Pobreza y derechos humanos de las mujeres latinoamericanas, entre 2018 y 2022: casos de México y Colombia

Poverty and Human Rights of Latin American Women between 2018 and 2022: Cases from Mexico and Colombia

Jorge-Eugenio-de Jesús Mora-Tordecillas jorgemora.uaneg@ms.uas.edu.mx

Universidad Autónoma de Sinaloa, Mexico

Elizabeth Ramírez-Llerena elizabeth.ramir@unisinu.edu.co

Universidad del Sinú, Colombia

Martha-Cecilia Benítez-Izquierdo marthacbenitez@unisinu.edu.co

Universidad del Sinú, Colombia

Laura Hernández-Dáger laurahernandez@unisinucartagena.edu.co

Universidad del Sinú, Colombia

Luis-de Jesús Ibarra-Cervantes luisibarra.uaneg@ms.uas.edu.mx

Universidad Autónoma de Sinaloa, Mexico

En México, según el CONEVAL (2022), una persona vive en situación de pobreza cuando carece socialmente de educación adecuada, acceso a una alimentación adecuada, servicios de salud y seguridad social, así como de una vivienda adecuada con servicios públicos básicos y esenciales, debido a que su ingreso económico no es suficiente para adquirir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades alimentarias y personales. Esto se refleja en Colombia en el reconocimiento de las necesidades básicas, mínimas y esenciales que todo individuo tiene, es decir, en la materialización del Estado Social de Derecho (Artículo 1° de la Constitución Política de 1991).

La mujer latinoamericana, entendida en este documento como la mujer indígena, afrodescendiente y campesina, ha aprendido a responsabilizarse de administrar los escasos recursos disponibles en el hogar para asegurar la supervivencia diaria de su familia. Asimismo, asume la responsabilidad de llevar a cabo las tareas que contribuyen al desarrollo psicosocial de los miembros de la familia (Schmukler, 1998).

Por tanto, este artículo examina los índices de pobreza en las mujeres latinoamericanas, realizando una comparación entre México y Colombia. Por ejemplo, en el año 2020, se encontró un indicador que muestra la pobreza multidimensional experimentada por la población mexicana, con un 43.9% de 55.7 millones de mexicanos afectados, de los cuales el 8.5% vive en situación de pobreza extrema, lo que equivale a 10.9 millones de personas. La salud contribuye significativamente a la pobreza, ya que un 16.2% de los mexicanos pobres no pudieron acceder a los servicios sanitarios (Moy, 2022).

En Colombia, según el boletín poblacional del DANE (2020), las comunidades más vulnerables son las campesinas, afrodescendientes e indígenas. Estas últimas conservan prácticas y modos de vida que se vinculan con los valores y tradiciones que emanan de su cultura ancestral, por lo cual requieren de una atención diferencial por parte del Estado Social de Derecho, que les garantice la protección de sus derechos individuales y colectivos. Según estimaciones del DANE para el año 2018, en Colombia había un total de 1.9 millones de indígenas.

Los índices de pobreza y la falta de acceso a servicios de salud entre las mujeres latinoamericanas, en los casos de México y Colombia, es probable que hayan aumentado durante la pandemia de COVID-19, que se extendió durante los años 2020 y 2021. Esta enfermedad, causada por el virus SARS-CoV-2, fue denominada Coronavirus. Fue la Organización Mundial de la Salud (OMS) la que informó al mundo el 31 de diciembre de 2019 que una epidemia originada en Wuhan, República Popular China, se había convertido en una pandemia con casos de neumonía viral (OMS, 2020).

En la actualidad latinoamericana, se observa una lucha por la igualdad de género y oportunidades entre hombres y mujeres, lo cual representa un cambio social y cultural significativo en las naciones de esta región. Este movimiento puede remontarse al derecho al voto de las mujeres mexicanas el 17 de octubre de 1953, durante el sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines. En Colombia, este avance se produjo en el año 1954, cuando el expresidente Gustavo Rojas Pinilla, mediante una reforma a la constitución de 1886, concedió derechos políticos a las mujeres al permitir su cedulación y su participación en la elección y ocupación de cargos públicos. Estos logros representan una importante victoria en la lucha por la igualdad de las mujeres latinoamericanas en esa época.

Si bien persiste una brecha de desigualdad y pobreza entre hombres y mujeres en México y Colombia, esta brecha se ha ido reduciendo con el paso de los años, aunque aún no ha desaparecido por completo. Entre las mujeres, se pueden identificar grupos más vulnerables que otros, como las mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas, que constituyen el foco central de esta investigación. Por ejemplo, esta situación se agrava para las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas latinoamericanos, una problemática que ha suscitado la preocupación de los gobiernos regionales en su esfuerzo por alcanzar niveles nacionales e internacionales de control. De hecho, esta cuestión se sitúa entre los temas fundamentales y prioritarios de países como México y Colombia, generando una atención especial en las políticas públicas gubernamentales, que apoyan y defienden a los indígenas (Ruiz, 2002).

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), las personas que se autoidentifican como indígenas lo hacen en base a su pertenencia a una comunidad cultural y étnica particular.

La población indígena se caracteriza por su vínculo con un patrimonio cultural e inmaterial amenazado, que se compone de conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación. Sin embargo, la marginación experimentada durante la colonización española los ha situado en condiciones de pobreza. Esta situación se ha visto exacerbada por la globalización, la modernización y la nacionalización de procesos estatales, lo que ha dejado a los pueblos indígenas con pocas alternativas más que abandonar sus comunidades ancestrales y migrar hacia los centros urbanos. En estas áreas, suelen residir en barrios de bajos estratos socioeconómicos y enfrentan el riesgo de perder por completo su patrimonio cultural e inmaterial al integrarse en un nuevo grupo social dominante (McCaskill, 2008).

En Perú, dentro de Latinoamérica, se destaca por ser un Estado con una alta concentración de población indígena, al igual que México. Un 33.7% de los hogares peruanos se identifican como indígenas, siendo el grupo étnico de habla quechua el más predominante, representando el 77% de estos hogares. Sin embargo, estos hogares enfrentan índices significativamente altos de pobreza multidimensional, con un 43.4%, y en muchos casos, de pobreza extrema, alcanzando un 52.4% y superando los niveles de pobreza de los hogares no indígenas (Trivelli, 2005).

