«La riqueza inagotable que ofrece el huano a la república». Gibbs Crawley Co. y la litoralización de la actividad económica en el sur andino

«The inexhaustable wealth that huano offers to the republic». Gibbs Crawley Co. and the litoralization of southern andes’ economic activity

Pol Colàs polcolas@ub.edu

Universitat de Barcelona, Spain

La litoralización ha sido y es un proceso con amplias consecuencias en materia social, demográfica, urbanística, económica, política, superando en implicaciones los límites de su propia definición y el alcance de este trabajo. Para los objetivos del texto presente conviene simplificarlo, presentándolo como un desplazamiento progresivo de la actividad socioeconómica del interior hacia la costa visible a partir del siglo XIX en la mayoría de los países occidentales. Hasta ese momento, más allá del embarque de mercancías en puertos marítimos y aún la existencia de notables excepciones, las actividades de mayor peso económico solían llevarse a cabo en el interior (Costa Morata, 2005: 71-73), lo que de forma directa implicó que, desde un punto de vista institucional, el interés de la hacienda pública se trasladara progresivamente hacia las costas, convirtiendo al Estado en un actor notable que coadyuvó con su continua búsqueda de recursos y el despliegue de su autoridad territorial el proceso citado junto con los actores privados.

Una inclinación progresiva hacia el mar que es visible en los casos del Perú y Bolivia. La independencia conllevó una reconfiguración territorial que confirmó, para el Perú, la centralidad política de Lima, la nueva capital vecina del puerto del Callao; mientras que Islay se consolidó como el punto de contacto de Arequipa y el sur peruano con el océano y su disponibilidad estructuró en parte la posibilidad de establecer un proyecto alternativo al limeño (Gootenberg, 1997; Mazzeo, 2019: 199-202). La Arica peruana siguió siendo de importancia fundamental para Bolivia como salida principal del comercio de La Paz, Oruro y Cochabamba, aunque desde ese momento una frontera -y su legislación arancelaria- separaría ambas ciudades;¹ mientras que en el distrito litoral boliviano pronto se fundó el Puerto La Mar o Cobija, que canalizó gran parte del comercio potosino, chuquisaqueño y del norte argentino (Fifer, 1972; Cajías, 1975; Conti, 2008: 4-7; 2019: 243-244; Emilia Mata, 2019; Rosenblitt, 2021: 3-4). La importancia dada no solo a estos puertos, sino a sus territorios circundantes y a los recursos que ellos albergaban, fue creciente tanto por vía privada como pública, tanto discursivamente como en el monto de recursos destinado o extraído.

Con todo, esa creciente importancia de las costas no impidió que las principales entradas al erario tanto peruano como boliviano siguieron dependiendo de las actividades económicas de la población que habitaba el interior, como ocurría en época colonial. Por un lado, para el caso del Perú, después de ser abolida por San Martín, la readopción de la contribución personal supuso ingresos anuales de más de un millón de pesos hasta la segunda mitad del siglo XIX, proporcionando los montos más importantes los departamentos de Cuzco, Puno, Lima-Callao, Junín, Ayacucho y La Libertad, en orden decreciente. Aun así, esas entradas no evitaron las continuas dificultades enquistadas en el erario hasta las reformas del presidente Castilla (Contreras, 2005: 93; De Haro, 2021: 31). Por otro lado, para Bolivia, la evolución del «tributo indígena» hasta convertirse en la «contribución indígena» supuso un cambio nominal, pero no un impedimento para convertir esta entrada en la mayor que registró anualmente la administración durante un período de tiempo más largo que el registrado por el Perú, proveniente en gran medida de comunidades del Altiplano (Ovando Sanz, 1985: 118).

A partir de la década de 1840 el proceso de litoralización se aceleró. Para los casos del Perú y Bolivia, la fuerza principal que provocó esa tendencia fue la economía. Aunque son significativas otras producciones que también tenían la costa como espacio en esa misma coyuntura, como la extracción del cobre en Tocopilla y Gatico, Atacama, o que estaban en formación y emergieron poco después, como las haciendas azucareras de la costa central y norte peruana (González, 2016; Galaz-Mandakovic, 2020: 30-33), debe destacarse el boom ocasionado en Europa por la generalización del conocimiento sobre las posibilidades fertilizantes del guano. Los yacimientos más accesibles, de mayor calidad y que daban una más grande posibilidad de beneficio se situaban en la costa pacífica americana, en especial en las islas Chincha, donde la explotación tenía larga tradición.² Más allá de esta explotación insular, había una serie numerosa de depósitos esparcidos por la costa peruana y boliviana e islotes que aparentaban ser capaces de remontar la economía de estos países con su explotación, fundamentar los procesos de construcción de los estados nacionales y generar encadenamientos y capitales interiores que, a su vez, permitieran la formación de individuos locales dedicados a la inversión.

