“...Parecíamos esperanzas caminando...” Del mismo barro León Gieco/Eduardo Rogatti

1. Introducción

El aporte a la independencia de Chile de los hombres afro de origen esclavo es uno de los procesos históricos menos conocido de las primeras décadas del siglo XIX. Esto, que puede parecer un lugar común historiográfico, pocas veces resulta tan cierto. Problemas ocasionados por la escasez de fuentes, que pocas veces hacen referencia específica a estos soldados, así como su dispersión, contribuyeron a ello. No obstante, y de mayor importancia, ha sido la construcción de un relato de la independencia en que se ha destacado lo hecho por las elites políticas y militares, cuyas figuras centrales fueron los llamados “padres de la patria” y sus allegados, así como los cuerpos militares como un todo indiferenciado en lo social y en lo identitario, lo cual contribuyó con mucha fuerza a este olvido (Jocelyn-Holt, 2001; Eyzaguirre, 1950; Amunátegui, D, 1930; Amunátegui, M, 1876-1899; Barros Arana, 1863; Vicuña Mackenna, 1860). Por último, a nivel social la negación de lo afro y lo indígena en Chile parece ser una constante, lo que ha llevado a que en general sólo se haya destacado de manera positiva el aporte europeo y se haya minusvalorado o hecho desaparecer de la memoria a otros hombres y mujeres.

Sólo en los últimos años se ha ido ampliando el relato y el análisis de los procesos militares y políticos que derivaron en la independencia de Chile, incluyendo en ellos a los sectores subalternos o el bajo pueblo, en su mayoría mestizo, tanto de indígena como de afro. En tal sentido, se ha planteado que para estos el proceso en sí les era casi indiferente y que muchos combatían por uno u otro bando de manera obligada o nada más porque el Ejército les aseguraba una manera de sobrevivir. Asimismo, desertaban sin culpa o se desplazaban hacia otros conflictos buscando sacar alguna ganancia de aquello. Esto no quería decir que no tuvieran una opinión política, sino que esta era la de estar combatiendo una guerra que, en definitiva, le pertenecía a una elite y no a ellos (León, 2011; Pinto, 2010; Pinto y Valdivia, 2009).

No obstante, con autonomía de lo anterior, en estos estudios tampoco aparecen representados de forma suficiente los afros y, en particular, los esclavos y libertos. Aquellos que fueron reclutados para combatir en el bando patriota y que, de forma voluntaria u obligada, entraron de lleno a un proceso que los condujo a los campos de batalla chilenos en 1813, al exilio cuyano un año más tarde, el que algunos optaron por convertirlo en una nueva patria y otra vez a Chile cuando el país fue liberado del dominio realista en 1817. Tras ello siguieron combatiendo hasta derrotar a las fuerzas enviadas por los virreyes peruanos en Maipú en 1818 y en la jurisdicción de Concepción un año más tarde. Por último, en 1820 se movilizaron junto a San Martín formando parte del Ejército Libertador del Perú (Madrid, 2022).

De tal modo, el primero y casi único cuerpo militar formado por libertos con que ha contado el Ejército de Chile en su historia fue el Batallón de Ingenuos de la Patria, el que se formó en agosto de 1814 bajo promesa de libertad para sus soldados, y resultó prácticamente desbandado tras la derrota de Rancagua menos de dos meses más tarde.¹ Esto implicó no sólo un fracaso militar y político para el bando patriota, sino el comienzo de un exilio de casi tres años que asimismo involucró a parte importante de los soldados de color. Su fugaz aparición en la historia pareció extinguirse con prontitud, como precaria había sido la libertad que se les había prometido. Algunos cayeron prisioneros de las tropas realistas y volvieron a ser esclavizados, mientras que los que se exiliaron en la provincia transcordillerana de Cuyo debieron enfrentar un nuevo contexto legal, político y militar, en el cual la servidumbre todavía aparecía como una posibilidad cierta a la cual retornar y de cuya huella pocas veces se había buscado su registro.

Este artículo plantea que, tanto la libertad que les fue ofrecida al momento de alistarse como los hechos posteriores marcados por la debacle patriota, dejó a muchos librados a los avatares de las circunstancias. Sin embargo, aquello no significaba necesariamente un destino infausto. Si para algunos su captura como prisioneros luego de la derrota de 1814 los hizo retroceder a la servidumbre, además de ser signados con la tacha de traidores al rey; otros siguieron bregando para consolidar su libertad, en lo que fue crucial su capacidad de gestión y adaptación al nuevo contexto cuyano.² Sin duda, ello incluía seguir sirviendo bajo banderas militares, pero no indicaba que el gobierno de turno o el Estado en formación chileno y rioplatense considerara un deber inexcusable proteger la libertad de estos soldados, lo cual los debía de mantener atentos ante los intentos de sus antiguos amos de volverlos a la servidumbre.

Asimismo, estas líneas dan cuenta de una búsqueda documental que trasciende las fronteras nacionales o administrativas chilenas, como las transmontaron los propios hombres que nos preocupan. Si muchos de estos soldados afro dejaron el país junto a sus jefes y a quienes se sintieron perseguidos, entonces también habría que seguirlos a donde dejaron huellas documentales, que en este caso son los archivos cuyanos. Pues este proceso, lejos de ser chileno o rioplatense, involucraba el tránsito obligado de personas y estructuras jurídicas, económicas, sociales y militares por ambos países, y aún, por otros. De tal modo, al preguntarse por la suerte de estos hombres, con la pretensión de ayudar a esclarecer al menos parte de su historia y las consecuencias que tuvo para sus vidas su manumisión militar y el destino político de los países que los había liberado y acogido, su propia movilidad indicaba los caminos que el investigador debía transitar para encontrarlos, y eso es lo que se intentó hacer en esta investigación. Por ello es que, junto a la documentación publicada en Chile y Argentina, como el Archivo del general José Miguel Carrera (AGJMC), se han revisado los fondos documentales del Archivo Nacional Histórico de Chile (ANH), del Archivo General de la Provincia de Mendoza (AGPM), del Archivo General de la Nación, Argentina (AGN-A). Estos últimos repositorios documentales permitieron avanzar en la reconstrucción de hechos y procesos hasta aquí inéditos para la historia.

2. La formación del Batallón de Ingenuos de la Patria y la manumisión de los esclavos alistados

La conformación de los ejércitos en pugna sobre el territorio chileno en el periodo conocido como Patria Vieja (1810-1814), no incluyó el alistamiento de unidades segregadas con criterios etnoraciales sino hasta muy avanzado el proceso de autonomización y luego de independencia. No las hubo entre las fuerzas realistas llegadas desde el Perú en 1813, a las que se sumaron aquellas que cumplían guarnición en Valdivia, Chiloé y Concepción, junto con las cuales avanzaron hacia Chile central (Albi, 2019: 257-280; Orellana, 2016: 23-33; Guerrero, 2014: 1-29). Tampoco entre las unidades creadas por el gobierno autónomo dos años antes, con la única excepción del Batallón de Milicias Disciplinadas de Pardos Libres, de origen colonial, y que en 1813 cambió su nombre al de Batallón de Infantes de la Patria. Este era un cuerpo formado por afros libres en el cual, si bien algunos habían nacido esclavos, sólo después de liberarse de la servidumbre pudieron entrar a servir en tal instituto. Dicha fuerza era considerada un batallón cívico, el que sólo después de 1817 entró a formar parte del ejército regular, aunque por un breve tiempo. Aun así, su participación en acciones de guerra fue activa sobre todo entre 1813 y 1814 (Vivanco, 2010: 7-28), cuando fue desintegrado y parte de sus hombres sufrieron el exilio cuyano o, en su defecto, retornaron a la vida civil intentando pasar desapercibidos para las autoridades reales reinstaladas en Chile (Contreras, 2011: 51-89).

