Me da mucha tranquilidad el haber sido coherente con mis
razones, con lo que yo pensaba. Le ha dado sentido a mi
vida. No entiendo eso del arrepentimiento. […]
Una cosa es arrepentirse y otra bien distinta es reconocer.
Claro que hay que reconocer que las víctimas de un guardia
han sufrido, evidentemente, pero también se debe reconocer
que hay, en muchos casos, víctimas injustas.

Fuente: Entrevistas anónimas en La Lucha Hablada, conversaciones con ETA (2021)

El modelo de justicia transicional que se posiciona en periodos de post conflicto pretende una efectiva reparación a las víctimas, la búsqueda de la verdad y el diseño de una serie de reformas institucionales que permitan la implementación de acuerdos y garanticen la no repetición de la guerra, en el marco del estado de derecho (Carrillo González, 2016). Promete la verdad como fórmula para restablecer la cotidianidad previa al conflicto armado, la cual se retrata como escenario idílico al que regresar. La verdad se presenta como un derecho de las víctimas directas y del conjunto de la sociedad, bajo la pretensión de “obtener” una verdad plena, completa, que satisfaga las demandas y sea técnicamente incuestionable. Para el caso del Acuerdo Final de Paz (en adelante, AFP) de 2016, firmado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), concebido en ese entonces como “el fin” del conflicto armado, la verdad se convirtió en eje central de las instituciones del Sistema Integral para la Paz (en adelante, SIP): objeto medular de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante, CEV); requisito de beneficios para comparecientes en la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante, JEP) y un elemento fundamental para el establecimiento de lo acaecido a las personas, a cargo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (en adelante, UBPD).

El aporte de verdad y el reconocimiento de responsabilidad por parte de los llamados comparecientes forzosos (quienes no pueden elegir su sometimiento a la JEP) se configuró como el compromiso necesario para acceder a los beneficios jurídicos, principalmente la ausencia de una pena privativa de libertad intramural, como quedó regulado en el Acto legislativo 01 de 2017 y en la Ley 1957 de 2019. Esta había sido una de las llamadas líneas rojas de los negociadores de la insurgencia en La Habana, en palabras de Iván Márquez, entonces jefe negociador, “para los guerrilleros: cero cárcel” (El Espectador, 20 de febrero 2023).

Esa centralidad del aporte de verdad generó expectativas en las víctimas y en la sociedad en general, bajo la convicción de que abriría la posibilidad de conocer aspectos desconocidos de la guerra (motivaciones, responsables, entre otros) al hacerlo obligatorio. Tras siete años de implementación del Sistema Transicional, el aporte de verdad se encuentra enmarañado en una gran paradoja: se ha priorizado su sentido como derecho y monopolio de las víctimas a reafirmar su verdad sobre el conflicto y lo que les sucedió,¹ más que como elemento central del esclarecimiento que contribuye a la construcción de verdades integradoras sobre el pasado. Esto, aunque pueda comprenderse por el contexto social y político en el que inició y se ha desarrollado el funcionamiento del SIP en un país altamente polarizado, resulta contraproducente para los preceptos sobre los que fue construido dicho Sistema. Así, las verdades de quienes integraron la antigua guerrilla de las FARC-EP permanecen silenciadas y se convierten en memorias que tienen que ser ocultadas, sobre todo cuando entran en conflicto con la verdad de las víctimas y su experiencia del daño.

La memoria es eminentemente subjetiva, cualitativa, “es una visión del pasado siempre matizada por el presente” (Traverso, 2011, p. 22), por ello en este artículo nos proponemos abordar el lugar de la memoria insurgente en el elaboración de verdad y su potencialidad para acercarnos a escenarios de reconciliación² más reales e imperfectos, más humanos. Escenarios que puedan contribuir a superar el relato dominante y dicotómico sobre la guerra, caracterizada como algo externo que castiga, y nos acerquen a su comprensión en un marco de prácticas cotidianas complejas y violentas en las que se han cruzado víctimas y combatientes. Pues como bien lo señala Traverso, “el testigo puede aportarle elementos de conocimiento fáctico inaccesible por otras fuentes, pero también y sobre todo puede ayudarlo a restituir la calidad de una experiencia histórica, que cambia de textura una vez enriquecida por la vivencia de sus actores” (Traverso, 2011).

Este artículo busca aportar a la caracterización de la memoria insurgente fariana como una memoria que se desarrolla en medio de una tensión: a la par que se construye en el presente desde las experiencias pasadas, las trayectorias actuales y las subjetividades políticas de las y los excombatientes, debe ser enunciada en un escenario transicional construido bajo el paradigma de la justicia restaurativa³ y la centralidad de las víctimas. El artículo busca también contribuir a las reflexiones sobre la transicionalidad y la necesidad de contemplar alternativas que abran los marcos sociales para la comprensión del pasado, integrando el reconocimiento de las experiencias de integrantes de organizaciones insurgentes.

Aunque las tensiones sobre el reconocimiento y el arrepentimiento son comunes a todas las instancias transicionales creadas en Colombia, priorizaremos aquí el abordaje sobre el escenario de la JEP.

