Introducción

En la madrugada del 1° de enero de 1994, los insurgentes del Ejército de Li- beración Nacional (EZLN) tomaron por las armas cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casa, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. Los “zapatistas”, como serían conocidos públicamente, pro- venían de los pueblos tzeltal, tzotzil, chol y tojolabal, todos ellos de la familia maya. Aunque su objetivo último consistió en la transformación revolucionaria de México en una república socialista, los rebeldes demandaron entonces trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democra- cia, justicia y paz. Tras la sorpresa inicial, el gobierno federal, preparado más bien para celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, envió al Ejército nacional a sofocar la rebelión. Los combates entre ambas fuerzas armadas duraron 11 días. A partir del 12 de ese mismo mes el gobierno mexicano y el EZLN iniciarían acercamientos con el fin de buscar solu- cionar el conflicto por la vía del diálogo.

Elaborar un balance de lo alcanzado por un actor colectivo supone, gene- ralmente, partir de presupuestos de racionalidad instrumental que permitan evaluar los logros, tomando como referencia los fines planeados, los medios seleccionados y las estrategias diseñadas para la consecución de éstos. Así proceden, usualmente, politólogos, analistas políticos y periodistas. Se trata de una suerte de “cierre de caja”. Este ejercicio de contabilidad acusa límites evidentes, pero es, sobre todo, poco complejo en tanto que supone la identidad constante en el tiempo del actor, sus intereses y fines en un contexto mutable que exige la adaptación pragmática de los medios a disposición para alcanzar las metas ambicionadas.

Sin descartar del todo este procedimiento, en este escrito obraré tomando distancia de los supuestos de racionalidad arriba mencionados. Esto demanda echar mano de un horizonte temporal lato, que permita historizar las transforma- ciones de la composición, organización y objetivos políticos del zapatismo, ade- más de considerar lo local, nacional e internacional como niveles de análisis. En fin, propongo un balance complejo que no debe confundirse con una hagiografía o una condena del zapatismo.

En la primera sección del artículo, defino el zapatismo como el ensam- blaje holgado entre el neozapatismo (es decir, su organización militar, política y civil) y el movimiento de solidaridad prozapatista. A continuación, establezco una periodización de su historia a partir del año de fundación de las Fuerzas de Liberación Nacional, su antecedente más remoto, hasta nuestros días, con el fin de evaluar sus logros. Para ello tomo en consideración los cambios en su composición y organización internas y sus diferentes fines, objetivos y proyec- tos políticos a lo largo de ya casi 50 años de existencia. Por último, realizo este balance distinguiendo entre los niveles local, nacional e internacional de la lucha zapatista. Concluyo este escrito reflexionando sobre las paradojas políticas del fenómeno.

Las máscaras rebeldes

Las teorías convencionales de los movimientos sociales y actores colectivos acostumbran a entender sus objetos de estudio como unidades relativamente ho- mogéneas con intereses y objetivos más o menos claros y estables en el tiempo (Estrada, 2015). En sentido contrario, deseo desagregar, analíticamente, el za- patismo para dar cuenta de su extrema complejidad interna, dinamismo y con- tingencia, porque sólo así se puede aprehender los efectos y sentidos plurales, contradictorios y paradójicos de sus discursos y prácticas a lo largo del tiempo.

Concibo el neozapatismo como un sistema de protesta compuesto por la conjunción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)¹ y las “bases de apoyo” o, en otros términos, su organización militar y civil.² Su tercer com- ponente consiste en su organización política en Municipios Autónomos Rebeldes

1 La organización militar del EZLN consiste, básicamente, de su (sub) comandancia, Estado mayor (concejo de mandos militares) y “tropas insurgentes”. Hasta antes de 2003, se calcula que la guerrilla contaba con alrededor de 3 mil hombres y mujeres armados y entrenados. Hoy día, los combatientes están desmovilizados. Persiste, no obstante, su organización y práctica militar y jerárquica con su gran influencia en decisiones y actividades del neozapatismo civil y político.

2 Las bases de apoyo se conforman de los zapatistas habitantes de ejidos y poblados en las regio- nes indígenas de Chiapas.

Zapatistas (MAREZ)³ y Juntas de Buen Gobierno (JBG) (Burguete, 2002 y 2004; Estrada, 2009 y 2013).⁴

El EZLN y las bases de apoyo se vinculan por medio de una compleja organización a nivel local, regional y suprarregional. Localmente, existen “res- ponsables” que son la autoridad política de las poblaciones zapatistas.⁵ Ellos se encargan de la supervisión de las labores de los colectivos y promociones de sa- lud, educación, producción y trabajo. A su vez, reciben directrices de y son coor- dinados por un “comité clandestino regional”, cuya autoridad recae en un mando militar regional. Por su parte, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI)⁶ dicta instrucciones políticas a los comités regionales y supervisa las la- bores y decisiones de las autoridades de los MAREZ y las JBG. En su conjunto, municipios y juntas asumen, en lo que consideran “su territorio”, funciones de gobierno en ámbitos de educación, salud, cultura, producción, comercialización, reparto y gestión de tierras, expedición de documentación, policía, administra- ción de justicia y recolección de impuesto, entre otros. Su “jurisdicción” vale únicamente sobre la población zapatista. El resto de los habitantes, que suman la gran mayoría de la población en los supuestos territorios rebeldes, no reconocen la autoridad zapatista y sólo se ve afectada, indirectamente, por las políticas y programas de municipios y juntas (Estrada, 2016a; y Aranda, 2017ª).

Por otra parte, el movimiento de solidaridad prozapatista está compuesto por el conjunto de actores trasnacionales organizados en forma de red. Aunque los nodos individuales de la red actúan localmente de manera independiente y de acuerdo con su propia agenda y capacidades internas, sin embargo, se movi- lizan en concierto a sazón de los llamados y convocatorias de la comandancia del EZLN, el CCRI o las autoridades de las JBG. Lo anterior refleja tanto la autonomía de cada uno de estos actores, como también las asimetrías de poder imperantes en el movimiento. Efectivamente, las autoridades militares y políticas del neozapatismo son el nodo central de esta red, que deciden proyectos y quién

3 La gran mayoría de los MAREZ se crearon en diciembre de 1994. Su geografía corresponde a la de la presencia del zapatismo en las zonas Selva, Norte y Altos de Chiapas. En la actualidad, existen 43 municipios.

4 Los Aguascalientes, centros cívico-culturales erigidos en 1994, antecedieron a las JBG. A las sedes de éstas se les conoce, a partir de 2003, como “Caracoles”. Originalmente, se fundaron cin- co juntas. Entre 40 y 60 poblaciones zapatistas conforman una “región”. Cuando de 3 a 5 regiones se congregan, se crea un municipio. Los municipios de una “zona” se hallan bajo la jurisdicción de una junta. En 2019, se crearon 11 nuevas JBG o caracoles y 16 MAREZ. Sobre esto último, véase El Universal (2019) “Crea el EZLN 11 nuevos Caracoles y 16 Municipios Autónomos Rebeldes”, en El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/estados/crea-el-ezln-11-nuevos-ca-racoles-y-16-municipios-autonomos-rebeldes

5 La autoridad política no coincide, necesariamente, con la autoridad de la asamblea ejidal de los poblados zapatistas.

6 Los integrantes del CCRI son los comandantes indígenas, que, en su mayoría, no son militares, sino líderes indígenas con fuerte influencia regional y comunitaria. Su función no es militar, sino política. Se ocupa de la organización y movilización de masas de las comunidades zapatistas.

integra el movimiento (Leyva y Sonnleitner, 2000; Pleyers, 2009, Schulz, 2014; Estrada, 2016a; Enríquez, 2017; y Aranda, 2017b).

