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1. Introducción

El estudio y comprensión crítica del movimiento estudiantil universitario chileno de 2011, de fama mundial (Penaglia y Mejías, 2019; Asún, Yáñez, Villalobos, Zúñiga, 2019), es relevante por varias razones. Primero, porque se trata de un movimiento cuya masividad es sólo comparable con las movilizaciones que derrocaron a la dictadura militar en ese país, en la década de 1980 (Vera, 2012). Segundo, porque, además de su masividad, las movilizaciones estudiantiles tuvieron la capacidad de cuestionar las políticas dirigidas por el gobierno, reinaugurando la discusión pública sobre el rol del Estado en la sociedad chilena. Esta interpelación abrió lo que para algunos fue considerado como una «crisis de legitimidad» (Garcés, 2013), desafiando el consenso político dominante hasta ese momento (Aguirre y García, 2013). En tercer lugar, el examen de este movimiento es relevante en tanto fue en el desarrollo de sus contradicciones en las que se fraguó una «nueva izquierda» (Titelman, 2019) y, dentro de ella, el nuevo personal político que hoy gestiona parte del Estado (Santibañez 2021). Finalmente, porque el reconocimiento de su ser social nos permite dar cuenta de una serie de transformaciones vividas en la formación económica chilena desde los ajustes «neoliberales» que comenzaron durante y que siguieron al período dictatorial. Como se espera mostrar en este trabajo, dichas transformaciones determinan la forma que toma la conciencia política del movimiento estudiantil universitario chileno.

Las posiciones en torno a lo expresado por el movimiento estudiantil del 2011, comprendiendo al universitario, se han ordenado según la radicalidad que se le atribuye (Paredes, Ortiz y Araya, 2018). Por un lado, están los que ven en las movilizaciones un proceso de profunda transformación de la vida social chilena, ya sea como haciéndolo partícipe de un momento prerevolucionario (Salazar, 2012) o uno de «derrumbe» del «modelo» (Mayol, 2013). También están los que, un poco más moderados, ven en el movimiento el «retorno de la sociedad» y el cuestionamiento político al consenso de la transición democrática bajo la forma de una crisis de legitimidad (Ruiz, 2015; Nuñez, 2012; Fleet, 2011). Finalmente, están los que ven el fenómeno como expresión del malestar generado por el proceso de «modernización» (Tironi, 2011) o por el mercado (Cuevas y Paredes, 2018; Picazo y Pierre, 2016). Más allá de los matices, estas posiciones coinciden en considerar que el movimiento estudiantil es el primer movimiento político que, de modo consistente, cuestionó el actual «modelo» a fondo (Vallejo, 2012; Thielemann, 2016; Fauré, 2018) o en sus «cimientos» (Espinoza y González, 2014). Ahora bien, acordando con la relevancia política del movimiento estudiantil, desde nuestra perspectiva, el problema con este conjunto de posiciones es que consideran a su conciencia política de modo unilateral. No llegan a exponer la relación interna que existe entre ella y las contradicciones económicas que enfrenta, perdiendo de vista su sentido en la unidad de la formación económica chilena (Marx, 1998; Iñigo Carrera, 2013).

Este carácter unilateral también fue indicado por Inostroza, Dintrans, Inostroza y Rivas (2023). Pero, aunque los últimos esperan solucionar esto con un análisis multivariado y, a pesar de ser un aporte a la hora de dar cuenta del peso efectivo de las determinaciones económicas en los diferentes ciclos de lucha del movimiento estudiantil universitario, no logran exponer la relación interna, necesaria, entre las variables que analizan. Para nosotros, incluso este trabajo multivariado sigue desestimando «lo económico» al relacionarlo exteriormente con otras variables de tipo «políticas» o «ideológicas». El simple reconocimiento de una determinación multifactorial de la conciencia del movimiento estudiantil tiene el problema de no poder volver a unir eso que analíticamente separa. Termina confundiendo sistemáticamente forma y contenido o, más bien, dejando sólo formas separadas entre sí, de las cuales sólo puede identificar su influencia unilateral en la variable dependiente. Se trata de un punto de vista que ve a las relaciones sociales como cosas (Perez Soto, 2008; Rivano, 1972). La separación aparente entre relaciones económicas (o estructurales) e ideológicas (o superestructurales) que brota espontáneamente del modo de producción capitalista se invierte como lo esencial, dando lugar a una nutrida discusión metodológica o teórica en torno a la relación entre los diferentes tipos de determinaciones que se analizan en una relación social.

Desde nuestra perspectiva, la dicotomía aparente entre conciencia política y relaciones económicas no se explica si no es expuesta como apariencia necesaria del modo de producción vigente. Es decir, se trata de mostrar que es la propia relación social la que aparece a los productores de un modo exterior, invertida como la acción libre y recíproca de los demás productores en la circulación. Separada la unidad de la vida social como producción privada de mercancías, esta se desdobla bajo la apariencia de relaciones económicas y políticas. Veamos esto con más detalle.

2. Sobre la especificidad del modo de producción capitalista y la determinación de la conciencia del productor como abstractamente libre

El capital se diferencia de los otros modos de producción porque el trabajo social se organiza privadamente. Es decir, la unidad del proceso de producción y consumo social toma la forma de unidades productivas que se organizan de manera independiente, ningún productor puede interferir directamente en el trabajo de otro. Separados los productores, el trabajo social resuelve su unidad ya no vinculando directamente a quienes participan del trabajo según algún atributo portado en su persona, sino lo resuelve por medio de la igualación de los productos del trabajo bajo la forma del valor. Igualados, en el intercambio los productos se diferenciarán sólo cuantitativamente según el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlos. Es en dicho proceso de igualación que se revela el carácter socialmente necesario o no de los distintos productos intercambiados como mercancías (Marx, 1998). En el modo de producción capitalista los productores no sólo deben producir valores de uso, sino que deben producir valor.

Pero las mercancías no van solas al mercado, necesitan ser personificadas (Marx, 1998). Los productores, en el intercambio, además de reflejar recíprocamente el valor de sus mercancías, se indican igualmente su independencia en tanto productores, es decir, ven en el otro su condición de sujeto libre en la medida que no media ningún vínculo de dependencia personal. Ahora bien, la libertad del productor, que actúa en el proceso de trabajo de manera independiente no es una simple libertad abstracta, sino que está determinada por el carácter enajenado, es decir, indirecto, que toma la organización de la producción y el consumo social. El productor privado en el modo de producción capitalista no produce para él, sino para otros. Su acción abstractamente libre, determinada como una que busca producir valor, es la forma -para sí mismo- de su relación social enajenada. Y es que «[e]l capital no es, pues, un poder personal, es un poder social» (Marx y Engels, 2022: 43). Por lo tanto, reconocer el carácter enajenado de la acción del productor no es la negación de su agencia sino su afirmación como necesaria. Los seres humanos hacen la historia, pero en circunstancias que no eligen (Marx, 2019).

