1. Introducción

El agitado proceso constitucional que ha vivido Chile en los últimos años y, particularmente, la crisis en que se encuentra sumida la sociedad chilena (Garretón, 2021), es un marco propicio para reflexionar en torno a la relación entre el saber y la política. Una de las causas de esta situación crítica concierne a la progresiva pérdida del sistema de partidos políticos por representar a la ciudadanía (Luna y Mardones, 2017). Ello explicaría, por ejemplo, la incapacidad del sistema político para canalizar demandas sociales planteadas desde las movilizaciones estudiantiles de los años 2006 y 2011, las cuales carburaron una serie de protestas que confluyeron en las movilizaciones de octubre del 2019.

Este contexto sustenta la hipótesis de este trabajo: los think tanks son actores políticos que, desde el final de la dictadura y con la transición democrática, han ganado influencia a medida que se extendía la crisis de representación de los partidos políticos. De hecho, este artículo da cuenta de la consolidación histórica de un campo -en el sentido de Bourdieu (2014: 224)- conformado por centros de estudio que fueron adquiriendo legitimidad para la actividad política, que se ha ido distinguiendo por ser complementario a la estructura del sistema de partidos y que también ha estado en constante recomposición. Pero, además, la vitalidad de este campo -que ha visto crecer el número de think tanks-,¹ no sólo responde a la crisis de los partidos tradicionales, sino también a nuevos temas de interés público, como el funcionamiento del Estado, el medioambiente o el movimiento feminista (Fuentes, 2016).

También, este campo se ha desplegado como un espacio que favorece la sociabilidad política, el establecimiento de redes institucionales y la convergencia de intereses culturales, ideológicos y técnicos. Pese a la creciente literatura dedicada al estudio de los think tanks en Chile, que confirma la existencia autónoma de este campo (Alenda et al., 2020; Barreda et al., 2023; Garcé y López, 2021), se carece de un análisis panorámico que examine su desarrollo y evolución. En consecuencia, se plantea como objetivo principal un repaso a la construcción histórica y estructural de este campo social e institucional de centros de estudio en Chile, poniendo especial atención a los actores y grupos sociales que operan en él, como a las alianzas, debates y disputas más recientes que animan el actual ciclo político nacional.

Para cumplir con este objetivo, se siguió una estrategia metodológica cualitativa. Con el propósito de conocer los alcances empíricos de la hipótesis planteada, se realizaron nueve entrevistas semiestructuradas a personas vinculadas a think tanks. Además, se aplicaron tres entrevistas a especialistas en el tema. Estos instrumentos permitieron recolectar datos, identificar las representaciones de los actores sobre el fenómeno estudiado, al tiempo que aclararon preguntas de alcance teórico (Lamont y Swidler, 2014). Adicionalmente, de las entrevistas emergieron conceptos que enriquecieron el proceso investigativo. Las entrevistas fueron grabadas y contaron con consentimiento informado. La muestra de informantes, consignada en la tabla 1, fue intencionada y su selección respondió a los siguientes criterios:

Tabla 1

Entrevistas analizadas y criterios de selección

Fuente: Elaboración propia

También se recurrió a fuentes secundarias para reconstruir contextos (Lindlof y Taylor, 2017). Además, se realizó una revisión teórica sobre think tanks que posibilita comprender el tipo de instituciones inscritas en este concepto, su evolución, así como sus variantes y particularidades. Este análisis cualitativo, que combina datos y teoría desde una perspectiva histórica, da cuenta de las principales características de los centros de estudio en Chile, sus funciones y su ejercicio complementario al campo político. Este análisis permitió identificar cuatro generaciones de think tanks en el país, cada una con particularidades que la definen y con aspectos comunes que las vinculan.

De este modo, este artículo dialoga con trabajos que desde el cruce entre historia, sociología y ciencia política han aportado al estudio sobre los think tanks en América Latina (Garcé y Uña, 2010; Mendizabal y Sample, 2009; Salas-Porras, 2018). También considera investigaciones de la tradición anglosajona dedicadas a rastrear sus antecedentes históricos (Wiarda, 1999). La investigación se fundamenta en la teoría de los campos de Bourdieu (1981; 1988), así como en una serie de estudios que utilizan este enfoque para analizar campos académicos (Algañaraz, 2019; Beigel, 2010).

Se espera que este artículo contribuya a la historia estructural del campo de think tanks en Chile al aportar una visión panorámica que abarca desde 1957 hasta la actualidad y al entregar antecedentes basados en una perspectiva histórica que identifica contextos, ideas, instituciones y actores, así como sus relaciones a lo largo del tiempo. Esta perspectiva se justifica por la relevancia de los think tanks en el proceso político chileno: si durante la década de 1960 animaron un vibrante circuito intelectual y nutrieron oficinas de gobierno (Franco, 2007), en los setenta y ochenta funcionaron como refugio y plataforma política para la oposición al autoritarismo (Puryear, 1994). De hecho, en sus oficinas se fraguó la estrategia transicional y sus cuadros tuvieron una destacada participación en los gobiernos de la Concertación (Huneeus et al., 2014). Además, facilitaron la «tecnocratización» de la democracia (Garcé, 2017; Silva, 2010), haciendo muy fuerte la relación entre academia y política. Escrutar su desarrollo en un momento de discusión del modelo societal que ellos han contribuido a configurar resulta así del todo relevante.

2. Think tanks: teoría, características y campo

Las ciencias sociales se han esforzado en dar contenido al concepto de «think tank», elaborando tipologías para su clasificación y rastreando sus antecedentes (McGann y Whelan, 2020; Rich, 2004; Wiarda, 1999). Estados Unidos es el país que más ha desarrollado este modelo institucional, vinculándolo a la profesionalización de la política, a la complejidad de tareas del Estado y a la consolidación de los medios de comunicación (Medvetz, 2012). Durante la primera mitad del siglo XX, el trabajo de los think tanks consistía en la elaboración de informes gubernamentales. Sin embargo, desde la década de 1950 comenzaron a asumir roles en los ámbitos académico y político, elaborando políticas públicas y participando en la discusión pública (Lamo de Espinosa, 2018). En consecuencia, hoy el concepto de think tank alude a una institución de la sociedad civil, cuya función principal es realizar investigaciones «orientadas a la política» y «que permiten al público tomar decisiones informadas sobre cuestiones de política» (McGann, 2015: 8).

