La historia del término posverdad muestra cómo ha pasado de ser un concepto marginal para convertirse en un elemento central del discurso político y social contemporáneo. Si bien la palabra ya existía, su uso se popularizó en 2016, durante eventos como el referéndum del Brexit en Reino Unido y las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en donde las estrategias de comunicación apelaban más a la emoción y a la identidad de los votantes que a la veracidad de los hechos (Oxford Languages, 2016). Sin embargo, el concepto no es del todo reciente. Ya en la década de 1990, Tesich (1992, 13) hacía referencia al término al afirmar: «we, as a free people, have freely decided that we want to live in some post-truth world [nosotros, como pueblo libre, hemos decidido libremente que queremos vivir en un mundo de posverdad]».

Desde una perspectiva filosófica, Nicolás Marín (2019) plantea que la posverdad es más que un fenómeno coyuntural; se trata de un síntoma de un profundo malestar cultural, resultado de un proceso histórico que ha puesto en cuestión los pilares fundamentales de la modernidad ilustrada. En este sentido, no se trata simplemente de la proliferación de mentiras en el ámbito político o mediático, sino de un cambio estructural en la forma en que la sociedad construye y valora la verdad.

«La posverdad expresa todo un diagnóstico de la actualidad en sus más diversos aspectos culturales, científicos, sociales, personales, etc. […] La relación con la verdad expresada en el término «posverdad» alude de entrada a algún tipo de posterioridad, a que en algún sentido la verdad ha quedado atrás, ha sido rebasada, superada o neutralizada» (Nicolás Marín 2019, 303).

Por su parte, Oxford Languages define la posverdad como lo «relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief [relativo o que denota circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales]» (2016, 2). Sumado a esto, desde un enfoque sociopolítico, Carrera Umaña la concibe como el «diagnóstico de la situación que enfrenta la sociedad actual, en la cual se evidencia un cuestionamiento de la fiabilidad del saber mismo y una incertidumbre en torno a los fundamentos que guían la acción humana» (Universidad de Costa Rica, Noticias, 23 de mayo de 2023, 3). Esta visión resalta el papel de la posverdad en la deslegitimación de la información científica y en la erosión del discurso basado en evidencia.

En este contexto, la relación entre posverdad y desinformación se vuelve crucial, pues ambas operan como mecanismos que distorsionan la percepción de la realidad en el espacio público. Como señalan García-Marín y Aparici (2019), las estrategias de la posverdad se apoyan en la desinformación como herramienta clave para modelar la opinión pública y reforzar narrativas preexistentes. Según estos autores, la desinformación combina hechos reales con contenido falso de manera que resulta difícil de descifrar para el ciudadano medio. Dentro de estas estrategias se encuentran la falsa atribución, los titulares engañosos y el contenido manipulado. A esto se suman las fake news, es decir, contenidos enteramente falsos diseñados deliberadamente para manipular la percepción pública con fines políticos o económicos, utilizando tácticas como la automatización de la desinformación a través de bots y la creación de portales web que imitan el diseño de medios tradicionales.

Como señala Nicolás Marín (2019), vivimos en un periodo de coexistencia entre verdad y posverdad, donde la mentira y la desinformación han dejado de ser percibidas como anomalías para convertirse en elementos estructurales del discurso público, ya que la posverdad no ha reemplazado a la verdad, sino que «la posverdad ha entrado de modo significativo en un cierto tipo de interacción con la verdad […]. Estamos en un momento de coexistencia de verdad y posverdad» (Nicolás Marín 2019, 307-308).

Para Castro Ávila (2021, 15), «la desinformación se refiere a textos, imágenes, audios o videos falsos, manipulados o sacados de contexto. Son producidos intencionalmente con diferentes objetivos: dañar a una persona o institución». Por otro lado, Olmo y Romero coincide al decir que «la desinformación puede definirse como la difusión intencionada de información no rigurosa que busca minar la confianza pública, distorsionar los hechos, transmitir una determinada forma de percibir la realidad y explotar vulnerabilidades con el objetivo de desestabilizar» (2019, 4).

