Introducción¹

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) está celebrando dos aniver- sarios: 40 años desde su fundación en Chiapas el 17 de noviembre de 1983 y 30 años desde su alzamiento el 1º de enero de 1994. Mucho se ha escrito sobre las causas de esta rebelión y sus impactos en la vida local, nacional e interna- cional (Baronnet, Mora y Stahler-Scholk, Coords., 2011; Baschet, 2018, 2022; Benjamin, 1995; Cerda, 2011; Estrada 2007; Estrada y Viqueira, Coords., 2010;

EZLN, 1994, 1995; Gilly, 1997; González Esponda y Pólito Barrios, 1995; Har-

vey, 2000, 2016, 2019; Hernández Millán, 2007; Higgins, 2004; Le Bot, 1997; Legorreta Díaz, 1998; Leyva Solano, 1999; Mattiace, Hernández Castillo y Rus, 2002; Mora, 2018; Muñoz Ramírez, 2008; Olesen, 2005; Revista de la Univer-

sidad, 2023; Rovira, 1997; Tello Díaz 2013; Viqueira y Ruz, Coords., 1995; Villafuerte & García Aguilar, 2021). Es muy difícil resumir en un artículo lo que sabemos sobre los orígenes del zapatismo y su desarrollo hasta nuestros días, pero es evidente que la larga historia de discriminación, explotación, y pobreza sufrida por la población indígena y campesina de gran parte de Chiapas siempre ha sido resistida en diferentes momentos y formas. Un texto escrito por el Subco- mandante Marcos en 1992 y publicado después de la rebelión dos años más tarde describe la larga lista de agravios hacia las comunidades indígenas en Chiapas para quienes las principales actividades económicas y obras de infraestructura civil y militar significaban el despojo, la muerte, y el olvido (Subcomandante Marcos, 1994).

La construcción de nuevas presas hidroeléctricas, la explotación de pozos petroleros, la tala inmoderada de la selva lacandona, la expansión de la ganade- ría como política estatal y nacional, el acaparamiento de las mejores tierras por familias de terratenientes ligadas al gobierno del estado, los salarios bajos, las constantes crisis de los precios del café, el desempleo, la migración forzada, las muertes por enfermedades curables, el maltrato hacia las mujeres, la falta de ac- ceso a la educación y servicios de salud, la violencia a manos de finqueros y sus pistoleros – las guardias blancas, todo ello llevó a la expresión de un descontento social que, para mediados de los setenta empezaba a superar su aislamiento al formarse nuevas organizaciones regionales de lucha. Al mismo tiempo, la orga- nización clandestina por parte de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) de un núcleo guerrillero en la selva lacandona a partir de 1972 llevó, con mucha paciencia y capacidad de sobrevivir los embates de la guerra sucia de la década de los setenta, a vincularse con dirigentes campesinos y los propios procesos de organización local que imprimieron su sello particular en la formación, estructu- ra, y desarrollo del EZLN (Castillo y Brisac, 1995; EZLN, 1995, p.131; García

1 Agradezco a los editores de la Revista Antrópica por su invitación a colaborar con la entrega de este texto, a los tres dictaminadores por sus comentarios valiosos, y a Wendy Harvey por su ayuda en la corrección de estilo y por su acom- pañamiento y apoyo en la investigación de los movimientos campesinos y el zapatismo en Chiapas.

de León 1994, pp. 26-28; Harvey 2000, pp. 177-180; Hernández Millán 2007, p.

275; Le Bot 1997, pp.142-152).

Estos procesos de modernización excluyente y resistencias campesinas fueron marcados por diversos intentos de abrir nuevos espacios de interlocución entre autoridades del gobierno y comunidades cada vez más organizadas y sabe- doras de sus derechos agrarios, laborales, y políticos. La década de los ochenta vio la consolidación de organizaciones independientes en el campo chiapaneco, mientras por su parte el EZLN crecía en la clandestinidad.

Tomando en cuenta la existencia de una gran multiplicidad de factores, este artículo plantea que una de las razones por las cuales muchos campesinos indígenas decidieron participar en el EZLN fue la falta de voluntad política del gobierno para realmente atacar las condiciones de marginación y pobreza en el estado, lo cual fue expresado por una limitada política de concertación con las nuevas organizacio- nes independientes y su posterior desplazamiento hacia una política abiertamente represiva. Cuando, en 1993, los zapatistas votaron a favor de declarar la guerra y preparar el alzamiento armado, consideraron que la situación de pobreza, olvido y marginación, (junto con la cerrazón política y los efectos negativos asociados a las reformas al Artículo 27 constitucional, las políticas neoliberales y la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN), no les dejó otra opción. No fue la única respuesta a las condiciones sociales prevalentes dado que otras organizaciones populares decidieron seguir luchando con sus propios mé- todos de negociación y movilización con la esperanza de hacer que el gobierno aceptara una nueva interlocución como muestra del cambio anunciado oficialmente de un modelo paternalista hacia una relación más de concertación y respeto hacia las nuevas organizaciones independientes. Sin embargo, para las comunidades que se formaron en las filas del EZLN desde su fundación en 1983, fue el mismo go- bierno, con sus acciones de abandono, represión, y división, quien cerró las puertas a dichas posibilidades. En todo caso, hay que tomar en cuenta la diversidad de posibles razones a favor y en contra de la participación en el alzamiento armado y no concluir que se debieron a un solo factor.

El aporte original que pretende hacer este artículo que complementa a los otros muchos trabajos publicados sobre el zapatismo radica en el hecho de haber realizado una investigación extensiva de trabajo de campo en Chiapas en los años anteriores al alzamiento de 1994 cuando las condiciones socioeconómicas y políti- cas adversas descritas en este texto fomentaban la expresión de mucho descontento por parte de diversos movimientos campesinos e indígenas durante el periodo de organización clandestina del EZLN. Al autor le tocó vivir estos años en Chiapas como investigador académico, primero en 1987 y luego en 1991-93, produciendo varias publicaciones sobre los cambios y continuidades en las relaciones entre el Estado mexicano y los movimientos campesinos e indígenas de la época, lo cual he actualizado en los años subsecuentes debido a varias estancias de investigación en

Chiapas entre 1994 y el presente momento (Harvey, 1995, 1997, 2000, 2016, 2019, 2023a, 2023b). Cabe señalar que en el mismo periodo previo al ’94 varios investi- gadores habían publicado, o estaban en proceso de publicar, textos sobre las luchas campesinas e indígenas en diferentes puntos del estado que también resaltaban los problemas de marginación y represión a que fueron sujetas muchas comunidades en Chiapas en la década de los ochenta (por ejemplo, Burguete Cal y Mayor, 1987; González Esponda, 1989; Leyva Solano y Ascencio Franco, 1993; Marion Singer, 1984; Morquecho, 1994; Ovalle Muñoz, 1984; Pontigo Sánchez, 1985; Renard,

1985; Reyes Ramos, 1992; Rubio López, 1985).

