1. Introducción

La implementación del sistema Guggenheim, en la industria del salitre en la mitad de la década de 1920, aplicado particularmente en el cantón El Toco (Departamento de Tocopilla) a través de la empresa Anglo Chilean Consolidated Nitrate Corporation, no solo tuvo una dimensión de innovación técnica, tecnológica y productiva, sino que también incluyó una impronta de un nuevo modo de habitar y gestionar políticamente la pampa minera.

El sistema de lixiviación de caliches bajo el sello Guggenheim incluyó la construcción de dos grandes oficinas salitreras, ambas caracterizadas por una nueva materialidad y un racionalismo organizacional del territorio, hablamos de la oficina María Elena, inaugurada en 1926, y Pedro de Valdivia, operativa desde 1931. Para implementar esta última oficina, los Guggenheim recurrieron a la patente y estructura accionaria de una vieja empresa llamada The Lautaro Nitrate Company. De ese modo, los estadounidenses la reestructuraron y la nombraron como Lautaro Nitrate Corporation of Delaware (Soto, 1998).

La intervención en los espacios del no-trabajo fue una proyección indeleble para que los innovadores procesos productivos del sistema Guggenheim no se vieran perjudicados. El control social interno de las salitreras fue un mecanismo de mediación directo en la vida íntima de los obreros y sus familias, de ese modo germinó una gestión de los cuerpos en el territorio y en los espacios extraproductivos. En los hechos, surgió un ortograma¹ de comunidad que buscaba facilitar la productividad (Le Gouill, 2018; Galaz-Mandakovic, 2019; 2020).

El Company town puede ser definido como el campamento de obreros y empleados construido por la propia empresa extractiva. Por tal razón, la empresa asumió el control total de sus dinámicas internas y cotidianas. La construcción del campamento era consecuencia de un proyecto urbano que incluía una perspectiva ideológica y un programa de comunidad que buscaba facilitar los procesos de práctica laboral y optimización productiva (Harvey, 2015; Le Gouill, 2018; Galaz-Mandakovic, 2023). En la praxis, fueron una manufactura urbana, material y social controlada y orientada hacia una vocación económica monoproductiva que obstruía las posibilidades de diversificación.

De aquel modo, los Company town se organizaron como unidad urbana a través de una diferencia y alteridad material, funcional y semiótica con las ciudades históricamente consolidadas en el desierto de Atacama y, en este caso minero, como una apuesta urbana completamente desigual a los campamentos de obreros del ciclo Shanks gestionados por capitales alemanes en la zona de El Toco.

Podemos afirmar que estos recintos en el desierto fueron una cita perfeccionada a colonias industriales desarrolladas en España, Francia, Alemania, Estados Unidos, entre otros. Así, el paternalismo empresarial evidenció una condensada impronta, donde el diseño urbano fue de un innovador racionalismo en el desierto (Vilches, 2018; Olivares et al, 2022; Galaz-Mandakovic, 2023).

En el caso de María Elena y Pedro de Valdivia, las ciudades contaban con portales de control para bloquear el paso a cualquier afuerino y también para evitar el comercio ambulante, esto último porque la propia empresa abastecía y controlaba el mercado interno de mercaderías a través de una pulpería. La permanencia de los extraños en aquellos campamentos debía ser visada por la empresa. Sus obreros habitantes fueron reclutados, principalmente, en la zona del Norte Chico, quienes al llegar recibían la asignación de una casa. Las dinámicas del habitar estaban profundamente protocolizadas, asimismo, estaba bajo control de la empresa las instancias de recreación (Garcés, 1999; González, 2017; Galaz-Mandakovic, 2018 a).

Así, los nuevos campamentos diseñados por los estadounidenses fueron el espacio donde la administración de las poblaciones se dio bajo una lógica de control ante los conflictos y tensiones, una especie de “relación de enemistad como base normativa” (Mbembe,2006:21), activándose nuevas prerrogativas y una legitimada expropiación del espacio y “la distribución y explotación de sus habitantes bajo la significación de la vida como desechable o superflua” (Chávez, 2013:25), con base en una “noción ficcionalizada del enemigo” (Mbembe, 2006:21). Entonces, el control interno y externo a los campamentos fue en el marco de una problematización para fundamentar las ideologías y políticas empresariales entrelazándose violencia, derecho, excepción y una nueva soberanía en un espacio que, en vista de la influencia del Estado, devino en periférico e inmune ante el imperio del derecho, donde los funcionarios desarrollaron en los hechos un proceso de subalternidad ante los capitalistas que remodelaron los territorios que poseían extensos calichales en la zona de El Toco.

En este artículo, se aborda la descripción y análisis de un proceso que tensionó el nuevo modo de habitar en la pampa salitrera bajo el imperio de los Guggenheim. En particular, se describe y analiza el surgimiento del pueblo libre de Las Bombas en las cercanías de la oficina salitrera Pedro de Valdivia, entre 1930 y 1931, poblamiento autónomo, inverso al Company town y de corta vida que, en modo de ser una especie de toma de terrenos o un formato tardío de placilla minera, tensionó el proyecto del nuevo habitar que proyectaban los estadounidenses en el marco de la aplicación de una nueva soberanía y hegemonía técnica, económica, política y social, en un desierto que fue remodelado desde la mitad de la década de 1920. Se entregan los detalles de la conflictividad, las semánticas morales que operaron y los modos violentos de resolución de un conflicto, donde los funcionarios del Estado devenidos en subalternos al empresariado, coadyuvaron en un encadenamiento violento para hacer desaparecer el poblado.

Cabe indicar que este suceso es diminutamente conocido en la historia del salitre del sistema Guggenheim, un proyecto que era elogiado por el mundo político y popular. Además, sobre estos hechos no se constata su registro en los archivos estatales, particularmente en los fondos del Archivo Provincial de Tocopilla, donde está presente la documentación de las actividades en la pampa salitrera. Ahí no fue posible hallar ningún dato al respecto. En ese escenario fue posible rescatar un archivo hemerográfico hallado en el año 2022 en el Museo del Salitre de María Elena (archivo que no está sistematizado ni ordenado, sino que corresponde a un mamotreto donado por un particular que contiene recortes y fragmentos de varios diarios y periódicos locales y regionales que nos sirvieron como fuentes).

Se plantea como hipótesis que, en la zona del cantón El Toco, en el marco de la aplicación de un nuevo sistema técnico, el sistema Guggenheim que reinventó la industria salitrera no fue solo un hito productivo, sino que adicionó una fuerte impronta de subjetividad e ideología política para proyectar un nuevo modo de gestionar el morar. Así, ante el levantamiento de espacios otros, considerados en este caso como topos de desviación, se articularon semánticas y agencias que articularon fuertes respuestas de exclusión y criminalización por parte de los nuevos y factuales rectores territoriales que, en el marco de la producción de subalternidad de los agentes estatales, fueron agenciando un espacio de inmunidad política y jurídica que cuestiona y sacude la noción de Estado omnímodo y la propia noción de chilenización de un territorio anexado por efecto de una guerra minera en 1879. Así, factualmente, el desierto de Atacama salitrero bajo el sistema Guggenheim fue el resultado de una teleproducción (en particular, desde Nueva York) con un impacto interno que generó cierres identitarios, donde el capitalismo promovió un Estado de excepción (Agamben, 2003) y sus implicancias biopolíticas activaron mecanismos de reproducción de violencia simbólica y tangible: “Esto es lo que nos permite rastrear por un lado ese espacio fundamental de la violencia que se encuentra en todas las historias coloniales” (Chávez, 2013: 26), se trata de evaluar la “eficacia de la colonia como formación del terror” (Mbembe, 2006: 38), adicionando un nuevo “sentido de ciudadanía” (Carrión, 2016: 13).

Entendiendo el desarrollo de la minería del salitre como un proceso de colonización extractivista, las fuerzas de facto que operaron en el territorio construyeron una nueva soberanía que, “consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley y donde la paz suele tener el rostro de una guerra sin fin” (Chávez, 2013: 26). En ese sentido, la ocupación colonizante envuelve una cuestión de adquisición, de delimitación, y de un control físico y geográfico, incluyendo la propia inclusión y exclusión de sujetos según las delimitaciones productivas e ideológicas. Podemos interpretar la pampa salitrera como un lugar de retazos lícitos de un Estado incompleto y precario con distintas instancias jurídicas de facto geográficamente entretejidas. Esto último puede se entendido como la consecuencia de un imperio informal (García, 2006).

