La historia contemporánea de Mejillones ha sido inscrita en la saga de los diferendos entre las repúblicas de Bolivia y Chile. La imposición de la mirada nacionalista da, sin embargo, la espalda a la rica historia de poblamiento y explotación, cuyos indicios más remotos nos llevan al período prehispánico. Durante la Monarquía católica, la región conoció la cría de mulas y cultivo forrajero, piezas claves de la circulación terrestre. Desde tiempos coloniales, dos estrategias fueron ensayadas para responder a esta necesidad. Una buscaba someter el puerto de Arica a la Audiencia de Charchas, abriendo una línea de conflicto con la Audiencia de Lima, bajo cuya celosa jurisdicción operaba el puerto. Los esfuerzos por obtener el control directo de Arica se prolongaron durante la Confederación y el período de Ballivián, reforzando el interés por Arica en detrimento de Cobija. La segunda opción consistía en habilitar Cobija, lo que implicaba remover los intereses de La Paz, departamento con un rol decisivo durante todo el siglo XIX surandino. Insistir en el control de Arica aseguraría a La Paz su lugar en los circuitos comerciales regionales. Con la independencia del Alto Perú, la provincia de Atacama fue afectada al departamento de Potosí, que renovó los trabajos para reforzar la conexión entre los centros mineros de extracción y el litoral pacífico. El 28 de diciembre de 1825, Simón Bolívar fundó por decreto el puerto de La Mar, rápidamente renombrado Lamar (Téllez y Silva, 2012). Su sucesor, el general Sucre, continuó los trabajos de habilitación de Cobija y de las rutas asociadas, ofreciendo facilidades fiscales y materiales a los nuevos residentes. El desarrollo de este puerto se inscribe en una estrategia más amplia, consistente en obtener una salida marítima bajo control directo de las autoridades nacionales. Fracasado el proyecto de apoderarse de Arica, el proyecto de Cobija fue retomado por la nueva burguesía minera, deseosa de dar fluidez a sus exportaciones (Querejazu Calvo, 1991: 19-22; Barragán y Roca, 2005: 48-69; Cajías de la Vega, 1997).

Paradójicamente, el trabajo de vincular a Cobija con el resto del país reveló la enorme dificultad de las autoridades para integrar el litoral a los circuitos nacionales, obteniendo resultados contraproductivos. El desarrollo de Cobija no alteró los intereses regionales al interior del país. Reforzó en cambio la importancia de los circuitos marítimos, favoreciendo la circulación y el contrabando de Valparaíso contra la voluntad de las autoridades bolivianas, incapaces de establecer eficazmente la legalidad en el tráfico marítimo (Carmona, Chiappe y Gundermann, 2021). A estas dificultades se suma una colonización por poblamiento procedente del extranjero. Numerosos estudios constatan para mediados del siglo XIX la presencia mayoritaria en Cobija de trabajadores venidos en su mayoría del puerto de Valparaíso, resultado del desarraigo de la población jornalera y de la creciente presión demográfica de los valles centrales en Chile (Pinto y Valdivia, 1997). Un cuadro que contrasta con la escasa movilidad de las comunidades campesinas e indígenas del altiplano, menos favorables a la aventura de una migración incierta.

Los trabajadores chilenos en la costa boliviana fueron uno de los puntos sensibles de la vida cotidiana del lugar, sin que esto motivara reclamos sostenidos entre los gobiernos de Sucre y Santiago. La situación fue, sin embargo, lo suficientemente particular como para que las autoridades locales insistieran constantemente en la necesidad de fortalecer la autoridad nacional en la región (Cajías de la Vega, 1997; Vargas Mancilla, 2019).

Este estado de cosas, en apariencia sin turbulencias mayores, conoció una evolución mayor con el descubrimiento desde 1841 de nuevos depósitos de guano en Mejillones, reforzando las actividades económicas de la zona y la atractividad laboral. El poblamiento del litoral y la integración del territorio al control nacional fueron desde entonces menos una cuestión de voluntad política que de necesidad económica. Los derechos de explotación al norte de la bahía de Mejillones había sido atribuída por el gobierno boliviano a Domingo Latrille, que extrajo y exportó guano blanco y guano fresco desde las covaderas de Angamos y Orejas durante un año (Galaz-Mandakovic y Owen, 2015). De 1842 data la primera reivindicación chilena del litoral de Atacama, expresado en el decreto del 31 de octubre, que declara «propiedad nacional las huaneras que existen en las costas de la provincia de Coquimbo, en el litoral del desierto de Atacama y de las islas e islotes adyacentes» (Art. 1. Ley del 31 octubre 1842). En conocimiento de la particularidad sociológica y jurídica del territorio, y de las dificultades de las autoridades bolivianas para someterlo a su control efectivo, la declaración abre el capítulo de tensiones diplomáticas entre Bolivia y Chile (Burr, 1974: 89-90). En otros términos, fue el descubrimiento de nuevas fuentes de riquezas lo que posicionó la región en la agenda geopolítica de ambos gobiernos. El «despoblado de Atacama», tierra de indígenas, exploradores y aventureros, despertó desde ese momento intereses diversos (González Miranda, 2020; Fernández Abara y Jerez Leiva, 2020).