Por mi parte, a través de entrevistas realizadas entre 1987 y 1993 a dirigen- tes y miembros de diversas organizaciones (la Organización Campesina Emiliano Zapata, OCEZ (tanto de la zona centro como la parte afiliada a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, CNPA); la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesino, CIOAC; la Asociación Rural de Interés Colectivo, ARIC Unión de Uniones; la Unión de Ejidos de La Selva; y el Movimiento Campesino Regional Independiente, MOCRI), pude constatar lo difícil que era luchar por los derechos agrarios, laborales, y políticos desde la oposición y fuera de los canales oficiales del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En este texto incluyo referencias más precisas sobre el conflicto entre una de estas organizaciones, el MOCRI, y el gobierno del estado de Chiapas, en la región de Marqués de Comillas. Conocí a los dirigentes de esta organización durante una asamblea de la OCEZ-CNPA realizada en el municipio de Frontera Comalapa en diciembre de 1991 y acepté su invitación a conocer la problemática en sus comunidades que forma parte de este texto debido a la forma que ilustra las condiciones prevalentes en Chiapas en los años anteriores al alzamiento zapatista. Dado que gran parte de los trabajos publicados sobre el zapatismo fueron escritos después del ’94 sin haber hecho trabajo de campo previo al alzamiento, un aporte del presente artículo es precisamente el hecho de que los testimonios de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas fueron reca- bados por el autor en el momento de su propio proceso de lucha antes de 1994.²

Temas centrales y organización del texto

“Para lograr la modernización rural de Chiapas, es condición esencial la parti- cipación de los campesinos, como actores directos de su propia realidad.” (Se-

2 En este sentido, el texto nos remonta a este periodo con información compartida por dirigentes del MOCRI con el autor en la asamblea realizada en diciembre del 1991 y durante el recorrido de doce horas en camión por la ruta de Comitán-San Cristóbal de Las Casas-Ocosingo-Palenque-Benemérito de Las Américas en donde terminaba el asfalto, y luego otras ocho horas de camino en terracería a los ejidos en donde realizamos varias asambleas organizadas por el MOCRI, incluy- endo en la comunidad de Flor de Cacao para recabar testimonios de primera mano de los pobladores. Estas entrevistas continuaron durante los primeros seis meses del 1992 en distintos puntos de la Ciudad de México, incluyendo la central camionera TAPO y en las instalaciones de la Sección 9 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), en donde se realizaron varios encuentros para discutir las reformas rurales del gobierno de Carlos de Gortari y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Menciono estos hechos para dar cuenta de la investigación de campo que sustenta este texto y, de paso, demostrar la participación de movimientos sociales chiapanecos en las grandes discusiones nacionales sobre el neoliberalismo, el TLCAN, y sus posibles impactos en el campo.

cretaría de la Reforma Agraria, Subdelegación de Concertación Agraria [SRA], 1989, p.1). Estas palabras reflejaron el discurso oficial del gobierno de Carlos Salinas de Gortari al inicio de su periodo presidencial (1988-94) en cuanto a una nueva relación entre el Estado y los campesinos, no solo en Chiapas sino en todo el país. Según los arquitectos de este nuevo discurso, el gobierno buscaba legiti- mar sus políticas de desarrollo rural al distanciarse de las formas paternalistas y asistencialistas que caracterizaban al Estado populista, abriendo así la posibili- dad de modernizar el campo por mecanismo de concertación con organizaciones campesinas que no estaban subordinadas al partido dominante de aquel entonces, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el caso de Chiapas, dichas organizaciones habían surgido de diversas luchas agrarias y por el control del proceso productivo en distintos puntos del estado desde mediados de los setenta, acompañadas en distintos grados y mo- mentos por personal de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, la cual estaba encabezada por el Obispo Samuel Ruiz García. Por ejemplo, para 1988 tres or- ganizaciones gozaban de una presencia innegable en el escenario político local: la Asociación Rural de Interés Colectivo – Unión de Uniones Ejidales y Grupos Solidarios de Chiapas (ARIC-UU) con mayor presencia en los municipios de Ocosingo, Altamirano, y Las Margaritas (ubicados en la región de la Selva La- candona); la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) con diferentes facciones en los Valles Centrales, la zona norte, y la zona fronteriza; y la Central Independiente de Organizaciones Agrícolas y Campesinas (CIOAC), con mayor presencia en la zona norte y en la zona fronteriza. Estas organizaciones llega- ban a competir con la Confederación Nacional Campesina (CNC), la principal confederación oficial que organizaba el apoyo incondicional al PRI en el campo mexicano desde su fundación en 1938.

Estas mismas organizaciones también habían logrado crear alianzas na- cionales con otros movimientos en distintos estados de la República (la ARIC- UU participaba en la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, UNORCA; una parte de la OCEZ participaba en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) mientras otra facción se identificaba más con el Frente Nacional Democrático Popular (FNDP); y, los grupos locales de la CIOAC participaban en la CIOAC nacional. Por todas estas razones, las organizaciones independientes no eran bien vistas por un gobierno estatal que se caracterizaba por su incuestionable defensa de los intereses de terratenientes y comerciantes, como veremos más adelante en el caso de Patrocinio González Garrido (1988- 1993). Los intentos de concertación federal con nuevas organizaciones estaban, en cierta medida, en contradicción con la continuidad de prácticas autoritarias de autoridades estatales y municipales.

Si en un primer momento hubo esperanzas de resolver viejos conflictos

agrarios por la vía de la concertación, para 1991 la situación se había tornado

menos alentadora debido a una serie de nuevos conflictos que el gobierno estatal intento resolver con la fuerza. La agudización de los conflictos políticos entre el gobierno del estado y la Diócesis de San Cristóbal demostró la falta de voluntad política para poner en práctica la concertación con nuevos interlocutores cam- pesinos e indígenas que no formaban parte de las estructuras del corporativismo del PRI. Es por este contexto que se explica en parte la atracción que tuvo en muchas comunidades la opción del EZLN de prepararse para un levantamiento armado, lo cual sucedió el primero de enero de 1994. Otros factores importantes para entender el crecimiento del EZLN fueron la lucha de las mujeres indígenas por la igualdad y mayor respeto dentro de sus familias, comunidades, y la misma organización, y la sensación entre muchos jóvenes indígenas de que su acceso a la tierra y a una vida digna estaban amenazados por la represión y la falta de res- puestas a las demandas presentadas por las organizaciones independientes en que militaban adultos de sus comunidades incluyendo a sus propios padres (Hernán- dez Castillo y Zylberberg Panebianco, 2004; Marcos, 2011; Olivera, 2004; Pérez Ruiz, Coord. 2004; Speed, Hernández Castillo y Stephen 2006).

¿Dónde quedó la concertación en Chiapas? ¿Cuáles fueron sus alcances y limitaciones? ¿Cuáles eran los motivos de los conflictos que rebasaron la política de concertación y que desembocaron en la represión violenta hacia dirigentes y miembros de comunidades y organizaciones independientes? Este texto busca dar respuestas a estas preguntas, poniendo énfasis en las causas principales del descontento social que se iba generando en los años y meses previos al alzamien- to zapatista, es decir, los conflictos agrarios y ecológicos, aunados a la respuesta represiva que dio el gobierno estatal a estos conflictos en su afán de proteger los intereses de terratenientes, ganaderos, y caciques locales.