La exterioridad aparente que toman las relaciones económicas y políticas, como algo que se le impone al productor, surge del mismo carácter privado que tiene su trabajo social, el que se le enfrenta objetivamente en la competencia. Ahora bien, la conciencia política para nosotros será el modo consciente de representarse la acción colectiva en tanto clase que tienen los productores. Esta confrontación con su propia relación social como la acción de sí mismo en tanto clase enfrentado a otras, es una determinación inmanente de la producción social realizada de manera capitalista. La conciencia política del productor no está separada del modo de producción, sino que es el modo de producción consciente (Marx y Engels, 1968) y su forma está determinada por la organización de la vida material en un momento determinado.

A partir de los desarrollos de la crítica de la economía política (Marx, 1998), es posible reconocer que el dualismo entre formas económicas y acción libre, entre «estructura» y «agencia», más allá de ser una cuestión formal entre «factores» o «variables», da cuenta del modo específicamente capitalista que toma la unidad de la producción y el consumo social. Dado su carácter privado, la producción social está en contradicción consigo misma en la circulación bajo la forma de la competencia y determina el para sí de la conciencia del productor como libre. Para nosotros, esta perspectiva nos permite ir más allá de la simple mirada económica y de los análisis multifactoriales, dándole unidad, en la exposición, al conjunto de determinaciones que aparecen en la investigación. De esta manera es posible mostrar cómo la conciencia política del movimiento estudiantil se enfrenta a las determinaciones de su propio ser social de manera enajenada -como lo otro de sí mismo- bajo la forma de un conflicto político. Desde esta perspectiva, el capital no se organiza mediado por una abstracta oposición agencia y estructura. Más que una relación de simple oposición, el capital se reproduce -en tanto simple determinación consciente- como conciencia libre enajenada.

Sintéticamente, desde esta perspectiva dialéctica, el trabajo espera mostrar la conexión interna (o unidad) entre la forma de la conciencia política del movimiento estudiantil universitario y su contenido económico que, como veremos, sólo puede ser dilucidada en el marco del desarrollo de la división internacional del trabajo que modifica el modo de realizar la unidad de la producción y el consumo social. Tomando como punto de partida los desarrollos de la crítica a la economía política (Marx y Engels, 1968; Marx, 1998; Iñigo Carrera, 2013), expondremos el alcance de la acción política del movimiento estudiantil partiendo de sus relaciones económicas, mostrando cómo dicho contenido determina la forma de su conciencia política al momento de organizar su acción como sujeto. Con estos fines, comenzamos destacando cómo el crecimiento del sujeto estudiantil está determinado por las transformaciones en la división internacional del trabajo que modificaron la subjetividad de los productores directos (Sección 3). Como se verá, esto se reflejó en cambios en el mercado del trabajo y en los atributos productivos de los trabajadores. Luego, nos referimos a la manera en la cual la especificidad de la economía chilena medió en las transformaciones indicadas (Sección 4). Aquí, mostramos cómo esta mediación trastoca los modos que toma el salario social, modificando la acción política de la clase obrera en su conjunto, comprendiendo a los estudiantes. Posteriormente, construimos sobre lo anterior para dar cuenta del desarrollo concreto de las condiciones materiales que porta el movimiento estudiantil (Sección 5) para finalizar con el alcance de su acción política (Sección 6).

3. Cambios en la división Internacional del trabajo, transformaciones de la subjetividad obrera y salario social

Los cambios en la división internacional del trabajo son producto de la transformación de la materialidad del mismo, es decir, del modo en que los seres humanos se relacionan entre sí y trabajan para reproducir la producción y el consumo sociales y, con ello, sus propias vidas (Marx y Engels, 1968; Marx, 2001). Tal como Marx descubre en El Capital (1998), dicha transformación responde a la constante búsqueda de plusvalía relativa que compele al capital industrial al desarrollo de las fuerzas productivas. Al mismo tiempo, estas verdaderas revoluciones en la organización material de la vida social a escala mundial repercuten en los atributos necesarios para el trabajo que debe portar la fuerza de trabajo consumida por el capital (Marx, 1998; Iñigo Carrera, 2013).

La actual forma que toma la organización mundial del trabajo se remonta a fines de la década de 1940, con la invención de la máquina-herramienta de control numérico y de la línea de traslado automatizada. Su implementación dio paso a la automatización integrada de carácter rígido, de «tipo Detroit» (Coriat, 2000: 41). Pese a su carácter novedoso, durante los cuarenta su aplicación siguió limitada al taller y a las operaciones directas y de trayectoria. Será en la década de 1950 en la que los efectos de estas innovaciones se harían sentir. Las transformaciones mencionadas permitieron la relocalización de la producción en Asia, comenzando por la industria textil, y continuando con la microelectrónica. Allí, la fuerza de trabajo del campo, abaratada en su condición de latente y disciplinada por el régimen de trabajo precedente, sirvió de base para la organización de industrias automatizadas, iniciando la reorganización mundial de la división social del trabajo contemporánea (Coriat, 2000; Iñigo Carrera, 2013). En esos mismos años, tal como señala Luisa Iñigo (2021) se produce una nueva «ola de codificaciones» del conocimiento tácito de los trabajadores que le seguirá a la ya realizada por el taylorismo a principios del siglo XX.

Posteriormente, el desarrollo tecnológico de las décadas de 1960 y 1970 avanza en el desplazamiento de la pericia del obrero. Si, por un lado, esto fue consecuencia de la informatización de la conducción, del pilotaje de los procesos industriales (Coriat, 2000: 50) en la primera, por otro, en la segunda, tuvo como antecedente la miniaturización de los componentes electrónicos, i.e., a la «revolución microelectrónica» o tercera revolución industrial (Vega, R. 1994; Roel, 1998). Este nuevo salto en el desarrollo de las fuerzas productivas redujo los costos y el tamaño de los medios de control de los procesos industriales, mejorando su precisión y capacidad (Grinberg, 2011). Pero no sólo eso. Junto a dar vida a robots industriales «inteligentes» (Grinberg, 2011), simplificó todavía más la operación y control de la máquina-herramienta.