A partir de estas definiciones, es claro que la desinformación no solo implica la creación de contenidos falsos, sino que también puede ser el resultado de la manipulación de hechos o de su presentación en contextos distorsionados. Este fenómeno, al igual que la posverdad, tiene profundas implicaciones en el ámbito social y político, ya que influye directamente en la formación de opiniones y en la percepción de la realidad. La desinformación saca provecho de las emociones y las debilidades cognitivas de las personas para influir en sus creencias, lo que la hace una herramienta de poder para manipular el discurso público, desestabilizar democracias y polarizar sociedades. De esta forma, se trata de «obtener ventajas políticas, de minar los valores democráticos, de extender una nueva narrativa para, en definitiva, cambiar nuestra realidad» (Olmo y Romero 2019, 4).

La desinformación puede presentarse de diversas formas, cada una con características y objetivos específicos. Esta diversidad se puede clasificar en distintas categorías, las cuales se definen según su naturaleza y su intención de engaño o manipulación. Es crucial entender estos tipos para poder abordarlos y combatirlos adecuadamente, principalmente en la era digital, donde las redes sociales juegan un papel crucial en la propagación de información errónea. A continuación, en la Tabla 1, se presentan los principales tipos de desinformación, junto con una breve definición de cada uno.

Tabla 1. Tabla 1. Tipos de desinformación Tabla 1. Tipos de desinformación

Tipo de desinformación	Definición
Contenido falso (fake news)	Información completamente fabricada para engañar, sin ninguna base en hechos reales. Imita a medios de comunicación tradicionales para aparentar legitimidad.
Sátira o parodia	Contenidos creados con fines humorísticos o irónicos, pero que pueden engañar si se toman fuera de contexto o si no se reconoce la intención original.
Conexión falsa	También conocida como clickbait, utiliza titulares sensacionalistas para generar visitas, pero el contenido no cumple con las expectativas creadas.
Contenido engañoso	Usa hechos o datos reales manipulados para inducir al lector a una interpretación errónea.
Contexto falso	Información verídica compartida fuera de su contexto original para distorsionar su significado o crear una falsa relación entre hechos.
Contenido impostor	Suplantación de identidad de una fuente legítima para hacer creer que la información proviene de una fuente confiable.
Contenido manipulado	Textos, imágenes o vídeos alterados deliberadamente para engañar o cambiar el mensaje original

Información extraída de Castro Ávila (2021); Sánchez Duarte y Magallón-Rosa (2023); y Anguita et al. (2023).

Este enfoque ayuda a clasificar y comprender los distintos formatos en los que puede presentarse la desinformación, y facilita el diseño de categorías para analizar, abordar y mitigar su impacto en la sociedad.

La posverdad y la desinformación han transformado profundamente la política contemporánea, generando un clima donde los hechos objetivos pierden peso frente a las emociones y las creencias personales. Para Avaro (2021), la posverdad y las verdades empíricas conviven en un frágil equilibrio epistémico, lo que ha permitido que el discurso político se aleje cada vez más de los hechos verificables. Este fenómeno ha sido amplificado por el uso de redes sociales y otros medios digitales, donde los mensajes emocionales y polarizadores encuentran mayor resonancia que las argumentaciones basadas en evidencias. Como señala Araújo, «a ampla disseminação de informações falsas […] com suporte tecnológico que permite alcances inimagináveis [la difusión generalizada de información falsa [...] con un soporte tecnológico que permite un alcance inimaginable]» (2021, 7).

La posverdad no solo impacta la percepción de la realidad, sino que también altera el comportamiento electoral y la confianza en las instituciones. En América Latina, la desinformación ha sido utilizada como una estrategia para manipular el debate público y moldear la opinión de los votantes. Mendoza, Dagatti y López López (2023), documentan cómo la propagación de noticias falsas ha sido utilizada para influir en elecciones y desestabilizar gobiernos en la región, destacando casos como las elecciones en Argentina y Perú, donde las redes sociales jugaron un papel central en la construcción de narrativas falsas que afectaron la confianza en los procesos democráticos​.

