con 3 de cada 5 casos. Las mujeres cis son otro de cada 5 casos. Es decir, mayoritariamente las parejas están conformadas con personas cis género. Sin embargo, los restantes casos presentan disidencias de género, a saber, hombres gay e intersex.

Al analizar los hogares conformados con convivientes amigos/as, se invierte la prevalencia: en la mayoría de los casos se trata de alguna disidencia de género. Solo en un cuarto de los casos son personas cis género, a saber, hombre cis. Dos de cada tres convivientes amigos/as son mujeres trans. En una proporción menor, el amigo que convive es un hombre gay. Este es el tipo de hogar con mayor prevalencia de diversidades de identidad de género respecto de la norma hegemónica binaria cis.

Respecto de los gastos implicados en resolver las necesidades de vivienda, la información provista indica que un cuarto de las personas encuestadas gastaba $5.000 o más. Como reverso, dos de cada cinco personas gastaban $3.000 o menos en vivienda. Como patrón de referencia, el salario mínimo vital y móvil de junio de 2017 (momento de hacer la encuesta) era de $8.060. El 53% de las personas señaló que compartía este gasto con alguien más. El 47% restante paga solo/a el gasto en vivienda. De este último grupo, quienes sostienen solos/as este gasto, el 20% cohabita con alguien más. En todos estos casos, la persona que no aporta era mayor de edad.

Estudios

Respecto de los niveles de estudios, un 11% alcanzó nivel terciario o universitario. Más de la mitad señaló haber asistido a la secundaria o polimodal, mientras que un tercio solo pudo asistir a la primaria o educación general básica (EGB). Un dato complementario significativo es que el 40% de las personas encuestadas no pudo terminar el nivel de estudios máximo al que accedió. Este guarismo es significativo, indica que más allá del acceso, hay un fuerte componente de deserción que impide culminar el ciclo de estudios. En 4 de cada 5 casos que no pudieron finalizar, se trató del nivel secundario/polimodal. Al preguntar si se hizo algún curso de formación profesional, las respuestas se reparten por mitades entre quienes sí realizaron y quiénes no.

En la encuesta de La Matanza, el porcentaje de quienes accedieron a educación secundaria es del 20%, aunque el dato es sobre quienes completaron este nivel. El 2% dijo haber terminado el nivel terciario o universitario. El 64% tiene solo aprobado el nivel primario o EGB (INDEC, 2012).

Al consultar sobre si desearía seguir estudiando, la abrumadora mayoría responde afirmativamente: un 80% así lo señaló. Solo un 11% señaló que no seguiría estudiando, y esta negativa no tiene relación con el nivel de estudios alcanzado (la respuesta se reparte en todos los niveles).

Las razones por las cuales no se pudo dar continuidad a los estudios son variadas. El motivo más señalado es la falta de dinero o trabajo: una de cada tres personas indicó que esta fue la razón principal para dejar de estudiar. Las carencias sufridas en materia económica parecen ser un determinante central de las dificultades en completar los estudios. Una de cada cuatro personas indicó que abandonó los estudios por la discriminación sufrida e igual proporción por la falta de estímulo o iniciativa. Sin embargo, la falta de iniciativa o estímulo presumiblemente surja de la combinación de los anteriores dos motivos: la discriminación sufrida y la falta de oportunidades, que lentamente inhiben la voluntad de continuar con los estudios.

En la encuesta realizada por la Fundación Huésped en el año 2013, los resultados continúan en la misma línea. El 70% de las personas trans manifiestan haber sufrido estigma y discriminación por parte de sus pares, y en menor porcentaje también por personal directivo (40,7%), por docentes (40,2%), no docentes (37,6%) e incluso por profesionales como psicólogos/as y psicopedagogos/as (22,7%). Tal vez la mayor frecuencia de discriminación por pares se deba al mayor tiempo compartido, pero es profundamente preocupante el rol de las personas adultas, quienes, en lugar de implementar estrategias de inclusión y respeto, replican actos de violencia y discriminación, lo que demuestra la naturalización de los prejuicios. Es importante resaltar que, desde la implementación de la Ley de Identidad de género, estas experiencias han disminuido notoriamente (Fundación Huésped, 2014). De esto se deduce la dificultad para encontrar ayuda o quien medie frente a estas situaciones en los ámbitos educativos, es decir si las mismas personas directivas, docentes, etc. reproducen los mismos mecanismos y prácticas de estigma y discriminación que los pares, ¿a quién se puede recurrir?