Nota metodológica

La propuesta desarrollada en este artículo parte de nuestras experiencias en el trabajo con exintegrantes de las FARC-EP en el marco de las instancias transicionales creadas por el AFP, desde un enfoque de investigación acción-reflexión. A partir de esas experiencias y de los múltiples diálogos informales sostenidos con las y los excombatientes, identificamos tensiones entre el reconocimiento del daño causado a las víctimas y una demanda de arrepentimiento de su participación en la lucha revolucionaria, como un aspecto conflictivo del lugar que se le ha dado a sus voces en las instancias transicionales. Desarrollamos la reflexión sobre estas tensiones de la mano de autores y autoras que ya han problematizado la comprensión de la memoria y el pasado de la guerra, tomando ejemplos de la información pública que ha producido la JEP.

Es importante precisar que este artículo es resultado de un ejercicio de abstracción de nuestras reflexiones personales, de los diálogos informales sostenidos por fuera de los ámbitos laborales y da cuenta de nuestra trayectoria como investigadoras. Aclaramos que para su construcción no se utilizó ninguna información reservada ni de carácter confidencial.

La memoria insurgente fariana

Los bombardeos realizados por las Fuerzas Militares a una comunidad campesina, comunista y en resistencia en Marquetalia en 1964, enmarcados en el discurso anticomunista de la guerra fría, desencadenaron la conformación de la guerrilla más grande del hemisferio occidental: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) (Carrillo González, 2016). Los guerrilleros fundacionales de las FARC-EP fueron, en su mayoría, gente campesina víctima de distintas violencias, que decidieron no permanecer como “cuerpos sin voz”, arrasados, sin capacidad de agencia (Rancière, 2010), sino sumarse a un proyecto colectivo que luchaba por acabar con esas violencias.

Durante varias décadas, hasta finales de los años 90, esta guerrilla gozó de cierta legitimidad popular que se fue erosionando como resultado de violaciones a los derechos humanos de la población civil (secuestros, asesinatos, atentados a oleoductos o tomas en centros poblados); de situaciones que reflejaron lo que se ha denominado la degradación del conflicto armado, es decir, la crudeza de la guerra sin contemplaciones humanitarias; y de la lucha contrainsurgente⁴ desplegada especialmente con el paramilitarismo y con la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ya para el año 2008 lo que inició como una marcha convocada para rechazar los secuestros se transformó, gracias a una sutil labor del Ministerio de Defensa, en una movilización social contra dicha guerrilla (CEV), marcando un punto de inflexión en la confrontación contra el Estado colombiano y en el imaginario social de las guerrillas.

De igual forma, en el proceso de consolidación de la lucha contrainsurgente desde el 2002, tras los sucesos post 11 de septiembre, se hizo cada vez más frecuente que en las alocuciones presidenciales y en las declaraciones de miembros del gobierno y de las fuerzas armadas, el término utilizado para referirse a la guerrilla fuese el de narcoterroristas, nombre que parece tener sus orígenes en la denominación de final de siglo narcoguerrilla (Carrillo González, 2008). La guerrilla pasó de ser asociada públicamente con la insurgencia a ser asociada con el terrorismo responsable de la violencia más extrema en el país, aunque las cifras muestren una realidad más compleja.⁵

En este contexto, quienes integraban las FARC-EP mantuvieron internamente sus prácticas y discursos, y en sus entornos más cercanos –con “sus masas”– reafirmaban la legitimidad del ejercicio rebelde en Colombia. En el relato colectivo de esta guerrilla sobre sí misma, su surgimiento y reproducción tienen su razón de ser en las violencias ejercidas contra el pueblo colombiano por la oligarquía, el Estado, el nuevo colonialismo y la falta de soberanía, las empresas multinacionales, el paramilitarismo, entre otros (Stangle, 2023; González Galindo y Martínez Bravo, 2016). En ese relato se afianzó la idea entre la guerrillerada de que su acción revolucionaria llegó a poner en jaque al Estado colombiano, con importantes éxitos militares y políticos. La acción de las FARC-EP articuló una base social en varias regiones del país, donde gozaba de amplia legitimidad y era vista a menudo como la autoridad. Sobre esas referencias se fue construyendo la memoria insurgente fariana.

La memoria hace referencia a “una acción social, política y cultural construida simbólicamente y de carácter hermenéutico” (Piper-Shafir y Fernández Droguett, 2013, p. 20). Al constituirse en memoria colectiva, Halbwachs precisa que esta recoge acontecimientos “que tenía(n) un lugar en la vida de nuestro grupo [...] y que consideramos también ahora, en el momento en que lo recordamos desde el punto de vista de este grupo” (Halbwachs, [1950] 2005, p. 172). Así, esa memoria colectiva fariana se configura como una memoria insurgente, que Natalia Marcos define, a partir del concepto de insurgencia de Catherine Walsh,⁶ como aquella memoria “sublevada, rebelde, insumisa, insubordinada e insurrecta contra el poder, que se levanta contra situaciones de injusticia y opresión” (2008, p. 88). Esta autora remarca que construir memoria insurgente implica formas de rememoración y olvido diferentes a las del poder institucionalizado, pero también a las de otros grupos sociales.

