Introducción

Chiapas vive tiempos difíciles; siempre han sido dolorosos para la gran mayoría de la población y para muchas comunidades indígenas y campesinas, que siguen subsistiendo con las carencias más elementales. Todavía está fresca la memoria del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a pesar de haber transcurrido tres décadas desde su aparición pública. Recordemos que sus demandas fundamentales fueron: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Aunque son rei- vindicaciones básicas y atendibles en una sociedad moderna, hasta ahora, en el primer tercio del siglo XXI, constituyen una deuda pendiente.

Los grandes temas de Chiapas siguen siendo la pobreza, la marginación y el desprecio a los que menos tienen, lo que ha creado un caldo de cultivo para la generación de violencias. Muchas comunidades de las regiones de Los Altos, Meseta Comiteca Tojolabal (antes Fronteriza), Selva Lacandona y Sierra Maris- cal (antes Sierra), han venido registrando conflictos y desplazamientos forzados de población. Además, a la violencia política se ha sumado la violencia criminal en varios puntos de la geografía chiapaneca.

Lo nuevo es que la conflictividad y el desplazamiento se han normalizado en Chiapas, tanto, que en 2017 y 2018 se ha colocado entre las tres entidades con mayor número de personas desplazadas, junto con Guerrero y Sinaloa (Pérez, Barbosa y Cabada, 2018, p. 18.). En 2016 el estado registró 1 117 personas des-

plazadas, en 2017 el número incrementó a 6 090 y en 2018 bajó a 5 035, mientras que en 2021 la entidad ocupó el segundo lugar, después de Michoacán, con 7 117 personas desplazadas: “Juntos, Michoacán, Chiapas y Zacatecas concentraban el 85% de las personas desplazadas en los episodios de desplazamiento masivo” (Pérez, Barbosa y Cabada, 2022, p. 65).

Los desplazamientos forzados constituyen un indicador del nivel de vio- lencia existente en un territorio. Los desplazamientos han ocurrido como conse- cuencia de la violencia generada por grupos armados organizados, y buena parte de estos se han concentrado en los municipios más pobres de la entidad chiapa- neca: Chenalhó, Aldama, Chalchihuitán, Pantelhó, Ocosingo y Altamirano. No hay comida, pero hay grupos armados. Los desplazamientos más recientes se ubican en la Sierra Mariscal, sobre todo en los municipios de Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera y Chicomuselo, como resultado del enfrentamiento entre grupos criminales.

En una marcha multitudinaria de alrededor de 10 000 personas, realizada en Chicomuselo en octubre de 2023, se indicó la existencia de enfrentamientos, desapariciones, despojos, extorsiones y reclutamiento forzado. “Denunciaron que la violencia se agravó desde hace más de dos años por la disputa del territo-

rio, cuando el Cártel de Sinaloa se dividió y un grupo se integró al cártel Jalisco Nueva Generación” (Redacción Animal Político, 12 de octubre, 2023).

De acuerdo con cifras recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2023), 1.6 millones de personas en Chiapas padecen hambre. Los niveles de pobreza son apabullantes pues, a pesar de la disminución registrada entre 2020 y 2022, la cifra es de 3.8 millones, es decir, 67.4 por ciento de la población se encuentra en condición de pobreza, mientras en el país el promedio es de 36.3 por ciento, es decir, cerca de la mitad de la cantidad que se registra en Chiapas. La entidad contribuye con el 8.2 por ciento de los pobres del país y con 17.6 por ciento de los pobres extremos.

Según la misma fuente, entre 2020 y 2022 hubo una reducción de 9 por ciento con respecto a las cantidades indicadas, sin embargo, no es para vanaglo- riarse, sino motivo de preocupación. ¿Qué es lo que se proyecta hacia el futuro ante una realidad como la que reflejan las cifras oficiales? Nos encontramos a pocos meses de la conclusión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con un proceso preelectoral avanzado y complejo en el que se definirá el futuro de los aspirantes para el relevo presidencial, el poder legislativo federal y los gobernadores de los estados. En este periodo de definiciones políticas algu- nos sectores de la población se preguntan sobre el rumbo que tomarán sus vidas, sus empleos, su familia, el porvenir de sus hijos.

En el marco indicado, el propósito de este artículo es hacer un breve re- cuento de los acontecimientos más importantes ocurridos en Chiapas a tres dé- cadas del levantamiento zapatista, con énfasis en el presente. Esta entidad fede- rativa tiene una historia particular, una composición social, étnica y geográfica que lo hace singular, y su condición de frontera, como bisagra que conecta con Centroamérica, lo convierte en un territorio de interés geopolítico.

Este artículo se estructura en tres secciones y unas reflexiones finales que en conjunto dan cuenta de los grandes y graves problemas que ha enfrentado la mayoría de la población chiapaneca durante los sucesivos gobiernos que, en el mejor de los casos, han tratado de administrar la crisis.

En la primera sección se analizan las tensiones entre la realidad de la vida material y la presencia de organizaciones políticas, cuya plataforma de acción consiste en cambiar las condiciones sociales en las que vive la gente del campo, y se revisan los contrastes socioeconómicos, en los que se conjuga el presente con el pasado, y que dan como resultado una sociedad profundamente abigarra- da. En la segunda se analizan los temas de la persistente pobreza y de la pobreza laboral como rasgos distintivos del atraso secular en el que han vivido millones de chiapanecos. En la tercera sección se hace un breve recuento, en el que se in- dica que todo se movió para quedar en el mismo lugar, lo que ofrece un balance

negativo para la población históricamente desposeída. Termina el artículo con unas reflexiones sobre la situación de Chiapas, principalmente sobre los rezagos sociales y la violencia criminal.

Tribulaciones de un estado periférico

Chiapas fue y sigue siendo tierra de plantaciones agrícolas, de ranchos ganade- ros, de producción de maíz y café, caña y frutas tropicales. Tierra de campesinos e indígenas, de injusticias sociales, de una reforma agraria tardía. Es un estado con población predominantemente joven¹ sin muchas expectativas, un territorio de jornaleros que trabajaron por décadas en las fincas cafetaleras del Soconusco y de la zona norte, cuyos hijos y nietos ahora trabajan en la economía informal o han migrado a Estados Unidos.