El boom resultante forzó el traslado de la creación de polos de actividad económica desde el interior hacia la costa, gracias a la alianza entre empresas inglesas interesadas en la explotación del guano, como Gibbs Crawley Co., intermediarios locales, y los gobiernos del Perú y Bolivia, que se felicitaron por la firma de la cesión monopolística de estos recursos a través de contratas. La consideración de las guaneras como paisajes de naturaleza extractiva para beneficio del erario por parte de empresas contratistas es clara a través del estudio de la legalidad contractual y presupuestaria, la documentación ministerial y empresarial o la comparación entre el peso económico y el político-demográfico del territorio y, considero, se enriquece a partir de la presentación de los casos análogos peruano y boliviano. Por ello, en este texto trato de insertar problemáticas conocidas como el recorrido de las contratas guaneras y su importancia para la construcción y reproducción institucional de los estados peruano y boliviano, en el marco del concepto de litoralización, de remarcable utilidad para el análisis territorial, a partir de un enfoque aún no abordado, como es el comparativo, y centrando la mirada en los primeros compases de esta coyuntura a mitades del siglo XIX. Sin conocer esos procesos de concentración de la extracción de recursos económicos en los litorales del sur andino, el análisis sobre la construcción de los estados nacionales boliviano y, sobre todo, peruano, quedaría geográficamente mal calibrado. Los acercamientos a ambos casos son los que estructuran los dos apartados a continuación.

La calidad del guano peruano, en especial de las islas Chincha, pareció ser superior a cualquier otro por su gran contenido de nitrógeno, así como demostró tener propiedades inabarcables para otros tipos de fertilizante conocidos hasta el momento (Méndez, 1987: 3-4). Era, según Kinsley (2022: 219), «más que un fertilizante», por el hecho de poder sostener parte de la revolución del mundo agrícola ocurrida en el norte de Europa durante el siglo XIX y tener influencia directa en la emergencia de ideas sobre la sostenibilidad de la agricultura, lo que lo convirtió en un producto perfecto donde basar una economía de exportación, provocando ese boom comercial que, en el Perú, duró desde 1840 hasta la guerra del Pacífico (Hunt, 1973: 5). En este apartado recorreremos la relación del guano peruano con el Estado y sus contratistas, a partir de datos que extenderán el análisis hasta la década de 1850.

Durante la década de 1830 existieron varias tempranas tentativas y firmas para la explotación del guano por parte de Francisco Quirós y el gobierno peruano (Mathew, 2009: 51-53). Sin embargo, el documento que se consolidó fue tardío, decretado el 10 de noviembre de 1840. En él, el contratista Quirós recibía las guaneras en consignación sin límite de cantidad de guano a exportar, a cambio de 60 mil pesos.³ Contrato firmado por nueve años (después seis) que no estuvo exento de polémicas e interpretaciones diversas. De hecho, en su redacción solo se hizo referencia a las «islas» del guano, dejando fuera del privilegio exclusivo de la exportación guanera a todos aquellos yacimientos situados en el continente. Ante la protesta de Quirós, el gobierno decidió añadir las guaneras de tierra en la contrata, sin dejar de recordar la necesidad de permitir a los agricultores del país la explotación del guano para uso propio que, parecía, el contratista pretendía impedir, algo que podía suponer la terminación del pacto.⁴ Paralelamente, pronto se cuestionó la capacidad estatal para desplegar la legalidad contractual por tales territorios; por ello, se quiso confirmar la infalibilidad de la autoridad del Estado sobre islas y demás yacimientos guaneros peruanos, haciendo explícito que ni las empresas contratistas, ni los agricultores o habitantes locales, ni los descubridores de estos depósitos eran propietarios de ninguno, pues estaban adjudicados a la administración.⁵ Con ese movimiento, tanto la litoralización de las fuentes de ingreso del erario como el movimiento de la frontera capitalista hacia los márgenes continentales fueron legitimados por los derechos de propiedad.