2. Pedro de Valdivia: una urbe pampina teleproducida

Los capitales estadounidenses en el desierto de Atacama, además de la implementación de un innovador sistema técnico, consideraron necesario la consumación de un proceso de urbanización. Así, la oficina salitrera Pedro de Valdivia fue el segundo campamento del Sistema Guggenheim. Su construcción se inició el 5 de enero de 1930.

En las obras de implementación trabajaron 454 empleados y 6.374 obreros, quienes permanecieron durante 16 meses en un campamento provisorio (Espejo, 2021:159). La oficina fue emplazada en el Llano de la Paciencia y sus operaciones generaron una importante gravitación migrante. Así surgió una verdadera ciudad en pleno de desierto con más de 1.500 viviendas. El censo de 1930 contabilizó 8.654 habitantes. La primera elaboración de salitre fue el 6 de junio de 1931.

Al igual que la oficina de María Elena, Pedro de Valdivia destacó por sus vanguardistas procesos de mecanización que facilitaron una optimización química en el tratamiento de los caliches (Galaz-Mandakovic, 2020:180). En las salitreras del sistema Guggenheim, 7.000 trabajadores producían 70.000 toneladas de salitre. Mientras que las plantas del sistema Shanks, 9.000 obreros obtenían una producción de tan solo 30.000 toneladas de salitre en promedio (Soto. 1998:633). El ingeniero George Homer Gleason diseñó en Nueva York los métodos y maquinarias para fundir el salitre cristalizado y, de ese modo, “granularlo al rociarlo en un ambiente frío” (Espejo, 2021:154).

La nueva ciudad, diseñada por Hjalmr Ejnar Skougor y Stanley Lyon Apolan, los mismos ingenieros que participaron en la proyección del campamento de María Elena (Espejo, 2021:159), se estructuró con la intersección de dos vías principales. Según Garcés: “si la forma base de María Elena es el octógono, en Pedro de Valdivia es el crucero” (1999:83). En dicha intersección fue levantado el llamado centro cívico, representado por una plaza que poseía varios juegos infantiles. También contó con un teatro, el cual fue inaugurado en 1937. Agréguese un hospital, una Iglesia, llamada Santísima Trinidad (construida el año 1941), también una escuela y una pulpería, esto último no solo era un espacio vinculado a una red logística para asegurar los artículos de primera necesidad, sino que también era un importante espacio para la sociabilidad pampina. También había un estadio.

Según el diario La Nación, la nueva ciudad fue un modo de organizar la vida en,

“[…] un paraje desolado, carente de las comodidades más esenciales, donde el obrero trabaja sin cesar, sumido en una monotonía enervante, falta de aliciente, sin más horizonte que el de los lejanos cerros […] gastando juventud y sus mejores fuerzas en la extracción de la riqueza que es el salitre” (La Nación, 1 de mayo de 1937: 22). (Figura 1).

Lo que transcurría en el desierto salitrero remitía a una teleproducción del territorio. Es decir, todo lo implementado, desde los sistemas técnicos hasta los modos de gestión urbana y sociopolítica, fueron ideados en los Estados Unidos. En los hechos, surgió un proceso deschilenizador (Galaz-Mandakovic, 2018 b) tensionando así un amplio discurso político e historiográfico que ha retratado el territorio desde una conjeturada chilenización posguerra del Pacífico.² Estas gestiones remotas del territorio implicaron una subordinación administrativa de aspectos técnicos, económicos, materiales, discursivos y tecnológicos. De ese modo, dos territorios distantes (Atacama y Nueva York) funcionaron a través de una teleconexión (Méndez et al, 2021), dando paso a la producción de un paisaje minero singular como fruto de un entramado ambiental, político, material y científico, asegurando la transformación de minerales en mercancías para la circulación global, derivando un modo de relación de poder asimétrico entre capitalistas mineros y los agentes del Estado, donde la balanza se inclinó siempre a favor de los inversionistas situados en Manhattan. La dependencia externa del territorio Guggenheim quedó mayormente manifiesta durante la crisis económica de 1929, ya que desde los Estados Unidos se decidió la paralización temporal de la nueva salitrera Pedro de Valdivia, entre noviembre 1932 y agosto de 1934.

Figura 1
La oficina salitrera Pedro de Valdivia y sus instalaciones productivas y habitacionales. Una reinvención de la industria del salitre que superó sustancialmente al sistema Shanks.
Fuente: archivo particular del autor. Elaboración propia

Figura 2
Mapa de lo que denominamos como Pampa Guggenheim, territorio conformado por las oficinas salitreras de María Elena, Pedro de Valdivia, Coya Sur y José Francisco Vergara. Se aprecia la articulación ferroviaria con el puerto de Tocopilla, ferrocarril que fue electrificado en 1927 por Anglo Chilean Consolidated Nitrate Corporation. En el punto rojo, el pueblo de Las Bombas.
Fuente: elaboración propia

3. El pueblo Las Bombas: una agencia del habitar

Así como el proyecto minero de los Guggenheim en Chuquicamata a través de The Chile Exploration Company halló en los “pueblos libres” de Punta de Rieles, Banco Drummond y Placilla (Tapia y Castro, 2022), un modo contrapuesto al proyecto del habitar ideado por el consorcio, una especie de distopía, particularmente por los modos de gestión del goce, lo propio ocurrió con las salitreras del sistema Guggenheim con el surgimiento del pueblo llamado Las Bombas, el cual articuló la constitución de una otredad. En términos de Todorov, podemos decir que la respuesta empresarial a dicho poblamiento estuvo sustentada en una semántica de barbarización del otro (Todorov, 2014), no sin antes identificar y producir la composición de esa alteridad: el cesante, el pampino defenestrado, el ebrio, la trabajadora sexual, el comerciante ambulante, el obrero sin familia, el “indígena”, el boliviano, la soltera, el homosexual, el ludópata, el comunista, etc.

El Mercurio de Antofagasta informó, el 28 de septiembre de 1931, que “a 5 ó 6 kilómetros de la oficina Pedro de Valdivia, se levantan unas viviendas de gentes ocupadas en esa construcción y algunos muy modestos comerciantes para vivir con sus familias” (El Mercurio de Antofagasta, 28 de septiembre de 1931:3) (Figura 2). Fue entonces que los entramados de calaminas, cartones, maderas precarias, latas, paneles, etc., fueron dando forma a un caserío que rápidamente llegó a tener más de 300 personas (Camus, 1992:5); “Hoy que ya no son pocas, sino que pasan de 80 las viviendas que se han hecho en el sitio denominado Las Bombas” (El Mercurio de Antofagasta, 28 de septiembre de 1931:3). Varios de los habitantes, “habían tenido calaminas, cañas y tablas de Pampa Unión, con las que habían armado su toldería” (El Sol, Antofagasta, 11 de noviembre de 1931:2).

El nuevo poblado tendría las características de lo que ha sido denominado en la historiografía de la minería para los siglos XVIII y XIX como una placilla, las que eran originas en oposición a las plazas principales donde residía el poder y el control. Las placillas “configuraban espacios urbanos espontáneos y precarios donde habitaban trabajadores cuya principal característica era la ausencia de autoridades, por ende, del Estado” (Godoy: 2014:147).

El nuevo pueblo surgió en una zona donde había unas bombas hidráulicas que brindaban presión al agua extraída en el río Loa, la que luego era enviada a la planta de elaboración de salitre en la oficina salitrera Higinio Astoreca, después llamada Algorta (ubicada a 31 kilómetros al sur de Pedro de Valdivia). Según el profesor pampino, Mauricio Camus Ángel:

“en esa parte del camino, al costado de la línea férrea, había una caseta de un vigilante de unas bombas de agua, el nombre de la estación fue Las Bombas. Una vez que Pedro de Valdivia surgió como oficina salitrera, la estación del ferrocarril Longitudinal Norte adquirió el mismo nombre del campamento salitrero” (Com. personal, 16 de septiembre de 2022).

