Introducción

La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FuerzasArmadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, en diciembre de 2016,implicó la priorización de la acción pública en las regiones más afectadaspor problemáticas socioeconómicas y más impactadas por el conflictoarmado. En este sentido, los municipios de Condoto, Istmina y MedioSan Juan, pertenecientes a la cuenca media del río San Juan, fueron seleccionadospara la ejecución de proyectos de inversión social en sus jurisdicciones,a través de la implementación de Planes de Desarrollo conEnfoque Territorial PDET[2].

Los municipios señalados se encuentran en la transición entre la cuencaalta y la cuenca media del Río San Juan; allí, el río es un estructurador dela vida social. En esta zona tienen propiedad colectiva de la tierra el ConsejoComunitario Mayor de Condoto y el Consejo Comunitario Mayor deIstmina y parte del Medio San Juan. Asimismo, se encuentra la comunidadEmbera Chamí y se localizan los cascos urbanos de cada municipio(Condoto, Istmina y Andagoya). Es un lugar donde convergen diversasdinámicas como la organización social alrededor de la propiedad colectiva;la minería de oro artesanal, de pequeña, mediana y de gran escala,y la superposición de instrumentos de planeación del desarrollo y ordenamientoterritorial.

Dado que la implementación del Acuerdo conlleva el encuentro de diversosactores y territorialidades, el propósito de esta investigación esanalizar la relación entre los órdenes territoriales y la implementación delAcuerdo de Paz, haciendo énfasis en la formulación e implementación delos PDET y las formas como en estos procesos se gestionan diversidad deterritorialidades, nociones de paz y proyectos territoriales concretos, quecontribuyen a la construcción de una paz estable y duradera. En desarrollodel objetivo, en un primer momento, se realizará una aproximaciónteórico-conceptual, luego se presentará la propuesta metodológica, en seguidase abordarán los principales hallazgos y finalmente se plantearánconclusiones.

Paz Territorial

Un rasgo característico del Acuerdo de Paz en Colombia es su enfoqueterritorial, expresado en la categoría de paz territorial, que se ha caracterizadopor ser polisémico para los actores involucrados en el Acuerdo.Para el gobierno negociador de Juan Manuel Santos, de acuerdo con lospronunciamientos del ex Alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo,la paz territorial tiene que ver con llevar las instituciones públicas a los territorios periféricos rezagados por el conflicto armado,con miras a la construcción de un nuevo paradigmade desarrollo territorial que permita garantizar losderechos en las zonas afectadas diferencialmente porel conflicto (Jaramillo, 2014).

Esta idea de paz territorial ha recibido varias críticas,reseñadas por Le Billon et al. (2020) puesto queresponde a una agenda económica orientada a expandirel modelo neoliberal en todos los territorios. Además,no reconoce los procesos locales de organizaciónsocial de construcción de paz en medio de la guerra ysu rol de agentes de cambio, y centra el problema dela construcción de paz en las áreas rurales más afectadas.Esto desconoce el papel de los centros urbanosen la guerra, reproduce una ideología de civilizacióny colonización de las fronteras consideradas ‘salvajes’y apareja un enfoque de paz liberal que no trae reformasestructurales.

Por su parte, para otros actores no estatales la pazterritorial responde a la idea de una paz construidadesde las regiones, que se articula con la profundizaciónde la descentralización, el diálogo intercultural einterétnico y el intercambio con la madre tierra (Cairoet al., 2018). Las diferentes visiones acerca de la pazterritorial representaban, más que una discusión conceptual,una pugna entre perspectivas distintas sobrecómo implementar acciones para la terminación delconflicto y el establecimiento de la paz (Peña, 2019).

Otro componente del enfoque de paz territorial es,precisamente, el énfasis en el territorio, que implicael reconocimiento de la disparidad espacial del país,originada por los diversos actores, las condicionessocioeconómicas desiguales, la presencia de diversosrecursos y su disputa, las relaciones con los centrosde poder y la presencia diferenciada del Estado (Gonzálezet al., 2003); de ahí la inviabilidad de fórmulaspolíticas universales. Al contrario, la construcción depaz debe partir de las circunstancias particulares decada región y de los órdenes locales existentes paraterritorializar las políticas a través de diferentes mecanismos(descentralización política, fiscal y económica,mayor integración entre entidades territoriales,profundización de la democracia participativa, dialogointercultural, etc.); en esto consiste la dimensiónterritorial de la paz.