Al analizar el campo estadounidense, McGann y Weaver (2009) dan cuenta de cuatro tipos de think tanks: a) «Academic Think Tanks», o universidad sin estudiantes, dedicados a la investigación y cuyo financiamiento proviene generalmente del sector privado; b) «Contact Think Tanks», o centros de consultoría del sector público y privado; c) «Advocacy Think Tanks», o centros de abogacía, cuyo principal objetivo es participar en el proceso político y en la «batalla de las ideas»; y d) «Party Think Tanks», o centros partidistas, vinculados a un partido político, proveyendo ideas y propuestas concretas, además de funcionar como plataformas de formación y reclutamiento de cuadros gubernamentales.

Siguiendo con el caso estadounidense, Medvetz (2012) señala la existencia de un campo autónomo de think tanks al interior de la estructura de poder de ese país, en el que operan estas instituciones y sus agentes, siguiendo códigos y lógicas particulares. Apoyándose en la teoría de los campos de Bourdieu,² Medvetz (2012: 45-46) identifica un «espacio híbrido de producción de conocimiento», pero que, sobre todo, es un campo de intersección entre campos, como el académico, el intelectual, el económico y, fundamentalmente, el político. Salas-Porras y Murray (2017: 12) hacen eco de esta conceptualización sosteniendo que «los think tanks y sus expertos construyen un campo de poder superpuesto al académico, intelectual, mediático y empresarial, en el que compiten por el control del capital social». Agregan que:

«los think tanks construyen las normas y convenciones que conectan las prácticas intelectuales y políticas, además de regular la circulación del conocimiento, delimitar las ideas válidas para las políticas públicas y alentar a sus expertos a traspasar las fronteras entre diferentes esferas sociales -política, económica y medios de comunicación-» (Salas-Porras y Murray, 2017: 11).

De esta forma, lo que distingue al campo de think tanks, en tanto espacio de intersección e intermediación social, es favorecer el tejido de redes entre agentes relacionados con el poder de una sociedad, sean estos académicos, expertos, intelectuales, empresarios, políticos, tecnócratas, technopols o periodistas, entre otros. En él operan los think tanks, por tanto, como instituciones articuladoras (McGann y Weaver, 2009).

En América Latina, por su parte, el estudio de los think tanks se ha desarrollado en los últimos años como consecuencia de su creciente presencia (Castillo, 2009).³ En la región han proliferado trabajos dedicados a comprender su participación en la vida política democrática, estudios de casos sobre think tanks de derechas y aquellos que examinan su vinculación con los partidos políticos (Fischer y Plehwe, 2013; Grassetti y Prego, 2017; Rocha, 2017). Sin embargo, «no existe consenso sobre lo que sería un think tank típico o modelo» (Alenda et al., 2020: 121), resultando problemática la caracterización de estas instituciones. En ese sentido, Echt (2020) sostiene que la diversidad de think tanks responde a las tradiciones nacionales y a las características contextuales de cada sociedad.

Compartimos con Gárate (2008) la preocupación de definir conceptualmente a estas instituciones para el caso chileno. Las dificultades derivan del carácter híbrido que adquieren: mientras «algunas gozan de mayor autonomía financiera, organizacional, política e ideológica, otras tienen filiaciones y vínculos con universidades, partidos, asociaciones empresariales, despacho de consultoría, Organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones que representan intereses particulares» (Salas-Porras, 2018: 26-27). Para estudiar a los think tanks, Salas-Porras (2018: 25-26) recomienda cuatro categorías analíticas: a) afiliación; b) nivel de especialización y diversificación; c) fuentes de financiamiento; d) estrategias de comunicación. Este esquema es complementado por Montero et al., (2018), quienes entregan diferentes dimensiones para clasificarlos según sus vínculos con: a) los medios de comunicación; b) con la política (participación en instancias legislativas, intermediación con actores políticos y arena electoral); c) la sociedad civil; d) la academia (participación en seminarios y foros); y e) movimientos sociales.

La vinculación de los think tanks con movimientos sociales incorpora una línea de análisis relacionada con las particularidades de la política en América Latina y Chile (Del Valle, 2013). La intención de proveer marcos analíticos y teóricos sobre estas instituciones para el caso chileno responde a la hipótesis planteada: su rol político es complejo, pues funcionan como dispositivos de poder propios de la llamada «democracia incompleta» (Garretón y Garretón, 2010) o «democracia semisoberana», resultante de enmarañados procesos de rearticulación entre el Estado, la sociedad civil y el mercado, caracterizada «por su escasa disposición a las reformas» (Huneeus, 2014: 54). Es así que la reconstrucción histórica y estructural del campo de think tanks que se propone a continuación da cuenta, en términos de Bourdieu (1981: 8), de estos condicionantes o «líneas de fuerza» propios de un «campo magnético», el cual genera condiciones de atracción para el debate intelectual y público, como también produce disputas y fricciones, confiriéndole así una particularidad específica en un momento dado.

3. Desarrollo histórico-estructural del campo de think tanks en Chile

Chile se ha distinguido por ser un laboratorio en el que ideas y visiones sobre la sociedad han sido prefiguradas e implementadas por think tanks. Este apartado propone un repaso histórico que identifica las distintas generaciones de estas instituciones en el país. Para elaborar esta línea temporal nos basamos en trabajos revisados en el apartado anterior. En Anexos se presenta el Cuadro 1, que sintetiza este recorrido, y el Cuadro 2, que categoriza una muestra de think tanks según su adscripción ideológica.