En resumen, entiendo el zapatismo, en un sentido amplio, como la arti- culación holgada del neozapatismo y el movimiento de solidaridad prozapatista.

Las edades del zapatismo

Es una banalidad, pero conviene recordarla: los fenómenos sociales son construc- ciones colectivas en el tiempo. El zapatismo no surgió en 1994 de la nada ni se ha mantenido inmutable a lo largo de sus casi 30 años de su aparición pública. Toman- do en cuenta lo anterior, propongo periodizar la existencia del zapatismo de acuer- do con dos criterios: 1) los cambios en su composición y organización interna, y 2) la variación de sus fines, objetivos y proyectos políticos. No está por demás apuntar una doble acotación: 1) esta periodización es sólo una herramienta analítica, por lo que los empalmes y continuidades entre los períodos son posibles, aunque esto su- pone desplazamientos internos del peso de sus elementos, y 2) los fines y objetivos son orientaciones generales de la acción colectiva que, por su ambigüedad misma, fungen más como valores que como directrices concretas de acción.

La primera fase es la de la formación de la guerrilla. Esta etapa se inicia con la fundación las Fuerza de Liberación Nacional (FLN), en 1969 en el estado de Nuevo León, pasa por la creación del EZLN (1983), como foco de comba- tientes en Chiapas, el reclutamiento y organización de sus bases de apoyo, y se cierra con el levantamiento armado en enero de 1994. La rebelión insurgente bus- caba instaurar, mediante la lucha armada revolucionaria, una república popular y socialista en México (Toledo, 2002; Legorreta, 1998, Cedillo, 2012; Harvey, Pineda y Sánchez, 2015ª y 2015b; Le Bot, 1997; Muñoz, 2003).

Sin renunciar al objetivo ulterior del cambio de régimen, en su segunda fase el zapatismo se recompone y reorganiza internamente de manera doble: por un lado, empieza a hacerse acreedor, en los primeros meses de 1994, del apoyo de actores de diversos sectores de la denominada “sociedad civil” nacional e internacional, lo cual sentaría las bases para la conformación del movimiento de solidaridad prozapatista; y, por el otro, en diciembre de 1994, instaura los MA- REZ en las regiones indígenas del estado..

La inviabilidad de la toma revolucionaria del poder condujo al zapatis- mo a reformular su discurso e, inclusive, redefinir su identidad pública y metas políticas. En el marco de la tregua y los diálogos por la paz entre el EZLN y el gobierno federal (febrero de 1994), los diálogos en San Andrés Larráinzar (1995-1997) y la aprobación de la reforma constitucional sobre derechos y cul- turas indígenas (2001), el neozapatismo da un giro autonomista e indianista a su lucha político-civil. La fundación y operación de los MAREZ, primero, y las

JBG, después, significaron la pretensión del establecimiento de una autonomía territorial de facto. En esta fase (1994-2003), el cambio de régimen seguía siendo el objetivo central pero no a través del combate armado, sino mediante la lucha civil. Se pretendía su democratización, pero no en términos del establecimiento de una democracia liberal y representativa, sino de la formación de una coalición multisectorial y multiclasista que instituyera una democracia popular (De Vos, 2002; Estrada, 2016a; e Inclán, 2018).

En su tercera fase, actualmente vigente, el neozapatismo renuncia a to- mar el poder político-estatal, avanza en el fortalecimiento de las instituciones de la autonomía territorial y reorganiza sus relaciones con el movimiento soli- dario prozapatista para establecer una red de “rebeldías” y “resistencias” loca- les y transnacionales en contra de la globalización neoliberal. Los hitos de este “altermundismo antisistémico” son la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (2005), La Otra Campaña (2006), así como la organización de diferentes eventos político-culturales nacionales e internacionales en los últimos años⁷ y, en el año 2021, la planeación de una gira zapatista en “la otra Europa”.⁸ En este contex- to, entre 2007 y 2018, el zapatismo desestima intervenir en la política nacional (Schulz, 2014; Aranda, 2017b).

Los días y las obras

El neozapatismo a nivel local

Una de las razones principales de los indígenas campesinos para sumarse al EZLN como integrantes de sus bases de apoyo fue –y, hasta la fecha, sigue siendo– el acceso a la tierra. El levantamiento armado de 1994 generó una oleada de ocupa- ción de tierras por parte de zapatistas y otros grupos y organizaciones locales. En el discurso neozapatista, este reparto agrario desde abajo se le denomina la “recu- peración de tierras”. La consecución de nuevas parcelas y más hectáreas ejidales satisfizo las expectativas de los rebeldes, en especial de los más jóvenes entre ellos, que padecían la escasez estructural del recurso y, en consecuencia, la marginación y subordinación en la vida social comunitaria. En efecto, sin tierra propia estaban amenazados su futuro económico, independencia, posibilidad de fundar una fami-

7 Por ejemplo, el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo (1996), el Festival Mundial de la Digna Rabia (2008), la Escuelita Zapatista (2013), el festival de cine Puy ta Cuxlejaltic en Tulan Kaw-Caracol 11 (2019), por ejemplo.

8 Véase Enlace Zapatista (2020), “Una montaña en alta mar”, en https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/05/sexta-parte-una-montana-en-alta-mar/. Henríquez, Elio (2021), “Llevará el Ejér- cito Zapatista su lucha por los cinco continentes”, en: https://www.jornada.com.mx/2021/01/02/ politica/013n1pol; y Romero, Raúl (2021), “El EZLN y la Otra Europa”, en: https://www.jorna-da.com.mx/2021/01/02/opinion/018a2pol

lia y reconocimiento como miembros plenos de la comunidad (Villafuerte, 1999; Van der Haar, 2001; Mattiace y Rus, 2002; Eisenstadt, 2011; y Estrada, 2016a).

Aunque el neozapatismo no fue el introductor original, en la organización comunal, de formas de cooperación y autogestión de bienes colectivos,⁹ sin em- bargo, su refuncionalización para la lucha militar, civil y política contribuyó la producción de bienes y servicios como la salud, la educación o las cooperativas de producción y comercialización en las poblaciones zapatistas. La participación activa en los “colectivos” no sólo ha beneficiado a las bases de apoyo con las prestaciones y recursos autogestionados, sino que además ha forjado la identi- ficación emocional, intelectual e ideológica con el neozapatismo. Todo ello se traduce en un sentimiento de confianza individual y colectiva de poder resolver problemas y desafíos por sí mismos. Inclusive el hecho de experimentar, en sus propias poblaciones, la solidaridad con su lucha por parte de personas, grupos y organizaciones nacionales e internacionales suscita en las bases de apoyo un sen- timiento de orgullo y reconocimiento, que desconocían en una sociedad racista y excluyente (Baronett, Mora y Stahler-Sholk, 2011; y Estrada, 2016a).