Situación laboral

Respecto de las posibilidades laborales, la mitad de las personas encuestadas indicó no tener ni haber tenido trabajo en relación de dependencia. Un tercio tenía trabajo desde antes de expresar su identidad, y solo un 5% obtuvo su trabajo después de asumir su identidad. En tres de cada cuatro casos donde tiene o tenía empleo, se trataba del sector privado. Solo en el 59% de los casos, el empleo tenía además aportes de seguridad social. La proporción en la que trabajan en condición de informalidad supera el promedio de la economía.

Es importante resaltar que una de cada cinco personas que tenía trabajo en relación de dependencia lo perdió o se vio obligada/o a dejar su empleo/ocupación luego de asumir su identidad de género. Es decir, una parte relevante de las personas perdió su empleo por su identidad de género, lo que pone de manifiesto una forma explícita de discriminación y una violencia de tipo económica.

Es posible establecer una relación entre el nivel de estudios y el acceso a una fuente de empleo en relación de dependencia. Se encuentra una relación evidente entre un alto nivel de estudios y mayor probabilidad de estar o haber estado en un empleo en relación de dependencia. Mientras que 4 de cada 5 personas con primaria/EGB no tuvieron nunca empleo, esta proporción cae a 2 de cada 5 en caso de haber alcanzado la secundaria/polimodal. De hecho, alcanzando este nivel medio, hay más probabilidad de tener o haber tenido empleo que de no haberlo tenido nunca. En el caso del nivel educativo superior, 2 de cada 3 personas tuvo o tenía empleo, mientras que solo 1 de las 3 no tuvo. Es importante señalar la retroalimentación entre ambos fenómenos. De quienes afirman no haber tenido nunca empleo en relación de dependencia (22 casos), un 18% abandonó sus estudios justamente por falta de dinero y/o trabajo. Un 23% señaló haber abandonado por razones vinculadas a la discriminación, motivo que ciertamente puede haber afectado también sus oportunidades de obtener empleo. Un 14% señaló no tener estímulo o iniciativa, lo que probablemente sea una combinación de los motivos previos. Quienes no consiguieron nunca empleo no presentan diferencias de edad respecto de quienes sí lo obtuvieron.

Solo un 9% de los casos que no tuvieron nunca empleo son varones trans: el resto son mayoritariamente mujeres trans, y un 5% se trata de una persona transexual femenina. Esta relación puede observarse de forma inversa: dos de cada tres mujeres trans no tuvieron nunca empleo en relación de dependencia. Como parámetro de comparación, puede verse que, en el caso de varones trans, menos de uno por cada tres está en la misma situación.

Las dificultades asociadas a obtener un empleo en relación de dependencia no se traducen en que las personas consultadas no realicen trabajos remunerados. De hecho, al preguntar si se realizó alguna actividad por la que se obtuvo dinero en la última semana, el 85% respondió que sí. Lo que mayoritariamente no se hizo fue buscar empleo: un 67% respondió que no buscó. Al consultar por los motivos, el referido de forma casi unánime fue el cansancio ante la falta de trabajo. Es decir, la búsqueda infructuosa de empleo resulta en un efecto de desánimo, por el cual la mayoría no busca empleo. De este modo, la persona no queda registrada como desocupada en los registros oficiales (requiere la búsqueda activa e infructuosa), ni tampoco como subocupada demandante (que tiene trabajo, pero busca otro).

Con relación a quienes sí indicaron haber realizado actividades por dinero, el 89% tenía una sola ocupación, mientras que el 8% tenía más de una. Una de cada cuatro personas ocupadas trabajó más de 48 horas en la semana, lo que constituye una sobreocupación respecto de la jornada considerada normal (40 horas). Como reverso, un 21% trabajó menos de 12 horas y un 32% trabajó entre 12 y 24 horas. En total, dos de cada tres personas ocupadas trabajaron menos de 35 horas por semana, lo que constituye una subocupación.