En el marco de la guerra peruano-boliviana, con el Perú sumido en una fuerte crisis política, la contrata del guano se reformuló. Francisco Quirós añadió a Aquiles Allier como socio, y las condiciones que se explicitaron entonces tuvieron un recorrido importante, siendo ese nuevo contrato aprobado por cinco años, el 64 % de las utilidades sería para el Estado en el primer año, mientras que en los siguientes la autoridad se quedaría con dos tercios.⁶ Un año después, otro cambio propició la aparición de Gibbs Crawley Co. como socio preferencial en Inglaterra, siendo un nombre que se convertiría en una constante en todo cambio contractual posterior, aunque desde las contratas iniciales, de 1840, había tenido un papel en la compra de letras sobre beneficios futuros del guano y la exportación del producto al puerto de Liverpool, junto con Myers Bland Co., como muestra Mathew (2009: 57-58 y 64).

Los numerosos cambios que sufrieron las contratas se sucedieron también en forma de adiciones, como en 1847. Dada la acuciante urgencia de entradas en el erario, se volvió a consignar el guano, esta vez de forma conjunta a las casas de Gibbs y Montané. Se les dio a estas empresas la posibilidad de exportar 100 mil toneladas de guano en 18 meses, dejando en «hipoteca especialmente en las Islas de Chincha». A cambio, el adelanto sería de 850 mil pesos, siendo 400 mil al contado y los 450 mil restantes en pagos mensuales de 50 mil. No obstante, el traspaso legal no tenía un valor monopolístico, ya que su desarrollo sería simultáneo a las actividades vigentes contratadas con Quirós, Allier y Cía., firmas puntuales con intereses norteamericanos y demás consignaciones de Gibbs y Montané por separado; aunque no podría añadirse ninguna otra empresa durante esos meses de duración.⁷ Condiciones con las que la empresa inglesa pareció especialmente satisfecha y propuso prorrogar en 1850 de forma anual, con éxito, a cambio de pagos para sufragar la deuda pública y de que, finalmente, los beneficios del guano fueran repartidos entre la empresa y la administración de forma equitativa.⁸ A partir de esa década, el guano se convirtió en un recurso fundamental tanto para el capital internacional con intereses en el Perú como para el Estado peruano (Gootenberg, 1989: 121-128).

Para los contratistas, en especial Gibbs, quien dispuso del monopolio de exportación al mayor mercado disponible, el inglés, el negocio fue simple y proporcionó beneficios rápidos. El guano solo requirió de la extracción y el transporte, con una reducida inversión en mano de obra y sin problemas destacables en su procesamiento (Sobrevilla Perea, 2003: 386-387). Del volumen de negocio de Gibbs para con el producto peruano nos da una idea sus libros de cuentas. Entre 1851 y 1853, en plena vigencia del contrato citado, 402 barcos cargaron guano en el Perú y lo transportaron a Londres. Además, una cantidad notable (71 barcos) se dirigió a otros outports, entre los que destacaban Liverpool, pero también puertos no sujetos a la protección inglesa, como Amberes o Hamburgo.⁹

Cuadro 1
Detalle de las operaciones sobre el guano del Perú de Gibbs Crawley Co. entre 1851 y 1853.¹⁰

Fuente: Elaboración propia a partir de LMA. AGSLC, MS11057/001, 1850-1853. «Guano ledger», ff. 521-532.

Los datos que arrojan el libro de cuentas de Gibbs, vistos al detalle en el cuadro, son significativos, pero deben ser observados con atención. En realidad, las libras de beneficio eran totales, por los que aún no se les había descontado la mitad que correspondía al gobierno peruano como propietario del recurso.

Para dar cuenta de la totalidad del negocio, en la misma fuente se añade que tales movimientos supusieron la compra, en 1851, de 3.175.314 bolsas de guano de una capacidad indeterminada, por un gasto de 55.822 libras (56,88 libras por bolsa); en 1852, de 1.702.208 de esas bags por 28.626 libras (59,46 por bolsa). Continuando con el ámbito de gastos, se suman poco más de 2 mil libras del seguro contra incendios, 3 mil en publicidad en periódicos europeos, 3 mil de gastos varios, 1.905 en muestras para científicos y poco más de 40 mil libras en pagos bancarios. En suma, 36 libras serían para C. de Murrieta, F.L. Murrieta & Fco. J. de Rivero, compañía de asociados que mediaron en la firma de las subsiguientes contratas.¹¹ Aunque no detalla el beneficio final en esos tres años, viéndose los gastos y los totales mostrados en el cuadro, este prometía ser cuantioso y lo fue hasta la extinción del contrato entre Gibbs y el gobierno peruano, en 1862 (Bonilla, 1994 [1974]: 37-38).