Además de traer penurias significativas para capas enteras de la población obrera, la creciente automatización indicada transformó la participación de los obreros calificados en el obrero colectivo. En particular, tuvo por efecto, simultáneamente, suprimir y mantener tareas no calificadas, según las necesidades de la acumulación. Así, modificó de manera desigual los atributos demandados para el trabajo. Por un lado, suprimió algunas tareas más simplificadas retirando en cierto grado el trabajo manual, ampliando el trabajo de oficina dedicado a la programación de la maquinaria y a la planificación de la producción. Así, para ciertas capas de asalariados, la pericia obtenida en la experiencia laboral, objetivada como control computacional, fue relegada por capacidades como la formación técnica, la alfabetización digital básica y las nociones teóricas sobre la unidad de las actividades industriales (Grinberg, 2011). Por otro lado, y al mismo tiempo, mantuvo y reforzó el rol del trabajo manual y de baja calificación, como ocurrió (y ocurre) con el ensamblado de microcomponentes y otras aplicaciones electrónicas (Iñigo, 2021). En una palabra: fue la propia base técnica de la acumulación la que reforzó la fragmentación de los productores directos.

De esta manera, el cambio en la división internacional del trabajo producto de las transformaciones en su materialidad y el desarrollo de las fuerzas productivas tiene como contraparte una mayor fragmentación de la clase obrera a nivel mundial (Iñigo Carrera, 2013). No sólo porque se fragmentan los procesos productivos en diferentes países y, con ello, al obrero colectivo de determinadas ramas, sino también por los efectos permanentes que genera la sustitución de obreros por maquinaria, la relocalización de la industria de los países clásicos o bien el aumento en la brecha de productividad que deben remontar las industrias que deseen seguir en competencia. Como expresión de transformaciones, cuestiones como el desempleo, pérdida de derechos laborales, la aparición de trabajos precarios no regulados, etc. (Bensusan, Eichhorst, y Rodríguez, 2017) se vuelven una cuestión permanente que transforma las políticas estatales enfocadas en la reproducción de la clase obrera, las que pierden su carácter universal dando paso a políticas focalizadas. A estos cambios, se les suma el rol cada vez más importante que adquiere el «salario social» (Shaikh, 2004) en la reproducción de la clase obrera que se consolida como sobrante para el capital. Nos detenemos un momento para atender a este último fenómeno.

Aquí, es necesario subrayar que el salario que sirve de contraprestación al uso de la fuerza de trabajo por parte del capital no se limita a la suma que directamente paga este último. En efecto, este también se compone de un conjunto diverso de prestaciones -usualmente otorgadas por el Estado- que se presentan como ofertados directamente por él o bien de modo indirecto como subsidio a la demanda. Es justamente a esta última parte del salario a la que se le denomina «salario indirecto» o «salario social», el que visto desde la perspectiva del capital individual supone un ahorro, es decir, compensa su capacidad de apropiar plusvalía.

En tanto esos recursos no se asignaron (ni se asignan) necesariamente de manera universal, la lucha por su obtención reforzó (y refuerza) la fragmentación ya acusada. Generó (y genera) nuevas relaciones de competencia y solidaridad entre los distintos grupos que disputaban (y que disputan) sus respectivas cuotas. La lucha parcelada por el salario será parte del nuevo imaginario obrero que reconoce una multiplicidad de nuevas relaciones de derecho viéndose a sí mismo, como clase, inmediatamente fragmentado. Este cambio en la relación salarial es el punto de partida para explicar las corrientes de pensamiento que se montaron para exacerbar esta subjetividad fragmentada, i.e., entre las que brilló el postestructuralismo y las ideologías del «fin del sujeto» (Anderson, 2007; Meiksins Wood, 2013).

Tomado en su conjunto, todo lo anterior profundizó la diferenciación al interior de la clase obrera en lo que se refiere a sus atributos productivos, su reproducción y, con ello, a su conciencia. Mientras que una capa de sus integrantes forma atributos para la realización de labores más complejas, otra fue obligada a mutilarlos para reproducirse enfrentada a trabajos simples y precarizados. Esta diferenciación le permitió a la gran industria relocalizarse globalmente, dando paso, como ya se dijo, a una nueva división internacional del trabajo y a una acelerada acumulación de capital en los países de Asia (Iñigo Carrera, 2013) que arrastrará todo el comercio mundial, incluyendo a Chile. Al mismo tiempo, su fragmentación en cuanto atributos productivos y a las formas del «salario social» determinaron los cambios de su conciencia. El movimiento obrero se trizó en pedazos, los que fueron recogidos en la forma de los «nuevos» movimientos sociales.

Es justamente en el vaivén de esta marea mundial sobre el cual se posó Chile. Notablemente, dicho país, del mismo modo que el resto de América del Sur no participó directamente de la relocalización industrial ya acusada (Starosta y Caligaris, 2017). En efecto, su papel en la división internacional del trabajo pareció petrificarse, conservando y reproduciendo su especificidad como vendedor de materias primas, entre las que continúa destacando el cobre (Rivas y Kornblitth, 2023). Sin embargo, y como veremos, el resto de las tendencias se expresaron en plenitud. Como se verá, estas últimas permiten explicar el desarrollo del movimiento estudiantil de 2011.

4. Chile en la división Internacional del trabajo y las transformaciones de la subjetividad productiva de su clase obrera

Cuando se habla desde ciertos sectores de la literatura «crítica», del lugar que ocupa Chile en el mercado mundial, esto es, en la unidad global del capital (Marx, 2001), se suele poner su especificidad como producto de una relación de «dependencia» basada en el intercambio desigual. En resumidas cuentas, se afirma que existe un flujo sostenido de valor, desde dicho país (representante de la «periferia») hacia los países llamados «centrales» (Sunkel, 1967; Marini, 1991; Torres y Ahumada, 2021). Sin embargo, estudios recientes han mostrado las limitaciones de estas afirmaciones dando cuenta de relaciones sociales específicas cuya importancia no suele ser considerada. A diferencia de la tradición crítica, estos nuevos estudios reconocen y registran empíricamente la importancia de cuestiones tales como la renta de la tierra y el impacto que ella tiene en el desarrollo económico de los países sudamericanos. Reconociendo esta forma específica de plusvalía apropiada en el mercado mundial, los trabajos replantean la forma de entender el rol de América del Sur en la división mundial del trabajo y contradicen la base de la argumentación dependentista (Iñigo Carrera, 2007; Cifuentes, Kornblihtt, Rivas, Fuentes, 2023).

