Introducción

La sociedad y el territorio mayas que encontraron los conquistadores europeos en la península de Yucatán se conformaron entre los años 1240-1542 de nuestra era (Roys: 1943 y 1957). La sociedad maya del post-clásico estaba integrada por 16 linajes que guardaban un vínculo particular con su entorno territorial. Como con- cepto, por territorio se puede entender el espacio geográfico, productivo, social y simbólico en el que se desarrolla una o más culturas y puede reconfigurarse, cam- biar de fisonomía o incluso ser exterminado en sus dimensiones física y simbóli- ca por otro poder (Castellanos y Machuca, 2013, pp. 22-23; Rojas López, 2018). El territorio de los cúuchcabales o “cacicazgos” mayas empezó su conformación después del quiebre de los poderosos y jerárquicos señoríos mayas centralizados, cuyas magníficas construcciones pétreas de los períodos “Clásico” y “Post-Clási- co” son visibles hoy día como zonas arqueológicas (Barrera Vázquez, 2013, pp. 129-183). Su simple visualización remite a elaborar imágenes sobre la relevancia que sus habitantes daban al hábitat y al sistema de deidades naturales y mágicas que los guiaban para su cuidado.

Los mayas del período previo al contacto europeo forjaron, en tal sentido, relaciones políticas y territoriales muy distintas a las imperantes en la etapa de los centros “urbanos” de diseño y arquitectura vastos y refinados. Los 16 cúuch- cabales por el contrario estaban organizados bajo el mando central de uno o más batab y halach uinic, quienes gobernaban sobre pueblos y espacios específicos (Okoshi, 2018); configuraron 16 “sub-territorios”, con delimitaciones fronterizas variables y no pocos conflictos, pero establecieron pactos y desplegaron prácticas productivas e intercambios agrícolas y marinos flexibles (VV.AA., 1998; Attolini Lecón, 2013, pp. 48-53). Con excepción de Mayapán por un tiempo, no depen- dieron del secular modelo de asentamientos con regia arquitectura y un sistema defensivo amurallado, etapa donde la jerarquización y alta densidad demográfica demandaron de los pueblos subordinados fuertes montos tributarios.

El poder de los grandes señoríos de base pétrea se extendió durante más de medio milenio, desvaneciéndose entre los años 1200-1250 de nuestra era (Quinn, 1999, pp. 16-22; Barrera Vázquez, pp. 135-138). Los cúuchcabales fue- ron también unidades jerárquicas con población numerosa, pero no desarrollaron una relación tan “agresiva” con la naturaleza. Los linajes prehispánicos que los gobernaban recrearon un vínculo con el territorio desdeñado por siglos, por eso se piensa que mejoraron el equilibrio entre actividad productiva y simbólica con el ambiente, a pesar de recurrentes conflictos y tensiones bélicas (Nigh y Ford, 2015, pp. 115-149). Juntos batabes, halach uinic y pueblos subordinados cons- truyeron entonces un territorio muy diferente al que dominó a miles de comuni-

dades agrícolas y recolectoras entre los años 600 y 1240 de nuestra era.1

Punto central de la relación vital y simbólica en los cuúchcabales era la milpa, un sistema social y productivo milenario que dio lugar a la diversidad bio- lógica peninsular y aún pervive (Nigh y Ford, op. cit.). La milpa es, sin embargo, un sistema amenazado de muerte por los megaproyectos capitalistas. En este trabajo se destacan los aspectos y coyunturas básicas de las cuatro fases que han transformado el territorio maya existente antes del contacto europeo hasta el esta- do actual de activa mercantilización y acaparamiento de la tierra (Liberti, 2016), el mar, la costa e incluso el aire. Se expone de forma muy sintética, siguiendo una propuesta cronológica puntual, los aspectos generales de las tres primeras fases. Esto porque, como objetivo principal, el ensayo estudia el impacto de la cuarta y actual etapa “de muerte”, que se extiende y abruma el territorio ancestral desde el año 1990 hasta la actualidad (Torres-Mazuera, Madrid y Benet, 2021). ¿Decenas de proyectos capitalistas que ahora se despliegan, deben verse como vectores de la crisis terminal del territorio ancestral en la península, cuyo eje de vida era la milpa? Sí. La situación crítica se agudiza por situaciones como la frecuencia ciclónica de las últimas tres décadas así como el impacto de la pandemia de co- vid-19 que, como epidemias previas, ya cobra facturas mortales entre decenas de descendientes mayas.

I) Orígenes del ocaso del territorio. Dominio político-territorial europeo, si- glos XIX y XX

a) Bajo el absolutismo Habsburgo y la expansión mercantilista europea, 1517-1750

La primera fase del impacto y reconfiguración del territorio y la organización prehispánica de los cúuchcabales o “cacicazgos” se inició con la conquista espa- ñola (Chamberlain, 1974). Continuó con la fundación de las primeras ciudades de los europeos en el área (Campeche, Mérida y Valladolid), y con el subse- cuente despliegue de sistemas de trabajo por servicios personales, encomiendas, en estancias maicero-ganaderas y en las primeras haciendas de ganado (Patch, 1974). Esos sistemas tempranos de servicios y trabajo acentuaron el legado de la conquista como dominio colonial, propiciando la alteración de la organización política y social originaria (Farris, 1992).

1 La debacle de los señoríos mayas de esa etapa se debió, según hipótesis cada vez mejor sus- tentadas, a la fuerte demanda energética y de recursos surgidas desde las pobladas e imponentes estructuras de corte urbano que predominaron en el lapso del 600 a 1240dnE. Esos factores, como otros de orden político-territorial, son las que pusieron en predicamento su permanencia como modelo de organización social y política. El episodio es conocido como el “colapso” de la civilización maya, aunque en realidad la noción de “derrumbe” es solo aplicable en términos amplios a las formaciones que legaron los poderes ligados a los grandes centros urbanos por toda el área maya.

La tierra pasó a ser propiedad del rey pero su posesión en renta como la progresiva apropiación privada de europeos y criollos, fueron base del inicio de una nueva relación de los pueblos originarios con el territorio, en particular en las repúblicas de indios. El desarrollo de mentalidad, prácticas y sistemas de control europeos de la tierra, de tipo señorial y nobiliario, influyó para que los batabes, halach uinic y el pueblo macehual perdieran espacios de vinculación y control con el territorio y gran parte de la simbología religiosa que los alimentaba. La milpa como eje de la cosmovisión del territorio siguió su curso e incluso sobrevi- ve en la actualidad, pero el desarrollo de la propiedad privada inauguró una etapa muy distinta de la relación hombre-naturaleza (García Bernal, 2003 y 2005), más inclinada al deterioro de la segunda que en su ejemplar preservación ancestral (Nigh y Ford, op. cit.). Entonces el milenario sistema de vida llamado milpa em- pezó a declinar como lazo esencial del pueblo originario con el territorio.

b) Absolutismo borbónico, la Independencia y la Revolución mexicana: 1750-1910

La segunda etapa de incidencia sobre el territorio maya se dio a raíz de la mul- tiplicación de la propiedad privada mediante aumento de ranchos y haciendas mixtas de maíz y ganado, y se puede ubicar entre los años 1750-1910. La ex- pansión del patrón señorial europeo se hizo más dinámico a fines del siglo XVII, pero a partir de la segunda mitad del XVIII la irrupción del mercantilismo, el aumento poblacional y demandas urbanas influyeron en el incremento de propie- dades rurales privadas. Ese proceso de larga duración se liga a la formación del Estado liberal a fines del siglo XVIII bajo el gobierno borbónico y se concentró en tierras “inmediatas” a ciudades y pueblos españoles como Mérida, Campeche, Valladolid, Izamal, Bacalar, etc., (García Bernal, op. cit.). La guerra de indepen- dencia indígena de 1847-1855 puso freno a su expansión geográfica, pero retomó su cauce al decaer la lucha indígena a partir de 1855 y con la consolidación de la República liberal, juarista y porfirista (1857-1876 y 1876-1910).

La multiplicación de haciendas de henequén de 1860 a 1890 significó el triunfo de la economía de exportación de materias primas. Aupada por el Estado liberal, fincó su poder y éxito con el control y acaparamiento de tierra y fuerza de trabajo de pocas familias de origen colonial y decimonónico en haciendas mixtas o solo henequeneras (Franco, 1993; Machuca, et al, 2014); el hecho alteró más los modos de vida comunitarios de los pueblos originarios e impuso formas jurídicas de posesión de la tierra como los ejidos (Ortiz Yam, 2014, pp. 18-25). La etapa se cerró con la construcción de los ferrocarriles en Yucatán y el desplie- gue de vías Decauville en la plenitud del porfiriato, conformando un entretejido conjunto de “megaproyectos” oligarcas que sirvieron de enlace entre las planta- ciones de henequén con el mercado mundial industrial de EEUU (90%) y Europa (10%). Grandes contingentes de mayas pasaron a ser trabajadores “esclavos”,

peones maya-hablantes cuyo vínculo con el territorio se perdió para siempre.