Ordenamiento Territorial y Contra-ordenamientos

El concepto de ordenamiento territorial es ambiguo,algunos enfoques lo relacionan con la descentralizaciónpolítica, fiscal y administrativa, mientrasotras perspectivas lo asocian a la definición de usosdel suelo y su planificación. Con relación a esta últimavisión, existe un conjunto de saberes institucionalesque problematiza la ocupación del espacio mediantela creación y puesta en marcha de instrumentos deplanificación como los Planes de Ordenamiento Territorial,los Planes de Manejo de Cuenca, entre otros.En el caso de la implementación del Acuerdo Final,los PDET, si bien no se enfocan en la definición explicitade un modelo de ordenamiento del espacio,tácitamente movilizan nociones sobre el deber ser delterritorio, plasmadas en los proyectos y programasque se ejecutan.

En las definiciones tradicionales de ordenamientoterritorial prima la racionalidad técnica para la definiciónde los usos del suelo e infraestructuras necesariaspara el funcionamiento de los asentamientosurbanos y rurales; sin embargo, en esta investigaciónse optó por una mirada crítica de dicho enfoque. Partiendode la idea de que el ordenamiento territorialcomprende usos hegemónicos del espacio, dirigidospor el Estado y el mercado, y revestidos por un halode cientificidad-racionalidad, aquí se apela por otrasaproximaciones que den un lugar central a contra-racionalidades(Cataia, 2017) y contra-espacios (Oslender,2010) en pugna con el ordenamiento territorialhegemónico.

Las categorías definidas en los instrumentos deplaneación configuran y limitan las lecturas sociales,imaginarias y populares espaciales, y generalmenteinvisibilizan visiones de los actores con praxis nooccidentales. Dichos instrumentos reproducen unahegemonía territorial, en el sentido de una prácticade diseminación de formas de uso y concepción delespacio compatibles con el proyecto de orden socioespacialdel bloque dominante (Sevilla, 2014).

Tal ordenamiento territorial tiene el imperativo deser democrático, intercultural y fundado en el reconocimientodel pluriverso, esto significa un ordenamientoen el que existe un desplazamiento de los significadoshegemónicos hacia prácticas y tradicionessubalternas de articulación política a partir de la diferencia(Conway et al., 2011). La obtención de ordenamientosterritoriales más justos implica una ampliaciónde la participación en los procesos de ordenacióny planeamiento territorial, a pesar de que esta aspiraciónse ha convertido en un lugar común del discursopolíticamente correcto (Duque Franco, 2017).

Metodología

La investigación se centra en la Subcuenca del RíoCondoto y el San Juan, en su transición de la partealta a la media (ver Figura 1). Metodológicamente,se optó por un enfoque cualitativo de triangulaciónhermenéutica basado en dos categorías apriorísticas:estrategias de territorialización y visiones prospectivasdel territorio. Este enfoque permitió recuperar lasvoces de diferentes actores obtenidas a través de laaplicación de entrevistas semiestructuradas y análisisde contenido.

Se entrevistaron directivos de la Agencia de Renovacióndel Territorio ART ubicada en Quibdó (entidadencargada del PDET), líderes del Consejo Comunitariode Condoto y un directivo del Instituto deInvestigaciones del Pacífico Von Neuman. El análisisdocumental se centró en los Planes de Acción para laTransformación del Territorio PATR, las solicitudesde titulación colectiva de los Consejos y las respuestasescritas a derechos de petición formulados a la ART.

Figura 1.

Parte medio de la cuenca del Río San Juan

Fuente: Elaboración propia.

Retos de la Agenda de Paz para los Ordenamientos del medio San Juan

La construcción e implementación de los PDET enla región media del San Juan tiene por lo menos tresgrandes retos en materia de ordenamiento territorial:primero, la presencia de actividades mineras desdeel periodo colonial, práctica que se ha transformadohasta la actualidad, donde predomina la mineríamecanizada ambiental y socialmente insostenible. Segundo,a nivel político-administrativo, en esta zona sesobreponen distintas figuras de administración y ordenamientoterritorial que son un desafío para la articulaciónentre niveles de gobierno con competenciasdiferenciales. Tercero, el carácter mayoritariamenteétnico de la población que habita la región representaterritorialidades diferentes a las formas de uso yapropiación espacial capitalistas, lo que representa figurasde administración, gobernanza y refrendaciónciudadana diferenciales.