3.1 Los think tanks de primera generación (1957-1973)

La historia de los think tanks en Chile se remonta, según Brunner (1985), a los llamados «centros académicos independientes» (CAI), con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) como primer antecedente. Creada en 1957 al amparo de la UNESCO, el Gobierno de Chile y la Universidad de Chile, FLACSO se convirtió en un espacio de generación de conocimiento y de docencia en ciencias sociales (Franco, 2007). Durante la década de 1960 nacen otros centros vinculados a la Iglesia Católica y, especialmente, a la Compañía de Jesús, donde la figura del sociólogo y sacerdote belga Roger Vekemans fue clave (Beigel, 2010). Vekemans influyó en el mundo social católico: primero, originando el Centro Bellarmino; después, encargándose de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica; y luego, facilitando la creación, en 1961, de su Centro de Investigaciones Sociológicas. También encabezó la creación del Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina (DESAL), en 1962, y del Centro Latinoamericano de Población y Familia (CELAP) en 1963. En 1964 y 1966 se crean, respectivamente, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) y el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES), ambos ligados a la Compañía de Jesús. En 1968 se funda la Corporación de Promoción Universitaria (CPU), organismo conocido por sus seminarios y publicaciones en temas de enseñanza superior.

La plataforma ideológica más importante en la arquitectura institucional del mundo social católico a comienzos de los años 60 fue DESAL, organismo que le permitió a Vekemans vincular teoría y acción social en las tareas de la planificación política en Chile, bajo un programa de modernización que constituía «el fruto más maduro y acabado del sistema de investigación social positiva en América Latina» (Brunner, 1993: 49). Esta corriente se enmarcó en el paradigma modernizador y en las aspiraciones más progresistas de la Alianza para el Progreso para Chile y América Latina (Faletto, 1999). Es posible sostener que DESAL funcionó como think tank o megáfono ideológico del gobierno democratacristiano de Frei Montalva (1964-1970), tratando de fusionar pensamiento teórico, intervención social y orientación política bajo el lema de la «promoción popular». La labor de Vekemans como ideólogo de la campaña «Revolución en Libertad» de 1964 confirmó la penetración de este giro modernizador en el campo político.

Durante esos años Chile se convirtió en laboratorio social y político de un proceso endógeno de producción y aplicación de conocimiento, primero con la «Revolución en libertad» de la Democracia Cristiana y luego con la «Vía chilena al socialismo» ensayada por la Unidad Popular desde 1970. Al alero de la Universidad de Chile surgieron varios centros de difusión de pensamiento crítico y de las teorías de la dependencia, las cuales buscaban determinar las causas del subdesarrollo económico regional. Ahí destacó el Centro de Estudios Socio-Económicos (CESO), dirigido en sus postrimerías por el economista y sociólogo brasileño Theotonio dos Santos (Cárdenas, 2015; Cárdenas y Seabra, 2022). La Universidad Católica también fue escenario de este avance favorable a los cambios sociales, como demostró la Reforma Universitaria de 1967. De esta forma, el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN), dirigido a comienzo de los años 70 por el sociólogo Manuel Antonio Garretón, se hizo eco de este interés por las corrientes dependentistas.

Entre mediados de la década de 1960 y principios de 1970, Chile se convirtió en un centro periférico para las ciencias sociales en América Latina al alojar a los institutos regionales más importantes de la época y ser sede de la mayoría de las agencias intergubernamentales dependientes de Naciones Unidas (Beigel, 2010). También se crearon centros académicos que tuvieron resonancia pública y las universidades igualmente promovieron centros de investigación. La expansión e institucionalización de las ciencias sociales coincidió con un período de politización del país, el cual no impidió el desarrollo de estas disciplinas. Al contrario: este proceso facilitó la conexión entre sociedad y academia, consolidando así el campo de las ciencias sociales (Cortés, 2021). Sin embargo, el golpe civil-militar del 11 de septiembre de 1973 terminó por sepultar los anhelos de cambio de la sociedad chilena como también cerró la etapa dorada de las ciencias sociales del país. Según algunos autores (Salazar, 2015: 19) fue una gran ruptura histórica que desmontó los procesos de racionalización social, entre los que se encuentran los de tipo científico-cultural.

3.2 Los think tanks de segunda generación (1973-1990)

La dictadura civil-militar inició una ofensiva «por neutralizar a la izquierda marxista y (por) la necesidad de modernización económica y social» (Valdivia, 2003: 95), proyecto que se cristaliza institucional y políticamente con la Constitución de 1980. Además, modificó el escenario institucional de las ciencias sociales y quebró el desarrollo que venían experimentando en el país (Bayle, 2013). Aconteció un proceso de desinstitucionalización académica y universitaria de estas disciplinas. A la par de la persecución a estudiantes y profesores, se cerraron carreras y otras se mantuvieron con dificultades. También se desmantelaron relevantes centros de investigación social. La intervención universitaria, su amenaza sobre las ciencias sociales, así como la proscripción de los partidos políticos, obligó a fundar nuevas instituciones con personalidad jurídica propia que permitieran resguardar a «la disidencia intelectual académica» (E8).

Numerosos centros académicos se crearon desde la segunda mitad de los años 70 y, especialmente, durante la década de 1980, vinculados a ONGs, a financiamientos externos de fundaciones privadas internacionales o a la Iglesia Católica (Lladser, 1986).⁴ Aquí destacó la cooperación internacional proporcionada por instituciones filantrópicas estadounidenses como la Fundación Ford, el Fulbright Program, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), la canadiense International Development Research Centre (IDRC), la Swedish Agency for Research Cooperation (SAREC), la NOVID-CEBEMO de Holanda o la CNRS-CCFD de Francia (Beigel, 2010: 53), junto al apoyo de las fundaciones alemanas partidarias Friedrich Ebert y Konrad Adenauer.