Los jóvenes, pero en especial las mujeres zapatistas, han vivido una re- valuación positiva de su posición y estatus sociales en sus comunidades. Si bien aún están muy lejos de ser considerados como iguales por parte de los adultos y los varones, también es cierto que el reclutamiento militar en las filas del EZLN de hombres y mujeres solteros, primero, y la movilización permanente para asu- mir responsabilidades y tareas colectivas a nivel local, municipal y de juntas, después, han modificado parcialmente el “balance de poder” al interior de las comunidades zapatistas en comparación con lo que sucedía en el pasado o sigue aconteciendo, hoy día, en comunidades no zapatistas (Hernández y Zylbergberg. 2004; y Oliveira, 2007).

En su conjunto, la necesidad del neozapatismo de mantener activos a sus integrantes ha inducido procesos de aprendizaje de participación en tareas y fun- ciones de autogestión y autogobierno. Psicosocialmente, ello ha contribuido a desarrollar capacidades de hablar en público, contribuir en deliberaciones y la toma de decisión, en especial entre varones y mujeres jóvenes. Esta autoconfian- za es retribuida, localmente, en forma de respeto y reconocimiento. A pesar de lo anterior, las mujeres zapatistas continúan subordinadas a los hombres y, como en el resto del país, aún les queda un gran trecho a recorrer antes de ser consideradas como iguales.

Por lo que respecta a la organización política del neozapatismo, uno no puede más que admirarse de la voluntad y perseverancia de los rebeldes de cons-

9 Originalmente, fueron iniciativas de la iglesia católica y, posteriormente, de activistas y orga- nizaciones campesinas maoístas.

truir y mantener a lo largo del tiempo una compleja organización comunitaria, regional e interregional. Sin exagerar un ápice, éste es un hecho inédito en la historia contemporánea de los movimientos populares en México.¹⁰ En efecto, el neozapatismo ha establecido, a contracorriente y de manera conflictiva, una “autonomía territorial”¹¹de facto y formas de autogobierno a escala municipal y suprarregional. Si bien el ideal discursivo de que todos los zapatistas deben asumir posiciones y tareas de gobierno está muy lejos de cumplirse, no obstante, existe un sistema de participación rotatorio para ejercer el rol de autoridad en los MAREZ y las JBG, que idóneamente, evita la formación de élites y la monopo- lización del poder.

Municipios y juntas se ocupan de definir, apoyar e implementar proyec- tos políticos, productivos y comerciales, así como la coordinación de programas de salud y educación para la población zapatista de acuerdo con el principio de “mandar obedeciendo”. En este sentido, el neozapatismo ensaya, en los hechos, la institucionalización de un orden social y político local alternativo al orden dominante que desafía.

Aunque el sustento material de esta organización política proviene, en lo fundamental, del trabajo individual y colectivos de las bases de apoyo, el establecimiento de alianzas de las autoridades políticas neozapatistas con acto- res de la sociedad civil nacional e internacional ha permitido establecer ciertos circuitos solidarios de comercialización de productos agrícolas y artesanales en el país y el extranjero (Schulz, 2014). Las JBG son las encargadas de repartir, con sentido de equidad, los beneficios económicos entre los zapatistas de las diferentes regiones en Chiapas.

En su pretensión de establecer un orden social y político al margen del Es- tado mexicano, el neozapatismo ha dotado a las JBG de la autoridad para expedir normatividades de distinta índole, pero sobre todo de impartir justicia en primer lugar y sobre todo entre los rebeldes. Debido a la ineficiencia, corrupción, costos, discriminación y violencia que implica para la población indígena solicitar la

10 El caso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) es comparable en términos de construcción de un gobierno popular. Las diferencias son interesantes, sin embargo, porque la APPO fue un esfuerzo social y político multisectorial y multiclasista llevado a cabo, princi- palmente, en un espacio urbano –la ciudad de Oaxaca–. No obstante, la denominada Comuna de Oaxaca fue reprimida violentamente tras casi seis meses de haber instaurado un orden social alternativo al que desafió (Estrada Saavedra, 2016b).

11 La “autonomía territorial” alegada por el neozapatismo es más discursiva que real. En efecto, no supone, en ningún sentido, el control del territorio y la población allí asentada. Se trata, sim- plemente, de una pretensión de autonomía. En realidad, no existe un “territorio zapatista”, sino poblaciones en las que hay presencia zapatista en grado diverso: ya sea como mayoría, dividida entre zapatistas y no zapatistas o como minorías zapatistas en poblados mayoritariamente no za- patistas. Para el gran espectro de sus actividades y proyectos de MAREZ y JBG, la autonomía in- cumbe casi exclusivamente a los afiliados en el neozapatismo. Así, más que autonomía se trata de autoorganización colectiva en diversas zonas geográficas, en las que compite, junto con el Estado y diferentes organizaciones campesinas independientes, por el gobierno de la población local.

intervención de autoridades judiciales mexicanas para resolver litigios locales, parte de la población no zapatista acude a las JBG para resolver pleitos, especial- mente entre zapatistas y no zapatistas, pero en ocasiones también entre grupos no zapatistas. Los procedimientos para dirimir los litigios y las sanciones y penas impuestas son más cercanos a las experiencias y expectativas locales de justi- cia (Mora, 2015). Paradójicamente, a pesar de que el orden político-autonómico desconoce al Estado mexicano y evita tener contacto con sus representantes, sin embargo, también hay cierta cooperación, a nivel local, con autoridades esta- tales (incluyendo presidentes municipales, policías y hasta el mismo ejército). Todo ello indica, en otras palabras, cierto reconocimiento, en los hechos, de la autoridad y organización política zapatista por parte de sectores de la población no zapatista y representantes estatales (Melenotte, 2009; Baronett, Mora y Sta- hler-Sholk, 2011; Megchún, 2017; y Aranda, 2017).

Antes de hacer el cierre de caja de los logros locales del neozapatismo, convendría compararlo con el movimiento indígena-campesino en Chiapas (Ale- jos, 1994; Bobrow-Strain, 2007; Agudo, 2007; Escalona, 2009; Rus, 2012; Har-

vey, 2000; Toledo, 2002; Van der Haar, 2001; Eisenstadt, 201; y Estrada, 2018). A diferencia de este movimiento –que, por cierto, es uno de los orígenes de los rebeldes–, el neozapatismo trascendió el horizonte común de aspiraciones de la lucha por la tierra y se propuso llevar adelante, como expuse arriba, una lucha por la autonomía territorial. Así, pasó de la exigencia de reparto agrario a la cons- trucción de un entramado organizativo paraestatal para gobernar un territorio y su población. Lo anterior fue posible gracias a que el neozapatismo cambió la estrategia lucha y arena de conflicto convencionales. Su agrarismo armado le permitió establecer una interlocución con el Estado mexicano distinta a la del movimiento campesino. Una vez apagado el fuego de los combates iniciales, pudo avanzar en la construcción de un orden sociopolítico propio. Lo anterior, por último, pudo lograrse también gracias a que el neozapatismo ha destacado, en comparación con las otras organizaciones del movimiento rural chiapaneco, en el establecimiento de amplias y variadas relaciones políticas y alianza con actores nacionales e internacionales.

