Introducción

En Guatemala, los reportes de violencias por prejuicio contra personas LGBTQIA+ se duplicaron durante los primeros años de pandemia por COVID-19 (Salazar, 2021). El país enfrenta importantes desafíos para la erradicación de los crímenes por prejuicio contra las disidencias sexogenéricas. La ausencia de políticas y programas que aspiren a la dignificación de las condiciones de vida y la seguridad de las personas LGBTQIA+, el uso de sistemas de registro centrados en aspectos biológicos que reproducen injusticias hermenéuticas de identidades plurales y fluctuantes, y la presencia de grupos ultraconservadores en los diferentes espacios del Estado que promueven políticas que buscan criminalizar las experiencias, subjetividades y afectos LGBTQIA+ empeoran el estado de situación.

Estudios previos de organizaciones de base comunitaria en Guatemala han visibilizado la ausencia de un mecanismo estatal que vigile la incidencia de crímenes por prejuicio. Asimismo, las oficinas del Estado que atienden a las víctimas carecen de mecanismos de registro y reporte consistentes; además de estar permeadas por estigmas hacia las personas LGBTQIA+, quienes son violentadas por la misma policía que recibe las denuncias, que invisibilizan así el impacto de estos crímenes en el país y obstaculizan el acceso a la justicia de las personas agraviadas (Fumega et al., 2021; Shields, 2021; Villatoro García, 2021). Como consecuencia de este escenario, en Guatemala más del 95% de las denuncias registradas en el Ministerio Público permanecen sin sentencia o en impunidad (Duarte et al., 2020). Estudiar el comportamiento de los crímenes por prejuicio cobra relevancia, tanto para pensar en las dimensiones estructurales que determinan la violencia por prejuicio en Guatemala, cuanto para ofrecer una mirada orientada a la formulación de políticas públicas para la justa y correcta reparación de las víctimas, que incluya un sistema de denuncia y registro digno.

Investigaciones previas al respecto se han enfocado en las experiencias de violencias en escuelas y universidades (Angoff y Barnhart, 2021; Carmody et al., 2022; Hatchel y Marx, 2018), así como en personas migrantes en distintos países de Europa (Golembe et al., 2021; Rosati et al., 2021). Existe un importante grupo de estudios que proponen abordajes interseccionales para estudiar las posiciones diferenciadas y complejas de subjetividades LGBTQIA+ y su relación con distintas expresiones de violencias. Por un lado, se encuentran contribuciones que estudian la intersección de género, sexo, etnia/raza y/u orientación sexual y su relación con alteraciones de salud mental como estrés postraumático, estrés de minorías, ideación e intento suicida (Khanolkar et al., 2023; King et al., 2018; Sattler y Zeyen, 2021; Shramko et al., 2018; Veldhuis et al., 2022).

En paralelo, algunas/os/es investigadoras/es utilizan el abordaje interseccional para estudiar la posición diferenciada de subjetividades LGBTQIA+ y su vulnerabilidad para ser víctimas de violencia física, doméstica, psicológica, sexual y/o interpersonal (Meyer, 2010; Ramirez y Kim, 2018; Stoll y Block, 2015; Watson et al., 2021; Whitfield et al., 2021). En general, todos estos estudios coinciden en decir que los cuerpos racializados, pobres, migrantes y con expresiones expansivas del género tienden a ser colocados en mayor vulnerabilidad para ser víctimas de violencia y discriminación. Entre estos estudios, se destacan las contribuciones de Kirsty Clark, Vickie Mays y Susan Cochran (2017), quienes evidencian que las muertes violentas de mujeres de color lesbianas, bisexuales y trans son menos reportadas por las autoridades estatales, por lo que reciben menor atención en la agenda política. Similar a esto, Rayna Momen y Lisa Dilks (2021), en su estudio sobre el desenlace de los casos de transfeminicidios en los Estados Unidos, encontraron que los homicidios de mujeres trans negras eran simultáneamente los más frecuentes y los que recibían la menor cantidad de sentencias condenatorias.

En Guatemala, se encontraron únicamente tres artículos que trabajan sobre crímenes o violencias contra las personas LGBTQIA+. Estos analizan la preponderancia de violencia doméstica y su relación con la prevalencia de ansiedad y depresión en hombres gays (Davis et al., 2022); o el impacto de esta violencia en las actitudes hacia las estrategias de prevención de la transmisión del VIH (Davis et al., 2021). Por otro lado, el estudio de Enrique Chaux y Manuela León (2016) comparó la presencia de actitudes homofóbicas en infancias de seis países de Latinoamérica e identificó las mayores prevalencias en Guatemala, República Dominicana y Paraguay.