Un estudio realizado en México, específicamente en la zona de Quintana Roo, en la Riviera Maya, y más precisamente en la cabecera municipal de José María Morelos, revela que el 64.47% de las mujeres indígenas carecen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Además, se encontró que un 3.94% de estas mujeres que sí tienen algún tipo de ingreso se sitúan por debajo de la línea de pobreza extrema, con un porcentaje del 68.41% determinado por el Banco Mundial (Rojas, 2018).

Basado en lo expuesto anteriormente, la pregunta que guía esta investigación es: ¿La pobreza de las mujeres latinoamericanas genera la violación de sus derechos humanos? El objetivo de este artículo es analizar la relación entre la pobreza y la violación de los derechos humanos de las mujeres latinoamericanas durante el período comprendido entre los años 2018 y 2022, a través de un estudio de casos en México y Colombia, dos países hermanos en Latinoamérica. Se busca determinar si la pandemia por COVID-19 ha tenido un impacto real en la población de este grupo vulnerable.

La hipótesis de este trabajo propone confirmar que la pobreza de las mujeres latinoamericanas, especialmente las campesinas, afrodescendientes e indígenas, ha aumentado en el período 2018-2020 en México y Colombia. Este aumento se atribuye a las condiciones económicas provocadas por la cuarentena debido al COVID-19. Asimismo, se espera observar la afectación específica hacia este grupo social, lo que resultará en una mayor pobreza en comparación con el resto de la sociedad.

El presente artículo consta de cuatro apartados, comenzando con esta introducción. El segundo apartado aborda la metodología aplicada y la forma en que se recopilaron los datos. El tercero presenta los resultados, donde se comparará la situación de las mujeres mexicanas y colombianas durante los años 2018-2022, considerando indicadores como los índices de pobreza, educación, acceso a la salud, entre otros, definidos en el Estado Social de Derecho. El cuarto apartado discute los hallazgos obtenidos. Finalmente, se presentan las conclusiones y la bibliografía utilizada para respaldar el contenido del artículo.

La metodología empleada en este estudio es una investigación sociojurídica de naturaleza cuantitativa. Para llevar a cabo el análisis estadístico, se utilizaron como fuentes de información las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de los años 2018 y 2020 en México. En el caso de Colombia, se empleó el informe de estadísticas sociodemográficas aplicadas al pueblo Awa por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2018.

El análisis de los datos se realizó utilizando el programa econométrico Stata 13.0. Este software permitió realizar los cálculos y análisis necesarios para llevar a cabo la investigación y presentar los resultados obtenidos.

Durante el análisis de la pobreza en el grupo de mujeres latinoamericanas, en particular las mujeres indígenas, se llevó a cabo una comparación con su contraparte masculina y con la población en general a nivel nacional, utilizando la variable "mujer indígena".

Además, se consideraron variables como la pobreza multidimensional, los niveles educativos (desde primaria incompleta hasta posgrados), el rol de jefatura del hogar (hombres, mujeres, hombres indígenas, mujeres indígenas y población en general), el acceso a servicios de salud (públicos, privados o sin acceso a servicios), y el tamaño de la localidad en la que residen (urbano o rural, según la población).

Estas variables fueron importantes para comprender la situación de las mujeres indígenas en relación con otros grupos de la población y para identificar las áreas específicas en las que enfrentan mayores desafíos en términos de pobreza y acceso a servicios básicos.

Los resultados de la investigación se presentarán en primera instancia mediante un recuento de los hallazgos por población, pobreza, tipo de asentamiento, sexo del jefe del hogar, nivel educativo y acceso a servicios de salud. El objetivo es obtener una visión general de la situación de pobreza de las mujeres indígenas mexicanas, especialmente en el estado de Sinaloa, en comparación con el resto del territorio mexicano. Posteriormente, se examinará esta misma situación en Colombia.

Los indicadores que se analizarán son los siguientes:

• Población por sexo y origen indígena.

• Pobreza multidimensional.

• Tipo de asentamiento (urbano o rural).

• Rol del jefe o jefa de hogar.

• Nivel educativo.

• Carencia por acceso a servicios de salud.

Estos indicadores permitirán tener una visión detallada de la situación de las mujeres indígenas en términos de pobreza y acceso a servicios básicos, tanto en México como en Colombia, y proporcionarán una base sólida para la discusión y las conclusiones del estudio.

a.- Población por Sexo y Origen Indígena: Se empezará por definir el universo que se toma en cuenta para llevar el presente análisis, esto mismo con el fin de establecer el lugar que la población de mujeres indígenas ocupa en el país.

Tabla 1
Población por Sexo y Origen Indígena 2018-2020.

Fuente: Elaboración propia del Investigador Luis de Jesús Ibarra Cervantes licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en las ENIGH's 2018 y 2020. Habla lengua indígena (HLI) y No habla lengua indígena (NO HLI).

Gráfica 1
Distribución de la Población Mexicana por Sexo y Origen Indígena 2018-2020.
Fuente: Elaboración propia del Investigador Jorge Eugenio de Jesús Mora Tordecillas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en las ENIGH's 2018 y 2020.

Las cantidades son en porcentajes de la población en observación.

Como se observa en la gráfica en 2018, la población indígena en todo México representaba solo el 5.89% de la población nacional, mientras que en el estado de Sinaloa, este número se ve reducido a solo el 1.28 de la población, en 2020 a nivel nacional la población indígena representaba el 5.63% de la población habiendo una reducción porcentual a comparación del periodo anterior, mientras que en Sinaloa podemos ver que pasa del 1.28% al 0.98% ocurriendo una reducción significativa de la población de las mujeres indígenas. Esto se puede deber a diversas causas ya sea un aumento en la población o fallecimientos por la contingencia sanitaria, si se observa la tabla se ve claramente una reducción del número en la población en el transcurso de un periodo a otro.

b.- Pobreza Multidimensional: Se realizó un análisis de la condición pobreza de la población por sexo y origen indígena de la población, para ver donde se presentan los efectos más marcados.

Tabla 2
Pobreza por Sexo y Origen Indígena 2018-2020.

Fuente: Elaboración propia del Investigador Luis de Jesús Ibarra Cervantes licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en las ENIGH's 2018 y 2020. Habla lengua indígena (HLI) y No habla lengua indígena (NO HLI).