En la actualidad es posible discernir tres tipos deminería de oro en función del volumen de producción(determinada por los métodos de extracción y las tecnologíasusadas) que se practican en la región: la mineríaartesanal, la de pequeña escala a mediana escalay la de gran escala. No obstante, estas divisiones sonambiguas y no están claramente diferenciadas en elordenamiento jurídico colombiano (Urán, 2013). Ademásde estas tipologías, la minería puede encuadrarsecomo legal o ilegal, la legal es aquella que cuentacon licencias estatales y la actividad minera ilegal, deacuerdo con el Decreto 2191 de 2003, es “aquella quese desarrolla sin estar inscrita en el Registro MineroNacional y, por lo tanto, sin Título minero” (Gutiérrezet al., 2012, p. 18)

Dichas tipologías conviven o se practican simultáneamente;sin embargo, se destaca la predominanciaactual de la semimecanizada. Desde los años ochenta la entrada de mineros o retreros provenientes delBajo Cauca antioqueño (Castillo, 2013) promovió laproliferación de la pequeña y mediana escala queha dejado altos pasivo ambientales y sociales en losterritorios que otrora se tenían practicas artesanales,combinadas con la explotación minera a gran escala.Ahora bien, no se trata de idealizar las practicas artesanalescomo formas propias y libres de conflicto, porel contrario, la minería en la región, lejos de ser unproyecto homogéneo, es ante todo un proceso complejomediado por diferentes técnicas y procesos socioeconómicosy políticos con visiones opuestas.

Por ejemplo, la actividad minera se ha vinculadocon grupos armados; aunque la explotación de orono originó el conflicto armado en estos territorios, sísoporta económicamente algunos actores armadosilegales y explica disputas por el control territorial(Ortiz-Riomalo y Rettberg, 2018). En el caso de lacuenca media del San Juan, fue hacia mediados de losnoventa que la minería con retroexcavadora se apuntalócomo financiadora de dichos grupos, quienes seenfrentaban por el cobro de tributos forzados a los entablesmineros (Castillo, 2013).

A pesar de esta realidad, en el Acuerdo final de Pazsolo incluye una breve mención sobre el asunto; enella indica la necesidad de enfrentar la minería ilegaly de asegurar un monopolio fiscal del tesoro público,y reconoce que la minería artesanal no es minería ilegal.Sin embargo, la atención prestada es irreflexivasobre las graves consecuencias del modelo extractivoy los potenciales conflictos socioambientales relacionados,además, no se considera como un asunto estratégicopara el desarrollo local.

Otro de los retos tiene que ver con la convivenciade diferentes instrumentos de planificación y administraciónterritorial, ubicados en diferentes escalasy competencias para cada actor. Entre la diversidadde figuras que operan en el territorio se destacan losPlanes de Ordenamiento Territorial -POT-, los PlanesMunicipales de Desarrollo, los Planes de Manejo yreglamentos Internos de los Consejo ComunitariosMayores, El Plan Nacional de Desarrollo y los nuevosinstrumentos derivados de la implementación delAcuerdo como los PDET y el PNIS (Programa NacionalIntegral de Sustitución de Cultivos Ilícitos). Estosupone un reto político y administrativo en las relacionesintergubernamentales que implica la armonizaciónde instrumentos y la subsidiariedad, complementariedady concurrencia de estos.

El documento CONPES 3932 de 2018 definió el PlanMarco de Implementación PMI del Acuerdo de Paz,que contiene 16 instrumentos. Para desarrollar loplanteado allí, el Artículo 281 del Plan Nacional deDesarrollo 2018–2022 creó la estrategia “Hoja de RutaUnificada de planeación para la estabilización”. Estaes una herramienta que articula los instrumentos deplaneación derivados del Acuerdo Final con los planesy programas sectoriales y territoriales (ver Figura2), al igual que con los diferentes mecanismos de financiacióny ejecución para garantizar la concurrenciade entidades y recursos, así como la participacióndel sector privado y la cooperación internacional.

La Agencia de Renovación del Territorio -ART- liderael proceso de construcción de hojas de ruta enlas 16 regiones PDET. Este es un instrumento quepermite construir la visión de desarrollo subregionaly territorial a largo plazo (15 años), por medio de laidentificación de apuestas estratégicas y acciones conuna definición de recursos y actores requeridos. Deacuerdo con Betty Moreno, directora de la ART en elChocó, es de vital importancia la armonización de losinstrumentos que se sobreponen en el territorio parapoder lograr la paz (Directora regional ART Chocó,comunicación personal 18 de febrero de 2020).