La firma del AFP en noviembre de 2016 pareció abrir un nuevo escenario para la construcción de esa memoria fariana, o, al menos, para que se visibilizara. Al analizar las memorias fragmentadas experimentadas por miembros del movimiento armado socialista en México, Rodolfo Gamiño observó que estos vieron en la transición democrática una oportunidad para cuestionar el lugar de su memoria en la historia mexicana, que los “colocó como ‘derrotados’, como sujetos imposibilitados para reconfigurar sus recuerdos, los cuales simbólicamente estaban suprimidos del ámbito público, hundidos en la bruma de la culpa, el error y la vergüenza” (2017, p. 81). En Colombia, Rafael Quishpe ha abordado las características de la emergencia de la memoria colectiva de los excombatientes de las FARC-EP en el contexto transicional, como una apuesta por posicionarla. Para él, la memoria fariana se caracteriza por ser “re-explicativa (en cuanto a contenido) y reivindicativa (en cuanto a apuesta política)” (2018, p. 102). La primera implica que “las voces insurgentes disputan la interpretación común (o mayoritariamente aceptada) de múltiples hechos que marcaron la historia de la violencia y la paz” (ibid.). La segunda, que esa memoria colectiva “exalta y heroíza [sic] a sus figuras históricas y compañeros fallecidos, a la vez que ofrece razones que, según su juicio, justificaron la larga confrontación armada y su involucramiento como combatientes” (2018, p. 103). A esas dos características le sumamos otros dos elementos fundamentales:

Es una memoria auto-crítica, pues con base en la ética revolucionaria y las prácticas disciplinarias internas de la antigua guerrilla,⁷ reflexionan sobre los errores políticos y humanos cometidos, pero también sobre las afectaciones causadas por sus acciones a las víctimas. Esto se ha venido profundizando en el escenario transicional, en el proceso de reconocimiento de los derechos de estas y de sus demandas de justicia, y es reconocido por la Magistratura.⁸

Es una memoria contrahegemónica, que se construye a partir de las experiencias de vida cotidiana en la clandestinidad, los márgenes y sus intentos de actuar por fuera del sistema capitalista, que hoy se enfrenta también a las imposiciones de un ordenamiento neoliberal. Es una memoria que cuestiona los discursos sociales hegemónicos en torno al conflicto armado e interpela el relato dominante sobre las responsabilidades en los usos de las violencias.

La memoria fariana se elabora fundamentalmente a partir de las remembranzas, de los testimonios hablados y de la cultura oral, propia de las comunidades campesinas. La cultura interna y las prácticas propias de la guerrilla⁹ convirtieron la narrativa del testimonio individual y colectivo en vehículo central de reproducción de la memoria. A ello se le suma la pérdida de otros materiales escritos, fotográficos o audiovisuales en la conducción de las hostilidades, es decir que a menudo solo se puede contar con la palabra, con las voces de las y los excombatientes, para quienes, al igual que para la gente campesina, es sagrada. En este caso, como señala Mercedes Vilanova, “la memoria personal es el único lazo con lo que fue” (2002, p. 22). Esta autora refiere que:

Ser íntegros es reconocer el propio pasado y construir una continuidad narrativa que despliegue el esfuerzo por constituirse personal y colectivamente. El rol de la memoria no se limita a conservar y transmitir (…). La memoria realiza una síntesis de lo vivido a través de un proceso que solo concluye con la muerte y gracias al cual una persona o un grupo se aprehenden en su unidad. Este esfuerzo de reconocimiento nos permite la relación con nosotros mismos y, cómo con la memoria agustiniana, el conocimiento de nosotros mismos se transforma en el hilo conductor de una vida asumida con cierta transparencia, resistiendo distorsiones y falsificaciones y poniendo límite a las fuerzas del olvido (Vilanova, 2002, p. 26).

Así, la memoria fariana que se expresa en un contexto transicional puede comprenderse, justamente, como “continuidad narrativa” de exintegrantes de las FARC-EP que reconocen su pasado. Quienes narran ese pasado y reconstruyen esa memoria hoy en día son personas que vivieron directamente esos hechos, pero que reflexionan en un nuevo contexto sobre ellos, lo que ofrece nuevas posibilidades de pensar su acción pasada, pero también su proyección futura.

Teniendo en cuenta estas características, creemos que la memoria fariana debe ser comprendida y abordada como una memoria insurgente, que también se cuestiona algunos aspectos de sus propias prácticas colectivas en medio de la guerra. Esto, en tanto se elabora con sujetos que se construyeron a sí mismos/as como insurgentes, pero también porque recoge experiencias de resistencia a las violencias hegemónicas y de intentos de construcción de un proyecto político alternativo. Estos sujetos reflexionan críticamente sobre sus propias acciones que generaron a su vez otras resistencias. Esto es lo que permite el diálogo y reconocimiento de las víctimas, así como avanzar en escenarios de reconciliación más honestos que permitan transformar prácticas y construir otros relatos de país. Es una “memoria colectiva que se construye y se deconstruye en una constante tensión entre la reivindicación y la reconciliación” (Quishpe, 2018, p. 110).

Si bien la escucha de estas memorias en el proceso transicional está centrada en la reconstrucción de sucesos violentos, es fundamental no perder de vista que la memoria fariana se enuncia desde la perspectiva de quién le dio un sentido a la lucha armada, cuyo ciclo terminó, del que conocen el desenlace y sufren sus consecuencias(Saltalamacchia, 1992). Así, esta memoria puede permitirse comprender, analizar e interpretar (Traverso, 2003) las violencias y sus consecuencias, antes que incorporar acríticamente análisis dicotómicos sobre víctimasy victimarios. Por ello, ante la abundancia de descripciones estereotipadas y saturadas de la guerra (Payne, 2002), el posicionamiento de la memoria insurgente lucha por el sentido del pasado con el relato hegemónico que lo enmarca, promueve reflexiones críticas sobre la cotidianidad de la guerra y aporta conocimiento imposible de adquirir por otras fuentes. Interpela la verdad y la reconstrucción de los hechos, que son aceptados socialmente solo si provienen de una experiencia higienizada y libre de subjetividad política; solosi se enuncian desde una experiencia vergonzante del guerrero.