Los éxitos locales del neozapatismo revelan aspectos “problemáticos” que son, paradójicamente, consecuencia de aquéllos y resultado de las crecientes tensiones entre las bases de apoyo y la comandancia del EZLN.

El reparto de la “tierra recuperada” generó disputas internas entre los zapa- tistas por su posesión. Las comunidades rebeldes vecinas de los terrenos apropia- dos se vieron beneficiadas de inmediato tras las invasiones y expulsiones de sus antiguos propietarios legales (que incluían no sólo a pequeños y medianos propie- tarios mestizos, sino también a ejidatarios no zapatistas). En cambio, poblaciones

zapatistas sin tierras a sus alrededores a tomar por la fuerza,¹² se quedaron con las manos vacías a pesar de que no estaban menos urgidas que las otras para atender las necesidades de una creciente población joven. Esto genero un sentimiento de trato desigual entre compañeros de lucha (Agudo, 2009; Estrada y Viqueira, 2010; Legorreta [s/f]; Melenotte, 2009; y Villalobos y Trench, 2014).

Frente a la contención militar del ejército nacional, muchas comunida- des zapatistas, cuyas antiguas organizaciones campesinas se habían integrado al neozapatismo antes del levantamiento, decidieron desafiliarse de los rebeldes y reclamar como suyas las tierras conquistadas y, posteriormente, legalizar su po- sesión. Pensaron que la revolución les había hecho justicia y que no había mayor razón para exponerse a mayores riesgos en un contexto político cada vez más tenso y, en algunas regiones, sumamente violento (Legorreta [s/f]).

Las tierras recuperadas por el neozapatismo no pasaron a formar pro- piedad de los ejidos zapatistas ni fueron parceladas a favor de los ejidatarios, sino que están controladas por la “organización”, como los zapatistas denominan al EZLN. Muchas de estos terrenos se pusieron a disposición de zapatistas sin milpa y/o fueron la base para crear una nueva población zapatista con nuevos habitantes desplazados por el conflicto con el Estado o los conflictos internos en las bases de apoyo, que conducirían al abandono del neozapatismo de una parte importante de las comunidades y, en consecuencia, a la expulsión de la minoría zapatista hasta entonces residente en estos poblados.

A estas divisiones comunitarias producto de la disputa por la posesión y usufructo de la tierra, se sumaron otras fracturas como resultado del crecien- te autoritarismo de la comandancia del EZLN y las autoridades políticas, que empezaron a exigir, ante la creciente desarticulación del neozapatismo, mayor disciplina, compromiso y trabajo, a la vez que aplicaban sanciones más severas para mantener la unidad del movimiento, en un contexto de conflicto con el Es- tado, diferentes organizaciones campesinas y, en algunas regiones como el Norte y los Altos, bandas paramilitares (Agudo, 2010; Galindo, 2015; Rebón, 2001; y Estrada, 2016a). Muchos integrantes de las bases de apoyo resentían el endure- cimiento de los mandos militares y estaban dispuestos a tolerar esta realidad en una situación excepcionalmente difícil. No aceptaban, en cambio, lo que consi- deraban como arbitrariedades y privilegios indebidos de autoridades zapatistas locales y regionales, que se beneficiaban a sí mismas, sus familiares, facciones y clientelas de los recursos generados en la lucha y los que eran producto –en especie, metálico o trabajo– de la solidaridad del movimiento prozapatista. Así, un sentimiento de trato desigual se hizo presente entre los compañeros de lucha, que, en muchos casos, derivó en la deserción del neozapatismo.

12 Esta carencia de tierra a invadir se debía a que las poblaciones vecinas eran zapatistas, ejidos no zapatistas con los que guardaban una relación respetuosa o, sencillamente, no existía un con- flicto previo sobre linderos ejidales o tierras en disputa entre ambas poblaciones.

Las “política de resistencia” del EZLN –consistente en interrumpir el diá- logo con el gobierno, no permitir la presencia y acción de agentes estatales en su territorio y rechazar beneficiarse de todo tipo de programas sociales, agropecua- rios y regularización de tierras por considerarlos como medias contrainsurgentes enderezadas a desvincular a los insurgentes de sus bases de apoyo–, tuvo como consecuencia, que los zapatistas no pudieran apropiarse de estos recursos públi- cos, tan necesarios para sortear la dura situación económica que enfrentaban, so pena de ser severamente sancionados. El volumen de la producción agrícola y las ganancias de su comercialización han resultado, no obstante, insuficientes para las necesidades de familias y poblaciones rebeldes.

Asimismo, el alargamiento del conflicto tornaba cada vez más oneroso el mantenimiento de una guerrilla imposibilitada para defender con las armas al pueblo y, además, improductiva económicamente. Por si esto fuera poco, los za- patistas veían con disgusto cómo las poblaciones no zapatistas o ex zapatistas se aprovechaban de bienes, servicios y programas gubernamentales,¹³ por un lado, y de las oportunidades de migración laboral al interior del país o en los EEUU, por el otro. En efecto, los zapatistas no gozaron, durante mucho tiempo, del derecho de migrar para sostener a sus familias debido a la continua y demandante movi- lización de los zapatistas para cumplir tareas de autogestión y autogobierno. Si abandonaban su comunidad por tres o seis meses, según el caso, corrían el riesgo de ser sancionados e, inclusive, expulsados del movimiento. De este modo, un sentimiento de empobrecimiento relativo y falta de perspectivas se apoderó del ánimo de muchos zapatistas, que ya no estaban dispuestos a soportar el rigor de la política de resistencia del EZLN (Legorreta [s/f]; y Estrada, 2016a).

Estas tensiones, conflictos y divisiones condujeron, en muchas ocasiones, a la violencia física y hasta asesinatos de antiguos ex compañeros de lucha, por un lado, y al establecimiento de relaciones harto ásperas entre los zapatistas y los miembros de otras organizaciones campesinas y comunidades, por el otro (Garza, 2007; Agudo, 2010; Aguilar, Díaz y Viqueira, 2010; y Estrada, 2019). En consecuencia, el tejido social local desgarrado oponía a padres e hijos, parientes, amigos y vecinos, que ahora se veían como enemigos políticos (Oliveira, 2004; Toledo, 2010; Legorreta y Bataillon, 2007). A su vez, los ex zapatistas, enemista- dos con tiros y troyanos, se han convertido rápidamente en beneficiarios pasivos de programas sociales y agropecuarios públicos. Así, han perdido su capacidad para negociar con autonomía su relación con el Estado (Agudo, 2007; y Villalo- bos y Trench, 2014).