La entidad chiapaneca es un territorio de grandes paradojas; parafrasean- do a Thomas Benjamin (1995), es tierra rica con pueblo pobre. Cuando irrumpió el EZLN, el 1 de enero de 1994, todavía se encontraban grandes propiedades agrarias y ranchos ganaderos, muchos de los cuales fueron invadidos por el mo- vimiento social y aún ahora son objeto de disputa entre organizaciones.

La mitad de la década de los setenta del siglo XX marcó un punto de inflexión en la historia de Chiapas, pues entonces se identificaron las profundas injusticias sociales. La diócesis de San Cristóbal de Las Casas, liderada por el obispo Samuel Ruiz, organizó el Congreso Indígena en 1974, donde se hicie- ron denuncias y se revisaron los temas más acuciantes, todo lo cual sirvió como guía para las luchas sociales. Por otra parte, se hicieron presentes las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) en la selva Lacandona, donde se registró un enfren- tamiento “con el ejército en Ocosingo el 17 de febrero de 1974” (Sagasti et al., 2016). Este grupo se había formado en 1969 y tenía instalado “un foco guerrillero cerca de Tenosique en los linderos de Chiapas y Tabasco” (Harvey, 2015, p. 19).

Otro actor relevante en la historia de Chiapas fue la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), que desde su fundación en 1963 se propuso luchar por la tierra, el agua, el crédito y la defensa de los trabajadores agrí- colas. Aunque la presencia territorial de esta organización en el estado no es muy precisa, en una de sus zonas (Simojovel, Huitiupán, Sabanilla) empezó la rebelión contra los finqueros y el sistema de fincas “a finales de la década de 1970” (Toledo, 2002, p. 200) —José Rodríguez, miembro de esta organización campesina, refirió “que ellos habían llegado en 1973” (Toledo, 2002, p. 201)—. De cualquier forma, la presencia de la CIOAC, junto con el trabajo pastoral de la diócesis, fue gene-

1 De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2022), el 57.5 por ciento de la población del estado en 2020 era menor a 30 años, lo que significa un reto fenomenal en términos de demandas sociales y laborales de cara al próximo sexenio.

rando procesos de subjetivación, a tal grado que el movimiento campesino cobró

fuerza y terminó con el sistema de fincas en la zona de Simojovel.

Muchas historias se han tejido en el estado más austral de México; una de ellas, quizá la más importante y de mayor duración, fue la lucha agraria, que luego se extendió a los precios de los productos agrícolas, en la que destaca el movimiento de los maiceros de la zona de la Frailesca.² La acumulación de con- tradicciones de una sociedad local, con el peso del tiempo histórico, llevó justo al levantamiento del EZLN. Entonces, muchas voces lanzaron las campanas al aire, pues por fin la revuelta cambiaría el rumbo de la historia, como lo señaló la revis- ta América Indígena en su sección editorial titulada “Las lecciones de Chiapas”:

Los indígenas han dejado de ser minorías remotas y pasivas, y son ahora un sector cen- tral y muy dinámico que pugna por sus reivindicaciones históricas específicas, al mismo tiempo que se interesa por el presente y el futuro del conjunto de la sociedad en que vi- ven, en la cual quieren verse, junto a los demás sectores, iguales en deberes y derechos, pero étnicamente distintos (Instituto Indigenista Interamericano, 1994, p. 5).

En la editorial de la revista referida se enumeran las enseñanzas de la rebelión

zapatista, y en una parte del texto se refiere lo siguiente:

La otra lección de Chiapas, tal vez la más valiosa y universal, es que la pobreza y la marginación, que han sido los signos distintivos de la condición de indígena en América por más de 500 años, no tienen más lugar en sociedades que aspiran a la modernidad, a la justicia y el pleno desarrollo. No hay que olvidar que la zona del alzamiento, el Estado de Chiapas, es la de mayor densidad indígena en México y, por coincidencia que no es casual, es también de las más deprimidas y pobres de todo el país (Instituto Indigenista Interamericano, 1994, p. 6).

Existen muchas referencias sobre los momentos más álgidos del conflicto que, partiendo de la izquierda y de muchas organizaciones sociales, anunciaban gran- des expectativas. Sin embargo, con el transcurrir de los años los ánimos se hicie- ron menos optimistas, para entrar en el terreno de la incertidumbre y el escepti- cismo. Los Acuerdos de San Andrés, que fueron el resultado sólo de una parte de la serie de mesas esperadas, no llegaron a ser aprobados por el Congreso Federal. En 1999 el gobierno de Chiapas se adelantó y promulgó la Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas, que en su artículo 5º reconoce

[…] el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas chiapanecos, en toda su amplitud política, económica, social y cultural, for- taleciendo la soberanía, la democracia y los tres niveles de gobierno, en el marco de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del estado (Perió- dico Oficial, 29 de julio, 1999).

Sin embargo, el contenido de la ley local no se corresponde con los preceptos del artículo 5º ni con los del resto de los artículos, y tampoco refleja una correspon- dencia con los contenidos de los Acuerdos de San Andrés en términos de su espí-

2 Sobre el tema véase el trabajo de Castillo (1988).

ritu y profundidad. El distanciamiento entre el EZLN y el gobierno federal elevó las tensiones; este último se dedicó a dividir a las comunidades mediante una serie de estrategias, entre ellas la cooptación de organizaciones que antes sim- patizaban con el movimiento del EZLN, o la entrega de diversos artículos a las comunidades que simpatizaban con el zapatismo. Las organizaciones indígenas y campesinas agrupadas en torno al Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas (CEOIC) se divorciaron de las causas del zapatismo, y sólo quedó en la memoria aquel histórico comunicado de su comandancia:

Que hablen ahora nuestros hermanos que andan otros caminos para llevar nuestro dolor a nuevos soles. Que hable la voz de nuestros hermanos del CEOIC, que digan su palabra los indígenas todos de estas tierras, que no calle el campesino pobre, que grite el obrero en las ciudades, que este canto guerrero no olvide la voz de maestros y estudiantes, de los empleados y de los pequeños en todos los sentidos (CCRI-CG, 15 de marzo, 1994).