Es posible que las y los exguerrilleros/as tiendan a “organizar el discurso de su memoria desde sus actuales convicciones”(Saltalamacchia, 1992), esto es, desde un presente marcado por la continuidad de la guerra y la difícil implementación de un acuerdo de paz que prometió garantías jurídicas –y físicas– para su participación política y su reincorporación. Teniendo en cuenta este contexto social cercano,¹⁰la reconstrucción de esas narrativas insurgentes suele estar atravesada por múltiples temores, por ello es importante señalar que la transicionalidad también ha sido una oportunidad para que los equipos técnicos que apoyan a este colectivo ante la JEP diseñen herramientas que rescatan esas narrativas y facilitan su evocación (Lledín, Lugo y Pérez, 2023).

Desde esta comprensión, escuchar sin sesgos la memoria fariana resulta importante al menos en dos sentidos. Por un lado, por su capacidad de pensar críticamente el pasado, para comprenderlo, incluso en su crudeza, y avanzar en diálogo con otras memorias hacia la no repetición de la violencia. Por otro lado, para recuperar y actualizar un horizonte de transformación social, que pone en su centro la vida, la dignidad y la igualdad, a partir de experiencias valiosas que contribuyen a pensar y construir nuevos proyectos políticos de sociedad. Esto permitirá la expansión de los marcos sociales de los recuerdos,¹¹ al darle un lugar en la memoria social del país.

Expondremos a continuación cómo esa memoria insurgente dialoga y se tensiona con otras en el desarrollo de la Jurisdicción Especial para la Paz. En ese proceso, testimonio, memoria colectiva y construcción de la verdad se entretejen, siendo ese marco de sentido en el que se inscriben los testimonios individuales y colectivos de las y los exguerrilleros, tanto ante las entidades transicionales, como en los ejercicios autónomos que se llevan a cabo (Quishpe, 2018).

El contexto transicional en Colombia y la memoria insurgente: la tensión entre el arrepentimiento y el reconocimiento

La historia de Colombia parece una historia de ciclos inacabables de violencia, que podría considerarse un conflicto intratable en la caracterización de Daniel Bar-Tal (2009), es decir, un conflicto que permanece en el tiempo, con sucesivos ciclos de violencia, debido a las condiciones estructurales que le son propias y a la persistencia de una cultura que legitima el uso de la violencia para resolver los conflictos (Beristain, 2021).

En perspectiva histórica, los procesos de resistencia tomaron la forma de organizaciones y movimientos políticos y sociales y de movimientos guerrilleros, los cuales proliferaron entre las décadas de 1950 y 1990, varios de ellos se fueron moldeando en lo que Castellanos (2023) definió como el “espíritu de la época”, producto de entrecruzamientos de diversos procesos culturales, políticos y sociales. Desde esos años, la respuesta estatal a todo movimiento de resistencia se ha guiado por la llamada “doctrina del enemigo interno”, que divide la sociedad en dos grupos: buenos/amigos y malos/enemigos. En contextos de conflicto armado prolongado, como el colombiano, la sociedad se polariza, con memorias también polarizadas (Castillejo, 2021). En ese marco, quien no acepte lo estipulado por el orden establecido, los insurgentesen términos de Franco (2009), que resisten o defienden propuestas de transformación, son considerados enemigos y, por tanto, objeto de la violencia directa. El actual escenario transicional no escapa a esa configuración histórica, de modo que la estigmatización continúa vigente, así como la negación de la subjetividad política y de las experiencias de quienes estuvieron alzados en armas y decidieron firmar un acuerdo de paz, lo que a menudo orienta la comprensión de los aportes de verdad en el marco del sistema judicial. Si bien existen falencias en el proceso e individuos que deliberadamente se niegan a satisfacer los derechos de las víctimas, los relatos que permiten comprender contextos y reconstruir hechos son a menudo desestimados por considerarlos justificatorios.¹²

Sobre las experiencias de excombatientes de las FARC-EP pesan distintos sesgos que a menudo suelen orientar la validación del aporte o no a la verdad: el sometimiento a un proceso judicial, el reconocimiento de afectaciones y responsabilidades, pero también el sesgo de la derrota. El escenario de la justicia transicional suele anular la subjetividad política de las y los insurgentes, privilegiando la validez de aquellos aportes donde además de reconocer los hechos, se arrepienten de ellos. Recordemos que, según la RAE, “reconocer” significa “admitir o aceptar que alguien o algo tiene determinada cualidad o condición” y “admitir como cierto algo” (RAE, 2014, definición 8 y 9), mientras que “arrepentirse”, se refiere a “sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo” o “no ser consecuente con un compromiso” (RAE, 2024, definición 1 y 2). En la comprensión de quienes integraron las FARC-EP es posible reconocer el daño causado a las víctimas y admitir la responsabilidad, sin arrepentirse de las decisiones de la organización, pues perciben esto último como arrepentirse de haber pertenecido a la guerrilla y de su compromiso revolucionario.¹³

Tal como lo señala Traverso (2011), diríamos que en tiempos recientes el pasado se ha convertido en un objeto de consumo y de espectáculo. Para el caso de estos tiempos transicionales el pasado de las y los excombatientes se ha vuelto potencialmente rentable. Una rentabilidad sujeta, claro está, a que se presente como un pasado neutralizado y a que coincida con la memoria de las víctimas y refuerce su arrepentimiento ante la comisión de crímenes sujetos a sanción penal. Así, la exigencia de “neutralizar” la memoria fariana, silenciando cualquier explicación que pueda ser interpretada como justificatoria o que interpele la verdad de las víctimas, profundiza las tensiones naturales del proceso transicional y distancia las posibilidades de construir una verdad integradora, propia del proceso dialógico. Podríamos señalar que esto es en parte a lo que la Magistrada Julieta Lemaitre de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, se refiere con “dimensión moral de la verdad”.¹⁴