Al poco tiempo, comenzaron las hostilidades hacia dichos pobladores. Por ejemplo, el diario El Sol de Antofagasta denunció: “hasta allá han llegado los representantes de las autoridades, amparando los intereses de los dueños de las oficinas subsidiarias de la COSACH y en tono dictatorial han notificado el desalojo de las viviendas […] construidas a costa de sacrificios” (El Sol, 25 de octubre de 1931: 3).

Por su parte, El Mercurio de Antofagasta señalaba que “las autoridades de la pampa molestan continuamente a los moradores del antes expresado sitio, con amenazas de destruirles o incendiarles sus chocitas si no son desocupadas en unos plazos excesivamente cortos” (El Mercurio de Antofagasta, 28 de septiembre de 1931:3).

Fue entonces que surgió un proceso de tensión entre los pobladores y las autoridades políticas que respondían a las exigencias de los agentes de la empresa estadounidense, quienes abordaron el enfrentamiento directo con los habitantes de aquel pueblo que escapaba al control de la empresa salitrera. No obstante, a saber de las amenazas, el pueblo siguió creciendo en las cercanías de la recientemente inaugurada salitrera: “los humildes pobladores envían continuamente comisiones a Antofagasta para entrevistarse con la primera autoridad” (El Mercurio de Antofagasta, 28 de septiembre de 1931:3).

El citado diario se preguntaba sobre las sucesivas negaciones que sufrieron los pobladores para legalizar la ocupación de los terrenos: “Sabemos que son muchas las solicitudes que hay pendientes en la Intendencia de Antofagasta y solo se dio curso a tres pertenecientes a los señores Zlatar, Gómez y José Goles, todos extranjeros” (El Mercurio de Antofagasta, 28 de septiembre de 1931:3).

Además, se señalaba que los habitantes de Las Bombas trabajaban honradamente y que la compañía propietaria de la oficina se enfrentaba a un déficit habitacional. No obstante, “[…] los obreros con familias y los que insisten en solicitarlas son azuleados.³ Verdaderamente, no vemos de dónde viene o prima el constante deseo del desalojamiento inmediato” (El Mercurio de Antofagasta, 28 de septiembre de 1931:3).

En aquel escenario, los pobladores organizaron un comité para articular sus fuerzas y agilizar las gestiones para una ocupación legal de los terrenos. El comité quedó compuesto por el presidente honorario, Yerko Zlatar; vicepresidente honorario, José Goles; vicepresidente activo, Santiago de la Rivera; secretario, Pedro Hidalgo; tesorero, Félix Fábrega; secretario de acta, Enrique Urenda M.; directores, Luis Rivera, Armando Espinosa y Víctor Céspedes. Casi todos ellos eran “comerciantes minoristas […] contribuyentes por pagar patente y ser personas conocidas entre el elemento trabajador” (El Sol, 27 de octubre de 1931:3).

Los integrantes del comité denunciaron que la empresa salitrera había dado orden de desalojo y que la presión de los estadounidenses llegó al punto de extorsionar al subdelegado del pueblo de Pampa Unión (Víctor Donoso) para que no les vendieran agua a los más de 300 pobladores situados en pleno desierto. En seguida, comenzaron a enviar cartas que hallaron oídos sordos en los Ministerios de Bienestar Social, de Hacienda, y de Tierras y Colonización. Un telegrama reproducido en un diario de Antofagasta, se indicaba:

“Suplicamos [en] nombre [de la] humanidad y justicia que nos asiste, ordenar que Intendente Antofagasta suspenda lanzamiento con fuerza pública mientras gobierno resuelve esta dificultad. Respetuosamente a nombre del Comité. Félix Fábrega y Santiago de la Rivera” (El Sol, 25 de octubre de 1931: 3).

Uno de los primeros altercados lo protagonizó el propio gerente de la empresa The Lautaro Nitrate, Eugenio Vidal de la Fuente, quien chocó el automóvil que conducía con la propiedad del presidente del comité, Yerko Zlatar, quien fue acusado de tahúr y de tener una biografía marcada por la ludopatía a través de los garitos que supuestamente había tenido en Antofagasta (El Sol, 28 de octubre de 1931:2). Según el diario El Sol, el choque fue intencional.

Cabe señalar, que los habitantes de Las Bombas eran también ex obreros que participaron en la construcción de la salitrera Pedro de Valdivia, igualmente había varios comerciantes libres que circulaban por algunas salitreras y que varios de ellos eran los comerciantes que la empresa expulsó del mercado del Company town, “los cuales se vieron en la necesidad de levantar chozas en terrenos fiscales cerca de la línea de Ferrocarril Longitudinal Norte, frente a las concesiones de los señores Zlatar, Goles y Gómez” (El Sol, 27 de octubre de 1931:3).

El diario El Sol preguntaba: “¿Qué podía hacer esa gente? Buscó refugio cerca de una concesión otorgada por el fisco y allí levantó sus viviendas” (El Sol, 7 de noviembre de 1931:2). El diario La Opinión (Tocopilla), agregaba: “Consecuente con esta necesidad los diferentes comerciantes y trabajadores que no pueden residir en las oficinas unos porque les está impedido, otros porque no consiguen casas, se vieron obligados a levantar un campamento” (La Opinión, 2 de noviembre de 1931:3).

A saber; de ser un pueblo que estaba parcialmente alejado del centro extractivo y de elaboración, los habitantes siguieron recibiendo amenazas y plazos cortos por parte de las autoridades para ejecutar el desalojo con el ultimátum de destrucción de las viviendas, considerando la propia hostilidad de la empresa salitrera que hallaba en los funcionarios verdaderos aliados. El diario El Sol comentó:

“la cosa ha tomado caracteres alarmantes por haber recibido la visita del subdelegado de Unión, don Víctor Donoso, el Juez del 5º Distrito don Ernesto Cortesse, su secretario señor Tolosa, Teniente de Carabineros, señor Páez, la orden de desalojar y destruir las habitaciones en el corto plazo de ocho días y en vista del grave peligro que amenaza al denominado pueblo Las Bombas sus moradores se reunieron en la asamblea plena […] el Directorio definitivo el que tendrá a su cargo la defensa y estabilidad del pueblo y sus moradores” (El Sol, 27 de octubre de 1931:3).

El tema de la subalternidad de los funcionarios era de una “manifiesta anomalía” (El Sol, 3 de agosto de 1931:3). Además, en la empresa salitrera el cargo de superintendente de Bienestar fue excesivamente elevado en sus poderes territoriales, “sereno mayor […] la compañía yanqui, por algo es de la tierra de los rascacielos” (El Sol, 3 de agosto de 1931:3). En ese sentido, se acusaban verdaderas “leyes del embudo” (El Sol, 2 de diciembre de 1931:3) y corrupciones integrales que iban desde la permisividad de prerrogativas de los empresarios salitreros en el control poblacional (como la violación de domicilio) hasta anomalías en los pagos de aranceles. En definitiva, un diario de Antofagasta acusaba que los “funcionarios públicos [eran] pagados por compañías a las que deben fiscalizar” (El Sol, 2 de diciembre de 1931:3). (Figura 3).

Figura 3
Diversos titulares de diarios regionales en 1931, retratando las anomalías en el funcionamiento de los agentes del Estado
Fuente: Diario El Sol, 3 de agosto de 1931; El Sol, 2 de diciembre de 1931; El Sol, 18 de diciembre de 1931. Elaboración propia

4. La necesidad de un pueblo autónomo

En aquellas circunstancias, en algunos diarios de la provincia de Antofagasta se instaló la discusión sobre la “imprescindible necesidad” de contar con un pueblo autónomo a los campamentos salitreros, especialmente a María Elena, Pedro de Valdivia, Coya Sur y José Francisco Vergara, todos ellos controlados por las empresas de los estadounidenses. El diario La Opinión señaló:

“se viene haciendo sentir en forma imperiosa la constitución de un pueblo que sirva como punto central de atracción de aquellos centros salitreros. En la actualidad el comerciante y el viajero tropiezan con un sinnúmero de dificultades para poder alojar en sus viajes al interior, viéndose en la obligación de efectuar subidos gastos con el fin de hospedarse alojar durante el tiempo que duren sus giras ya sean por diligencias o por comercio” (La Opinión, 2 de noviembre de 1931: 3).