En lo que respecta a la organización política del neozapatismo en este segundo periodo de su historia, la construcción de las instituciones autonómicas

13 Por ejemplo, escuela, telesecundaria, clínica, carretera, agua entubada, electricidad, apoyos agropecuarios y sociales, etc.

condujo a la confiscación del poder y la autoridad, supuestamente, depositados en las bases de apoyo (Estrada, 2016a). En otras palabras, el control de la coman- dancia del EZLN sobre las JBG vacío de sentido el principio del “mandar obede- ciendo”. La política nacional de lucha y movilización, los programas, proyectos, administración y aplicación de recursos han sido definidos y/o aprobados por las autoridades militares. Los mismos MAREZ han visto reducida su jurisdicción y facultades, a su vez, por la intervención de las JBG y su control de recursos, generando dinámicas de competencia entre MAREZ y hasta entre las JBG por la apropiación de recursos escasos, como se ha visto recientemente tras le creación de nuevos Caracoles (Melenotte, 2009; y Megchún, 2017). Como lo formuló un integrante de la JBG de Oventic: “se estira la cobija, pero así se descobija a otros”.¹⁴ Inclusive se originan disputas por recursos de tipo político, como las re- laciones y alianzas con ONG y actores del movimiento y red prozapatista, ya que ellas sirven de vehículo para ingreso de financiamiento de programas y proyectos locales o para que productos agrícolas y artesanales zapatistas sean comerciados en circuitos solidarios en sus ciudades y países. La misma presencia in situ de miembros del movimiento prozapatista es codiciada, porque supone una derrama modesta de dinero en las comunidades en las que se hospedan, llevan a cabo tra- bajos o participan en eventos y encuentros político-culturales.

En comparación con el movimiento indígena-campesino de Chiapas de los años setenta y ochenta, que había iniciado maniobras enderezadas a obtener mayor influencia en el proceso de comercialización agropecuario y la ampliación de oportunidades de mercado más allá de las de la burocracia agraria estatal, en cambio el neozapatismo desatendió, por razones ideológicas, este “frente de lucha” al considerar, en su primera fase revolucionaria, que los problemas de pro- ducción y comercialización se resolverían en el marco de un régimen comunista o, en su actual fase antisistémica, que el enemigo de los pueblos y la humanidad sería la globalización neoliberal a la que habría que oponerse desmonetarizando y desmercantilizando las relaciones sociales. En esta incapacidad ideológico-es- tratégica para atender la cuestión económica y poder satisfacer eficientemente las necesidades materiales de sus bases de apoyo, se encuentra una de las razones principales de la persistencia de la economía precaria y de subsistencia en el or- den autonómico y, como hemos visto, una de las causas principales de la desafi- liación del neozapatismo. Justamente este problema estructural ha conducido, en los últimos años, al viraje que se observa de los proyectos agroecológicos a los ganaderos –con los consabidos costos de destrucción del entorno natural.¹⁵

La acertada crítica neozapatista a los problemas de formación de élites, monopolización del poder y suplantación de la representación política se tradujo en un sistema de participación incluyente desde abajo y rotatorio, que abrigaba,

14 Agradezco a Carla Zamora por compartirme esta observación de su trabajo de campo.

15 Doy las gracias a Carla Zamora por compartirme esta observación de su trabajo de campo.

además, la expectativa pedagógica de que todos aprendieran a gobernar asumien- do responsabilidad en los asuntos públicos. Esta aspiración, sin embargo, no se ha visto satisfecha en la medida de que la asunción universal de roles de gobierno local no se ha alcanzado –no hay suficientes posiciones y roles de autoridad en la estructura política del neozapatismo, la población zapatista es numerosa y, en el caso ideal, tendría que esperar mucho tiempo para poder servir al pueblo en MA- REZ y JBG. Además, es un hecho que muchos miembros de las bases no tienen interés en la política, y otro tanto ve como un gran costo personal y familiar ocu- parse de asuntos colectivos que otros podrían ejercer–. Finalmente, la rotación continua de “autoridades” origina una tensión entre democracia interna irrestricta y eficiencia política para alcanzar metas organizativas.

Finalmente, la pretensión de hegemonía de las JBG de gobernar para toda la población habitante de “su territorio” ha creado resistencia entre comunidades y organizaciones no zapatistas que no reconocen su autoridad y, además, se sienten abandonados por el Estado mexicano, que, en su opinión, se muestra indiferente ante lo que consideran abusos y arbitrariedades del zapatismo (Estrada, 2016a).

El neozapatismo a nivel nacional

El levantamiento armado de 1994 coincidió con el largo proceso de democrati- zación del sistema político mexicano (García de León, 2002 y 2007). De hecho, los eventos políticos de ese fatídico año –el levantamiento mismo, los asesinatos del candidato presidencial y del presidente del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI)– tuvieron el efecto de aceleración de las negociaciones para la reforma y democratización del régimen.

Al igual que una parte importante de la población del país, el EZLN de- seaba un cambio de régimen político. En esta coincidencia, el análisis revolucio- nario de los insurgentes tenía razón. No obstante, su ensimismamiento ideológico le impidió leer, de manera correcta, los signos de los tiempos. Los mexicanos querían acabar con el sistema político autoritario sustituyéndolo, vía electoral de por medio, por una democracia representativa, una efectiva división de poderes y el establecimiento de un auténtico Estado de derecho. Sin entender la pluralidad política y heterogeneidad social de la sociedad mexicana, el EZLN pensaba eri- gir, por el contrario, una república popular socialista.

Los compromisos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC),¹⁶ las presiones de la sociedad civil nacional e internacional por la paz y la neutralización militar de los rebeldes, orillaron al gobierno mexicano a reconocer a los zapatistas como un actor legítimo con el que habría que negociar la paz y sus demandas políticas. En esta coyuntura, los rebeldes pudieron entablar múlti-

16 El TLC entraría en vigor precisamente el 1° de enero de 1994.

ples alianzas con un variopinto grupo de actores sociales y políticos mexicanos y extranjeros, llevar a cabo su política de resistencia y autonomía territorial.

Sin embargo, lo anterior lo consiguieron en condiciones de sobreviven- cia y marginalidad política. Pugnas y divisiones en el seno del neozapatismo y, posteriormente, del movimiento zapatista terminaron por debilitar local y nacio- nalmente al primero. A largo plazo, los rebeldes sortearon la represión guberna- mental, pero perdieron influencia en la arena política nacional al concentrar sus esfuerzos de sobrevivencia y consolidación de su orden autonómico en Chiapas, desaprovechando la oportunidad de involucrarse en las negociaciones de la re- forma política y electoral entre las élites políticas nacionales y lograr que sus intereses –y los de sectores populares más amplios– fueran incluidos y represen- tados efectivamente en el nuevo marco legal e institucional que se estaba crean- do (Inclán, 2018).¹⁷ Estas reformas garantizarían la competencia electoral libre y auténtica para acceder al poder. Sus efectos fueron casi inmediatos: en 1997 se iniciaría el ciclo electoral de la transición democrática a nivel federal con la pérdida del PRI de la mayoría parlamentaria y, en el año 2000, de la presidencia de la república. Algo similar sucedería en las negociaciones truncas entre el go- bierno federal y el EZLN en San Andrés Larráinzar (1996) y en la discusión de la reforma constitucional sobre cultura y derechos indígenas (2001). El EZLN y el movimiento prozapatista no alcanzaron a elaborar una estrategias más realista y efectiva para alcanzar sus metas políticas (Inclán, 2018). Es probable que no les haya interesado ni convenido llegar a un entendimiento con el gobierno y los legisladores, en la medida en que esto hubiese significado una posible pérdida de poder e influencia entre la población indígena de Chiapas y el país. En otros términos, un proyecto antisistémico, paradójicamente flanqueado por la constitu- ción, hubiera implicado privarse del aura revolucionaria y, en consecuencia, los apoyos materiales y simbólicos derivados de ella, por un lado, y asumir respon- sabilidades institucionales, por el otro.