Figura 2.

Articulación de instrumentos de planificación en la implementación del Acuerdo de Paz

Fuente: Adaptado de Presidencia de la República (2018).

En la región de estudio aun no se ha construido laHoja de Ruta, por lo que la articulación intergubernamentalaun es incipiente y se ha traducido en la inclusiónde los PDET en los planes de Desarrollo MunicipalPDM 2020-2023. Al analizar los PDM, se constatóque el plan de Condoto, Istmina y Medio San Juanconsideran en su parte programática la intervenciónde la ART, y su sistema de metas muestra como las accionesmunicipales contribuyen al logro de los PDET.

Las limitaciones de articulación son más problemáticasen relación con los territorios étnicos. Si bien lametodología de Hoja de Ruta plantea la sostenibilidadde los proyectos a través de un modelo de participacióncomunitaria donde intervienen los actores étnicos, el diseño actual no considera la armonizaciónde los instrumentos de planeación de los pueblos étnicos.En el caso de las comunidades indígenas, existeuna tradición consuetudinaria que recientemente seha materializado en documentos escritos con diferentesdenominaciones, como los Planes de Vida y Planesde Ordenamiento Ancestral, entre otros. Para losConsejos comunitarios de los territorios colectivos depueblos afrodescendientes, existen los Planes de Etnodesarrolloy los Planes de Manejo Ambiental. Estosinstrumentos no se han tenido en cuenta, en ciertamedida porque no contienen las mismas formas deplaneación y programación presupuestal que permitantraducirlos a la tecnocracia de planeación que seestá realizando.

Como se ha planteado, la Hoja de Ruta tiene ungran componente técnico para el modelamiento y alcancede escenarios territoriales anhelados, pues sebasa en la formulación de los PDET; no obstante, presentalimitaciones en tanto la articulación no incluyela participación de la ciudadanía y las comunidades,quienes son llamadas a coadyuvar en la definición desu prospectiva territorial, de manera que es fundamentalcontinuar la planeación participativa en todaslas etapas del proceso, incluso la técnica.

Otro aspecto tiene que ver con la prospectiva y elplanteamiento de escenarios de desarrollo territorialque necesariamente aparejan modelos de ocupaciónespacial. Este punto es menos visible en la Hoja deRuta, donde se indica que serán tenidos en cuentalos Planes de Ordenamiento Territorial o Esquemasde Ordenamiento Territorial como insumo para reconocerrestricciones operativas y factores potenciales.No obstante, los POT no son la fuente más adecuadapara fundamentar la perspectiva territorial, ya quetienen poca pertinencia en el área de estudio, en lamedida que están enfocados en espacios urbanos, ydejan de lado el complejo proceso de construcción deterritorialidades negras e indígenas (Martínez, 2012).Hace falta una mirada a los procesos de planeación yordenamiento propios, como base de un ordenamientopara la paz, que están llenos de matices e inclusocontradicciones.

Territorialidades Diversas: las Territorialidades afro y Otras Formas de Apropiación Espacial

La población de los municipios estudiados tiene uncarácter étnico (ver Tabla 1), esto implicó que a nivelinstitucional se adoptaran formas diferenciales parala implementación del Acuerdo[3], en aras de reconocery salvaguardar la territorialidad étnica de las comunidades.

Tabla 1.

Población Étnica en los municipios de Condoto, Istmina y Medio San Juan año 2018

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 (DANE-DCD, 2020)

La territorialidad afrodescendiente en la zona deestudio puede entenderse a partir de las prácticas deapropiación espacial, estas se caracterizan por el asentamientode la población en los diques aluviales, desdeahí, los pobladores se extienden hacia el fondo orespaldo, en un poblamiento longitudinal y discontinuoalrededor del curso de agua, donde se combinanactividades económicas y asentamientos ribereños. Esun sistema cultural que reúne diversidad de actividadesde subsistencia, como la minería artesanal, laagricultura, la pesca, la caza y la recolección; esto enel marco de redes amplias de parentela, manifestadasen la distribución espacial de la población y apoyadasen un sistema simbólico religioso propio (Castillo yVarela, 2012).