Analizando las gráficas y tablas obtenidas a partir de las bases de datos podemos observar

Gráfica 2
Distribución de la Pobreza en México por Sexo y Origen Indígena 2018
Fuente: Elaboración propia del Investigador Jorge Eugenio de Jesús Mora Tordecillas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en la ENIGH 2018. Las cantidades son en porcentajes de la población en observación.

Los datos muestran que en el estado de Sinaloa, en 2018, el índice de pobreza entre las mujeres indígenas es del 26.31%, mientras que entre los hombres indígenas es del 29.71%. A nivel nacional, las mujeres indígenas presentan un índice de pobreza del 39.11%, mientras que los hombres indígenas tienen un índice de pobreza del 36.73%.

Partiendo de los datos anteriores se observa, como los índices de pobreza en la población indígena a nivel nacional en comparación con el Estado de Sinaloa, tienen un incremento de entre el 8% y el 13%, si se compara la población indígena con la población no indígena, se puede observar que los índices de pobreza de una población a la otra son en casi todos los casos del doble, por cada persona no indígena pobre hay dos indígenas pobres.

En 2018, las mujeres indígenas presentan una menor pobreza que su contraparte masculina, estos últimos presentando una mayor pobreza que las mujeres indígenas, pasando al nivel nacional tanto en hombres como en mujeres, que no pertenecen a la población indígena, podemos ver como los índices de pobreza se ven reducidos a solo un 18% a 20%.

En primera instancia se podría pensar, que las mujeres indígenas presentarían un mayor grado de pobreza, pero sorprendentemente el hombre indígena es más pobre a pesar de que en la cultura en que se desarrolla su día a día tiene roles de género más marcados donde la mujer no es la cabeza del hogar.

Gráfica 3
Distribución de la Pobreza en México por Sexo y Origen Indígena 2020.
Fuente: Elaboración propia del Investigador Jorge Eugenio de Jesús Mora Tordecillas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en la ENIGH 2020. Las cantidades son en porcentajes de la población en observación.

En 2020, se observa un aumento general de los índices de pobreza tanto en la población indígena, cono en la no indígena a nivel estatal y a nivel nacional estos aumentos simultaneo en los índices podrían adjudicarse a la contingencia sanitaria que se empezó a vivir en ese año, y que trajo consigo un confinamiento sanitario temporal, además de un paro de las actividades económicas no necesarias (servicios de salud y alimentaria) por eso en general, en la gráfica se observa aumentos de entre el 2% y el 4% entre los diferentes grupos que se tomaron en cuenta, para llevar a cabo el análisis las mujeres indígenas siguen siendo menos pobres que su contraparte y en general la situación de pobreza no presenta cambios significativos en este periodo.

Un hecho a resaltar en este análisis es que, en la población indígena de hombres y mujeres, se observa que en los otros grupos no, el hombre indígena es más pobre que la mujer indígena cuando en los otros casos la mujer suele presentar más pobreza que el hombre y en este caso la situación se ve invertida.

Para terminar con el análisis de pobreza, en un principio se consideró que las mujeres indígenas, se presentaría una clara desigualdad al resto de la población, siendo esto contradicho con los datos que se recabaron en las bases de datos, en general la población de hombres y mujeres indígenas presentan una mayor pobreza que el restos de la población del Estado de Sinaloa y a nivel nacional pero al reducir la población a solo hombres y mujeres indígenas la población de los hombres indígenas es en la que se observa una desigualdad, cabe también resaltar que la brecha de desigualdad que se esperaba encontrar en esta investigación fue menos reducida de lo que se esperaba.

c.- Tipo de asentamiento: Se realizó un análisis de los hogares urbanos y rurales de por sexo y origen indígena para ver cómo se distribuyen.

Tabla 3
Pobreza Urbana-Rural por Origen Indígena 2018 - 2020

Fuente: Elaboración propia del Investigador Luis de Jesús Ibarra Cervantes licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en las ENIGH's 2018 y 2020. Habla lengua indígena (HLI) y No habla lengua indígena (NO HLI).

El tipo de asentamiento o localidad, en que se encuentra ubicada la población indagada, es determinante para el numero en oportunidades y fuentes de trabajo o ingresos a las que pueden tener acceso, por eso es una cuestión determinante por tomar en cuenta al momento de llevar a cabo un análisis de la pobreza.

Gráfica 4
Distribución de la Pobreza Urbana-Rural en México por Origen Indígena.
Fuente: Elaboración propia del Investigador Jorge Eugenio de Jesús Mora Tordecillas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en la ENIGH 2018. Las cantidades son en porcentajes de la población en observación.

En cuestiones de la población indígena como se puede observar en la tabla y gráfica, que antecede, la población indígena se encuentra mayor mente en zonas rurales, ya que en el Estado de Sinaloa en 2018, la población indígena que se encontraba en zonas rurales mostraba un índice de pobreza del 55.73%, mientras que la población indígena en zonas urbanas, mostraba índices de pobreza del 56.56% mostrando que la zona rural o urbano, no hace una diferencia significativa o positiva en la pobreza de este grupo de la población mientras que a nivel nacional en 2018, las índices de pobreza en la población indígena en poblaciones rurales pasa del 55.73% al 85.16% viendo un aumento significativo pasando de un panorama estatal a nacional mientras que en la población no indígena las índices de pobreza en zonas rurales son solo de 38.02%, esto nos dice que la población indígena a pesar de encontrase en una zona rural, tiene más posibilidades de ser pobre que una persona que no pertenece a esta población.

Gráfica 5
Distribución de la Pobreza Urbana-Rural en México por Origen Indígena 2020.
Fuente: Elaboración propia del Investigador Jorge Eugenio de Jesús Mora Tordecillas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en las ENIGH 2020. Las cantidades son en porcentajes de la población en observación.