Respecto de las ocupaciones, la principal respuesta fue que realizan trabajo sexual. Más de la mitad de las personas encuestadas indicó realizar este tipo de tareas para obtener ingresos. Se trata, por lejos, de la principal ocupación. Le sigue en importancia el trabajo en comercios (18%), mayoritariamente en relación de dependencia (tres de cada cuatro personas, con esta ocupación). La distancia con la principal ocupación es grande, puesto que por cada persona que trabajó en un comercio, hubo tres que realizaron trabajo sexual. La tercera ocupación más referida es el empleo doméstico, que ocupó el 11% de quienes tuvieron trabajo. Luego aparecen referidas otras ocupaciones con menor frecuencia. Solo una persona indicó más de una ocupación, combinando trabajo sexual con peluquería.

Es posible hacer una radiografía de algunas características generales de quienes se dedican al trabajo sexual. El 10% de quienes realizan trabajo sexual están casados/as, el 38% indicó tener pareja, repartido en partes iguales entre quienes tienen pareja estable y quienes indican que esta relación no es estable. El 86% de quienes realizan trabajo sexual son mujeres trans, el 9% son transexuales femeninos y 5% son travestis. No presentan diferencias de edad respecto de quienes no se dedican a este tipo de trabajo, ni tampoco diferencias en relación con la edad a la que expresaron su identidad. Respecto del nivel de estudios, el 48% indicó haber alcanzado solo educación primaria/EGB, mientras que el 52% restante alcanzó la secundaria/polimodal. El 71% señaló haber terminado el nivel alcanzado; la mayor parte de quienes no pudieron terminarlo, abandonaron en secundaria/polimodal. No hay casos de personas dedicadas al trabajo sexual que tengan estudios terciarios o universitarios, sean completos o no. El 43% indicó haber realizado cursos de formación profesional. Es posible analizar la relación con los estudios desde otro ángulo: mientras que el 66% de las personas que solo alcanzaron el nivel primario/EGB se dedican al trabajo sexual, un 44% de quienes alcanzaron nivel secundario/polimodal se dedican a esta ocupación.

Todas las personas que realizan trabajo sexual (100%) declararon estar en situación de prostitución. Al consultarlas si dejarían esta situación, tres de cada cuatro personas dijeron que sí lo harían. Es decir, la mayoría está en esta situación no por elección (o deseo), sino por falta de alternativas que le permitan dejar de realizar trabajo sexual –algo que se corrobora con toda la información previa ya provista. Solo 2% de las personas encuestadas está en situación de prostitución y no la dejaría. Un 24%, es decir, una de cada cuatro personas reconoce haber estado en situación de prostitución y haber salido de ella. Dos de cada tres personas que salieron de esta situación están trabajando, siendo el empleo doméstico y en comercio las principales ocupaciones. Finalmente, un 13% nunca atravesó esta situación, pero también sobresale un 16% que no respondió a la pregunta.

El entrecruzamiento de múltiples variables de la trayectoria de vida de la mayoría de las personas encuestadas en este punto –trabajo sexual, discriminación, bajo nivel educativo, instituciones expulsivas, entre otras– conlleva a que las personas TTT estén expuestas a altos grados de violencia de distintos tipos, con el travesticidio como su manifestación más extrema (Epele, 2007). En el trabajo realizado en la localidad de Mar del Plata con población trans, manifiestan que el problema más grave que se enfrentan es la violencia institucional que ejercen las fuerzas de seguridad contra las mujeres trans que practican la prostitución en la vía pública. Violencia que ejercen de distintas maneras: física, psicológica y simbólica, que no constituyen prácticas aisladas, sino que son llevadas a cabo de forma sistemática contra la totalidad del colectivo en esta situación. Son prácticas reiteradas, fundadas en su identidad de género (García, et al, 2020; Irschick, 2013).

Saliendo de la puntualidad del trabajo sexual y retomando la descripción y el análisis de los datos globales en torno a la situación laboral, el 66% de quienes realizaron trabajos declaró hacerlo de manera independiente, mientras que un 32% lo hizo bajo relación de dependencia. Como se ve, mayoritariamente la forma de obtener ingresos es a través del trabajo autónomo: por cada persona trabajando en relación de dependencia había dos personas trabajando de forma independiente. Ninguna de las personas que trabaja de manera independiente contrata a otras personas. El empleo en relación de dependencia es mayoritariamente en el sector privado (75%), con una participación menor en el sector público (25%). Ninguna persona ocupada en relación de dependencia realizó trabajo sexual. Las ocupaciones mayoritarias en este tipo de relación son el empleo en comercios (una de cada cuatro personas empleadas) y el empleo doméstico (una de cada cuatro personas empleadas).