Se trata de un ordenamiento espacial cuyo eje principales el río —principal referente de construcción dela vivienda— que, además de una vía de comunicación,es un espacio colectivo y de interacción social, así como un referente simbólico de identidad del grupofamiliar. De igual manera, el río integra diferentesdimensiones de la vida social, económica y culturalde la región en el marco de relaciones de reciprocidady solidaridad (Restrepo, 1996).

Esta territorialidad afrodescendiente en el siglo XXestuvo en constante interacción con la frontera mineraque representaba la operación de la compañíaChoco Pacifico —de capitales estadounidenses e ingleses—,que funcionó desde 1907 hasta 1974 en el ríoCondoto. Esta compañía se expandía y contraía segúnel mercado internacional de los metales preciosos.Varios pobladores de la región se articularon comotrabajadores de la empresa, aunque esto no significósu inserción completa en las lógicas del trabajo asalariadomoderno; por el contrario, en la región existióuna sociedad dual donde los pobladores se vinculabanen calidad de proletarios del enclave minero dela empresa extranjera (ubicado en Andagoya, hoy cabeceramunicipal del municipio de Medio San Juan)y a su vez hacían parte de la economía campesinacon la que tenían una relación étnica y familiar (Varela,2013). Dicha región operaba parcialmente comocontra-espacio al espacio capitalista (Oslender, 2010),a través de relaciones espaciales específicas y repertoriosde organización y movilización social en losque sus habitantes transitaban entre los espacios deextracción a gran escala y los medios de vida propios.

Con la venta de la Choco Pacífico a la firma Minerosde Colombia, de capitales nacionales, se dio un procesode desindustrialización, pero también de consolidaciónde mineros auríferos independientes con procesossemimecanizados, prácticas que otrora estabanvedadas para las poblaciones étnicas. Para finales delos 80 ingresaron al territorio mineros mecanizados(con uso de retroexcavadoras), reconocidos por la poblaciónlocal con el calificativo de ‘paisas’, provenientesdel vecino departamento de Antioquia, quienesestablecieron entables mineros por toda la cuenca

Ahora bien, el ingreso de los ‘paisas retreros’ nofue a la fuerza, a través de la destrucción de los lazosde parentesco y consanguinidad; por el contrario,el estudio etnográfico de Salazar y Uran (2018), en elárea de Condoto, Istmina y alrededores, demuestraque los mineros de afuera aprovecharon las figuras deparentesco en beneficio de su operación. Como los depósitossuperficiales usados en la extracción con motobombase habían agotado, los mineros condoteñosvieron en la llegada de las retroexcavadoras una formade acceder a los metales más profundos, así como unamanera de satisfacer las múltiples necesidades, inclusoalgunos grupos experimentaron cierta movilidadsocial, por lo que autorizaron el ingreso de las retroexcavadoras,a pesar de lo problemático de tal modeloproductivo para los sistemas socioeconómicos.

En esta región la extensión de la minería mecanizadano respondió a la iniciativa de grupos armados,sino que antecedió la llegada de las guerrillas del Ejércitode Liberación Nacional -ELN-, del Ejército Popularde Liberación -EPL-, de las FARC y del paramilitarismoen los años 90. En ese entonces comenzarona registrarse hechos victimizantes como amenazas,secuestros, homicidios selectivos, extorsiones, atentadosy confinamiento, pero, sobre todo, desplazamientoforzado. Dichas incursiones armadas trastocaronlas espacialidades de la población y dieron paso a laconstrucción de geografías del terror manifiestas enpaisajes de miedo, cambios abruptos en las practicasespaciales cotidianas y ordinarias, dinámicas de desterritorializacióngeneradas por el desplazamientomasivo y restricción en la movilidad (Oslender, 2004).

Es en ese escenarios de grandes transformacionessocioculturales que la expedición de la Carta Constitucionalde 1991 reconoce el carácter multiétnico ypluricultural de Colombia. Se definieron, entonces, enel Artículo transitorio 55 los derechos sociales y políticosde las comunidades afrodescendientes, lo quederivó dos años más tarde en la expedición de la Ley70 de 1993; después, el Decreto 1745 de 1995 reglamentóel capítulo III de la Ley 70, para formalizar losprocedimientos de adjudicación de las tierras colectivasa las comunidades negras y definir como órganosde gobierno y administración a los consejos comunitarios.Estos títulos fueron obtenidos por los ConsejosComunitarios Mayores de Condoto e Istmina y partedel Medio San Juan en junio de 2002, y dicha figurocomplejizó el escenario.