En ese sentido, era considerada como “censurable” la idea de hacer desaparecer un pueblo, cuando la oportunidad apuntaba a “dársele la organización necesaria para que constituya el punto central de los viajeros que visitan la región salitrera” (La Opinión, 2 de noviembre de 1931: 3).

El diario La Opinión comentó sobre el problema de los servicios estatales situados en el interior de las salitreras: “A pesar de las ventajas que la constitución de un pueblo en el interior significaría para los comerciantes y viajeros, se cuenta lo que las mismas autoridades saldrían positivamente beneficiadas” (La Opinión, 2 de noviembre de 1931: 3).

De ese modo, los servicios públicos que fueron instalados en los campamentos mineros estaban sujetos a las normas internas del Company town, donde los funcionarios, prácticamente, devenían en empleados de las jefaturas mineras:

“En efecto, actualmente todos los establecimientos públicos, Correos, Carabineros, oficinas de Registro Civil, se encuentran en los centros salitreros, supeditadas en sus funciones a los reglamentos de las mismas oficinas. Su labor no puede ser todo lo amplio que es desear debido a que están viviendo del favor de las compañías propietarias de oficinas” (La Opinión, 2 de noviembre de 1931: 3).

Los modos de “hacer Estado” en los centros mineros fue de una intensa precariedad y de asimetría relacional. El diario La Opinión complementó:

“en el lugar en donde están las Bombas, debe de levantarse una población. La misma seguridad del comercio, la independencia de los funcionarios del gobierno, la estabilidad general así lo exigen. No debemos asombrarnos que ocurran hechos delictuosos en este caserío” (La Opinión, 2 de noviembre de 1931: 3).

Los pueblos de Pampa Unión o Baquedano eran considerados como ejemplos notables de creación de villas autónomas y con servicios públicos:

“La proyección de un pueblo autónomo era en el tenor de lograr la independencia de los funcionarios: allí deben de vivir, el subdelegado Municipal y el Juez, el subdelegado, el oficial del Registro Civil, el Cura y cuanto funcionario se crea necesario para esas oficinas. Una buena dotación de Carabineros, que sea además el centro de todos los cuerpos del interior y una estrecha vigilancia esto es todo lo que necesita” (La Opinión, 2 de noviembre de 1931: 3).

En ese sentido, se apostaba a que en los centros mineros de María Elena, Pedro de Valdivia y las demás oficinas y campamentos de compañías, las reparticiones del Estado debían tener otro centro del cual dependan todas las actividades de esos campamentos. El énfasis estaba puesto en que Las Bombas era un pueblo espontáneo, que se escapaba al control que ejercía la empresa en los Company town. En el decir del diario La Opinión, Las Bombas surgió como un “villa chilena” en un contexto de control político y social extranjerizado:

“una necesidad al borde de la línea férrea, había albergado en sus casuchas y ranchos a todos los expulsados de esos campamentos de compañías extranjeras. Podíamos decir, con amargura, que era una villa, una colonia chilena emplazada en un terreno que gracias a yerros ajenos indirectamente no nos pertenece” (La Opinión, 5 de noviembre de 1931:3, énfasis nuestro).

Se mencionaba que en las oficinas Pedro de Valdivia y María Elena no había hoteles. Así, las personas ajenas a la empresa que por cualquier motivo tenían que permanecer varios días en el interior, se veían en los más duros trances no siendo el mejor el de dormir en plena pampa, tal como lo hacían los comerciantes ambulantes. Dentro de los campamentos estaba estrictamente prohibido pernoctar a toda persona que era ajena a la comunidad: “En los terrenos que algunos concesionarios han obtenido, deberá establecer una población, bien controlado, con los servicios públicos que sean necesarios” (La Opinión, 7 de noviembre de 1931:1). Es decir, “un pueblo chico pero cómodo y con su respectiva autoridad policial y sanitaria, un pueblo en fin que daría pingues entradas a las áreas fiscales con el comercio libre pero entrabado de que gozamos” (El Sol, 10 de noviembre de 1931: 3).

La discusión sobre la necesidad de un pueblo libre también adquirió, en las crónicas de prensa, tintes nacionalistas y deseos de un Estado paternalista. Esto último en el sentido que ante las denuncias de malos tratos labores y expulsiones arbitrarias de obreros en las salitreras, un pueblo del fisco sería una especie de albergue y posada para obreros que no tenían derechos a pasajes ni a desahucios. El diario El Sol consignó:

“Allí debe estar todo el centro de todas las actividades de la pampa. Los campamentos particulares con sus comodidades comerciales y su movimiento general, debe de estar sometido a un pueblo del fisco, un pueblo que pueda ser llamado chileno, aunque sus calles sean hechas en forma miserable y sus casas no tengan comodidades a lo yanqui y calefacción central como la de las grandes ciudades” (El Sol, 5 de noviembre de 1931:2).

El diario El Sol enfatizaba en el deseo de hacer pesar “el peso de nuestra independencia”. En el sentido que:

“ese pueblo surgiría y creemos que sería emporio de riqueza y bienestar para todos sus habitantes. Opónese a la existencia de un pueblo bien organizado, en que se pueda administrar justicia y en que funcionen todas las actividades ciudadanas, es negar nuestra ciudadanía. Y es por eso por lo que todos debemos de tratar que un pueblo chileno exista en ese maremágnum fundado gracias al oro extranjero” (El Sol, 5 de noviembre de 1931:2).

5. Tensión moral y productiva

Como pueblo considerado “libre”, Las Bombas comenzó a ser descrito como un poblado de desenfrenos morales, etílicos y con una fuerte semántica delincuencial. Derechamente, descrita como parte de las “poblaciones inconvenientes” (La Prensa, 25 de octubre de 1931: 4). Siguiendo las consideraciones teóricas de Foucault, Las Bombas sería un espacio heterotópico de la desviación (Foucault, 1984), porque en el tenor de la otredad que proyectaba se tensionaba con las normas de la nueva soberanía territorial que exigía modos particulares de comportamientos. Entonces, el poblamiento fue una yuxtaposición comunitaria que expresaba una incompatibilidad y una anomalía, un espacio de alteridad que era consciente de una impugnación política y moral a lo hegemónico. Las Bombas era un pueblo con potencial de fisura y era un espacio catártico dentro de las duras restricciones que ejercían los estadounidenses del sistema Guggenheim. El propio diario El Sol comentó:

“No hay duda que al amparo de la nueva población, se gestaban actos repudiables, sancionados por la ley y por la decencia, pero no menos cierto que la jefatura o Superintendencia de Bienestar de la mencionada oficina creó esa situación, obligando a salir del recinto de Pedro de Valdivia a un buen número de comerciantes ambulantes a quienes les había dado permiso para ganarse la vida” (El Sol, 7 de noviembre de 1931: 2).

No obstante, varios eran acusados de “explotadores de vicios, prostitución y alcohol” (El Sol, 7 de noviembre de 1931: 2). Y que, según La Prensa de Tocopilla:

“en inmundas covachas se asilan vagos, mujeres de mal vivir, en criminal e increíble promiscuidad con un centenar de niños de cortos años. Continuamente se producen desordenes y hechos censurables que evidencian la necesidad de que la autoridad ponga coto a ciertos desbordes nocivos” (La Prensa, 25 de octubre de 1931: 4).

El profesor pampino Mauricio Camus, acota: “el campamento constituía un claro peligro para la tranquila convivencia de los habitantes de Pedro de Valdivia e, incluso, para María Elena. Recordemos que regía para ellas la Zona Seca” (Camus, 1992:6).

Camus basa sus afirmaciones en la revisión de una serie de partes policiales que remiten a “detenidos por vagancia”, detenidos por ebriedad, decomisos de cientos de botellas de vino, cervezas y destilados, además de la detención de trabajadoras sexuales, obreros que cometían desórdenes y acciones consideradas como “deshonestas”, incluyendo riñas y balaceras. El semanario satírico Pocas Calchas constantemente lanzaba chocarrerías en sus publicaciones sobre mineros pedrinos que visitaban el caserío: “El cabro Rafaelito R. le hizo una escapada a la mamacita el domingo pasado, lo vimos muy entusiasmado por allá por Las Bombas” (Pocas Calchas, 7 de noviembre de 1931:2); un “terrorífico poblacho” (Pocas Calchas, 31 de octubre de 1931:4).