Uno de los casos más representativos en el contexto latinoamericano es el de Argentina, donde la posverdad se ha materializado a través de la exposición selectiva a fake news. Según Clavero (2018), las noticias falsas han sido utilizadas como un recurso estratégico en el periodismo y la política, generando audiencias polarizadas que consumen y comparten información sesgada sin cuestionar su veracidad. En su estudio, Clavero (2018) identifica cómo la posverdad no solo implica la difusión de información falsa, sino que también representa una reconfiguración de la comunicación política, en la que la percepción y la identidad ideológica se vuelven más relevantes que los hechos objetivos​

En el caso de Costa Rica, la elección presidencial de 2022 fue un claro ejemplo de cómo la desinformación y la posverdad han moldeado la política contemporánea. Como se analiza Siles González (2024), la campaña electoral estuvo marcada por el uso masivo de redes sociales y estrategias de comunicación digital que favorecieron la viralización de mensajes políticos sin control de veracidad​. Durante la contienda electoral, los candidatos utilizaron plataformas como Facebook, TikTok y WhatsApp para amplificar sus discursos, muchas veces recurriendo a estrategias de desinformación. Como se señala, «las elecciones presidenciales de 2022, atípicas en muchos aspectos, merecían un análisis científico profundo, dado el uso extendido de redes sociales, plataformas digitales, creación de contenidos y desinformación» (Siles González, 2024, 383).

Uno de los fenómenos más llamativos fue la estrategia de confrontación con los medios de comunicación tradicionales, donde el presidente electo Rodrigo Chaves utilizó narrativas de posverdad para atacar a la prensa y consolidar su apoyo popular. Durante su campaña, Chaves popularizó el término «prensa canalla», desacreditando a los medios e incentivando la desconfianza en la información oficial. Este discurso polarizador permitió que su mensaje llegara directamente a los votantes a través de redes sociales, evitando los filtros de verificación de los medios tradicionales​.

Además, Siles González (2024) destaca cómo la viralización de contenidos en redes sociales contribuyó a la personalización de la política y a la fragmentación del debate público. Fenómenos como el uso de memes, stickers y videos cortos en plataformas como TikTok fueron determinantes para el posicionamiento de candidatos, relegando los programas políticos y las propuestas a un segundo plano​.

En este sentido, se refleja cómo la posverdad y la desinformación han reconfigurado la dinámica política en América Latina. Las estrategias de manipulación de la información no solo afectan la percepción de la realidad, sino que también transforman la relación entre los ciudadanos y las instituciones democráticas, debilitando la confianza en los procesos electorales y en los medios de comunicación.

La posverdad y la desinformación han tenido un impacto significativo en la política contemporánea de Costa Rica, especialmente en el manejo de la información por parte del gobierno. A lo largo de los últimos años, puntualmente a partir de 2022, se han documentado numerosas afirmaciones falsas por parte del presidente Rodrigo Chaves Robles y su equipo, tal como consta en el artículo de La Nación sobre las «52 falsedades del gobierno» (Córdoba, La Nación, 18 de agosto 2024). Estas afirmaciones, que abarcan desde datos imprecisos sobre infraestructura pública hasta la tergiversación de estadísticas de empleo y pobreza, han sido utilizadas para moldear la percepción pública y consolidar apoyo político en un entorno donde los hechos objetivos son menos influyentes que las emociones y creencias personales.

Las falsedades presentadas por Córdoba (La Nación, 18 de agosto 2024), se organizaron en diferentes tablas, clasificadas según los tipos de desinformación que se establecieron en la Tabla 1.Estas falsedades incluyen una variedad de tácticas que van desde la creación de contenido falso, como afirmaciones completamente fabricadas, hasta el uso de contexto falso, donde hechos verídicos son presentados fuera de su contexto para distorsionar su significado. Además, algunas de las afirmaciones corresponden a contenido engañoso, en el que se manipulan datos reales para inducir a la opinión pública a interpretaciones erróneas. Esta clasificación permite entender cómo diferentes estrategias de desinformación pueden ser empleadas para moldear la percepción pública y manipular la opinión sobre temas relevantes en Costa Rica.