Esta ayuda permitió resguardar el trabajo de académicos exonerados por la dictadura y mantuvo viva la investigación en un medio adverso (Brunner y Barrios, 1987). Los centros también fueron espacios de resistencia y crítica intelectual, cumpliendo la función política de aglutinar a buena parte de la oposición democrática (Morales y Garber, 2018). Estas instituciones viabilizaron la tarea académica con un cierto grado de autonomía y dieron contenido a la reflexión ideológica sobre las diferentes corrientes partidarias. Algunos de ellos, en efecto, se constituyeron en espacios para la actividad política.

La Democracia Cristiana apoyó la creación de un buen número de centros, ligados a sus distintas tendencias y liderazgos, como el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH) o la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) (Garber, 2020). Para la izquierda, este tipo de centros sirvió para canalizar la reflexión de intelectuales perseguidos. FLACSO puede categorizarse como una especie de think tank, pues aportó reflexiones sobre la crisis de la democracia en Chile y las transformaciones de la sociedad (Ramos, 2019). También fue un enclave de la «renovación socialista» (Valenzuela, 2014). Estos centros sirvieron, a la postre, para establecer puentes intelectuales y políticos que «terminaron gestando la Concertación» (E11).

En esta generación surgieron otros centros dedicados a la intervención social, al estudio de la pobreza y al sondeo de la opinión pública, destacando SUR y el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC). El horizonte compartido estuvo fijado en recomponer los tejidos de la sociedad civil fracturados por la dictadura y proyectar la recuperación democrática. Esta tarea también fue asumida por la derecha afín al régimen, como demuestra la creación en 1980 del Centro de Estudios Públicos (CEP) (Jara, 2022), institución referente del proyecto neoliberal de la dictadura (Correa, 2016: 19). Si bien este centro funcionaría «como catalizador de un consenso para lo que sería después la transición a la democracia o esta transición pactada» (E4). El balance de este período da cuenta de un campo que consiguió establecer «unas estructuras muy especiales, con mucha flexibilidad, (con centros académicos) que lograban hacer trabajo de investigación muy semejante al que se podía estar haciendo en universidades» (E8), al punto que en este período «los centros de pensamiento comenzaron a jugar un rol importante en el proceso de toma de decisiones» (E4).

3.3 Los think tanks de tercera generación (1990-2010)

Gran parte de los centros académicos ayudaron a organizar la oposición política a la dictadura, participaron en la transición a la democracia, trabajaron para la recomposición del sistema político, y cumplieron un «rol primordial en suministrar capital político y técnico» (E12) para la nueva burocracia estatal surgida en 1990. En general, «la academia disidente pasó a ser academia oficial, en muchos casos dentro de las universidades y en otros casos dentro de las distintas agencias de gobiernos» (E8). Fue un periodo de «reconstitución intelectual» (E8) donde los centros académicos facilitaron la elaboración de un proyecto político basado en la gobernabilidad, en la estabilidad y en la concertación económica y social (Puryear, 1994). Colaboraron en las tareas de «reconstrucción democrática del país» (E11), asumiendo funciones que antes eran «exclusivas de los partidos» (E12).

Los think tanks de esta generación instalaron una forma de hacer política, de incidir en las políticas públicas y de acceder a puestos de poder gubernamental que todavía persiste. Esto respondió a la necesidad de la Concertación de «ser un gran bloque, y al ser partidos políticos que están retomando su vida partidaria, necesitan un apoyo de organizaciones donde se hayan estado discutiendo temas y políticas públicas con cierta anterioridad» (E12). La fuerte relación entre academia y política configuró una «tecnocratización» de la democracia (Garcé, 2017; Silva, 2010), introduciendo una lógica experta que desfavoreció el desarrollo político (Huneeus et al., 2014).⁵ Se instaló, en un sentido crítico, «una visión simplista, tecnocrática y no política de la contrarrevolución capitalista que tuvo Pinochet» (E7). Además, «la propia institucionalidad política y jurídica chilena no permitía hacer cosas distintas» (E6).

La centralidad de los tecnócratas, provenientes y aupados por los think tanks desde la década de 1990 ha supuesto un manejo de los asuntos públicos basado en criterios racionales y científicos que tributan a una conducción elitista (Gárate, 2008; González-Bustamante, 2016; Joignant y Güell, 2011). No obstante esta crítica a la alta política, hay una opinión generalizada desde entonces sobre la relevante función que juegan los think tanks en las asesorías gubernamentales y en la formación de cuadros dirigentes (Cociña y Toro, 2009; Olivares et al., 2014; Pinilla, 2012). Ello responde a que los antiguos centros académicos se adentraron en una nueva etapa caracterizada por la disminución de recursos de la cooperación internacional y, especialmente, por la reconfiguración de las relaciones entre el Estado, los partidos políticos y la sociedad civil.

Con la transición a la democracia muchos centros desaparecieron, otros se reconvirtieron en consultoras o se integraron a las nacientes universidades privadas, varios se adaptaron a las nuevas circunstancias históricas y se convirtieron en think tanks.⁶ A la vez, emergieron nuevos think tanks ligados a la derecha, como Libertad y Desarrollo (LyD) o la Fundación Jaime Guzmán (FJG), creados para resguardar la herencia de la dictadura (Corbalán y Corbalán, 2012). También se fundó el Instituto Libertad (IL) para apoyar a Renovación Nacional, pues «era fundamental darle un contenido ideológico a todo lo que es el partido y de ofrecer contenido (…) que pudiera penetrar en las bases y sobre todo en las asesorías a los parlamentarios que no tenían formación» (E9). Simultáneamente, el progresismo crea Chile 21 en 1992 para cumplir un rol fundamental en la discusión programática y el apoyo técnico durante los gobiernos de la Concertación (E12). Se crean, por tanto, think tanks «ya más ligados a partidos políticos» y también «a proyectos ideológicos» (E8).