Para la administración estatal, las consecuencias económicas de la firma fueron rápidas. Una vez asentada la estabilidad política después de los movimientos desatados por la muerte de Agustín Gamarra en la batalla de Ingavi de 1841, el escenario político liderado por Ramón Castilla vio cómo el guano se convertía en el ingreso más importante del erario en esa época (Mathew, 1970: 112; Orrego Penagos, 2004: 132). Las diferentes adiciones contractuales fueron celebradas de forma invariable, viéndolas como pruebas de la capacidad del gobierno para mantener la viabilidad del país a partir de la hipoteca de lugares remotos en la costa desértica.¹²

Por entonces, pareció respirarse un clima de euforia en la hacienda. A partir de 1850-1851, los sueldos de las listas civiles y militares, de viudas y pensionistas, pasaron a ser pagados puntualmente; se pudieron satisfacer sueldos y empréstitos devengados; abusos en el cobro de dinero público fueron frenados, poniendo un mayor control a través de la contratación de nuevo personal.¹³ La institucionalización y el despliegue del poder del Estado pasó a ser la principal preocupación de los gobiernos de Castilla y Echenique, algo posible debido al «aumento que en los últimos años han tenido las rentas».¹⁴ Aun así, la deuda cobró una importancia fundamental, creciente y descontrolada en la financiación de ese proceso, lo que acabaría por suponer un problema cuando el guano, como recurso, dejase de proporcionar las cuantías numerosas que recibía el erario (Gootenberg, 1989; Noejovich , 2017). En 1872, pues, como afirma Bonilla (1994 [1974]: 127), la totalidad de los ingresos del guano pasarían a servir al pago de la deuda externa, consolidando un enorme déficit en los presupuestos.

En definitiva, parece evidente que el gobierno peruano pudo financiar parte del proceso de estatalización a través de las entradas que supuso el negocio del guano. No solo eso, sino que, a juzgar por lo afirmado por la historiografía, el recurso avícola permitió la imposición de un proyecto nacional en el país y la consecuente estabilización del escenario político hasta la guerra del Pacífico. Desde un punto de vista institucional no se trató, pues, de una «prosperidad falaz», como apuntó Basadre (1968), sino que la entrada de recursos condicionó la construcción del Estado peruano y direccionó su estructura socioeconómica hacia la costa oceánica, fundamentando movimientos de larga duración (Cushman, 2013).¹⁵ Paralelamente, varias empresas privadas, entre ellas la inglesa Gibbs Crawley Co., se lucraron de la coyuntura y catalizaron la mutación de esos yacimientos hasta convertir al litoral en polo de actividad económica.

El caso del guano boliviano, a abordar en este apartado, tuvo su propio recorrido. El inicio del negocio del guano en Bolivia se fundamentó en la legislación. El gobierno de José Ballivián hizo patente la voluntad de su gobierno de ejercer plena autoridad sobre el recurso con el decreto de 20 de febrero de 1842, mediante el que se prohibía la extracción de guano. Se afirmaba en él que nadie podía alegar la propiedad de ninguna guanera más que el Estado. No solo eso, sino que la población, junto con las autoridades, debían concentrarse en evitar el robo y contrabando del recurso para así dar fundamento a «la esperanza de que manejadas [las riquezas guaneras] metódicamente, formarán el principal ramo de la riqueza y prosperidad del país». Hubo excepciones a esa prohibición, a destacar el hecho de que la compañía Myers Bland Co., la familia cochabambina de los Sanzetenea y los señores Dutey y Barroilhet (a través de los cuales aparecería en el negocio Gibbs Crawley Co.) tuvieron acceso exclusivo a la explotación y exportación del guano boliviano antes de haber firmado cualquier contrato y por gracia de la administración pública.¹⁶

El documento de monopolización guanera resultante partió de una alianza entre actores privados locales e internacionales y recogió el testigo a ese breve período de gracia, tratando de dar personalidad de iure a una situación que, de facto, ya existía. Fue firmado tanto por estos actores como por el gobierno boliviano en junio de 1842, aunque el proceso de aceptación del documento fue aún más largo. Inicialmente, la contrata firmada con las empresas contratistas inglesas y sus intermediarios en Bolivia debía proporcionar 300 mil pesos de inmediato a las arcas públicas. Después de ese pago, el 70 % de los beneficios serían para el Estado, mientras que el 30 % se repartiría a partes iguales entre las compañías citadas (Colàs, 2021: 85).