¿Cómo impactó la primera red de ferrocarriles en el territorio maya? Las vías férreas decimonónicas profundizaron la mercantilización de la tierra y con- solidaron el dominio del Estado liberal sobre comunidades hasta esos años rela- tivamente indómitas (Arrieta Ceniceros, 1979). Se erigieron en el último brazo de la dominación y colonización occidental de pueblos y comunidades mayas de los antiguos cacicazgos de Cochuah, Cupul, Chikinchel, Ekab y Uaymil (Roys, op. cit). Líderes y comunidades de estos territorios habían “evadido” someterse a la imparable lógica extractiva de recursos naturales de las etapas colonial y deci- monónica, un proceso que remonta la actividad depredadora de colonos ingleses en áreas feraces de costas y bosques en el golfo de México y el sur-oriente penin- sular desde el mercantilismo del siglo XVI (García Bernal, 2003 pp. 178-179).

c) Entre la Revolución y el inicio del Estado transnacional, 1910-1990

La tercera fase de impacto del modelo occidental se puede ubicar entre 1910 y 1990. El territorio cultural prehispánico, al inicio del siglo XX, estaba prácti- camente transformado por la relación hombre-naturaleza impuesta por Europa y el liberalismo. Se puede sugerir, sin embargo, que ese lapso de ocho décadas es un momento culminante en la imparable degradación del territorio prehispá- nico porque, a pesar de la veta colectivista de la tierra que alentó la Revolución mexicana, continuó la expansión de la propiedad privada en amplias áreas de la península. Fue el caso de la ganadería extensiva del oriente peninsular (Serrano, s/f, pp. 52-58). Así, tanto en la vida urbana como en la “comunitaria” de añejos pueblos de origen prehispánico, se desplegaron facetas diversas de despojos de tierras. Estas incluyeron violencia estatal, clasista y etnocida, no pocas veces acompañadas de engaños, corrupción y compra fraudulenta de tierras ejidales a las comunidades mayas (Bracamonte y Sosa, 2000).

Una década antes de finalizar esta etapa, empezó a despuntar el neolibe- ralismo y el dominio transnacional a nivel mundial. En la península, el abando- no del cultivo de la milpa, principalmente entre jóvenes mayas quienes buscan empleo en ciudades y polos turísticos, golpea con fuerza la relación simbólica de numerosos pueblos originarios con el territorio. Abandonar la milpa es dejar de lado ancestrales rituales agrícolas, medicinales, prácticas tradicionales de uso y cuidado del agua, etc. (Benavides, 2014a, 2014b; Sulub, 2020). El proceso conlleva la pérdida de memoria e identidad de miles de descendientes mayas y de la noción de territorio como espacio físico vital, habitado por entidades sabias (halach uinic) y mágicas (aluxes) protectoras, como también ha erosionado la aptitud para preservar la lengua, hábitos y su patrimonio cultural. La disminución de hablantes mayas entre las nuevas generaciones extiende más la brecha entre cultura y territorio, abonando en procesos culturales milenarios desarraigos que

inciden en la pérdida de identidad y memoria (Briceño Chel, 2002, pp. 370-379). Con espectros simbólicos como la lengua se relacionaban los antiguos habitantes con la tierra, el sol, el monte, el agua, cenotes y demás, creando vínculos sociales que impedían alterar o destruir su territorio (Benavides y Franco, 2014).

II) La tierra peninsular como mercancía global versus el territorio ancestral

a) Bajo lógica del poder transnacional, 1990-2020 y más…

Hoy día, gran cantidad de tierras de la península están en manos de particulares, en algunos casos de importantes grupos de acaparadores locales (DY, 2020) como de empresas nacionales y transnacionales (Liberti, 2016; Franco, 2012; López y Sulub, 2020, Torres-Mazuera, 2021). El grado de concentración de terrenos en manos privadas no corresponde, por decir de alguna manera, con el bajo nivel de Inversión Extranjera Directa Industrial (IEDI) que registran las tres entidades de la península de Yucatán (SE, IED-2019); esos capitales ocupan en conjunto los puestos más bajos de ese tipo de inversión en comparación a otras entidades del país. ¿Por qué entonces las comunidades tradicionales sufren desde hace tres décadas un embate continuo y “violento” de especuladores e inmobiliarias nacio- nales y extranjeras? ¿Acaso la tierra tiene un valor en sí mismo?

Los descendientes de los pueblos originarios viven en carne propia la vo- racidad de una escala amplia de intereses que han enfocado a diversas superficies de la península como “amables” y “paradisíacas” tierras para colonización y ex- plotación mercantil de lujo (ORVE, 2017). La crisis del modelo protector estatal y de la propiedad colectiva en el campo (ejidos), abrió la posibilidad de afincar en el espacio peninsular el desarrollo y crecimiento basado en el sector servi- cios, en turismo y el comercio de materias primas. El nuevo embate se despliega obviando, bajo un insustentable concepto mercadotécnico de “sustentabilidad”, la compra de cientos de hectáreas de montes y bosques para proyectos diversos como granjas avícolas (Bachoco, 2021),2 parques fotovoltaicos, inmobiliarios y demás. Otro grano de arena aporta la inseguridad nacional, pues propicia el arri- bo de capitales de otras latitudes para decenas de proyectos e inversiones espe- culativas que incluyen la tierra. La expansión territorial de mafias de narcotráfico es también un capítulo del entramado (DY, 2018).

Parte de la modalidad de ruta elegida es el desarrollo turístico. Esto im- plica, como se sabe, la opción de contar con infraestructura de alojamiento y di- versión en grandes extensiones costeras y en tierra adentro; hoy empresas como

2 Según comunicado de Prensa de 3 de enero de 2021 la empresa Bachoco denunció invasión de tierras de su propiedad en Hunucmá promovidas “por terceras personas” quienes manipulan “a los habitantes”, siendo dueños como empresa desde hace veinte años de dichos terrenos. Ver referencia al final.

Grupo Xcaret, Grupo Tao, Grupo Posadas, Banyan Tree (Asia) y otras (Milenio Digital, 2019) dominan esa franja mercantil. Volúmenes turísticos similares se proyectan para Quintana Roo según fuentes oficiales de la entidad, pese a los problemas creados por la pandemia en pleno 2020 y lo que va de 2021 (Reportur, 2020). No es casual que gran parte de las últimas políticas estatales y privadas estén basadas en la búsqueda de más inversiones en ese ramo (BMF Inversiones, 2019).3 La avalancha de compras de tierras para proyectos turísticos, hoteles, granjas de cerdos, industria cervecera y demás, creció de forma exponencial del año 2005 a la fecha, en dos décadas, en Yucatán y Quintana Roo.

Muchos capitales nacionales del centro, norte y occidente del país llegan a toda la península de Yucatán blandiendo fondos y recursos para comprar tierras, específicamente enormes extensiones ejidales pero también privadas. Conflictos entre ejidatarios se multiplicaron en todas direcciones evidenciando después co- rrupción de comisarios ejidales, de funcionarios, como desde luego la operación de intereses empresariales que ubican el sentido de oportunidad para obtener beneficios comprando y “monopolizando” tierras. Aunque el objetivo es toda la península (más con el tren maya), la voracidad es notoria en espacios como el que se extiende 40km de Mérida en sus costados oriente y poniente y se desprende rumbo al norte costero como a lo largo de las costas de Quintana Roo. La prime- ra, es la zona que albergó a la producción henequenera (haciendas y ejidos) y per- dió su vocación agrícola ancestral décadas atrás. La mirada histórica remite que esa porción acogió territorios de los cúuchcabales mayas de Ah Canul, Chakán, Hocabá, Ceh Pech y Ah Kin Chel al momento del contacto europeo (Roys, op. cits.; Okoshi, 2018). Es la zona donde más rápido se pierde el uso de la lengua maya, si no es que ya se perdió en las tres últimas generaciones jóvenes.