En consecuencia, estos think tanks se dedican más a la función de abogacía, al análisis de políticas públicas y al debate programático intracoaliciones. Tal como confirma Moreno (2010: 109), en la transición «[los think tanks] jugarán un rol de catalizadores de consenso. A partir de entonces (re)orientarán su acción hacia la promoción de ideas e innovación pública». Se abrió, según Olivares et al. (2014), un período de tendencias más transversales con colaboraciones entre intelectuales y expertos provenientes de distintas disciplinas y orientaciones ideológicas. También ayudaba «un contexto en que los partidos tenían muy pocas herramientas, eran partidos débiles, en el sentido de que tenían muy pocas herramientas para exigir disciplina parlamentaria de sus militantes […] (y) muchos centros de estudios lograban hacer estas articulaciones» (E12).

Estas colaboraciones fueron importantes durante los años 90, pues los think tanks se convirtieron en espacios que «anticipaban acuerdos técnicos que luego podían facilitar acuerdos legislativos» o reformas de envergadura como fue «la reforma tributaria y la reforma laboral de Aylwin» (E9). Este rol de «catalizadores de consenso» va a continuar durante los años 2000, siendo uno de los principales articuladores el CEP por su capacidad de articular a los principales actores políticos que protagonizaron la transición a la democracia, en virtud de su «corte académico y de impacto social, cultural y político, pero no en función de ningún proyecto político específico» (E9). Pues lo que ha caracterizado a este plantel ha sido «la mirada a largo plazo» y la preocupación «de la viabilidad política del país» (E9), claro está, en el marco de la democracia de los consensos y de la Constitución de 1980.

En este período aparecieron nuevos desafíos para los think tanks chilenos (Cociña y Toro (2009). Durante los gobiernos concertacionistas (1990-2010), los centros oficialistas, entre ellos CIEPLAN, Chile 21 y Expansiva -creado a comienzos de los 2000 y de gran relevancia durante el primer gobierno de Michelle Bachelet por su perfil de policy makers (Cabello y Salinas, 2010)- enfrentaron el desafío de mantenerse relevantes pese a que parte de sus investigadores se integró al aparato estatal. Asimismo, los partidos políticos de la coalición de gobierno «querían más encuadramiento y un pensamiento más ordenado, y no tanta búsqueda de distintas teorías y confrontaciones con muchos pensamientos diversos» (E8). En este contexto se forjó una nueva fuerza estructurante del campo para los think tanks: ser «dependientes del gobierno» (E7) y de «las redes que tengas con el gobierno de turno» (E12), sometiéndose así «los vaivenes de la política» y «a los cambios de gobierno pueden significar un estrés organizacional tremendo por falta de recursos» (E12).

Por otra parte, los think tanks de oposición, como LyD, IL y FJG, apoyaron el trabajo de sus congresistas y desempeñaron funciones de formación política y análisis de las políticas públicas. Estuvieron «perfectamente asociados» y trabajaron «engranados a un proyecto político RN-UDI» (E8). Adicionalmente, actuaron como «grupos de presión» por ser «expresión del capital financiero» (E7), ya que suelen ser financiados por los grandes grupos económicos nacionales, principalmente por temas valóricos y culturales antes que por «decisiones públicas o políticas públicas en general» (E4).

Se fue organizando alrededor de estos centros una «infraestructura intelectual» fundamental para diseñar e implementar intervenciones en «el plano de las políticas económicas, en el plano de las políticas de pobreza, en el plano de políticas sectoriales, de salud, de educación» (E8). Estas organizaciones también fueron activas en las comisiones asesoras presidenciales y comisiones de expertos. Entonces «había muchos proyectos, muchas asesorías legislativas» (E11). Aunque, igualmente, se fue generando un «acomodo tecnocrático», ya que muchos de los miembros de los think tanks «tuvieron una visión poco crítica de la transformación neoliberal de la economía y de la sociedad chilena» (E7). Fue, sin duda, una «edad de oro» para los think tanks en Chile (E12), no exenta de estos contrapuntos.

Flisfisch et al., (2013) señalan que este período acaba en el año 2010 con la llegada a la presidencia de Sebastián Piñera (2010-2014), primer centroderechista democráticamente electo desde el triunfo de Jorge Alessandri en 1958. A partir de ese momento el campo de los think tanks se tensionó por dos procesos: primero, por el reacomodo de las estructuras de influencia del gobierno, que pasaron a favorecer a los think tanks cercanos a la centroderecha; segundo, los centros asociados a la centroizquierda, ahora oposición, se abocaron a comprender la derrota después de veinte años de gobierno, al tiempo que recibieron un caudal de exfuncionarios. Este escenario también los obligó a enfrentar difíciles condiciones presupuestarias.⁷

Este período, además, marcó la consolidación de los think tanks chilenos, al asumir o complementar tareas de los partidos políticos y competir con las universidades en la producción de conocimiento (Flisfisch et al., 2013), el cual comienza a circular por los medios de comunicación al punto que sus miembros se convierten en «intelectuales públicos» (E8). De hecho, la estrategia mediática será una herramienta muy común de los think tanks para influir, desde «una segunda línea» (E11), en «los políticos más indirectamente a partir de la opinión pública» (E3). Incluso algunos centros se convertirán en auténticos especialistas, como LyD, en «penetrar sistemáticamente en los medios de comunicación» (E10).

3.4 Los think tanks de cuarta generación (2010-actualidad)

Siendo evidente la presencia de los think tanks en la sociedad chilena, no es tan claro el nuevo rol que están ocupando ante la «profundización de la crisis de representación política» (E4). Este ciclo se abrió con las movilizaciones estudiantiles del 2011 y se proyecta hasta la actualidad, donde la agenda política, económica y cultural está marcada por el debate constitucional. Entre medias, están los llamados «tiempos de la politización» (PNUD, 2015), al abrirse «un espacio político de incidencia» (E1) y una mayor demanda de participación de la ciudadanía y la sociedad civil, dado el desprestigio de los partidos en los procesos políticos (Norris, 2011; PNUD, 2019).