Suponer entonces que, sobre este tipo de aportes, la JEP logrará hacer un cierre moral al conflicto armado desconoce, entre otras cosas, que los vencidos “repiensan el pasado con una mirada aguda y crítica, que la experiencia de la derrota contiene un potencial epistemológico que trasciende su causa” (Traverso, 2018, p. 63). Así, al orientar prioritariamente la coincidencia de los relatos de las víctimas con el reconocimiento y el arrepentimiento de las y los excombatientes, se pierden los ejercicios de memoria que reflexionan críticamente sobre su pasado de lucha armada y se refuerza un juicio moral sobre quienes integraron la insurgencia, construido desde el relato dominante. Tal como lo señalaría Walzer en su estudio sobre la moral y la guerra, “es importante subrayar que la realidad moral de la guerra no queda fijada por las actividades que los soldados ponen efectivamente en práctica sino por las opiniones del conjunto de la humanidad” (1977/2001, p. 43). Uno de los retos que enfrentan entonces las instituciones transicionales es su capacidad para esclarecer la verdad –las verdades– sin ceder a presiones políticas, dispositivos morales hegemónicos y a los sesgos de quienes imparten justica u orientan las contribuciones, dando lugar a aquellas voces que han permanecido silenciadas.

En ese escenario la reconstrucción de la verdad en el caso a caso resulta imposible, pues a la magnitud de los hechos violentos se le suma que a menudo solo se cuenta con testimonios: mayoritariamente de las víctimas directas o indirectas, en una menor escala de los presuntos responsables y en muchos casos no se cuenta con ningún tipo de información, lo que a menudo se confunde con falta de reconocimiento, negación y afrenta a las víctimas. Retomar las distintas memorias para construir una verdad reconciliadora es la posibilidad de interpelar el relato dominante sobre la guerra y la oportunidad de cumplir el propósito dialógico que orienta a las instituciones transicionales. Esto implica darles lugar a las interacciones entre víctimas y excombatientes en el presente, pero también en el pasado, ya que lejos de ser excepcionales, han sido frecuentes. Tal como lo señalaba Primo Levi,

Son muchos los signos que indican que ha llegado el tiempo de explorar el espacio que separa a las víctimas de los perseguidores (¡y no sólo en los Lager nazis!), y hacerlo con una mano más ágil y un espíritu menos confuso de como se ha hecho, por ejemplo, en algunas películas. Sólo una retórica esquemática puede sostener que tal espacio esté vacío: nunca lo está, está constelado de figuras torpes o patéticas (a veces poseen al mismo tiempo las dos cualidades) que es indispensable tener presente si queremos conocer a la especie humana, si queremos poder defender nuestras almas en el caso de que volvieran a verse sometidas a otra prueba semejante o si, únicamente, queremos enterarnos de lo que ocurre en un gran establecimiento industrial ([1989] 2012, p. 414).

A continuación, se ejemplifican algunas de estas situaciones:

-Silenciamiento de los aportes: La polémica generada en torno a la imputación al antiguo Secretariado de las FARC por el crimen de esclavitud dentro del Caso 01 “Toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad” realizada en 2021, relacionada con el patrón de secuestros por control social y territorial, evidencia el silenciamiento de las voces de los excombatientes para comprender lo acaecido: los casos que la JEP encontró para ilustrar este crimen, basados en los relatos de quienes solicitaron su acreditación como víctimas (Autos 244 y 279 de 2021), hacen referencia a sanciones comunitarias impuestas a quienes incumplieron las llamadas normas de convivencia, afirmando que estas normas fueron impuestas por la guerrilla y respondían al control social y territorial ejercido por la insurgencia, y al temor de la población. Rechazando que las conductas ya reconocidas que afectaron la dignidad de las víctimas de secuestro fueran calificadas como esclavitud, el antiguo Secretariado señaló en una carta pública que “sería faltar a la verdad y quedar en deuda con la historia permitir que se imponga la narrativa de que las Farc fue una organización esclavista” (El Espectador, 7 de noviembre 2021). Así mismo, en la respuesta formal refirieron sobre las sanciones por incumplimiento de normas de convivencia que estas

surgieron como una respuesta comunitaria a la necesidad de contar con normas comunes que permitieran regular la vida comunitaria y la convivencia, así como gestionar diferencias y conflictos que surgen entre sus integrantes [...] en donde las comunidades desarrollaron formas de administración de justicia, supliendo la ausencia del Estado, y la guerrilla apoyaba dichos modelos comunitarios (Londoño, 4 de febrero 2022).

Dando diversos ejemplos de contribución en audiencias y en actos de reconocimiento con la CEV, aluden a la forma en la que asumieron esa tarea, buscando legitimidad social, al garantizar la protección de la comunidad, del “justo comunitario” en los términos de Espinosa (2010). Sin embargo, la solicitud se resolvió de manera negativa, de forma que la JEP, no tuvo en cuenta los aportes desde la memoria de los comparecientes para comprender esta interacción, al considerarlos justificatorios.