Ahora, empresas inmobiliarias “ofrecen” sus productos habitacionales como puertas únicas para ingresar al “paraíso” terrenal (el paisaje cultural que existió de 1240 a 1540), al tiempo que su propia avidez conlleva la destrucción y riesgo de extinción de fauna y flora de la región (Marrero, 2020). Si esas propie- dades cuentan con zona arqueológica o histórica cercana, la inversión obtiene un plus-valor que se refleja en la publicidad y en la mercadotecnia asociada (Franco, 2011). Da paso al lucro del patrimonio ancestral. A partir del año 1998, el registro de empresas inmobiliarias empezó a ser cotidiana en la dinámica fiduciaria local y para el año 2005 se integró una organizada comunidad inmobiliaria regional (Portal Inmobiliario, 2020). El despojo del agua a comunidades, así como la con- taminación por acumulación de aguas negras, acompaña los agresivos procesos de privatización y urbanización de la tierra; más de dos centenas de empresas de

3 La titular de turismo de Yucatán del sexenio 2018-2024 alentaba esos circuitos poco antes de que la pandemia del covid-19 frenara de golpe la certidumbre del turismo extranjero como fór- mula para el desarrollo “sostenible” local.

porcicultura son parte del entramado del nuevo “paisaje” económico contami- nante (Miranda, 2020; Marrero, 2020).

Todo incide en la profundización de la emigración como en la caída de los niveles de vida y salud de amplios sectores rurales. Es el mismo y exponencial es- quema que está aterrizando con el proyecto “tren maya”, sin duda el eslabón más relevante de la cadena de megaproyectos privados y públicos que socavan a ritmo acelerado la riqueza biocultural de la región en las dos últimas décadas (Franco, 2019; Santana, 2020). Por si fuera poco, la naturaleza y el cambio climático tam- bién ponen su grano de arena en ese vigente ciclo de despojos de tierras ejidales y/o en la adquisición de propiedades privadas rurales dañadas por tormentas y hu- racanes.4 Una estrategia para sobrevivir adoptada por muchos habitantes fue ven- der o rentar tierras, ejidales o privadas. Población emigrante a los Estados Unidos terminó por abandonar o deshacerse de sus tierras. Y como desde 1991, en el caso del ejido, ya era posible rentarlas y venderlas, el ingreso de vastas extensiones de tierras al circuito mercantil fue aprovechado por clase política y empresarial de aquí, de allá y acullá, como por los operadores inmobiliarios en boga.

Hoy día empresas diversas de hotelería, avícolas, eólicas, solares y más parecen clones de terratenientes neo-porfiristas y poseen capacidad de acción más allá de la península. La onda expansiva de compra de tierras estimula para que amplios sectores de clase media local y de otras entidades entren sin rubor al proceso especulativo como empresarios y/o como compradores “menores” o “medios” de terrenos ejidales. Es una presión irracional amplia. Decenas de de- sarrollos habitacionales implantados en los antiguos territorios mayas, defores- tan y colocan bardas para asegurar sus límites de alguna “invasión” indeseable (Marrero, 2020). Se apegan a la impronta de cuidar una privacidad selecta que, paradójicamente, afecta aspectos milenarios tan delicados como el libre tránsito de fauna endémica de tallas menor y media, clave para la pervivencia de ciclos biológicos elementales. Así, en toda el área peninsular operan cerca de cinco decenas de empresas inmobiliarias según sus propios medios de promoción y divulgación (Portal Inmobiliario, 2020, p. 80).

b) La puesta en valor global de la PY e impacto sobre la tierra

¿Qué puso en valor global la tierra en la península? Y ¿por qué se puede decir que toda el área es parte de una zona de intensa acumulación de capital, armada a partir de que se descubrió y entendió su valor estratégico? La inserción de la

4 En los meses de septiembre de 1988 y 2002, respectivamente, los poderosos huracanes “Gil- berto” e “Isidoro” golpearon la península y propiciaron que mucha población no citadina de Quintana Roo, Yucatán y Campeche emigrara a los EEUU. Otro tanto causaron huracanes como “Emilia”, “Ópalo”, “Roxana”, “Wilma” de 2005, entre otros fenómenos naturales recientes de junio, octubre y noviembre de 2020.

península de Yucatán al circuito transnacional y, por ende, en la mira de las em- presas transnacionales y megaproyectos remonta las tres décadas (Franco, 2012; Sandoval et. al., 2020). La reforma salinista del art. 27 constitucional abrió la puerta al ya notorio land grabing peninsular tres décadas después (Liberti, op. cit). Ahora bien, un antecedente relevante es desde luego el turismo, con Cancún y gran parte de la llamada Riviera Maya desde el punto clave de Tulum (Balam, 2010) porque dio entrada a la privatización de amplias franjas de tierra costeras. Pero son básicamente dos los procesos que ayudan a entender lo que se puede definir como la “puesta en valor global” de la península de Yucatán dentro de un escenario capitalista transnacional (Robinson, 2015) que oferta como única y eterna una condición de “paisaje biocultural” y sus acuíferos muy degradados (López Gómez, 2020).

Los aspectos que influyeron en ese tránsito son: a) el cambio del modelo de Estado benefactor hacia el modelo neoliberal que arrancó a fines de 1980, y de manera más definida, b) los resultados de los estudios geológicos de mediados y fines de la década de 1990. Estos últimos descubrieron al mundo financiero las riquezas energéticas y minerales que heredó el impacto del llamado “meteoro de Chicxulub” en aguas cercanas a la costa norte de Yucatán 66 millones de años atrás (Franco, 2012). Sus resultados fueron llave maestra para reubicar el papel de toda la zona en la disputa global por recursos estratégicos y preparó el arribo de un concierto de intereses petroleros, eólicos, solares, etc. Estos aspiran contro- lar la extracción de recursos valiosos del subsuelo marino, explotar las energías eólica y solar abundantes en toda la región y seguir cotizando la tierra de forma rentable sobre la base del turismo cultural masivo que sin duda impulsará el tren maya al relajarse el impacto de la pandemia de covid-19. El proceso conlleva la expropiación, acumulación y especulación de tierras internas o costeras.

El carácter y condición del área empezó entonces a cambiar de “local” a “global” después de que juntos, el golfo de México y la península de Yucatán, entraron a un “inesperado” proceso de redefinición estratégica mundial. Esto fue porque se descubrió que contienen yacimientos de materias primas importantes. En ese proceso coadyuvaron entre 1985 y 2005 centros de investigación tecno- lógicos de EEUU, Canadá, Noruega, Japón, México, Holanda, etc. La riqueza petrolera y de recursos energéticos como el gas natural en el subsuelo del golfo de México se conoce desde hace varias décadas, pero el potencial de las reservas se estableció en el período referido; poco después que la geología norteamerica- na y canadiense reveló que en el subsuelo marino frente a las costas yucatecas existen fuentes petrolíferas y de gas natural, minas de iridio, manganeso, asbesto e incluso oro y “chispas de diamantes” (Franco, 2012).

Nuevas mediciones confirmatorias de la herencia mineral del impacto mi- lenario se hicieron entre 2012 y 2015 por transnacionales diversas. Era urgente

reconocer con precisión el potencial estratégico real de toda la zona marino-cos- tera. Una vez más países desarrollados y emergentes destinaron amplios y cali- ficados recursos humanos y tecnológicos. Era oportuno determinar cantidades y calidad de los recursos para afrontar los retos tecnológicos impuestos por el volumen y la profundidad de los reservorios minerales y energéticos de esa com- pleja área de mar y tierra. Así lo publicó la Secretaría de Energía de México en 2016, año que se decidió formar siete Zonas Económicas Especiales por toda el área (SE, 2016). La meta a cumplir es extraer a mediano plazo los recursos alma- cenados en los fondos marinos del golfo, en los hoyos de dona de petróleo y en aguas no tan profundas de toda la zona costera de Yucatán y Campeche. Conso- lidar a la península como destino turístico de mayor alcance como sugieren los datos de inversiones hoteleras programadas en 2019 y 2020 completa la cartera de negocios internacionales. Las demandas globales de los mercados emergentes lo justificaban.

c) El Plan Puebla Panamá (PPP) y el Proyecto Mesoamérica (PM), el rostro expuesto del Estado Transnacional

Como ocurre con otros puntos del planeta en donde se descubre potencial de ri- queza análoga a la encontrada en la zona, grandes empresas nacionales y transna- cionales empezaron a generar propuestas y proyectos para aterrizar inversiones diversas. El discurso federal para el desarrollo de la región pasó en menos de dos décadas de concentrarse en planes y programas con vocación de promoción turística internacional (“Mundo Maya”, por ejemplo), que aún se impulsan, a propuestas de inversiones originadas en los poderosos centros financieros mun- diales: FMI, BID, etc. Fue como se concibió y se hizo público en el cruce del fin del siglo XX y el inicio del nuevo milenio, el primer plan multinacional para el desarrollo e integración de “nueve entidades de México” y de “cinco países de Centroamérica”: el Plan Puebla Panamá (PPP). Primer plan pensado para explo- tar todas las riquezas de una vasta área plurinacional con acciones de integración complejas.