Las tensiones entre la consecución de metas nacionales y locales del neo- zapatismo mostraron las diferencias importantes existentes entre los intereses de los líderes rebeldes y sus bases de apoyo. Ejemplos de ello son las pifias de las órdenes de la comandancia del EZLN giradas a sus bases civiles para participar o no en procesos electorales, favoreciendo, con juicios y órdenes erráticos, la per- manencia del PRI en diferentes procesos de renovación de ayuntamientos chia- panecos (1995) (Viqueira y Sonnleitner, 2000)¹⁸ o en las elecciones federales de 2006, cuando descalificó con animadversión al izquierdista Partido de la Revolu-

17 La decisión de no participar en el proceso de negociación de la transición democrática fue, en parte importante, responsabilidad del propio EZLN (Inclán, 2018), pero también fue un ele- mento de la estrategia del gobierno federal para que el conflicto chiapaneco quedara constreñido al estado del sureste y, más concreto, a la zona de conflicto (Pérez, 2009).

18 En los comicios estatales para la gubernatura de Chiapas en 1994, el EZLN apoyó al candi- dato del PRD, Amado Avendaño.

ción Democrática (PRD), en principio su aliado natural, y contribuyendo, así, a que el Partido Acción Nacional (PAN) ganara la presidencia de la república. Lo- calmente, estos chascos debilitaron la influencia política del neozapatismo, gene- raron situaciones de enfrentamiento violento entre los diferentes grupos políticos en los municipios y, finalmente, desafección a los rebeldes. A nivel nacional, ciu- dadanos y grupos simpatizantes con la lucha zapatista empezaron a distanciarse de los rebeldes chiapanecos. Inclusive la actitud del EZLN de escenificarse como el representante de los pueblos indígenas condujo a tensiones en el mismo seno del movimiento indígena nacional (el Congreso Indígena Nacional) privándolo de aliados en este sector importante de la sociedad (Pitarch, 2004; y Pérez, 2005).

En fin, si bien el cambio de discursos y metas del neozapatismo –del marxismo revolucionario al multiculturalismo indigenista, autonomista y antisis- témico (Molina, 2000; Muñoz, 2003; y Ávila, 2019)– le granjeó una ampliación de alianzas con múltiples actores de la sociedad civil nacional e internacional, no obstante, entre más resonancia tenía su nuevo marco discursivo en los integrantes de las redes de solidaridad trasnacionales, más difusas se volvieron sus metas políticas, al grado de no ser alcanzadas –salvo la de mantenerse en la resistencia. Este nuevo discurso heteróclito contribuyó a disminuir la presión sobre el Estado para responder a sus demandas originales y, de este modo, gestionar el conflicto con el EZLN permitiéndole desarrollar su autonomía de facto sin reprimirlo de manera abierta (Inclán, 2018).

El giro antisistémico del zapatismo refrendaría su arraigado rechazo re- volucionario a la democracia representativa al desistir de la lucha política insti- tucional. El lema “cambiar el mundo sin tomar el poder” expresa su convicción ideológica de que el enemigo de los pueblos, la humanidad, la naturaleza y el planeta no sería el Estado, sino el sistema capitalista neoliberal globalizado. Con- secuentemente, los políticos, representantes populares y autoridades públicas se- rían considerados como meros “capataces” y no como los “patrones de la finca”, para citar las palabras de un comandante indígena en su alocución del 1° de enero de 2019.¹⁹ Esta posición ideológica hace entendible su lucha por la construcción de autonomías territoriales fuera de la esfera de influencia de las prácticas co- rruptas del sistema político y el capital (Pleyers, 2009; y Aranda, 2017ª).

En este contexto, podría resultar paradójico el reciente apoyo del neoza- patismo a los esfuerzos del Congreso Nacional Indígena para que su candidata independiente a la presidencia de la república, la médica tradicional nahua María de Jesús Patricio Martínez, pudiera participar en las elecciones federales de 2018. En realidad, el EZLN no pretendió acceder al poder político por medio de los

19 Palabras del CCRI-CG del EZLN a los pueblos zapatistas en el 25 aniversario del ini- cio de la guerra contra el olvido (2019), en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/01/01/palabras-de-la-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-dirigi-das-a-los-pueblos-zapatistas/

comicios, si no utilizar el escenario electoral para hacer públicos los agravios y demandas de los pueblos indígenas, en general, y entablar y/o reforzar alianzas con otros actores para continuar su lucha autonómica y antisistémica, en particu- lar (Aranda, 2017ª).

EZLN y las guerrillas en México

Al igual que en el caso del movimiento campesino e indígena, la trayectoria del neozapatismo destaca si se le compara con la de las guerrillas en el México posrevolucionario. En efecto, se puede considerar al EZLN como la única guerri- lla que, si bien fue neutralizada militarmente, no fue desarticulada y aniquilada como sus pares rurales y urbanos de los años sesenta y setenta. La feliz conjun- ción de la entrada en vigor del TLC, la fuerza del proceso de democratización en México, las movilizaciones de la sociedad civil nacional en contra de la guerra en Chiapas, el reconocimiento de la justicia de las demandas políticas de los alzados, la presión internacional para resolver el conflicto por medios políticos y, por supuesto, el relativamente rápido control y la clara supremacía militar del ejército nacional en la zona de conflicto, obligaron al EZLN a reconvertirse, en los siguientes años y, sin duda, de manera táctica y oportunista, en un movi- miento indianista y autonomista armado, que evitó hacer uso del fuego.²⁰ Como vimos, esto le permitió convertirse en interlocutor legítimo del Estado mexicano y negociar sus demandas en términos políticos.

En comparación con otras guerrillas (Bellingeri, 2003; y Castellanos, 2011), tal vez lo que más despunta del EZLN es el volumen del número de combatientes y civiles que se sumaron a su proyecto. Se calcula que, entre 1960 y 1970, alrededor de 1 800 personas participaron directamente en las diferen- tes guerrillas rurales y urbanas en México. En 1974, la coalición nacional de guerrillas urbanas que se conoció como la Liga 23 de Septiembre, contaba con apenas unos 300 militantes armados (Rodríguez, 2020). En comparación, se estima que, en su momento más alto de crecimiento, el EZLN estuvo compues- to de alrededor de tres mil combatientes armados y entrenados. Más notable es quizás el dato de que, mientras que las guerrillas urbanas eran grupúsculos sin ningún vínculo orgánico con los sectores sociales que decían representar y por los cuales luchaban,²¹ el EZLN reclutó y organizó, en cambio, una amplísi- ma base de apoyo que superaba decenas de miles de campesinos indígenas en Chiapas, dispuestos a poner a disposición de los insurgentes a sus hijos e hijas como combatientes del EZLN, a equipar y avituallar a los rebeldes, a apoyar su

20 Es probable que este giro estratégico del EZLN haya tenido que ver, en parte también, con el aumento de la violencia criminal en Chiapas.