Se considera que la información es de contenido falso cuando esta es completamente fabricada para engañar, sin ningún sustento en hechos reales (Castro Ávila 2021; Sánchez Duarte y Magallón-Rosa 2023; y Anguita et al. 2023). Por lo general, se imita a medios de comunicación tradicionales para aparentar legitimidad, o bien, «simulan ser información periodística real», además, se «apela a las emociones; por ello, suelen incluir informaciones que indignan, enojan o entristecen a fin de motivar a las personas para que compartan el mensaje» (Castro Ávila 2021, 15). A continuación, en la Tabla 2, se presentan las falsedades identificadas como contenido falso en el discurso del presidente y su equipo.

Tabla 2. Tabla 2. Desinformación: contenido falso

Hecho en el que se detecta la falsedad	Descripción
Decreto de vacunación inexistente al firmarse.	El gobierno afirmó haber firmado un decreto eliminando la vacunación obligatoria, pero el decreto no existía al momento de la firma y fue redactado después.
Poseer armas de fuego automáticas de guerra es un delito en el país.	Se afirmó que poseer un arma de guerra era solo una contravención, pero la ley establece que es un delito con penas de cárcel.
Sala IV corrigió al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) sobre la delimitación del Refugio Natural de vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.	Se negó que la Sala IV ordenara la delimitación del área protegida, pero la Sala IV confirmó que sí emitió esa orden en el 2019.
Ministerio de Justicia y Paz desmintió al presidente sobre estudios para cárceles de carpas.	Se afirmó que había estudios técnicos que avalaban la viabilidad de cárceles de carpas, pero el Ministerio de Justicia admitió que no existían tales estudios.
Embajada de los Estados Unidos desmintió visita de expertos para evaluar terreno de nuevo hospital de Cartago.	Se afirmó que la embajada estadounidense traería expertos para evaluar un terreno, pero la embajada negó estar coordinando tal visita.
Intel negó que evaluara permanecer en Costa Rica.	Se afirmó que Intel estaba reconsiderando su permanencia en el país, pero la empresa lo desmintió y reafirmó su compromiso con Costa Rica.
Tormenta Bonnie no causó daños en pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber.	Se justificó la reparación de la pista del aeropuerto debido a daños causados por la tormenta Bonnie, pero un informe técnico indicó que no hubo daños relacionados con la tormenta.
Banco Central contradijo al presidente al mencionar que Costa Rica sí cuenta con reservas de dólares suficientes.	Rodrigo Chaves afirmó que el país no tenía suficientes reservas de dólares, pero el Banco Central demostró que las reservas son suficientes.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, aclaró que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) está excluida de la regla fiscal.	El presidente afirmó que la CCSS estaba sujeta a la regla fiscal, pero el ministro de Hacienda aclaró que no es así, que la institución se encuentra exenta de la norma.
Personas directivas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no fueron nombradas ilegalmente.	Se afirmó que tres personas directivas del ICE fueron nombradas ilegalmente, pero la Fiscalía concluyó que no hubo irregularidades en los nombramientos.
Fiscalía desmiente tardanza en caso de agresión a colegiala.	Se afirmó que la Fiscalía no actuó hasta que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) denunció el caso, pero la Fiscalía demostró que ya había iniciado el proceso antes.
Contraloría General de la República (CGR) desmintió al presidente sobre freno a marina y terminal de cruceros.	Se afirmó que la CGR había impedido la construcción de una marina, sin embargo, la institución negó haber emitido tal criterio.
Directivos de la CCSS nunca aprobaron plan contra listas de espera.	Se afirmó que la Junta Directiva de la CCSS aprobó un plan para combatir las listas de espera, pero la propia CCSS confirmó que no se había tomado tal decisión.
Marcha LGBTI+ sí contaba con permisos.	Se afirmó que la marcha LGBTI+ no tenía los permisos requeridos, pero la organización demostró que sí se contaba con todos los permisos en regla.
Presidencia ocultó orden de suspender publicidad en medios.	Se negó haber emitido una orden para suspender publicidad en ciertos medios de comunicación, pero audios revelaron que la directriz sí existió.
Mario Zamora, ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, contradijo a presidencia sobre uso de finca de Allan Pacheco Dent.	Presidencia afirmó que varias fuerzas policiales, incluida la Fuerza Pública, utilizaban una finca para entrenamiento, pero Mario Zamora negó la participación de la Fuerza Pública en el uso de la finca.
Municipio desmintió informe del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) sobre Parque Viva.	Se afirmó que Parque Viva tenía anomalías en sus permisos, pero la Municipalidad de Alajuela confirmó que el uso de suela era conforme al Plan Regulador.
Estudio del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) negó sobrepoblación de cocodrilos.	Se afirmó que había una sobrepoblación de cocodrilos en los ríos del país, pero un informe del MINAE desmintió esta afirmación, indicando que no hay evidencia que lo respalde.