En un contexto en el que en 1811 en Chile se había aprobado la libertad de vientres (Feliú Cruz, 1973: 37-41); en el que en 1813 el gobierno de Buenos Aires, que estaba en constante comunicación con los dirigentes chilenos, avanzaba en el reclutamiento de afros para su Ejército por la vía del rescate obligatorio de los mismos a sus amos (Bernand, 2010; Goldberg, 2005: 202-203); incluso solicitando a las provincias, como la de Córdoba de la que todavía dependía la ciudad de Mendoza (Masini, 1962), que levantaran comisiones para cumplir dicho objetivo y enviaran los rescatados a la capital rioplatense (“Bando sobre la venta de esclavos al Estado para el servicio de las armas”, Buenos Aires, 30 de junio de 1813, en AGPM EI [Época Independiente], Carp. 604, doc. 77, s/f); y en el que el gobierno patriota asentado en Santiago había soportado arduas campañas militares contra las fuerzas virreinales, es posible advertir la presencia documentada de algunos libertos en su Ejército, aunque no asociados a un cuerpo militar en particular. Ello, además, parecía obedecer a iniciativas personales más que a órdenes gubernamentales. Es decir, se trataba de cesiones voluntarias hechas por los amos de los donados e impulsados por motivos patrióticos y no por instrucciones impartidas desde la administración autónoma (Madrid, 2022: 34-35).

En abril de 1813 se publicó en el periódico del gobierno, El Monitor Araucano, la donación que hizo doña Victoria Ramos, una vecina del valle del Aconcagua, de un siervo de su propiedad de 19 años y del cual no se menciona su nombre (“El Monitor Araucano”, t. II, n.º 31, 1º de abril de 1814, en Colección de Historiadores y Documentos relativos a la Independencia de Chile (CHDRICh), XXVII: 372.). No se sabe, sin embargo, la suerte de dicho esclavo. Es decir, si entró al Ejército, en qué unidad y bajo qué condiciones legales. En ese escenario eran tres las alternativas posibles. La primera, que se tratara de un simple cambio de amo, en la cual su dueño lo cedía al Estado, que se convertía en su nuevo propietario, destinándolo al lugar y a la función que estimara pertinente, lo que podía incluir el llamado “servicio de las armas”, pero también su trabajo como peón o artesano en alguna dependencia fiscal. Que quedara libre por el sólo hecho de entrar a servir en el Ejército, para lo que hacía falta una declaración legal particular que le concediera de jure e ipso facto la ahorría. O que se le hiciera usufructuario del status de “liberto”, el que era provisional además de transitivo. Es decir, se convertía en un sujeto que estaba en tránsito de conseguir su libertad, siempre y cuando cumpliera ciertos requisitos, como la permanencia de un tiempo mínimo en el Ejército, que en general era por algunos años dependiendo de la duración de su alistamiento y ello sin desertar ni interrumpir su servicio, a menos que viviera alguna situación de fuerza mayor, como ser hecho prisionero (Crespi, 2010: 15-37). Ello fragilizaba su situación legal e implicaba la posibilidad de la reesclavización, como sucedió en 1817 con Estanislao Hor, quien al ser declarado inútil en el Batallón N.º 7 de Infantería donde servía, fue devuelto al dominio de su amo (Varas, 1870: I-119).

Distinta parecía ser la situación de un esclavizado de propiedad de don Andrés Nicolás de Orgera, quien en algún momento de 1814 lo entregó al Estado, en específico para ser integrado al Ejército, aunque previo a tal acción le concedió la libertad. Ello, en estricto rigor, constituía un pie forzado discutible en lo jurídico, en la medida que dicha concesión había sido hecha por un particular, pues no había una norma legal que obligara a que el esclavo una vez libre se integrara a las fuerzas armadas, aunque es probable que él no lo supiera y, por lo tanto, asumiera su alistamiento como una condición sine qua non para ello. Asimismo, esto portaba otras contradicciones pues, aunque Orgera declaraba que sus principios liberales chocaban con la institución esclavista, al mismo tiempo argumentaba que la defensa del país lo había impulsado a poner: “a disposición de Vuestra Excelencia [a su único esclavo llamado Faustino] para que sirva a la Patria.” (“El Monitor Araucano”, t. II, n.º 74, 30 de agosto de 1814, en CHDRICh, XXVII: 593.)

En definitiva, la libertad de Faustino, si bien había sido hecha pública gracias al diario oficial de la época, aquella se remitía a lo jurídico, pues en términos prácticos, el servicio privado había sido reemplazado por su obligada inserción en una institución como el Ejército en tiempo de guerra. En él la obediencia y la disciplina se constituían en elementos centrales de su accionar y cualquier violación de aquellos principios podía tener serias consecuencias, las que incluían penas corporales, entre los que se contaban los azotes y, en los casos más graves como eran las deserciones o la huida del campo de batalla, la muerte por ahorcamiento o fusilamiento.

Lo que compartían ambas cesiones, junto a los sentimientos patrióticos esgrimidos por los antiguos amos, era la fragilidad de la libertad concedida. Bien porque aquella quedaba sometida a la sanción de quienes, en cuanto agentes estatales, decidían sobre el destino del sujeto donado, cuyas opciones se han referido más arriba. O, en su defecto, porque la ahorría concedida a Faustino no hizo más que encuadrarlo en una institución que conculcaba el ejercicio libertario que este se viera tentado a ejercer, en la medida que se basaba en una rígida jerarquización, en el orden y en la disciplina. Al mismo tiempo, si bien era posible identificar un contexto social y político en que se pugnaba por ampliar los límites de lo que se entendía por libertad y se comenzaba a cuestionar la esclavitud, dichos cuestionamientos apuntaban a cuestiones de forma y no de fondo, y muchas veces no dejaban de ser pronunciamientos de corrección política más que ansias legítimas porque todos los hombres y mujeres del país fueran libres. Por lo tanto, volver a esclavizar a un soldado liberto porque no había cumplido el tiempo prescrito de su conscripción, por su inutilidad para el servicio o por otras razones, estaba en el horizonte -ahora negativo- de las posibilidades que tenían los esclavizados integrados al servicio armado.

Un paso político y simbólico a contrapelo de lo que se ha planteado más arriba parecía ser la erección del Batallón de Ingenuos de la Patria (Madrid, 2022: 31-38; Contreras, 2011: 71-73), en cuyo decreto de creación, fechado en 25 de agosto de 1814, se alegó que este sería compuesto por aquellos esclavos, miserables, según el tenor del documento al que se hace referencia, que: “con infamia de la naturaleza y oprobio de la humanidad han llevado hasta aquí el yugo, propio solo de las bestias” (“Decreto de creación del Batallón de Ingenuos de la Patria”, 25 de agosto de 1814, en AGJMC, XII: 174.) Cuestión que se solucionaba de un plumazo, al menos para los reclutados en el nuevo cuerpo, que por este sólo hecho quedaban libres de inmediato, aunque de sus salarios se iba a sacar la mitad cada mes a objeto de pagar a sus antiguos amos el monto en que estaban tasados. Es probable que ello no pasara de ser una declaración de buenas intenciones, pues a estas alturas del proceso el dinero para el pago de las soldadas y el prest de las tropas era uno de los bienes que más escaseaba, aunque más tarde la falta de entero de dicho pago, aun en el exilio cuyano, iba a ser un argumento para discutir la certeza jurídica de su libertad.