21 No fue el caso de las guerrillas comandadas por Rubén Jaramillo, Arturo Gámiz y Genaro Vásquez o Lucio Cabañas, que sí tenían relaciones y apoyo de grupos sociales, aunque en ningún caso a la escala alcanzada por el EZLN.

opción por la lucha armada y correr los riesgos que esto implicaba. Paradójica- mente, su éxito en el reclutamiento y organización de sus bases de apoyo se lo debía a la estrategia maoísta de “lucha popular prolongada” y “acumulación de fuerza” hasta que las masas decidieran por sí mismas iniciar la fase revolucio- nada armada –estrategia y concepción de la izquierda social maoísta, que tanto criticaron los verticales líderes militares del FLN por considerarla “reformista” (Estrada, 2016a).

Finalmente, el EZLN se distingue de las otras guerrillas por la renovación del contenido y forma del discurso político, menos hecho en la horma militaris- ta, jerárquica, sacrificial, apocalíptica, plúmbea y de manual marxista-leninista de sus contrapartes mexicanas, centro y sudamericanas. En cambio, se trató de una novedosa forma de comunicación moral, lúdica, poética, irónica, simbólica y harto ambigua, que, por su carácter multívoco, tuvo resonancias en los más variopintos públicos. Marxistas-guevaristas, indianistas, feministas, multicultu- ralistas, ambientalistas, populistas, autonomistas, antisistémicos, altermundistas, antipartidistas, contraculturales diversos y muchos actores más se han sentido in- terpelados e identificados con el neozapatismo y, eventualmente, se han sumado al movimiento prozapatista o las iniciativas de los rebeldes.

El movimiento prozapatista

El levantamiento armado del EZLN en 1994, en una región periférica de un país también periférico, de acuerdo con la mirada eurocentrista, inspiró y reanimó las contiendas y movilizaciones izquierdistas globales, cuyas energías utópicas pare- cían haberse consumido tras la caída del bloque comunista a finales de la década de los ochenta. Para el etnocentrismo europeo y norteamericano, las demandas de justicia social, reconocimiento de la identidad y cultura de los pueblos origi- narios, la exigencia de participación política e inclusión social, la ponderación del papel de las mujeres y de la comunidad, el desafío a un régimen autoritario y corrupto e, inclusive, la misma composición indígena del zapatismo y su “puesta en escena” en las exuberante geografía montañosa y selvática de Chiapas, re- sultaban ideales para todo tipo de proyecciones románticas, como las del buen salvaje que, en defensa de la dignidad y la naturaleza misma, se opondría heroi- camente al individualismo consumista vaciado de sentido y la razón instrumental de la dominación política y económica de Occidente y anunciaría la buena nueva emancipadora de que “otro mundo es posible”.

La insatisfacción con el estado de cosas en sus propias sociedades –resul- tado de una primera oleada de desregulación mercantil y financiera, el creciente desmontaje de sus Estados de bienestar, una fuerte reestructuración del mercado laboral y un sentimiento omnipresente de que el “fin de la historia” se había insta- lado como un presente perenne y vacuo–, creó las condiciones morales, afectivas

e intelectuales para que una parte de la izquierda de estas sociedades revitalizara sus ancestrales fantasías acerca del “otro” y se sintieran inspirados e identifica- dos con los rebeldes chiapanecos. No menos cierto es que, en esta identificación, el discurso heteróclito de la insurgencia zapatista permitía todo tipo de lecturas sobre los alzados y el significado de su lucha. Así, el neozapatismo como “signi- ficante vacío”, que propicia el establecimiento de cadenas de equivalencias entre actores diversos, facilitó la constitución del movimiento prozapatista trasnacio- nal, cuyo centro mediáticamente visible ha sido, hasta la fecha, el EZLN. Su contribución consiste en ser un pionero del altermundismo y reanimar las luchas postcomunistas en contra de la globalización neoliberal.

La coincidencia del levantamiento de 1994 con la primera difusión del uso de la internet (Schulz, 2014; y Enríquez, 2017), permitió al EZLN, primero, y al movimiento prozapatista, después, utilizar su potencial como instrumento de comunicación sin depender directamente de los medios de comunicación tra- dicionales²² para, segundo, divulgar su discurso, demandas y posiciones contra- rrestando las del gobierno mexicano y, en tercer lugar y no menos significativo, fungir como medio de organización del movimiento prozapatista –un movimien- to, estructurado en forma de red, que, por su carácter traslocal, era difícil de contrarrestar y reprimir para el Estado mexicano –exceptuando en los momentos de movilización en la “zona de conflicto”. Posteriormente, su original uso de las tecnologías de la información y comunicación inspiró a los pioneros del alter- mundismo. Hoy día, éste es parte del repertorio de organización y movilización de todo actor colectivo en el mundo.

Con su discurso y ejemplo antisistémico, antiinstitucionalista y de de- mocracia radical de base, el EZLN y el movimiento prozapatista han inspirado la construcción local de “un mundo en el que quepan todos los mundos”. Esta suerte de “zapatismo portátil” para “uso doméstico” del que se apropiaron sus simpatizantes mexicanos, latinoamericanos, europeos y norteamericanos ayu- dó a impulsar y legitimar la micropolítica de la izquierda autonomista a favor de construcción de formas de sociabilidad alternativas a las dominantes entre mujeres y hombres, entre los diferentes y subordinados y entre seres humanos y el entorno natural, enderezadas a cambiar la vida individual y colectiva de activistas aquí y ahora y no hasta el momento posterior a la toma del palacio de invierno bajo la dirección de un partido o un líder carismático. Esta micropolí- tica se caracteriza por ser descentralizada, ateleológica, no instrumental, auto- gestiva y organizada en forma de “resistencias locales” al Estado y capitalismo. De este modo, la vida cotidiana se politiza y la política se vuelve algo cotidiano que incumbe e interpela a todos (Pleyers, 2009; y Aranda y Ramírez, 2019).

22 Salvo el caso del diario nacional La Jornada, que se convirtió en el órgano de difusión y cronista prácticamente incondicional del neozapatismo.

En resumen, en comparación con muchos otros movimientos altermundis- tas, cuyas expectativas no han pasado del orden de las aspiraciones discursivas, el notable logro del movimiento prozapatista es que ha proporcionado al neozapa- tismo de recursos humanos, materiales y simbólicos para construir un entramado político institucional y practicar, localmente, lo que denominan su autonomía.

