Introducción

El concepto de la memoria ha sido objeto de estudio desde múltiples perspectivas académicas. Uno de los aportes desde la antropología se concentra en su configuración como un fenómeno social con implicaciones identitarias y culturales. Con el fin de explorar esta noción y extrapolarla a una dimensión política, este artículo se enfoca en la dimensión colectiva de las memorias con el fin de resaltar la importancia de reconocer el amplio margen de narrativas y actores que hacen parte de la colectivización de este concepto.

El artículo busca reafirmar el hecho de que ninguna memoria, incluso apelando a experiencias netamente personales, puede abstraerse de un contexto social localizado, específico y moldeado por ejercicios de poder y disputa, considerando la experiencia de las comunidades negras en Colombia, particularmente del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Cuenca del río Cacarica. Una exploración conceptual de esta naturaleza debe partir del reconocimiento de los sujetos colectivos étnicos en el país, como sujetos múltiples y diversos que, desde la organización local, han consolidado una identidad política.

Siguiendo orientaciones teóricas desde el posestructuralismo y el pensamiento decolonial, este texto intenta reflexionar en torno a qué se recuerda por medio del ejercicio de la memoria colectiva, cómo se recuerda y cuáles son los propósitos de este proceso. En este orden, el objetivo es aproximarse a las narrativas de resistencia de las identidades negras, que comenzaron con el proceso de esclavización y se han extendido hasta hoy, particularmente en el contexto del conflicto armado interno.

Lo que se presenta en este texto es una descripción parcial de un proceso de investigación-acción participativa realizado durante cuatro años en el que se dio origen a la co-construcción entre las comunidades de la cuenca del río Cacarica y la autora en torno a las memorias, sus alcances y las estrategias para convertirlas en impulsoras de las identidades comunitarias, de sus propósitos de resistencia y re-existencia, y en línea con ello, de posicionamiento político.

El artículo inicia con una aproximación conceptual a las memorias colectivas y cómo pueden ser relacionadas con prácticas de resistencia en diferentes escalas locales. Luego propone una breve presentación del proceso de construcción de las identidades negras en Colombia a partir de la colectivización de los relatos sobre el pasado. Posteriormente, aborda el proceso de construcción identitaria del Consejo Comunitario del Cacarica y el rol de la memoria colectiva. Previo a las conclusiones, el artículo se enfoca en presentar la construcción de estas identidades múltiples como una manifestación de lo que Catherine Walsh y Walter Mignolo (2018) denominan como re-existencia.

Las memorias colectivas: una aproximación conceptual que deriva en prácticas de resistencia

La significación y materialización de los recuerdos y de los silencios que los acompañan cobran sentido una vez son mediados por significaciones socio-culturales. En este orden y siguiendo los postulados del posestructuralismo y los lineamientos del pensamiento decolonial, este texto propone abordar las memorias como mecanismos para reafirmar identidades en resistencia, y en consecuencia, como una forma de re-existencia, puntualmente, en el caso de las comunidades negras en Colombia. El análisis se presenta en dos dimensiones: 1) la reivindicación de un pasado compartido que reafirma el derecho a la reparación, pero también a la inclusión en la esfera política nacional; y 2) el sentido del ser colectivo, la vinculación comunitaria y las dinámicas de (re)territorialización después de un proceso sistemático de despojo ocurrido en el marco del conflicto armado. Estas dimensiones, parten de considerar las memorias desde una perspectiva crítica que las incluye como una parte fundamental de “procesos continuos de contestación y resistencia” (Olick y Robbins, 1998, p. 127).

Las prácticas colectivas de la memoria son procesos ejercidos por actores sociales con agencia e intencionalidad. En el caso colombiano, este ejercicio ha permitido que ciertas comunidades y colectivos posicionen narrativas en favor del reconocimiento, al menos jurídico, de sus derechos. Así, un proceso dinámico de selección y re-interpretación de eventos pasados tiene lugar en línea con el ejercicio político de la ciudadanía. Este, a su vez, desafía la individualidad y posiciona discursivamente el ser plural.

La definición de memoria colectiva apela a “una construcción social constituida a través de la circulación de múltiples símbolos con interpretaciones compartidas por actores sociales e instituciones y, al mismo tiempo, disputada por otros en respuesta a posiciones heterogéneas en un campo social jerarquizado” (French, 2012, p. 349; traducción propia). Ello implica que el ejercicio colectivo de la memoria opera como un espacio para disputar los sentidos de la historia y las narrativas dominantes que la han moldeado. La construcción de memorias puede ser considerada como un proceso dinámico que retoma el pasado con el fin de re-interpretarlo en el presente y posicionarlo de cara a ciertos objetivos en el futuro.