El levantamiento de este batallón se hacía en un momento de crisis. Las fuerzas patriotas habían dejado de tener la iniciativa militar y cada día sumaban nuevos desertores, además de hallarse en posición defensiva en relación al ejército virreinal, reforzado con tropas regulares y milicianas locales, los que se disponían a avanzar hacia el norte desde sus bases penquistas dispuestos a tomar la capital (León, 2002: 251-297). Es probable que esta fuera una medida sino desesperada, al menos apurada por las urgencias de la coyuntura, la cual aconsejaba acudir a los esclavos, aquellos que a más disciplina estaban sometidos, sobre todo si trabajaban en estancias o haciendas, lo cual ya era un punto a favor para su inserción militar, pues hombres como ellos acostumbrados a recibir órdenes y a servir a otros, eran ideales para integrarse a la infantería.

Esto era de importancia central, más aún si se consideran las tácticas de combate de dicha arma a principios del siglo XIX o la más usual de ellas en los ejércitos europeos, cuyos modelos seguían las fuerzas que hacían la guerra en América, así fueran realistas o patriotas, en que el enfrentamiento campal se hacía por líneas o columnas compactas de hombres que disparaban con mosquetes de avancarga al unísono contra otros formados igual que ellos, a la vez que debían esperar en su misma posición la respuesta del enemigo, y así hasta quebrar las formaciones y pasar al combate cuerpo a cuerpo (Muir, 1998: 68-104). Asimismo, tal llamada a las armas en ningún punto parecía ser tan importante como un año antes lo había sido en el Río de la Plata, en que cientos de esclavos fueron incorporados a los ejércitos patriotas que luchaba en el Alto Perú y luego en Montevideo, pues se contemplaba que fuera un número aproximado de 350 los esclavos que serían reclutados para un batallón que, valga la anotación, era el único que recurría a este tipo de hombres para su conformación.³

Ello, además, era una decisión que se alejaba del canon militar de la época en que un batallón comprendía seis compañías de entre 100 a 120 hombres cada una, más una plana mayor y un grupo de exploradores llamados gastadores, lo que equivalía a alrededor de 750 hombres, si se incluye a la oficialidad. En cambio, los Ingenuos sólo contarían con tres compañías y media, las que pasarían a tomar el nombre de división y serían incluidas en una nueva fuerza, denominada Regimiento N.º 4, que se completaría con otra división formada por el Batallón de Infantes de la Patria, que aportaría tres compañías y media más. Esta última se uniría a la media de los Ingenuos para hacer una única de granaderos (Contreras, 2011: 73). En tal contexto, cabe preguntarse si tal cantidad de hombres a alistar sólo respondía a una lectura de las necesidades militares del momento, o también decía relación con los números y la distribución espacial de los esclavizados chilenos o, al menos, con el concepto que desde las elites se tenía de los mismos.

En una economía de agricultura y ganadería extensiva, sustentable con una baja cantidad de mano de obra a excepción de los periodos de cosecha y matanza; con ciudades de poca población en que los talleres artesanales se caracterizaban por una producción a pequeña escala; y alejada de los centros de entrada y distribución de esclavos, era difícil encontrar cantidades masivas de siervos. Sin embargo, ello no quería decir que hubiera pocos afros esclavizados, sino más bien que ellos se distribuían en bajos números por muchos amos y amas. Aunque los morenos, pardos y zambos esclavizados y libres representaran un 10% de los censados en 1813, es decir, algo más de 25.000 personas de ambos sexos, cifra que es parcial pues el Censo no incluyó ni a la ciudad de Santiago y su jurisdicción ni a la provincia de Concepción, el discurso de las elites respecto de ellos los minimizaba en su número, como en su aporte al proceso independentista (Archivo Nacional, 1953).

Si bien no es posible, con los datos que contamos en la actualidad, establecer el número esclavos varones en edad de prestar servicio militar, es decir, entre 15 y 50 años, parece claro que este era mucho más que los 350 que se contemplaban reclutar. En tal sentido, la creación de esta particular fuerza también respondía a una visión política en la que, es probable, se combinara el temor de armar y entrenar a los esclavos, siempre sospechosos de querer huir o rebelarse, pero también, como había ocurrido en otras latitudes, de sostener la causa real (Echeverry, 2018); con la necesidad de no atentar contra el apoyo que la elite y los sectores medios daban a la causa independentista, en los cuales la propiedad de esclavos y esclavas estaba muy extendida.

Como era de esperarse, la creación de esta novel fuerza no pasó desapercibida ni para amos ni para esclavizados. Más aún, ella los movilizó en distintas direcciones, aunque no en las esperadas por las autoridades gubernamentales chilenas. Si luego de la dictación del decreto de creación de los Ingenuos se esperaba que los amos presentaran con prontitud a sus siervos para ser filiados, incluso con la posibilidad de donar a algunos de ellos y renunciar a la compensación que se ofrecía por el valor de la tasación del ex esclavo, como había sucedido en los casos citados más arriba, pronto se comprobó que ello era sólo una proyección. Esta se basada en expectativas de lo que debía ser el patriotismo, aun atemperada con la conciencia de no estar pidiendo un esfuerzo extraordinario de desprendimiento de los siervos, pero que no consideraba otras variantes. Entre ellas se contaba la pérdida económica o de prestigio que significaba dejar partir a un esclavizado o, incluso, los conceptos que los amos tenían respecto de la esclavitud, más aún al tomar en cuenta que muchos de ellos sólo poseían números pequeños, incluso unidades, de los mismos.

Aunque todo indica que los inspectores de policía y los tenientes gobernadores de las villas elaboraron las listas de esclavos que mandaba hacer el decreto de 25 de agosto, su entrega voluntaria fue casi nula. Transcurridos más de diez días desde que se dictó la disposición referida, lo único que se percibía por parte de las autoridades era frustración. Más aún, ni siquiera se había encontrado una explicación para ello, como se puede colegir de un nuevo decreto de la junta gubernativa fechado en 4 de septiembre de 1814. Tal disposición sólo se limitó a lamentar la situación sin argumentar mucho más al respecto, como era usual en este tipo de documentos, a la vez que endureció los plazos para la entrega de los siervos. Se ordenó que en tres días a contar de su dictación los dueños de esclavos susceptibles de ser reclutados los presentaran ante las autoridades, multando con el doble de la tasación del esclavizado a quienes no cumplieran con dicha presentación. Asimismo, manifestaba que en el caso de los afros que: “prefiriesen la ocultación cobarde o huyesen de sus casas antes que alistarse en las legiones de la Patria y obtener el don inapreciable que ésta les franquea, serán castigados con cien azotes, tres años de presidio y perpetua esclavitud al servicio del Gobierno” (“Decreto de la Junta Gubernativa de Chile”, 4 de septiembre de 1814, en AGJMC, XII: 201). Alusión que en gran medida colocaba en los esclavizados la responsabilidad de acudir a alistarse, sin tomar en cuenta que en lo jurídico y quizás también en lo cotidiano los siervos no tenían iniciativa sobre ese tipo de decisiones. Ello les habría significado su conversión en cimarrones, si es que hubieran salido sin autorización de sus lugares de residencia y servicio para concurrir a un cuartel militar. Aunque ello, de nuevo pensando en lo cotidiano, es discutible si se trataba de esclavos jornaleros, que vivían de manera independiente a sus dueños. En concepto de los autores del decreto, los esclavizados deberían haber sido los primeros que pugnaran por filiarse, más aún si eso implicaba que de inmediato quedaban libres.