A grandes rasgos, este período está marcado por dos hitos. El primero es la crisis financiera mundial, siendo tema clave en los principales think tanks del país, copando sus agendas de producción ideológica y abonando la discusión intelectual en torno al mercado y a los cuestionamientos al neoliberalismo (Undurraga et al., 2023). El segundo es la emergencia de movimientos sociales en diversos países como consecuencia de esta misma crisis. En Chile, el período crítico fue el 2011 y constituyó un quiebre en la trayectoria «consensuada» del período de postdictadura, momento en que se «va a intensificar ese cuestionamiento a la tecnocratización en la toma de decisiones públicas y va a coincidir también con una demanda de mayor apertura del ciclo de la política pública a otros actores sociales» (E4). Así, el 2006 el movimiento pingüino impugnó las limitaciones del sistema educacional. En el 2011 se cuestiona su financiación. Se protesta también contra las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sostén del sistema financiero (Garber, 2021; Schiappacasse, 2021).

Los cuestionamientos son de fondo y llegan hasta la Constitución. Se rompen «antiguas alianzas» y se plantean nuevas formas de «pacto social» para el futuro (E11). Los nuevos movimientos sociales desafían las reglas de una transición pactada y protectora del modelo económico, exigiendo «una mayor capacidad de influir en ese proceso decisional» (E4). El segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) dio continuidad a este «exceso de tecnocracia» (E12) influido por los think tanks Avanza Chile -creado como una «plataforma electoral» (E10) que reunió a «equipos (…) que habían sido gobierno» (E9)-, Fundación para el Progreso (FPP) y LyD (Rodríguez, 2020). El colapso de este gobierno a partir del «estallido social» de octubre de 2019 también se explica por esta forma de hacer política sin contar con los partidos,⁸ lo que conlleva debilidades de «comprensión política» (E10) por manejar «ideas de corto plazo» (E7).

La canalización institucional de esta crisis sociopolítica con graves violaciones a los Derechos Humanos por parte del Estado consistió en el Acuerdo por la Paz de noviembre de 2019, el cual convocó a un plebiscito para cambiar la Constitución. El proceso prosiguió con la elección de una Convención Constitucional (2021-2022), cuyo proyecto fue rechazado el 4 de septiembre de 2022, abriendo paso a un nuevo proceso, esta vez protagonizado por el Consejo Constitucional, electo en mayo de 2023, con una propuesta a plebiscitar en diciembre de 2023.

Este agitado ciclo político fue partero de nuevos think tanks que complementan las labores de otros más viejos en cuestiones coyunturales y estructurales, tales como temas medioambientales, derechos de infancia, reconocimiento de la igualdad de género y de minorías sexuales, o superación de la pobreza. También surgen centros inscritos en debates ideológicos y disputas políticas. Son manifestaciones de una recomposición del campo, señales de que «las reglas mismas del juego se están moviendo» (E12), y del movimiento de nuevos actores que «todavía están luchando por liberarse de una suerte de hegemonía larga que tuvo la generación anterior, que fue potente en el terreno intelectual, cultural y político» (E8). Puede atestiguarse la lucha que Bourdieu (1981) llamaba entre «los incumbentes» y los «contendientes»: entre los actores establecidos que se hicieron cargo del Chile de la transición y los actores emergentes que disputan el campo con nuevas ideas y puntos de vista sobre la misma democracia.⁹

Surgen así centros ligados a las derechas, algunos con perfiles intelectuales, como el Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), el cual está elaborando un «pensamiento posneoliberal y con claves de observación de la crisis más general que está ocurriendo» (E8); otros combativos y vinculados con el movimiento libertario internacional, como la FPP; y otros alineados a las corrientes liberales, como Horizontal, del partido político Evópoli (Alenda et al., 2020). También surgió Ideas Republicanas, ligado al Partido Republicano de José Antonio Kast, con una orientación de «derecha radical» (Rovira, 2019), y que quiere contribuir a «diferenciar a la derecha republicana de Chile Vamos y levantar una alternativa para superar la “crisis actual”».¹⁰ El «gran dilema» de estos think tanks yace en la relación entre su financiamiento y su origen ideológico, lo que repercute en comprobar «hasta qué punto van a criticar el neoliberalismo» (E10). No obstante este constreñimiento, ha habido una renovación intelectual en «sectores de derecha en términos culturales (…) con la humanidades y las ciencias sociales, áreas que en general están copadas o casi monopolizadas por sectores de izquierda» (E5).

En el progresismo ligado a la Nueva Mayoría -una expresión renovada de la Concertación- apareció el think tank Espacio Público (EP), creado en el año 2012 alrededor del economista Eduardo Engel, cuyo propósito es influir en el debate de las políticas públicas, moviéndose «un poco entre el mundo académico y la discusión política» (E2). Tiene «un rol un poco más independiente de los partidos, pero con pretensión de tener una cierta influencia» (E8). EP aglutina a una élite tecnopolítica que recuerda a Expansiva (Flores et al., 2022).¹¹ Introduce en el campo una nueva tendencia: la de continuidad, pues «al dejar de operar una organización como tal, necesariamente esas redes no se pierden». A cambio, esas redes «se mantienen latentes en el tiempo, y dan forma, luego de manera operativa, a una nueva institución» (E12). Si bien se consideran «actores en la discusión pública», no se perciben como «un actor político» (E2), evaluación cuestionable pues este centro encabeza tres ministerios en el gobierno de Gabriel Boric (2022-2026): Maisa Rojas en Medio Ambiente, Diego Pardow en Energía y Luis Cordero en Justicia.¹²

El antiguo progresismo concertacionista «se fue corriendo hacia las nuevas izquierdas» (E8), lo que explicaría que actores otrora importantes hoy aparezcan desdibujados, como CIEPLAN o Chile 21 (E1). De esta forma, emergieron nuevos think tanks ligados a la renovación política que representa el Frente Amplio, como Fundación Nodo XXI o Saberes Colectivos, sumándose al trabajo realizado por instituciones como Fundación Sol y su cuestionamiento al sistema de pensiones junto con el movimiento No Más AFP.¹³ Son centros de acción o activismo social, dedicados a urdir redes con organizaciones y movimientos sociales, y que operan como «advocacy tanks» introduciendo en la agenda temas en torno a «la crítica del modelo neoliberal» (E8), como la reforma previsional, la educación, la salud pública o temáticas de género. Comparten una visión «de que los partidos políticos no son suficientes para el debate de las ideas, para la batalla de las grandes ideas en una sociedad, y si necesitas que tus ideas formen parte del sentido común […] necesitas el apoyo de estos centros» (E12).