La Marcha del Color de la Tierra, junto con la realización del Tercer Congreso Nacional indígena y la participación del EZLN en el Congreso de la Unión en 2001, marcaron un punto de inflexión. Pese a las presiones, el Congreso de la Unión no aprobó la Ley Cocopa, que sintetizaba los Acuerdos de San Andrés, y en su lugar se decretó una reforma indígena, más conocida como la Ley Bartle- tt-Fernández de Cevallos, que relegó la autonomía. El intelectual Roger Bartra, que hoy es un férreo crítico del obradorismo, desaprobó al EZLN y la Ley Co- copa, a la que se refirió en los siguientes términos: “por donde quiera que se le mire, es cualquier cosa, menos revolucionaria” (Bartra, 2001, p. 109, citado en Villafuerte, 2007, p. 71). La tildó de conservadora:

Podemos advertir los peligros de este conservadurismo para la propia población in- dígena: exclusión de los partidos políticos y de instituciones nuevas que contengan semillas de cambio, confusión de funciones políticas y eclesiásticas católicas, mar- ginación de jóvenes, mujeres y disidentes de la práctica cotidiana de una democracia directa ejercida en asambleas, transformación del disfrute colectivo de los recursos naturales en usufructo corporativo de rentas y royalties cobrados a compañías pri- vadas, y otras amenazas que serían largo de enumerar (Bartra, 2001:109, citado en Villafuerte, 2007, p. 72).

A partir de estas consideraciones nos hacemos las siguientes preguntas: ¿en qué claves leer la realidad de Chiapas?, ¿cuáles son los hilos que permiten entender una complejidad en la que muchos procesos están desfasados de la historia del país? En esta entidad federativa resulta muy difícil pensar y definir la democracia como “construcción y producción de igualdad” (Tapia, 2009, p. 15). Asimismo, algunos conceptos que en el presente ocupan un lugar central en las ciencias so- ciales, como democracia, igualdad, prosperidad y desarrollo, no encuentran una base consistente en Chiapas. Aquí es notoria la ausencia de estos principios ele- mentales, incluso hasta en procesos básicos como la nominación de candidatos a elección popular, que son definidos desde el centro del país, de manera que se podría decir que las desigualdades son prácticas que no contribuyen ni al fortale- cimiento de la democracia ni a la formación de ciudadanía.

El desvanecimiento de los anhelos neozapatistas

Han pasado tres décadas desde el histórico levantamiento del EZLN y muchos de los problemas básicos de entonces se mantienen, en particular la pobreza y el hambre, pero también los relacionados con el trabajo y la salud. Junto con la pobreza y la falta de opciones de empleo se encuentra la migración a Estados Unidos, cuya relevancia se observa en el lugar que ocupa Chiapas en el conjunto de los estados que reciben remesas. Asimismo, el problema de la violencia que se había registrado en varias comunidades por la acción de grupos paramilitares, ahora ha escalado hacia la violencia criminal en varias regiones, lo que ha gene- rado desplazamientos de población.

La persistencia de la pobreza

Parece que el tiempo se ha detenido en Chiapas, y por más que se agiten las aguas, el estado permanece en el mismo lugar. Los indicadores económicos y sociales básicos se han mantenido estacionados en el tiempo, lo que es una paradoja si se toma en cuenta la existencia de vastos recursos naturales que posibilitarían mejorar la calidad de vida de la población. El proceso de desruralización ha sido lento. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2022), el 51 por cien- to de la población del estado es rural, frente al 21 por ciento en el ámbito nacional; 20 951 localidades son rurales, mientras sólo 206 son urbanas, escasamente el uno por ciento. La ruralidad no necesariamente es una marca de atraso, sin embargo, por las características estructurales de Chiapas la condición rural sí representa un obstáculo para el mejoramiento de la vida de la población, sobre todo del sector campesino e indígena que vive en condiciones de extrema precariedad.

Cuadro 1. Chiapas. Medición de la pobreza 2008-2020

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL (2019 y 2021).

Como se observa en el cuadro 1, en 2008 el porcentaje de población en condiciones de pobreza fue de 77 por ciento, y en 2020 se situó en 75.5 por ciento, 1.5 pun-

tos porcentuales menos con respecto al primer año. Esto significa que en 12 años apenas se registró una reducción de 1.5 puntos. Sin embargo, en cifras absolutas se observó un incremento de 535 000 personas, lo que supone un aumento de 14.5 por ciento en el mismo periodo. De esta manera, el número de pobres no sólo se ha mantenido, sino que ha crecido; así, Chiapas se mantiene como la principal fábrica de pobres del país.

En el mismo cuadro se observa una reducción de 9.7 puntos porcentuales de población en condiciones de pobreza extrema. Aunque parece un enorme logro, es impresionante observar que este segmento de la población alcanza poco más de

1.6 millones de personas; además, las 228 000 que dejaron de estar en situación de pobreza extrema pasaron a engrosar las filas de la pobreza moderada. La masa de “descamisados” que conforman los pobres extremos pesa sobre la clase política, que reproduce en cada ciclo sexenal. Frente al desengaño, miles de chiapanecos po- bres o empobrecidos han emigrado a diversas ciudades del país y a Estados Unidos.

En la actualización de las cifras pospandemia del CONEVAL no es sor- presa ver que los estados con mayor pobreza en 2022 eran Chiapas, Guerrero y Oaxaca, dato que refleja una realidad estructural relacionada con las condicio- nes históricas, sociales y económicas de estas entidades. Le siguen tres estados: Puebla con 54 por ciento, muy cerca de Oaxaca; Tlaxcala con 52.5 por ciento, y Veracruz, cuyo nivel de pobreza multidimensional se ubicó en 51.7 por ciento.

En seis años (2016-2022) se produjo una reducción en la cantidad absoluta de pobres en Chiapas, que pasó en números redondos de 4 millones a 3.8 millones, esto es, 198 000 personas menos. No obstante, el número sigue siendo muy alto, pues representa 67.4 por ciento con respecto a la población total estimada para el año 2022, que en números absolutos rondaba los 5.6 millones de habitantes.

Cuadro 2. Medición de la pobreza multidimensional, indicadores seleccionados. Porcentajes

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL (2023).