Por ejemplo, tal y como se muestra en Rivas y Kornblihtt (2017; 2023), la capacidad del capital nacional total chileno de valorizarse de acuerdo con su monto adelantado -que casi alcanza a la de EEUU», tiene como base la apropiación de una ganancia extraordinaria. Esta última proviene del impacto que tienen ciertas condiciones naturales diferenciales en la productividad del trabajo aplicado en la producción de materias primas. Esto se pone claramente de manifiesto en la producción minera chilena. Por ejemplo, en este tipo de producción el precio se fija por la peor tierra. Así, dado el carácter diferencial de los recursos naturales, la labor productiva aplicada en la minería del cobre y otras ramas que portan esta cualidad, aparecen, en la circulación, como más productivas o potenciadas. Por esa razón, el capital que se acumula ahí recibe un pago extraordinario por sobre su precio de producción. Ahora bien, en la medida que dicha capacidad potenciada no es producto del trabajo humano, dicha plusvalía extraordinaria será acaparada bajo la forma de un «falso valor social» (Marx, 1973). Esa apropiación es consecuencia del proceso de distribución de la plusvalía entre el conjunto de capitales de acuerdo con su monto adelantado impuesto por la formación de la tasa media de ganancia. En particular, cuando va a parar al dueño de la tierra, la plusvalía toma la forma de una renta de la tierra. Sin embargo, esta masa de valor no siempre es apropiada por el terrateniente. En efecto, ella (o una parte de ella) puede ir a parar a manos de otros sujetos mediante la acción del Estado, ya vía impuestos o de la mediación cambiaria gestionada por él (Iñigo Carrera, 2017).

Destacar la importancia de la existencia de la renta de la tierra y de la apropiación de esta plusvalía extraordinaria como base de la acumulación del capital en países como Chile no es trivial. Lo propio puede decirse del cuestionamiento de las perspectivas dependentistas. En resumidas cuentas, lo anterior implica reconocer el papel que toma la clase obrera en países como Chile, donde se enfrenta a capitales que se reproducen a contrapelo del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social (Iñigo Carrera, 2013), los que se afirman, en su mayoría, como pequeños capitales (Rivas y Kornblihtt, 2023). Así, mientras que el capital individual que compite por la plusvalía lo haría normalmente, desarrollando las fuerzas productivas del trabajo, el capital que se acumula en la esfera de la producción que se aprovecha directamente de la renta de la tierra, se ve inmediatamente liberado de dicha necesidad. Para esta posición, todos los misterios del «atraso» continental y nacional se reducen a esta sencilla constatación. Así, lejos de hablar de un «rezago», lo que corresponde es reconocer que la forma de acumulación imperante en países como Chile es la de una especificidad que impone el «desarrollo» en un continente que cuenta con condiciones naturales preferenciales monopolizables. En la medida en que estas condiciones naturales son monopolizadas, y que dicha monopolización es elevada a sacramento jurídico por el pontifex maximus del capital (i.e., el Estado), imprimen un comportamiento específico en la competencia, la que media la reproducción de la vida social.

De esta manera, y aunque no exclusivamente, la renta de la tierra minera determina la especificidad de los ciclos económicos chilenos, mediando la valorización del capital en ese espacio nacional y, con ello, la vida de obreros y capitalistas. Esto significa que ella no sólo impone las formas concretas bajo las cuales este país participa como órgano del mercado mundial, sino que sus flujos contraen y expanden tanto la demanda como la producción de distintos tipos de trabajadores. Al mismo tiempo, sus flujos moldean también los conflictos políticos en ese país cada vez que se pone en juego el erario fiscal, y marcan los periodos de auge y retroceso de la movilización obrera: tanto de sus fracciones, como de ella misma, en cuanto clase. Teniendo a la vista lo anterior, bien cabe preguntarse: ¿Cómo afectaron los cambios en la división internacional del trabajo, revisados en el acápite precedente, a la acumulación del capital en Chile?

En primer término, las transformaciones indicadas irrumpieron declarando obsoleta a la base industrial de los años sesenta y setenta. Ello, como consecuencia del aumento de la brecha de productividad entre Chile y el mercado mundial, el que no pudo ser compensado con el endeudamiento y el salario bajo (Rivas y Kornblihtt, 2023). La crisis de 1982 terminará de liquidar a dichos capitales (Gatica, 1989). Lo anterior no sólo implicó la expulsión del capital industrial doméstico del mercado interno, sino también el no tan inédito protagonismo de otros. En particular, con los cambios en los modos de apropiación de renta de la tierra (Rivas y Kornblihtt, 2023) tomaron protagonismo el capital comercial, el financiero, el de sectores no transables (como el de la salud y el de la educación) y el de las «nuevas» ramas exportadoras (fundamentalmente acumulado en la celulosa, la silvicultura y en sectores hortofrutícolas). Esta «desindustrialización» fue acompañada por la aparente retirada del Estado de la vida económica al cambiar tanto la forma de su intervención como los sectores beneficiados por ella (Diaz, 1989; French Davis, 2018). Pese a lo dramático de los cambios, las determinaciones generales ya discutidas permanecieron firmes. De esta manera, la renta de la tierra continuó (y continúa) alimentando la acumulación chilena, viéndose trastocada únicamente en lo que toca a su curso y apropiación. Desde esta perspectiva mundial, las transformaciones de la formación económica chilena durante la década de 1970 y 1980 denominadas «neoliberales» no son el producto de una ideología ni del agotamiento de un modelo de desarrollo. Dichas transformaciones se deben a un cambio en la capacidad productiva del trabajo social mundial y la continuidad de Chile dentro de la División Internacional del Trabajo. El «neoliberalismo» como perspectiva ideológica estatal puesta a cargo de desmantelar las condiciones bajo las cuales se reproducía el capital individual durante la industrialización por sustitución de importaciones, no es sino el modo nacional de imponer un cambio mundial.

En segundo lugar, la tendencia global hacia la ampliación del trabajo más complejo también se hizo sentir en Chile. Según datos de la OCDE, el promedio de población entre 25 y 34 años con educación terciaria de los países que forman parte del organismo, pasó de 23,6% en 1998 a 47% el 2022. En el caso de los países sudamericanos en el órgano, Brasil pasa de un 10% en 2007 a 23,2% en 2022, Argentina de un 16% en 2004 a 19% en 2021, Colombia de un 21% a un 34,1%, mientras que Chile se destaca por pasar de un 21,6% en 1999 a un 40,5% en 2020, sólo 5% por debajo del promedio de la OCDE ese mismo año y 11% por debajo de los EEUU. (OCDE, 2024). Desde una perspectiva de más largo plazo, el siguiente gráfico confirma la misma tendencia al mostrar cómo crece la ocupación de obreros con estudios superiores en el Gran Santiago para el periodo 1980-2014, la que se amplió de manera significativa.