La habilitación de infraestructura relativa a la instalación, explotación y comercio hizo necesario asegurar inversiones no despreciables, situación agravada por la escasa conexión con los centros urbanos circundantes. La necesidad favoreció la imbricación entre inversores, intermediarios y autoridades políticas. Los gobiernos de uno y otro lado de una frontera en disputa condujeron la cuestión sobre la base del exclusivo nacional. El conflicto se formalizó sobre la base de derechos de soberanía, particularmente cuando ambas repúblicas otorgaron por separado contratos de explotación y exportación en los mismos territorios. Esto hizo que los inversores se confrontaran en el terreno a nombre de derechos dados por gobiernos ausentes, o cuanto menos débiles, en la zona. La firma de contratos transformó a inversores particulares en actores que actuaban en alianza con los Estados pero sin ellos. En julio de 1858, el gobierno de Bolivia otorgó derechos de explotación y exportación al empresario chileno José Santos Ossa y al brasileño Pedro Lopes Gama, pasando, dos años más tarde, a manos exclusivas de este último. El 24 de mayo de 1862, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile concedió los derechos de explotación a la empresa dirigida por el chileno Matías Torres y el francés Jean Garday. Ambas explotaciones utilizaron mano de obra proveniente fundamentalmente de Valparaíso. En septiembre de 1851, el prefecto de Cobija reiteraba su inquietud sobre un proceso que parecía escaparse de su control: «El acrecentamiento de colonia chilenas en la costa norte y particularmente en los establecimientos de minas y huaneras, declara, demandan la existencia de una autoridad» (Prefecto de Cobija a inspector de Guaneras, Cobija, 17 de septiembre de 1851, citado en Pinto y Valdivia, 1997). Dinámicas latentes favorecían discretamente los intereses de Santiago contra la frágil legalidad del prefecto de Cobija.

La explotación en una zona jurídicamente indeterminada y bajo débil control político no tardó en revelar sus contradicciones en el terreno. Fue el prefecto de Cobija quien encarnó la autoridad en Mejillones para hacer respetar, dentro de sus posibilidades, la ley de Bolivia. Por su parte, el gobierno de Chile movilizó a la Marina para hacer respetar sus contratos y, al menos sobre el papel, a los trabajadores chilenos, mayoritarios en la zona. En otros términos, el prefecto de Cobija se vio relegado al aislamiento, mientras que los instrumentos de fuerza y la composición demográfica favorecían los intereses de los contratistas chilenos. En este escenario el gobierno de Chile controló la única vía de acceso al exterior. El caso planteó con toda evidencia la cuestión fronteriza: Bolivia reclamó derechos de explotación entre los paralelos 21 y 26, mientras que Chile declaró su soberanía hasta el paralelo 23. Valorados en 60 millones de pesos, los nuevos yacimientos de guano provocaron una guerrilla de artículos de prensa, folletos de publicistas y declaraciones ministeriales.