Si bien la producción académica internacional en materia de crímenes contra la población LGBTQIA+ es considerablemente amplia, en Guatemala estos estudios se enfocan exclusivamente en las experiencias de hombres cis homosexuales o bisexuales, y ninguno utiliza una metodología interseccional. Además, en la literatura internacional y regional son casi inexistentes las investigaciones que partan de una metodología interseccional para estudiar la distribución y el comportamiento de los crímenes contra personas LGBTQIA+. Por tanto, con este trabajo proponemos contribuir a llenar ese vacío en el conocimiento, continuando la discusión científica en torno a los crímenes por prejuicio. Utilizaremos el método interseccional e inspirado en las contribuciones teóricas de la decolonialidad del género para estudiar la distribución de los crímenes según los bienes jurídicos lesionados y la posición de las subjetividades en la intersección de identidad de género, orientación sexual, etnia/raza, localidad y nacionalidad.

El objetivo de esta investigación es describir el comportamiento de los crímenes contra la población LGBTQIA+ en Guatemala durante los años 2019-2021. Proponemos una matriz de análisis interseccional para estudiar la distribución de los crímenes según los bienes jurídicos lesionados en la intersección de identidad de género, orientación sexual, etnia/raza y nacionalidad. Entiendo por etnia/raza las ideas moderno-coloniales que operan en la sociedad guatemalteca para organizar la sociedad según las supuestas diferencias entre los cuerpos, y que reproducen desigualdades en el acceso a servicios públicos y la garantía de los derechos (Quijano, 2014). En este trabajo, discuto que el análisis interseccional de los crímenes por prejuicio en Guatemala permite identificar las posiciones diferenciadas de cada grupo según su identidad de género y orientación sexual, revelando patrones como la misoginia, los espacios de muerte, la violencia financiera y la obligatoriedad de los tránsitos migratorios. La identificación de estos fenómenos asociados a las violencias por prejuicio cobra relevancia debido a su utilidad en la formulación de políticas públicas y la reforma de la estructura penal para la correcta y justa reparación de las víctimas.

Metodología

Se recolectó información del registro de denuncias y reportes de necropsias de personas LGBTQIA+ de los años 2019-2021 en el Ministerio Público de Guatemala (MP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), respectivamente. La base de datos de denuncias del MP incluía las variables sexo, identidad de género, orientación sexual, etnia, delito, fecha de registro, número de personas agraviadas y departamento y municipio de ocurrencia. La base de datos del INACIF incluía información demográfica y causa de muerte de los homicidios/asesinatos investigados en ese período.

Se recodificaron las variables sexo, identidad y orientación para poder analizar los datos distribuidos para las siguientes identidades: mujeres cis lésbicas, mujeres cis bisexuales, mujeres trans con cualquier orientación sexual, hombres cis gays, hombres cis bisexuales, hombres trans con cualquier orientación sexual y personas intersexuales. Esta tarea fue realizada debido a que los instrumentos que se utilizan en el MP para el registro de las identidades y las orientaciones presentan algunos desafíos para el análisis. Las variables sexo e identidad admiten únicamente dos posibilidades (hombre/mujer en ambos casos). La variable orientación incluye entre sus opciones: trans, intersexual, bisexual, gay y lesbiana. Por tanto, algunos registros consignaban a la víctima con sexo “hombre”, identidad “mujer” y orientación “gay”. En esos casos, se priorizó la identidad de género para identificar a esa persona como mujer trans.

La variable delito se clasificó según la familia del delito a la que pertenece, según el Código Penal de Guatemala. Las familias de los delitos corresponden al bien jurídico lesionado, siendo estas: vida e integridad, honor, libertad y seguridad sexual y pudor, libertad individual y seguridad de la persona, patrimonio, fe pública y patrimonio nacional, administración pública y faltas generales.

En el análisis univariado se analizaron las frecuencias de distribución de cada variable, el comportamiento anual de los reportes, la distribución geográfica de los delitos y la cantidad de datos faltantes. En el análisis bivariado se realizaron tablas cruzadas para analizar la relación entre la identidad y orientación sexual de las personas, con el tipo de delito del que fueron víctimas. Se calculó la relación de esta distribución por medio de la prueba Chi cuadrado. Se calculó la tasa de letalidad para cada identidad/orientación, y se analizaron las causas de muerte.