Esta «nueva» base industrial demandó un «nuevo» tipo de obrero, i.e., uno apto para atender procesos laborales que, por un lado, son más complejos y, por otro, aunque se trate de procesos simples, tienen a la lectoescritura como condición de ejecución (Iñigo, 2021). Así, las transformaciones industriales demandan el aumento de años de escolaridad promedio (que pasó de 9,1% en 1992 a 11,7% en el 2020); la continua caída de la tasa de personas mayores de 18 años sin educación formal (que pasó de 4,6% en 1992 a 2,4% el 2020); el aumento de tasa de personas mayores de 18 con educación media completa (que pasó de 23,8% en 1992 a 29,2% el 2020) y el aumento de personas mayores de 18 con educación superior completa (que pasó del 7,8% en 1992 a un 24 % en el 2020) (Ministerio de Desarrollo Social, 2024). Otra fuente que confirma este cambio en los atributos de la fuerza de trabajo es la OCDE (2024).

La sobreproducción de obreros calificados también se hizo sentir. Como destaca Marx, la valorización exige un «exceso» de fuerza de trabajo (Marx, 1998). Así, el aumento de la ocupación del obrero calificado fue acompañado por su también creciente participación en la desocupación total. Sobre todo, desde los 2000 en adelante, aunque la tendencia puede ya apreciarse previamente, según se muestra en el siguiente gráfico:

De esta manera, tanto las determinaciones generales de la acumulación del capital en Chile, como los cambios ya señalados, despuntaron en la fragmentación de los productores en dicho país. Con esto, los contornos generales de la lucha de clases en Chile quedaron redibujados. Sin embargo, el análisis del contenido material del movimiento estudiantil de 2011 requiere trazos más precisos. Asumimos esta tarea en el siguiente acápite.

5. El contenido material del movimiento estudiantil de 2011: Liberalización en la educación superior, cambios en la forma del salario y fragmentación de su conciencia política

En el contexto recesivo de la década de los ochenta, el capital chileno impulsó la formación de su mano de obra calificada por medio de la «liberación» de la educación superior. Así, de ser provista directamente y casi en su totalidad por su representante político (i.e., el Estado) pasó a encontrarse a merced, de manera significativa, del apetito de sus fragmentos particulares (i.e., el «mercado»), tal y como muestra el siguiente gráfico:

Esto acentuó la fragmentación en la producción de obreros calificados y ofreció lucrativos espacios para la valorización del capital, tanto educativo como financiero (Monckeberg, 2011). Durante el mismo periodo, el Estado cercenó su «gran universidad», dividiéndola en una plétora de entidades que quedaron indirectamente vinculadas al compartir políticas de financiamiento directo (conocidas como «Aporte Fiscal Directo»). Estas entidades, sumadas a las universidades privadas existentes previo al ajuste de los ochenta (las universidades privadas «tradicionales»), mantuvieron su alianza en un foro colectivo: El Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (conocido como CRUCH).

El CRUCH jugó un rol importante en proteger a sus miembros de los vaivenes de la competencia de los nuevos actores. En primer término, sus miembros se mantuvieron recibiendo un aporte fiscal directo además del pago (por concepto de matrícula y arancel) de la familia obrera. Esto tendió a enfrentar a estas instituciones directamente con el Estado, el que centralizó parcialmente el financiamiento a su respecto. A diferencia de ellas, las nuevas universidades privadas se disputaron una demanda «dispersa», solventada por los bolsillos de las familias. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el mecanismo de asignación de recursos a las universidades del CRUCH estuvo marcado por la lucha gremial. En efecto, a diferencia de las instituciones privadas, y por lo menos hasta antes del 2005, las universidades tradicionales recibieron un presupuesto, si bien ajustado, centralizado por el Estado, lo que dio pie a que este se fijase y distribuyera mediante negociaciones políticas, precisando el monto efectivo del salario social asignado. Centralizado el origen del financiamiento, la acción unitaria se vuelve posible. Tanto rectores como estudiantes estuvieron invitados a intervenir para reclamar lo «propio» dentro de los lindes que pone la asignación del erario fiscal.

Como puede notarse, las tendencias señaladas no hicieron sino volver a dividir a la clase obrera chilena. Si, por un lado, los cambios que comenzaron a sentirse en la década de los setenta acentuaron la fragmentación entre obreros calificados y no calificados, los de los años ochenta y noventa hicieron lo propio en el campo mismo de los calificados: entre estudiantes de las «nuevas» universidades privadas y estudiantes del CRUCH. En el primer caso, la familia obrera se enfrentaba al capital individual. En el segundo, al Estado. Esto marcó sensiblemente la lucha por la educación en el periodo «neoliberal» de los años noventa. Aquí, la lucha de las universidades tradicionales aparecerá como «politizada» respecto del antagonismo silencioso y «apolítico» de las familias obreras con el capital individual y el endeudamiento estatal (con créditos Corfo). Todo lo anterior permite explicar la relación solidaria entre las instituciones del CRUCH y, con ello, la existente entre su movimiento estudiantil formado en la década de los noventa. En otras palabras, no fue sino la forma de financiamiento la que sirvió como punto de unidad de la reproducción de estas instituciones y de la reproducción de las formas políticas de su estudiantado enfrentados directamente al Estado.

Para avanzar a la explicación de la conciencia política del movimiento estudiantil de 2011 es necesario atender, específicamente, al contenido del salario obrero. Como se indicó anteriormente, el salario que sirve de contraprestación al uso de la fuerza de trabajo por parte del capital no se limita a la suma que, directamente, recibe el primero del segundo. Por ejemplo, este incluye también un conjunto diverso de prestaciones -usualmente otorgadas por el Estado-, y que se presentan como subsidio a la demanda. A esta última parte del salario se le suele denominar «salario indirecto» o «salario social» (Shaikh, 2004). Y es justamente esta parte del salario la que juega un rol fundamental en la comprensión de la conciencia política del movimiento estudiantil.