Fue importante entender el papel de los recursos estratégicos en la geo-po- lítica global y en las relaciones internacionales partiendo de enfocar espacios en apariencia austeros; el antiguo territorio maya se asume ahora como una zona con potencial para “alimentar” la sed de recursos minerales y naturales de países regidos por el capital transnacional (Robinson, 2007, pp. 103-158; 2015). El aná- lisis llevó a investigar por qué una geo-política de despojo a través de megapro- yectos estaba en marcha a nivel mundial, ni que decir en América Latina, donde el entorno local caribeño tampoco está al margen del esquema extractivo global (Ceseña y Veiga, 2019; Sandoval et al, 2020; Franco, 2020). Hoy se sabe que toda el área estratégica del golfo de México y la Península de Yucatán alberga casi el 6% de la reserva petrolera mundial, gas natural y otros recursos valiosos

como iridio y oro. También se entendió que el fuerte sol y aires constantes debían aprovecharse por su capacidad de generación de energías limpias, haciendo tabla rasa del régimen de posesión y propiedad de la tierra.

Las secuelas de todas las riquezas y potencial del área definieron el es- pectro de su importancia geo-energética y, de paso geo-política, en un cuarto de siglo. Empezó a manifestarse en México desde fines de 1980, con el ascenso del salinismo. La intromisión norteamericana en procesos políticos centroamerica- nos y caribeños tomó nuevo impulso dentro de la antigua línea dictada por la doctrina Monroe.5 Por eso desde principios de 1990 se expresó a través de varios planes de desarrollo y se consolidó cuando capitales especulativos encontraron acomodo en la zona. Todo, en síntesis, se ha conjugado para convertir grandes zonas del área peninsular en tierra de megaproyectos que alimentan mercados norteamericanos, europeos y asiáticos. La tierra devino en un valor clave para la integración de la península al orden transnacional, proceso en el que clases pudientes locales y meta-regionales juegan un papel relevante.

El primer gran proyecto de inversiones masivas pensado por la “inteligen- cia global” para todo el sureste “surgió” así de manera pública y puntual el año 2001. El PPP fue un ambicioso proyecto de inversiones para el desarrollo e inte- gración capitalista contemplado para desplegar en nueve entidades del sureste y en cinco países centroamericanos. No fue una propuesta del gobierno mexicano, pero se presentó como “plan mexicano” al inicio de la administración foxista. La realidad es que fue ideado por grupos financieros de EEUU que invirtieron en la campaña del candidato panista triunfador de las elecciones del año 2000. El PPP dejó ver los primeros esbozos de los grandes capitales transnacionales que se pre- sumió en esa coyuntura llegarían en el sexenio de la “alternancia” para invertir en “carreteras, puentes, aeropuertos” y demás; serían el detonante para llevar a la región y a su población “a elevados niveles de crecimiento y desarrollo”. Similar discurso dos décadas después de la 4T con el “tren maya”.

Los reportes de la riqueza geológica del área ya se conocían en los centros de poder transnacionales, por eso el PPP tuvo carácter de “preparatorio”, es de- cir, para realizar la infraestructura destinada a funcionar como pivote de nuevos y más ambiciosos proyectos. Entre los años 2002 y 2007, los anuncios de que a

5 La instalación concomitante de decenas de bases militares y la consolidación de una frontera geo-política militarizada en Centroamérica y el Caribe, adoptó una lógica de “frontera” de res- guardo de la riqueza descubierta en la zona Golfo-Península de Yucatán. Es clave para entender la redefinición estratégica del área y de otras áreas caribeñas y del norte sudamericano. Las bases militares son cercos “fronterizos” poco visibles, pero reales. Son concebidos en los centros fi- nancieros-militares que el nuevo orden económico diseñó para la zona como parte de la agresiva geo-política del Estado transnacional hacia los importantes recursos de Suramérica: minerales de Colombia, crudo de Venezuela (posee el segundo lugar mundial de reservas), minerales de Honduras y Guatemala, petróleo de México, etc.

la península podrían llegar inversiones de empresas petroleras, refinerías, aero- náuticas y demás (EEUU, Europa, Israel, Asia), aparecían en páginas de todos los periódicos locales de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Algunos capitales foráneos llegaron de hecho y compraron tierras en rumbos con potencial de co- nexión para agilizar transporte de mercancías como son los llamados corredores estratégicos Mérida-Progreso, Riviera Maya, y demás; rutas a las que los gobier- nos federal y estatal adaptaron con modernizaciones parciales en construcción y ampliación de carreteras.

Por esos años, el desmantelamiento del Estado de bienestar en México era ya tarea cumplida por la clase política salinista (Montalvo, 2013, p. 52). Así, el bien más preciado por el capital (la tierra en grandes extensiones), estaba enrola- da en una espiral especulativa y mercantil, aunque seguía “congelada” en puntos que pronto serían codiciados por capitales especulativos y financieros. Muchos detectados como ideales para las obras de base del PPP y el PM. Decenas de eji- dos y no pocas propiedades estatales y particulares “de manos muertas” entraron no sin presión a un circuito de compra-ventas del que surgieron más acaparadores e inmobiliarias. Eran, como aún lo son, los amos de la concentración y especula- ción de tierras, siempre atentos al nuevo e intenso orden capitalista plasmado en el primer plan global, el PPP, que alentó las primeras inversiones especulativas ahora en boga.6

Diversos factores se conjugaron para que el PPP no cuajara como fue concebido. La oposición organizada de comunidades y pueblos en casi toda el área fue uno, si bien secuelas importantes de despojos, agresiones y asesina- tos de líderes comunitarios se ejecutaron en estados como Campeche y Yucatán (SDP-Noticias, 2020). Otro aspecto fue la misma inexperiencia de la emergente clase política neoliberal nativa cuyos niveles de corrupción y torpe capacidad de gestión financiera internacional (no así su experiencia en despojos), terminaron por convencer a sus promotores norteamericanos que había que esperar otro mo- mento. Este no tardó. Llegó con la Iniciativa Mérida firmada en 2007 (IM, 2007), en cuya concreción jugó papel central el representante del Estado transnacional norteamericano: el presidente George Bush en visita de Estado a Mérida. La “lucha” contra el narcotráfico y el terrorismo fue la justificación elegida para imponerlo como agenda pública.

La firma de la IM brindó “apoyo” a México con fondos para “combatir delincuencia y terrorismo”. En realidad solo se legitimó el interés del capital financiero internacional por la zona, por su revelado potencial estratégico de re-

6 La pandemia del coronavirus y la temporada de lluvias y huracanes de 2020 evidenciaron su naturaleza fútil: malls, obras urbanas, fraccionamientos de lujo o clase-medieros con caché y demás quedaron de manera temporal casi inservibles por el volumen de agua que satura el nivel freático en no pocos puntos al norte de la entidad.

servas de petróleo en el golfo, como aire, sol y su cotizado nexo con el turismo, la arqueología, etc., en la planicie. En el caso de Yucatán y Campeche, se descubrió de pronto que a su vocación por recibir turismo masivo en zonas arqueológicas, playas y centros históricos, se añadía el potencial de sus espacios ricos de reser- vas en sus mares y costas requeridas por la nueva era extractiva mundial. Coinci- dentemente, un año después de firmarse la IM, pero involucrando de forma más amplia a todo Mesoamérica, se dio a conocer el Proyecto Mesoamérica (PM), solo una reedición más agresiva y ambiciosa del PPP. El poder político local, de talante priista, se ciñó a la moda represiva caribeña al expresar sectores de jóve- nes su rechazo a la reunión internacional.7

¿Qué caracteriza al PM? ¿Tiene algo que ver con la revelada riqueza mi- neral y energética de toda la zona? Por supuesto que sí, pero se presentó con un rostro más ambicioso al PPP. El PM involucra a diez países con fuerte dependen- cia hacia EEUU, algunos centroamericanos y caribeños con plena identificación de su geo-política, extractiva y militar. Por la amplia gama de proyectos de inver- sión que lo define, es complemento de la clasificación geoestratégica planteada en el PPP y pretende consolidar a toda el área como una zona de intensa acumu- lación en el espacio global para la expansión del capital transnacional (Robinson, 2014; Sandoval, 2020; Franco, 2020). Varios países que lo integran son ricos en yacimientos minerales (manganeso, iridio, etc.) y cuentan con zonas propicias para inversiones eólicas y solares como Honduras, Guatemala y El Salvador; y son también expulsores de migrantes víctimas de la geopolítica de despojos que se impulsa con megaproyectos mineros, carreteros, aeropuertos, y demás. Pronto, desde las entrañas del mismo Estado mexicano, surgirían las ideas para hacer via- ble lo que los planes internacionales demandaban de la zona: un megaproyecto ferroviario de alcance trans-peninsular para definirla como zona estratégica.

d) Ivonne Ortega y la 4T

El interés por desplegar un proyecto ambicioso dentro de un contexto proclive a importantes inversiones de capital se expresó durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012), casi al término de su período. La ex gobernadora priista promovió la ya planteada idea de construir un tren de alta velocidad en la península de Yucatán, una propuesta que realizó en 2006 Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial del PRD. Empezó a configurarse entonces el plan de construir un megaproyecto ferroviario “turístico”, aunque la goberna- dora y sus promotores no tenían del todo claro para que realmente serviría pese a que el PPP ya contempló modernizar vías de circulación masivas. No es casual que en la península surgiera la idea del proyecto ferroviario acoplada al clima

7 La inocua protesta estudiantil fue criminalizada por los cuerpos policiales de Mérida. Jóvenes activistas, en su mayoría estudiantes de humanidades y arte, fueron reprimidos y encarcelados por su rechazo a la reunión con G. Bush Jr.

festivo para inversión extranjera o transnacional que alentó la investigación sobre recursos estratégicos ya descrita. Dio la pauta el marcado vuelco político-empre- sarial por intensificar una fase de compra compulsiva de tierras a sus antiguos dueños.