En 2020, el índice de pobreza de la población indígena en zonas rurales es de 61.09% y en zonas urbanas es de 56.08%. En este año se puede observar el mismo fenómeno que en el análisis de la pobreza del punto anterior, ya que los índices tienen un aumento porcentual más o menos equivalente al anterior, pudiendo ser este mismo adjudicado a la contingencia sanitaria en general, ya que la población indígena presenta más pobreza que la población no indígena, sin importar el tipo de asentamiento en el que se encuentren, observando que en la población indígena en ambos periodos, no se presentó ningún cambio significativo, por el tipo de asentamiento en el que se encuentren, cabe mencionar tomando en cuenta lo anterior, que se podría resaltar que no es una cuestión de oportunidades de un tipo de asentamiento a otro, sino una desigualdad en el acceso a estas mismas.

d.- Reconocimiento del jefe o jefa del hogar Se realizó un análisis de los hogares por sexo del jefe de familia y origen indígena para ver su distribución:

Tabla 4
Hogares por Sexo del jefe de familia y Origen Indígena 2018 - 2020.

Fuente: Elaboración propia del Investigador Luis de Jesús Ibarra Cervantes licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en las ENIGH's 2018 y 2020. Habla lengua indígena (HLI) y No habla lengua indígena (NO HLI).

El ser jefe o jefa del hogar, es un factor que considerar muy importante, ya que este nos indica que esa persona ya sea hombre o mujer de cualquier etnia, está percibiendo un ingreso o está realizando alguna actividad económica.

En el periodo 2018, en el Estado de Sinaloa podemos observar que, solamente el 19.75% de la población de mujeres indígenas son las jefas de sus hogares, mientras que en 2020 se observa un aumento hasta el 30.57%, y en general si observamos la tabla podemos ver en todos los casos no solo en la población de mujeres indígenas, son mayormente los hombre los jefes del hogar, los que perciben el mayor ingreso y es el sostén del hogar, viendo como estos superan a su contra parte femenina con más del doble, esto quiere decir que por cada mujer ya sea indígena o no, que es jefa de su hogar hay más de 2 hombres que son los jefes del hogar, en general México es un país algo tradicionalista, donde los roles de género aun juegan un papel significativo en los hogares y en las posibilidades que una persona puede llegar a tener ya sean personales o profesionales.

Gráfica 6
Distribución por Sexo del jefe de familia y Origen Indígena 2018 - 2020
Fuente: Elaboración propia del Investigador Jorge Eugenio de Jesús Mora Tordecillas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en las ENIGH's 2018 y 2020.

Las cantidades son en porcentajes de la población en observación.

Habla lengua indígena (HLI) y No habla lengua indígena (NO HLI).

A pesar de que las mujeres, ya sean indígenas o no, no suelen percibir los ingresos más altos para sus hogares, no presentan índices de pobreza más elevados que sus contrapartes masculinas, como se evidenció en el apartado sobre pobreza.

e.- Nivel educativo: Se realizó un análisis del nivel educativo de la población por sexo y origen indígena, para ver cómo se distribuyen. La educación es una cuestión clave en la cantidad de ingresos que pude recibir un individuo y la cantidad de oportunidades que como individuo se puede tener acceso.

Tabla 5
Nivel Educativo de la Población por Sexo y Origen Indígena 2018.

Fuente: Elaboración propia del Investigador Luis de Jesús Ibarra Cervantes licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en las ENIGH's 2018 y 2020. Habla lengua indígena (HLI) y No habla lengua indígena (NO HLI).

Gráfica 7
Distribución del nivel educativo por Sexo y Origen Indígena 2018.

En 2018, no se observan diferencias muy marcadas en los índices de nivel educativo de la población objetivo y los demás grupos de comparación, como se observa en la gráfica el único rubro que muestra una verdadera desigualdad en las mujeres indígenas, es el de secundaria completa o media superior incompleta.

Tabla 6
Nivel Educativo de la Población por Sexo y Origen Indígena 2020.

Fuente: Elaboración propia del Investigador Luis de Jesús Ibarra Cervantes licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en las ENIGH's 2018 y 2020. Habla lengua indígena (HLI) y No habla lengua indígena (NO HLI).

Gráfica 8
Distribución del nivel educativo por Sexo y Origen Indígena 2020.
Fuente: Elaboración propia del Investigador Jorge Eugenio de Jesús Mora Tordecillas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en la ENIGH 2020. Las cantidades son en porcentajes de la población en observación. Habla lengua indígena (HLI) y No habla lengua indígena (NO HLI).

En 2020, podemos observar un cambio significativo en el nivel educativo de las mujeres indígenas, en educación media superior o más completa, presentando una decaída del 11.97% en 2018 al 2.54% en 2020. En general el hombre indígena presenta un mayor porcentaje de educación en casi todos los niveles que se categorizan en la gráfica, mientras que en la población en general podemos ver índices un poco más homogéneos o firmes, observando variaciones no muy grandes de un periodo a otro.

La reducción de los niveles o declive en la población de mujeres indígenas, conforme van avanzando hacia niveles complejos de un periodo a otro podríamos adjudicárselo a la pandemia por COVID-19, viéndose reflejado una desigualdad de oportunidades ya sea por su sexo, su tipo de localidad e incluso su cultura indígena por los roles de género marcados que se presentan en las culturas indígenas. Además, se puede mencionar que a pesar de que la mujer indígena presenta un menor índice de preparación, este mismo no se ve reflejado en los indicadores de pobreza, siendo el hombre indígena más pobre que las mujeres indígenas en ambos periodos.

f.- Carencia por acceso a servicios de salud: Se realizó un análisis del acceso a los servicios de salud de la población por sexo y origen indígena para ver cómo se distribuyen.

Tabla 7
Servicios de Salud de la Población por Sexo y Origen Indígena 2018 - 2020.

Fuente: Elaboración propia del Investigador Luis de Jesús Ibarra Cervantes licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en las ENIGH's 2018 y 2020. Habla lengua indígena (HLI) y No habla lengua indígena (NO HLI).

Los indicadores por carencia de servicios de salud representan una carencia a un bien básico representativo, como un indicador de pobreza.

Gráfica 9
Distribución del Servicio de Salud en México por Sexo y Origen Indígena 2018.
Fuente: Elaboración propia del Investigador Jorge Eugenio de Jesús Mora Tordecillas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en la ENIGH 2018. Las cantidades son en porcentajes de la población en observación.

En 2018, podemos ver en la población indígena de mujeres, un grupo que no presenta una carencia real o muy marcada con respecto a su contraparte masculina o a la población en general, mientras que la población general que no es indígena no marca una desigualdad real, pudiendo ver una igualdad de una población a otra, de un sexo a otro, del Estado de Sinaloa a todo el territorio de México en general, a su vez vemos en todo la población un margen porcentual de carencia del 3.82% al 8.94% siendo relativamente bajos en todos los grupos de población.