En efecto, durante el periodo en que el movimiento estudiantil se desarrolla como actor político, el salario social se multiplicó por medio de asignaciones focalizadas ejecutadas a través de instrumentos de medición de la pobreza (Ficha CAS, CASEN, Registro Social de Hogares). Esta forma de asignación se potenció por los avances en materia de telecomunicaciones y producción de información (uso de Internet, cambios en los sistemas de registro e ingeniería de datos), lo que impactó sensiblemente la ejecución de políticas públicas. Esto permitió la vinculación individual/familiar con las diversas prestaciones estatales, el «perfeccionamiento» de la focalización del gasto y las mejoras en su asignación automatizada (Gutiérrez, 2019). Con ello, el Estado individualiza la coordinación de la política social y soslaya la base material de las ahora viejas formas de alcanzar la misma prestación. De este modo se afinó la puntería en lo que se refiere a la asignación del «salario social». En su conjunto, lo anterior despuntó en un fenómeno similar al descrito por Marx (1998) en lo que se refiere al salario a destajo. Si para Marx, el trabajo que depende del producto compele a los trabajadores a enfrentarse unos a otros al fragmentar el proceso de producción, lo propio puede decirse de las asignaciones focalizadas respecto del proceso de reproducción. La individuación de la asignación limita los vínculos de solidaridad entre las familias obreras, la que alcanza hasta donde termina tal o cual prestación. En la medida que dicha prestación sigue siendo regulada por el Estado, la organización de su demanda tiene como antagonista inmediato al gobierno de turno, por lo que la lucha salarial toma inmediatamente una forma política.

Acotada la organización obrera por el salario social y en la medida que se diferencia como organización independiente o privada, los partidos políticos se le presentarán a estas nuevas organizaciones de la clase obrera como otros órganos privados con intereses independientes y con los que compite por la representación política. Asignado como una prestación estatal, el salario social aparece inmediatamente como producto de una fijación política, fruto del enfrentamiento entre diversos actores. Esto determina de una manera particular la conciencia de las porciones de la clase obrera que se reproducen atada a esa cadena, reforzando para sí mismas la aparente autonomía de la vida política, trazando el sentido imaginario de una acción independiente de los diferentes grupos de obreros y, con ello, organizando la competencia real con sus pares y con los capitalistas. Bajo la apariencia de ser producto de la lucha política, esta parte del salario, como forma económica, queda invertida como una pura relación de derecho. Así, cada porción de la clase obrera se afirmará como un sujeto político, libre, diferente y cuya solidaridad aparecerá como un producto fortuito determinado por la convergencia circunstancial de intereses fragmentados. Por lo tanto, se perfilará también en relación antagónica respecto de las otras organizaciones obreras, en competencia por el salario social. La clase obrera, entonces, aparece fragmentada frente a sus propios ojos bajo el aspecto de una serie de sujetos de derecho agrupados en nuevos «movimientos sociales». Esta fragmentación explica, justamente, la conciencia «individualista» que caracteriza hasta sus paladines más altruistas, y no al revés. La universalidad de su subjetividad, el sentido general de la vida social para los productores aparece diseminado en un cúmulo de distintas «demandas sectoriales», donde las del movimiento estudiantil no representan sino una más (Valenzuela y Ortiz, 2017) que le refleja su independencia a las demás. Es en este punto donde es necesario centrar el análisis en la conciencia política de este último.

6. El desarrollo concreto de la lucha estudiantil y la expansión de la ideología «antineoliberal»

El estudiantado universitario que irrumpió a finales de los noventas lo hizo desmarcándose de las generaciones anteriores. A diferencia del periodo 1960-1970, no tuvo que pasar por un rodeo para reconocerse como sujeto político. En otras palabras, dejó atrás la subordinación imaginaria con la que sus predecesores se vincularon con los partidos de la clase obrera industrial para encauzar el sentido de su acción política (Rivas y Seiffer, 2022). En el camino, perdió su identificación con la clase obrera sindicalizada u obrera latente (Marx, 1998), mientras permanecía como una fracción de esta.

Ya sintetizamos previamente las determinaciones que dieron fruto a esta nueva subjetividad de los movimientos sociales. Pero vale la pena subrayar aquellas que resaltan en el caso del movimiento estudiantil chileno. En particular, no fue sino la condición específica de porción particular de la clase trabajadora la que, en la circulación, lo empujó a competir con las capas no estudiantiles de la misma. Aquí, nuevamente, el financiamiento estatal sirvió como eje aglutinador, separando al «sujeto estudiante» de los segmentos de la fuerza de trabajo que hacían valer su salario contra los diversos capitales individuales. De esta forma, el estudiantado se afirmó como sujeto específico (y como sujeto político, i.e., como sujeto colectivo) diferenciándose del resto de la clase obrera por su objetivo particular: el derecho a la educación.

Pero la autopercepción del movimiento estudiantil como sujeto de derecho no alcanza para explicar su masividad, ni la influencia que este tuvo, por lo menos, hasta 2014 (Espinoza y Gonzales, 2016; Ortiz, Vilalobos, Asún y Zúñiga, 2023). Aquí, nuevamente, entra en escena el «salario social», y los cambios cuantitativos y cualitativos que experimentó. Tal como indicamos más arriba, la transformación en la forma del financiamiento el año 2005 modificó las condiciones de reproducción de la clase obrera que consumía educación superior. La sanción del endeudamiento avalado por el Estado (i.e., el Crédito con Aval del Estado o CAE) durante ese año, puso en unidad al conjunto del movimiento estudiantil universitario frente al Estado. Por medio de esta nueva forma de endeudamiento el capital condujo la unidad en la diferencia del estudiantado. Aunque mantuvo la distinción entre universidades «tradicionales» y «no tradicionales», las unió políticamente superando la distinción público-privada en lo que se refiere al financiamiento. En una palabra: dotó al estudiantado de un único antagonista: el Estado. Y, al hacerlo, le dio unidad de propósito a la lucha estudiantil.

Si bien el «salario social» permite explicar la unidad del movimiento estudiantil, resta todavía precisar la forma concreta que tomó el primero y que dio forma a la segunda. En otras palabras, lo que falta es explicar el CAE. Esta forma de acceso al financiamiento no sólo fue impulsada por el apetito del capital acumulado en el país de contar con obreros calificados, sino fundamentalmente por los mismos capitales individuales que se enfrentaban al límite de las familias obreras que buscaban acceder a la educación superior. Con el alza de las materias primas a partir de 2004 se creó un excedente fiscal relativamente estable hasta el año 2009 y con rebotes hasta 2014. La necesidad del capital individual por seguir produciendo obreros calificados como condición de su valorización y de la familia obrera por acceso confluye en la incorporación de sectores obreros tradicionalmente excluidos de la educación superior (Orellana, 2011; Ortiz et al, 2023), tendencia que se nota con fuerza si se compara el nivel de ingresos de las familias del estudiantado de los noventa y de comienzos de la década de los dos mil diez (Ghiardo y Dávila, 2020). Por ejemplo, tal como indica Orellana (2011), para el 2011, 69 % de los estudiantes era primera generación en educación superior. Esta tendencia expansiva recién tendió a moderarse el año 2015.