-Reconocimiento vinculado al arrepentimiento: En la audiencia de reconocimiento del antiguo Secretariado del Caso 01,¹⁵ sus miembros realizaron las siguientes afirmaciones “los criminales fuimos nosotros […] fue nuestra gente la que actuó de esa manera tan infame, de esa manera cobarde” (Pastor Alape); “me surgía una [palabra] escuchando los relatos: que sentí asco. Asco de las mismas acciones que hicimos a nombre de las FARC-EP, a nombre de las ideas revolucionarias” (Rodrigo Londoño); “nos avergüenza que esto haya sucedido, no tenemos palabras […] la atrocidad y barbaridad nos muestran y nos permiten entender el nivel de degradación a la que llegó la guerra en Colombia” (Julián Gallo). Estas y otras afirmaciones similares fueron aceptadas por la Magistrada Lemaitre, que, sin embargo, interrumpió a Milton de Jesús Toncel cuando este afirmó que, en el caso de dos de las secuestradas, en el campamento donde estaban cautivas se les construyeron dos casas. La Magistrada fue enfática al decirle que “para las víctimas es muy ofensivo, incluso cuando saben que hubo momentos en que hubo compasión […] cada vez que ustedes traen a colación esos momentos es profundamente ofensivo”. El peso de la sanción ha llevado a que una parte de los comparecientes moldeen las intervenciones y dejen a un lado su memoria y su contribución a la verdad de los hechos. Esto ha significado el aumento de tensiones entre los propios excombatientes.

-Verdad de las víctimas y arrepentimiento: En la audiencia de observaciones de víctimas del antiguo Bloque Sur,¹⁶ tras la narración de una de las víctimas de los hechos asociados con su secuestro y ante la falta de reconocimiento de parte de los comparecientes, la Magistrada María Galvis Patiño indicó que registraba la tristeza y el dolor de la víctima por el no reconocimiento de los hechos. Sobre el testimonio aportado señaló “La Jurisdicción lo cree, la Sala lo da por cierto, independientemente de que esto no sea reconocido por los comparecientes del Bloque Sur”. En la misma audiencia, un abogado representante de víctimas de la Comisión Colombiana de Juristas señaló explícitamente que la demanda de su representado está ligada a que el reconocimiento del daño esté “acompañado de manifestaciones sinceras de contrición y arrepentimiento como una medida de satisfacción anticipada para las víctimas que, en todo caso, contribuye a cimentar el perdón social, que es un requisito para su reincorporación”.¹⁷

Los ejemplos mencionados dan cuenta de cómo las afirmaciones de arrepentimiento son bien recibidas, mientras que las que buscan explicar y aportar otras versiones de los hechos, así como señalar las falencias de información, son acalladas y percibidas como falta de aporte. Los ejercicios de memoria insurgente se dan por tanto en un escenario poco propicio para su escucha, el entendimiento y la aceptación de narrativas no hegemónicas. La memoria insurgente no ha contado con escenarios propicios para ser atendida y utilizada.

A continuación, a manera de cierre, realizamos algunas reflexiones que esperamos puedan contribuir a la generación de conocimiento sobre la memoria insurgente fariana y su importancia en la construcción de una verdad integradora, como una contribución para la reconciliación y para la elaboración de nuevas formas de resistencia.

Hacia una verdad integradora

La reconstrucción de la verdad, de las verdades, del conflicto armado se convierte en una tarea compleja, en la que distintos actores contribuyen desde su memoria colectiva, a la par que compiten por la exclusión de las memorias de quienes, en el pasado, eran considerados sus enemigos. Para cada actor, la verdad se equipara con su memoria, sin dar cabida a las explicaciones o argumentos de otros, a veces por desconocerse, a veces por negarse abiertamente. Por lo general, esos testimonios solo concurren parcialmente, debido a los lugares de enunciación desde donde se evocan.

En ese sentido, la construcción de una verdad integradora, solo es posible si se basa en el tejido de las narrativas testimoniales de las víctimas, pero también de las y los exintegrantes de las FARC-EP. Esto se convierte en la esencia del esclarecimiento, un proceso tan potente como frágil, que se afecta y se redefine constantemente, entre otros, por la comprensión social de las víctimas y de los excombatientes de las FARC-EP.

Las víctimas suelen ser agrupadas en un todo homogéneo que permite diferenciar las buenas de las malas, es decir, aquellas que son biografiables frente a las que se constituyen como olvidables (Reguillo, 2007). Han sido comprendidas en el relato dominante sobre la guerra como “cuerpos sin voz, anónimos, en masa” (Rancière, 2010), sin identidades políticas, necesidades ni procesos de sanación específicos. En el escenario transicional colombiano, las buenas se asocian, por lo general, con las víctimas de las guerrillas. En este grupo se suele resaltar especialmente a aquellas personas pertenecientes a grupos económicos, familias de clase alta, que habrían padecido la totalidad de atrocidades cometidas por las guerrillas.¹⁸ A menudo en esta dicotomía se suele comprender a las víctimas buenas como víctimas inocentes. En contraposición, las víctimas malas se asocian con la criminalidad estatal y son culpabilizadas por lo que les sucedió: “algo hicieron”, “se lo buscaron”, estas serían víctimas culpables. Por ello, a menudo, las víctimas reacomodan sus relatos, elaboran silencios y secretos, develan y ocultan información (Robin Azevedo, 2023) para encajar en la categoría de víctimas buenas y con ello lograr reconocimiento y agilidad en el desarrollo de sus casos ante la JEP, pero también ante instancias encargadas de los procesos de reparación. Como señala Calveiro “es necesario precisar, poner nombre y apellido –es decir, coordenadas espaciales y temporales– cada vez que hablamos de “la víctima”, si es que queremos entender algo” (2017, p. 134), pues las víctimas también están atravesadas por el conflicto y se han construido socialmente.