Sin embargo, cada vez se hacía más claro que la creación del Batallón de Ingenuos de la Patria chocaba con las concepciones de amos y siervos respecto de la esclavitud, de la libertad, de la patria y de lo que significaba un proceso de enfrentamiento armado, las que no aparecían tan alineadas con las de las autoridades y los mandos militares como ellos pensaron. Lo anterior es posible de visualizar en las evidentes dificultades para completar el pie de esta nueva fuerza, en la que es necesario reiterar que el número de los afectados por el reclutamiento militar era mínimo, más aún si se compara con la movilización de esclavizados que un año antes se había producido en Buenos Aires (Candioti, 2021: 135-144; Blanchard, 2008: 47-49; Reid, 1989: 137-165).

Resulta paradójico considerar, al menos en el concepto de las autoridades, y así en alguna medida lo manifestó el decreto de 4 de septiembre, que si había amos dispuestos a ocultar a sus esclavos para evitar su alistamiento, también existían otros que intentaron negociar con ellos, ofreciéndoles la libertad a cambio de no perder su servicio, aunque parece que no se discutieron las condiciones laborales que implicaba tratar con un hombre libre. Ello ocurrió con Andrés Carrera, cuya propietaria era doña Javiera Carrera, conocida patriota y miembro de una de las familias de elite más comprometidas con la causa de la libertad política chilena, además de hermana de quien, durante el segundo semestre de 1814, encabezaba el gobierno autónomo. Según manifestó Andrés Carrera meses más tarde en Mendoza, él estaba:

“bajo la dominacion de doña Xaviera Carrera quando se promulgó el decreto en mi patria para que se livertasen los esclavos con la calidad de tomar las armas, animado yo de un ardiente deseo por contribuir con mis fuerzas a sostener la causa sagrada de los hombres solicité con empeño de mi señora el permiso para alistarme, pero ella trató de desbanecer estas miras de mi corazon anunciandome que desde aquel momento era livre” (“Petición de Andrés Carrera al gobernador intendente de Cuyo”, 16 de octubre de 1815, en AGPM EI, Carp. 236, doc. 69, s/f).

Con ello no sólo sustraía al siervo de las partidas de reclutamiento y del propio deseo de Andrés de alistarse, pues más allá de la retórica contenida en el documento citado, la posibilidad de alcanzar la libertad personal parecía ser su leiv motiv para hacerse militar, sino que se aseguraba el seguir contando con su servicio, lo que retrotraía hacia el mundo de lo privado sus relaciones. Si estas habían estado marcadas por la propiedad de una sobre otro, ahora lo eran por la dependencia económica y personal que significaba, por una parte, que la antigua ama ya no tenía ninguna obligación de proporcionarle alimento, vestuario y techo a su ex-esclavo y otra, más importante todavía, por el compromiso que le significó a Andrés Carrera la concesión graciosa y, con alta probabilidad, sólo verbal de su libertad.

Otros, en cambio, como José Antonio Ovalle, quien fue llevado por don Francisco Ovalle, su amo, desde Quillota a Santiago para ser reclutado en los Ingenuos y a quien la vida militar parecía no atraerle en lo absoluto, incluso bajo promesa de libertad, a los pocos días de estar acuartelado se fugó, refugiándose en la casa santiaguina de Ovalle. Este último, enterado de tal situación, hizo todo lo posible por mantenerlo oculto, como lo expresó a principios de 1815, cuando el siervo lo demandó reclamando su ahorría, aunque en dicha oportunidad esta no se encontraba mediatizada por el servicio militar, pues ahora el esclavo reclamaba por los malos tratos que Ovalle le daba derivados, según él, de su fuga del cuartel donde había sido llevado, deslizando de forma sutil la persistente infidelidad de su amo a la causa real (González, 2014: 110-121).

Lo anterior pretendía deslegitimar a Ovalle en cuanto vasallo de la monarquía, intentando inclinar a favor del esclavo los favores del tribunal, sin embargo, más allá de aquello este era un argumento nuevo, dictado en mucha medida por la coyuntura que en esos momentos se vivía en Chile en particular y, en general, en los dominios americanos de la monarquía castellana, atravesados por sendos procesos de autonomización e independencia, y la esperada reacción imperial. Este no sólo se sumaba a otros de factura similar, sino que respondía a un contexto que algunos esclavos supieron aprovechar, mientras otros se vieron atrapados en las circunstancias políticas y militares del momento, que alteraron en profundad tanto su vida cotidiana como sus esperanzas de libertad personal.

3. Una libertad frágil

Sólo unas semanas antes de que las tropas patriotas fueran derrotadas en Rancagua el Batallón de Ingenuos de la Patria pudo cumplir las condiciones mínimas para estar operativo. Aunque no se cuenta con antecedentes respecto de su pie, es decir, sí se alcanzó a completar el número de 350 hombres para que estuviera completo, ni tampoco cuál era su nivel de entrenamiento, el que por el poco tiempo transcurrido desde su creación con dificultad pasaría de los “giros y evoluciones” que José Antonio Ovalle alcanzó a experimentar antes de desertar (González, 2014: 110). Esto significaba que hasta ese momento sus soldados sólo conocían las órdenes y las formas básicas de formación, marcha y combate, pero con mucha probabilidad todavía no eran capaces de disparar con algo de puntería o cargar a la bayoneta. En alguna medida ello se demuestra por las palabras del Diario Militar del general José Miguel Carrera, quien en 7 de octubre de 1814 anotó que, en vista de la persecución de las tropas reales a quienes intentaban cruzar la cordillera hacia Cuyo, formó una línea de batalla en la plaza de Los Andes con los carreteros, arrieros, algunos soldados y alrededor de 50 ingenuos que iban con él, los “que no sabían hacer fuego” (“Diario militar del general don José Miguel Carrera, 1810-1814”, AGJMC, XIII: 248.), todo ello con el objetivo de aparentar una resistencia mucho mayor a la que era capaz de ofrecer a sus perseguidores.

De modo tal, muchos de estos noveles soldados casi de un día para otro se vieron marchando con inusitada prisa hacia el exilio mendocino, no sin antes adquirir algo de experiencia bélica en el llamado “Combate de la Ladera de los Papeles”, ocurrido entre los cerros aconcagüinos el día 10 de octubre de 1814, en donde el general Carrera intentó retrasar la persecución de los vencedores con escaso éxito y que dejó a numerosos soldados afro prisioneros. Esto abrió una coyuntura impensable pocas semanas antes en que, a pesar del avance del llamado Ejército Nacional, liderado por el coronel Mariano Osorio, todavía se consideraba posible rechazar su embestida y profundizar la separación del Imperio.

Las consecuencias del fracaso patriota para los soldados recién liberados y para el conjunto de los esclavos significaron no sólo el retroceso de todo lo avanzado en Chile en materia de esclavitud, incluyendo la abolición del decreto de libertad de vientres de 1811 por las nuevas autoridades monárquicas residentes en Santiago, sino también la reesclavización de quienes fueron tomados prisioneros por las tropas virreinales. Así se manifiesta por las palabras de don José Miguel Villarroel, quien pretendía recuperar los servicios de Miguel, su esclavo, que había sido entregado o vendido a don Tomás Agudo en la villa de los Andes, que era el asentamiento urbano desde el cual se debía enfrentar el tránsito hacia la provincia de Cuyo por el valle del Aconcagua. En tal contexto, Villarroel afirmó que entendía que la “concecion que se hiso de esclabos fue de los que atrebidos husaron de armas para ofender en la cordillera” (“Don José Miguel Villarroel, sobre la devolución de un esclavo tomado prisionero”, noviembre de 1814, en ANH, Fondo José Ignacio Víctor Eyzaguirre, vol. 20, f. 153), lo que no había sido el caso del suyo, quien había desertado antes de llegar a los Andes, donde días más tarde fue puesto en prisión y luego entregado a Agudo.