Con esta base, los estudiantes se enfrentaron al Estado sin importar si sus universidades hacían parte del CRUCH o no. Así, la unidad frente al antagonista se tejió por medio de la ampliación de la principal organización de coordinación de los estudiantes de educación superior, la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH). Para 2011, en la Confech, del total de 41 universidades, 23 eran estatales, 16 privadas tradicionales y sólo dos privadas no tradicionales. Al año siguiente, el número total había subido a 50 universidades, con 11 privadas no tradicionales. Para 2015, este número aumentará a 15, dando un total de 54 universidades organizadas (Mella, Ríos y Rivera, 2016).

Tal como señalan Rivas y Seiffer (2021), el desarrollo de la conciencia política de la dirección estudiantil varió entre 1990 y el último ciclo alto de materias primas. En particular, la dirigencia de la CONFECH pasó de estar dominada por el PCCH y partidos de gobierno a principios de 1990 y durante la década de los 2000, a darle lugar a una «nueva izquierda» que se formó como conciencia gremial del estudiantado durante y después del 2011 (Rivas y Seiffer, 2021). La radicalidad del movimiento estudiantil se explica por la misma forma que toma la asignación del salario social. Al dejar de ser una mercancía producida por el Estado, la asignación indirecta de los subsidios vía demanda es denunciada como la mercantilización de la educación en oposición a su garantía como derecho. Considerado el Estado como sujeto, la acción del movimiento se enfoca en transformar el marco legal que regula la coordinación mercantil. Para los estudiantes de las familias obreras cuyos salarios no alcanzan a costear inmediatamente la formación de su prole, la educación no puede ser un bien de consumo o una mercancía porque su salario familiar no llega a cubrirla, por lo que su transformación en un derecho aparece como el modo inmediato de solventar dicho gasto imposible o que amenaza la continuidad de la reproducción de la familia obrera. Como voceros de estas familias, el estudiantado se presenta frente a las políticas neoliberales del gobierno como el partido de la regulación estatal y su asignación directa por medios políticos. Teniendo como ejemplo de su propia aspiración la existencia de la educación pública en otros países, compartirán el horizonte ideológico común al denominado «progresismo» (Modonesi, 2015). Esta última corriente política, promovió la intervención estatal bajo el supuesto de que dicha forma de asignación de recursos expresaría un contenido económico diferente a la mercantil (Kornblihtt, Seiffer y Mussi, 2016). Así, producto de sus propias contradicciones, el «neoliberalismo» mercantil que propiciaba la acumulación del capital individual que sobreproduce estudiantes generó su propia tendencia reguladora «antineoliberal»: el movimiento estudiantil. Al mismo tiempo que, este último, por el cumplimiento de su misma demanda, impulsa la producción de trabajadores con educación superior ampliando el derecho a su acceso.

Desde nuestra perspectiva, el movimiento del 2011, como el primer gran movimiento «antineoliberal», marca el inicio de una nueva escala en la organización de la lucha por el gasto público. Con ello, desarrolló una nueva conciencia estatal sobre los datos de la propia experiencia histórica nacional y las políticas progresistas de los países sudamericanos que fortalecen al Estado como sujeto de la vida económica. Esta centralización «neoliberal» de la asignación en el Estado y que cambia la forma del salario social, une lo disperso y vuelve al movimiento en ejemplar, es decir, en experiencia acumulada sobre la cual los nuevos movimientos sociales interpretarán sus propias contradicciones en la lucha por su salario social. Esta nueva potencia sustentada en la expansión del gasto dados los flujos de renta de la tierra, se expresa por primera vez en las movilizaciones del 4 de agosto de 2011 en contra de la represión al movimiento. Se trata de una movilización nacional donde participa directamente el conjunto de las familias obreras en cortes de ruta y diferentes acciones directas. A este método renovado en el marco de una mayor demanda por salario social, le seguirán las movilizaciones contra el sistema de pensiones actual (Rozas y Maillet, 2019) -ya financiadas parcialmente por el Estado desde 2008- y por la igualación en las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo con el avance de la lucha feminista (Follegati y Ferreti, 2020).

Desde el punto de vista político, bajo la forma de ser oposición al gobierno de derecha, el movimiento estudiantil forzó la agenda pública volviendo a poner la regulación estatal del mercado como asunto nacional. Después de las movilizaciones del 2011, es posible sostener que hay -efectivamente- un cambio en el ciclo político, dando paso a una intervención estatal con más énfasis en la expansión del gasto público bajo la forma de garantizar derechos sociales. Sobre esta nueva agenda se abandera la vieja Concertación, que vuelve al gobierno bajo la forma de Nueva Mayoría, extendiéndose al Partido Comunista, principalmente. Tal como indica Fleet, et all (2020), la reforma en educación fue el eje del programa bacheletista. El nuevo gobierno expande los subsidios sobre un amplio sector de la clase obrera, contemplando la gratuidad para un tercio de la población atendida y aumentado la regulación de la industria educativa por medio de nuevos estándares. Estas transformaciones terminarán de liquidar la actividad gremial del movimiento estudiantil, que decae como actor político. Sin embargo, como ya mencionamos, la irrupción del movimiento que vuelve a poner en agenda la acción estatal se fija como el horizonte de una nueva «nueva izquierda», diferente del PCCH, que, integrado en el gobierno desde el 2013, dejaba el lugar a políticas más abiertamente estatistas. Se trata de posicionamientos que encontraban su sentido y programa en los gobiernos progresistas como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Argentina. En parte gestadas en la década de 1990, será después del 2011 que esta perspectiva estatista -portada en una multiplicidad de nuevos partidos políticos- encuentre un lugar como fuerzas capaces de expresar la necesidad social del capital que demanda una mayor intervención del Estado en la reproducción de la clase obrera que sufre los embates de su condición de sobrante. Las fuerzas políticas que se fraguaron en las movilizaciones dieron un paso más, convirtiendo la agenda del movimiento -su horizonte no resuelto-, en su plan de lucha parlamentario. Por un lado, el PCCH avanzó con las elecciones de Vallejo y Cariola, Boric como independiente y Jackson por Revolución Democrática. Estos dos últimos serán parte de la convergencia política organizada como Frente Amplio (FA) en 2017 y en cuyo programa presidencial del mismo año se declaró como una fuerza política que pretendía «fundar un nuevo contrato social basado en la participación, la justicia, las libertades y la no discriminación» (Frente Amplio, 2017: 12). Su correlato fue la irrupción de la candidata del FA en las elecciones de 2017, donde obtuvo un 20 % de los votos.