Esta dimensión tiene como antecedente las contribuciones de Maurice Halbwachs (2011). El autor planteó la necesidad de explorar la memoria colectiva al reconocer que cada persona desarrolla procesos de memoria en un contexto social específico. En este marco, las memorias individuales se consolidan como puntos de vista sobre los cuales se construyen las narrativas colectivas acerca del pasado. Sin embargo, es importante señalar que todo punto de vista es susceptible de cambios, negociaciones, reformulaciones y transformaciones.

En términos de Elizabeth Jelin (2001), los parámetros que definen ciertas identidades son también los marcos sobre los que se moldean las memorias. Esto implica la comprensión e incorporación del pasado en el ser individual y colectivo, lo que conduce a una validación social del recuerdo. Podemos afirmar que el ejercicio de la memoria no depende de la experiencia personal y en primera persona, por el contrario, las memorias se colectivizan una vez trascienden la ocurrencia misma de los eventos y adquieren una vida propia (Restrepo, 2005). Esta base colectiva solo puede materializarse por medio de la comunicación y el relato. Estos últimos operan como herramientas para la incorporación generacional y, así, la repetición del ciclo de elaboración de memorias colectivas, transmisión, incorporación y (re)incorporación identitaria. Lo anterior se traduce en configuraciones socio-políticas, que incluyen la experiencia y el ejercicio de poder, no solo entendido desde las hegemonías, sino también desde la reapropiación social por medio de las resistencias que se revelan en las narrativas resultantes de dicho proceso.

Esta conceptualización general entra en diálogo con la experiencia y las contribuciones acerca de las memorias colectivas en Colombia. La historia de violencia del país y sus impactos socio-culturales dieron origen a múltiples iniciativas de memoria que se iniciaron en los años 70 y de cierta manera persisten hasta hoy, no solo en términos de elaboración teórica sino también de diálogo social e, incluso, de política pública. Sin embargo, el silenciamiento de quienes fueron diferencialmente impactados por el conflicto y la prevalencia de las narrativas institucionales requieren mantener la discusión acerca de las memorias, su construcción continua y los aportes de las estrategias colectivas para posicionar narrativas sobre el pasado. Ello puede ser nombrado, como sugiere Elizabeth Jelin (2001), como “memorias narrativas”. De acuerdo con la autora, el ejercicio de la memoria y el recuerdo como una repetición del pasado puede ser un proceso, además de traumático, solitario. Por consiguiente, extrapolarlo a una dimensión narrativa, que se comparte con otros, facilita tanto su (re)construcción, como su comunicación.

En Colombia, las memorias colectivas pueden considerarse como estratégicas en términos de identificación y posicionalidad. En la actualidad, si bien se trata de un proceso aún en etapa de consolidación, existe una manifestación clara del resultado sobre las diputas que colectividades históricamente marginalizadas han emprendido: se ha conseguido la inclusión de memorias subalternas en debates públicos. Esta es una de las mayores contribuciones que el contexto colombiano aporta a las reflexiones teórico-prácticas sobre el tema. A pesar de los retos de un contexto complejo, cambiante y continuo de violencia, las manifestaciones de iniciativas de memoria colectiva que se desarrollan con autonomía desde las bases comunitarias y las organizaciones sociales son un ejemplo de su alcance en términos de re-existencia, como “un terreno de lucha por significados y representaciones que pretenden crear nuevas prácticas políticas” (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2009, p. 128). Esta dimensión reconoce la agencia, la subjetividad, la intencionalidad y la colectivización de los relatos como dispositivo para afrontar los impactos del pasado, pero también como guía para orientar discusiones estructurales.

[…] las memorias son producto de la combinación de tiempos y espacios. Combinación de tiempos en el sentido en que de cara al pasado –a la catástrofe de la historia y al sufrimiento– son un ejercicio creativo de resistencia aquí y ahora que se proyecta al futuro, que tiene un destino. [...] son una combinación de espacios en la medida en que ponen materialmente en relación al espacio devastado con el espacio en que de nuevo es posible la comunidad en su cotidianidad […] (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2009, p. 21).

En el contexto colombiano, esto evidencia cómo la memoria colectiva se distancia del recuerdo lineal y homogéneo y se constituye alrededor de la multiplicidad que trasciende la individualidad y confronta las narrativas acerca de las causas estructurales de la violencia. Así, aboga por un reconocimiento social de responsabilidades, pero no desde la culpa, sino más bien desde la transformación y la resignificación como mecanismo para la no repetición.