En 2020, los índices de carencia por acceso a servicios de salud, se ven disparados en todos los casos esto siendo probablemente un reflejo de la contingencia sanitaria que se vivió por el COVID-19, en el caso de las mujeres indígenas en específico, podemos ver un cambio muy significativo de un periodo a otro pasando de un 3.82% a un 13.01%, viendo como este indicador se triplico, y en el resto de la población podemos observar situaciones similares de un periodo a otro, observando como los indicadores de ser sumamente bajo, de entre un 5% o un 8% pasan al 9% o 17% y viendo como este indicador se eleva al doble y en algunos grupos de población de hombres o mujeres se triplica.

Gráfica 10
Distribución del Servicio de Salud en México por Sexo y Origen Indígena 2020
Fuente: Elaboración propia del Investigador Jorge Eugenio de Jesús Mora Tordecillas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en la ENIGH 2020. Las cantidades son en porcentajes de la población en observación.

La mujer indígena en este indicador que se analizó no presenta una carencia marcada si se compara con su contraparte o con el resto de la población, pero tampoco es que el resto de la población presente una desigualdad en el acceso a servicios de salud.

Al hacer el estudio comparativo de tal situación con Colombia, es dable decir, que México es un país latinoamericano preocupado por el bienestar de sus poblaciones étnicas de origen amerindio, cosa que en Colombia es con la Constitución de 1991, que el gobierno reconoce los derechos de los pueblos originarios, además de con sentencias del bloque de constitucionalidad con fundamento en los acuerdos y tratados de Derechos Humanos signados por Colombia, que los jueces constitucionales en acciones de tutela y populares, han materializado el bienestar de las comunidades indígenas.

Es a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que se conocen las características estructurales de comunidades indígenas como la AWA. Esto se logra mediante el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del año 2018. A partir de esta operación estadística, se obtiene información demográfica y social sobre esta comunidad amerindia en el territorio nacional y sus entidades territoriales, a nivel de hogares y personas. Estos datos serán utilizados como referencia para comparar la pobreza de las mujeres indígenas colombianas con los indicadores examinados en el Estado de Sinaloa (México), tales como la población por sexo y origen indígena, pobreza multidimensional, tipo de asentamiento, reconocimiento del jefe o jefa de hogar, nivel educativo y carencia por acceso a servicios de salud.

Es relevante destacar que el pueblo indígena Awa o Awá es conocido también con los nombres kwaiker, cuaiker, cuaquier y coiquer. Esta comunidad indígena es binacional, ya que se encuentra ubicada en el suroeste de Colombia, habitando entre la cuenca del río Telembí en Nariño, y en la parte norte de Ecuador, en las montañas andinas.

De acuerdo con el análisis del CNPV del año 2018, en Colombia esta comunidad se concentra en varios resguardos indígenas del departamento de Nariño, como en el municipio de Ricaurte, también en Barbacoas y en San Andrés de Tumaco. En el departamento de Putumayo, se ubica en el casco urbano de los municipios de San Miguel, Puerto Caicedo y Valle del Guamuez.

a.- Población por Sexo y Origen Indígena: Este ítem permite establecer el lugar que la población de mujeres indígenas ocupa en el país.

De las 1.905.617 personas, que en el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV: 2018) se reconocieron como indígenas de Colombia, el 44.516 son mujeres que se reconocieron como pertenecientes al pueblo Awá, representando el 16,3% de los indígenas del país.

La población Awá fue censada en 2018, determinando dicho censo que la misma se compone de 22.853 hombres (51,3%) y 21.663 mujeres (48,7%), en contraposición de la población nacional en la que el 48,8% son hombres y 51,2% mujeres (CNPV: 2018).

Fuente: DANE, (CNPV: 2018).

Fuente: DANE, (CNPV: 2018).

Esta población indígena es básicamente rural, el 93,3% de la comunidad AWA reside en el área rural dispersa y en centros poblados; mientras que el 6,7% reside en las cabeceras municipales. Su concentración se da principalmente en los departamentos de Nariño (87,6%) y en Putumayo (11,6%).

b.- Pobreza Multidimensional: Se realizó el análisis de la situación de pobreza de la población de mujeres por sexo y origen indígena, para evidenciar los efectos más marcados.

Fuente: DANE, (CNPV: 2018).

Según los resultados del CNPV (2018), la comunidad Awá tiene población con pobreza multidimensional, que tiene necesidades básicas insatisfechas en un 73,4% pero también tiene población en situación de miseria en un 14,3% según la gráfica anterior.

Estos resultados analizados determinan que la población colombiana con NBI es reconocida en un 14,3%, frente a la población AWA que tiene una diferencia de 59,1 puntos porcentuales: y la población colombiana en situación de miseria es 3,8%, que al ser comparada con la población Awá presenta una diferenciación de 29,6 puntos porcentuales. Es decir, la población Awá presenta mayores porcentajes de NBI y de situación de miseria que la población total nacional de Colombia.

c.- Tipo de Asentamiento: Se realizó un análisis de los hogares urbanos y rurales de por sexo y origen indígena, para ver cómo se distribuyen las mujeres en ellos.

Fuente: DANE, (CNPV: 2018).

El 83,7% de los habitantes de la comunidad Awá según el CNPV (2018), integran hogares de 3 o más personas, a su vez el 45,8% conforman a hogares de 5 a más individuos, y el 19,6% conforman hogares de 4 personas, frente a un 18,3% que conforman hogares de 3 personas.

La comunidad indígena Awá, conforma hogares nucleares biparental con 28.123 personas por lo que 63,4% pertenecen a hogares de este tipo. Y, 7.695 personas de la mencionada comunidad en un 17,3%, conforman parte de hogares nucleares monoparentales; y 3.574 personas en un 8,1% pertenecen a hogares extensos biparentales. Y es necesario resaltar que 2.032 personas en un 4,6%, pertenecen a hogares unipersonales, es decir, no conviven con otras personas. Las otras 2.969 en un 6,7% personas residen en los demás tipos de hogares.

d.- Reconocimiento del jefe o jefa de hogar: Se realizó un análisis de los hogares por sexo del jefe de familia y origen indígena para ver su distribución:

Fuente: DANE, (CNPV: 2018).