Resultaba lógico que las decisiones legales de los gobiernos autónomos chilenos fueran invalidadas una vez restaurado el poder de la Corona. Pero no sólo ello, pues en este caso se trató de una disposición que se aplicó en particular a los esclavos filiados en el Ejército patriota. Estos, como se vio en el caso de Villarroel, no serían retornados a sus antiguos amos para que volvieran a gozar de su trabajo, más aún cuando muchos de ellos los habían entregado de manera voluntaria para que prestaran servicios militares, por lo que debían contarse entre los rebeldes, quienes en un número importante sufrieron la cárcel, la relegación y la apertura de expedientes de reconciliación política (Guerrero, 2002: 123-172). De manera evidente esto se constituía en un castigo, quizás uno de los peores a los que a alguien se le podía condenar pues, al menos en lo referido a quienes fueron capturados tras enfrentarse a las fuerzas reales en el Combate de la Ladera de los Papeles, sus captores se constituyeron en sus nuevos señores (Madrid, 2022: 37).

Aquello es lo que se deduce de las escrituras de venta de esclavos que se resguardan en el Fondo Notarios de Valparaíso del ANH. En sus registros, todos los esclavos prisioneros que se transaron en los meses posteriores a la Batalla de Rancagua tenían por dueños a miembros del Escuadrón de Caballería de Carabineros de Abascal, que participó en el combate recién referido. A modo de ejemplo, en 6 de mayo de 1815, el sargento segundo Antonio Vidal vendió a don Antonio Soffia: “conviene a saber, un negro llamado Agustín, como de edad de 33 años, que hubo [y] apresó a los Insurgentes en la cordillera de los Andes, según consta y parece del certificado dado por su comandante Don Antonio Quintanilla” (“Carta de venta de Agustín, esclavo del sargento segundo del escuadrón de Carabineros de Abascal Antonio Vidal a don Bernardo Soffía”, 6 de mayo de 1815, en ANH, Fondo Notarios de Valparaíso (NV), vol. 9, fs. 381v-382v)⁴. Ello no suponía sólo su reesclavización y, por lo tanto, la pérdida de la libertad prometida por un gobierno que ya no existía ni siquiera en el exilio; también la tacha de traidores al rey, lo que con alta probabilidad haría más dura su servidumbre, pues las sospechas de su posible huida y de su antigua rebeldía pondrían una lápida a sus pretensiones de libertad o, incluso, de conseguir cierta cercanía con sus nuevos amos. Así sucedió con otro de estos esclavos, llamado Antonio, de apenas 13 años, a quien don Pedro Antonio del Villar, su antiguo dueño, no admitió de regreso “por considerarlo malvado” (“Carta de venta de Antonio, esclavo, a don Luis del Pomar”, 21 de diciembre de 1814, en ANH NV, vol. 9, f. 341v). Asimismo, la posibilidad de tener que trabajar con algún mecanismo de retención adherido a sus cuerpos, como un grillete y una cadena, o de dormir encerrados o aun en un cepo, aumentaban de manera exponencial.⁵

En contraste, antes de que se produjera la derrota patriota de 1814, algunos esclavizados chilenos veían en las tierras cuyanas una oportunidad para ejercer su libertad, empleándose como peones rurales o urbanos sin que hubiera un señor o señora a los cuales rendir obediencia. Una vez allí, y en caso de tener que enfrentar a la justicia por las acciones que pudieran ejercer sus amos o por los apoderados de éstos en Mendoza, hacían referencia al nuevo sistema de gobierno implantado en tierras cuyanas, que caracterizaban como inclinado a acoger a los esclavos que quisieran servir a la patria y dejarlos libres.

Así sucedió con José Domingo Pasten, quien en marzo de 1814 alegando haberse burlado sus esperanzas de libertad, la que suponía debían ejecutar los herederos de su dueño luego del fallecimiento de este, cruzó la Cordillera de los Andes con rumbo a Mendoza. En dicha ciudad, al ser requerido por la justicia para volver a su antigua condición, argumentó ante el gobernador intendente de Cuyo, que:

“teniendo noticia del systema liveral que se havia adoptado en las Provincias Unidas del Sud huy de mis amos y me vine a esta ciudad con el objeto de participar del bien que apetecia sin conoserlo o si me havia engañado trabajar para acopiar la suma determinada a mi rescate lo que no podia verificar sin el advitrio de mi expatriación” (“José Domingo Pastén, esclavo, solicita su libertad y se ofrece para el servicio de las armas”, Mendoza, 1814, en AGPM EI, carp. 234, doc. 126, s/f).

Lo que en principio no incluía la alternativa de enrolarse como voluntario en el Ejército, pero que a la vista de su causa surgía como la única posible para asegurar su ahorría. De tal modo, se apresuró a ofrecer su persona a las autoridades mendocinas, aunque parecía no muy convencido de su decisión, pues al mismo tiempo manifestó que su edad se acercaba a los 60 años lo que, según él, llevaba aparejado una serie de problemas físicos que le impedían cumplir de forma adecuada con el servicio de las armas.⁶

Dado que su petición fue fallada en noviembre de 1814, en un contexto cruzado por las noticias del avance del Ejército virreinal en Chile, la derrota de O’Higgins en Rancagua y el exilio de los patriotas chilenos en Cuyo, sin atender a sus alegatos de estar enfermo y ser viejo, se le destinó por cinco años al Batallón de Infantería de Mendoza. Con ello, el gobierno cuyano reconocía su capacidad de decidir respecto de un esclavo cuya causa, en tiempos normales, hubiera sido preciso tratarla por la vía judicial civil y no por una simple decisión administrativa, y se hacía patente que las provincias transcordilleranas respecto de Chile estaban consolidando un camino propio tanto legislativo como territorial.

Por otra parte, para los soldados afro que lograron transmontar la cordillera en octubre de 1814, una vez arribados a Mendoza no sólo quedaron sujetos a sus leyes y decretos, sino también a las necesidades y expectativas tanto del liderazgo rioplatense en general, como del asentado en la provincia de Cuyo representado por el coronel José de San Martín, quien daba los primeros pasos en la formación del Ejército de los Andes, con el cual pretendía liberar Chile del poder monárquico para luego marchar sobre el Perú (Guerrero, 2017: 77-103; Ossa, 2014: 82-110). Ello, además, demostraba lo frágil que era la libertad que se les había ofrecido a los esclavos devenidos en libres por su incorporación al Ejército de Chile. Lo anterior en la medida que una vez cruzada la cordillera todas las decisiones que los beneficiaron parecían quedar en entredicho, pues no existía el Ejército ni el gobierno, que sostenía en lo legal su inclusión en el mundo de los hombres libres.

El desarrollo de una legislación propia, al menos en lo que decía relación con ciertas materias posibles de normarse por la vía de los decretos, como lo era la esclavitud y en particular la participación de los hombres afro en los ejércitos rioplatenses, avizoraban un cambio de contexto que obligó a que los morenos y pardos chilenos estuvieran atentos frente a los intentos de volverlos a esclavizar, y con ello desconocer las promesas de libertad que se les hizo cuando se incorporaron al Batallón de Ingenuos de la Patria. En tal sentido, la incertidumbre respecto de su suerte no dejaba de estar presente, pues algunos de los exiliados de elite habían logrado pasar a la provincia de Cuyo acompañados de una pequeña cantidad de esclavos, y aunque a veces era sólo uno el que habían conservado para su servicio, ello implicaba la tolerancia de la esclavitud por parte de las autoridades cuyanas y la posibilidad de que alguno de sus antiguos amos los reclamara como sus servidores.