Las prácticas que conducen al ejercicio colectivo de las memorias se traducen en prácticas políticas que, por medio de la autonomía, permiten la auto-narración, el auto-relato y el auto-recuerdo en medio de la complejidad de las tensiones y negociaciones que tienen lugar en el ámbito colectivo. Es imposible negar que las narrativas y discusiones que se gestan en las instancias nacionales, hoy por hoy, y tal vez por el contexto político actual, reconocen el deber de incluir la experiencia localizada y territorializada de quienes por décadas fueron silenciados.

Esta exploración conceptual permite acercarse a los procesos desarrollados por las comunidades negras rurales de Colombia, no como sujetos homogéneos, sino como sujetos colectivos que desde la organización local han consolidado una identidad política en el país. Tomaremos como referente al Consejo Comunitario de comunidades Negras de la Cuenca del Río Cacarica, ubicado en el municipio de Riosucio, departamento del Chocó.

Esta región, habitada prevalentemente por comunidades negras, fue testigo del proceso de victimización derivado del escalamiento del conflicto armado y de los impactos desproporcionados en las comunidades étnicas. Estas, por motivo de los procesos de racialización, empobrecimiento y exclusión son un ejemplo de cómo las memorias logran consolidar identidades a favor de las resistencias y las re-existencias. Refiriéndose a esta región Odile Hoffmann afirma:

[…] La construcción de memoria colectiva desarrolla un diálogo entre intereses individuales y estrategias colectivas, más o menos explícitas, que responden a ciertas necesidades. En el caso de la región del Pacífico colombiano, estas estrategias responden a un sentido práctico […] “reconocerse como negro” y proclamarlo como una condición, así como un foco para la movilización […] (2002, p. 133; traducción propia).

De esta manera se recrea un pasado doloroso y compartido que se viene escribiendo desde la esclavización hasta el presente. Esta tarea representa un intento por construir y reconstruir identidades mientras se aboga por la eliminación de las prácticas estructurales de discriminación racial que se traducen en luchas por la existencia. El reconocimiento de estas formas de organización colectiva y construcción comunitaria no busca posicionar un discurso esencializante. En cambio, admite el rol de las posicionalidades y contraposicionalidades que se manifiestan por medio de relaciones de poder que, al igual que en todas las esferas sociales, están presentes al interior de las organizaciones de base. Aun así, la lucha por la existencia, la re-existencia y la agencia política se convierte en un elemento conductor de luchas comunes donde prima el sujeto colectivo.

Las identidades negras en Colombia: la colectivización de los relatos del pasado

El acercamiento a las identidades negras en Colombia se ha dado desde la interdisciplinaridad. La antropología ha estado presente en estos procesos, en buena parte desde perspectivas críticas que apelan por la teoría-acción. En Colombia, la antropología emergió en los años 40 con un interés particular en torno a los pueblos indígenas. La investigación asociada con identidades negras emergió tardíamente en la década de los 80 y dio lugar a lo que hoy conocemos como estudios afrocolombianos.

Una de las autoras que contribuyó a visibilizar el escaso interés de la antropología sobre los saberes negros en el país fue Nina de Friedemann. De acuerdo con el recuento de Eduardo Restrepo, la idea que hasta entonces primaba en el Instituto Colombiano de Antropología era que el estudio sobre poblaciones negras no podía considerarse antropología, “para ellos no podía ser antropología porque, en tal momento, el sentido común disciplinario indicaba que la pertinencia disciplinaria estaba enmarcada en el estudio de los pueblos indígenas […] a pesar de la narrativa de la antropología como ‘estudio del hombre’” (2016, p. 202).

Otro de los autores que sobresale, no sin ser objeto de lecturas críticas, es Jaime Arocha. El autor propone la noción de huellas de africanía (1998) y bajo esta lógica, sugiere la existencia de un vínculo entre las identidades negras en Colombia y el continente africano que se fundamenta en un pasado compartido que subsiste por medio de prácticas de memoria colectiva. Este vínculo debe ser entendido como diverso y múltiple ya que resulta de una mixtura de referencias que corresponden con las dinámicas mismas de la esclavización.

Una de las lecturas críticas a las que nos referimos es propuesta por Eduardo Restrepo (2003). El autor cuestiona la noción de huellas de africanía al señalar que los sujetos son producto de condiciones históricas específicas desde las cuales articulan su agencia, la cual no se agota en la reproducción de sus condiciones históricas. Así, la crítica apunta al peligro que se constituye por el efecto unificador que sugiere el concepto de africanía. Su propuesta, que reconoce la importancia del lenguaje y su relación con la realidad, es referirse a africanías. Ello permitirá entonces la inclusión del extenso rango de diversidad y heterogeneidad que sirve como base para las identidades afrocolombianas. Estas últimas constituidas en un contexto y a partir de un proceso histórico particular que ha terminado enriqueciendo las condiciones de existencia locales y regionales (Restrepo, 2003).