Fue entonces que los recuerdos del poblado de Punta de Rieles en las cercanías de Chuquicamata, o lo que pasaba en el pueblo de Pampa Unión (Cantón Central), también caracterizado por una “mala fama”, complicaban el futuro de Las Bombas, ya que; “Alejados de la ley, estos pueblos van creciendo, desarrollándose sin control alguno, para convertirse con el tiempo en nidales del vicio” (La Prensa, 25 de octubre de 1931: 4).

En 1930, ya se habían realizado algunas denuncias por parte de la empresa, en particular de Pablo Kruger, gerente general, con el claro objetivo de desmantelar el naciente poblamiento. Las acusaciones eran sobre la venta de licor, proliferación de garitos, insalubridad y prostitución sin control sanitario (González, 2017:240).

En mayo de 1932, se recordaba una denuncia a través del periódico de izquierda llamado La Hoja Informativa sobre el proceder del principal comerciante Yerko Zlatar, quien había recibido una concesión para vender abarrotes, pero “lo primero que se instaló fue un depósito de licores y un gran conventillo con más de 40 piezas que se arriendan al módico precio de 2 pesos al día” (La Hoja Informativa, s/f mayo de 1932:2). De esa manera, el discurso moralista buscaba sobreponerse a la agencia de los obreros y sus pulsiones de goce y derroche. Es decir, se evidenciaba una potencia homogeneizadora del empresariado que criticaba los modos de deleite y de ocio, era el odio al goce del otro (Miller, 2010) por los indeterminados efectos de contagio y duplicación:

“los que mayores perjuicios reciben con estas poblaciones levantadas en sitios cercanos los grandes centros industriales son los propios obreros que atraídos por los tentadores y engañosos mirajes de los antros de diversión que, fatalmente han de fundarse, dejan allí el fruto de su trabajo, de sus desvelos y acaso el propio pan de sus hijos” (La Prensa, 25 de octubre de 1931:4).

Aquellas semánticas biopolíticas intentaron obturar los espacios y estímulos de desestabilización, dejando en claro que el horizonte era un obrero monogámico, abstemio y no ludópata, aquello como garante de productividad laboral, cuestionando precisamente los diversos modos de transacciones interpersonales e intercomunitarias.

6. El desalojo y el incendio

Realizadas las amenazas, finalmente el pueblo de Las Bombas fue desalojado a la fuerza y seguidamente fue rauda y completamente incendiado el 4 de noviembre de 1931. El diario El Sol reprodujo un telegrama enviado desde Pedro de Valdivia:

“Pedro de Valdivia, 4 de noviembre de 1931. Primera hora de hoy piquete [de] Carabineros comandado por capitán Sánchez, asesorado [por] Delegado Darío Betancourt, empezaron destruir campamento de Las Bombas, repartiendo a los moradores en tren, este momento sin rumbo y camiones otras direcciones. Viajan guaguas y niños. Todavía humean casas incendiadas. Juan Vielma” (El Sol, 5 de noviembre de 1931: 2).

El diario La Opinión de Tocopilla, mencionó: “el campamento que ha desaparecido. Sus casas fueron quemadas y sus cenizas esparcidas al viento del desierto” (La Opinión, 5 de noviembre de 1931:3). La publicación detalló que la llegada de Carabineros exigió el rápido desalojo del campamento:

“Inmediatamente, cada cual hizo sus preparativos para salir y sin que mediara largo rato tomaban cada cual su carro, convoy o cualquier otro medio de locomoción puesto por las compañías en espantoso éxodo. Los Carabineros en gran número vigilaban ese triste partir de mujeres, hombres y que apresuradamente efectuaban sus últimos preparativos de viaje” (La Opinión, 5 de noviembre de 1931:3).

El citado diario entregó otros detalles en los días siguientes; el desalojo comenzó a las 7 de la mañana, momento en que llegó el contingente policial, el cual comenzó a entrar violentamente a cada una de las casas pidiendo el alejamiento inmediato:

“por todos lados empezaron a obligar a los vecinos a arreglar sus modestos menajes y alistarlas para abandonar de campamento. Bajo la presión de la fuerza armada, algunas horas más tarde, los habitantes de Las Bombas se hallaban preparados para salir. No comió nadie. En medio del desorden general, las criaturas que pedían alimentos y las mujeres atemorizadas por las amenazas que se les hacía, producían una impresión de un pueblo que hubiera sufrido una atroz hecatombe” (La Opinión, 7 de noviembre de 1931:1).

Los equipajes fueron amontonados en la intemperie fría de la mañana pampina con un desorden bullicioso propio de la escena de violencia policial, a la vez que llegaban microbuses y media docena de furgones para trasladar forzosamente a los vecinos hasta el puerto de Tocopilla: “una vez que los vecinos de Las Bombas abandonaron sus casas y carpas, estas fueron destruidas” (La Opinión, 7 de noviembre de 1931:1). (Figura 4).

Otros vecinos fueron enviados a Pampa Unión, a alrededor de 55 kilómetros al sur, pero con el objetivo de ser trasladados a Antofagasta; “Traídos, en considerable número al pueblo de Pampa Unión, ayer en la tarde, por teléfono se nos anunció que a esa gente se le tenía en carros-bodegas, sin tener alimento, y que no se les quiere dar pasaje para Antofagasta” (La Opinión, 7 de noviembre de 1931:1).

El diario El Sol cuestionaba al gobierno:

“Los espíritus exaltados por esa medida bastante huérfana del sentido de las proporciones, han creído que las autoridades o representantes de ellas, el Capitán de Carabineros, señor Sánchez y el inspector de Distrito […] Darío Betancourt, han procedido por su cuenta y riesgo. No, no ha sido así. La orden ha emanado del gobierno y es el gobierno quien asume las responsabilidades, por lo menos moralmente. Las familias, a quienes se expuso, fueron enviadas a Pampa Unión, y de allá llegarán hoy a las 3 de la tarde, y para atenderlas se ha comisionado a unos de los inspectores de la Secretaría de Bienestar” (El Sol, 6 de noviembre de 1931:2).

El diario había publicado en varias ocasiones sobre las amenazas que recibían los pobladores:

“cuando pretendimos detener la medida draconiana que iría afectar a un grupo de gente si otro recurso que los muy modestos para ganarse el alimento, comerciando en escala insignificante, no quisimos defender maleantes ni indeseables, ni dijimos que el poblacho de Las Bombas cercano a Pedro de Valdivia todos eran unos santos. Nuestra finalidad tendía a evitar amarguras, el hambre tal vez a la gente honrada que allá se había establecido. Se consiguió a detener por algunos días, mientras el gobierno conocía los informes que había ordenado enviar de Antofagasta, pero teníamos el presentimiento que esa gente sería arrojada, y así ha ocurrido” (El Sol, 6 de noviembre de 1931:2).

El diario El Sol transcribió una carta enviada por el obrero Juan Vielma, afectado por el desalojo y la carbonización de su casa, la cual señala:

“La prensa grande o la ‘prensa buena’ como se le llama en sensacionales editoriales de tiempo atrás y otro de fin de mes decía que el pueblucho de Las Bombas era el fantasma de Punta de Rieles. Que había asaltos y crímenes a diario, que los hechos de sangre que empezaban a producirse, era solo un principio de una vida de terror y continua zozobra para la faena salitrera y que para librarse de ello pedían a gritos la intervención policial. Otro diario […] decía más o menos lo mismo, agregando que un sinnúmero de mujeres de mal vivir habitaba Las Bombas y que con sus enfermedades contaminaban a los obreros de esta región” (El Sol, 10 de noviembre de 1931:3).