La ahora ex priista Ivonne Ortega realizó la propuesta del tren en una ceremonia política en el sitio arqueológico de Dzibilchaltún el año 2011, un mo- mento ya tardío de su polémico quinquenio de gobierno. Las condiciones de la entidad y la dosis de improvisación que tuvo su propuesta no gustaron ni conven- cieron al grupo gobernante nacional (PAN), aunque se destinaron recursos para estudiar la viabilidad de la “ocurrencia” de la ex gobernadora pues eran cada vez más visibles intereses de inversión globales en la zona. La idea de un ferrocarril venía de tiempo atrás, pero no lograba cuajar como algo viable por su comple- jidad tecnológica y elevado costo, quizá solo factible mediante participación de firmas e inversiones extranjeras y privadas norteamericanas, europeas, asiáticas y mexicanas. La propuesta de Ivonne Ortega no encontró eco y se desechó. Su sucesor Rolando Zapata, menos ambicioso, trabajó con más sentido: para acapa- radores y especuladores de tierras y para mantener el ritmo de inversiones en la entidad. Puso condiciones para la instalación ágil de empresas y posible creación de empleos. Fue la razón por la que la idea de un proyecto ferroviario moderno ni de broma se comentó durante su sexenio, pese a que fue promovido por el gobier- no de Enrique Peña Nieto. El plan ferroviario tampoco obtuvo en ese momento apoyo de los gobernadores de la península. Ni en Campeche ni en Quintana Roo se dio cabida a tal idea.

Como gobernador de Yucatán Rolando Zapata apoyó de hecho la pro- puesta de crear una Zona Económica Especial (ZEE) para Progreso, impulsada por poderes priistas de prosapia nacional y locales. Durante esos dos últimos pe- ríodos de gobiernos del PRI y PAN (2007-2018 y 2018 a 2021), los negocios es- peculativos y de acumulación de tierras alcanzaron números importantes. Clase política y empresarial salieron beneficiados. Los sucesivos gobiernos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo tienen ese punto en común. Sus administraciones pro- piciaron el surgimiento de organizados grupos de acaparadores de tierras ejidales quienes engullen y destruyen, además de vidas, bienes comunes y privados. Y actúan sin que los órganos judiciales puedan operar de forma correctiva por su vinculación al desaseado pero jugoso negocio.8

8 No tardó para que tierras ejidales y particulares también se integraran al circuito eólico na- cional, aunque problemas técnicos y políticos mantenían detenidos ocho del total de nueve de estos proyectos en 2019; en su mayoría, estas inversiones alternativas son apuestas del capital extranjero transnacional, de industrias como la energética, aeroespacial, naviera, etc., de España y EEUU principalmente.

La clase neoliberal gobernante, ante lo atractivo de la redefinición estraté- gica de la península a partir del factor tierra, no dio su brazo a torcer. Ni entonces ni ahora. Para asegurar que la política especulativa continuase generando condi- ciones propicias para el arribo de transnacionales, se puso en marcha la creación de siete ZEE por toda la región peninsular, del golfo y sur de México. Las ZEE fueron dadas a conocer como espacios para impulsar el “desarrollo sustentable de regiones deprimidas”, pero la especulación de terrenos y mega-corrupción de los grupos involucrados en su gestión revelaron la genética caníbal del Estado neoliberal del sexenio de Peña Nieto. El triunfo de AMLO y la 4T las desechó como modelo de integración capitalista, aunque como gobierno solo dio paso a un nuevo pacto con las transnacionales con el megaproyecto “tren maya”.

Como megaproyecto ligado al PM, el tren maya se concibe como de triple propósito capitalista: turístico, carga y extractivo. Su marcha avanza marcado por altos niveles de sigilo gubernamental siendo la instancia estatal de turismo el ente ejecutor por excelencia: FONATUR. Los conflictos ligados a la nula cla- ridad de su gestión han estado presentes en puntos diversos de su trazo de casi 1,500 kilómetros. La concepción que rige su materialización se funda en criterios desarrollistas para una región calificada desde el Estado como “atrasada”. Pero su ejecución opera contra el territorio y las formas milenarias de vida como la milpa, el último reducto para la defensa del patrimonio integral de los pueblos originarios. Para el gobierno el tren representa un modelo para llevar “justicia y equidad económica” a grandes sectores poblacionales del deprimido sureste. La realidad sin embargo es otra, pese a que muchas comunidades dieron su aval a su ejecución. Tres de las entidades ligadas al megaproyecto han sido muy golpeadas por la pandemia del covid-19 a partir de marzo del 2020. Un tren de esa natu- raleza será vector de mayores contagios en potenciales condiciones pandémicas futuras, como sucedió en China y Europa.

El megaproyecto ferroviario es de facto secuencia y parte de una “cade- na” capitalista mundial extractiva cuyo antecedente histórico en la entidad fueron los ferrocarriles porfirianos (1885-1908). Esa primigenia red oligarca penetró territorios mayas que conformaban antiguos cacicazgos “vírgenes” casi tres y medio centurias después de la colonización europea y occidental. El nuevo tren, como ya se registra, funcionará como pivote de mayor especulación, despojos y compra-venta de tierras en infinidad de puntos dentro y fuera de la ruta. Gran parte de las tierras son ejidos y colonias populares a los que impone su lógica de proyecto prioritario global.9 El tramo que atraviesa las zonas más tradicionales

9 Como se sabe, la lucha maya por frenar y preservar su antiguo territorio cultural frente al avance de la propiedad privada tuvo en Yucatán su fase más violenta entre 1847 y 1901, etapa durante la que construyeron un esbozo de “Estado autónomo” dentro del incipiente Estado liberal mexicano decimonónico. Casi un siglo antes, en 1761, otra rebelión indígena cuyo epicentro era Cisteil fue aplastada por el poder colonial.

del territorio maya aún vivo (Bacalar a Escárcega), como eco del método porfiris- ta autoritario, su construcción y operación la ejecuta el ejército mexicano. ¿Mano “dura” por si el malestar de los pueblos originarios alcanza nivel de rebeldía? Parece ser el mensaje que la 4T envía a las comunidades inconformes.

La creación del Estado de Quintana Roo a mediados de 1970 impulsó la colonización de Chetumal, Bacalar, Cancún, Tulum, así como la explosión del turismo mundial en la zona. Fueron factores para que el viejo orden territorial prehispánico se integrara en desventaja a la agresiva racionalidad de despojos y especulación de la tierra, incluidas las costas (Meza, 2016). La noción de “terri- torio maya” terminó por asociarse a una etapa ya muerta en la que se montó el capitalismo en la zona por la riqueza que alberga para el consumo de occidente. El modelo urbano y de servicios turísticos se hizo más complejo y adquirió tono de voracidad transnacional a partir de la consolidación de Cancún y de amplias franjas costeras como destinos turísticos de amplio espectro. Por cierto muy errá- ticos en su planeación dadas las amenazas permanentes de tormentas y huracanes y la nula previsión de los desarrolladores nacionales e internacionales. El “terri- torio” de Quintana Roo terminó por entregarse a los intereses globales conforme polos como Cozumel, Cancún, Tulum, entre otros, consolidaron una imagen y vocación turística mundial.