El jefe de hogar en la comunidad Awá, en un 34,7% de los hogares, se conforman con las mujeres ejerciendo la jefatura de hogar, en discrepancia con el 65,3% de hogares conformados con jefatura de hombres.

La población Awá censada en 2018, se compone de 22.853 hombres, lo cual corresponde a un 51,3% y de 21.663 mujeres para un total de 48,7%, en contraposición de la población nacional colombiana en la que el 48,8% son hombres y 51,2% mujeres. Estos son datos que arrojan los resultados del CNPV 2018.

e.- Nivel Educativo: Se realizó un análisis del nivel educativo de la población por sexo y origen indígena para ver cómo se distribuyen los ingresos y oportunidades de acceso a la buena calidad de vida.

Fuente: DANE, (CNPV: 2018).

El alfabetismo, se presenta en la población mayor de 15 años, que es la que sabe leer y escribir, un 71,8% declaró estar alfabetizada, situación que es inferior en 2317 puntos porcentuales al indicador para la población total nacional que es un 94,8%. Tal porcentaje se distribuye en un 74,9% de los hombres y el 68,6% de las mujeres que saben leer y escribir.

f.- Carencia por acceso a servicios de salud: Se realizó un análisis del acceso a los servicios de salud de la población por sexo y origen indígena tomando como referente lo dicho por Suarez Díaz et al (2021) para su investigación en la cual realizan al Instituto Departamental de Salud de Nariño en el año 2020 un derecho de petición en el cual se les informó sobre el acceso a la cobertura de los servicios de salud del pueblo Awá, situación que se evidencia en el siguiente cuadro.

La Alcaldía Municipio Ricaurte (2021), a través del mencionado ente gubernamental manifestó que la situación de acceso y cobertura a la salud del pueblo Awá Camawari, actualmente es nivel municipal como la reciben todos los ciudadanos del municipio, según la cobertura 2020, situación que no está discriminado por grupo étnico.

Fuente: Tomado de la Secretaría de Salud del Municipio de Ricaurte (2021) Obtenido del derecho de petición signado con el oficio N° DLAS-055-2021 del 12 de febrero 2021.

El análisis estadístico del CNPV del 2018 muestra las brechas existentes entre la población Awá y la población nacional, frente a las necesidades insatisfechas en materia de los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual es similar a otros pueblos indígenas tal como ocurre en México (Cubillos et al: 2020)

Las estadísticas presentadas en el apartado anterior reflejan los diversos contextos geográficos de América Latina, donde se evidencia un patrón de múltiples factores que afectan a los pueblos indígenas y los sumen en la pobreza. Tras la conquista española y el despojo de sus tierras, los pueblos amerindios fueron relegados a vivir en la Nueva Granada, hoy República de Colombia, en los resguardos y cabildos indígenas. Estos territorios, únicos en la América española, donde fueron trasladadas las comunidades indígenas al finalizar la encomienda, se denominaron resguardos, según Solano et al. (2011).

Murgueitio Manrique (2015) señala que los propósitos proclamados por los criollos durante las guerras de independencia de España, plasmados en las primeras constituciones que guiaron a las nuevas naciones independizadas, se orientaron a organizar un nuevo orden social. Estas constituciones incorporaron ideas liberales provenientes de Francia, Estados Unidos y España, dotándolas de un vocabulario social y jurídico que reconfiguraba las estructuras planteadas en el antiguo régimen colonial.

Por otro lado, Quijada (2008) argumenta que la Corona española, en la Constitución de Cádiz, concebía a la nación española asociando a todos los habitantes de ambos hemisferios, proclamándolos como hombres libres. Esto incluía a los indígenas que estaban civilizados, gracias a la labor de los religiosos de la Iglesia Católica y los conquistadores que los habían adoctrinado. En la independencia, estos indígenas eran considerados ciudadanos con derechos y obligaciones, incluyendo la propiedad de las tierras comunitarias y el pago de tributos al Estado.

La concepción liberal de la propiedad en las nuevas naciones latinoamericanas tendría graves impactos sobre los pobladores rurales, según Friede (1974), ya que el proyecto gaditano buscaba la construcción de una nación de pequeños propietarios. Los indígenas, organizados en resguardos con propiedad comunitaria de tierras ancestrales, veían sus recursos naturales como una cuestión colectiva. Este esquema persiste en países latinoamericanos, incluso cuando los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población nacional, como en México. Históricamente construido por factores políticos, económicos y sociales, denota la privación material, jurídica y simbólica de sus necesidades básicas, así como la reproducción de relaciones de desventaja.

Buena parte de la población indígena de los antiguos dominios españoles en Latinoamérica, como en México y Colombia, estaba acostumbrada a los usos y costumbres tradicionales que heredaron de sus ancestros, y a las formas de propiedad comunitaria que les había delegado la autoridad española, tales como los resguardos y los cabildos y a las excepcionalidades tributarias de que gozaban desde hacía siglos, por ello, para preservar su forma de vida en el nuevo orden que emergía en las nuevas repúblicas independizadas, guiado por los ambiciosos proyectos de modernización económica que lideraban los criollos (Mallon: 2003), los más afectados fueron quienes habitaban las áreas rurales, quienes utilizaron varios dispositivos para enfrentarse a las campañas de desamortización, que envolvieron: la rebelión y el sabotaje, usadas para generar fórmulas de negociación y dilación, y se emplearon también diversas categorías de resistencia cotidiana, tales como "las armas de los débiles" que según Scott (1985) incluyen instrumentos como la demora, la disimulación, el falso cumplimiento y la ignorancia disimulada y recurriendo a los resquicios legales (Marino: 2001).

Sostenían los líderes indígenas, que si la reforma social se debía llevar a cabo, debía hacerse acorde con las normas e instituciones locales, porque los pobladores de comunidades indígenas buscaban retener sus usos y costumbres ancestrales, así como el acceso a los pastizales y a los bosques, minimizando así la cantidad de tierra que durante el reparto fue asignada a los forasteros españoles, por ello hacían lo necesario por recuperar las tierras involucradas en litigios con otras comunidades y terratenientes particulares. Ya en su estudio sobre los pueblos de Zacapu y San Juan Parangaricutiro en Michoacán (México) Purnell (2004) aduce que los campesinos respondieron al reparto de las tierras comunitarias, con una compleja mezcla de resistencia, negociación y acomodo en sus intentos por retener el control local de la definición y distribución de los derechos de propiedad y defender las instituciones religiosas y políticas locales, según Camacho (2006) y Escobar (2012).