El juicio a Matías Torres, acusado de explotar y exportar yacimientos sin autorización del gobierno boliviano fue la punta de un conflicto que no tardaría en poner a prueba ambos gobiernos. Torres pidió protección del gobierno chileno, que se gestionó a través de los ministerios de Guerra y Marina, y de Relaciones Exteriores. Santiago envió la corbeta Esmeralda al mando de Juan Williams Rebolledo, con la orden de exigir la anulación del juicio y un mejor trato a los chilenos en la zona. El General Achá exigió, por su parte, la retirada de la Marina chilena de aguas nacionales y ofreció la suspensión total de la explotación hasta llegar a un acuerdo definitivo de límites. Las negociaciones fracasaron, al igual que las anteriores misiones diplomáticas de Bolivia enviadas a Santiago. El 5 de junio de 1863, el parlamento boliviano autorizó al ejecutivo a declarar la guerra a Chile, «siempre que agotados los medios conciliatorios de la diplomacia, no obtuviere la reivindicación del territorio usurpado o una solución pacífica, compatible con la dignidad nacional» («Acto Legislativo», Mejillones, 1 de julio 1863). La autorización fue objeto de una doble lectura que expresó bien las orientaciones, cada vez más divergentes, de ambos gobiernos. Por un lado, puso en evidencia la necesidad imperiosa de obtener resultados por vía diplomática, bajo el argumento que la autorización no es sino un anuncio de las consecuencias en caso de un nuevo fracaso en las negociaciones. Fue con tal objeto que Achá envió una nueva misión diplomática a Santiago, a cargo de Tomás Frías. El nuevo Ministro Plenipotenciario fue instruido para saldar la cuestión por tres vías diferentes. La primera comprende la celebración de un tratado de límites entre ambos gobiernos, que se gestionaría en Santiago vista la facilidad de comunicaciones marítimas con el prefecto de Cobija, primer interesado en el éxito de la misión Frías. El fracaso de la primera opción despejaría la vía a una compensación económica del gobierno chileno al boliviano por la cesión del territorio en disputa, estimada a 3 millones de pesos. Esta opción se inspiró de experiencias recientes, como la venta de Luisiana en 1803 y de la Mesilla en 1853. La venta de Alaska, en 1867, vendría a revelar la aceptación de la compensación en este tipo de casos. Una última posibilidad contempla el sometimiento de la cuestión a un arbitraje internacional. De tomarse esta posibilidad, el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bustillo, instruye a Frías para apoyar la idea de solicitar la injerencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos (Rafael Bustillo a Tomás Frías, Oruro, 11 de julio 1863; del mismo al mismo, Cochabamba, 4 de diciembre de 1863. Ambos en ALP, MBG, caja 2, D-261, carpeta 8). Una negociación con tres posibilidades permitirían evitar lo anunciado en la autorización del 5 de junio.

Por otro lado, la lectura del gobierno chileno hizo de la autorización parlamentaria el punto de partida para descartar toda negociación bajo presión bélica. Condicionó en consecuencia la apertura de negociaciones a la retractación del parlamento, pero también al normal curso de las explotaciones, sabiendo que Bolivia no contaba con instrumentos eficaces para hacer respetar sus contratos de explotación. En otros términos, las negociaciones, en cuyo inicio estaba más interesado Frías que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, fueron condicionadas a la mantención de los factores que ocasionaban el diferendo. Por su parte, la prensa en Chile se atrincheró en la crítica formal de los caudillos, viendo en la autorización del Parlamento la mano de Rafael Bustillo, interesado en fortalecer el gobierno «vacilante» del general Achá (Manuel Antonio Matta, «Cuestión de Mejillones», La Voz de Chile, 21 de julio 1863). La crítica al gobierno boliviano observa poco hasta qué punto Mejillones desvirtúa la crítica a los caudillos. El cuadro presenta, en efecto, la movilización constante de la Armada por parte de gobiernos civiles, representativos, contra las intenciones conciliadoras de un general al mando de la República, sin poder de coacción.