III) Estado democrático, recomposición financiera y empresarial

Con el megaproyecto tren maya los mexicanos entienden ahora el carácter y vocación de la zona, su papel relevante en el entorno transnacional. Por paradó- jico que pueda escucharse, el carácter de estratégica ya estaba definido para la península desde principios del siglo XXI, pero la categoría se impuso desde los centros de poder del capital transnacional. Así se ve con el análisis del PPP y el PM. La novedad se encuentra en el hecho de que el eje articulador de una mayor integración regional con el mercado global son las transnacionales interesadas en el área, como ahora también se suma el Estado mexicano que emergió el 1 de julio de 2018 de un proceso democrático amplio (Fonatur, Gobierno de México, 2020). El nuevo Estado rompió con una mafia de neoliberales pero no con el neoliberalismo, parece ser la moraleja. Y los pueblos originarios que se atengan a las consecuencias.

El Estado se asume a partir de López Obrador como apoyo y resorte de la urgencia de superación de rezagos económicos y de desarrollo humano para la población que habita ese vasto territorio sur-sureste. No parece importarle, y más bien apela a obviar, que la integración seguirá las pautas de uso y renta capitalista de la tierra antes, durante y (mucho más) después del tren maya. Es importante en consecuencia establecer la lectura de quienes se han expresado en favor del megaproyecto y quienes han externado su rechazo, principalmente después de la

crisis generada por la pandemia ya referida. Entre los primeros destacan pode- res políticos y empresariales de EEUU, algunos países europeos y China. Todos expresaron su deseo e interés en invertir tanto en el proyecto ferroviario, como en los negocios colaterales que ya se están generando después del banderazo de salida para su construcción y en lo que será su operación. La distribución de ra- males hizo realidad el deseo.

También se expresaron en favor grupos empresariales mexicanos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), empresarios como Carlos Slim y desde luego gobernadores de los estados mexicanos implicados, apoyados por cuerpos em- presariales y de profesionistas locales. Todos coinciden que el llamado tren maya será “detonador de la economía de toda la región”, una “excelente oportunidad para hacer negocios de todo tipo” y “un factor (más) de integración mundial de la economía del sureste de México” con el resto del mundo. A ese coro de bene- plácito se suman clase política que no fue afectada por la anulación de las ZEE (otros guardan silencio), sectores de profesionistas liberales como desde luego militantes y simpatizantes del partido Morena.

Expresaron rechazo al megaproyecto tren maya en un primer momento un sector de la clase política, plutócratas y especuladores de tierras relacionados con los proyectos de las ZEE. Representan a las oligarquías que firmaron el Pacto por México de Peña Nieto y entendían a las ZEE como el “modelo para el desa- rrollo e integración del Sureste”. Sin vínculo alguno con los anteriores, también se oponen al megaproyecto pueblos y organizaciones sociales indígenas, lucha- dores sociales, organizaciones vinculadas a la defensa del planeta o ambienta- listas, así como sectores de universitarios y académicos preocupados desde su óptica especializada de los daños masivos que el tren maya y la cadena asociada de negocios, despojos y engaños traerá consigo (Foro Académicos INAH, 2019). El proyecto ya destaca por generar despojos de tierras en lo que aún queda de “territorio” de los pueblos originarios, principalmente Quintana Roo, Chiapas y Campeche. Los sectores de especialistas enfatizan por ejemplo que habrá mayor daño ambiental en cadena, afectación y destrucción de patrimonio arqueológico en los recorridos viales, como también mucha demanda energética ante los eleva- dos niveles de consumo de agua que acompañarán el megaproyecto de casi 1,500 km de largo. En síntesis mayor embate al territorio ancestral.

Fue ese coro de voces, expresadas en diversos medios y en redes sociales a lo largo de los meses de agosto y septiembre de 2019 las que, se reconozca o no, obligaron al líder de la 4T a expresar en reuniones con pueblos originarios que finalmente se “hará la Consulta” a las comunidades para definir si se aprobaba o no el megaproyecto. Pero la consulta fue un fiasco que generó división entre las comunidades. A raíz de la postura del presidente de la República, paradójicamen-

te, la publicidad respecto a los beneficios que traería consigo a toda la población del Sureste se incrementó en decenas de periódicos de circulación regional como central de México. Fueron medios que destacaron por dar “cobertura” a las críti- cas de comunidades y especialistas pero recibieron día a día planas completas de publicidad favorable con logotipos del Gobierno de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Turismo, FONATUR y del propio tren maya. Nego- cio oligarca en suma.

El tren es el rostro de un proyecto neoliberal de la 4T que dice haber suprimido el neoliberalismo. Quizá debe decir que se “desprendió” de unos neo- liberales, pero recibió el apoyo de otros. Muy similares por cierto en la lógica de engullir tierras y más tierras. Las voces críticas sin duda hacen lío. Muestran que el discurso de la 4T para esta región o área estratégica implica dar continuidad al proyecto neoliberal y su compromiso de integrar la zona al espacio geopolítico pensado por la inteligencia financiera global con el PM vigente. La 4T está orien- tada a respetar los parámetros internacionales de inversiones de capital transna- cional que desde el inicio del año 2000 se definieron con el PPP para la zona por contener diversas reservas energéticas. La península entró en la disputa global de los grandes centros de poder económico después de que se entendió su potencial de riquezas estratégicas y de las “sub-áreas” periféricas como son el Caribe, Cen- troamérica y Cuba. El complejo Golfo-Península de Yucatán estará “coronado” en síntesis con el tren. Y toda la región del Caribe como Centroamérica contienen una secuencia de riquezas estratégicas como petróleo, gas natural, iridio, man- ganeso, energía solar, energía eólica, maderas, áreas para cultivos transgénicos, explotaciones de café y por supuesto mercados para consumos turísticos intensi- vos y masivos.

IV) ¿A dónde llevará el tren?

Las decenas de miles de kilómetros que integran la red ferroviaria europea conectan regiones, países y continentes. Solo en el espacio geográfico europeo, la conexión por trenes presenta un potencial de traslado para fines diversos de una población cercana a los 750 millones de habitantes. Es un continente conectado para trabajo, turismo, carga, extracción de recursos y demás. La epidemia del covid-19 fue un golpe duro y letal para la zona pues buena parte de los países europeos centran en el turismo masivo gran parte de su estabilidad económica y social. La demanda se eleva en los meses de turismo masivo, hoy día en punto de quiebre por la pandemia. Son miles de viajes diarios internos e internacionales. La operación ferroviaria requiere de niveles de actualización tecnológica relacio- nados con precisión, puntualidad y eficiencia. El ferrocarril moderno es un medio de transporte ágil pero caro, más si lo miramos desde la óptica de los ingresos en moneda latinoamericana.

Europa ha sido sin embargo devastada históricamente por la acción hu- mana. Ya en el siglo X de la era cristiana, el clima en ese continente había cam- biado por el uso masivo de madera de la población medieval temprana y media; la tala de bosques fue base para la obtención de energía calórica para el modelo de vivienda de la nobleza feudal como también por la extendida población rural campesina. Un cálculo frío sugiere que en toda Europa llegaron a coexistir fun- cionando alrededor de 100,000 castillos medievales, complejos cuya demanda energética era muy alta, esencialmente en temporadas invernales. La sociedad de entonces arrasó con los bosques y paisajes heredados del primer milenio de la era moderna y coadyuvó en la alteración del clima. Siglos después, con el adveni- miento de la tecnología, el desarrollo del ferrocarril impactó de forma análoga o peor las condiciones climáticas y el paisaje europeo en no pocos países. Por eso el costo del mantenimiento y operación de los sistemas ferroviarios europeos, ahora eléctricos y computarizados es elevado, de mucha responsabilidad y ries- go. No será muy distinto con el tren maya con su probable operación continua a lo largo de un día.

El bagaje tecnológico acumulado para el caso europeo, como también para otros casos, deben asimilar los funcionarios encargados de dirigir la im- plantación del tren maya en el sureste de México. Eso al menos se supone. ¿Qué propicia entonces que se califique como peligrosa aventura este proyecto de la 4T mexicana para la península? ¿Es que no tienen derecho los doce millones de ha- bitantes de las cinco entidades involucradas de la zona de contar con un sistema de transporte rápido y eficiente para sus traslados internos laborales y de ocio? Un problema asociado a ese megaproyecto se llama despojo forzado. El largo y documentado proceso histórico sobre el resultado del contacto entre europeos y nativos americanos, recuerda cómo el desplazamiento de sus territorios origina- rios fue el inicio de su condición marginal actual. Pese a que, como señala Noam Chomsky, los habitantes originarios siguen dando ejemplo de cómo convivir de forma equilibrada con la naturaleza, no así el impetuoso y agresivo capitalismo en sus distintas facetas.