En estos seis años llama mucho la atención el dato de la pobreza extrema por- que, como una terca realidad, se mantiene, e incluso es mayor en términos de la cantidad absoluta de personas con respecto al año 2016. Que 1.6 millones de personas se encuentren en la miseria, o sea, 28 por ciento de la población, no es cosa menor y obliga a una reflexión profunda sobre su existencia en un estado donde abundan los recursos naturales. El dato por lo menos muestra el desorden del sistema, lejos de la idea de una historia de progreso que implica “crecimiento inexorable, niveles de vida cada vez más altos, productividad en aumento y mejoras continuas en la salud, el bienestar personal y el bienestar social” (Shaikh, 2022, p. 53). Como se observa en el cuadro 2, sólo el 8 por ciento de la población chiapaneca es beneficiaria del progreso, pues se encuen- tra en condición de no pobre y no vulnerable.

A la par de la pobreza de la población se registran carencias sociales que, aun cuando han experimentado una disminución relativa, mantienen al estado en uno de los tres primeros lugares en el conjunto de las entidades del país. Son particularmente notorias las carencias en cuanto a acceso a servicios de salud, rezago educativo e infraestructura sanitaria, en particular la carencia de drenaje en las viviendas. Por ejemplo, en 2020 casi 30 por ciento de la po- blación no tenía acceso a los servicios de salud, más de 31 por ciento presenta- ba rezago educativo, 22 por ciento de las viviendas registraban hacinamiento y 15 por ciento no contaban con drenaje (CONEVAL, 2021). En lo que respecta a alimentación, las cifras de 2018 son alarmantes, pues el total de población en situación de inseguridad alimentaria fue de 2 850 000 personas, de las cuales 1 630 000 presentaban una condición leve, 796 000 moderada y 424 000 severa (CONEVAL, 2020, p. 50). Por lo anterior, no es casual que el programa Cruza- da Nacional contra el Hambre comenzara en Chiapas.

En 2022 cuatro indicadores llamaron la atención: el rezago educativo, que se mantuvo por arriba del 30 por ciento; la falta de acceso a servicios de salud, que casi se duplicó al pasar de 37.1 a 66.1; la carencia de acceso a segu- ridad social, que también se mantuvo, con 77.9 por ciento; y la población en situación de pobreza por debajo de la línea de pobreza, con 70 por ciento. Estos datos reflejan que hubo una leve mejora, pero no dejan de ser alarmantes. El conjunto de los cuatro indicadores constituye una radiografía de la injusticia y la privación social, y también muestra que las demandas básicas planteadas por el EZLN el 1 de enero de 1994 no se cumplieron. Llama mucho la atención, por ejemplo, que 3.7 millones de chiapanecos carezcan de acceso a servicios de salud y que 4.4 millones no cuenten con seguridad social; asimismo, la pensión universal para adultos mayores de 65 años que se instauró durante el gobierno de la 4T no cubre lo que debe ser la seguridad social.

Cuadro 3. Medición de la pobreza multidimensional, indicadores seleccionados. Miles de personas

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL (2023).

La pobreza laboral

En correspondencia con los niveles de pobreza de la gente, exasperada en las loca- lidades rurales donde vive población indígena y campesina, se observa la pobreza laboral, la cual presenta niveles que rebasan con mucho el promedio nacional.

Cuadro 4. Porcentaje de la población en pobreza laboral al IV trimestre de cada año

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL (2023). *Primer trimestre.

El registro de casi dos décadas sobre la pobreza laboral en Chiapas muestra una realidad compleja en el marco de un país que ha estado cambiando. México cuenta con una de las economías más abiertas del mundo, y sostiene una fuerte relación con la economía más poderosa, Estados Unidos. Durante el gobierno de la 4T se llevó a cabo una reforma laboral y se incrementaron los salarios mí- nimos a partir del Tratado de Libre Comercio, ahora rebautizado como T-MEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá), sin embargo, las condiciones de pobreza laboral permanecen. La información presentada por el CONEVAL (véase cuadro 4) revela que casi el 70 por ciento de la población laboral chia- paneca se ha mantenido a lo largo de 18 años con un ingreso que no le permite cubrir la canasta básica.

En 2005, el porcentaje de población en pobreza laboral promediaba 69.5 por ciento, y 18 años después, en 2022, fue de 68.8 por ciento. Como se puede apreciar en el cuadro 4, las cifras fueron más altas en el periodo 2013-2018, jus- to durante las administraciones del presidente Enrique Peña Nieto en el país y del gobernador Manuel Velasco Coello en Chiapas, cuando se registraron cifras superiores al 70 por ciento. La potencia de este indicador es que devela un nivel muy alto de vulnerabilidad de la población trabajadora de Chiapas, pues el ingre- so no alcanza a cubrir los gastos de comida, mucho menos de educación y salud, que son las necesidades básicas que todo país que se precie de ser democrático debe cubrir con suficiencia.

La diferencia del indicador con el promedio nacional fluctúa entre 89 y 79 por ciento, una diferencia abismal que coloca a Chiapas en el primer lugar de las entidades federativas en materia de precariedad laboral. Este indicador se correlaciona con los de pobreza general y de pobreza extrema, cuyos datos tampoco han variado durante los últimos años en las mediciones realizadas por el CONEVAL. Esto explica, en parte, la propensión a emigrar a otras entidades de la República y a Estados Unidos.

La migración como expresión de la crisis

La migración de personas chiapanecas a Estados Unidos comenzó a tener visi- bilidad a partir de 1990, en el marco de la baja de los precios agrícolas, parti- cularmente con la gran crisis de los precios internacionales del café, el levanta- miento del EZLN y el cambio en la política agrícola y agraria. A tres décadas de la rebelión neozapatista, la migración internacional se ha consolidado, lo que se refleja en las enormes sumas procedentes de remesas familiares. La migración se constituyó en una opción para miles de productores y campesinos endeuda- dos y empobrecidos y para la población urbana sin posibilidades de conseguir un empleo. Chiapas se convirtió en tierra de migrantes, y con la emigración se cumplió la idea de Gunnar Myrdal sobre la “causación circular acumulativa”,

pues una vez iniciada tendió a convertirse en un proceso acumulativo y con mayor velocidad.