Estas dos aproximaciones no son contradictorias, sino que, desde una lectura articulada, contribuyen a enriquecer los estudios afrocolombianos. Incluir las significaciones plurales ratifica la importancia del discurso y el lenguaje como determinantes de las experiencias de poblaciones racializadas. Por otro lado, apelar a esa identidad compartida y fundada en el pasado común permite entender la historia reciente del país y cómo ha sido objeto de transformaciones a partir de narrativas que provienen del ejercicio de la memoria colectiva. Aquí, nuevamente cobra relevancia el valor de la narrativa y el lenguaje, ahora, como mecanismo para la consolidación de las comunidades negras como un sujeto político-étnico en el país.

Lo anterior refleja que las narrativas emergentes del ejercicio de la memoria han sido usadas como herramientas comunitarias de resistencia. Esto, en favor de la protección de los derechos individuales y colectivos que han sido históricamente vulnerados en razón de la persistencia del racismo estructural que moldea las dinámicas sociales, políticas y culturales de Colombia. Por este motivo, vale la pena presentar un breve recuento de cómo ha sido este proceso de configuración identitaria.

El inicio de la historia colonial de América Latina derivó en procesos de exterminio y esclavización que, a su vez, fueron y siguen siendo confrontados desde las resistencias y las luchas que, de acuerdo a la tesis de este artículo, encuentran una de sus fuentes en las memorias colectivas. Estas pueden entenderse como espacios simbólicos de encuentro para quienes comparten un pasado de opresión y, por medio de narrativas compartidas, han definido su posicionamiento en todos los niveles sociales.

Esta historia común, en el caso de Colombia, fue silenciada durante buena parte de su vida republicana. Sin embargo, en la década de los 80 comenzó un movimiento por el reconocimiento legal y político de las identidades negras que contrastó con el rápido crecimiento del debate y la inclusión alrededor de los derechos de las comunidades indígenas. Ambos procesos se agruparon bajo la noción de comunidades étnicas. No obstante, las comunidades negras se enfrentaron a una serie de cuestionamientos, principalmente acerca de la existencia o no de ciertas construcciones culturales que permitieran su reconocimiento en la esfera pública y legal.

Este proceso, con implicaciones jurídicas y políticas, es el resultado de un ejercicio de memoria que apeló a la reafirmación de las identidades negras. Los discursos históricos en América Latina y puntualmente en Colombia, promovieron, durante un largo periodo, la noción de pueblos mestizos como determinante identitario de la nación. Este hecho propició la marginalización de discursos, narrativas, prácticas, saberes y sentires que en las esferas locales se habían mantenido vivos y en resistencia desde épocas de esclavización. Las identidades negras fueron negadas en la esfera pública y este hecho, permitió la instalación de racismos estructurales.

Este carácter, que se entiende inmerso en las estructuras que configuran las dinámicas sociales, se manifiesta en la producción de desigualdades, que en definitiva son una de las principales causas de los impactos desproporcionados de la violencia reciente, pero también histórica en Colombia en contra de las identidades negras. Estas formas se manifiestan en relaciones intrínsecas entre discriminación, ejercicios de poder, procesos de explotación de recursos y empobrecimiento. La respuesta, entonces, apelando a la construcción de un sujeto colectivo, se dio por medio del ejercicio de las memorias y la reconstrucción de un pasado compartido, que aunque doloroso, constituye identidades y luchas –también compartidas– que se derivaron en una victoria, por lo menos jurídica, con su inclusión en la noción de comunidades étnicas.

Así, el proceso de reivindicación étnico-cultural continuó con el respaldo de la investigación social, el trabajo de organizaciones no gubernamentales, activistas y otros sectores comprometidos con la transformación hacia un Estado que reconociera la multiplicidad identitaria y, en consecuencia, velara por la garantía diferencial de ciertos derechos. Este proceso vio su primer resultado en la constitución política de 1991, aunque su elaboración no contó con una representación afro, las identidades negras fueron reconocidas y un proceso de etnización comenzó. De acuerdo con Arocha,

[…] la etnicidad [es entendida] como el conjunto de rasgos particulares que evoluciona un pueblo a lo largo de su historia de interacciones con otros pueblos, con la nación y con el ámbito del cual deriva su sustento. Dentro de esos rasgos, son preponderantes: (i) el fenotipo –la raza– debido al papel discriminatorio y excluyente que los grupos dominantes le han otorgado; y (ii) la autoconsciencia étnica porque cuando se la convierte en circulante político da pie a que el fundamentalismo la considere como el marcador por excelencia de la identidad histórico-cultural, y a que le desconozca esa identidad a quienes no ejercen la militancia étnica […] (1998, p. 210; traducción propia).