Por su parte, quienes integraron las FARC-EP suelen ser definidos socialmente como terroristas criminales. En contraposición, estos se conciben a sí mismos como sujetos revolucionarios, que integraron una organización político-militar que buscaba defender al pueblo. Ingresaron a veces por decisión política, a veces por la persecución del Estado y de otros actores armados, a veces por necesidad, por escapar de profundas situaciones de pobreza, por la necesidad de auto reconocerse y empoderarse tras sufrir violencias basadas en género (Beltrán, 2015; Cifuentes Patiño, 2009). Las decisiones que tomaron en el ejercicio de la rebelión buscaron contribuir a los objetivos de resistencia y transformación social y enfrentar a una oligarquía que usaba la violencia para defender sus privilegios de clase (Comisión de historia FARC-EP, 2017). Por ello, ser calificados como “criminales de guerra y de lesa humanidad”, supone un cuestionamiento profundo a su subjetividad e identidad revolucionaria. Al respecto un exguerrillero se pregunta “¿cuál va a ser el futuro de lo que fuimos?”.¹⁹ Si bien han reconocido su responsabilidad en hechos y políticas que constituyen crímenes internacionales, el malestar generado por la aplicación de esta categoría en la JEP se relaciona con la percepción de que la misma niega el sentido de vida y la identidad revolucionaria que les es propia. Desde esta mirada, es distinto ser revolucionarios que cometieron vulneraciones de los derechos de otros, a ser criminales. En el centro de esa distinción está la tensión entre el reconocimiento y el arrepentimiento (Gago y Ríos, 2021).

El proceso de esclarecer la verdad requiere entonces que las partes se abran a la posibilidad de comprender la verdad desde una construcción dialógica que reconoce, tal como lo plantea la profesora Jelin, las luchas por el sentido del pasado. A este respecto, Mínguez plantea, para el caso del País Vasco, que para que sea posible el diálogo, es importante avanzar en la construcción de una memoria incluyente, construida a partir de “memorias colectivas incluyentes, complejas y flexibles” (2015, p. 243), para lo que “es necesario acercarse a un mínimo común compartido por toda la sociedad” (Mínguez, 2015, p. 247). Desde esta perspectiva, el trabajo de memoria busca “la construcción de visiones subjetivas menos defensivas y reactivas donde se puedan integrar distintos puntos de vista” (Mínguez, 2015, p. 242).

A partir del concepto de memoria incluyente de Mínguez, proponemos una adaptación en el escenario transicional colombiano, para abordarlo como verdad integradora, en tanto es la verdad lo que buscan las entidades del Sistema integral. Al ser integradora, se plantea ir más allá de la inclusión,²⁰ pues al integrarse en esa verdad más amplia, las distintas memorias entran en diálogo y construyen un mínimo común que da sentido al conjunto. El proceso de construcción de esa verdad integradora no implica, como señala Beristain que “los grupos y personas abandonen su postura, se trata de desideologizar el análisis de la realidad, empleando esquemas más amplios y flexibles, que abran la posibilidad de nuevas formas de comportamiento” (2021, p. 116). En el caso del País Vasco, el colectivo de víctimas de ese conflicto que participó en la Iniciativa Glencree,²¹ ilustra bien esta situación al señalar que en esos procesos son habituales las “discusiones ideológicas, porque en muchas cosas no estamos de acuerdo” (s.f., p. 7). Pensar entonces en las verdades del conflicto implica abrirse a comprender que la vivencia del otro ha sido distinta y encontrar la forma de que esas diferencias quepan en el esclarecimiento del pasado, no solamente diferenciando entre víctimas y responsables, sino también entre las distintas víctimas y entre los distintos responsables. Se requiere, paralelamente, un ejercicio que podríamos denominar como de re-politización de la diferencia, es decir, de trabajar para comprender, y aceptar que el desacuerdo es necesario en una sociedad democrática y que trabajar sobre la diferencia permite aceptar al otro y no eliminarlo. Se requiere superar la exigencia del arrepentimiento, y aceptar el reconocimiento como mínimo común, para aportar otras bases al proceso restaurativo.

Como señala Aranguren (2008), para que una persona pueda expresarse es necesario que haya alguien dispuesto a escuchar. En el caso de los excombatientes de las FARC-EP se requiere trabajar en las condiciones sociales de la escucha de su memoria insurgente fariana, que incorpora una autocrítica reflexiva sobre las afectaciones causadas por la guerra y un reconocimiento de responsabilidad en los hechos victimizantes que cometieron. Tanto víctimas como responsables “(t)endrá(n) que pensar en cómo describir con pudor y dignidad los actos que han degradado y humillado a miles de personas, porque habrá podido entrever que las narraciones del otro, con sus silencios, sus huecos y sus vacíos, irrumpen también en la conciencia ética de quien los escucha” (Aranguren, 2008, p. 21).