El artículo está dividido en seis secciones. La primera examina los alcan- ces y las limitaciones de la concertación en Chiapas en el sexenio de 1988-94, enfatizando el auge de una política más represiva que concertadora a partir de 1990, que se expresó en el trato oficial que se les dio a los conflictos agrarios, en el manejo del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), y en el cambio de política forestal por un decreto de veda en la Selva Lacandona. La segunda y tercera partes analiza los efectos de un decreto de veda forestal en la selva lacan- dona, tomando el caso de la zona de Marqués de Comillas como ilustrativo de los conflictos generados por este decreto, incluyendo el descontento campesino, la movilización, y su represión violenta por parte de las fuerzas del orden en 1991. La cuarta sección describe la forma en que, al igual que en Marqués de Comillas, los conflictos sociales locales se convirtieron en conflictos políticos de mayor en- vergadura debido a la cerrazón política del gobierno estatal a partir de 1991, lle- vando a fuertes tensiones entre este y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. La quinta parte resalta la atención nacional a los conflictos en Chiapas que logró ganar la marcha indígena conocida como Xi’Nich en 1992, mientras la sexta parte

nos muestra dos acontecimientos que resultaron ser indicadores de una rebelión anunciada: la marcha de la Alianza Nacional Campesina Independiente Zapatista (ANCIEZ) el 12 de octubre de 1992 en San Cristóbal de Las Casas, y el choque ocurrido entre elementos del ejército mexicano y las fuerzas del EZLN en la Sie- rra de Corralchén en mayo de 1993. En las conclusiones, se presenta un resumen de los principales argumentos de este artículo sobre la situación política y social que prevalecía en Chiapas, como un aporte a nuestra comprensión acerca de las razones por las cuales el EZLN decidió levantares en armas el 1 de enero de 1994.

1. Los alcances y limitaciones de la concertación

La palabra “concertación” se convirtió en aspecto central del discurso político de Salinas al inicio de su sexenio. Para un presidente cuya elección fue fuertemente criticada debido al fraude electoral de julio de 1988, no le quedaba otro remedio que ir construyendo nuevas bases de apoyo tanto en la ciudad como en el campo. Aunque se dio mayor énfasis a la concertación con grupos del movimiento ur- bano popular y con el magisterio, no era menos presente el discurso concertador en los medios rurales. Retomando los conceptos de autonomía asociativa y de la participación comunitaria elaborados por algunos teóricos de la llamada “apro- piación campesina de los procesos productivos,” el gobierno federal comenzó el sexenio prometiendo una nueva relación entre las instituciones públicas y las organizaciones campesinas (Gordillo 1988).

Un documento de la Subdelegación de Concertación Agraria de la Secre- taría de la Reforma Agraria (SRA) en Chiapas da cuenta de la preocupación oficial por la inestabilidad social provocada por los conflictos agrarios. Dicho documento señala que “la cuestión agraria es el más grave y el más injusto de los problemas que afectan a los chiapanecos; de su solución depende en forma decisiva sentar las bases de estabilidad política y de justicia social en los núcleos agrarios más pobres del estado.” (SRA 1989: 1). Entre los factores que contribuyeron a gener- ar disputas por la tierra desde principios de los setenta, es significativo que este documento reconoció la política paternalista que caracterizaba la actuación guber- namental. Otros factores mencionados en su informe fueron: los cambios en las relaciones económicas en el medio rural; el incremento de la población campesina; el deterioro de la calidad de la tierra dotada a los campesinos; la ganaderización de la economía rural; la construcción de presas hidroeléctricas; la migración hacia otros estados de la República; la crisis económica; el rezago agrario; una reforma agraria aislada del proceso de desarrollo agropecuario; y, los problemas de comer- cialización debido a la incomunicación de muchas comunidades campesinas.

En cuanto al paternalismo, una expresión de este fue la política de com- pra de tierras en zonas de agudo conflicto agrario. Con la compra de tierras se evitaba afectar los intereses de los grandes terratenientes quienes aprovecharon

la oportunidad de vender tierras de forma fraudulenta (SRA 1989: 1). Lo peor de esta situación fue el hecho de que se adquirieron terrenos para un grupo, mientras que había otros campesinos en posesión de estos mismos predios. Tal fue el caso de comunidades indígenas en el municipio de Simojovel, donde la confusión con respecto a la tenencia legal de la tierra produjo conflictos violentos entre grupos de la CNC y de la CIOAC y otras organizaciones. Este tipo de conflicto rebasó el ámbito local en varias ocasiones y repercutió en los conflictos políticos entre el gobierno estatal y la Diócesis de San Cristóbal, llegando incluso a la detención en septiembre de 1991 del párroco de Simojovel, Joel Padrón, por las disputas entre cenecistas y afiliados de la CIOAC por la posesión de los mismos terrenos.

Además, la valoración de las tierras se hizo muy por encima de su precio real. En otras ocasiones, los finqueros inventaban invasiones de su propiedad para exigir que el gobierno les comprara la tierra “en disputa,” cuando en reali- dad no había ningún conflicto. Así fue como el paternalismo iba acompañado de la corrupción y, en vez de resolver problemas, la compra de tierras los agudizaba más. Frente a esta situación la Subdelegación de Concertación Agraria lamentaba que las “prácticas paternalistas para resolver los asuntos relativos a las demandas de los campesinos les hacen perder las capacidades originales que les caracteriza para resolver sus asuntos, en un intento de castrar la iniciativa y voluntad auto- gestiva de los campesinos.” (SRA 1989, p.1).

Otro ejemplo acerca de la falta de solución real a las demandas agrarias en este periodo fue el caso de la comunidad de El Carrizal en el municipio de Ocosingo, debido a conflictos por la tierra entre pobladores de El Carrizal y los de la comunidad colindante de Tomás Munzer. La negativa a su solicitud de do- tación llevó a los primeros, quienes participan en la OCEZ, a invadir terrenos ya en posesión de campesinos afiliados a la CNC. La solución que se dio consistió en la entrega al grupo de la OCEZ en El Carrizal de varios predios en disputa a cambio de la compra de otros predios que forman el poblado “Los Quiniches” de Ocosingo, de la CNC. Sin embargo, la disputa por estas tierras siguió y en varias ocasiones los cenecistas atacaron al poblado de El Carrizal.

Aunque el gobierno del estado intentó resolver los problemas agrarios en estos casos, su proyecto inicial de concertación dejo afuera a muchos otros solicitantes. Según la propia subdelegación, en 1989 había un total de 547 so- licitudes agrarias pendientes a nivel estatal, representando a 22,598 campesi- nos. De esta forma, dar una solución parcial al rezago agrario no era más que una estrategia selectiva y, por lo tanto, insuficiente. Era de esperarse que, una vez atendidas (incluso mal atendidas) las demandas de los grupos selecciona- dos para el programa de concertación agraria, aparecerían nuevos conflictos en otras partes del estado. Al mismo tiempo, la represión a dirigentes independien- tes continuó. En diciembre de 1988 fue asesinado Sebastián Pérez López, el líder de la CIOAC en Simojovel, por pistoleros al mando de un finquero local.