Por otro lado, en este movimiento se han experimentado las tensiones entre sus componentes, es decir, el EZLN y los actores y grupos solidarios trasnacionales, producto de las asimetrías de poder internas y las expectativas heterogéneas y, en ocasiones, contrarias que imperan en él. A pesar de su dis- curso democrático e incluyente, la comandancia del EZLN ha exigido lealtad incondicional a los integrantes del movimiento prozapatista, confiar sin cues- tionamientos en su “palabra” y apoyar sus iniciativas y estrategias. Aquellos individuos, grupos y organizaciones que han manifestado críticas y disensos, creyendo de buena fe en la discusión democrática y plural entre pares, han sido, en ocasiones, descalificados y expulsados. El sectarismo del EZLN se ha tradu- cido para sus bases de apoyo en la suspensión de proyectos de cooperación in situ de ONG, la cancelación de oportunidades de producción y comercializa- ción de mercancías o, simplemente, el disfrute de la presencia de los solidarios en comunidades rebeldes.

Por último, el proceso de reorganización militar, civil y política del neo- zapatismo, en la etapa en que los zapatistas renuncian a involucrarse en la políti- ca nacional y dan un giro antisistémico a su lucha, supuso una disminución nota- ble de la comunicación pública del EZLN. Vuelto hacia sí mismo, descuidó sus relaciones y alianzas con los integrantes del movimiento prozapatista. Ante este silencio, muchos de ellos invierten su energía en la atención de problemas locales en sus propios países y la solidaridad con otros actores en resistencia, como los kurdos, los palestinos, los manifestantes de la Primavera Árabe o el movimiento Occupy Wall Street, por ejemplo. Otros, en cambio, se han desvinculado de la red zapatista. Así, el movimiento prozapatista se encuentra en un estado de latencia, que hace difícil pronosticar si será capaz, y bajo qué circunstancias, alcanzar el pico de solidaridad al que llegó hacia el cambio de siglo y en el contexto de las disputas políticas en torno a la reforma constitucional sobre derechos y culturas indígenas (Estrada, 2016a; y Aranda, 2017ª).

Conclusiones: el significado político del zapatismo

En este artículo, me he ocupado de hacer un balance de los logros sociales y polí- ticos del zapatismo, considerando las diferentes etapas de su historia, los cambios en su composición interna, las metas colectivas perseguidas en distintas arenas de conflicto y las experiencias de diversos segmentos de integrantes de este com- plejo sistema de protesta.

En esta evaluación, se puede destacar un trío de paradojas. La primera consiste en que el neozapatismo es el último movimiento agrario armado de la posrevolución y, a la vez, uno de los primeros movimientos altermundistas en contra de la globalización neoliberal. Por la composición y las demandas de sus bases de apoyo, se trata, en efecto, de un actor rural, pero por las formas de ac- tivismo, organización, movilización, heterogeneidad, comunicación, reclamos y concepción de la política del movimiento de solidaridad prozapatista, el zapatis- mo puede calificarse como un actor altermundista.

La segunda paradoja reside en el hecho de que el neozapatismo se propu- so acabar con el régimen político mexicano mediante un levantamiento armado. Sin embargo, sus demandas sociales y políticas y sus aspiraciones de justicia so- cial provienen, como el propio nombre del EZLN, del vocabulario político de la Constitución de 1917.²³ La población a la que el neozapatismo afirma representar es, asimismo, un producto de las políticas agraria e indigenista del Estado mexi- cano, que arraigaron al campesino al ejido y al indígena al mundo rural como los únicos horizontes legítimos de aspiración e identidad. Aún más, su pretensión de autonomía territorial ha sido organizada a imagen y semejanza de las estructuras estatales con sus diversos niveles de representación y gobierno. Las instituciones autonómicas pueden ser vistas como parodias o inversiones del orden de domi- nación político, pero de ninguna manera como su superación o subversión. El lenguaje de la hegemonía del Estado mexicano habla por medio de las palabras y las prácticas del zapatismo.

En tercer término, resulta paradójica la convivencia entre la genuina par- ticipación activa y los ejercicios cotidianos de democracia directa de las bases de apoyo zapatistas, por un lado, y las prácticas autoritarias y de concentración del poder del liderazgo del EZLN, por el otro. Es probable que la tensión entre los impulsos democratizadores y los autoritarios al interior de este sistema de protesta sea, más que un obstáculo, una condición de su funcionamiento y, acaso, de su éxito colectivo –a pesar de las múltiples y constantes defecciones de sus militantes y simpatizantes a lo largo de su existencia y hasta hoy día.

Por otro lado, en toda esta historia de conflicto, exclusión y marginación, el Estado mexicano tiene una gran parte de responsabilidad. Si comparamos la respuesta que dio al zapatismo con la que aplicó a otros “actores subversivos” apenas unos 20 años antes del levantamiento y, también, si la ponemos en pers- pectiva en relación con las sangrientas guerras civiles y luchas revolucionarias y populares al sur de nuestra frontera en esa misma época, hay que reconocer al go- bierno federal la prudencia y el predominio de la política para enfrentar a los re-

23 A saber: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, demo- cracia, justicia y paz, como lo manifestaron en la primera Declaración de la Selva Lacandona el 1° de enero de 1994. Cfr. EZLN, https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/01/primera-decla-racion-de-la-selva-lacandona/

beldes del sureste. Las millonarias inversiones en programas y políticas públicas de toda índole en Chiapas, en general, pero en la zona de conflicto, en particular, pudieron haber tenido un efecto de desarrollo a largo plazo para superar la pobre- za e integrar realmente a los indígenas, en términos de igualdad y sin discrimina- ciones, a la sociedad mexicana. Pero no sucedió así. Ni siquiera en la forma de un “desarrollismo contrainsurgente” (Villalobos y Trench, 2014). El dinero no fue utilizado con inteligencia. Se gastó mucho para neutralizar la influencia del zapa- tismo y no poco se perdió en la corrupción. La miseria y bajísima productividad del ejido en México se multiplican en las regiones indígenas. En esta situación, la migración ha sido la opción para muchos hombres y mujeres jóvenes, tanto zapatistas como de otro signo político. El mercado laboral no agrícola en Chiapas no ofrece alternativas a esta población caracterizada, desgraciadamente, por su bajísimo nivel educativo. La economía no crece ni genera empleos. Y a todo ello se ha sumado en los últimos la presencia del tráfico de drogas y de personas en esta región del país.

La representación política inefectiva de los intereses de actores popula- res subordinados y excluidos habla de una transición democrática incompleta. Nuestra democracia electoral es, sin duda, confiable, pero no es liberal ni se fundamenta en un auténtico Estado de derecho. Nuestras calamidades colec- tivas –la ineficiencia, el clientelismo, la falta de transparencia y rendición de cuentas, la corrupción y la impunidad– caracterizan aún al régimen producto de la transición a la democracia. El neozapatismo podría jugar un papel importan- te en la vida pública mexicana, pero antes tendría que reexaminar su concep- ción política antisistémica. El mundo puede y debe cambiarse en y fuera de las sedes del poder político en el marco del diálogo y el conflicto democrático de una pluralidad de actores.

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