El 82% de quienes trabajaron no tuvieron aportes de seguridad social. Solo una de cada cuatro personas que tenía empleo en relación de dependencia tenía aportes. Esto expresa un alto nivel de informalidad en la contratación. En el caso de trabajadores/as independientes la situación es aún peor, puesto que solo una de cada seis personas tiene aportes, realizados en calidad de monotributistas.¹ Entre las principales ocupaciones, quienes realizaron trabajo sexual se caracterizan por un muy elevado nivel de informalidad: solo un 5% realizó aportes de seguridad social. Es decir, se trata de un tipo de trabajo con muy baja protección social. Esta relación mejora en el caso de quienes trabajan en comercios, con dos de cada cinco personas con aportes. En el trabajo doméstico, solo una de cada cuatro tiene aportes. En el resto de las ocupaciones hay mucha variabilidad, debido a la escasa cantidad de casos.

El 91% de las personas encuestadas no conoce programas que ayuden a buscar empleo. Solo un 7% conoce esta clase de programas, e incluso así, solo un tercio de quienes saben de su existencia han accedido al programa. Es decir, los planes de inclusión laboral existentes tienen un severo problema de llegada entre la población encuestada, siendo desconocidos y, por ende, no aprovechados. El 98% de las personas encuestadas no accedió a programas de búsqueda de empleo.

Sobre la actividad laboral, los resultados obtenidos en La Matanza son similares en cuanto al porcentaje que no está realizando actualmente actividades por las que obtengan dinero (16% en Bahía Blanca y 20% en La Matanza). En La Matanza, el 80% restante manifestó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y otras actividades laborales en condiciones precarias. Mientras que, en Bahía Blanca, esta actividad es referida por el 59% de las encuestadas (INDEC, 2012).

El INADI (2013), en su Mapa Nacional de Discriminación expresa que el colectivo LGBTTTQI se encuentra dentro de los grupos más discriminados a nivel nacional. Una de sus expresiones es la baja accesibilidad a empleos de calidad, aspecto en el que se encuentran múltiples experiencias de discriminación por orientación sexual e identidad de género (INADI, 2013). Dentro de este colectivo se presentan diferencias entre la población lesbiana, gay y bisexual con respecto a la población TTT. Dentro del primer grupo no suelen tener dificultades para el acceso al trabajo, sino que presentan en sus trayectorias laborales diferentes aspectos que interfieren con la satisfacción laboral, mientras que la población TTT encuentra serias barreras de accesibilidad en cuanto a la inclusión laboral, es decir a las posibilidades de obtener un empleo formal. El principal motivo de esto se halla en las diversas exclusiones que experimentan desde tempranamente en la vida (Ortega, 2015).

Ingresos

El 91% de las personas encuestadas declaró tener ingresos propios. La mayor parte de estos ingresos, provienen del propio trabajo (4 de cada 5 personas con ingresos). Las jubilaciones, pensiones y asignaciones cubren un 13% de los ingresos propios (1 de cada 8 personas con ingresos). La mitad de las personas que tienen ingresos por esta última vía, lo combinan con ingresos por su propio trabajo. Un 5% recibe transferencias de parte de familiares o amigos/as.

Respecto del nivel de ingresos, la mayoría (69%) cobraba entre $1.601 y $5.400 al mes, aproximadamente. Contemplando también a quienes cobraban menos que eso, se alcanza un total de 71% de personas encuestadas que cobraban dos tercios o menos del salario mínimo vital y móvil vigente a esa fecha. Es decir, se trata de ingresos muy bajos. Como parámetro de comparación, el valor de la canasta básica de alimentos (línea de indigencia) se ubicaba en junio de 2017 en $1.940,78, mientras que la canasta básica total (línea de pobreza) era en esa fecha de $4.754,91. Quienes ganaran menos que el primer valor, estaban en una situación de indigencia: es el caso de quienes ganaron menos de $1.600, un 2% de quienes tienen ingreso. Con relación al valor de la tasa de indigencia de la ciudad medida por el INDEC, del 4,6%, la población encuestada no estaría en una situación particularmente comprometida. Esta afirmación debe tomarse con cuidado por varios motivos, incluyendo la falta de algunas respuestas y los casos donde los ingresos fueran mayores a $1.601 pero inferiores a $1.940,78, por lo que quedarían “escondidos” en el segundo tramo de ingresos. Siempre se trata de situaciones promedio, con lo cual valen los reparos estadísticos generalmente indicados.