¿Por qué el doble y triple discurso entonces de los líderes de la 4T? Si toda la región sureste había en cierto sentido “librado” una invasión intensiva de capi- tales orientados al pillaje, extractivos y recreativos, el tren maya, como los pro- yectos previos y los asociados a su construcción ¿serán el último tramo para que la península pierda de manera definitiva el status que la caracterizó como territorio geográfico, simbólico y cultural ancestral? No pocos especialistas coinciden en ese punto. Concluyen que su operación será para transformar la economía y los esquemas laborales, pero no es difícil visualizar que los impactos negativos conti- nuarán siendo clavos funestos para el sistema de vida de los pueblos originarios y, si algo queda, el golpe letal a la esencia de su territorio simbólico: la milpa.

La crítica al megaproyecto desde instancias académicas y sociales obligó al gobierno de la 4T a expresarse respecto al financiamiento central de la obra. México carece de tecnología avanzada para aspectos esenciales de un proyecto de esa naturaleza; se cuestionó si sería financiado por capitales extranjeros. Ante esto se llegó a declarar que sería una inversión casi total del gobierno mexica- no, pero el arranque de su construcción evidenció lo que de inicio se sospechó: la activa participación de transnacionales en la construcción de tramos esencia- les como son vías y estaciones (Tourliere, M., Proceso, 2020). A fin de cuentas al tren no lo define el tren en sí, sino el entorno de megaproyectos e intereses transnacionales que desde hace tres décadas eligieron a toda la zona como área geoestratégica. Por sus dimensiones e impacto social, el megaproyecto ferrovia- rio genera certeza empresarial aunque mucha incertidumbre social pues, bajo condiciones sanitarias como las actuales, podría ser factor dinámico de otros fe- nómenos sanitarios críticos.

V) La PY, espacio para el despliegue de la pandemia

Enfermedades epidémicas como la viruela llegaron a América por medio de los navíos marinos europeos en los siglos XV y XVI. Fueron factor en un siglo, junto con la violencia occidental, de la extinción del 90% de la población originaria en regiones de gran diversidad cultural como Mesoamérica; otros pueblos origina- rios, en las islas del Caribe, desaparecieron por completo. Cinco siglos después, también a través de otro medio de transporte masivo pero aéreo, una enfermedad epidémica tiene en predicamento la economía de gran parte del mundo, incluida América Latina y la economía indígena. La pandemia del covid-19 entró a la península en marzo de 2020 y lo hizo cruzando las puertas locales más abiertas al mundo global: los aeropuertos. No tardó en difuminarse a través de contactos casuales o de “rebaño”.

La península acumula en el lapso más de seis mil muertes por el virus, casi el doble de los que acumuló China, considerado epicentro originario de la pandemia. ¿Por qué la dispersión de ese virus letal ha sido tan ágil en esa área? Y

¿por qué las zonas con población de ingresos más altos es la que presenta índices de contagios más elevados? El área sobre la que se reflexiona en este ensayo, la península de Yucatán, está sometida desde la última década del siglo XX a una intensa presión económica dentro de un ciclo capitalista de acaparamiento y especulación de la “tierra”. Es parecido al vivaz apetito liberal de tierras que antecedió el movimiento indígena “independentista” de mediados del siglo XIX. Más del 50% de la población peninsular está asentada en ciudades y el medio rural es cada vez menos capaz de sostener y retener a sus milenarios habitantes. Estos asisten día a día a laborar a los centros urbanos y a los polos de crecimiento más dinámicos como son, por ejemplo, las decenas de proyectos inmobiliarios en boga de Mérida, Valladolid, Cancún, Tizimín y otros menores desde hace casi

media centuria. Decenas de vehículos colectivos transitan desde los pueblos a Mérida, Cancún y viceversa todos los días.

La movilidad por necesidad laboral cotidiana es muy dinámica desde los pueblos y comunidades yucatecas y quintanarroenses hacia polos más desarro- llados que demandan muchos servicios. Se ha intensificado por las decenas de fraccionamientos inmobiliarios que ofrecen empleo a fuerza de trabajo flotante de origen maya. El “boom” inmobiliario de toda la zona, en palabras de sus pro- tagonistas directos, se debe a “la gran conectividad de la península con el resto del mundo”, a la “riqueza cultural”, al “cuidado ambiente natural” como también ahora “al sentido de oportunidad que trae el tren maya”. En sus textos promocio- nales nunca se refiere que un motivo relevante de dicho auge por la tierra es un imperceptible pero real factor de peso: la definición estratégica de la península en el cónclave transnacional (Franco, 2012). El Estado transnacional “determinó” como estratégica a la región con base a un conjunto amplio de variables que, en- tre otros procesos, desencadenaron la sed por la compra y apropiación de tierras.

Aspectos primordiales son la riqueza del subsuelo en el Golfo de México (minerales diversos), la presencia de recursos energéticos alternativos en abun- dancia como la luz solar y el aire, pero también como desde hace décadas, la vasta herencia material de monumentos heredados por la antigua sociedad y cul- tura mayas, base para fomentar turismo. Ese conglomerado de riquezas naturales y culturales mostraron que la PY es un espacio de valor geoestratégico a nivel mundial porque ofrece recursos diversos en su subsuelo marino, en las costas, con su pasado pero también con los ciclos de sol y aire en la planicie. Fue una revelación rápida, que prácticamente inicia con el siglo XXI y se extiende hasta la actualidad.

Las características principales del ciclo especulativo que se desencadenó sobre la tierra tuvo como pivote una fuerte presión estatal y privada por acumular tierras y vender proyectos de vida en un “entorno ideal”; se mantendrá vigente mientras una crisis recesiva aguda no golpee la economía mundial e impacte la local. Las tierras engullidas se están destinando a infraestructura de ocio, para atraer población de todos lados posibles a vivir en exclusivos desarrollos resi- denciales; su huella en el medio ambiente, en la fauna y en muchos aspectos de la cultura originaria es innegable. Grandes extensiones ejidales, en tanto tierras restituidas por la Revolución mexicana como mecanismo de justicia agraria a sus antiguos dueños (1922-1970), han pasado en menos de tres décadas (1991-2021) a manos de poderosas compañías y grupos de particulares. Solo en la península funcionan 257 granjas porcinas que amenazan a la biodiversidad y la salud de las aguas subterráneas (Santana, 2020; Albarrán, 2020). Los proyectos eólicos también ya rentan o se han apropiado de tierras, arrasando con árboles y montes centenarios.

La efervescente dinámica especulativa, acompañada por el plan estatal de convertir en destino turístico masivo a la península, no fueron frenados por la pandemia del covid-19; entraron en una pausa que también alimentó la intensa temporada de lluvias y huracanes de junio a noviembre del infausto año 2020. Ambos sucesos han dejado sin empleo a cerca de 200,000 personas. El proyecto federal del tren maya, pese a las contingencias, siguió su curso. Pero la crisis económica y laboral que creó la pandemia se expresa principalmente en rubros de servicios y turísticos de toda la PY. El incremento del desempleo es factor para el desencadenamiento de violencia intrafamiliar y aumento de pobreza en niveles de alarma. Yucatán y Quintana Roo presentaron niveles de contagios y muertes relativamente análogos, mucho más que Campeche. Es lógico si se considera que los niveles de comunicación entre las primeras entidades es más intensa y recíproca, como porque poseen conexión global más amplia atendiendo volumen y frecuencia de tráfico de sus respectivos aeropuertos internacionales.

Como se comentó, los primeros casos de contagio por covid-19 en ambas entidades se registraron en personas procedentes de Europa, en momentos en los que la enfermedad empezaba a colapsar los sistemas sanitarios europeos. La propagación de la pandemia en Yucatán y Quintana Roo ha sido más dinámica, manejada de forma errática por sus autoridades estatales y municipales en com- paración de la relajada y exitosa Campeche. Las radiografías estatales muestran de hecho que han sido los municipios de mayor densidad demográfica como Mérida (Yucatán) y Benito Juárez (Quintana Roo), los que concentran entre el 50% y 60% del total de casos por entidad. El municipio de Valladolid, puente entre ambos centros poblacionales, también registró decenas de contagios. Re- gistros mundiales muestran que esa enfermedad es un mal que impacta zonas muy pobladas, con elevada densidad demográfica y proclives contactos humanos permanentes. Es un padecimiento cuyo origen pudo estar en virus captados por humanos en medios rurales aislados que encuentra condiciones propicias para su reproducción en ambientes sociales agrupados o que tienden a coincidir en situaciones masivas poco salubres (transporte, aeropuertos, trenes, etc.), como de “inevitable” cercanía (oficinas, templos, estadios, hospitales, hoteles, manifesta- ciones, etc.).