Esto los ponía en la tesitura de tener que demostrar, llegado el caso, su filiación militar en Chile y, si fuera posible, continuar sirviendo en Cuyo. Lo primero, sin duda, resultaba muy complejo por cuanto lo apresurado de su exilio había impedido que la documentación de la Comisaría del Ejército o de su batallón haya viajado con ellos, por lo que tanto los relatos de testigos y su propio alistamiento militar actual pasaban a ser las mejores garantías para conservar su nuevo status. Aquello fue lo que debió hacer Tadeo Requena, quien se enfrentó en tribunales con su antiguo amo don Juan Agustín Jofré quien, aunque ya no gozaba de sus servicios desde Chile, intentó, al menos, usufructuar del valor de su tasación. Todo se desató a fines de 1814, cuando Jofré publicó un aviso de venta de un esclavo, en que manifestó:

“Se bende este criado llamado Thadeo Requena de edad de 19 años con todas sus tachas en cantidad de doscientos pesos livres de alcabala para su amo: es de oficio zastre: quien quisiere comprarlo, vease con Juan Agustin Jofré que vive en casa del finado don Javier Zoloaga” (“Aviso de venta de un esclavo”, 1814, AGPM EI, carp. 58, exp. 1, s/f).

Dicho intento de hacerse con el valor del esclavo bien podría considerarse una medida que rayaba en la desesperación ante la falta de recursos que sufrían quienes habían llegado de Chile a Mendoza hacía algunos meses y con lo poco que habían podido rescatar antes de su huida (Bragoni, 2012: 115-133; Alarcón, 2009: 29-74). Requena no residía en casa de Jofré ni trabajaba para él, por lo que en caso de concretarse la venta, su entrega a un nuevo amo no podía asegurarse. Más aun, había sido alistado en el Batallón de Infantería N.º 11 apenas llegado a Cuyo, y era desde esa posición que contestaba ante la gobernación-intendencia los intentos de su ex amo por volver a esclavizarlo.⁷

Requena manifestó que si bien él se había quedado en su cuartel junto a tres colegas sastres cortando las telas para los uniformes de su batallón, mientras el resto de sus camaradas de armas eran movilizados al combate, lo que le permitió estar en Santiago mientras los hechos de Rancagua sucedían y, a su vez, acceder a las peticiones de su ex amo de acompañarlos a él, a su esposa y a su madre al exilio una vez conocida la noticia de la derrota, ello no lo hacía menos soldado y, por lo tanto, estaba habilitado como cualquier hombre alistado en los Ingenuos para recibir el beneficio de la libertad que su reclutamiento conllevó. Ese fue su principal argumento al solicitar que su venta no fuera autorizada, el que reafirmó con la petición de que se le tomaran declaraciones de quienes, militares como él, lo conocían desde Santiago y podían dar fe de su reclutamiento en la capital chilena y, por lo tanto, de su ahorría.

La discusión respecto de la libertad de Requena se elevó hasta la gobernación-intendencia, que solicitó un informe en derecho al asesor fiscal Pedro Nolasco Ortiz. En dicho informe, Ortiz consideró que la posibilidad de venta era “estimable” y que las partes debían ser escuchadas por un tribunal de manera verbal, a fin de bajar los costos del juicio y apresurar la decisión (“Juan Antonio Jofré. Sobre la venta de un esclavo”, Mendoza, 1815, en AGPM EI, Carp. 58, exp. 1, s/f). Con esto la posición de Requena se fragilizaba y ahora le tocaba probar su filiación militar en Chile para mantener su status de horro, cuestión que en estricto derecho era improcedente, sobre todo cuando en Cuyo había sido filiado en un cuerpo militar que sólo aceptaba hombres libres.⁸

Una de las preguntas que surgen de inmediato es si las esperanzas que parecían portar los afros chilenos exiliados de ser acogidos como hombres libres o en tránsito a la libertad por el gobierno cuyano, en razón de su liberalidad y de la lucha por la independencia de la Corona, eran certeras o no. No obstante, la preservación de la alianza con quienes, gracias al apoyo de San Martín, se constituyeron en los dirigentes políticos y militares de los exiliados chilenos hace que dicha interrogante no tenga una respuesta certera. A modo de hipótesis es pertinente plantear que la tolerancia de la esclavitud de los afros venidos de Chile, por parte de San Martín y el gobierno cuyano, más allá de que esta seguía siendo legal en el Río de la Plata, nació de la necesidad de preservar la alianza, sobre todo política y más tarde militar, con los exiliados chilenos, cuyos dirigentes provenían de una elite en que la esclavitud, a pesar de los bemoles de los últimos años, era en general aceptada y en la cual se encarnaba plenamente la necesidad de una revolución política sin su correlato social, al menos de manera radical.

No está de más recordar que el propio Bernardo O’Higgins era propietario de una esclava llamada María de la Peña, la que con probabilidad adquirió durante su exilio rioplatense, quien en enero de 1816 y estando en Buenos Aires intentaba conseguir su libertad mientras se preparaba para acompañar a su amo de vuelta a Mendoza (“Petición de María de la Peña, esclava del coronel Bernardo O’Higgins, de que se aplique lo que le debe el Estado para conseguir su libertad”, 26 de enero de 1816, en AGN-A, Sala X, leg. 721, s/f). También José de San Martín era dueño de esclavos, al menos para su servicio personal, como parece demostrarlo la compra que hizo en octubre de 1817, ya estando en Santiago de Chile, de un niño mulato de 9 años llamado José Andrés (“Carta de venta de un esclavo llamado José Andrés de 9 años, de propiedad don Juan Domingo Arrate, al general don José de San Martín”, Santiago, 17 de octubre de 1817, en ANH Fondo Notarios de Santiago, vol. 51, fs. 42 vta.-43 vta.). Es decir, los principales líderes de los proyectos independentistas para Chile no parecían estar en desacuerdo con la existencia de la esclavitud en sí, al ser ellos mismos dueños de esclavos, aunque ambos reconocían la necesidad de contar con combatientes fuertes y acostumbrados a obedecer como lo eran los siervos, en especial en la infantería, arma en que la disciplina y la obediencia era fundamental, más aún cuando constituía la fuerza principal de los ejércitos de la época (“El coronel mayor don José de San Martín a Tomás Godoy Cruz”, 12 de mayo de 1816, en Documentos del Archivo de San Martín, V: 538).

En tal sentido, la manumisión por necesidades militares no sólo era posible sino urgente. No obstante, ello no indicaba que en general se debiera liberar a los esclavos, incluso, si en esto se avanzó fue por el lado de decretar la libertad de vientres, como se hizo en 1813 en el Río de la Plata, lo que recién tendría efectos reales en la economía y en la sociedad cuando los niños nacidos bajo esa condición fueran jóvenes o estuvieran llegando a la adultez, es decir, en dos décadas más (Candioti, 2019).

En tal contexto, se dejaba abierta la posibilidad de que siguieran existiendo esclavos venidos de espacios distintos del Río de la Plata. Ello se constituía en una decisión política que impactaba en las vidas de quienes había creído haber alcanzado la libertad, bien por haber servido con las armas o por el solo hecho de haber trasmontado la Cordillera de los Andes. Otra vez se dejaba a los afros chilenos librados al azar de los hechos a la vez que dotaba a los antiguos amos o, incluso a otros sujetos, de argumentos para discutir su recién ganada ahorría y también sus intenciones de vivir en una sociedad en que, según las encendidas proclamas de los líderes patriotas, las odiosas diferencias sociales y etnoraciales coloniales se debían dejar y se estaban dejando atrás.