El desarrollo de la lucha política parcial del movimiento estudiantil de 2011 se completó con la reproducción diferenciada del nuevo personal político a cargo de la gestión estatal, que tomó las riendas del gobierno chileno en el año 2022. En particular, una porción de la «nueva izquierda» de ese movimiento dio un salto significativo en su capacidad de organización y representación política, superando el margen gremial de su cuna, junto a otros movimientos sociales (Miranda, 2022). Lo hizo aprovechando las habilidades de gobernanza en la gestión de sus propios organismos gremiales y políticos (i.e., CONFECH y organizaciones partidarias). Sin embargo, bajo una nueva forma de organización que aparenta ser un giro respecto de sus orígenes gremiales a los ojos de muchos de sus viejos camaradas de lucha, su crecimiento partidario no estará exento de críticas y desconocimiento de sus pares, los que habiéndose formado en una conciencia sindical, reconocen su vínculo antagónico con los partidos políticos y entra rápidamente en una relación contradictoria. Este distanciamiento se reforzó luego con la pronta vinculación de Gabriel Boric y su coalición de partidos con el Partido Socialista y Comunista, con quienes hará gobierno.

7. Conclusiones

El presente trabajo intentó avanzar en una explicación de la conciencia política del movimiento estudiantil que no la disociara de sus determinaciones económicas. Para esto comenzamos con una aclaración metodológica donde referimos al modo en que entendemos la unidad de las formas políticas y económicas. Luego, mostramos cómo los cambios en la división internacional del trabajo determinan la subjetividad de la clase obrera, modificando la participación de los obreros calificados en el colectivo obrero y los atributos productivos demandados por el capital de manera diferenciada, permitiendo a la gran industria relocalizarse globalmente. La base técnica de la acumulación reforzó la fragmentación de la clase obrera. El aumento de la importancia del salario social, y su asignación diferenciada, profundizaron aún más la fragmentación señalada, al producir nuevas relaciones de competencia al interior de la clase trabajadora. La resultante parcelación de la lucha por el salario, junto a la diferenciación, antes descrita, respecto de sus atributos productivos, va a determinar que la clase obrera no se reconozca a sí misma como tal. La fragmentación mencionada va a presentarse a su conciencia como una multiplicidad de nuevas relaciones de derecho, como nuevos movimientos sociales.

Más adelante, revisamos el papel de Chile en la división internacional del trabajo. Vimos que su especificidad está determinada por la capacidad de apropiarse de una ganancia extraordinaria proveniente del impacto que tienen ciertas condiciones naturales diferenciales en la productividad del trabajo aplicado en la producción de materias primas, es decir, la renta de la tierra. Sobre esta especificidad mostramos cómo la división internacional del trabajo afectó la acumulación de capital en Chile de dos maneras. Primero, volvió obsoleta la base industrial de los años sesenta y setenta debido al aumento de la brecha de productividad entre Chile y el mercado mundial. Segundo, la tendencia mundial hacia la ampliación del trabajo calificado y la simplificación de un sin fin de tareas se expresó mediado por dicha especificidad nacional. Los cambios descritos demandaban un tipo de obrero capaz de atender procesos laborales más complejos y manejo de la lectoescritura. Más aún, no sólo aumentó la ocupación del obrero calificado, sino que también su desocupación total.

Luego, pasamos a analizar el contenido material del movimiento estudiantil chileno del 2011. Yendo desde las transformaciones en los ochenta, pasando por la fragmentación de la educación superior y las diferentes formas de financiamiento, vimos cómo se diferenció la conciencia política del movimiento estudiantil vinculados a las universidades «tradicionales» (CRUCH) en la década de 1990. Luego, frente a la continua demanda de obreros más calificados el Estado enfrenta la necesidad de ampliar los subsidios a nuevos sectores de la población obrera. Con el cambio en el modo de financiamiento, el antes fragmentado movimiento estudiantil encuentra su punto de unidad. Dicho de otro modo, el CAE puso en unidad al conjunto del estudiantado universitario frente al Estado. Al quedar este último como único antagonista, los límites a los vínculos de solidaridad entre los estudiantes desaparecieron, unificando a estos políticamente. Esta forma de financiamiento respondía tanto a la necesidad del capital individual por seguir produciendo obreros calificados como condición de su valorización, como a la necesidad de los mismos capitales individuales enfrentados al límite de las familias obreras que buscaban acceder a la educación superior. Tal base material determinó la lucha de los estudiantes de educación superior con el Estado. La unidad frente al único antagonista se realizó ampliando la CONFECH, y la dirección de esta organización dejó de estar dominada por el PCCH y partidos de la exconcertación (como había sido durante las décadas de 1990 y 2000), dando un lugar protagónico a una «nueva izquierda» que terminó de formarse como conciencia gremial del estudiantado durante y después del 2011 (Rivas y Seiffer, 2021).

Pero eso no es lo único que dejó el movimiento estudiantil. Para nosotros, gracias al salto que da el desarrollo de las fuerzas productivas con la «revolución microelectrónica» que modifica las formas de trabajar y los atributos de los productores directos transformando la demanda de atributos productivos de la clase obrera, va poniendo cada vez más a la ciencia y el conocimiento objetivo como un recurso disponible para una porción cada vez mayor de la clase obrera. Aunque, por su forma contradictoria, también multiplique la precariedad y la pauperización de la vida de otra porción, mutilando sus capacidades de organización política pone en sus manos una fuerza productiva que antes le estaba todavía más limitada. Si bien esto por sí mismo no resuelve la condición de sobrante de la población obrera chilena -o sudamericana- porta la potencia de volver consciente su propio ser social, es decir, el ser una clase obrera atada a la valorización de un capital que, determinado por la apropiación de renta de la tierra, crece en contradicción con el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo y, con ello, de sus propias potencias como sujeto político transformador. En nuestra opinión, esto que hace al punto de partida de cualquier acción política consciente, es decir, de una acción que se organiza sobre el conocimiento de sus determinaciones objetivas, es la principal tarea de las ciencias sociales que se perciben como críticas y transformadoras. Tal como dijo alguna vez Marx, la ciencia social como forma de la crítica práctica de la clase obrera, como forma de su organización política consciente, no le dice al mundo: «Termina con tus luchas, pues son estúpidas; te daremos la verdadera consigna de lucha». Sino que se limita a mostrarle al mundo por qué está luchando en verdad, y la conciencia es algo que tiene que adquirir, aunque no quiera (Marx y Ruge, 1970).

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