En algunas adiciones a la contrata, en junio de 1844, aparecieron ya los nombres de los que se configuraron como actores privados principales en el negocio guanero en Bolivia, con similitudes evidentes con los del Perú: Gibbs Crawley Co., a través de su socio Jorge Tomás Davy, y Myers Bland Co., con el socio Juan Henderson, quien también fungió de apoderado de los intereses de la compañía peruana Quirós Allier y Cía. En suma, se añadieron nuevas obligaciones de empréstitos al Estado sobre las compañías, que además fueron urgidas de presentar resultados económicos pronto.¹⁷ El ejecutivo boliviano abrazó con presteza la posibilidad de convertir al guano en el motor fiscal y productivo del país y, a partir del tono y el tipo de expresiones usadas en la redacción de la legislación, puso esperanza y empeño en que así fuera partiendo de la iniciativa de capital extranjero.

Sin embargo, la esperanza no se tradujo en cifras oficiales en las reuniones del poder legislativo. En el presupuesto general de 1844, el primero aprobado con la contrata firmada, se constató que el único gasto relativo al guano por parte del Estado sería el de 3 mil pesos de sueldo anual para el interventor de guaneras, encargado de la vigilancia del cumplimiento de las condiciones acordadas, más 300 pesos para plumario que, se especifica, eran pagados por «la sociedad», esto es, las compañías monopolísticas. Por otro lado, en el apartado de los ingresos, el producto del guano no aparece.¹⁸ Su vigencia se alargó hasta 1846, cuando entró en vigor un nuevo presupuesto bianual que debía regir las cuentas hasta 1848. Para el caso, mientras se detallan en el documento los derechos a cobrar por el monopolio privado de la cascarilla, a través de la empresa del argentino Jorge Tezanos Pinto, o de productos como la coca o, más importante, las barras de plata, el guano continúa desaparecido del apartado de ingresos presupuestados. Los gastos ascendieron a 3.300 pesos, como en la ley anterior, esta vez repartidos entre 2.400 para el interventor de la guanera de Paquica, la de mayor producción; 300 para plumario; y 600 como gratificación al administrador de la aduana por el control del negocio guanero.¹⁹

Hasta marzo de 1846, el ministro de Hacienda reportó haber 22 mil toneladas de guano boliviano en Europa para su expendio y 5.670 colocadas anteriormente, con lo que el erario recibiría alrededor de 50 mil pesos. A ese monto se le sumó el pago de esa misma cantidad por parte de las compañías para el cónsul boliviano en Londres, Antonio Acosta, como empréstito para el dispendio en material de guerra (Aguirre, 1846: 10). Cuantías que en ningún caso llegaron a la importancia del préstamo inicial; las entradas para las empresas contratistas supondrían una cifra irrisoria en comparación con la inversión hecha para la firma, mientras que, para la hacienda pública, descartando ese empréstito militar, eran poco más del doble del presupuesto anual del departamento del Litoral, que soportaba un aparato administrativo mínimo.²⁰

Lo que se acabó por imponer fue la falta de control del territorio por parte tanto del ejecutivo como de los actores privados, empleados de las guaneras y agentes intermediarios locales.²¹ El robo y contrabandeo se acabaron por demostrar como las actividades principales alrededor del negocio del guano en Bolivia, lo que impidió el funcionamiento de la contrata monopolística y la llegada de los pingües beneficios prometidos por las compañías inglesas a la (des)ilusionada administración (Colàs, 2023: 12-15).²² Además, la competencia con el guano peruano acabó por impedir la generalización de la venta del boliviano en el mercado británico por ciertos cambios en sus características que lo hacían sospechoso a los ojos de los consumidores del fertilizante.²³ El contrato del guano acabó por ser suspendido y en 1848 renegociado con ambas compañías inglesas con unas condiciones más favorables para estas, ya caída la administración Ballivián y bajo el presidente José Miguel de Velasco, perdiendo importancia discursiva y tributaria (Torrico, 1848: 7). Paralelamente, desde Gibbs Crawley Co. se trató de buscar líneas de negocio en Bolivia ajenas a la del guano, estrategia seguida desde su llegada a la región y potenciada conforme esta perdía esperanzas de competitividad, diversificando su cartera de negocio a través de personajes locales y empresas bolivianas como José María Artola (venta de azogue), Pedro José de Guerra (compra de cascarilla y venta de azogue), Hubert y Cía. (también con la venta de azogue) o Ildefonso Villamil (compra de cobre, piedras preciosas y cascarilla, venta de azogue y té).²⁴