En Colombia las comunidades indígenas se rezagaron a vivir en los resguardos que fueron titulados por su majestad Carlos V en escrituras públicas emanadas de Cádiz, con su puño y letra, tal como lo evidencio Quiroz Hernández (2020) cuando aduce que el palabrero Guillermo Argumedo de la comunidad indígena finzenú herederos del Cacique Zenú, en Lorica (Córdoba) se la mostró cuando pedían al Ministerio del Interior de Colombia, que los reconociera como Cabildo indígena bajos los postulados de la Constitución de 1991, que aunque Villegas et al (1997) aduce que hubo lugares de las nuevas naciones independizadas en los que la tradición cultural que generaban los vínculos de cohesión de los indígenas en los resguardos se fueron quebrantando, porque los caciques a cuyo nombre estaban los títulos de las tierras, despojaron al conjunto de miembros comunitarios de los derechos que les competían y reclamaron para sí grandes extensiones de tierra, asociado a que la Ley del 22 de junio de 1850, perturbó especialmente a territorios como Cundinamarca, porque impulsaba el proceso de disolución de los resguardos, es importante denotar que el resguardo indígena Finzenú siguió unido al linaje ancestral del Cacique Zenú.

Hoy día en Latinoamérica, la población indígena constituye uno de los grupos de mayor vulnerabilidad social en el mundo de la vida (Habermas: 1989) y cotidianamente (Berger y Luckmann: 1968), porque sus integrantes, sobre todo las mujeres indígenas carecen de las oportunidades de empleo y de acceso a los servicios públicos, la protección de la salud, y salvaguarda de su cultura, tanto como a la administración de justicia que han tenido otros grupos sociales, aunque según Bonilla et al (2018) los Estados luchen por la reducción de la pobreza, que en Colombia por ejemplo, es una postura pública, que ha alcanzado logros significativos, al tiempo que ha ampliado las asimetrías sociales de la población rural y las poblaciones étnicas del país, con programas de acción que permiten la social de las comunidades indígenas, especialmente de sus mujeres indígenas.

Desde fines de la década de 1980, la mayoría de los Estados latinoamericanos han pretendido tomar en protección, los derechos de los pueblos indígenas que habitan su territorio, sobre todo en el marco filosófico, jurídico y político de nuevas constituciones nacionales, que se gestaban en los países latinoamericanos, como la Constitución de 1991, que en Colombia regula la relación con los pueblos indígenas bajo la influencia de una nueva actitud y la política internacional que determina el acuerdo No 169 de la OIT, que tiene dos postulados normativos básicos: Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y fortalecer sus culturas ancestrales, su relación con la naturaleza concebida como la Pacha Mama, como formas de vida, cosmovisión e instituciones propias, contexto que les otorga el derecho a participar de manera efectiva en las decisiones estatales que les afecten.

Sin embargo, aún persisten las situaciones de marginalización histórica de los pueblos indígenas, y su sobrerrepresentación quebranta la informalidad en la que viven en las poblaciones rurales, porque uno de los obstáculos que más afrontan es en el acceso a la tierra y a los recursos naturales, así como en el acceso a la educación, puesto que no han participado de los beneficios producto de los avances económicos, que han recibido sus homólogos no indígenas (OIT 2019, p. 92). Aún hoy día, faltan apoyo y se requieren más recursos para acometer inversiones en infraestructura social y de salud, conseguir equipamiento, medicinas y personal sanitario para atenderlos personalmente en las zonas rurales donde las comunidades indígenas habitan, lo que urge la mejora de las condiciones del estado de bienestar de que hablan los Artículos 1° y 2° de la Constitución de 1991, para supera las dificultades de traslado, más allá de las eventuales jornadas médicas que se realiza esporádicamente.

Lo anterior a veces resulta de la estabilidad de la obra social que se realiza en las comunidades indígenas frente a eventos de subrogación del contratista derivados de incumplimiento. Aunque pueda haber una aseguradora involucrada que responda por la obra mediante el seguro de cumplimiento, y asuma el pago de los perjuicios sufridos por el contratante debido al incumplimiento de las obligaciones del contratista, como lo señalan Suarez et al. (2021), se deben establecer rutas en términos de derechos y justicia para garantizar que los contratistas ejecuten las obras sociales. Estas obras deben asegurar, por ejemplo, el derecho a la salud comunitaria en el pueblo indígena Awá Camawari, en el resguardo indígena de Vegas Chagüi Chimbuza, en el municipio de Ricaurte, en el Departamento de Nariño. Esto implica coordinación y cooperación con los diferentes sectores y actores presentes en la región y en la localidad donde habitan estas mujeres.

Por otro lado, Rodríguez Arango (2021) argumenta que, de acuerdo con lo consignado por el Constituyente Primario colombiano en el artículo 1° de la Política de 1991, "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista". Esto está en consonancia con el artículo 286 de la Constitución, que establece como entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, así como con el artículo 329, que establece que la organización de las entidades territoriales indígenas se debe hacer conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

Sin embargo, en las Américas, la situación de pobreza afecta más a las mujeres indígenas, como hemos examinado estadísticamente en este documento científico. Esta situación las expone a una alta vulnerabilidad y enfrentan diversos niveles de discriminación, ya sea por su origen indígena, de género, o por su estatus económico o social. Esta feminización e indigenización de la pobreza, como demuestran muchos documentos científicos en América Latina (Psacharopoulos y Patrinos, 1994), provoca obstáculos estructurales, como la indiferencia del derecho y los procesos administrativos y políticos, que les impiden ejercer sus derechos humanos (Ferrajoli, 2002). Además, la conceptualización jurídica de los derechos de las comunidades e incluso de las mujeres indígenas constituye límites a su emancipación (Barreiro, 2003), por ejemplo, en cuanto al acceso a la justicia en situaciones de violencia y discriminación, donde las mujeres indígenas y afrodescendientes enfrentan aún mayores obstáculos que las mujeres no indígenas.