Uno de los elementos de mayor relevancia fue el reconocimiento de los derechos étnico-territoriales, bajo la noción de propiedad colectiva para las comunidades negras en las zonas rurales del país. Esta garantía permitió a las comunidades retornar a sus territorios luego del masivo fenómeno de desplazamiento forzado que el país experimentó como consecuencia de la violencia, prioritariamente entre los años 1995 y 2006. Además, esta lógica de colectivizar un derecho que, desde las configuraciones sobre el desarrollo, la globalización y el capital tiende a ser dimensionado como el bastión de lo privado, desafía los estándares sobre los que la población se relaciona con el valor del espacio, ya no como un objeto de intercambio, sino como un territorio construido a partir de la relación de las gentes con el entorno. Sobre este punto particular, el caso del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Cuenca del río Cacarica es ilustrativo.

El Consejo Comunitario del Río Cacarica: la memoria colectiva y la construcción identitaria como mecanismo de resistencia

Como ya hemos expuesto, el objetivo de este texto es reafirmar las múltiples dimensiones de las memorias colectivas y cómo su ejercicio se transforma en manifestaciones políticas de resistencia y re-existencia en términos dialógicos, culturales y sociales. Antes de abordar el tema central de este apartado, es importante reflexionar en torno a la noción de re-existencia. Este término es empleado en línea con una apuesta decolonial que guía las posturas éticas, prácticas y académicas de este artículo. Catherine Walsh y Walter Mignolo (2018) definen el término como una reconstrucción epistémica que se relaciona con la re-emergencia y es resultado del qué hacer individual y colectivo por el reconocimiento de la dignidad y el ejercicio autónomo del ser.

El concepto recoge los alcances de las prácticas de la memoria colectiva al interior del Consejo Comunitario del Cacarica. Sus miembros, al desarrollar iniciativas colectivas para el recuerdo, por un lado, reafirman su identidad, y, por otro, posicionan su existencia disputando sus derechos a la autonomía, a la reivindicación histórica de las identidades negras, al valor del territorio y los procesos de territorialización.

El Consejo Comunitario de la cuenca del Río Cacarica está ubicado en el noroccidente de Colombia en el municipio de Riosucio, Chocó. Su territorio hace parte del margen fronterizo con Panamá y se constituye como un espacio en el que confluyen múltiples intereses económicos. Este hecho jugó un papel determinante en la manera en que se configuró la confrontación armada en la región, así como la ubicación estratégica de los proyectos de control social y territorial de los actores armados. Aunque las comunidades señalaron en repetidas ocasiones que el conflicto se configuró de cara a dichos intereses, las narrativas oficiales excluían esta variable de la construcción discursiva que daba cuenta de este hecho. Hoy, por la evolución del proceso de reconstrucción histórica y el esfuerzo social por incluir las voces excluidas, se da por sentado el papel que jugaron las fuerzas económico-políticas en el escalamiento del conflicto.

En el caso de la cuenca del río Cacarica, uno de los momentos cardinales ocurrió con la toma paramilitar del municipio de Riosucio que estuvo ligada a la avanzada militar denominada Operación Génesis. El desarrollo de dichas acciones armadas tuvo lugar entre los días 24 y 27 de febrero de 1997 y consistió en los bombardeos de territorios colectivos bajo la jurisdicción del municipio de Riosucio, entre ellos el del Consejo Comunitario de Cacarica. Allí, en paralelo, se desplegó el accionar paramilitar que causó el asesinato de algunos miembros de las comunidades y el desplazamiento masivo de la población. Aunque inicialmente el recuento oficial establecía que se trataba de una coincidencia, posteriormente fue probado, e incluso reafirmado por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia, 2013), que las operaciones se desarrollaron de manera sistemática y articulada y, en consecuencia, el Estado colombiano es responsable por la vulneración de los derechos de las comunidades que habitaban la cuenca.