Luego, el 6 de marzo de 1989 fue asesinado en Tuxtla Gutiérrez Arturo Albores Velasco, dirigente de la OCEZ-CNPA.

A partir de 1990 se agudizaron los conflictos agrarios en Chiapas y el discurso concertador fue rápidamente desplazado por una política intransigente y coercitiva. Dos factores adicionales influyeron en este cambio de la concertación a la represión. En primer lugar, la hostilidad del gobernador González Garrido a la creciente influencia de funcionarios del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), una de las iniciativas más centrales del gobierno federal durante el sexenio salinista, y, segundo, el cambio de la política forestal en Chiapas con el decreto en 1989 de una veda que no tomó en consideración la falta de alternativas económicas para muchas comunidades rurales. Considerando estos factores en detalle, nos damos cuenta de los obstáculos políticos que enfrentaron los intentos de concertación y, con ello, hicieron más atractivo para muchos campesinos indí- genas participar en las filas zapatistas.

Para el gobierno federal, el Instituto Nacional Indigenista (INI) era el me- canismo privilegiado para poner en práctica los programas asistenciales de PRO- NASOL en Chiapas. Varios de estos programas buscaron abrir un espacio para que las organizaciones campesinas independientes, sobre todo las que mostraban capacidades de autogestión productiva y comercial, pudieron acceder a nuevos recursos y asistencia técnica. Al igual que el programa de concertación agraria, el PRONASOL también fue limitado por un gobernador renuente a dejar que una nueva burocracia federal interviniera en la política local, y mucho menos cuando se trataba de canalizar recursos a organizaciones que no estaban bajo su control. Por ejemplo, en 1990 el director regional del INI en Las Margaritas fue destitui- do de su cargo por el gobernador por haber tramitado fondos de PRONASOL para que la Unión de Ejidos de la Selva (la cual formaba parte de la ARIC-UU y UNORCA) pudiera comprar al Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) un beneficio de café con el fin de superar los problemas de comercialización y así elevar el ingreso y bienestar de las comunidades fronterizas. Asimismo, en enero de 1992 González Garrido creó la Secretaría de Participación Ciudadana como un nuevo organismo del gobierno del estado, nombrando dirigentes del PRI y CNC para dirigirla, con la intención de limitar el impacto de los funcionarios y programas de PRONASOL en Chiapas (Entrevistas del autor con asesores de la Unión de Ejidos de la Selva, Comitán, enero de 1993). Luego, en marzo del mismo año, tres funcionarios del INI fueron detenidos y acusados de corrupción por el manejo de recursos destinados a proyectos campesinos de ganadería en los municipios de Ocosingo y Chilón. Las protestas de los campesinos afectados lograron su liberación, pero no su restitución en sus cargos (Cano, 1994; Harvey, 1995, pp. 226-7; La Jornada, 1992).

El segundo factor que puso límites a la política de concertación fue la veda forestal decretada en 1989. Tal política representó una regresión de los acuerdos

concertados entre el gobierno federal y organizaciones campesinas en marzo de 1987. En este momento se acordó establece un paquete de apoyos para la pro- ducción forestal sustentable en comunidades campesinas en el marco de un plan integral de conservación de la selva lacandona. Desde 1975 la Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel venía luchando por la titulación definitiva de 26 ejidos que se encontraban dentro de la Comunidad Lacandona, una zona reconocida por reso- lución presidencial de 1972, la cual dio posesión solamente al reducido número de familias lacandonas y dejó sin derechos agrarios a miles de campesinos indígenas, la mayoría tzeltales, choles, y tojolabales, que se habían asentado como ejidatarios en la zona desde hacía dos décadas. Esta falta de seguridad en la tenencia de la tierra llevó a que muchos campesinos desmontaran nuevos terrenos en la selva. En 1986 la UE Quiptic logró que el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), Manuel Camacho Solís, presionara a la SRA para que se legalizara la tenencia de la tierra de los 26 ejidos. En marzo de 1987 la UE Quiptic, SRA, SEDUE, y el gobierno del estado firmaron un convenio para la conservación de la selva lacandona en el cual fueron reconocidos por primera vez los derechos agrarios de los poblados afectados (Harvey, 2000, pp. 174-76).

Sin embargo, con el nuevo gobierno de Patrocinio González Garrido hubo un cambio importante al decretar en abril de 1989 una veda que prohibía la explotación de los recursos forestales en la región. A pesar de este decreto, la veda forestal no frenó la tala de bosques en Chiapas. Ante la falta de alternativas económicas, muchos campesinos siguieron explotando los recursos maderables, lo cual fue reprimido por la fuerza pública en varias ocasiones. Veamos con deta- lle uno de los casos en la zona de Marqués de Comillas, cuya importancia rebasó el ámbito local y que una vez más demostró la debilidad de los mecanismos ins- titucionales para llegar a acuerdos concertados.

2. Efectos sociales y políticos de la veda forestal: el caso de Marqués de Comillas³

Trasladados de sus lugares de origen por la falta de tierras y por la protección institucional de los terratenientes, miles de campesinos indígenas del norte y cen- tro de Chiapas y de otros estados llegaron en la década de los ochenta a Marqués de Comillas, una región casi incomunicada en el extremo oriente de la selva lacandona en la frontera con Guatemala. Aunque recibieron tierras ejidales, no contaron con los apoyos necesarios para aprovecharlas de una manera racional y productiva (De Vos, 2002; Dichtl, 1988).

En el caso de uno de los primeros poblados de la zona, Flor de Cacao, llegaron familias de Simojovel que habían sido trasladados a otra zona de la selva

3 Las siguientes dos secciones sobre los conflictos en Marqués de Comillas se basan en el análi- sis publicado por el autor en Campo Uno, suplemento de Uno Más Uno (Harvey, 1992).

a raíz de conflictos agrarios en 1977. En 1980, debido a nuevos conflictos por la tierra provocados por el decreto que formó la Comunidad Lacandona, unas seten- ta familias fueron trasladadas por segunda vez, ahora a Marqués de Comillas. La colonización de la zona sirvió al gobierno como una válvula de escape sin tomar en cuenta los efectos que tendría sobre el medio ambiente. “Cuando el gobierno nos trajo aquí, “dice uno de los fundadores de Flor de Cacao, “nadie tenía en la mira la protección de la selva; ningún gobierno, ni a nivel mundial, lo que ahorita es la protección que le quieren dar, en aquel tiempo, no; decían que si queríamos tierras, que fuéramos a Marqués de Comillas.”

Además, la zona fue considerada de importancia geopolítica debido a los efectos de la guerra de genocidio en Guatemala. A principios de los ochenta, miles de refugiados guatemaltecos se establecieron en la zona fronteriza de Chia- pas. El gobierno de México respondió fortaleciendo su presencia en la región a través de la colonización, pero no se tomaban en cuenta las necesidades locales y problemas socioeconómicos de los pobladores una vez que estos fueran asen- tados en Marqués de Comillas.