En esta línea, Rumbo Colectivo, think tank de Revolución Democrática creado en el 2020 y vinculado con el Frente Amplio, aspira a ser «el centro de estudios del nuevo Chile», proponiéndose evitar la división entre «tecnócratas» y «políticos» propia de la política chilena de las últimas décadas.¹⁴ Según esta institución, el país vive «un nuevo ciclo político» donde es menester una «profundización democrática» (E1). Además, aporta a la «discusión más político-ideológica» al interior del conglomerado, al tiempo que está presente en el actual gobierno de Gabriel Boric con tres antiguos miembros del directorio (E1). En el debate constitucional y para el Frente Amplio también ha sido importante La Casa Común, que puede caracterizarse como una «plataforma política» (E4) orientada a lograr un Chile posneoliberal. ¹⁵

Estos nuevos centros, junto a los think tanks establecidos en el campo, tuvieron mucha presencia mediática influyendo en la opinión pública en los últimos años y especialmente durante el desarrollo de la Convención Constitucional -y asimismo durante las últimas elecciones presidenciales de diciembre de 2021 (Barreda et al., 2023)-.¹⁶ Algunos elaboraron propuestas de reglamento para la Convención Constitucional, varios convencionales provenían de think tanks,¹⁷ y los centros de estudio, además, intervinieron electoralmente en las campañas de los plebiscitos.

En el caso del Apruebo se formó una Red de Centros de Estudios por una Nueva Constitución, compuesta por el Centro Democracia y Comunidad, Chile 21, Chile Movilizado, Fundación Participa, Fundación por la Democracia, Fundación Socialdemócrata, Horizonte Ciudadano,¹⁸ Instituto Igualdad, La Alameda, La Brújula, La Casa Común, Red de Estudios para la Profundización Democrática, Red Liberal y Rumbo Colectivo. Por el Rechazo hubo distintas alianzas, como la iniciativa «La Casa de Todos», que convocó a investigadores de Horizontal, el CEP y el IES para elaborar un texto constitucional alternativo.¹⁹ Esta colaboración partía de una visión «muy crítica respecto del trabajo de la Convención, pero al mismo tiempo muy consciente de la necesidad de que exista un pacto constitucional renovado con alcance transversal de vocación mayoritaria» (E3). También se dio la asociación entre el CEP y CIEPLAN, que convocó a importantes actores de la denominada «democracia de los consensos» (Joignant, 2012). Esta alianza refleja una colaboración que fue hegemónica en el campo de los think tanks en Chile, especialmente en los primeros gobiernos de la Concertación (Morales, 2018; Arévalo, 2022).²⁰

La continuidad del proceso constitucional en 2023 está marcada por los bordes institucionales prefigurados por la Comisión Experta, integrada por varios comisionados provenientes de think tanks.²¹ Su designación y trabajo recoge preferencias ciudadanas por perfiles de constituyentes poseedores de credenciales académicas y saber experto (IPSOS-Espacio Público, 2020). Esta valoración positiva de la expertise responde a la capacidad de los think tanks para institucionalizar y legitimar los saberes especializados (Garcé, 2017). «Los centros de pensamiento son tributarios […] de esa lógica tecnocrática que caracterizó a los gobiernos en Chile desde el retorno a la democracia» (E4), si bien han contribuido igualmente a producir un campo ideológicamente «más turbulento, fragmentario, débil» (E8). En este sentido, algunas voces apuntan a que estas instituciones «están perdiendo algo así como la transversalidad política que les permitiría tener una correlación de fuerzas permanente en el tiempo» (E3). Quizás son refractarias de los problemas de financiación y transparencia, por la pérdida de apoyo de los gobiernos (E7), como también por la disminución de calidad de la política y de la actividad legislativa (E11). Otras voces señalan que los think tanks, especialmente los más partidistas, disminuyeron su capacidad de proyección programática, de generar estrategias de comunicación y de posicionamiento, como también «se perdió entero» el trabajo en las redes locales y municipales (E9).

4. Conclusiones

Octubre de 2019 es un hito en la historia chilena que sirve de referencia para evaluar lógicas pasadas que perduran, y nuevas que no terminan de consolidarse. Desde entonces, el país atraviesa un proceso de cambio constitucional que podría abrir un nuevo ciclo histórico (Rodríguez, 2023), donde el campo de think tanks renovó su capacidad de incidir e intervenir en los asuntos políticos del país. Sus miembros, además de la asesoría parlamentaria, han animado el debate público con columnas de opinión, su participación en medios de comunicación, encuestas y estudios y, sobre todo, con el papel que han desempeñado como voces expertas en órganos constituyentes y procesos políticos recientes. Los think tanks, en efecto, apostaron por hacer del saber experto un recurso indispensable para la conducción y la práctica política (Innerarity, 2011).

El panorama histórico aquí construido permitió repasar la evolución de estas instituciones, cuyo desarrollo ha configurado un campo complementario al político, que posibilita «construir cierta distancia de la contingencia inmediata» y que también ayuda en la formación de «líderes» intelectuales y políticos (E6). Actualmente, este campo se caracteriza por su expansión, por la pluralidad de tipos de think tanks que lo componen y por la variedad de ideologías que lo sustentan. Con el transcurso del tiempo adquirió mayor densidad institucional y complejidad en sus relaciones con el Estado, los partidos políticos y otros actores de la sociedad civil, como grupos económicos, medios de comunicación, movimientos sociales y universidades. Es, por tanto, un campo plenamente consolidado y estructurado (Bourdieu, 2014) en el que conviven cuatro generaciones que compiten por incidir e intervenir públicamente, pero donde también se fraguan acuerdos y establecen colaboraciones, pese al «desprestigio» de la clase política y a las tensiones que cruzan a la tecnocracia (E2).