Un indicador de la importancia de este fenómeno son las remesas familia- res, pues la entidad ha pasado a ocupar el cuarto lugar nacional en cuanto a can- tidades recibidas por este medio, después de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, muy a la par con el Estado de México. En 2020, el Banco de México contabilizó 1 042.8 millones de dólares en remesas; en 2021 la cifra experimentó un incre- mento de 81.5 por ciento, para colocarse en 1 893 millones; y en 2022 aumentó en 66.5 por ciento, con lo que alcanzó la cifra histórica de 3 152.2 millones de dólares. Hasta el tercer trimestre de 2023 la cifra superó los 3 200 millones de dó- lares, lo que representa un incremento de 46.7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, pues fue mayor en 94 millones de dólares a la cifra al- canzada en 2022 (Banco de México, 2023). Para tener un punto de comparación, la cifra de remesas de 2022 fue equivalente al 60 por ciento del presupuesto de egresos de Chiapas en el mismo año.

Mientras en los años noventa Chiapas ocupaba los últimos lugares en captación de remesas, actualmente se sitúa en el cuarto lugar, superando a enti- dades que históricamente han sido importantes como Puebla y Oaxaca, e incluso Guerrero. También llama la atención la importancia que han adquirido dos mu- nicipios chiapanecos:

En el primer semestre de 2023, San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, ya se posiciona como el municipio que más recibe remesas en el país, con 420 millones de dólares (md). Ya ha desplazado a Tijuana, en Baja California, a la segunda posición, con un flujo de 386 md. Le siguen en relevancia otros municipios en el país que son impor- tantes centros urbanos como Guadalajara (330 md), León (305 md), Morelia (304 md), Puebla (282 md), Aguascalientes (282 md) y Monterrey (278 md). Después de estas importantes urbes, aparece otro municipio de Chiapas en la novena posición: Comitán de Domínguez (241 md) (Li, 2023, p. 4).

San Cristóbal de Las Casas captó 20.4 por ciento de las remesas de Chiapas en el primer semestre de 2023, y Comitán 11.7 por ciento, por lo que estos dos munici- pios captaron 32.2 por ciento del total de remesas que llegaron a la entidad. Cabe destacar que San Cristóbal es el mayor centro urbano de la región Altos de Chia- pas, donde predomina la población indígena. A esta ciudad concurren habitantes de toda la región, principalmente de los municipios cercanos como San Juan Chamula, Zinacantán, Tenejapa, Amatenango del Valle, Teopisca, San Andrés Larrainzar y Oxchuc. En ella se encuentran los principales bancos, a los que la gente concurre para cobrar remesas y diversos apoyos de los programas sociales del gobierno federal. Aun con todo, no deja de generar interrogantes el por qué San Cristóbal y Comitán concentran la captación de tal cantidad de remesas.

De cualquier manera, lo relevante es que Chiapas hoy se posiciona en uno de los primeros lugares entre las entidades que reciben remesas. Esta carac-

terística es propia de los estados que no tienen capacidad de brindar condiciones laborales y otras oportunidades para su población, especialmente para los jóve- nes del medio rural. El sector agrícola, que desde el credo neoliberal vendría a dar libertad y a generar progreso, ha sido abandonado a la dictadura del mercado y está en crisis. La prédica neoliberal durante cuatro décadas ha concentrado el ingreso de manera brutal, lo que ha producido más pobres, ha precarizado el trabajo y ha generado más expulsiones; basta ver el crecimiento de la migración internacional y de los desplazamientos forzados en todas partes del mundo, y Chiapas no es la excepción.

La sentencia de Lampedusa: todo se movió para quedar en el mismo lugar

A tres décadas del levantamiento neozapatista el balance para los sectores ma- yoritarios de la población es negativo. La ausencia de justicia y de satisfactores básicos, como la comida, es un caldo de cultivo para la penetración del crimen organizado en las comunidades y entre sus jóvenes, que quedan expuestos frente a la falta de opciones y la pérdida de sentido en un mundo incierto. En este es- cenario tendencial las opciones no son muchas: entrar a la economía informal, enlistarse en las filas del crimen organizado o formar parte del flujo migratorio.

En las economías precarias, en condiciones sociales altamente vulnera- bles, se facilita la penetración del crimen organizado. Por ejemplo, lo que ocurrió en Chilpancingo, Guerrero, es una muestra de lo que sucede en varias entida- des del país, incluido Chiapas. Todo comenzó con la detención de dos personas, identificadas como líderes de la organización criminal Los Ardillos, el 8 de julio de 2023, lo que desató la violencia en Tixtla, Guerrero, con saldos rojos; dos días después fue bloqueada la autopista del Sol por un grupo de al menos 3 000 personas. Ante contextos como este, Zepeda Paterson asegura que los “cárteles también viven su Cuarta Transformación”, en alusión a que el gobierno ha des- cuidado la seguridad desde abajo.

En términos estrictos, no se trata de un descuido del gobierno de la 4T, pues el gobierno ha respondido con programas sociales. En el medio rural desta- ca el programa Sembrando Vida, que es una estrategia dirigida a los campesinos, sobre todo a los jóvenes, y también otros programas de apoyo a la juventud, como Jóvenes Construyendo el Futuro, becas para estudiantes, etc.

El problema radica, por un lado, en que los recursos otorgados a través de los programas sociales de la 4T son insuficientes para competir con lo que ofre- cen las organizaciones delincuenciales, además de que éstas ejercen coerción, de tal modo que se van creando formas de comportamiento entre la población que participa en los grupos delincuenciales, mediante recursos como el otorgamiento

de dinero fácil y abundante o el pago sin trámites. A propósito del evento de Gue- rrero, Zepeda Paterson considera que

[…] ahora estamos viviendo una especie de cuarta transformación, por la presencia de dos nuevos rasgos: un énfasis geográfico adicional al extenderse al sureste atrasado, y una modalidad política que no habíamos visto al vincularse a movimientos sociales de carácter tradicional. Por lo que toca al primero, la omnipresencia de cárteles y bandas en Chiapas, Guerrero, Puebla o Michoacán, particularmente en las zonas campesinas, antes ignoradas por el narco salvo en las montañas propicias para el cultivo de amapola y mariguana (Zepeda, 13 de julio, 2023, cursivas añadidas).