A diferencia del Perú, los recursos extraídos del guano no permitieron fundamentar la institucionalización del Estado ni la imposición de un proyecto nacional en Bolivia. Lo que se ha llamado Estado-Nación no fue una realidad para el país hasta pasada la guerra del Pacífico y, por lo tanto, hasta perder el mismo punto geográfico que daba existencia al proceso de litoralización (Demélas, 1980). La menor cantidad y calidad del producto, y el deficiente despliegue del poder ejecutivo por el Litoral, así como el difícil paso de la frontera capitalista por el territorio, trabaron el negocio. Aun así, poniendo especial énfasis en esas contratas monopolísticas del guano firmadas con las empresas Gibbs Crawley Co. y Myers Bland Co., sus consecuencias pudieron abrir nuevas vías para el despliegue de la autoridad estatal y de la frontera capitalista. Eso es debido a que, en un porcentaje incierto, los diezmados pero existentes beneficios de esas contratas fueron destinados por ley a la exploración oriental, iniciando una circulación centrípeta (por la apropiación de recursos monetarios por parte de la administración) y a la vez centrífuga (por el destino final de estos: expediciones a la parte oriental del país) de los resultados para el actor público de la litoralización económica.

La ley en cuestión fue aprobada durante la consecución del congreso de 1844, en noviembre. En ella, se autorizaba al ejecutivo a destinar 200 mil pesos provenientes del negocio guanero, fuera del pago inicial de la contrata o del cobro de beneficios, a «hacer practicable la navegación del Pilcomayo, y de los demás ríos de la República», además de procurar «la colonización de inmigrados» en el país, dando importancia en este caso al territorio oriental.²⁵ Teniendo en cuenta que en 1844 los ingresos por beneficios eran nimios, esa cantidad debió suponer una parte importante del monto del empréstito obligatorio a las compañías inglesas para el inicio de la validez de la contrata monopolística. De ahí el hecho de señalar el traslado de recursos desde el Litoral, reconfigurado como territorio donde generar ganancia económica al centro político y, de ahí, al territorio oriental. Un notable cambio en la relación entre la región atacameña y el Estado boliviano, mediado por el fertilizante y los actores privados, tanto intermediarios locales como compañías inglesas, que puede englobarse en el concepto de litoralización.

Del mismo modo que la dicotomía presentada por la distinción entre el lugar de extracción de recursos y el de inversión de estos lleva a recordar lo, por otro lado, ya destacado por Vargas Mansilla (2014): esa posible incompatibilidad entre la búsqueda de una salida al mercado internacional para Bolivia a través del Pacífico, por el puerto de Cobija, o del Atlántico, a través de vías fluviales de la cuenca del Amazonas y del Río de la Plata. La mutua exclusión entre márgenes territoriales opuestos remitiría, en este caso de forma clara, a la incapacidad del erario para invertir cantidades significativas en el fortalecimiento de la administración en ambas regiones, donde el Estado era inexistente o tenía dificultades para operar con eficiencia.