Así sucedió en 1815 con Blas Pimentel, un zapatero afro que pretendía casarse con Luisa Martínez, de dieciocho años, hija de un maestro chileno del mismo oficio, llamado José Francisco Martínez. Este último, al enterarse de las intenciones de la joven, de inmediato contradijo el enlace interponiendo un recurso judicial por disenso matrimonial (“Blas Pimentel con José Francisco Martínez, por disenso matrimonial”, 1815, en AGPM EI, carp. 9, exp. 5, s/f). Según él, existía una notoria e insalvable diferencia entre Luisa y Blas Pimentel o Tollo, que era el apellido del antiguo amo de su indeseado yerno, para lo cual se apoyó en la real cédula de matrimonios de hijos de familia dictada en 1803, que era una actualización de aquella real pragmática de matrimonios dictada por Carlos III en 1776.⁹

Según Martínez, aunque Pimentel había sido reclutado en Chile y servido en los Ingenuos, la pérdida del país a manos realistas había dejado su libertad sin efecto, en la medida que no se había enterado la paga a su amo de los descuentos de su soldada, la cual ni siquiera se había comenzado a cubrir y, más aún, el Batallón se había disuelto tras la derrota de Rancagua. Como se comprenderá, esto fue de inmediato rebatido por Pimentel, quien ejercía como oficial de zapatero en una tienda del oficio sin prestar servicio a su antiguo amo, el presbítero Tollo, que también se encontraba exiliado en la ciudad. Más aún, Pimentel estaba alistado en una compañía miliciana que, como todas ellas, a menos que en específico se dispusiera lo contrario, no aceptaba esclavos, aunque no identifica con claridad cuál era esta. Pero, más allá de lo anterior y teniendo claro que la lectura que Martínez hacía del decreto de creación del Batallón de Ingenuos de la Patria era antojadiza, pues, como se ha manifestado más arriba, la libertad de sus reclutas no estaba mediada por el pago de su importe, el que se haría con el soldado ya en calidad de hombre libre, sus palabras revelaban algo más.

Esto era que en Mendoza, más allá de toda posibilidad teórica, existía un número indeterminado de esclavizados provenientes de Chile que seguían sirviendo a los amos que tenían en su patria, y ello a pesar de haber sido alistados antes de salir hacia Cuyo. De tal modo, en el interrogatorio que Martínez presentó para probar la desigualdad de status de Pimentel con su hija, una de las preguntas que se debía hacer a los testigos era: “Si hay aqui esclavos de chilenos retenidos de sus amos sin embargo el referido bando [de creación del Batallón], por no haberse alistado en las tropas; o devueltos, sacandolos de la misma tropa, por no haber satisfecho el importe de su persona.” (“Probanza de José Francisco Martínez”, abril de 1815, en AGPM EI, carp. 9, exp. 5, s/f). Lo que fue contestado de forma positiva por varios de los que declararon en la causa, como don Francisco Sotomayor, quien afirmó que él mismo tenía un esclavo en esa condición, a la vez que refirió que otros exiliados chilenos gozaban de un servicio personal idéntico. Entre ellos se contaba el doctor Juan Agustín Jofré, que también prestó su testimonio. En él confirmó lo preguntado y lo hizo nada más que unos meses después de intentar vender a Tadeo Requena, como se ha referido más arriba, lo que parece indicar que tenía más esclavos de lo que en aquella oportunidad se encargó de puntualizar.

Por otra parte, el 19 de febrero de 1816, San Martín en su rol de gobernador intendente de Cuyo dictó un decreto en el cual hizo explícito el conocimiento del gobierno mendocino de que: “existen en esta capital y su jurisdiccion varios yndividuos que correspondiendo a la clase de esclavos en el reyno de Chile emigraron a estas provincias dejando sus amos en aquel pais” (“Bando del gobernador intendente de Cuyo don José de San Martín disponiendo que esclavos chilenos se presenten al mayor de órdenes”, Mendoza, 19 de febrero de 1816, en AGPM EI, carp. 283, doc. 58, s/f),¹⁰ a quienes ordenaba presentarse ante un oficial militar, aunque sin especificar el objetivo de dicha concurrencia. No obstante, es pertinente considerar que sería para realizarles una evaluación física a objeto de incorporarlos al naciente Ejército de los Andes, que a la fecha ya contaba con unidades cuya tropa, como los batallones Nº 7 y Nº 8 estaba compuesta en su gran mayoría por libertos (Guzmán, 2015: 24-27) o los Batallones Nº 11 y Nº 1 de Cazadores de los Andes y el Escuadrón de Cazadores a Caballo, que integraba entre sus filas a un número indeterminado de afros.¹¹

Con estas palabras se sumaba un grupo más a los afros chilenos que ya hemos detectado, en este caso, se trataba de hombres morenos o pardos sin filiación militar y que habían arribado por su cuenta a Cuyo, dejando a sus amos en Chile. En Mendoza, en tanto, se deberían haber desempeñado en el campo, como peones, o en algún oficio, si tenían formación en ello. Cuál fuese su situación laboral o migratoria, lo que parecía quedar claro con el decreto citado es que su status legal distaba de ser nebuloso, pues se estaba frente a un grupo de hombres que siendo esclavos de otros no podían servirles, por una cuestión no sólo de distancia geográfica, sino en lo fundamental por hallarse en un territorio que, por una parte, no tenía comunicación formal con Cuyo y, por otra, que había un conflicto bélico más que latente entre el Chile virreinal y el Río de la Plata.

Por ello es que la manumisión militar de estos sujetos resultó pertinente. Así se aseguraba que sirvieran a un nuevo amo, en este caso el Estado a través del Ejército de los Andes, a lo que se le adicionaba una promesa de libertad resguardada en la institucionalidad de las Provincias Unidas. Como se recordará, la integración de los afros a las fuerzas armadas rioplatenses y en particular a la que se estaba formando en Cuyo, se hacía por compra a sus amos o por la vía de la manumisión directa con la obligación de servir en el ejército por el plazo de cinco años.

Un tipo similar de afirmación de su status de libres se les prometía a los soldados afros filiados en Chile, cuya obligación de servir en el batallón de Ingenuos se trasladaba, según se puede interpretar del decreto, a quienes: “sirvieron, o solo alcanzaron a filiarse en el Cuerpo de Libertos sin que les valga de escusa alegar que por aquel hecho salieron de servidumbre; pues no es la intencion del govierno volverlos a esta clase, si de ella hubiesen justamente mejorado” (“Bando del gobernador intendente...”, Mendoza, 19 de febrero de 1816, AGPM EI, carp. 283, doc. 58, s/f). No obstante, en este último caso surge la interrogante respecto a quienes afectaba esta disposición. Al menos los que llegaron junto a José Miguel Carrera o todavía encuadrados en una mínima orgánica militar, fueron incorporados de inmediato en otro cuerpo, como reza el oficio que en 1 de noviembre de 1814 envió el coronel Marcos Balcarce a San Martín, en el cual afirmó que: “Los infantes de la patria e ingenuos los he incorporado al batallón de tropas de esta ciudad a cargo del teniente coronel don Juan Gregorio de las Heras” (“Oficio del coronel Marcos Balcarce al gobernador intendente de Cuyo”, 1 de noviembre de 1814, en AGJMC, XIV: 4). Por lo tanto, la única alternativa que queda era que se tratase de otros soldados de Ingenuos que no fueron incorporados a las tropas de Las Heras y que, por lo tanto, se encontraban en Mendoza como civiles. No es posible saber con las fuentes con que se cuenta cuántos ni quiénes eran, pero en conjunto, el número de afros chilenos libres, libertos o esclavos era mucho mayor de lo que hasta hoy se nos había permitido imaginar. No obstante, su suerte en tierras cuyanas dependió de los bemoles de la política militar sanmartiniana, de la gestión por recuperarlos de sus antiguos amos y de su propia lucha por conservar su libertad.