[…] Por razones que sobrepasaban nuestro control tuvimos que huir en diferentes grupos. Algunos se fueron hacia Panamá… La gente buscó la frontera porque no había suficiente tiempo para irse a otra parte. Fueron 48 horas las que nos dio el grupo [refiriéndose a los grupos paramilitares] para desocupar el territorio. […] Fue una operación conjunta entre el Estado y su hijo, porque los paramilitares eran el hijo del Estado. […]. El Estado negó lo que pasó y cuando uno niega algo está promoviendo su repetición […] (Comunicación personal, miembro de Comunidad Barranquilla, Cacarica. Julio, 2018).

Arturo Escobar (2004) explica que la lógica que define la estrategia de desterritorialización y desplazamiento forzado de los territorios negros en el país implica una reestructuración biofísica y cultural. En otras palabras, una redefinición de las prácticas cotidianas que, aunque permeadas por las lógicas nacionales, aun conservaban cierto grado de autonomía e independencia. Esto se traduce en la instalación de un proyecto que propende por el control de todas las esferas de la vida, en este caso de las comunidades negras de Cacarica, y que en consecuencia es resultado de prácticas coloniales y de exclusión racial (Escobar, 2010).

Este proceso no terminó con el desplazamiento forzado, sino que derivó en la imposibilidad del retorno y el control casi que absoluto por efecto de la expansión de los grupos paramilitares en la región. Esto se tradujo en la destrucción física pero también simbólica del sentido de colectividad. Dichos impactos pueden ser explicados acudiendo al concepto de etnocidio. Esta noción, inicialmente propuesta por Pierre Clastres (1996), busca trascender los alcances del término genocidio y concentrarse en los efectos de la predominancia de los patrones culturales occidentales. De esta manera, permite la introducción de variables como la cultura, la espiritualidad, el pensamiento y en general las formas de vida cuando tratamos de comprender los impactos de situaciones de dominación en las que se pone en riesgo la existencia.

[…] El genocidio es, pues, la destrucción sistemática de los modos de vida y de pensamiento de gentes diferentes a quienes llevan a cabo la destrucción. En suma, el genocidio asesina los cuerpos de los pueblos, el etnocidio los mata en su espíritu. Tanto en uno como en otro caso se trata sin duda de la muerte, pero de una muerte diferente: la supresión física es inmediata, la opresión cultural difiere largo tiempo sus efectos según la capacidad de resistencia de la minoría oprimida […] (Clastres, 1996, p. 56).

Esta definición ofrece un puente de diálogo para comprender el contexto general de las comunidades negras que por causa del proceso histórico de racialización/discriminación fueron desproporcionalmente impactadas por la violencia. En el caso del Consejo Comunitario del Cacarica, un sujeto colectivo despojado por la mediación de intereses de capital que, valiéndose de fuerzas armadas, afectaron no solo el estar físico de la población, sino también sus prácticas, creencias, lazos y, por sobre todo, el sentido de la identidad colectiva. Este hecho fue reafirmado durante décadas por medio de narrativas oficiales que negaban las dimensiones diferenciales del proceso de victimización contra las comunidades negras y apuntaban a clasificar dichas acciones como no sistemáticas. Sin embargo, con el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el año 2022, encontramos que por primera vez el Estado colombiano reconoce el rol, las implicaciones y las dimensiones del racismo estructural como un elemento definitorio del conflicto armado interno en el país.

[…] Sobre el desplazamiento primero escuchamos los rumores… pero estábamos confiados en el territorio y pensamos que nadie podía sacarnos pero en el momento en que llegaron (refiriéndose a los grupos paramilitares)… Los rumores se hicieron realidad y nos despojaron de nuestro territorio. Aunque los responsables nunca asumieron lo que paso y no hablaron de las razones detrás de lo que hicieron nosotros sabemos que tuvo que ver con los intereses económicos en nuestro territorio […] (Comunicación personal, miembro de Turbo, Antioquia. Enero, 2022).

A pesar de los alcances de estas acciones, es posible afirmar que constituyeron un mero intento etnocida. La capacidad de resistencia de las comunidades negras, derivó en nuevas formas de organización y la reivindicación de las identidades culturales ahora como una lucha política. En muchos casos, el desplazamiento forzado y la incapacidad estatal para atender sus impactos propició el enraizamiento de los pueblos con sus territorios y en la generación de estrategias para retornar con o sin acompañamiento institucional. Este es el caso de las comunidades de la cuenca del Cacarica que, valiéndose de prácticas colectivas de memoria, lograron el retorno de buena parte de la población bajo la figura de zonas humanitarias: comunidades que se declaran neutrales en medio de la persistencia de las confrontaciones armadas en sus territorios.