Aunque pretendió ser una señal firme, la autorización a declarar la guerra a Chile no hizo sino reforzar las relaciones asimétricas que Bolivia y Chile tenían en Mejillones. La prueba fue que la misión Frías no produjo mejores resultados que las anteriores. La compensación por cesión fue explorada dentro de las nueve conferencias preliminares, pero los montos abordados dejaron ver dos concepciones diferentes sobre el problema. Estimado por el gobierno de Bolivia a 3 millones de pesos, su homólogo de Santiago insistió en una transacción «pro forma» (Tomás Frías a Rafael Bustillo, Santiago, 27 de octubre de 1863. ALP. MBG, caja 2, D-261, carpeta 8, n° 19). A dos meses de haberse instalado en Santiago, el ministro Plenipotenciario de Bolivia fue aceptado en el cargo por el gobierno de Chile a condición de borrar en su discurso de recepción toda referencia a la autorización de guerra y a los derechos reclamados por Bolivia en Atacama (Frías a Bustillo, Santiago, 30 de septiembre 1963, n° 10; del mismo al mismo, Santiago, 10 de noviembre 1863, n° 21. Ambos en ALP. MBG, caja 2, D-261, carpeta 8.). Habiéndose negado el gobierno de Santiago a aceptar cualquier arreglo bajo declaración de guerra, el conflicto entró así una vez más en punto muerto. En términos concretos, la ausencia de Armada boliviana descarta para el gobierno de Santiago cualquier efecto concreto de una guerra eventualmente declarada en el papel. En estas condiciones, la única posibilidad de negociación sería que el parlamento boliviano diera marcha atrás, contradiciendo su determinación por mantener una postura firme tras numerosos fracasos diplomáticos. El conflicto se agudizó, a propósito de la exigencia de suspensión conjunta de la explotación. La respuesta del ministro Manuel Antonio Tocornal describe bien las pretensiones no declaradas del gobierno de Santiago: «Mientras se halle pendiente la cuestión de límites, nada puede enervar el ejercicio de los actos propios de la soberanía y del imperio» (Tocornal a Frías, Santiago, 22 de febrero 1864. ALP. MBG, caja 2, D-261, carpeta 8). El fin de la misión Frías, destinada a precipitar un acuerdo de límites bajo amenaza de guerra, implicó una nueva ruptura de relaciones entre ambas repúblicas. Para la prensa de La Paz la conclusión se anuncia como una evidencia: «Chile no quiere oír más fallo que el de su propia fuerza” (Félix Reyes Ortíz, «Ruptura de relaciones entre Bolivia y Chile», El Telégrafo, 23 de marzo de 1864). El fracaso de Frías dejaba presagiar lo que vendría: «esta ruptura es el primer paso para la guerra, que no puede menos que suceder en toda su forma, al menos alguna vez» (Félix Reyes Ortíz, «Ruptura de relaciones entre Bolivia y Chile», El Telégrafo, 23 de marzo de 1864). Incapaz de oponer cualquier elemento de fuerza tendiente a neutralizar la asimetría entre ambas repúblicas, la estrategia de las autoridades de Bolivia se centró en el Congreso Americano de Lima. También sobre ese punto, su estrategia no daría los frutos esperados.

Bien conocidos por la historiografía, los hechos referenciados aquí han orientado el debate hacia los derechos de soberanía y la cuestión nacional. La perspectiva, consolidada años más tarde por la Guerra del Pacífico (1879-1884), tiene la desventaja de desestimar la integración de Atacama en el horizonte imperial de mediados de siglo. Si la posteridad ha retenido los actores inmediatos del conflicto, una mirada global autoriza una nueva lectura, capaz de restituir el componente imperial y los mecanismos informales con que es pensada la cuestión. Esta estrategia analítica autoriza una puesta en relación de Santo Domingo, México, Chincha y Mejillones. Todos escenarios con una fuerte indeterminación política en ese momento.

El Archivo Histórico Nacional de España contiene en su fondo histórico del Ministerio de Asuntos Exteriores la correspondencia de sus agentes en el Pacífico sur. La historiografía se ha concentrado preferentemente en José Merino Ballesteros, actor clave en el conflicto latente entre Lima y Madrid. Menos se ha centrado en otros actores secundarios, pero no menos decisivos. Antonio Agacio es un ejemplo. Propietario de la casa comercial Agacio Hermanos en Valparaíso, Agacio es nombrado en 1859 vicecónsul de España en ese puerto. La anexión de Santo Domingo y la intervención en México no le son extrañas, como tampoco el tráfico de mercancías en el litoral pacífico. Agacio sabe pertinentemente que la indeterminación de Mejillones puede prestarse para fortalecer el posicionamiento de España en el hemisferio americano. La presencia desde marzo 1863 de la escuadra española en el Pacífico abre un nuevo horizonte a un imperialismo que avanza a tientas explorando sus posibilidades y que expresa en la prensa la ambición de un retorno sobre sus antiguas posesiones (Sánchez Barberán, 2022).

El 1 de agosto de 1863, el vicecónsul envía a través de La Coruña muestras de las covaderas de Mejillones, para someterlo a análisis químicos y experiencias locales en la agricultura. El envío, anunciado doblemente en la correspondencia política y comercial, está acompañado de una conclusión que dice bastante de la sensibilidad con que la diplomacia de Madrid observa la región y sus fuentes de riqueza. El guano de Mejillones, declara Agacio, «es bastante inferior al de Chinchas en el Perú para que sea vendido en Liverpool» (Antonio Agacio al Primer Secretario de Estado, Valparaíso, 16 de octubre de 1864, dirección política n° 33. Archivo Histórico Nacional de España, fondo Ministerio de Asuntos Exteriores, H2090). Algunas semanas después, Agacio hace llegar a Madrid informes recientes sobre «los nuevos descubrimientos de huano en el territorio de Mejillones», además del último estudio químico realizado por Ignacio Domeyko, una autoridad en la materia. Ordenado por el Ministerio de Hacienda y expuesto en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Chile, el estudio de Domeyko compara la calidad del producto de las islas Chincha con la de Mejillones, insinuando conclusiones similares. El guano fosfatado, como el de Mejillones, es de menor valor que el amoniacal, típico de las islas Chincha (Domeyko, 1863). Mirado más de cerca, es posible observar que uno y otro revelan bien una geopolítica en curso de definición. El uso del guano ofrece una solución conveniente a las mutaciones profundas del siglo XIX, entre las que se cuentan el aumento estrepitoso de la población mundial y la constante tecnificación agrícola. Es este último argumento el que avanza Agacio para afirmar la continuación de sus esfuerzos: «La importancia que en mi concepto tiene para España cuanto se roce con los intereses de la agricultura, me han inducido a seguir adquiriendo informes sobre este interesante abono» (Antonio Agacio al Primer Secretario de Estado, Valparaíso, 16 de septiembre de 1863, Dirección de Comercio n° 27. AHNE, MAE, H2090). Desde su puesto en Valparaíso, Agacio hace entrar a Mejillones y sus riquezas en el horizonte de la Corte de Madrid.