Entre 1984 y 1987 las dependencias del gobierno promovieron la explota- ción de los recursos maderables a través de permisos otorgados a dos Uniones de Ejidos, la Julio Sabines y la Fronteriza Sur. Estas dos Uniones de Ejidos aglutina- ban a todas las comunidades de la región de Marqués de Comillas y se volvieron pieza clave en el control político y económico de la zona. Sus autoridades fueron nombradas directamente por los delegados de la SRA y no por los ejidatarios. En alianza con las empresas madereras, las autoridades impuestas para las Uniones de Ejidos ayudaron a explotar los recursos forestales. Según un representante de la UE Fronteriza Sur en esos años, “aquí las autoridades fueron como simples miradores.” Al ver que esta alianza no beneficiaba ni a las comunidades ni a la protección de la selva, surgieron protestas al interior de las comunidades. Entre 1986 y 1989, un nuevo presidente de la UE Fronteriza Sur hizo intentos para frenar la tala inmoderada, pero no contaba con el apoyo institucional necesario.

Con todo, fue la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) la que mayor destrucción causo en la zona. A partir de 1984 llegó a perforar cuatro po- zos y tenía proyectado la perforación de otros quince hasta que el levantamiento zapatista hizo que se suspendieran sus operaciones. Las obras de PEMEX impli- caron la apertura de campos, brechas y caminos para sus instalaciones. Los daños ecológicos incluyeron no solamente la deforestación, sino también la contami- nación ambiental del aire y de los ríos provocado por el impacto de los desechos tóxicos por la actividad petrolera. Tampoco PEMEX creó oportunidades de de- sarrollo regional al no emplear a los campesinos locales, sino a los trabajadores sindicalizados que trajo de otros estados del país. Aunque PEMEX sí invirtió en algunas obras de beneficio social en la zona, el impacto negativo de sus opera- ciones fue más alto.

A partir de 1987, la mayoría de los ejidos tenían permisos para explotar sus propios recursos forestales de acuerdo con los criterios establecidos por la Comi- sión Intersecretarial para la Conservación de la Selva Lacandona. Sin embargo, en abril de 1989 el gobernador González Garrido firmo un convenio con los repre- sentantes lacandones, decretando una veda sobre el aprovechamiento forestal en toda la Selva Lacandona y autorizando a la Corporación de Fomento de Chiapas (CORFO) comprar la madera que ya estaba aserrada. Del mismo modo, en abril de 1991 el gobierno federal se comprometió a conservar la Selva Lacandona al acor- dar su primer canje “Deuda por Naturaleza” con la organización norteamericana Conservation International.

Si bien se apreciaba la necesidad de conservar la selva, la forma legalista en que se quiso lograr la conservación produjo efectos contrarios. Los pobladores se quejaron de las limitadas alternativas económicas que les ofrecieron a cambio de la conservación. Como dijo uno de los miembros de la UE Fronteriza Sur, “no estamos dispuestos a conservar la selva a costa del hambre y la miseria de la gente.”

La alternativa más importante que promovió el gobierno fue la producción del hule. Su programa empezó en 1989 con la promesa de créditos para cubrir to- dos los costos de producción. El gobierno, a través del fideicomiso FIDEHULE, argumentaba que los resultados del proyecto se darían en un lapso de siete años, convenciendo a muchos que era su mejor alternativa ante los efectos de la nueva veda forestal. Sin embargo, en los hechos los créditos no cubrieron más del 30 por ciento de los costos, dejando a muchos campesinos endeudados sin haber resuelto sus necesidades económicas (entrevista del autor con representantes de la UE Fronteriza Sur, Marqués de Comillas, diciembre de 1991).

Debido a la falta de alternativas, el hule aparecía como un nuevo mono- cultivo a pesar de la falta de experiencia de los campesinos con este producto. Cabe señalar que aquellos pobladores que sí sabían del hule prefirieron no entrar al programa. De forma parecida se implementaron programas de cría de borregos y gallinas que no contaron con la necesaria asistencia técnica.

Lo más grave de estos proyectos, desde el punto de vista de la conservación de la selva, fue el hecho de que se implementaron sin el consenso de la población local. La participación que hubo se debió más a la conveniencia, el poder de propa- ganda en el caso del hule, y la falta de créditos para otras actividades. Algunas co- munidades argumentaban que sus tierras eran aptas para promover la producción y la comercialización del chile, pero el gobierno del estado no retomó sus propuestas. En estas condiciones, siguió la tala clandestina de los recursos forestales.

3. Movilización campesina en Marqués de Comillas

Como ya fue señalado, en abril de 1989 el gobernador del estado firmó con los

representantes lacandones el decreto de veda forestal para la Selva Lacandona.

Aparte de los efectos ya mencionados, los ejidos de la zona de Marqués de Comi- llas ni siquiera estaban sujetos a las autoridades de los lacandones y, por lo tanto, el decreto no debió haber sido extendido a ellos.

Según testimonios presentados al autor en diciembre de 1991 por miem- bros del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), el 6 de ju- lio de 1991 cinco tráilers acompañados de policías judiciales y de la Seguridad Pública del Estado de Chiapas llegaron a la zona de Marqués de Comillas para decomisar la madera que se encontraba al lado de los caminos entre Nuevo Chi- huahua y Nuevo Veracruz y entre Benemérito de la Américas y Pico de Oro. Esta madera era la que se había aserrada bajo permiso legal antes de 1991. Cuando los policías no les presentaron a los campesinos documentos legales que avalaban el decomiso de su madera, un grupo de ellos decidió bloquear la carretera a la altura del ejido Nuevo Chihuahua para impedir que los tráilers sacaran la madera aserrada. También detuvieron a varios de los policías que estaban acompañando la operación. Los dirigentes del MOCRI pidieron un diálogo con el gobierno del estado, pero este exigió que dejaran libres a los policías como condición para negociar con ellos. Rechazando esta respuesta, el 12 de julio unos 300 campesi- nos iniciaron una marcha-caravana hacia la Ciudad de México con el objetivo de presentar sus demandas al gobierno federal.

El 13 de julio, cuando se acercaba al aeropuerto de Palenque, la marcha fue reprimida por policías judiciales y de la Seguridad Pública con gases lacrimógenos. Siete dirigentes fueron detenidos y llevados a la Procuraduría de la Justicia del Es- tado en Tuxtla Gutiérrez. Los detenidos denunciaron el hecho de que los policías les obligaron bajo tortura a firmar declaraciones falsas que les vinculaban al narco- tráfico y los movimientos guerrilleros centroamericanos. El Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz, informó a la organización Amnistía Internacional de estos hechos, la cual presionó al gobierno federal para que orde- nara la liberación de los campesinos presos. Los presos fueron liberados el 15 de julio a cambio de la liberación de los policías detenidos en Marqués de Comillas. Dos campesinos presos no fueron liberados hasta el 11 de octubre de 1991. Para el testimonio de uno de los campesinos presos, véase “Tortura y cárcel en Chiapas, testimonio indio,” El Día, 29 de febrero de 1992, p. 10).

Aparte de denunciar la represión, el MOCRI presento varias demandas económicas y agrarias. En lo económico manifestó que era necesario realizar un estudio de suelos de la zona de Marqués de Comillas para planificar la diversifi- cación de cultivos, con pleno respeto a la ecología y las necesidades y capacida- des de la población. En este sentido, pidió que se consideraran propuestas para implementar proyectos de ganadería semi-intensiva y el aprovechamiento racio- nal de los recursos naturales. Además, exigió que se levantara la veda forestal en concertación con los campesinos organizados en proyectos productivos, y que FIDEHULE financiara el 100 por ciento de los costos de producción para evitar

el endeudamiento de los productores (Entrevista del autor con representantes del MOCRI, Marqués de Comillas, diciembre de 1991).