Figura 4
Diversos titulares de diarios regionales que dan cuenta sobre el desalojo e incendio del pueblo Las Bombas, ocurrido el 4 de noviembre de 1931
Fuente: El Sol, 5 de noviembre de 1931; La Prensa, 11 de noviembre de 1931; El Sol, 6 de noviembre de 1931; El Sol, 7 de noviembre de 1931. Elaboración propia

7. Las protestas y la versión oficial

Los pobladores que no podían resignarse ante este hecho enviaron cartas de acusación hacia algunos ministerios. En aquellas cartas se solicitaba que los autores del desalojo y del incendio total del poblado, o quienes dieron las órdenes, repararan los daños efectuados. Se acusaba que el capitán de Carabineros, Olegario Sánchez, dirigiendo un piquete (patrulla que vivía en Pedro de Valdivia en un galpón construido y cedido por la empresa), junto con el Inspector de distrito, Darío Betancourt, y una cuadrilla de jornaleros, empezaron a destruir población Las Bombas: "Simulaban Estado de Sitio contra desbande, [la] gente embarcando [y] pobladores sin tiempo [para] embarcar su pobre equipaje, ni atender guaguas y niños. Hecho indignante. Protestamos inaudito atropello” (La Opinión, 11 de noviembre de 1931:1). (Figura 5).

Finalmente, sintetizaban el reclamo:

“solicitamos al gobierno ordene a los destructores e incendiarios del pueblo levanten nuestras habitaciones por cuenta de ellos devolviéndolas como estaban. Es justicia. Firman: Juan Vielma, J. Calderón, Antonio Molina, Luis Veliz, Guillermo Benavides, Agustín Rodríguez, Hernán Alfaro, Pedro Espinoza, José Martínez, Guillermo Hidalgo, Manuel Álvarez, Segundo Cortés, Zulema de Santiago, Julio Serrano, H. Cruzat, Jorge Piña Acevedo, Manuel Segundo Acevedo, Jorge Quispas, María Maturana, David Césped, Agustín Rodríguez, Hernán Valenzuela y Julio Piña” (La Opinión, 11 de noviembre de 1931:1).

Figura 5
Primer cuartel de Carabineros en el campamento provisorio mientras se construía el campamento de la oficina salitrera Pedro de Valdivia en 1930. Desde allí procedió el piquete de Carabineros que participó en el desalojo e incendio del campamento de Las Bombas
Fuente: Colección particular de autor

Por otra parte, la versión oficial difundida por la empresa y la policía encontró resonancia en diarios conservadores, tales como La Prensa, de Tocopilla, el cual mencionó que las informaciones brindadas sobre el hecho eran tendenciosas por parte del diario El Sol. En ese contexto, se indicó que la orden del desalojo era de carácter ministerial; “se procedió a hacer evacuar el caserío de Las Bombas. Acción realizóse en completa armonía, interviniendo el comisario señor Olegario Sánchez, el Inspector de Distrito señor Betancourt, los cuales tenían amplias instrucciones de la Intendencia para proceder con corrección” (La Prensa, 12 de noviembre de 1931:3).

La versión era realmente contrapuesta:

“Las viviendas fueron demolidas por los propios interesados, secundados por obreros de la Oficina Pedro de Valdivia, a fin de abreviar tiempo y de aprovechar los materiales. Las personas afectadas dejaron cartas de gratitud por la corrección del procedimiento. En cambio, personas de malos antecedentes e interesadas, que se encuentran apoyadas por el diario El Sol de Antofagasta pretendieron dar el asunto caracteres alarmantes señalando como un abuso el cumplimiento de esta orden. Cuando en realidad no se produjo ningún incidente” (La Prensa, 12 de noviembre de 1931:3).

Se agregaba que las personas fueron “cómodamente trasladadas” en trenes y camiones a Pampa Unión, “habiéndoseles proporcionado a todas las mayores facilidades respecto a alojamiento y comida. Actualmente las familias que fueron llevadas a Tocopilla siguen viaje al sur. Los que bajaron a esta ciudad están alojados y reciben alimentos por cuenta del Comité Pro-cesantes” (La Prensa, 12 de noviembre de 1931:3).

El mismo diario La Prensa indicaba que el Ministerio del Interior y Fomento había declarado que la orden impartida emanaba de una solicitud del Concesionario del Ferrocarril Longitudinal del Norte, o sea, la empresa del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, en virtud de una cláusula del contrato que exigía que el Gobierno haría desalojar a los ocupantes de terrenos fiscales establecidos a los costados de la vía del ferrocarril. Cabe comentar que el Decreto Nº 2909 del Ministerio de Hacienda indicaba que le corresponde para el servicio del ferrocarril una faja de terreno de un kilómetro a ambos lados de la línea, faja que estaba ocupada por la población Las Bombas (La Prensa, 11 de noviembre de 1931:4). Entonces; “Además se han podido comprobar en este caso que la mayoría de los habitantes del caserío Las Bombas eran personas de malos antecedentes que se dedicaban a la explotación de lenocinios, burdeles, etc.” (La Prensa, 12 de noviembre de 1931: 3).

El referido diario también había ofrecido, en la edición del 11 de noviembre de 1931, varios de los argumentos que estimularon el desalojo. Por ejemplo, que el campamento no cumplía con la Ley de Vivienda; “evitándose, en consecuencia, los funestos resultados de la completa carencia de higiene de esas viviendas y por la absoluta falta de servicios de agua, luz, etc. Estado propicio para la propagación y generación de cualquiera epidemia” (La Prensa, 11 de noviembre de 1931:4). Otro argumento apuntaba a la supuesta inmoralidad del villorrio:

“se evitó el mal ambiente notorio que se había formado y la degeneración moral de la infancia, procurada por el continuo y visible desarrollo de actos inmorales, a la vista de una relativa numerosa población infantil y bajo la acción de determinados comerciantes que explotaban la situación” (La Prensa, 11 de noviembre de 1931:4).

Del mismo modo, se reproducía sin discusiones la versión policial indicando que, supuestamente:

“Todos los intereses, tanto de comerciantes minoristas, como los de los pobladores fueron protegidos en tal forma, que, por escrito […] 180 firmas agradecen la determinación y la forma del procedimiento […] se hace un deber dar gracias al capitán de Carabineros, don Olegario Sánchez, quien, en compañía de su personal, supo dar inteligente resultado a este molesto problema” (La Prensa, 11 de noviembre de 1931:4).

El inspector del 5º distrito de la 5º subdelegación, correspondiente a la oficina salitrera Pedro de Valdivia, Darío Betancourt, daba las gracias a la empresa Anglo Chilena por la colaboración, ya que “proporcionó toda clase de facilidades y en Tocopilla les dio comida y café en la noche. Además, hizo hospitalizar a tres señoras que estaban en cinta y que requerían atención médica” (La Prensa, 12 de noviembre de 1931: 3). El diario felicitaba a Betancourt por su “sentido humanitario” y por ser:

“centro de gravedad y verdadero chileno que supo cumplir lo ordenado por el supremo Gobierno con un criterio humanitario habiendo sacrificado intereses y bienes personales en bien de la clase trabajadores y comerciantes minoristas […] la intervención de los señores Darío Betancourt y capitán Sánchez se supo dar conocimiento a lo prometido en Santiago debiendo hacerse resaltar la actitud noble y generosa que en esta ocasión con sus supieron demostrar su amor a los chilenos y clases trabajadoras” (La Prensa, 11 de noviembre de 1931:4).

Otro diario conservador, El Mercurio de Antofagasta, en la misma línea, tituló: “El desalojamiento y demolición del caserío de Las Bombas se efectuó en la forma más correcta. El Intendente, al impartir la orden, manifestó que se procediera discretamente” (El Mercurio de Antofagasta, 12 de noviembre de 1931:3).

8. El sumario y el principal acusado

El semanario satírico Pocas Calchas, comenzó a dar algunas pistas respecto al indiscutible gestor del siniestro:

“Había que ver el jesto de satisfacción que sentía el ridículo Nerón al ver el incendio de la nueva Roma, el pequeño poblado de Las Bombas que ardió por los cuatro costados […] Nadie pudo encontrar hojas de pámpano para que se adornara su augusta cabeza. No hubo tampoco nadie que le pasará la lira para que cantara su último canto al ver cumplido su deseo” (Pocas Calchas, 7 de noviembre de 1931: 3).

El aludido era Tomás Mc-Evoy, superintendente del Departamento de Bienestar de Lautaro Nitrate, quien junto a otros altos empleados: “habrían estado presentes en el momento en que se hacía el desmantelamiento […] prendiendo luego fuego a los restos de ese caserío” (Camus, 1992:7). El periódico El Comunista también acusaba a Mc-Evoy, retratado como: “personaje siniestro que está al servicio de los americanos […] procedió a quemar el pueblo” (El Comunista, 28 de noviembre de 1931:1).