El interés del vicecónsul por los nuevos descubrimientos en Mejillones es otra expresión local de la carrera que las potencias llevan a cabo por recursos económicos y nuevas zonas de explotación. Las frecuentes solicitudes que desde las legaciones de Valparaíso o Lima se levantan para instalar en el Pacífico una flota de guerra permanente van en el mismo sentido. La presencia de una «estación naval en esta costa occidental», declara Agacio, daría garantías al comercio español frente a los gobiernos, sería un instrumento para luchar contra la deserción de marinos españoles y contra los ataques a los bienes de residentes europeos, uno de los objetos mayores de las reclamaciones de sus legaciones contra los gobiernos nacionales (Antonio Agacio a Prim Secretario de Estado, Valparaíso, 1 de octubre de 1863, Dirección Política n° 31. AHNE, MAE, H2090). Buscando inclinar la Corte de Madrid a su favor y mostrando la utilidad de la expedición científica en el Pacífico, Agacio envía estudios y mapas sobre las zonas que podrían abastecer en víveres y combustible, poniendo el acento en Coronel, puerto carbonífero del sur de Chile.

Intensificar el comercio español en la región vendría a invertir una tendencia general a la relegación. La indiscutible hegemonía del comercio británico y estadounidense es volumen varias veces superior al español. En Valparaíso, puerto clave del Pacífico, el número de entradas y salidas de barcos españoles está por debajo del de Dinamarca, como lo muestra el cuadro aquí abajo.

Cuadro Nº1
Entradas y salidas del puerto de Valparaíso para los años 1863-1864

Fuente: Edmond Flory, Mouvement général de la navigation dans les ports du Chili pendant l’année 1864. Centro de Archivos Diplomáticos de Nantes, fondo Postes Diplomatiques et Consulaires, 616PO/1/35

Realizados en nombre del interés económico, los esfuerzos de Agacio por mantener informada a la Corte de Madrid sobre la importancia de Mejillones favorecieron en más de un sentido las maniobras de la expedición española en el Pacífico. Sin declaración de guerra previa, la toma de las islas Chincha, clave del boom económico peruano, concentró la atención de los jefes de la flota en el litoral surpacífico. Reivindicada inicialmente como dominio de la reina, la apertura de un conflicto de duración indeterminada hizo que la flota necesitara cruelmente asegurarse de puntos confiables para abastecerse de provisiones de boca y de guerra, particularmente de carbón de piedra. La toma de las islas del 14 de abril de 1864 satisface una voluntad no siempre formulada coherentemente pero fácilmente identificable en la Corte de Madrid. Dos días antes de ocupar las islas, el comisario extraordinario Salazar y Mazarredo declara al ministro español Joaquín Pacheco sus intenciones profundas, dentro de las cuales Chincha tiene asignado un rol específico:

«Gibraltar ha sido siempre mi pesadilla desde niño. Por eso me dediqué a estudios sobre marina; por eso fui el autor de la expedición al Pacífico; por eso contribuí el año pasado a que no retornase a España, y por eso vine a ver a Pinzón. Si dentro de algún tiempo ofreciéramos a los ingleses 15 o 20 millones de duros, por lo que hoy les sirve de poco, quién sabe si lo obtendríamos. Es de hombres de Estado ver las cosas de lejos, y he soñado con ser el Guisa del Calais español» (citado en Basadre, 1946: 388-389).