Sectores de servicios y turísticos son los que más han resentido la paráli- sis de actividades laborales pues, además de la debacle económica, la perspectiva de que la población recupere niveles básicos de calidad de vida e ingresos es precaria a corto y mediano plazos. Las condiciones de inequidad propiciadas por las políticas neoliberales se agudizaron en tres décadas, y la pandemia las ahondó a niveles más críticos. Y podría empeorar la segunda mitad del 2021 si, a nivel global y local, no se reducen a mínimos absolutos los efectos económicos gene- rados por la crisis sanitaria del covid-19. Las entidades que conforman el bloque

peninsular tienen en conjunto aproximadamente doce millones de habitantes. El 80% de la población carece de ingresos económicos decorosos. Vive al día. Por el contrario, la población que ha recalado en los últimos dos quinquenios en esas entidades, tanto del extranjero como procedente de otras entidades de la Repú- blica, acceden con rapidez a ingresos, servicios y beneficios que los habitantes milenarios quizá nunca consigan.

Esa desigualdad estructural se cimenta en la capacidad y poder económi- co con que arriban a las entidades, un componente que les ha dado la opción de acceder vía compra, venta y especulación a tierras rurales, propiedades urbanas y demás. Es un proceso parecido al que inauguraron los primeros conquistadores al demandar y/o pactar con los pobladores originales acceso a tierras y recursos primarios como el agua de los cenotes. No pocos eran espacios milenarios y sa- grados aunque hoy están desacralizados, contaminados, además de invadidos o expuestos a daños causados por población nativa desligada del conocimiento an- cestral como por un turismo con perfil depredador. Un proyecto de la dimensión e impacto colateral como el tren maya agudizará la tendencia vigente de acaparar tierra, impulsará la explotación de aguas, aire y energía solar (Desinformémo- nos, 2017; Alegría, 2020, p. 20), y ya intenta engullir Áreas Naturales Protegidas como se expresa en Puerto Morelos, Quintana Roo en pleno episodio pandémico (Olvera, 2020).

VI) Reacción y resistencia

Los movimientos de Jacinto Canek (1761) y la llamada “guerra de castas” (1847- 1901) representan luchas mayas que aspiraban recuperar el control de su territorio ancestral. Fueron derrotados por vía de la violencia militar y política estatal. La imposibilidad de los mayas de erigirse como una organización estatal avanzada (un Estado moderno), con poderes constituidos, estructura militar fuerte y quizá apoyo diplomático del extranjero más allá de los retos y necesidades cotidianas, terminó por aislarlos al final del siglo XIX. Quedaron a merced del poder polí- tico, militar y religioso mexicano a partir de 1901, pese a su falsa idea de haber recuperado el control de su antiguo territorio. La dispersión geográfica de su or- ganización comunitaria y de liderazgo jugó también en contra de la aspiración de autonomía plena. Pese a cierto grado de centralización de la resistencia frente al avance del poder blanco, en comunidades mayas emblemáticas que sirvieron de refugio parte del siglo XX, el gobierno mexicano consolidó su integración lenta y “pacífica” al orden mundial capitalista con base a un pacto extractivo de materias primas como maderas, chicle, comercio, etc.

Otro intento por establecer un “Estado democrático” incluyente de la voz de los mayas fue el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, pero su proyecto socia- lista agrario claudicó ante las fuerzas liberales de la Revolución mexicana como

del naciente régimen de caudillos post-revolucionarios, un grupo de ellos ordenó su asesinato. Un siglo después de esas experiencias, los movimientos étnicos que pugnan por la defensa del territorio sobreviven bajo condiciones muy adversas ya que ahora tienen frente a sí el poder del Estado transnacional y a la voraz globa- lización económica y financiera mundial. Sin descontar la corrupción de la clase política (Torres-Mazuera, 2021). No cuentan tampoco con el apoyo del gobierno nacional de la 4T ya que, pese a emerger de un proceso democrático histórico, los planes y proyectos para encarar el “atraso económico y social” de la península están sustentados en las necesidades de la industria y el mercado global transna- cional. Contra el territorio maya.

Organizaciones y proyectos sociales “alternativos” al modelo globaliza- dor neoliberal son varios y se expresan en muchas comunidades mayas (Varillas, 2019). Pero su aislamiento y débil articulación entre sí como a los poco visibles proyectos sociales y políticos consistentes, reflejan que la lucha por la preservación del territorio ancestral está muy lejos de convertirse en movimiento político masivo y alternativo. Las condiciones actuales de integración de la economía peninsular al mercado mundial no parecen dar margen para que el Estado ordene un plan agrario que recupere el valor de los sistemas de vida fundados en la milpa. Organizaciones que defienden la práctica de agricultura ecológica o anti-transgénica, las que pro- mueven turismo rural solidario, proyectos eólicos comunitarios, o bien, asumen re- sistencia activa contra megaproyectos transnacionales como el tren maya, eólicos, etc., son vistos y tratados desde el poder como actores incómodos y “conservado- res”. Enfrentan sin duda, como los movimientos mayas de los siglos XVIII y XIX, el estigma de no caminar con dirección del aire de la modernidad (antes liberal ahora transnacional) y, como si hiciera falta, por la violencia política marcada por “los veo pero no los oigo” salinista o por el “consulto pero impongo” de la 4T.

Recapitulación

La historia del territorio cultural de la península de Yucatán, observada desde el principio del proceso de conquista, colonización europea y el desarrollo capita- lista posterior, es “otra historia” con relación al período 1240-1517. Los “caci- cazgos” mayas de esa etapa, como también se les conoce, mantuvieron mejor equilibrio con la naturaleza. La península ha trascurrido, incluida la era actual, por cuatro “sub-fases”, cada una con sus respectivos niveles y profundidad de impacto en la organización social prehispánica y en su ancestral territorio. Esas etapas, por causas internas como externas, propiciaron cambios en la dinámica y configuración del territorio hasta su casi extinción actual. Su degradación empe- zó con el avance de formas de propiedad y producción señoriales europeas.

Gradual pero de manera agresiva el territorio prehispánico fue doblegado por relaciones de corte señorial, mercantil y capitalista de la “tierra”; esta se tomó

como unidad de renta o ganancia en tanto espacio de colonización y explotación hasta llegar a procesos de concentración y especulación visibles en la actualidad. La sed de poseer y apropiarse de tierras implicó, sobre todo a partir de 1540, la invasión y descomposición del territorio creado por la cultura prehispánica. En las etapas colonial y decimonónica fueron haciendas y fincas las que iniciaron su deterioro, mientras los FFCC porfiristas de Yucatán irrumpieron de forma tardía pero igual de violenta en el eje simbólico territorial de decenas de pueblos mayas aún no doblegados. Fueron factor de un salto cualitativo del violento proceso de integración de la península al capitalismo de plantación y extractivo de la época.

Los nuevos desarrollos empresariales y residenciales causan la destruc- ción de flora y fauna así como remarcan la marginación social histórica de los descendientes prehispánicos milenarios. No pocos se ven obligados a buscar oportunidades de vida como trabajadores globales en polos locales en crecimien- to como también en el extranjero. En buena parte de los espacios “físicos” del te- rritorio ancestral los pueblos prehispánicos no habitaron ni edificaron sobre ellos porque los concebían como espacios sagrados. Todo lo contrario al modelo glo- bal empresarial e inmobiliario que se despliega en la actualidad y se edifica sin reparar en criterios ecológicos ancestrales. Un avance importante del proceso de deterioro del territorio será el megaproyecto tren maya ya que, como modelo de integración turístico y extractivo, penetrará en espacios geográficos y simbólicos ancestrales en Quintana Roo y Chiapas que el capitalismo precedente no había tocado. Como fue su antecedente histórico porfirista para Yucatán. La paradoja del escenario creado por la 4T con el tren consiste en que, mientras las elites eco- nómicas de dentro y fuera de la mega-región se organizan para fomentar nuevos planes de negocios con o sin tren maya, la población originaria fue sometida a manoseados procesos de consulta y amenazas. El nuevo tren es la prolongación del viejo modelo de despojo de tierras padecido por siglos.

Los puntos turísticos de mayor peso como Cancún fueron la puerta de ingreso del virus del covid-19 en marzo de 2020. El virus inició su viaje de escala planetaria en Wuhan, China, tres meses antes y se difuminó en Europa. Se expre- só entre los sectores de la sociedad de toda la península siendo Cancún y Mérida epicentros de la dispersión hacia las zonas urbanas menores como a las rurales, es decir, en los antiguos espacios del territorio maya. Así se fueron decantando contagios pese a que gobierno, empresas y la economía pararon sus actividades con relativa prontitud. Una vez más, un proceso que llegó de fuera, vinculado a la salud, ha propiciado en la península mayor número de muertes a las registradas en su punto de origen. Y una vez más el pueblo de origen prehispánico se encuen- tra en situación vulnerable frente a una enfermedad que también “viaja” junto a la irrefrenable lógica capitalista inmobiliaria y transnacional que degrada, destruye y liquida a ritmo casi frenético territorio y cultura maya ancestrales.

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