Resultados y discusión

Análisis del comportamiento de los delitos

Se reunieron 412 registros de denuncias de personas LGBTQIA+ agraviadas durante el período 2019-2021. Es importante señalar que la base de datos presenta un alto porcentaje de faltantes no aleatorios, con más del 38% de ausencias. Esto revela que las/los funcionarias/os que reciben las denuncias dejan de registrar datos relevantes, tales como la identidad de género y la etnia, lo que dificulta el análisis de la posición diferenciada de estos grupos. Si bien el Ministerio Público ha incluido el registro de estas variables en sus instrumentos para asegurar la vigilancia de ocurrencia de crímenes por prejuicio, el correcto llenado de los mismos continúa influenciado por estigma y desinterés de las/los funcionarios. En línea con esto, Danielle Shields (2021), en su estudio sobre la percepción de personas LGBTQ que buscan asistencia policial, evidencia que las minorías étnicas y raciales son las que reportan más experiencias negativas del trato de oficiales. Como consecuencia de este estigma y el racismo en las instituciones, la etnia deja de ser interrogada y correctamente consignada en los reportes.

En el análisis de la distribución temporal se evidenció que la mayoría de las denuncias ocurren los viernes (19%), jueves (18.9%) y lunes (18.4%). Aunque los delitos sexuales tienden a reportarse de manera constante durante la semana, con excepción de los domingos y lunes en los que el registro disminuye. Asimismo, la mayoría de las denuncias son registradas durante el día, siendo el mediodía el momento con mayor proporción de denuncias. Los delitos más denunciados en el día son amenazas, discriminación y lesiones. Durante la noche, el perfil de crímenes está representado principalmente por lesiones, amenazas, asesinato/homicidio, violencia sexual y violencia contra la mujer. Este comportamiento demuestra el encrudecimiento de la violencia durante las noches, especialmente la violencia sexual y contra la mujer. Este fenómeno refuerza los hallazgos del estudio de Doug Meyer y Eric Grollman (2014), quienes describieron que las personas de minorías sexuales, en particular mujeres cis y trans, se sienten inseguras en las calles por las noches, consecuencia del aumento de las violencias durante ese momento.

En la comparación anual, las denuncias registraron tendencia a la disminución, con 176 denuncias en 2019, 128 en 2020 y 108 en 2021. Este fenómeno puede estar asociado a las medidas de cierre y contención de los primeros dos años de pandemia por COVID-19, que incluyó estados de excepción de derechos con limitación de la libre locomoción y horarios de toque de queda. Por lo que el registro de las denuncias pudo verse limitado por las restricciones de horarios de atención. Resulta interesante que mientras el número global de denuncias disminuyó, el análisis desagregado muestra diferencias significativas. Mientras los delitos contra la libertad individual y seguridad presentaron una disminución del 50% del 2019 al 2020, los delitos sexuales y contra la vida e integridad solo disminuyeron un 10%.

En cuanto a la distribución geográfica, la mayoría de las denuncias se registraron en los municipios que conforman el casco metropolitano: Ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Amatitlán y San Miguel Petapa; así como en algunas de las cabeceras departamentales más grandes: Quetzaltenango, Escuintla y Puerto Barrios. En todas estas ciudades ocurren importantes movimientos migratorios internos y externos. Personas LGBTQIA+ de comunidades pequeñas suelen migrar a ciudades más grandes para ganar el privilegio del anonimato y poder tener acceso a trabajo, vivienda y la posibilidad de crear nuevos lazos filiales (Berkins, 2003). Además, esos tránsitos suelen ser estrategias para evitar ser violentades en sus comunidades de origen (Kutateladze, 2022). No así, estos centros urbanos se ven configurados por miradas racistas, misóginas y homo-bi-trans-fóbicas, provocando formas más complejas de violencia en la intersección de género, orientación sexual, etnia y nacionalidad u origen (Golembe et al., 2021). De hecho, el 17% de las denuncias fueron reportadas por migrantes, y los municipios en los que se reportan más crímenes contra personas extranjeras son Amatitlán, Guatemala, Mixco, San Miguel Petaba y San Pedro Ayampuc y Villa Nueva; todos municipios del área metropolitana del país.