Chincha desvió la atención que intencionalmente Agacio buscaba despertar por Mejillones, pero también la reconfortó. El vicecónsul tenía en efecto intenciones afines con los actores de la ocupación, como su homólogo en Lima, José Merino Ballesteros, o como Salazar y Mazarredo. De otra manera no se puede comprender que en junio de 1865 renuncie a su cargo frente al representante español en Santiago, Salvador Tavira, favorable a dar al conflicto con Chile una salida conciliadora. Tavira había dado por satisfechos los reclamos españoles sobre la base de excusas escritas por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Álvaro Covarrubias (Antonio Agacio. AHNE, MAE, Personal Alfabético, Caja PP038, expediente 00246). El tratado Vivanco-Pareja, que saldó al menos en el papel la cuestión Chincha, permitió a la escuadra española levantar los últimos impedimentos para pasar a la ofensiva en Chile. A este punto las diferencias entre Tavira y el jefe de la expedición, José Manuel Pareja, aumentan en favor de este último. La orden del 25 de julio de 1865 de cesar sus funciones y explicarse frente al gabinete de Madrid confirma el fracaso de la estrategia conciliadora y el endurecimiento de las relaciones entre España en la región (Manuel Bermúdez de Castro a Salvador Tavira, San Ildefonso, 25 de julio de 1865, en VV. AA, 1865: 202). La renuncia de Agacio entra así en la línea de los jefes de la expedición, que desembocará en la guerra iniciada entre España y Chile, declarada el 25 de septiembre de 1865.

Si Santo Domingo, México y Chincha ofrecen a los contemporáneos la prueba irrefutable de un plan de retorno monárquico en el hemisferio, Mejillones excluye un cambio en el régimen político, restringiendo el debate a los derechos jurídicos de uno u otro Estado. Omnipresente en la retórica política, la idea de una «lucha de familia» dio a la cuestión una dimensión doméstica en comparación a la cuestión Chincha (Andrés Santa Cruz a Rafael Bustillo, Versalles, 15 de julio 1864, n° 22. Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, Legación de Bolivia en Francia, legajo 1-A-1-2-0032).

No fueron las sucesivas misiones diplomáticas bolivianas en Santiago las que vinieron a desbloquear la situación, sino la irrupción en fuerza de un nuevo actor geopolítico en la región. Sin declaración previa, la toma de las islas Chincha por la flota española abrió un nuevo escenario en la región, cortando al Perú sus principales ingresos. La situación favoreció el acercamiento de los gobiernos de Bolivia y Chile, lo que fue muy bien acogido por la opinión regional. Chincha tuvo, sin embargo, efectos contraproducentes para los intereses del gobierno de Achá, ya que allanó el camino para un nuevo avance de las fuerzas chilenas en el territorio. En junio de 1864, los jefes de la Esmeralda expulsaron sin aviso a los trabajadores y funcionarios bolivianos de la mina Chacaya, al sur del paralelo 23º, explotada por Leonardo Dolhabaratz sobre la base de derechos contractuales con el gobierno de Bolivia. Jefes de una nave de guerra decidiendo y reivindicando, sin declaración ministerial previa, un territorio disputado cuyas riquezas son ampliamente conocidas. La similitud entre Mejillones, México y Chincha fue desde ese momento evidente y daba al argumento antiimperial una evidencia importante. Las autoridades chilenas fueron acusadas de comportarse en el litoral boliviano como los españoles en Perú y los franceses en México. El Telégrafo de La Paz del 28 de junio lo declara en estos términos: «Un agente del gobierno de Chile, parodiador de Pinzón y Mazarredo, atenta contra el territorio boliviano y se apodera de las minas de Leonardo Dolhabaratz situadas en Chacaya» (El Telégrafo, 28 de junio 1864). En una carta destinada a Valparaíso, observadores de Sucre lamentan que «la “Esmeralda”, flagrante todavía el delito de la escuadra española en Chincha, ha tenido a bien seguir su ejemplo» (Hilarión Fernández a José Salamanca, Sucre, 6 de agosto 1864, La Voz de Bolivia, 20 de agosto 1864). Por su parte, el representante del gobierno de Bolivia en París apuntaba a la paradoja de un gobierno defensor del México republicano y de la expansión por la fuerza en Atacama:

«En Europa […], se encuentra más chocante la conducta de los Chilenos que, sin otro motivo ni aliciente que el de su codicia, se han apoderado de nuestras costas, abusando de la fuerza, mientras que son los que más atacan también al Gobierno francés por su intervención en México (Andrés Santa Cruz a Rafael Bustillo, París, 15 de diciembre 1863» (Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, Legación de Bolivia en Francia, legajo 1-A-1-2-0032).