También se acusaban a las autoridades, en especial al intendente; “quien influenciado por el oro de los saltimbanquis del norte procedió a prestar la fuerza pública para que se incendiara el campamento” (El Comunista, 28 de noviembre de 1931:1). Según El Comunista, Mc-Evoy procedió a izar la bandera estadounidense “como muestra de triunfo y de regocijo por la descabellada perrería” (El Comunista, 28 de noviembre de 1931:1). (Figura 6). El diario El Sol había denunciado en agosto de 1931 que Mc-Evoy era un:

“funcionario bastante discutido en cuanto a su intromisión con los servicios públicos. Basta recordar que él, en representación de la Compañía, mantuvo […] un odioso privilegio de tráfico, faltando a una clara ley de la República cual es la de caminos que permite el libre tránsito” (El Sol, 3 de agosto de 1931:.3).

Figura 6
Periódico El Comunista (Antofagasta, 28 de noviembre de 1931) denunciando a la empresa de los Guggenheim y “la canallada de Las Bombas”
Fuente: Colección particular del autor

En un escenario de versiones contradichas, Carabineros ordenó instruir un sumario para investigar la destrucción del caserío y así castigar a los responsables; “Ojalá que la investigación se haga en forma correcta, para que se aplique a los culpables de esa acción vandálica las acciones que merecen” (La Opinión, 18 de noviembre de 1931:4).

Fue entonces que algunos vecinos presentaron una querella contra Tomás Mc-Evoy, incluyendo a Alfredo Wan y Jacobo Kazazzian. No obstante, fueron sobreseídos en agosto de 1932. En aquellas circunstancias, los afectados presentaron un recurso de queja en la Corte de Apelaciones de Iquique. El fiscal, Manuel Cortés, revocó el sobreseimiento y declaró reo a Tomás Mc-Evoy por efecto de ser considerado autor del delito de daños. Esto último en el marco que, si bien había una orden de desalojo, esta no incluía la destrucción y mucho menos incendiar los inmuebles (Camus, 1992:7).

En una correspondencia confidencial que rescató el profesor Mauricio Camus, Tomás Mc-Evoy comentó al Administrador General que el incendio había sido, supuestamente, intencional por parte de los desalojados con el objetivo de cobrar una indemnización a la empresa (Camus, 1992:7). Más allá del viaje hasta Santiago por parte de una delegación de vecinos afectados que nuevamente no fueron escuchados, el caso de violencia que vivió aquel pueblo libre se fue diluyendo con el paso de los años. Las cenizas del pueblo de Las Bombas fueron diseminadas por los vientos tórridos pampinos de las tardes. El gestor del desalojo e incendio gozó de la impunidad propia de quien controlaba íntegramente el territorio del extractivismo. En 1932, la oficina Pedro de Valdivia cesó su funcionamiento hasta 1934. De ese modo, los afectados fueron considerados como seres de nuda vida, donde no hubo orden jurídico para el resguardo y el amparo. Es decir, lo descrito fue posible gracias a la producción de un puente entre el orden jurídico precario, la soberanía del capitalismo y la propia producción de daños que no hallaron los espacios para institucionalizar la queja, todo lo anterior articulado con un estado de excepción.

9. Conclusiones

El devenir del pueblo de Las Bombas no sería un caso de innovación en la gestión que ejercieron las élites mineras en el desierto del Norte Grande. Los temores al bajo pueblo eran arrastrados desde el siglo XIX. Y es posible indicar que lo ocurrido en este pueblo responde a lo también dicho en otros casos: a la “lógica de la instalación del orden […] su desaparición responde a uno de los mecanismos que formaron parte de la estrategia […] para consolidar su riqueza a través de la habilitación mercantil usurera” (Godoy, 2014:151).

Sin embargo, este sí es un caso de innovación tanto por la época en la que se produce, por las alianzas que se articularon, por la participación de agentes estatales, por el volumen de la población afectada, por los capitales que consumaron el daño y por el territorio en el cual se produjeron los hechos, en el cantón El Toco.

Si bien el Estado chileno “debió asignar números recursos humanos y económicos con la finalidad de controlar, vigilar y disciplinar la zona salitrera” (Damm, 2013:261), apenas terminada la guerra, organizó la Delegación Fiscal de Salitreras; sin embargo, los capitales del salitre fueron construyendo un verdadero campo (Bourdieu, 2003) que disputó aquellas ideas prístinas y esencialistas de lo que es un Estado. Así surgió un espacio factual de inmunidad jurídica o la expresión de un Estado de excepción (Agamben, 2003: 43) por efecto de la corrupción, la subalternidad de los funcionarios y por la hegemonía empresarial en el desierto, el cual fue, en los hechos, colonizado por los capitales que implementaron el sistema Guggenheim.

La familia estadounidense a través de sus interpósita persona y adláteres en el desierto, teledirigidos desde Manhattan, fueron componiendo una cartografía no solo económica, sino que profundamente política, incluyendo la constitución y definición de las cartografías de la transgresión que tendrían que ser combatidas por ellos mismos. El caso del desalojo e incendio de Las Bombas remite a la producción de una otredad, de un espacio considerado como “contaminante” en lo moral, un espacio otro. Y en el caso de los funcionarios, estos devinieron en “eslabones de una cadena flácida e inestable” (Mbembe, 2006:85), que dieron muestra de fusiones entre decisiones locales y otras centralizadas.

La ausencia del Estado, o esa “falta de política”, no representaba “ausencia” de política estatal. Si entendemos que la política estatal se puntualiza como las acciones y omisiones que manifiestan una modalidad de intervención del Estado para concitar el interés o la movilización de otros actores en la sociedad civil (Oszlak y O'Donnell, 1981:114), estas omisiones por parte del Estado, podemos verlas como constituyente efectiva de una “política”, pero problematizando la dinámica en la pampa salitrera desde su invisibilización y una “deserción”. Se percibe una filoxenia política que operó en la permisividad del Estado rentista para la inmigración capitalista que moldeó la cotidianidad local y regional. Si bien, la aparición de este tipo de pueblos (incluso algunas fondas en el desierto) no fue una novedad en el desarrollo de la minería salitrera, tal como ocurrió en el llamado Cantón Central o Bolivia, donde la línea férrea también fue un axial para el surgimiento de poblamientos precarios (Damm, 2013:262), sí fue una innovación los modos de extinguirla, a través del fuego. De todos modos, la relación que los estadounidenses establecieron con el fuego para erradicar poblaciones pauperizadas era de un ardor político intenso y de plena vigencia para la época que retratamos. Al menos así estaba siendo desarrollado en los Estados Unidos, donde la combustión intencional de los llamados Hoovervilles, estaba en plena práctica después de la Gran Depresión de 1929. Fueron incendiadas las chabolas que habían sido “esparcidas sobre el terreno en el trastorno demencial” (Roy, 1935: 6), las mismas consideraciones que se aplicaron contra el pueblo Las Bombas, donde los indigentes, errantes cesantes y ansiosos de goce fueron desplazados y el pueblo libre fue quemado.

Fuentes primarias

De Pedro de Valdivia. Hay o no razón para detener el pueblo de Las Bombas. (28 de septiembre 1931): El Mercurio de Antofagasta, Antofagasta, Chile, p.3.

De Pedro de Valdivia. Un grave incidente personal. (28 de octubre 1931): El Sol, Antofagasta, Chile, p.2.

El asunto Las Bombas. Cómo fueron lanzados los pobladores del caserío. (11 de noviembre 1931): La Prensa, Tocopilla, Chile, p.4.

El campamento Las Bombas fue destruido ayer. (5 de noviembre 1931): El Sol, Antofagasta, Chile, p.2.

El concesionario Zlatar de Las Bombas, está esplotando una situación. (mayo de 1932): La Hoja Informativa, Pampa Unión, Chile, p. 2.

El desalojamiento en el campamento Las Bombas. (6 de noviembre 1931): El Sol, Antofagasta, Chile, p.2.

El desalojamiento y demolición del caserío de Las Bombas se efectuó en la forma más correcta. (12 de noviembre 1931): El Mercurio de Antofagasta , Antofagasta, Chile, p. 3.