[…] Nosotros discutimos la forma en la que queríamos retornar a nuestro territorio porque nuestro deseo, desde que llegamos a Turbo (municipio receptor de la gran mayoría de víctimas de desplazamiento forzado de la cuenca del río Cacarica) era retornar. Turbo no era el lugar para que nosotros tuviéramos una vida digna […] […] (Comunicación personal, miembro de Comunidad Bijao, Cacarica. Agosto, 2018).

La iniciativa se consolidó en el año 2000 en dos asentamientos, la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios y la Zona Humanitaria Nueva Vida, hoy reconocidas como parte de la organización interna del Consejo Comunitario. Uno de los resultados es la reivindicación de la autonomía, que se traduce en espacios organizativos para la recuperación del sentido identitario, ligado con las construcciones simbólicas sobre el espacio que habían habitado. En consecuencia, podemos pensarnos como testigos ausentes de la movilización de las comunidades del Cacarica en función de un objetivo común, recuperar el territorio que les había sido despojado.

La construcción identitaria como forma de re(exi)sistencia: Desde la esclavización hasta el reconocimiento del racismo estructural como parte de las dinámicas del conflicto armado interno

Cantando:
[…]
Les voy a contar la historia
de nuestro desplazamiento
cómo fue que sucedió
estando aquí en el Chocó
y este es un caso muy duro
para que el mundo lo sepa
nos sacaron a la fuerza con bombas y metralleta
este es un caso muy duro [las personas acompañan con palmas]
y eso si me dolió a mi
cuando escuchaba unos ruidos: las bombas de Salaquí
las balas de metralla y bombas aquí tiradas
nos salimos corriendo
directo pa’ la montaña
una niña yo cargaba
su madre desesperada
ay ombeee
esto no se hace con el campesino que vive en la tierra…
Esta la gente emocionada, tenemos que esperar que se les pase su emoción.

Fuente: […] (Comunicación personal, miembro de Comunidad Bijao, Cacarica. Agosto, 2018)

En el caso de la cuenca del Cacarica, la memoria y su ejercicio colectivo puede entenderse como un mecanismo para sostener y recuperar el sentido de la territorialización. Se hace manifiesta entonces, la capacidad de reconstruir sobre un pasado traumático con dos propósitos. El primero, reafirmar el valor simbólico del territorio como lugar para desarrollar la humanidad, la existencia cultural, la vida política y la comunidad. El segundo, resignificar espacios que fueron cruzados por la violencia y fueron testigos de los impactos del conflicto pero que, por efecto de la reivindicación colectiva, recuperan su ser simbólico.

Ulrich Oslender (2004) señala que las acciones armadas dan lugar a nuevos significados sobre del espacio transformándolos en “paisajes del terror”. “Estos paisajes son visibles, por ejemplo, en las formas en que los agentes del terror dejan huellas –como las casas destruidas y quemadas o grafitis en las paredes– como ‘estampa’ de su presencia y como amenaza constante para los pobladores” (Oslender, 2004, p. 41). Así se describe como los territorios, vaciados por efecto del conflicto, cambian de sentido y se convierten en desencadenantes de recuerdos sobre rupturas y desposesiones. Por tal motivo, el qué hacer comunitario se convierte en el accionar de la re-existencia.

Este quehacer del recuerdo involucra una agencia política y, sin lugar a duda, debe ser entendido como un proceso colectivo, selectivo e intencional. La construcción de narrativas colectivas que traen el pasado al presente están mediadas por el interés de encontrar efectos particulares en el futuro cercano. En el caso del Consejo Comunitario del Cacarica, uno de sus intereses es validar su disputa por la autoridad física y simbólica del espacio que habitan como un ejercicio de autonomía. Esto opera como reafirmación de identidades localizadas, pero al mismo tiempo ligadas con la noción de pueblos negros en la escala nacional.

Dichas intencionalidades involucran tensiones y luchas de poder, pero, en simultáneo, rompen con la idea de la memoria como lineal, cronológica y homogénea. Esto coincide con lo que señala Elizabeth Jelin (2001), la memoria como parte de las realidades sociales, no está exenta de la complejidad, la contradicción y los conflictos. Esta dimensión de la memoria nos invita a pensar en ella no como un objeto sacro que resulta de procesos armónicos, sino como el resultado de disputas, primero por las narrativas históricas en cabeza del Estado y segundo, por los significados y connotaciones sobre los territorios.

En la cuenca del río Cacarica las iniciativas de memoria van desde la escritura de un libro recolectando testimonios acerca del desplazamiento forzado, hasta la conmemoración del retorno colectivo bajo el nombre de Somos Génesis. Esta última nace como una forma de disputar la negación Estatal sobre el carácter sistemático de la operación que provocó el desplazamiento forzado y su alianza con fuerzas paramilitares. Estas iniciativas facilitan la transmisión generacional no solo de las narrativas, sino también de los sentidos e identidades. Así se devela el esfuerzo por asegurar la persistencia de las memorias compartidas y al mismo tiempo por prolongar la existencia comunitaria.