Lo que se descubre recientemente en Chiapas, a propósito de la bienvenida que varios pobladores brindaron a un convoy del cártel Jalisco Nueva Generación que ingresó al poblado de Chamic, en el municipio de Frontera Comalapa, fun- damenta la idea de Zepeda sobre el vínculo entre las necesidades de la pobla- ción y el crimen organizado. En este sentido dice: “su supervivencia deriva de las derramas directamente vinculadas a las actividades de las bandas. Segura- mente una mezcla de temor, de conveniencia y de ausencia de oportunidades” (Zepeda, 13 de julio, 2023).

En efecto, la falta de oportunidades y la persistencia de la pobreza, con- vertida esta última en una enfermedad que corroe a las familias y que se repro- duce en espiral porque no se atienden sus causas profundas, constituyen el fer- mento de las violencias. Hasta ahora no se visibiliza un cambio que comience a generar condiciones para un mayor acceso a empleo decente y a un salario digno. A pesar de que el gobierno de la 4T ha incrementado el salario mínimo, esto no se refleja en las condiciones de vida de la población, y tal situación conduce a la construcción de un estado social vulnerable y expuesto a la violencia de las organizaciones criminales. Mantener a la población chiapaneca en condiciones de pobreza, en un alto porcentaje con bajos niveles de escolaridad o analfabetas, inhibe procesos emancipatorios. Esto parece una paradoja, pues desde la teoría crítica se piensa que las condiciones materiales ayudan a crear conciencia de la realidad en la que se vive, no obstante, es importante considerar otros factores que contribuyen a la alienación de las masas.

Chiapas fue durante muchos años un laboratorio social y político donde se ensayaron numerosas iniciativas, desde algunas de carácter político-religio- so —como las prácticas del Instituto Lingüístico de Verano, cuya presencia en Chiapas data de los años 40 del siglo XX—, hasta la intervención de organismos internacionales —por ejemplo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que impulsaron la ganadería bovina, y organizaciones ambientalis- tas como The Nature Conservancy (TNC)—, así como la implementación de programas gubernamentales —como el llamado Solidaridad, impulsado por el presidente Salinas, o la Cruzada Nacional contra el Hambre, con Peña Nieto— y la aparición del EZLN. Asimismo, la lista de organizaciones que han tenido pre- sencia en la entidad es muy extensa.

Instituciones de educación superior nacionales, entre otras la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolita- na (UAM) y la Universidad Autónoma Chapingo, y extranjeras como las univer- sidades de Harvard y Chicago, han tenido presencia en Chiapas con el interés de contribuir a esclarecer los fenómenos sociales y antropológicos del estado. Espe- cial atención destinaron a la cuestión étnica, a los movimientos sociales y a la pre- sencia de Iglesias protestantes. También ha desfilado una cantidad indeterminada de organizaciones no gubernamentales, sobre todo en los tiempos turbulentos del zapatismo. Otras organizaciones sociales históricas que han tenido y tienen pre- sencia en el campo son: la CIOAC, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), la Confederación Nacional Campesina (CNC), Otros Mundos, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) o la Casa del Pueblo.

No obstante, la nutrida presencia de organizaciones en Chiapas no se ha visto reflejada en movimientos sociales robustos que se traduzcan en cambios de la realidad, quizá por su carácter fragmentario. Fuera del EZLN, que durante tres décadas ha persistido en sus luchas por cambiar el orden de cosas, otras han des- aparecido o se han desmembrado. Por ejemplo, una de las organizaciones impul- sadas desde el magisterio fue Solidaridad Campesino-Magisterial (Socama), que poco después resultó ser “incubadora de varias bandas armadas” (La Jornada, 10 de febrero, 2005). Esta agrupación

se convirtió, a raíz del levantamiento zapatista, en una de las organizaciones rurales más influyentes en Chiapas. Formada por profesores que en su mayoría pertenecen a la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y por grupos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), ha sido una de las centrales más fa- vorecidas con recursos gubernamentales desde 1994 (La Jornada, 10 de febrero, 2005).

El movimiento magisterial, que en determinadas épocas mantuvo fuertes posicio- nes, se quedó atrapado en sus demandas específicas; en unos momentos los maes- tros se movilizaron en contra de las reformas en materia educativa impulsadas por el gobierno de Peña Nieto, y en otros por el incremento de salarios, el pago de bonos, etc. Algunos actos de protesta, como los que ocurren frecuentemente en el municipio de Venustiano Carranza, están centrados en la disputa por la tierra. Otras organizaciones, como el Frente de Lucha por el Socialismo, ha trabajado por la re- ducción de los precios de la luz eléctrica y para reivindicar los derechos humanos, y existen a su vez organizaciones que se enfocan en la defensa de los migrantes.

Se trata, pues, de una fragmentación de organizaciones y demandas en la que no existe un eje de convergencia hacia la emancipación. Es comprensible que esto ocurra en el contexto de una realidad de precariedad extrema, donde lo prioritario es procurar la sobrevivencia. En estas condiciones, es posible es- perar un escenario de estallido social de mayor magnitud que el de 1994; otro escenario es el tendencial, de descomposición y ruptura del tejido social de

mayor calado que llegue a la anomia social, es decir, una especie de “pérdida de control social, desintegración del lazo social o esquemas básicos de convi- vencia” (Osorni, 2008, p. 41).

El panorama es sombrío, pues la tendencia se encamina a la profundi- zación de escenarios de violencia. El estado no está actuando en las bases, que es donde se gesta el germen de la violencia: en la comunidad, en el municipio, en la colonia, en el barrio. Las autoridades locales tienen una enorme respon- sabilidad, pero muchas veces responden a intereses ajenos a las comunidades que dicen representar. El descontento en relación con las autoridades munici- pales ha ido creciendo, y los ejemplos abundan: Frontera Comalapa, Teopisca, Oxchuc, Pantelhó, Tila, Altamirano. Como refiere Cruz (2005, p. 9) “no hay ley de la historia que asegure al progreso: […] en cualquier momento podemos regresar a la barbarie”.