Este caso da cuenta de los efectos contraproducentes de la veda fores- tal en Chiapas. La respuesta legalista a un problema social y ecológico llevó a conflictos no solamente en Marqués de Comillas, sino también en otras partes del estado. Por ejemplo, en marzo de 1993 dos soldados fueron asesinados en la comunidad tzotzil de San Isidro el Ocotal, cerca de San Cristóbal de Las Casas. Según diversas fuentes, el problema que originó los asesinatos fue el posible des- cubrimiento de un aserradero ilegal en la comunidad. El Centro de Derechos Hu- manos “Fray Bartolomé de Las Casas,” encabezado por el Obispo Samuel Ruiz, denunció los asesinatos, pero también denunció abusos de los derechos humanos de trece indígenas de la comunidad que fueron detenidos por soldados y, según sus testimonios, torturados en los interrogatorios perpetrados por elementos del ejército mexicano (Guzmán y Vera, 1993; Minnesota Advocates for Human Ri- ghts, 1993). Aunque los trece indígenas fueron liberados por falta de evidencias, de nuevo un problema derivado de la falta de políticas adecuadas había llevado a la comisión de actos violentos y a conflictos políticos entre el gobierno y la Diócesis de San Cristóbal.

4. Conflictos entre el gobierno y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas se formó en marzo de 1989 bajo la dirección de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y el Obispo Samuel Ruiz García. Respondió a una realidad muy evidente du- rante los ochenta: la repetida violación de los derechos humanos de los secto- res menos protegidos, principalmente campesinos e indígenas, pero sobre todo aquellos que participaban en organizaciones independientes (Amnesty Interna- tional, 1986; Americas Watch, 1991). El “Frayba” se convirtió en el principal opositor a las acciones impunes de la fuerza pública y los caciques. Es por esta razón que el clero y el Obispo Samuel Ruiz se volvieron el blanco de constan- tes ataques y campañas de desprestigio durante el sexenio de 1998-1994. Ante el debilitamiento y represión de las organizaciones campesinas, la Diócesis se quedó como casi la única institución con suficiente fuerza para desafiar al go- bierno públicamente. El embate gubernamental llegó al extremo de encarcelar al párroco de Simojovel, Joel Padrón, el día 18 de septiembre de 1991. Su de- tención fue ordenada a raíz del conflicto agrario entre miembros de la CNC y de la CIOAC. Como ya fue mencionado, la política de compra de tierras originó nuevas tensiones entre grupos de campesinos solicitantes y, en este caso, le pro- porcionó al gobierno estatal un pretexto para atacar el trabajo diocesano. Joel Padrón había señalado su apoyo a que se reconocieran los derechos agrarios de los campesinos de la CIOAC, lo que llevó a las autoridades a acusarle de los delitos de despojo, daños, robo, amenazas y provocaciones. Sin embargo, el motivo de su detención rebasaba lo que en realidad fue una de decenas de

disputas agrarias en Simojovel. Más bien fue una respuesta a la publicación de un informe del Frayba en el cual los autores criticaron fuertemente los abusos de los derechos humanos perpetrados por la fuerza pública en Chiapas. Al re- specto, Joel Padrón señaló que existían muchos casos como el suyo, diciendo “problemas sencillos – como el mío cuando me apresaron – que pudieron re- solverse pronto, pero no se quiso.” (Correa, 1993).

El motivo político de la detención de Padrón fue más que evidente. El go- bierno presentó a Samuel Ruiz una lista de condiciones para que fuera liberado el párroco, en la cual estaban reflejadas las demandas de las asociaciones ganaderas de Simojovel. Estas condiciones incluyeron el desalojo de predios en manos de la CIOAC, el poner fin a la asesoría y apoyo que daban catequistas y sacerdotes a los campesinos en la zona, y la transferencia de Padrón a otra Diócesis fuera de Chiapas. Samuel Ruiz rechazó el condicionamiento de los derechos de Padrón y fue respaldado por una marcha de tres mil indígenas a Tuxtla Gutiérrez para exigir la liberación del párroco sin condiciones. De nuevo, las relaciones externas no faltaban, y organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Hu- manos y Amnistía Internacional denunciaron el abuso de los derechos humanos en Chiapas. Toda esta presión llevó a que el gobierno liberara a Padrón el 6 de noviembre de 1991. Sin embargo, los conflictos agrarios en la zona siguieron y de forma violenta cuando, en abril de 1992, fueron incendiadas las oficinas de la CIOAC en Simojovel por miembros del grupo opositor. (Aguilar Zinser, 1991; Gómez Cruz y Kovic, 1994, p.105; Harvey, 2000, p.184; Minnesota Advocates for Human Rights, 1992, pp. 24-27).

5. La marcha de Xi’Nich y la atención nacional

Otro ejemplo clave del descontento social en este periodo fue la Marcha por la Paz y los Derechos Humanos de los Pueblos Indios “Xi’Nich”, la cual partió de Palenque el 7 de marzo de 1992 rumbo a la Ciudad de México. La marcha surgió como respuesta a la represión sufrida por miembros de otra organización inde- pendiente, el Comité de Defensa de la Libertad Indígena (CDLI) el 28 de diciem- bre de 1991 cuando policías judiciales y de Seguridad Pública del estado arro- jaron gases lacrimógenos y desalojaron con lujo de violencia una manifestación pacífica en la plaza central de Palenque. Los miembros del CDLI, mayormente choles y tzeltales, habían solicitado al gobierno atender sus demandas para agi- lizar la inversión en programas sociales ya programados para la zona noreste del estado y dar solución al rezago agrario en la misma región. El CDLI, que también contaba con el apoyo de miembros de la Diócesis de San Cristóbal, organizó la manifestación para presionar al gobierno para que respondiera a sus demandas. La respuesta violenta por parte del gobierno activó un “hormiguero,” por ello el nombre que el CDLI le puso a su marcha a la capital de la República, Xi’Nich, que significa “hormigas” en la lengua chol.

Más de 400 indígenas de diferentes etnias y organizaciones indígenas en Chiapas participaron en la marcha, demostrando un amplio nivel de solidaridad y de diálogo que rebasaba el problema regional. Presentaron una serie de de- mandas que, a pesar de su especificidad local que les dio origen, resonaban con amplios sectores de la población en Chiapas: la solución de conflictos agrarios, la liberación de campesinos presos, y el cumplimiento de promesas del gobierno para realizar obras y servicios en las comunidades indígenas. Además, exigían que los agentes municipales en las comunidades indígenas fueran nombrados por los habitantes de las comunidades y no designados por las presidencias munici- pales, quienes controlaban el destino de los fondos y los proyectos a favor de in- tereses caciquiles. También pidieron que se juzgaran a los policías involucrados en la represión de la manifestación del CDLI en Palenque por la violación de los derechos humanos.