Fiscala Cris González no incurrió en conflicto de intereses en supuesto caso de evasión.	Se acusó a la fiscala González de conflicto de intereses en un caso de evasión fiscal, pero una investigación determinó que no existió tal conflicto.
Juzgado desmintió denuncia de Luis Amador contra exviceministra del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).	Se acusó a la exviceministra de obstrucción de evidencias, pero el juzgado desestimó la denuncia por falta de pruebas.
Fiscal negó orden para detener a manifestantes en Hatillo, San José.	Se afirmó que el Poder Judicial emitió una orden de detención contra los manifestantes, pero el Fiscal aclaró que nunca se emitió tal orden.
Asaltante de autobús no contaba con tobillera electrónica.	Se afirmó que el sospechoso de un asalto a un autobús portaba tobillera electrónica, pero el Ministerio de Justicia y Paz confirmó que no la utilizaba.
Acuerdos de Comisión de Vacunación no eran nulos según criterios de la Procuraduría.	Se afirmó que los acuerdos de la Comisión Nacional de Vacunación eran ilegales debido a nombramientos vencidos, pero la Procuraduría General de la República indicó que los actos del órgano seguían siendo válidos.
Fundación MarViva no encabezó denuncia de los Estados Unidos contra el gobierno.	Se afirmó que MarViva estaba detrás de una demanda en los Estados Unidos contra el gobierno, pero la organización desmintió la afirmación y aclaró que solo suscribió una denuncia presentada por otra entidad.
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura no consultó a instituciones sobre inclusión de fauna silvestre en lista comercial.	Se afirmó que varias instituciones (Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, MINAE y SINAC), fueron consultadas para inclusión de fauna silvestre en una lista comercial, pero estas instituciones negaron haber sido consultadas.
Terreno para el nuevo hospital de Cartago no fue de los más caros.	Se afirmó que el terreno comprado para el hospital de Cartago fue de los más caros, pero la CCSS informó que fue una de las ofertas más económicas.
Sala IV no ordenó a Justicia la compra masiva de computadoras.	Se afirmó que la Sala IV ordenó una compra masiva de computadoras para reclusos, pero la Sala aclaró que solo ordenó proporcionar medios electrónicos para consulta de expedientes.
Sala IV no impidió despido de policía penitenciario.	Se afirmó que la Sala IV impidió el despido de un policía penitenciario, pero la Sala aclaró que no había emitido tal medida cautelar.
Compra de terrenos por parte del Poder Judicial para la Sala IV.	Se afirmó que la CGR permitió al Poder Judicial comprar terrenos por excepción, pero el Poder Judicial aclaró que la compra se realizó mediante un fideicomiso.
Gobierno no instaló nuevos escáneres en el 2023.	Se afirmó que el gobierno instaló nuevos escáneres en el 2023, pero los únicos escáneres en operación fueron instalados por APM Terminals en 2022.
Inexistencia de orden para suspender cobro de peajes.	Se afirmó que el jerarca del MOPT pidió suspender el cobro de peajes el día del derrumbe en Cambronero (San Ramón, Alajuela), pero la concesionaria confirmó que la solicitud llegó un día después del siniestro.
Consultoría inexistente de la CCSS con Banco Mundial.	Se anunció una consultoría con el Banco Mundial para evaluar seguros de salud y pensiones, pero se confirmó que nunca existió.
Pilar Cisneros afirma que Hatillo, San José, gasta el doble de agua que el país.	Se afirmó que Hatillo en San José consume le doble de agua que el resto del país, pero datos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados indicaron que su consumo es menor que el promedio de San José.
Exministro de Hacienda, Elian Villegas, contradice a presidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social.	Se afirmó que las becas del programa Avancemos fueron recortadas debido a una meta irreal, pero el exministro Villegas desmintió esto, indicando que la meta fue cumplida.
Ley Jaguar sí debilitaría a la CGR.	Se afirmó que la Ley Jaguar no afectaba a la Contraloría, pero la Sala IV declaró que el proyecto sí reducía las funciones del órgano controlador.
Sala IV no ordenó poner cámaras corporales en todos los policías penitenciarios.	Se afirmó que la Sala IV exigió que todos los policías penitenciarios llevaran cámaras corporales, pero la Sala aclaró que solo ordenó grabar las intervenciones, no adquirir cámaras para todos.
Tribunal pidió más policías por informe de director carcelario.	Se afirmó que una jueza ordenó el traslado de policías entre centros penitenciarios, pero el tribunal aclaró que la orden se basó en un informe de carencias de personal en la cárcel de Alajuela.
Construcción de obra pública de calidad, sin sobrecostos y cumpliendo plazos.	Se afirmó que la infraestructura pública se estaba construyendo sin sobrecostos, pero se revelaron irregularidades y sobrecostos en un contrato para reparar la pista del Aeropuerto Daniel Oduber.
Denuncia contra periodista sin pruebas ni testigos.	Se denunció a un periodista por agredir a una funcionaria, per la denuncia fue archivada por falta de pruebas y testigos.
Segunda Ley Jaguar sí puede ir a consulta a la Sala IV.	Se afirmó que ciertas reformas incluidas en la Ley Jaguar no fueron sujetas a consulta por el Tribunal Supremo de Elecciones, pero este ente aclaró que esas reformas aún se encontraban en etapa de análisis.