Y aunque el deficiente despliegue de la autoridad ejecutiva había trabado el desarrollo de la contrata monopolística, hay que destacar que esta se hizo presente en ambos costados del país a partir de ese momento; en parte, gracias a la inversión del monto proveniente del guano, los movimientos hacia la exploración, colonización y explotación de los territorios orientales bolivianos dieron inicio, generando una tendencia a la expansión hacia los Orientes, que mostró continuidad en subsiguientes presidencias y hasta la actualidad (Groff Greever, 1987). Al mismo tiempo, y en lo que respecta a este texto, conviene destacar que, partiendo de esos hechos, Atacama sentiría progresivamente con mayor ahínco la presencia de la autoridad boliviana. Los trabajos guaneros a una escala considerable continuaron hasta la guerra del Pacífico, trasladados en su mayoría hacia Mejillones, donde se vivirían continuas tensiones con Chile y se compartirían espacios con el salitre y la plata (Quiroz, 2022: 22-35). En suma, la población del territorio atacameño aumentó, destacando la ingente llegada de inmigrantes chilenos (Cajías, 1975: 108; Pinto Vallejos y Valdivia Ortiz de Zárate, 1997), y el peso presupuestario, marginal en la década de 1840, aumentaría exponencialmente en años posteriores. Así pues, esa tendencia de expansión administrativa, demográfica y económica hacia el Litoral pareciera que fue iniciada con el parteaguas que supuso la incursión de actores privados como Gibbs Crawley Co. en la región, de la mano de la administración Ballivián.

A partir de los estudios de caso abordados, puedo afirmar que el guano fue el catalizador de una importante tendencia hacia la litoralización de la actividad económica en el Perú y la Bolivia de mitades del siglo XIX. El boom comercial que vivió el recurso a partir de la década de 1840 permitió la aparición de varios actores sociales y económicos que potenciaron ese crecimiento hacia la costa, como fueron los intermediarios locales y las empresas de capital internacional, para la que la inglesa Gibbs Crawley Co. ha servido de ejemplo paradigmático en este texto. Pero también fundamentó el despliegue de la autoridad del Estado en parajes otrora desérticos, donde la administración pudo, o bien no tener un control claro del territorio -como sería el caso boliviano-, o bien mostrar un interés relativo en ejercerlo -para el caso del Perú-.

Los resultados fueron tan notables como distintos para cada caso. En primer lugar, en el Perú el guano fue uno de los motores de la fundamentación del Estado nacional impuesto durante los distintos gobiernos de Ramón Castilla y sus aliados políticos. El «Leviatán» guanero se asentó sobre las riquezas de la costa que, por primera vez, pudieron competir en importancia con las que la hacienda exprimía del interior, especialmente de las comunidades indígenas, y hasta permitir su superación (Pinto Vallejos, 2016: 551). Una aparente «prosperidad falaz» que, en realidad, tuvo resultados patentes desde el punto de vista institucional, aunque su subproducto fuera la crecida deuda externa, con los problemas que ello conllevó después.

En segundo lugar, en Bolivia, el proceso de litoralización fue también innegable, si bien es cierto que no puede ser afirmado con tanta seguridad. El Litoral boliviano era demográficamente menos denso y geográficamente más lejano de los centros de poder que las inmensidades de la costa guanera peruana (Sanhueza Tohá, 2016: 57-61). El movimiento hacia la costa provocado por el guano, entonces, pudo provocar un rebote que tomó cuerpo en las medidas orientalistas del gobierno de José Ballivián. Sin embargo, aunque este tuviera importantes consecuencias, el despliegue de la autoridad del Estado en el Litoral creció a partir de ese momento y siguió en aumento hasta la guerra del Pacífico, siendo el producto avícola una fuerza principal de ese proceso.

La comparativa planteada permite insertar la problemática del crecimiento económico hacia la costa y el policentrismo marcado a través del cual este proceso demostró funcionar, en el contexto regional. De hecho, vemos dos casos que abordaron el trato del mismo recurso, en la misma época, de formas parecidas, con resultados muy dispares; aunque, en ambos, fueron destacables. El caso de Bolivia ha sido frecuentemente olvidado en este sentido, probablemente por el poco movimiento económico suscitado por el guano o por la evidente menor importancia geográfica de la costa en comparación con el Perú, pero en el marco teórico propuesto, es de igual utilidad para conocer distintas contingencias económicas: la litoralización, pues, se vivió como tendencia hasta en un país que, en la práctica, casi no controlaba su territorio costero.

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref. PID2019-103879GB-I00) desarrollado en el TEIAA (2017SGR26), grupo de investigación consolidado por el Comissionat per a Universitats i Recerca del DIUE de la Generalitat de Catalunya. Una versión preliminar fue presentada en el workshop internacional «La litoralización de las sociedades del Pacífico Sur. XIX-XX», celebrado en Tocopilla el 5 de mayo de 2023. Agradezco los comentarios de organizadores y asistentes.