[…] Yo no sé mucho sobre el desplazamiento porque en esa época, yo fui desplazada, pero era una niña. Por eso yo no recuerdo bien. Sin embargo, yo sé lo que mi amada madre y padre me dijeron. Ellos dicen que nosotros vivíamos en calma, que podíamos cazar sin miedo y plantar nuestro maíz. […] (Comunicación personal, miembro de Comunidad Bijao, Cacarica. Agosto, 2018)

El anterior testimonio refleja el proceso de reinterpretación y posicionamiento en términos de memoria. Los contornos sociales que definen el recuerdo promueven ciertas narrativas. La voz de la mujer que relata su experiencia está en línea con los propósitos de la reafirmación comunitaria. En primer lugar, comparte su testimonio y conocimiento en colectivo refiriéndose constantemente a “nosotros”, así se hace parte del ser comunitario. En segunda instancia, se apropia del recuerdo y lo hace suyo reafirmando el pasado que compartían y los impactos que, aunque no puede atestiguar física o personalmente, tocan su existencia.

De esta forma es posible enfatizar el alcance de las dimensiones de la memoria colectiva en términos de resistencia y re-existencia en el Cacarica. La resistencia se materializa en la disputa constante por las narrativas que se transmiten intergeneracionalmente y que apuntan al reconocimiento de la amalgama entre comunidad y territorio. Por otro lado, la re-existencia emerge al emplear estrategias colectivas para recordar con el objetivo de enfrentar y aminorar los efectos posiblemente traumáticos del pasado.

Conclusiones

A lo largo de este artículo se expuso cómo la exploración de la dimensión conceptual de la memoria colectiva permite desarrollar análisis críticos en torno a la consolidación de estrategias discursivas y narrativas de resistencia y re-existencia. En este orden, las memorias operan como dispositivo para la reafirmación identitaria y con ello, el posicionamiento político. Este es el caso de las comunidades negras en Colombia y su proceso de reconocimiento como sujetos étnicos.

La descripción de la consolidación de una condición étnica para las identidades negras invita a considerar cómo, desde la base de las construcciones narrativas de pasados comunes, incluso cuando no son experimentados de manera directa, conducen a la generación de sentidos de la colectividad. Esto podría suceder en cualquier ámbito social, pero cuando apela a comunidades marginalizadas, adquiere una dimensión transformadora. Ejemplo de ello son las dos dimensiones mencionadas al inicio de este artículo. Por un lado, la lucha social por el reconocimiento del pasado común como comunidades históricamente discriminadas como consecuencia de procesos de racialización que les hizo acreedoras del reconocimiento constitucional y legal de derechos diferenciales y, por el otro, en relación al conflicto armado interno y la reafirmación de los sentidos de la territorialidad.

De lo anterior, es reflejo el caso de la cuenca del río Cacarica, donde las comunidades negras consolidaron su existencia en torno a nociones colectivas de ser y existir. Además, afianzaron un sentido de la territorialidad y por causa de este, resistieron los impactos del conflicto armado. En razón de ello, luego de un extenso proceso de victimización retornaron a sus comunidades bajo la premisa de fortalecerse como organización y como sujeto político.

Lo anterior se manifiesta, primero, en las acciones de re-existencia que buscan asegurar la construcción y reconstrucción constante de identidades y, segundo, en las conexiones físicas y simbólicas con el territorio como fuente para la preservación social, política, cultural y económica. Finalmente, con relación a las memorias, la elaboración colectiva del pasado que conduce a la comunicación intergeneracional y a la reafirmación comunitaria superando la repetición individual de experiencias traumáticas.

Este proceso, que es objeto de transformaciones constantes, de disputas y negociaciones hoy puede traducirse en resultados concretos en el ámbito público, político y jurídico en Colombia. Aunque la deuda histórica por el pasado y el presente de exclusión racializada sigue en mora de ser saldada, actualmente es claro el rol de las memorias subalternas. Así, las contribuciones comunitarias, sociales y colectivas al traer el pasado al presente derivan en la inclusión de un espectro amplio de futuros posibles desde la diferencia, la pluralidad y diversidad. Es, en definitiva, una disputa actual por un cambio significativo en las estructuras sociales que, sobre la base de la exclusión, han moldeado las prácticas raciales, de género y de capital.

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