Información extraída de Córdoba (La Nación, 18 de agosto 2024).

El análisis de las desinformaciones clasificadas como de contenido falso revela un patrón claro de afirmaciones completamente fabricadas o distorsionadas por parte del gobierno, que carecen de base en hechos verificables. Este tipo de desinformación tiene el potencial de manipular la opinión pública, ya que se presenta bajo el manto de autoridad y legitimidad, lo que aumenta su capacidad de engaño. Al revisar casos como el del decreto inexistente sobre vacunación obligatoria, o la falsa información de que Intel reconsideraba su permanencia en Costa Rica, se evidencia un uso recurrente de información inventada para influir en la percepción pública. Además, este tipo de desinformación también apela a emociones fuertes, como la indignación o el miedo, lo que motiva a las personas a compartir dichos mensajes sin verificar su veracidad. De esta forma, las estrategias de diseminación de contenido falso están alineadas con los intereses políticos inmediatos del gobierno, generando un impacto considerable en la confianza en contra de las instituciones y la estabilidad del discurso público.

La desinformación por contenido engañoso se suele dar cuando se utilizan hechos o datos reales manipulados, de manera tal que las personas sean inducidas a una interpretación errónea de los hechos, o bien, parcialmente verdadera (Castro Ávila 2021; Sánchez Duarte y Magallón-Rosa 2023; y Anguita et al. 2023). Este tipo de desinformación suele ser más sencilla de detectar, ya que se basa en información que puede tener sustento en la realidad, pero se distorsiona para ajustar un determinado mensaje o narrativa. A continuación, en la Tabla 3, se presentan las falsedades identificadas como de contenido engañoso en las declaraciones del gobierno.

Tabla 3. Tabla 3. Desinformación: contenido engañoso Tabla 3. Desinformación: contenido engañoso