En el análisis desagregado por identidad, los municipios con mayor reporte para hombres y mujeres trans presentaba algunas particularidades. Por ejemplo, hombres trans presentaban un importante número de denuncias en Antigua Guatemala y San José del Golfo. Por su parte, mujeres trans presentaban indicadores de violencia altos en Cantel, Chiquimula y Zacapa. Estas particularidades llaman la atención, puesto a que algunas merecen un análisis particular que sobrepasa los límites de este trabajo. Por ejemplo, Chiquimula, Zacapa y San José del Golfo son municipios caracterizados por la prevalencia de culturas más conservadoras, religiosas y con ideas prototípicas de la masculinidad occidental. Estudios previos en Guatemala han demostrado que estas características se asocian a mayores indicadores de violencia por prejuicio (Chaux y Leon, 2016). No así, los casos de Antigua Guatemala y Cantel resultan más complejos y difíciles de describir.

Análisis interseccional de los delitos

Para poder analizar la distribución de los crímenes según la identidad de las personas, elaboré una matriz inspirada en la propuesta teórica de la interseccionalidad de Kimberleé Crenshaw. Para la autora, es necesario realizar un ejercicio cartográfico para ir delineando los espacios particulares en los que cada persona o grupo se sitúa en la intersección de distintas dimensiones como género, etnia/raza y clase social (Crenshaw, 1991). Con esta premisa, se diseñó un cartograma en el que se iban identificando las identidades que estaban mayormente representadas en cada familia del delito. Así, la Figura 1 muestra el resultado de ese ejercicio cartográfico que permite identificar quiénes son más agraviades por cada tipo de crimen.

Mujeres trans y hombres cis gays son quienes aparecen más agraviades por delitos, en general. Es importante destacar que existe un 12% de subregistro para las variables identidad y orientación, en las fichas de personas con sexo registrado al nacer hombre. Esto manifiesta el estigma de los órganos responsables del registro, que desconsideran la autopercepción del género de las personas al momento de registrar la denuncia. Sumado a esto, estos instrumentos también representan una injustica hermenéutica al desconsiderar la permeabilidad y pluralidad de las identidades, la sexualidad y la corporalidad, permitiendo únicamente dos posibles registros en sexo e identidad, además de restringir una única respuesta en orientación sexual. Esta casilla representa aún más problemas al catalogar las identidades trans y los cuerpos intersex como orientaciones, robándoles la posibilidad de expresar deseo por otres y únicamente aparecer en los reportes como una “orientación”.

Todas las identidades presentaban un alto porcentaje de representación en los crímenes contra la vida y la integridad. Sin embargo, mujeres trans, mujeres cis lesbianas, personas intersex y hombres cis gays son las personas más violentadas por estos crímenes. Entre estas, las personas intersex presentan la tasa de letalidad más alta (38 por cada 100 agraviades), seguidas por hombres gays y mujeres trans (4 por cada 100 en ambos casos) y mujeres cis lesbianas (3 por cada 100). Los reportes de las necropsias reportan como las principales causas de muerte: heridas por proyectil de arma de fuego, trauma craneoencefálico, heridas por arma blanca y asfixia por estrangulación. Este escenario de extrema violencia contra estas cuatro identidades nos remite a las ideas de Rita Segato (2003; 2006) sobre las estructuras de las violencias y el sistema patriarcal como una de las etiologías de la violencia. Segato argumenta que la construcción propia de las masculinidades se asienta en la imperativa de dominación y violencia sobre las figuras femeninas, y yo agrego que también sobre expresiones contrahegemónicas de masculinidad.

En línea, para analizar las altas tasas de letalidad de mujeres trans y personas intersex recurro a María Lugones (2008), quien expresa cómo el sistema colonial del género es importado de la península ibérica e intenta implantar, en los territorios de Abya Yala, una comprensión dimórfica de los cuerpos como base de la construcción dicotómica del género. Así, todas las expresiones y posiciones asumidas fuera de la comprensión de este sistema de género son perseguidas, asesinadas y silenciadas a través de proyectos genocidas. O, como sostiene Fernanda Molina, al tratarse de una transgresión de la norma “masculina” y binaria del sistema colonial de género que trastoca los roles asignados, estas identidades se convierten en verdaderas amenazas para el orden colonial (Molina, 2017).