El desalojo de la población de Las Bombas. Una vez expulsada la jente las casas y carpas son destruidas. (7 de noviembre 1931): La Opinión, Tocopilla, Chile, p. 1.

El desalojo e incendio del pueblo de Las Bombas, hechos más indignantes. (11 de noviembre 1931): La Opinión, Tocopilla, Chile, p.1.

El nuevo Nerón. (7 de noviembre 1931): Pocas Calchas, Pampa Unión, Chile, p.3.

Es de imprescindible necesidad la constitución de un pueblo en el interior. (2 de noviembre 1931): La Opinión, Tocopilla, Chile, p. 3.

Estábamos en la verdad al decir ayer que el lanzamiento de los habitantes del campamento Las Bombas había sido ordenado por el gobierno. (7 de noviembre de 1931): El Sol, Antofagasta, Chile, p. 2.

Funcionarios públicos pagados por compañías a las que deben fiscaliza. (2 de diciembre 1931): El Sol, Antofagasta, Chile, p.3.

Las familias establecidas en la población Las Bombas han pedido amparo al gobierno y a los representantes parlamentarios. (25 de octubre 1931): El Sol, Antofagasta, Chile, p.3.

Lo ocurrido en el campamento Las Bombas. (10 de noviembre 1931): El Sol, Antofagasta, Chile, p.3.

Los habitantes del pueblo Las Bombas nombra directorio definitivo para su defensa. (27 de octubre 1931): El Sol, Antofagasta, Chile, p.3.

Los perros imperialistas de las cárceles de Guggenheim tratan de repetir la canallada de Las Bombas. (28 de noviembre 1931): El Comunista, Antofagasta, Chile, p. 1.

Los servicios públicos de la pampa una manifiesta anomalía. (3 de agosto de 1931): El Sol, Antofagasta, Chile, p.3.

Pelambrillos de todas partes. (31 de octubre 1931): Pocas Calchas , Pampa Unión, Chile, p.4.

Pelambrillos de todas partes. (7 de noviembre 1931): Pocas Calchas , Pampa Unión, Chile, p.2.

Poblaciones inconvenientes. (25 de octubre 1931): La Prensa, Tocopilla, Chile, p.4.

Se informa al gobierno sobre la forma cómo se procedió a evacuar el caserío de Las Bombas, cercano a la Oficina Pedro de Valdivia. (12 de noviembre 1931): La Prensa, Tocopilla, Chile, p. 3.

Se manda instruir sumario por la destrucción del caserío de Las Bombas. (18 de noviembre 1931): La Opinión, Tocopilla, Chile, p. 4.

Sin consideración de ninguna especie fueron desalojados los pobladores de Las Bombas. (1931, 5 de noviembre ): La Opinión, Tocopilla, Chile, p. 3.

Referencias citadas

Agamben, G. (2003): Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, Valencia, Editorial Pre-Textos.

Bourdieu, P. (2003): Capital cultural, escuela y espacio social, Buenos Aires, Editorial Siglo XXI.

Camus, M. (1992): “El pueblo de Las Bombas”, Moviteco, 56, pp.6-9.

Carrión, F. (2016): “El espacio público es una relación, no un espacio”, en P. Ramírez Kuri, coord., La reinvención del espacio público en la Ciudad fragmentada, México, IIS-Posgrado en Urbanismo UNAM, pp. 13-47.

Chávez, H. (2013): “Necropolítica. La política como trabajo de muerte”, Revista Ábaco, 78, 4, pp. 23-30.

Damm, D. (2013): “En los márgenes de lo oficial: desarrollo y asentamientos humanos en el Cantón Central”, en S. González Miranda, ed., La Sociedad del Salitre. Protagonistas, Migraciones, Cultura Urbana y Espacios Públicos, Santiago, Ril Editores, pp. 239-263.

Espejo, P. (2021): Edgar Stanley Freed, los Guggenheim y la industria del salitre, Antofagasta, Pampa Negra Ediciones.

Foucault, M. (1984): “Des espaces autres”, conférence au Cercle des études architecturals, 14 de marzo de 1967, Architecture, Mouvement, Continuieté, 5, pp.1-6. Traducción al castellano disponible en web: http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-i/files/2017/07/foucalt_de-los-espacios-otros.pdf

Galaz-Mandakovic, D. (2018a): “De Guggenheim a Ponce. Sistema técnico, capitalismo y familias en el extenso ciclo de los nitratos en El Toco y Tocopilla (1924-2015)”, Revista Chilena De Antropología, 37, pp.108-130.

______ (2018 b): “La deschilenización en el desierto de Atacama durante la postguerra”, Fuentes, 57, 12, pp. 7-17.

______ (2019). “Río, Murallas y Turbinas. Innovación hidroeléctrica en el cantón El Toco: Tranque Santa Fe y Tranque Sloman”, Revista de Ciencias Sociales, 43, 28, pp. 58-85.

______ (2020): “The Guggenheim process. Innovaciones y contrapuntos de un sistema técnico y de transporte en la industria del salitre en el Departamento de Tocopilla (Chile, 1926-1949)”, Revista de Historia, 2 (27) pp.175-209.

______ (2023): “De comunidad política a comunidad im-política: el fin del Company town (Tocopilla, Chile, 1915-1996)”, Urbano, 26, (47). En prensa.

Garcés, E. (1999): Las ciudades del salitre, Santiago, Ediciones Orígenes.

García, E. (2006): “¿Imperio Informal? La política británica hacia América Latina en el siglo XIX”, Foro Internacional, 2 (46), pp. 353-85.

García Sierra, P. (Ed.). (2001). Diccionario filosófico. Manual del materialismo filosófico. Oviedo, Pentalfa Ediciones.

Godoy, M. (2014): “La Placilla de Cachinal de la Sierra y la minería de la plata en el sector meridional del despoblado de Atacama. Taltal, 1880-1900”, Estudios Atacameños, 48, pp. 141-156.

González, J. (2017): La épica del salitre en el desierto de Atacama, 1880-1967. Trabajo, tecnologías, vida cotidiana, conflicto y cultura, Antofagasta: Ediciones Universitarias, Universidad Católica del Norte.

Harvey, D. (2015). Diecisiete contradicciones del capital y el fin del neoliberalismo. Quito, Editorial IAEN.

Le Gouill, C. (2018): “Du paternalisme industriel des company towns à la politique de Responsabilité Sociale des Entreprises Le cas de La Oroya (Pérou)”, Caravelle, 111, pp. 41-58.

Mbembe, A. (2000): “At the Edge of the World: Boundaries, Territoriality, and Sovereignty in Mrica”, Public Culture, 12, pp. 259-284.

______ (2006): Necropolítica. Sobre el gobierno privado indirecto. España, Ediciones Melusina.

Méndez, M., Galaz-Mandakovic, D. y Prieto, M. (2021): “Tele-production of miningscapes in the open-pit era: The case of low-grade copper, Bingham Canyon, US and Chuquicamata, Chile (1903-1923)”, The Extractive Industries and Society, 4, 8, pp. 1-12. DOI: 10.1016/j.exis.2020.10.013

Miller, J.A. (2010): Extimidad. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Allain Miller, Buenos Aires, Paidós.

Olivares, F., Prada-Trigo, J., y Ramos, L. (2022): “Análisis de estructuras urbanas en un Company town. Inicio, desarrollo y declive del caso “campamento nuevo”, Chuquicamata”, Urbano, 25, 45, pp. 92-111.

Oszlak, O. y O'Donnell, G. (1981): "Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación", en Documento G.E. CLACSO, 4, pp. 99-128.

Roy, D. (1935): Hooverville: A Study of a Community of Homeless Men in Seattle, tesis de maestría inédita, University of Washington.

Soto, A. (1998): Influencia británica en el salitre. Origen, naturaleza y decadencia, Santiago, Editorial Universidad de Chile.

Tapia, V. y Castro, L. (2022): “Los pueblos libres de Chuquicamata: su origen y su desarrollo en los albores del ciclo de la Gran Minería del Cobre en Chile (1886-1930)”, Estudios Atacameños , 10, 68, pp.1-29.

Todorov, T. (2014): El miedo a los bárbaros. Barcelona, Galaxia Gutenberg.

Vilches, V. (2018): Chuquicamata. Evolución de la vivienda en el Campamento Nuevo, Santiago, Andros Impresores.

Notas