Hecho en el que se detecta la falsedad	Descripción
Documentos equivocados sobre nuevo terreno para hospital en Cartago.	Se usaron informes de un terreno equivocado para justificar la paralización del nuevo hospital de Cartago, cuando el terreno real era adecuado.
Luis Amador (exministro del MOPT) sabía que las reinspecciones vehiculares no podía ser gratis.	Se afirmó que las reinspecciones vehiculares no podían ser gratuitas debido a regulaciones, sin embargo, Luis Amador ya conocía que Dekra no realizaría reinspecciones gratuitas por razones económicas.
Listas de espera para mamografías no llegaron a cero, como mencionó Joselyn Chacón (exministra de Salud Pública).	Se afirmó que las listas de espera para mamografías habían llegado a cero, pero no se cumplió la meta debido a retrasos en la revisión de pacientes.
Natalia Díaz (exministra de la Presidencia) corrigió al presidente sobre reforma a prisión preventiva.	Rodrigo Chaves, afirmó que un proyecto de ley fue archivado, pero Natalia Díaz corrigió y explicó que el proyecto sería incorporado en un texto sustitutivo.
₡ 200 000 millones para listas de espera se trasladaron a hospital de Limón.	Se afirmó que un fondo de ₡200 000 millones se destinó para erradicar las listas de espera, pero se confirmó que el dinero fue utilizado para el nuevo Hospital Tony Facio en Limón.
Recortes a la inversión pública en vivienda.	Se afirmó que se habían entregado 16 000 viviendas en dos años, pero los datos mostraron que el número de bonos entregados fue mucho menor que en años anteriores.

Información extraída de Córdoba (La Nación, 18 de agosto 2024).

Como se puede apreciar, el uso de contenidos engañosos es especialmente insidioso porque, al basarse en hechos parcialmente verdaderos, puede generar confusión en el público, al hacer que las mentiras sean más difíciles de detectar. Casos como el de los documentos equivocados sobre el nuevo hospital de Cartago o el traslado de fondos originalmente destinados a listas de espera al hospital de Limón, son ejemplos claros de cómo se manipulan los hechos para distorsionar la realidad. Estos casos buscan desviar la atención de la verdadera situación y mantener una imagen favorable del gobierno, al tiempo que perjudican la transparencia en el manejo de la información pública.

El contexto falso, referido a la presentación de información verídica, pero fuera de su contexto original, lo que puede generar la distorsión de su significado o crear una relación falsa entre los hechos (Castro Ávila 2021; Sánchez Duarte y Magallón-Rosa 2023; y Anguita et al. 2023). Esta técnica de desinformación es particularmente engañosa porque la información presentada puede ser cierta, pero su uso descontextualizado induce a las personas a interpretarla de manera incorrecta. En la Tabla 4, se detallan las falsedades clasificadas como contexto falso empleadas por el gobierno.

Tabla 4. Tabla 4. Desinformación: contexto falso Tabla 4. Desinformación: contexto falso

Hecho en el que se detecta la falsedad	Descripción
Sospechoso de narco sí se reunió en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) durante este gobierno.	Se afirmó que la reunión ocurrió en la administración pasada (Alvarado Quesada, 2018-2022), pero en realidad sucedió durante la gestión actual.
Viceministro de Seguridad fue destituido por perdida de confianza.	Se destituyó al viceministro de Seguridad por presunta pérdida de confianza en un proceso de licitación, pero una investigación lo exoneró de toda responsabilidad.
Gobierno de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014) no negoció acuerdo de rotación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).	Se afirmó que la administración Chinchilla Miranda negoció el acuerdo de rotación de la secretaría general del SICA, pero dicho acuerdo fue alcanzado durante la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018).

Información extraída de Córdoba (La Nación, 18 de agosto 2024).

El uso de desinformaciones de contexto falso en las declaraciones gubernamentales busca aprovechar hechos reales para generar narrativas engañosas. Al sacar de contexto acontecimientos, como la reunión de un sospechoso de narcotráfico en el INCOFER, o el supuesto acuerdo de rotación del SICA negociado en el gobierno de Laura Chinchilla Miranda, se altera la percepción pública de la realidad. Este tipo de desinformación es efectivo para confundir y distraer a la población, ya que se aprovecha de la veracidad parcial de los hechos para construir relaciones falsas entre los mismos, dañando la confianza en los actores políticos y en la veracidad de la información gubernamental.

Otro de los tipos de desinformación identificados fue el de contenido impostor, el cual se caracteriza por la suplantación de identidad de una fuente legítima para hacer creer que la información proviene de una entidad o persona confiable (Castro Ávila 2021; Sánchez Duarte y Magallón-Rosa 2023; y Anguita et al. 2023). Esta estrategia busca confundir a las personas, utilizando el prestigio o autoridad de una fuente falsamente atribuida para otorgar credibilidad a la información difundida. A continuación, en la Tabla 5, se presentan las falsedades identificadas como de contenido impostor.