La cuestión Mejillones puede así explicar la reticencia constante del gobierno de José Joaquín Pérez a una participación activa frente a la ocupación de Chincha, lo que le valió cuestionamientos serios en la prensa. La estrategia del gobierno chileno, centrada en dilucidar si la ocupación reivindicaba para España las islas, no tardó en ser catalogada de «sospechosa reserva», en el país y fuera de él, suscitando decepciones y desconfianzas de los más entusiastas (Félix Reyes Ortíz, «Los gobiernos y los pueblos ante la causa americana», El Telégrafo, 28 de julio 1864; «Transcripción. Chile en Mejillones», La Patria, 27 de julio 1864). Como para el caso del General Pezet en el Perú, la oposición a Achá no tardó en presentar la ocupación chilena como una condición de la estabilidad del gobierno: «¿Queréis paz a todo trance? La Esmeralda os la trae. Ayer solo estuvo en Mejillones, hoy avanza y no se detendrá sino en el Loa- Amunátegui ha probado que este río corre en los dominios de los conquistadores araucanos» (Mariano R. Terrazas, «Sentimiento nacional», La Patria, 8 de julio 1864).

En el análisis sobre los argumentos avanzados en el conflicto, la historiografía rara vez se ha detenido en la profunda asimetría de las relaciones entre Bolivia y Chile, favoreciendo la acción y la defensa de mecanismos informales de ocupación. Las objeciones que el gabinete de Santiago presenta constantemente a diversas propuestas para resolver la cuestión no se fundan exclusivamente en el plano de los argumentos, sino también en la incapacidad factual del gobierno boliviano a constreñirlo. La litoralización boliviana encuentra dificultades estructurales, propias a la organización económica y demográfica del país. En el litoral, Bolivia no es lo suficientemente fuerte ni para llevar a su contraparte a la negociación, ni mucho menos para imponer sus intereses. La ocupación naval, así como el poblamiento del litoral boliviano procedente de Valparaíso, no conocen resistencia significativa a pesar de las alarmas de las autoridades locales. La ausencia de elementos factuales de oposición a la fuerza restringen al gobierno boliviano a la defensa del territorio en nombre del derecho, tal como lo declara en tono de advertencia un observador minucioso a propósito de otros territorios con indeterminación jurídica:

«¿Qué sería de las repúblicas hispano-americanas, si desde ahora se introdujera el funesto principio de que la más fuerte pueda con toda impunidad arrebatar a la más débil una parte de su territorio? […] no faltará, tal vez, otro poder que apoyado en el mismo título que ahora hace valer Chile, se apodere de la Araucanía o de Chiloé» («Cuestión chileno-boliviana», Mejillones, 1 de julio de 1863).

La coyuntura dejó en evidencia la dificultad crónica del país para conectar el conjunto de su territorio, característica que se puede fácilmente observar en las otras repúblicas. La urgencia de tratar la cuestión Mejillones implicó orientar las instancias de decisión al litoral. La fluidez de los intercambios marítimos incitó el desplazamiento, en el invierno de 1866, del Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Mariano Donato Muñoz, a Santiago. Incitó también la creciente autonomía en la coordinación política entre el prefecto de Cobija, máxima autoridad en Mejillones, y el ministro Plenipotenciario de Bolivia en Santiago. Desplazamiento que a su vez aisló al poder central, situado en los valles del interior. Si Mejillones puso a prueba la capacidad de respuesta del poder en Bolivia, precipitó también una recomposición de los lenguajes y las fuerzas políticas en Chile.

La perspectiva nacional ha hecho pasar la política exterior bajo el signo del unanimismo, neutralizando las alternativas posibles. Si pensamos la política exterior de los gobiernos de Chile en relación con el espectro político nacional, podemos observar conclusiones relevantes. La alianza liberal-conservadora de José Joaquín Pérez logró evacuar al montt-varismo de la presidencia, pero le aseguró un puesto relevante en la política exterior, de lo cual se lamenta el propio Frías (Frías a Bustillo, Santiago, 30 de septiembre 1863. ALP. MBG, caja 2, D-261, carpeta 8, n° 10). Las relaciones internacionales vehicularon la exacerbación de un nacionalismo en búsqueda de definición, que se expresó en la postergación constante de una solución negociada al conflicto. El rechazo a cualquier arreglo sobre la cuestión dejó la vía abierta a los actores de terreno, estrategia que funcionó sobre la base de relaciones asimétricas, en detrimento quienes, de un lado y otro de la frontera, aspiraban a «resolver la disputa de forma justa y equitativa» en nombre de intereses comunes (Guillermo Matta, «¿La Paz o la guerra?», La Voz de Chile, 13 de noviembre 1863; «La cuestión de Bolivia en la sesión de ayer», La Voz de Chile, 18 de noviembre 1863). La cuestión de Mejillones fue presentada como una oposición entre Chile y Bolivia, asegurando al nacionalismo conservador un terreno favorable para incidir en el juego político local y evacuar al mismo tiempo cualquier sentimiento de comunidad de intereses entre ambas repúblicas. El Bien Público, uno de sus órganos de prensa (Silva Castro, 1958: 232-234), niega en su edición del 14 de noviembre de 1863 las intenciones conciliadoras de los gobiernos bolivianos, lanzando una afirmación que dice bastante del avance del nacionalismo en el debate político en Chile: «Ni se diga que el pueblo boliviano desea la paz, pues ya sea obra del gobierno, de la insensata exaltación de algunos periodistas, es lo cierto que hay en la república boliviana una grande animosidad contra Chile» (El Bien Público, 14 de noviembre 1863).