Las alianzas que desplegaron los think tanks en Chile durante la campaña del plebiscito constitucional de septiembre de 2022 confirman la hipótesis planteada al inicio de este trabajo: estas instituciones son actores que intervienen en la política, que actúan como plataformas para las carreras de sus miembros y que complementan a los partidos en sus funciones. También son capaces de movilizar ideas, y como sugieren varios entrevistados, asistimos a un nuevo período en el que los think tanks han perdido la fuerza programática del pasado para desplazar su actividad hacia la llamada «batalla de las ideas» o «batalla cultural» (Alenda et al., 2020; Kaiser, 2014), «la cual no está terminada» (E12). Al actuar como «trincheras de posiciones políticas» (E4) ofrecen visiones hegemónicas de la sociedad chilena, más que influir en el debate político partidista. Esta particularidad remite a otra característica de este campo: su elasticidad y capacidad histórica de adaptarse a muy distintas circunstancias (Beigel, 2010).

Este trabajo permite comprobar que los think tanks animaron el circuito intelectual de los años sesenta, después funcionaron como refugio de la oposición a la dictadura, y desde los noventa en adelante «tecnocratizaron» la democracia (Garcé, 2017; Silva, 2010). La creación de nuevas instituciones desde el 2011 indica un campo en pleno proceso de recomposición dada la fractura del modelo de gobernabilidad transicional chileno. Existe «mayor fragmentación», una disputa de ideas «que se da también en la batalla cultural, en donde la colaboración es más difícil, producto de que hay más resistencia, producto de la crisis de representación, a aceptar la legitimidad de todos los actores por igual para que intervengan en el proceso de construcción de políticas públicas» (E4). «Es un campo que no logra (aún) organizar sus términos de debate», reflejo del campo político, donde se observan dificultades para «poner los términos del nuevo debate, y por lo tanto, de un nuevo eventual acuerdo» (E6).

El campo de los think tanks chileno tiene fronteras porosas, con la articulación de redes entre saber y política como una práctica habitual o un habitus (Bourdieu, 1988). Tienen sensibilidad respecto al contexto en que se desenvuelven, con la aparición de centros que recogen demandas ciudadanas y la renovación de su histórico rol de compañía a movimientos sociales.²² Otros, en contraste, se ligan al auge de las nuevas derechas en América Latina y en el mundo, caracterizadas por su antipopulismo, antifeminismo y antiizquierdismo, con discursos antiinmigración y nacionalistas, a favor del libre mercado y en contra de programas políticos igualitaristas (Stefanoni, 2021). Las universidades, a su vez, han creado centros de humanidades y ciencias sociales para intervenir en el debate público.²³ Igualmente, han aparecido nuevos think tanks ligados a empresarios que aspiran a influir en la contingencia política.²⁴

El desarrollo interno de estas instituciones es desigual en cuanto a recursos económicos, infraestructuras, equipos de trabajo, realización de investigaciones y presencia mediática. Se puede afirmar que «los think tanks en Chile tienen distinto grado de institucionalización» y, por tanto, diferente «capacidad de tener continuidad en el tiempo» (E12). Ello subyace a que el campo de think tanks ha sido histórica y estructuralmente condicionado por la financiación de sus instituciones. Mientras los antiguos CAI funcionaron en dictadura gracias al financiamiento filantrópico (Beigel, 2010: 33), en el transcurso de la transición democrática algunos centros desaparecieron cuando esos fondos cesaron su flujo. Al mismo tiempo, otros se adaptaron y perduraron gracias a las asesorías parlamentarias; algunos se especializaron como consultoras privadas; y otros, en cambio, sobreviven a partir de fondos concursables del Estado o proyectos de competencia internacional (Sepúlveda y Miranda, 2023).²⁵ Permanecen aquellos financiados por donaciones empresariales, mientras que algunos han florecido por el regreso de financiamiento internacional en respuesta al interés que ha suscitado el proceso constitucional.

La evolución histórica del campo de think tanks en Chile ha tenido como consecuencia que estas instituciones participen activamente en la batalla de las ideas al alero de su particular relación -a veces de rivalidad, a veces complementaria- con el sistema de partidos. En tanto espacio plural y diverso, este campo ha contado con cierta autonomía, donde ha habido litigios y colaboraciones permeadas por las contradicciones y consecuencias del modelo de desarrollo imperante, del proceso de modernización en el país y de su relación con la democracia y el Estado.

Estas líneas quedan abiertas para próximos debates, discusiones y acuerdos al interior de ese campo y sus instituciones. Persiste la necesidad de escrutar el desarrollo de los think tanks con análisis sobre la financiación y la relación de estas instituciones con grupos de interés, empresas o grupos de medios de comunicación (Vargas, 2019; McGann y Whelan, 2020: 47 y 86).²⁶ La clasificación temática es otro asunto pendiente, como también la manera en que estas instituciones pueden debilitar el debate público, limitando la pluralidad de perspectivas, y desestabilizando la convivencia democrática. De todo ello esperamos ocuparnos en próximos trabajos.

Agradecimientos:

Este estudio fue financiado por el Proyecto ANID/FONDECYT/REGULAR Nº1200421 «Democracia, política y redes corporativas en Chile. Una aproximación sociológica y metodológica al campo social e institucional de centros de estudios y think tanks (1990-2021)».

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Wiarda, H. (1999): Universities, Think Tanks, and War Colleges: A Memoir, Bloomington, Xlibris Corporation.

Anexos

Cuadro 1
Línea histórica de centros de estudio y think tanks en Chile
Fuente: elaboración propia a partir de Cociña y Toro (2009) y Pinilla (2012)

Cuadro 2
Centros de estudio y think tanks en Chile según adscripción ideológica
Fuente: elaboración propia

Notes