Tabla 5. Tabla 5. Desinformación: contenido impostor Tabla 5. Desinformación: contenido impostor

Hecho en el que se detecta la falsedad	Descripción
Caso de evasión fiscal carecía de un informe técnico.	Se afirmó que un caso de evasión fiscal estaba respaldado por un informe técnico, pero se descubrió que no existía dicho informe.
Gobierno no presentó amparo sobre pensiones del Poder Judicial.	Se afirmó que el gobierno presentó un amparo para obtener información sobre pensiones, pero la Sala IV aclaró que el amparo lo presentó una actuaria personalmente y no el gobierno.

Información extraída de Córdoba (La Nación, 18 de agosto 2024).

Se considera a el contenido impostor especialmente dañino porque socava la confianza en las instituciones al hacer que declaraciones falsas parezcan respaldadas por fuentes oficiales o técnicas. Casos como el supuesto informe técnico que respaldaba un caso de evasión fiscal o la presentación de un amparo sobre pensiones por parte del gobierno, revelan cómo se intenta legitimar información fabricada o manipulada al atribuirla falsamente a actores institucionales. Esta técnica no solo confunde a las personas, sino que erosiona la credibilidad de las instituciones involucradas, afectando la percepción de transparencia y responsabilidad en la gestión pública.

Por último, se identificó la desinformación haciendo uso del contenido manipulado, es decir, del uso de deliberado de textos, imágenes o videos alterados, con el fin de engañar o cambiar el mensaje original (Castro Ávila 2021; Sánchez Duarte y Magallón-Rosa 2023; y Anguita et al. 2023). Este tipo de desinformación se utiliza para distorsionar la realidad, creando una percepción errónea de los hechos y generando confusión en las personas. En la Tabla 6, se presenta un caso identificado de este tipo.

Tabla 6. Tabla 6. Desinformación: contenido manipulado Tabla 6. Desinformación: contenido manipulado

Hecho en el que se detecta la falsedad	Descripción
Ministra de la Presidencia fingió firmar una ley.	La ministra simuló firmar una ley, pero un video mostró que el lapicero no tocó el papel y no se estampó la firma.

Información extraída de Córdoba (La Nación, 18 de agosto 2024).

Al hacer uso de contenido manipulado, se tiene el potencial de causar un alto impacto debido a su capacidad para alterar evidencias visuales o escritas que suelen considerarse irrefutables. En este caso, al simular la ministra de la Presidencia firmar una ley, el uso de un video manipulado para dar la impresión de que se había realizado una firma oficial refleja una estrategia de desinformación visual, diseñada para engañar a las personas. Este tipo de manipulación mina la confianza en los procesos institucionales y fomenta la desconfianza hacia los representantes del gobierno y su accionar.

Aunque estos casos no están incluidos en las 52 falsedades previamente identificadas, se mencionan ya que pueden ser analizados bajo la categoría de sátira o parodia. El primero de los casos corresponde a los ruidos extraños (imitando el rugir de un jaguar) emitidos por el presidente Rodrigo Chaves durante un discurso (Ramírez, CRHoy 16 de junio 2024), mientras que en el segundo hace referencia a la frase «no tengo pruebas, pero no tengo dudas» (Chaves Robles, citado por Semanario Universidad 2024), tomada de un meme popular divulgado en redes sociales y dicho durante conferencia de prensa; ambos comentarios y comportamientos podrían haber tenido un tono irónico o humorístico. Sin embargo, si se toman fuera de contexto o de manera literal, pueden llevar a la confusión y a una interpretación errónea.

Aunque estas expresiones no están directamente relacionadas con falsedades deliberadas, su uso puede distorsionar el enfoque de temas serios. Estos episodios, como la onomatopeya del jaguar, utilizado puntualmente para criticar a la CGR, demuestran cómo el humor o la ironía en discursos gubernamentales pueden trivializar asuntos importantes y, al mismo tiempo, desviar la atención del público hacia interpretaciones ambiguas.