Sobre las obligaciones jurídicas que debe cumplir el Estado mexicano para la protección de los derechos de las mujeres indígenas, es dable entender que el mismo debe velar por la protección de sus derechos humanos, viven bajo su jurisdicción, según lo estipulado en las fuentes jurídicas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art, 1° y 4°) la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el derecho consuetudinario internacional (Reisman: 1990) tanto como los tratados internacionales universales o interamericanos, signados por el Estado mexicano, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1996) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

Especialmente, el Estado mexicano debe asegurar a las mujeres indígenas y sus comunidades étnicas, el derecho a la no discriminación por motivos raciales, de origen étnico o nacional, por ser mujer o indígena. Incluso está obligado a adoptar medidas no discriminatorias positivas para certificar a las mujeres, el pleno goce del derecho a la igualdad. También debe el Estado garantizar la seguridad personal, la integridad física y moral de las mujeres, protegiéndolas contra toda forma de violencia, incluyendo violaciones y otros crímenes sexuales.

Lo anterior ocurre en tiempos normales del mundo de la vida entre los años 2018 a 2019, pero la pobreza de las mujeres indígenas se agudizó durante la pandemia por Covid - 19, en los años 2020 a 2022, porque la crisis sociosanitaria amplió las desigualdades sociales y económicas que caracterizan a los Estados latinoamericanos, recrudeciendo la inseguridad social que antes de la crisis del mundo de la vida por salud pública, que ya vivían las mujeres indígenas en los Estados latinoamericanos. Estas mujeres latinoamericanas fueron las que de manera impactante sufrieron la pandemia por Covid - 19, porque fueron excluidas del poder político y económico durante la cuarentena, porque muy a pesar de que los gobiernos latinoamericanos llevan ya varios decenios implementando políticas públicas encaminadas a reducir las desigualdades sociales, económicas y culturales que afectaban a estos pueblos, lo cierto es que sus efectos no solo han sido exiguos, sino que, en algunos países latinoamericanos, como México y Colombia, las brechas se han ampliado en los años 2020 A 2022, luego de la cuarentena vivida por la pandemia de Coronavirus (CEPAL, 2020).

Un primer hallazgo estadístico con respecto a la pobreza que experimentan las mujeres indígenas, tanto en México como en Colombia, revela que el hecho de ser indígena las vincula con condiciones de vida precarias y carencias del Estado de Bienestar en todas las dimensiones que componen los indicadores de pobreza multidimensional, así como en términos de los ingresos necesarios para sostener sus gastos cotidianos.

El objetivo de la presente investigación era realizar un análisis de la pobreza existente en las mujeres indígenas sinaloenses (México) en comparación con Colombia durante el periodo 2018 - 2020, tratando de identificar si la pandemia por COVID-19 tuvo un efecto real sobre la población de este grupo vulnerable. Se concluye lo siguiente:

• En primer lugar, se deduce que la población indígena representa alrededor del 5.7% de la población total de México, y en el Estado de Sinaloa se observó una reducción de aproximadamente el 0.3% de la población indígena durante la pandemia por Covid-19. En ese mismo Estado, las mujeres indígenas son aproximadamente un 2% al 3% menos pobres que los hombres indígenas, mientras que en el resto del país esta tendencia es inversa. Sin embargo, la pobreza en las mujeres indígenas es el doble en comparación con las mujeres no indígenas.

• En Sinaloa, la población indígena tenía un índice de pobreza en zonas rurales del 55.73% en 2018, en comparación con el 56.56% en zonas urbanas. En 2020, los índices de pobreza en las zonas urbanas fueron del 56.08%, menores que los presentados en las zonas rurales, que alcanzaron el 61.09%. Esto indica que, para esta población sinaloense, vivir en zona rural u urbana no marca una gran diferencia. Además, se observó un aumento en los índices de pobreza de 2018 a 2020 en esta parte de la población.

• A nivel nacional, las diferencias de pobreza en la población indígena entre zonas urbanas y rurales eran del 23% en 2018 y del 14% en 2020. Sin embargo, esto se debió a un aumento del 7% en la pobreza en la zona urbana. La proporción de jefas de familia indígenas en Sinaloa pasó de una proporción de 4:1 en 2018 a 2:1 en 2020. A nivel nacional, estas proporciones fueron de 3:1 en ambos años. Se observa una participación más activa de las mujeres indígenas y no indígenas de Sinaloa en las jefaturas del hogar, incluso por encima de la media nacional.

• En cuanto al nivel educativo, persisten las diferencias educativas entre las mujeres indígenas y sus contrapartes masculinos, especialmente en los niveles medio superior y superior. Por otro lado, para las mujeres no indígenas, las oportunidades educativas están a la par con las de los hombres, y en cuanto al acceso a servicios médicos, se observó una reducción en la cobertura para todos los grupos de 2018 a 2020. Sin embargo, el grupo de mujeres indígenas está más o menos al mismo nivel que los demás grupos.

• En Colombia, los riesgos que enfrentaron las mujeres indígenas durante la cuarentena por Covid-19 incluyeron insuficiencia alimentaria, lo que generó situaciones graves de desnutrición, junto con la falta de acceso a agua potable y a implementos de bioseguridad (tapabocas, jabón antibacterial, entre otros), además de un acceso limitado a servicios y atención hospitalaria. Las mujeres indígenas deben cubrir largas distancias para acceder a centros médicos y equipos hospitalarios, ya que las comunidades indígenas tienen una débil infraestructura para enfrentar la situación del COVID-19. Esta situación de infraestructura social insuficiente va de la mano con el incumplimiento de los contratistas, que, aunque cuenten con el respaldo de una póliza de seguros, dejan las obras inconclusas.

• Es importante señalar que históricamente, los pueblos indígenas poseen prácticas culturales inmateriales, heredadas del saber ancestral de los mayores, que incluyen ciclos y rituales en torno a prácticas económicas y productivas, como la preparación y el procesamiento comunitario de alimentos, y procesos de sanación colectiva. Estas prácticas pueden aumentar el riesgo de contagio masivo, no solo de Coronavirus, sino de cualquier virus. Incluso, hay un alto riesgo para los pueblos en aislamiento voluntario o no contactados, que dependen únicamente de la medicina tradicional transmitida