Es revelador que sólo en Chiapas ocurra una combinación de violencias: violencia por grupos armados organizados y política, conflictividad social y con- flictos territoriales, lo que muestra la complejidad y singularidad del estado, que ha entrado en una situación peligrosa. Dos hechos son indicadores de una socie- dad local violenta que está avanzando por la senda del crimen organizado: por una parte, la emergencia de grupos de familiares de desaparecidos que se han manifestado públicamente y, por otra, la desaparición de niños y niñas. Indepen- dientemente de la discordancia entre las cifras oficiales federales y las estatales, el hecho es que se registran actos de desaparición. La Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM) refirió que en 2021 hubo 232 “personas menores de edad reportadas como desaparecidas y/o no localizadas” (RDIM, 2022, p. 25). Este fenómeno viene de años atrás, pues en 2013 se registraron 170 menores des- aparecidos, en 2014 la cifra subió a 268, y en 2020 se contabilizaron 208 (2022, p. 25). Entre enero y septiembre de 2023, de acuerdo con la Red para los Dere- chos de las Infancias y las Adolescencias en Chiapas (REDIAS), se registraron 428 denuncias de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, lo que equivale a 47 desaparecidos por mes (Gómez, 16 de octubre, 2023).

Ambos indicadores, que sólo se veían en otras latitudes del país tradicio- nalmente azotadas por la violencia, ya están presentes en Chiapas. ¿Cuál es el curso que tomará la violencia criminal? El crimen organizado se ha extendido y ha penetrado hasta en comunidades de fuerte raigambre organizativa, lo cual ha llevado al EZLN a cambiar su estrategia territorial para poder hacer frente a la violencia criminal; esta organización propone una nueva estructura de la au- tonomía, esto es, una reorganización en la que se sustituyen los Municipios Au- tónomos Rebeldes Zapatistas (MARES) y las Juntas de Buen Gobierno (JBG), y se pone énfasis en el núcleo de la autonomía zapatista, es decir, en el Gobierno Autónomo Local (GAL) (Enlace Zapatista, 12 de noviembre, 2023).

Las decisiones tomadas por el EZLN en las últimas semanas de 2023 son resultado de un proceso que esta organización venía anunciando desde 2021, en el que se avizora un escenario de mayor conflictividad para 2024, cuando se su- marán los conflictos pre y postelectorales.

En un comunicado titulado “Chiapas al borde de la guerra civil”, fechado el 19 de septiembre de 2021 y dirigido al pueblo de México y a los pueblos del mundo, firmado por el subcomandante insurgente Galeano, el EZLN hace seña- lamientos puntuales sobre las acciones en contra de bases de apoyo zapatistas, en particular por parte de la ORCAO, grupo al que caracteriza como de corte para- militar patrocinado por el gobernador de Chiapas. El documento refiere:

El desgobierno de Rutilio Escandón está haciendo todo lo posible porque se estabilice al suroriental estado mexicano de Chiapas:

Sus alianzas con el narcotráfico provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensa, porque el gobierno nada hace para preser- var la vida, libertad y bienes de los pobladores. El gobierno de Chiapas no sólo solapa a las bandas de narcotraficantes, también alienta, promueve y financia grupos parami- litares como los que atacan continuamente comunidades en Aldama y Santa Martha (CCRI-CG, 19 de septiembre, 2021).

El clima de violencia que se vive en Chiapas, sobre todo en ciertas comunidades, está consignado en un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el cual concluye reiterando la presencia en el estado de un entorno de violencia generalizada que está llevando a la fragmentación de las comunidades y al desplazamiento forzado, “vinculado a las acciones de violencia política con- trainsurgente”, a la que ahora se añade la violencia generada por grupos del crimen organizado. Al respecto se recupera el siguiente fragmento de este informe:

Hemos documentado, entre el año 2010 y el mes de octubre del 2022, el desplazamiento forzado de al menos 16,755 personas. Del 2021 a la fecha, en la zona fronteriza con Gua- temala hay al menos 2,000 personas (400 familias) que abandonaron sus comunidades debido a la violencia generada de la disputa por el control territorial de grupos crimina- les (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 2023, p. 9).

A esto, el centro añade:

El periodo en que se enfoca el informe 2020-2022 está caracterizado también por una disputa abierta de la tierra recuperada por el Ejército Zapatista de Liberación Na- cional (EZLN), en 1994, lo que ejemplifica cómo está operando la contrainsurgencia hacia el proyecto zapatista; son diversas las agresiones y hostigamientos cometidos por parte de organizaciones corporativistas alineadas con el Estado; así como por una reconfiguración territorial a partir del proyecto, columna vertebral de la actual admi- nistración federal, Sembrando Vida (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 2023, p. 10, cursivas añadidas).

Al hilo de las consideraciones del comunicado del EZLN, dos años después un miliciano que participó en el levantamiento del 1 de enero de 1994, cuando tenía apenas 14 años, refirió que

[…] en la nueva etapa de la guerra contrainsurgente se está echando mano de grupos del crimen organizado para desmovilizar a las comunidades zapatistas, con acciones directas o con reclutamientos forzados de jóvenes para que formen parte de organiza- ciones criminales, grupos paramilitares o de narcoparamilitares (Rueda y Muñoz, 2 de agosto, 2023, cursivas añadidas).

A tres décadas del levantamiento del EZLN se constata que el clima de violencia en Chiapas se ha extendido más allá de lo que se denominó zona de influencia del zapatismo. En el presente, son diversas las violencias provocadas por actores también diversos, pero estas se pueden agrupar, grosso modo, en dos grandes conjuntos: las de carácter político-electoral y las provocadas por organizaciones criminales que se disputan el control territorial.

En este marco, los zapatistas reconocen que la construcción de autonomía es un proceso difícil que, aunque ha experimentado avances, no se debe consi- derar como un modelo, por lo que invitan a no idealizarla (Baschet, 2022, p. 36). En efecto, uno de los ejes centrales del movimiento zapatista de los últimos años ha sido la construcción de la autonomía, sin embargo, esta camina en medio de la presión de la “hidra capitalista”, por lo que tienen la claridad de que es frágil e incompleta (Baschet, 2022, p. 39). Hace 20 años los zapatistas decretaron la muerte de los Aguascalientes y anunciaron el nacimiento de los Caracoles y los Municipios Autónomos, lo que significaba el inicio de una nueva forma de rela- ción del movimiento con organizaciones que apoyaban el EZLN.