Durante el curso de la marcha, el Secretario de Gobernación intervino y empezó a presionar a las instituciones estatales y federales para que llegaran a acuerdos con los indígenas. Asimismo, los marchistas insistieron en que no regresarían a sus comunidades sin acuerdos firmados para la liberación de diez presos, la suspensión de cincuenta órdenes de aprehensión, respuestas a más de cien solicitudes agrarias y compromisos de inversión de fondos para diversos proyectos sociales.

A pesar de la intransigencia del gobierno estatal, la marcha se realizó en una coyuntura política relativamente favorable. En primer lugar, desde el inicio de las negociaciones para crear el TLCAN, el gobierno de Salinas se preocupaba por la imagen de México ante los Estados Unidos y Canadá en cuanto a la protección de los derechos humanos. A principios de 1992 las negociaciones entraron en un periodo difícil y el gobierno quiso evitar cualquier reporte negativo de la situación que venían denunciado los indígenas de Chiapas. En segundo lugar, el gobierno federal, con el apoyo del Departamento del Distrito Federal, había organizado para finales de abril el “Primer Encuentro Continental de la Pluralidad”. A este evento, celebrado en la Ciudad de México, fueron invitados representantes de 70 pueblos indígenas de América Latina, Estados Unidos, y Canadá. La marcha Xi’Nich iba a llegar a las afueras de la Ciudad de México precisamente en los días anteriores a la inauguración del Encuentro oficial. El gobierno quiso evitar que se mezclara la marcha con su evento, sobre todo por la presencia de muchos reporteros extran- jeros en esas fechas. Finalmente, la trágica explosión de oleoductos en un distrito residencial de Guadalajara a finales de abril provocó fuertes críticas al gobierno por su negligencia. El gobierno tuvo que preocuparse por contener una nueva crisis y, en estas circunstancias, no quiso negar soluciones a las demandas de la marcha Xi’Nich. Así fue como el 28 de abril se acordó resolver la mayoría de las solicitu- des agrarias, liberar a los diez presos, y suspender las órdenes de aprehensión. La marcha estaba a solo 20 kilómetros de la capital (Campo Uno, 1992).

El impacto de esta marcha no se debió solamente a la coyuntura política, sino también a la solidaridad y la atención nacional que recibió por parte de am- plios sectores de la población. El apoyo de un gran número de grupos religiosos y movimientos sociales ayudó a marginar la posición de las asociaciones de ga- naderos y de sus aliados en el gobierno estatal. Los ganaderos intentaron despres- tigiar la marcha, argumentando que los indígenas estaban siendo manipulados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la Iglesia Católica. Uno de los asesores principales de Xi’Nich era un jesuita, Gerónimo Hernández Gómez, quien además era presidente del Centro de Apoyo para la Defensa de los Dere- chos Indígenas (CADDI), un grupo de promotores de los derechos humanos con sede en Palenque. Los argumentos de las asociaciones ganaderas fueron rebasa- dos a medida que avanzaba la marcha y se daban a conocer las causas sociales y políticas que lo originaron.

Cabe señalar que la marcha recibió la atención de algunos sectores de la prensa nacional. Por ejemplo, La Jornada llevaba reportajes diarios del progreso de la marcha a lo largo de su caminata de mil kilómetros. En cada paradero, los marchistas repitieron sus denuncias de los abusos de los derechos humanos en Chiapas. Recibieron la solidaridad de cada poblado por donde pasaban en su ruta por Tabasco, Veracruz, Puebla, y el Estado de México. Aun el sector más con- servador de la Iglesia Católica dio su apoyo a Xi’Nich. En Puebla se organizó un gran evento de solidaridad en el cual participaron grupos religiosos, estudiantes, organizaciones campesinas e indígenas, defensores de los derechos humanos, y partidos políticos. La Asociación de Abogados de Minnesota y la Coalición Nacional Arco-Iris de los Estados Unidos también manifestaron su apoyo (La Jornada, 1992).

No cabe duda de que la marcha Xi’Nich tuvo un impacto en la conciencia nacional. Varios intelectuales y comentaristas escribieron acerca de la impor- tancia de esta marcha. Para Álvaro Cepeda Neri (1992), la marcha representaba “una lección de modernización.” Federico Reyes Heroles (1992) se refirió a “esa vergüenza nacional” para hablar de la negación de los derechos de los pueblos indígenas. Herman Bellinghausen (1992) escribió que el impacto de la marcha marcó “un nuevo comienzo” en la lucha contra la desigualdad. Finalmente, Mar- co Rascón (1992) enfatizó la determinación de los marchistas para dejar atrás el legado colonial en Chiapas.

Sin menospreciar el impacto significativo que tuvo la marcha Xi’Nich en la opinión pública, al igual que los otros casos mencionados, los acuerdos fir- mados por el gobierno con sus dirigentes no fueron cumplidos cabalmente. Los policías acusados de violar los derechos humanos no fueron investigados y los presidentes municipales siguieron imponiendo a los agentes municipales. Al ter- minar 1992 seguían pendientes treinta órdenes de aprehensión contra miembros del CDLI y no habían comenzado las obras públicas acordadas. Este desenlace de

la marcha fue percibido por el Subcomandante Marcos en su texto “Chiapas: el Sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía,” escrito a mediados en1992, como una muestra más de la hostilidad del gobierno a todos los niveles a las de- mandas legítimas de las comunidades indígenas y campesinas, escribiendo como guía a un imaginario visitante a Chiapas interesado en conocerlo por primera vez: (1994, p.57):

Bueno, llegamos al cruce, ahora a Ocosingo…¿Palenque? ¿Está usted seguro? Bueno, vamos…Sí, bonitas tierras. Ajá, finqueros. Correcto: Ganado, café, madera. Mire, ya lle- gamos a Palenque. ¿Una visita rápida a la ciudad? Bueno, ésos son hoteles, allá restau- rantes, acá la presidencia municipal, la Judicial, ése es el cuartel del ejército, y allá…

¿Qué? No, ya sé que me va a decir… no lo diga, no… ¿Cansado? Bueno paremos un poco. ¿No quiere ver las pirámides? ¿No? Bueno. ¿Xi’Nich? Ajá, una marcha indígena. Sí, hasta México. Ajá, caminando. ¿Cuánto? Mil 106 kilómetros. ¿Resultados? Recibi- eron sus peticiones. Sí, sólo eso. ¿Sigue cansado? ¿Más?