Es fundamental la existencia de interlocutores/as que ayuden y acompañen en la narración y reflexión (Beristain, 2021). Las instituciones transicionales deberán jugar ese rol de interlocutor que dé cabida a las distintas memorias, buscando que dialoguen entre ellas y reflexionen sobre las realidades del conflicto armado para avanzar hacia la construcción de una verdad integradora. Por ende, aquellas narrativas del arrepentimiento impulsadas por las y los Magistrados de la JEP, que insisten en valoraciones restringidas del aporte de verdad y el reconocimiento de responsabilidad de quienes integraron las antiguas FARC-EP, deben perder protagonismo. De la misma manera deberán reconocerse como sujetos/as atravesados por una lectura de la guerra que, sumada al mandato de la centralidad de los derechos de las víctimas, puede afectar su actuación como jueces imparciales, pues al manifestar una identidad con las víctimas, que va más allá de la empatía necesaria en el proceso de justicia, caen a menudo en falsas equivalencias,²² en juicios morales,²³ en la negación de la escucha y el desconocimiento de elementos aportados desde la memoria fariana para comprender y esclarecer los hechos, aspectos que van, justamente, en vía de garantizar los derechos de las víctimas, incluida la no repetición.

Por lo anterior, es importante identificar sobre qué bases se puede establecer el diálogo entre las memorias. En ese sentido, Quishpe señala que el problema en el proceso transicional, centrado primordialmente en la memoria de la víctima, “sigue haciendo énfasis en que los excombatientes –en el marco de su vinculación con la justicia transicional– solo deberían aportar al componente de verdad como garantía de los derechos de las víctimas, desconociendo que ellos también construyen la memoria colectiva de su agrupación” (2018, p. 97). La Iniciativa Glencree remarca que el diálogo debe partir del reconocimiento mutuo “porque hay una dignidad que ha sido despreciada y una realidad que ha sido negada muchas veces” (s.f., p. 10); “[e]s difícil hablar de tu dolor y escuchar el de los demás”, pero ahí se genera la comprensión y el sentir de que “somos exactamente iguales” (s.f., p. 6). El diálogo y el reconocimiento no solamente se refieren a la violencia en sí y las afectaciones causadas, sino también a la capacidad de resistir y transmitir esas prácticas resistentes.

Si bien este proceso de construcción de una verdad integradora, en la que las partes puedan verse, al menos parcialmente, reflejados, tiene pocos avances específicos en el actual proceso transicional, podemos apuntar algunas ideas para pensarlo. En primer lugar, se requiere escuchar las narrativas de los distintos actores, también de quienes integraron las FARC-EP, en tanto son depositarios de memorias sobre la resistencia a distintos tipos de violencias y de construcción de tejido social en distintas circunstancias. El reconocimiento de la condición de resistente de la otra parte y de su capacidad para elaborar el sufrimiento y sobrevivir a los distintos tipos de violencia se convierte en un referente fundamental en este proceso. Los antiguos insurgentes, pero también las víctimas, deben trabajar en una reelaboración de la memoria que transforme el lenguaje propio de la guerra y sea capaz de desideologizarse para ser escuchado por el otro. Comprender y reconocer al otro como un ser humano, que ha sufrido y ha resistido, es importante para avanzar en las condiciones de la escucha y la valentía para hablar y reflexionar conjuntamente, sin que eso conlleve una negación de lo que cada uno es, piensa y siente. El diálogo y la construcción conjunta de una verdad integradora no implican renunciar a los postulados políticos, morales o identitarios propios, pero sí aceptar que el otro no los comparta y que, pese a ello, sea posible el reconocimiento. Abrirse a escuchar las motivaciones, las experiencias y los intereses del otro, aceptando que existirán contradicciones, pero que es posible trabajar, a partir de la comprensión del lugar de enunciación de cada actor, su posición ideológica, los intereses en juego, los autorretratos de cada parte, la imagen que cada una tiene de la otra o de las propias características de la memoria como proceso de reelaboración de la experiencia.

Los diálogos directos, sin la excesiva mediación del proceso en la JEP, entre víctimas y responsables que vivieron unos mismos hechos o el conflicto en el territorio, con la preparación que esto requiere, ofrece el mejor escenario para la construcción de esa verdad integradora. Los actores externos pueden acompañar ese proceso, pero no imponer sus visiones sobre las experiencias directas de quienes vivieron directamente los hechos que se están abordando. En la experiencia común, pese a atravesarse desde distintos lugares, están los matices, pero también los puntos de encuentro, las emociones, las contradicciones y la comprensión. La mediación tiene ahí una función crucial, porque ayuda a la comprensión y a la escucha.

Los procesos de esclarecimiento y reconocimiento ante las instituciones transicionales constituyen precisamente una oportunidad para construir una verdad integradora que permita proyectar un futuro conjunto de dignidad, desde ejercicios de memoria críticos e inclusivos. Una construcción de una memoria que supone

complementar los hechos con evaluaciones de las conductas personales que sean asumibles por todos, incluidos los protagonistas, y así llevar la memoria al terreno de lo aceptable (o al menos comprensible) más que al campo de lo exigible desde el punto de vista de las distintas convicciones éticas y morales, las cuales no admiten desviaciones ni trasgresiones (Ibarra Güell, 2021, p. 213).

Las entidades transicionales requieren despojarse a sí mismas, y a quienes las hacen realidad y materializan cada decisión y cada audiencia, de los estereotipos polarizantes y moralistas de la guerra y abrirse a escuchar las distintas memorias colectivas y comprenderlas, abrirse a escuchar la memoria insurgente fariana. Sin esa apertura, no se podrá contribuir a la construcción de procesos sostenibles de reparación del daño causado, de no repetición y reconciliación, y se habrá perdido la oportunidad, abierta con la firma del AFP, de controvertir el relato hegemónico, y errado, sobre nuestro pasado.

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