De hecho, si tomamos el segundo grupo, mayoritario, apenas excede la canasta de pobreza. Se trata del 71% de las personas encuestadas que declararon algún ingreso propio, que ganaron hasta $5.400, lo que representa menos de $650 sobre la línea de pobreza personal (un 13,5% por encima de esta última). Considerando la posible existencia de gastos extra –como por ejemplo los debidos a la falta de cobertura de salud– se puede suponer que la mayor parte de estas personas se encontraba en situación de pobreza. En caso de ser cierto, estamos hablando de que el 71% de las personas encuestadas estaban en situación de pobreza o dentro del margen que se considera vulnerable (una pequeña variación de sus ingresos puede hacerlos caer en la pobreza). Compárese con el 20,8% de personas pobres medidas por el INDEC a nivel de la ciudad de Bahía Blanca.

Esto indicaría que se trata de una población altamente vulnerable por ingresos, pobre o con altas posibilidades de caer en la pobreza. Esta afirmación se complementa al resaltar lo antedicho sobre la ocupación con bajos niveles de formalidad y cobertura. Por ejemplo, en caso de enfermarse y no poder trabajar, la falta de ingresos propios hace que velozmente caigan en la pobreza o incluso en la indigencia.

Consideraciones finales

Este trabajo ha intentado mostrar las condiciones sociales de la población TTT en la ciudad de Bahía Blanca. Si bien es aún escasa la producción empírica al respecto, los resultados hallados en esta investigación sustentan el hecho de que los derechos de las personas TTT son vulnerados de muchas maneras a lo largo de su trayectoria vital, y la razón de estas vulneraciones se encuentra basada en su identidad de género.

Es importante reflexionar sobre el rol que cumplimos todas las personas como ciudadanas/os. De qué manera aportamos al sistemático proceso de exclusión de las personas TTT, desde roles formales como trabajadoras/es de salud, docentes, los mismos pares en las aulas, etc., que ciertamente podemos convertirnos en un obstáculo para que otras personas accedan al cumplimiento de sus derechos, o desde roles más informales en la cotidianeidad del trato, miradas, entre otras.

El Estado es el garante del derecho a la salud de todas las personas y es también responsabilidad del Estado lograr que los efectores de salud sean espacios no cisexistas, donde trabajadoras/es y usuarias/os/es no estén habilitados a ejercer actos de discriminación, porque de esta manera se facilitará el acceso de las personas trans a la salud, pero fundamentalmente porque es lo que corresponde (Millet, 2020). Del mismo modo, deben pensarse las instituciones educativas, laborales, etc. Es una obligación del Estado y de las personas que lo conformamos lograr instituciones accesibles e inclusivas.

Es primordial incorporar la perspectiva de género y diversidad sexual en todos los niveles educativos, en la formación de profesionales y en los distintos ámbitos laborales, para la construcción de una sociedad más diversa y equitativa.

Por otro lado, en el ámbito académico queda el desafío no únicamente de incluir en la formación la diversidad sexo-genérica y las condiciones de vida de estos colectivos, sino de incluirlas verdaderamente. No solo como objeto de estudio sino como sujetos de conocimiento. Ir más allá de una presencia nominal, es decir de incluirlas/os/es en los programas de las materias, en las disertaciones, en los debates, etc., para lograr una presencia real, que esas personas a las que nos referimos estén efectivamente ocupando esos espacios, produciendo contenidos, de darles voz (Radi y Pérez, 2014).

Agradecimientos

A la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Bahía Blanca por permitir un trabajo conjunto; a Carolina Martínez por su trabajo y compromiso en este proyecto; a Marcela Lanzavecchia, Agostina Constantino y Francisco Cantamutto por su aporte a la descripción y análisis de datos; al Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur por la gestión entre instituciones y sostener el trabajo en estas áreas.

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Notas