En alguna medida, sus vidas seguían atadas al contexto del conflicto independentista, sobre todo si querían reafirmar su libertad. Al parecer, la alternativa más viable era entrar a servir en un cuerpo militar, en particular en los de línea, aquellos que harían la campaña de Chile. Esta vez, muchos de ellos regresarían al país del que salieron derrotados, ahora vestidos con los colores del Ejército de los Andes para volver a ver a sus parientes, pero también para luchar en las batallas más conocidas de la independencia chilena contra los restos de las tropas realistas en Concepción o, quizás, para conocer la capital virreinal del Perú cuando en 1820 San Martín arribe a ella con sus tropas, entre las cuales los afros tenían un rol central.

4. Conclusión

La presencia de hombres de origen afro en los ejércitos que combatían en Chile durante la llamada Patria Vieja, sólo es posible de detectar a través de un reducido número de donaciones que, por motivos patrióticos y motivaciones individuales, hicieron algunos amos y amas al gobierno autónomo. Sólo en agosto de 1814 se decretará la formación de un batallón de infantería llamado de Ingenuos de la Patria, el cual reuniría a 350 esclavos que al momento de reclutarse quedarían libres. Esta manumisión militar de corto alcance numérico y que, en principio, apelaba tanto a la buena voluntad de los amos para ceder sus siervos al Ejército, como de los propios esclavos, que deberían ser los primeros en concurrir a los cuarteles a alistarse, era una iniciativa tímida. Si bien en ella se apelaba a los sentimientos patrióticos de unos y otros, aquellos no fueron los únicos que se manifestaron al momento de quererse concretar los alistamientos. Hubo amos que, incluso, llegaron a ofrecer la libertad a sus esclavos con el fin de que ellos no se alistaran y les continuaran sirviendo. Asimismo, no faltaron quienes, una vez filiados, no dudaron en desertar para retornar donde sus señores, prefiriendo la esclavitud a las inclemencias y los peligros de la guerra.

Menos de dos meses después que este batallón -el único de su tipo en el Ejército chileno hasta el momento- fuera formado, sus hombres tuvieron que partir al exilio a Mendoza. En tal contexto, algunos fueron tomados prisioneros y vueltos a esclavizar, mientras que otros transmontaron la Cordillera de los Andes y llegaron a Cuyo. Allí estuvieron, en la práctica, librados al contexto que les tocó enfrentar. Nuevos cuerpos legales normaron sus vidas, así como conocieron a otros líderes que, con su propia agenda política y militar, en particular José de San Martín, vieron en estos hombres a quienes alimentarían los nuevos batallones de infantería que se estaban formando en la capital cuyana. Muchos de los que allí llegaron pronto se volvieron a vestir de uniforme.

A su vez, este nuevo contexto permitió que algunos de los examos de estos soldados y más aún de quienes no fueron filiados en Mendoza, trataran de recuperarlos para que les continuaran sirviendo. Pero no sólo ello, otros lograron que la libertad prometida en Chile a los Ingenuos fuera desconocida en Cuyo y siguieron gozando de sus esclavos como si nada hubiera sucedido. En definitiva, otra vez los soldados afrochilenos quedaron librados al contexto en que les tocó insertarse. Quizás, la gran diferencia entre ellos fue la capacidad de algunos para gestionar sus propias vidas, aunque se vieran compelidos a aceptar que sólo su inclusión en una unidad militar les aseguraba la libertad legal, lo que implicaba su sometimiento a la disciplina, la obediencia y la verticalidad del mando. Dicha capacidad de agencia, a su vez, se refleja en la sobrevivencia de sus testimonios a través de las causas judiciales y administrativas que dieron cuenta de estos hechos, las que están dispersas por distintos repositorios documentales tanto en Chile como en la Argentina y que, de una u otra manera, siguen sus huellas a ambos lados de la Cordillera de los Andes.

No obstante lo anterior, ese mismo Ejército que los compelía a obedecer sería el que los llevó de vuelta a Chile en 1817, a donde muchos se reencontraron con sus parientes y amigos, aunque no por mucho tiempo pues la campaña de Chile y la del Perú le imprimieron un ritmo frenético a su paso. En tal sentido, no estaba en sus manos saber dónde iba a parar su tránsito, pues, si en gran parte estos contextos les permitieron reafirmar su libertad jurídica, no ocurrió lo mismo con el ejercicio efectivo de la misma, sujeto a las restricciones de la vida castrense y a los planes de los generales que estaban a cargo de las fuerzas militares de las que ahora formaban parte.

Agradecimientos:

Este artículo es resultado del proyecto UTA-Mayor 5790-20: “Entre libertad y desarraigo: las tropas afro y afrodescendientes en las Independencias del Río de la Plata, Chile y el Perú, 1813-1826”, del que su autor es investigador responsable. Agradezco al Dr. Orlando Gabriel Morales sus comentarios a estas líneas.

Fuentes primarias Fuentes de archivo

Archivo General de la Nación, Argentina “Petición de María de la Peña, esclava del coronel Bernardo O’Higgins, de que se aplique lo que le debe el Estado para conseguir su libertad”, 26 de enero de 1816. Sala X, leg. 721, si foliar.

Archivo General de la Provincia de Mendoza, Época Independiente. “Blas Pimentel con José Francisco Martínez, por disenso matrimonial”, Mendoza, 1815. Carp. 9, expediente 5, sin foliar.

______. “Juan Antonio Jofré. Sobre la venta de un esclavo”, Mendoza, 1815. Carpeta. 58, expediente 1, sin foliar.

______. “José Domingo Pastén, esclavo, solicita su libertad y se ofrece para el servicio de las armas”, Mendoza, 1814. Carpeta. 234, documento 126, sin foliar.

______. “Petición de Andrés Carrera al gobernador intendente de Cuyo”, Mendoza, 16 de octubre de 1815. Carpeta 236, doc. 69, sin foliar.

______. “Bando del gobernador intendente de Cuyo don José de San Martín disponiendo que esclavos chilenos se presenten al mayor de órdenes”, Mendoza, 19 de febrero de 1816. Carpeta 283, doc. 58, sin foliar.

______. “Bando sobre la venta de esclavos al Estado para el servicio de las armas”, Buenos Aires, 30 de junio de 1813. Carpeta 604, documento 77, sin foliar.

Archivo Nacional Histórico de Chile. Fondo José Ignacio Víctor Eyzaguirre. “Don José Miguel Villarroel, sobre la devolución de un esclavo tomado prisionero”, noviembre de 1814. Vol. 20, fs. 153-154 vta.

Fondo Notarios de Santiago. “Carta de venta de un esclavo llamado José Andrés de 9 años, de propiedad don Juan Domingo Arrate, al general don José de San Martín”, Santiago, 17 de octubre de 1817. Vol. 51, fs. 42 vta.-43 vta.

Fondo Notarios de Valparaíso. Carta de venta de Agustín, esclavo del sargento segundo del escuadrón de Carabineros de Abascal Antonio Vidal a don Bernardo Soffía, 6 de mayo de 1815. Vol. 9, fs. 381 vta.-382 vta.

______ Carta de venta de Antonio, esclavo de don Ignacio Larsundi a don Luis del Pomar, 21 de diciembre de 1814. Vol. 9, fs. 341 vta-342

Fuentes editadas

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Notas