El montt-varismo, derrotado en la elección presidencial de 1861, encontró en la cuestión Mejillones un medio para neutralizar las críticas de las que era objeto. Estas provenían de las izquierdas, severas contra el provincialismo nacional y favorables a una alianza estrecha de las repúblicas, capaz a la vez de disuadir las potencias europeas y encontrar a través de negociaciones una salida a los crecientes conflictos territoriales. Contra la voluntad de acuerdo y concordia regional, el montt-varismo propuso un radical paso adelante:

«No: ya basta de estarnos mano sobre mano y necesario es, sino declarar la guerra, prevenirla para el caso de que llegue. Teniendo algunos buenos buques de guerra bien equipados para guardar nuestras costas y proteger nuestra marina mercante, el gobierno de Bolivia volverá sobre sus pasos» (El Bien Público, 14 de noviembre 1863).

La respuesta del gobierno de Chile a la invitación del Congreso americano preparado en Lima ilustra hasta qué punto los conservadores leyeron con astucia el concierto internacional. El interés central del gobierno de Pérez apunta a preservar su autonomía en las relaciones internacionales, permitiéndole tratar la cuestión Mejillones en el marco bilateral. La estrategia consistió en oponerse a la injerencia del Congreso americano en la política exterior de los Estados miembros, con el argumento paradojal de que esto podría obstaculizar las negociaciones con Bolivia, que el propio gobierno dejaba para un momento ulterior (Tocornal a Ribeyro, Santiago, 18 de febrero 1864, La Voz de Chile, 27 de febrero 1864). La estrategia de la bilateralidad se hace eco de las alianzas internas del gobierno chileno. Las primeras elecciones parlamentarias de la presidencia de Pérez, celebradas el 27 de marzo de 1864, dieron por resultado un avance del conservadurismo al interior de la alianza gubernamental. El nombramiento, en septiembre de 1864, de Manuel Montt para el Congreso americano reconfortó al sector, decidido a instar al gobierno a hacer todo para que nada cambie. Fue también en esta ocasión cuando el naciente Partido Radical, en alianza con las sociedades de artesanos de las principales ciudades del país, formalizó en su programa la unión de las repúblicas americanas, en oposición abierta al conservadurismo (Palma Zúñiga, 1967: 33; Sepúlveda Rondanelli, 1993: 36-37; Gazmuri, 1999: 128-137). La cuestión Mejillones contribuyó a otorgar a los conservadores un papel protagonista en los asuntos diplomáticos en nombre de la nación.

La perspectiva que piensa en una misma secuencia los conflictos en México, Mejillones y Chincha puede observarse de manera indirecta en los términos que cuidadosamente emplean los críticos chilenos para referirse a las intervenciones europeas contra las repúblicas americanas. A un mes de la ocupación de Chacaya por la marina chilena y de la expulsión de trabajadores y funcionarios bolivianos, el diputado José Victorino Lastarria sometió al parlamento la moción según la cual «la República de Chile no reconoce como conformes al derecho internacional americano los actos de intervención europea en América, ni de los gobiernos formados a consecuencia de dicha intervención» («Cámara de Diputados. Sesión 27ª ordinaria en 30 de julio de 1864», Sesiones del Congreso Nacional de 1864, pp. 346-359). Dirigida contra las potencias europeas, la moción se concentra en la cuestión del régimen político, sin que la invocación al derecho americano sea pensado como espacio de solución de conflictos regionales, evitando hábilmente hacerse cargo de actos de intervención de una república americana contra otra. Si el juego político oponía a los actores según debates diversos, la defensa de intereses declarados chilenos en Mejillones dictaba la hora del consenso.