De manera similar, todas las identidades son afectadas por crímenes contra la libertad y la seguridad; sin embargo, hombres trans, gays y lesbianas representan mayor proporción. Los crímenes aquí incluidos son amenazas, discriminación, coacción y sustracción de menores. Hombres gays y bisexuales son también les más agraviades por crímenes contra el patrimonio (robo, extorsión, etc.) y contra la fe pública (falsedad ideológica y material). Estos últimos son crímenes cometidos por personas que ostentan la fe pública, como notarios o funcionarios públicos, al mentir en el ejercicio de su cargo. Estos resultados refuerzan la evidencia de estudios previos realizados específicamente con estas identidades/orientaciones. En estos, los hombres gays y bisexuales reportan altos índices de discriminación, homo y bifobia, especialmente en el trabajo y las escuelas (Davis et al., 2022; Doan Van et al., 2019; Ferlatte et al., 2019). Además, personas bisexuales reportan que la principal forma de discriminación que sufren es en forma de invalidación de la pluralidad de sus afectos. Por su parte, hombres gays reportan discriminación en forma de homofobia y por la expresión de masculinidades contrahegemónicas (Doan Van et al., 2019).

Los crímenes contra la libertad y seguridad sexual y el pudor merecen importante destaque. Las principales víctimas de estos crímenes son mujeres trans, lesbianas y personas bisexuales. Este fenómeno de feminización de las violencias sobre el cuerpo pone en evidencia las miradas proto-etnográficas de los sujetos colonizadores que imprimen en les otres/indies un carácter feminizado que legitima la imposición del sujeto colonial sobre los cuerpos de Abya Yala (Ochoa Muñoz, 2014). Esta feminización del indio, que narra Karina Ochoa Muñoz, ayuda a develar cómo las identidades asociadas a los cánones tradicionales de “lo femenino” cobran una mayor representación en los delitos cometidos sobre el cuerpo (agresiones, lesiones, homicidio, asesinato, maltrato, violencia), siendo las mujeres lesbianas, bisexuales y travestis las/es más agraviadas/es. Este fenómeno se encrudece en delitos contra la libertad y seguridad sexual, cuando estas tres identidades aparecen casi de manera exclusiva como agraviadas por violación y trata de personas. Esas miradas coloniales proto-etnográficas le abren paso al uso de la misoginia como justificación de la violencia genocida, fundamentada en la idea de los territorios-cuerpos como lugares penetrables por el sujeto blanco peninsular. Además, se vuelven elementos constitutivos de las nuevas éticas coloniales que estructuran las relaciones sociales modernas (Ochoa Muñoz, 2014), y los fundamentos para las violencias sexuales en la actualidad (Segato 2003, 2006).

En línea con esto, el estudio de Sara Matsuzaka y David Koch (2019) sobre las experiencias transfemeninas de violencia sexual describe cómo elles son les más propenses a ser víctimas de este tipo de violencia. Adicionalmente, las mujeres trans que han sido víctimas de violencia sexual identifican el entrecruce de transfobia, cissexismo y misoginia en la base de estas violencias (Matsuzaka y Koch, 2019). Por su parte, Laurel Watson y colaboradoras (2021) nos permiten entender cómo las mujeres bisexuales víctimas violencia sexual se identifican en la intersección de la bifobia, la colonialidad del género, el capacitismo y la gordofobia. Asimismo, tanto mujeres bisexuales como lésbicas expresan que los crímenes sexuales se presentan con una intencionalidad “correctiva” por parte de los agresores (Pinheiro y Harvey, 2019). Poniendo en manifiesto las ideas coloniales del género en la base de estos crímenes, facultando a los agresores a penetrar el territorio colonizado para su corrección/salvación. A este respecto, otros estudios que indagan sobre los imaginarios culturales de prácticas de violencia sexual en contextos racializados refuerzan este mismo hallazgo (Doan Van et al., 2019; Rodríguez Flores, 2019).