6. Una rebelión anunciada⁴

Fue en este contexto de conflictos y represión que se dieron dos acontecimientos en 1992 y 1993 que indicaban la preparación del levantamiento. Uno de ellos fue una manifestación realizada por la Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ) en San Cristóbal de Las Casas el 12 de octubre de 1992. La ANCIEZ fue la cara pública del EZLN, el cual se formó en la clandes- tinidad en las montañas de la Selva Lacandona en 1983. Durante 1992 las bases del EZLN se reunieron en varias ocasiones para discutir si iban a declarar la gue- rra. Las condiciones políticas externas habían cambiado con la caída del bloque socialista en Europa y la derrota de los movimientos armados en Centroamérica. Sin embargo, las condiciones locales en Chiapas fueron determinantes, sobre todo por los impactos negativos de la aplicación de las políticas neoliberales en el campo, el fin del reparto agrario, y la negociación del TLCAN. Parecía que el gobierno estaba cancelando el futuro bienestar de miles de campesinos indíge- nas, sobre todo los y las jóvenes que habían encontrado mejores condiciones de igualdad dentro de las filas del EZLN. El 12 de octubre de 1992, presentándo- se públicamente como ANCIEZ, los integrantes del todavía clandestino EZLN organizaron una manifestación pacífica en San Cristóbal de Las Casas, la cual sirvió como práctica para la eventual toma de la ciudad el 1º. De enero de 1994. Durante esta manifestación fue derribada la estatua de Diego de Mazariegos, el conquistador español, fundador de la Ciudad Real, y símbolo de la continuidad de la opresión neocolonial en Chiapas (García de León, 1994: 27).

Después de esta marcha, las comunidades zapatistas se volvieron a reunir y, en enero de 1993, votaron a favor de la guerra. Los próximos meses estuvieron dedicados a tareas de preparación militar y de la logística necesaria para organi- zar el alzamiento. Fue en este contexto que se dio el más significativo indicador

4 Esta sección retoma el análisis publicado en Harvey (2023b).

de la existencia de un movimiento armado en Chiapas. Los días 22 y 23 de mayo del 1993 hubo dos enfrentamientos armados entre soldados del ejército mexicano y presuntos guerrilleros en la Sierra de Corralchén, una región de difícil acceso en plena Selva Lacandona. Según fuentes militares, en estos choques resultaron muertos un subteniente del ejército mexicano y un insurgente del EZLN, además de otros dos oficiales y un zapatista que salieron heridos. Sin embargo, es posible que murieron más soldados debido al fuego cruzado entre los 1,500 soldados que llegaron a la zona (Henríquez, 2003; Jiménez Ricárdez, 1996, p.23). El ejército había descubierto este campamento del EZLN, pero, en vez de seguir enfrentan- do a los guerrilleros y aniquilarlos (como era de esperarse), el ejército se retiró por razones políticas. La explicación más convincente acerca de la toma de esta decisión fue que el presidente Salinas no quería que saliera a la luz pública el hecho de que en México había una guerrilla. Salinas quiso mostrar otra imagen al exterior, ya que su gobierno esperaba que se aprobara el TLCAN en Estados Unidos y Canadá y quiso dar la apariencia de un país estable y atractivo para la inversión extranjera. Desatar un conflicto armado a mediados del 1993, cuando la aprobación del TLCAN estaba encontrando mucha oposición en el Congreso de los Estados Unidos, hubiera sido un desastre para Salinas. Tanto el gobierno mexicano como el de los Estados Unidos, el cual estaba enterado de la existencia del EZLN gracias a sus agentes de inteligencia, prefirieron callar la existencia de una guerrilla para no entorpecer la aprobación del TLCAN en Washington, el cual fue finalmente aprobado el 20 de noviembre de 1993 (Doyle, 2003; Doyle, Coord. 2004). Por ello podemos decir que el alzamiento zapatista fue una rebe- lión anunciada, tanto por las consecuencias de la represión que vivieron muchas comunidades en sus luchas pacíficas como por la preparación guerrillera que el gobierno quiso negar hasta el último momento.

Conclusiones

Vamos a decirlo por su nombre: esta rebeldía, en las mujeres zapatistas, que había que hacer algo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, entonces, que era preguntar a todos qué íbamos a hacer. Hubo en 1992 una consulta, y pueblo por pueblo se realizaron asambleas. Se planteaba el problema. La disyuntiva era muy sencilla: si nos alzamos en armas, nos van a derrotar, pero va a llamar la atención y van a mejorar las condi- ciones de los indígenas. Si no nos alzamos en armas, vamos a sobrevivir, pero vamos a desaparecer como pueblos indios. La lógica de muerte es cuando nosotros decimos: no nos dejaron otra opción. Ahora, los que lle- vamos más tiempo aquí decimos: qué bueno que no teníamos otra opción. (Subcomandante Marcos, 2008).

El argumento central de este artículo es que podamos comprender mejor la deci- sión del EZLN de levantarse en armas si tomamos en cuenta la situación política y social que existía en Chiapas en el periodo de 1988 a 1993. En estos años el go- bierno federal intento implementar inicialmente una política de concertación que pretendía ganar una legitimidad popular después de las elecciones fraudulentas que llevaron al poder a Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, las limitaciones de la concertación agraria por su restringida aplicación y por los conflictos generados por el mismo gobernador Patrocinio González Garrido no permitieron que se so- lucionara el rezago agrario y, en muchos casos, se agudizaban los conflictos por la tierra entre campesinos y terratenientes, y entre campesinos de la confederación oficial y campesinos de organizaciones independientes.

Por otra parte, el afán del gobernador en defender los intereses de los te- rratenientes, de las asociaciones ganaderas, y grupos caciquiles locales significó que hasta funcionarios de programas e instituciones federales como el PRONA- SOL y el INI fueron detenidos o destituidos debido a su apertura hacia organiza- ciones independientes. Cabe señalar que Salinas no intervino para apoyar a sus propios funcionarios de programas federales, dejando al gobernador manejar y moldear el discurso de solidaridad y concertación para su propio beneficio.

A partir de 1991 el gobernador adopto claramente una política represiva, de cerrazón política, hacia cualquier expresión de resistencia y lucha independien- te. Ejemplos importantes de dicha política son las respuestas violentas e impunes por parte de los policías judiciales y de Seguridad Pública a las manifestaciones y marchas pacíficas de campesinos en Marqués de Comillas y Palenque, y la falta de cumplimiento de aquellos “acuerdos” concertados con agentes del gobierno federal.

En este contexto, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas se volvió el principal defensor de los derechos humanos para la población indígena y campe- sina en Chiapas. Por ello, el gobierno del estado hizo todo lo posible para atacar y desprestigiar tanto al Obispo Samuel Ruiz como a los sacerdotes y catequistas por su acompañamiento de los campesinos en sus luchas agrarias, laborales y políticas.

La decisión de los zapatistas de levantarse contra el gobierno se dio en el contexto descrito en este artículo, es decir, la evidente falta de voluntad del gobierno de atender las grandes carencias sociales y económicas de la población campesina y mayoritariamente indígena de los Altos, la zona norte, y de la Selva Lacandona. La caída del muro de Berlín y la crisis mundial del socialismo no tenían el mismo peso para los zapatistas que la situación local y nacional, la cual parecía excluyente y represiva para los pueblos indígenas y los sectores más po- bres de México. La opción que el EZLN tomó se explica, en parte, por su larga memoria de despojo y discriminación, pero también por el empeoramiento de las condiciones políticas y sociales para la población indígena en Chiapas durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Patrocinio González Garrido.

Agradecimientos

Agradezco a los editores de la Revista Antrópica por su invitación a colaborar con la entrega de este texto, a los tres dictaminadores por sus comentarios valiosos, y a Wendy Harvey por su ayuda en la corrección de estilo y por su acom- pañamiento y apoyo en la investigación de los movimientos campesinos y el zapatismo en Chiapas.

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