La complejidad para construir autonomía es basta. Por ejemplo, algunos movimientos inspirados en el EZLN han intentado impulsar autonomía, entre los que destacan el Ejido Tila, que nació con fuerza y ha enfrentado muchas dificul- tades, pero en el que a lo largo del tiempo la participación de la gente ha dismi- nuido, o el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE),³ que también enfrenta diversos problemas, uno de los cuales, como menciona uno de sus voceros, es la construcción de los gobiernos comunitarios:

divisionismo, cooptación de gente y de las autoridades ejidales por parte de los partidos políticos y presidentes municipales, por el alcoholismo, la drogadicción, el tráfico de armas, y por la intimidación por grupos armados del crimen organizado (Tenejapa) o relacionados con el poder caciquil (Oxchuc y Altamirano) (Arellano, 23 de octubre, 2023).

Aun con todo, el MODEVITE está vivo y activo y es una de las organizaciones que más llama la atención de los estudiosos de los movimientos sociales. En el caso de Chilón, cuya lucha inició por la falta de democracia en el sistema de partidos y de libre determinación, según Sánchez “es en la actualidad un nudo de conflictos, por lo que el proceso de reconocimiento de Gobierno Comunitario está lejos de su concreción” (2022, p. 81). En su trabajo, esta autora llega a dos

3 “El MODEVITE es un movimiento de tseltales, tsotsiles y ch’oles que surgió en 2014 en con- junto con 11 municipios de la zona Altos y Selva de Chiapas” (Sánchez, 2022, p. 64).

conclusiones: 1) la idealización de la autonomía; 2) la existencia de una realidad compleja política, social y cultural (Sánchez, 2022, p. 81).

Reflexiones finales

Chiapas padece una fatiga crónica, una enfermedad grave y de larga data que puede empeorar. Un escenario indeseable es que puede convertirse en un estado dominado por los grupos criminales, como ya ocurre en otros del país. En la en- tidad la violencia criminal comienza a ser un tema de gran tensión social, pues se observa en varios puntos, principalmente de la frontera con Guatemala, tanto en la porción de la selva Lacandona como en la región Sierra.

Varias organizaciones han asegurado que en México se vive un proceso de militarización; no obstante, en Chiapas resulta un tema controvertido, pues muchas comunidades del estado reclaman la presencia del ejército y la Guardia Nacional, que no siempre llegan, pero cuando lo hacen su actuación frente a las organizaciones criminales es muy limitada. Por ello la pregunta es: ¿acaso existe tolerancia o se trata de una estrategia de no confrontación de las fuerzas armadas con la delincuencia?

Nos inclinamos por la idea de que se implementa una estrategia de se- guridad que tiene como sustento filosófico la frase “abrazos, no balazos”, inter- pretada por los detractores del gobierno de la 4T como una especie de tolerancia frente al crimen organizado, lo que explicaría el relativo fracaso de la política de seguridad. Este es un tema que requiere un análisis más profundo desde la parti- cularidad de Chiapas, una entidad fronteriza y con un porcentaje considerable de población indígena y campesina.

La cuestión chiapaneca requiere también una reflexión más detallada so- bre sus quiebres y su devenir histórico. Este breve artículo sólo presenta algunos elementos que se han mantenido y profundizado, y otros que han emergido frente a la ausencia del Estado mexicano, que históricamente ha considerado esta enti- dad como un territorio lejano y marginal, pero útil para los votos que benefician a la “clase” política dominante. El abandono deliberado del Estado ha cobrado factura en los ámbitos económico y sociopolítico, y mantiene a Chiapas en una situación de conflictividad.

Históricamente, se ha considerado la entidad como un espacio liminar, difícil de asir, y por lo mismo la “clase” política se ha contentado con usar el poder para reproducir, parafraseando a Gunder Frank (1967), el “desarrollo del subdesarrollo”, con lo que se mantiene la pobreza de la población, sobre todo de los sectores más vulnerables y desposeídos.

Resulta por lo menos perturbadora la existencia, en el umbral de la tercera década del siglo XXI, de rezagos sociales y de una gran masa de pobladores in- dígenas y campesinos en condiciones de vida miserables, que se mantienen en su terruño a falta de oportunidades, mientras otros se han trasladado a las ciudades del sur, centro y norte del país, y otros más han considerado la opción de emigrar a la frontera norte y a Estados Unidos.

El EZLN todavía perdura en el pensamiento de mucha gente. Si bien “el sueño zapatista” (Le Bot, 2006) aún no cobra materialidad, muchas comunidades agrupadas en organizaciones luchan por la autonomía, por la vida y la defensa del territorio; viven en un sueño, con la esperanza de un cambio que hará que los millones de chiapanecos, niños y jóvenes, cambien su condición de olvidados. El sueño zapatista se expresó en las primeras semanas de la aparición pública del movimiento de la siguiente manera:

Nosotros somos sombras de tierna furia, nuestro paso cubrirá otra vez el cielo, arropará con su manto protector a los desposeídos y a los hombres y mujeres buenos que entien- den que justicia y paz bien pueden ir de la mano. Si nos niegan los derechos nuestros, entonces nuestra tierna furia entrará en las mansiones altaneras, no habrá muro que no salten, puerta que no abran, ventana que no rompan, pared que no derrumben, nuestra sombra llevará dolor a los que claman guerra y muerte para nuestra raza, habrá más llanto y sangre para que la paz se siente a nuestra mesa con bondad (CCRI-CG, 15 de marzo, 1994).

El sueño no trascendió y la historia de horror siguió su curso. Por lo pronto, nues- tra hipótesis es que las grandes masas de indígenas y campesinos chiapanecos seguirán olvidadas otros seis años, a menos que se produzca un acontecimiento que cambie el rumbo de la historia. La complejidad de Chiapas, en el marco de un país que recibe enormes presiones del imperio estadounidense, requiere un análi- sis amplio y profundo que rebasa con mucho el interés de este breve artículo. Es necesario profundizar en la investigación, y como refiere Marx, citando a Dante, “al entrar en la ciencia, así como en la entrada al infierno, deber formularse esta exigencia ‘abandónese aquí todo recelo, mátese aquí cualquier vileza’” (Marx, 1859[2008], p. 7). Esto se traduce en un compromiso intelectual por conocer las raíces de la compleja realidad de Chiapas y alumbrar el camino de las vías de su transformación y emancipación.

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