Finalmente, hombres y mujeres trans aparecen de manera exclusiva en crímenes contra la Administración Pública. Esto, pues enfrentamos desafíos para navegar en las instituciones públicas como consecuencia de las ininteligibilidades creadas por la inconsistencia de documentos legales y la pluralidad de nuestras expresiones corporales. Así como por la transfobia y el estigma estructural que legitima el mal trato hacia personas trans y otras disidencias en los servicios públicos como salud, educación y el sistema de justicia (Oliveira et al., 2020; Souza et al., 2015). Mujeres trans aparecen de manera exclusiva en las faltas menores y los delitos contra el Honor. Las primeras son hechos considerados menores por no llenar los criterios para considerarse delitos. Los crímenes contra el Honor llaman la atención, pues el hecho fue denunciado por una mujer trans en el municipio de Cantel. Este municipio, eminentemente indígena, es uno de los que más reporta crímenes contra mujeres trans. El delito fue injuria, descrito por el Código Penal como “toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito menosprecio de otra persona” (Código Penal de Guatemala, 1973 Art. 161). Y resulta interesante pues para las comunidades indígenas, el honor representa un elemento constitutivo del ser. Importantes estudios como los de Aura Cumes (2009; 2018) que abordan las experiencias propias de comunidades indígenas en el sistema de justicia occidental han expuesto que elementos inmateriales como el honor suele ser poco considerado en las sentencias, por lo que este hecho convoca a futuras investigaciones al respecto del posible subregistro de este tipo de crímenes contra subjetividades disidentes indígenas.

Palabras finales

Como resultado de este ejercicio cartográfico de los crímenes contra personas LGBGQIA+ en Guatemala, se percibe que viven una cotidianidad marcada por violencias que ponen en peligro sus vidas, su seguridad y la integridad de sus cuerpos. Estos espacios vividos por las disidencias sexuales y de género son resultado de altos niveles de estigma estructural de la sociedad guatemalteca, que se encrudece en la intersección de otras dimensiones como los tránsitos migratorios, etnia/raza y clase social (Branstrom et al., 2022). Esta intersección configura espacios de extrema violencia en los que los proyectos de vida se ven tensionados (Clark et al., 2017), ya que las personas que habitan en los márgenes dibujados por esa intersección de los sistemas de opresión experimentan necesidades socialmente determinadas por factores como normas culturales, problemas de seguridad, violencia y la desprotección legal y jurídica de sus derechos, enfrentando formas más complejas de inequidad social (Stojanovski et al., 2019).

Estos espacios de extrema violencia se sustentan en lógicas de persecución, el uso de estrategias que infunden terror e intimidación, fragmentan los tejidos sociales y aíslan a las cuerpo-identidades que asumen posiciones disidentes del sistema binario colonial de Género. De esta forma, se van diseñando los “espacios de muerte” en los que la rebeldía se intenta paralizar y aislar a través del miedo (Federici, 2010, p. 339). Besiki Luka Kutateladze (2022) discute en su trabajo sobre los crímenes de odio contra personas LGBTQIA+ que la constante violencia vivida por estas personas acaba motivando algunas estrategias para evitar la reincidencia de estas violencias. Entre estas estrategias, destaca el acting straight o actuar como heterosexual, evitar la socialización con otras personas LGBTQIA+ y la migración (Kutateladze, 2022). Todo esto resuena con las lógicas de los espacios de muerte que Federici describe durante el período colonial en los territorios de Abya Yala.

Estos espacios se mantienen vigentes mediante una estructura violenta producida por el Estado y reproducida por las sociedades, imprimiendo una compleja determinación social de los crímenes por prejuicio. Ante la complejidad de esta problemática, el abordaje interseccional se vuelve imperativo para poder comprender la situación diferenciada de cada sujeto. Gabriela Pinheiro, Clare Harvey y el colectivo de mujeres lésbicas negras en Khayelitsha, Sudáfrica (2019) verbalizan la indivisibilidad de género, raza y sexualidad en el análisis de los crímenes contra cuerpos LGBTQIA+ de color, con el fin de garantizar la correcta reparación de las víctimas. Asimismo, apuntan a las movilizaciones de base comunitaria, en íntima conexión con el gozo, el placer y la resiliencia, como claves para combatir la violencia de género y por prejuicio. En esa misma línea, Kristefer Stojanovski y colaboradoras (2019) rescatan la importancia de las políticas multinivel e intersectoriales para afrontar las inequidades que enfrentan las personas que habitan los márgenes.

Por tanto, la reparación de las víctimas de violencias por perjuicio debe incluir a los Estados y las sociedades como las instituciones que legitiman y sostienen las lógicas violentas detrás de estos actos y no reducirse únicamente a la punición del delito. En palabras de Marlene Wayar, “Detrás de un Estado que criminaliza [o, en este caso, delinque], hay necesariamente una sociedad que lo hace. Somos cómplices, por acción u omisión. Yo soy con mi Estado y sociedad ejecutor/a de racismo, xenofobia, misoginia, transodio” (2018, p. 18).

Referencias

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