La Territorialización del Acuerdo de Paz como Encuentro

Debido al carácter étnico de la población en el áreade estudio, la institucionalidad adoptó un enfoquediferencial en el proceso participativo de formulación,de manera que las etapas de la ruta tradicionalcambiaron. La formulación del Plan de Desarrollocon Enfoque Territorial Étnico PDETE[4]se compuso de dos grandes fases, la primera de concertación dela metodología de formulación participativa[5] y la segundade implementación de la ruta de participaciónaprobada en la primera etapa.

Es importante señalar que este proceso de planeaciónparticipativa se supeditó a un proceso denucleación (definición de las unidades mínimas deplaneación participativa homogéneas), mediante ejerciciosde cartografía social con la participación de loslíderes y lideresas comunitarios. Allí, se describió yrepresentó la ocupación del territorio por cuencas ygrupos étnicos (consejos comunitarios y resguardosindígenas); este paso fue complementario de la metodologíaadoptada por la ART para la construcción denúcleos veredales. Los núcleos veredales se construyerona partir de la sobreposición cartográfica de lacapa de veredas (división mínima del municipio) conla de Parques Nacionales Naturales, territorios colectivosde comunidades negras y resguardos indígenaslegalmente constituidos, zonas de reserva campesina,áreas de Ley 2da e información de contexto de presenciade cultivos de uso ilícito (Agencia de Renovacióndel Territorio, 2017). El resultado fue validado yconcertado con los ejercicios de cartografía social.

Se puede observar que la idea territorial se tradujoen un andamiaje de planeación participativa en diferentesescalas, desde la vereda hasta la región. Setrató de un ejercicio ambicioso que intentó reunir lasaspiraciones de las comunidades, y que logró una altarepresentación de organizaciones étnicas en la construcciónde los PATR. Sin embargo, el proceso contienevarias limitaciones en la traducción de la territorialidadétnica.

El criterio usado para la selección de los municipiosPDET no benefició a los territorios étnicos, ya que secircunscribió a la división político-administrativa, queno corresponde a las realidades de uso y apropiaciónde las comunidades afrodescendientes organizadas anivel de cuenca hidrográfica. En el caso del área delCOCOMACOIRO, que comprende las jurisdiccionesde los municipios de Condoto al sur, Iro al norte yTadó al nororiente, los dos últimos no fueron priorizadoscomo municipios PDET, por lo que la planeacióne implementación de los planes solo se enfocó en Condoto, pese a que la administración colectiva se dacon independencia de las jurisdicciones municipalesy a que la territorialidad transciende estas barreras.

Por otro lado, aunque el enfoque étnico buscabala incorporación de los planes de vida, etnodesarrolloy similares, a pesar de que se dio un proceso deconcertación, estos no fueron considerados como lineamientosestratégicos de planificación municipal oregional (Naranjo Aristizábal, 2020). Las discusionesse organizaban en temáticas según los pilares definidosdiscrecionalmente por la ART, en estas no se consideróla creación de nuevos pilares más coherentescon las cosmovisiones de los pueblos étnicos y su entendimientodel territorio. En lugar de atender a unaconstrucción de paz territorial que parte del principiode ‘abajo-hacia arriba’, las políticas reprodujeron laslógicas tecnocráticas de socialización que no se relacionancon las aspiraciones comunitarias. Varias delas iniciativas que surgieron se relacionaron con laspeticiones históricas de las comunidades étnicas sobrelos derechos básicos, de tal suerte que no fue posibleincorporar una prospectiva de la paz territorialque fuera más allá de lo urgente ni que se acercara alas posibilidades de transformación territorial.

El proceso de participación propició que el Estadocolombiano creara una estructura política, administrativay territorial para dar vida al Acuerdo; a travésde ella logró implantar su hegemonía, al estructurarel campo de acción y las espacialidades que moldeanlas discursividades y prácticas de las comunidadesétnicas (Martínez, 2013) en torno a la nueva gramáticade la paz. Así, aunque la población tenga determinadasaspiraciones sobre el deber ser del territorio,termina adhiriéndose a la agenda estatal dominante,ya que en ella encuentra un espacio donde pueden estableceralgunas demandas y viabilizar proyectos deinversión. Todo esto incluso cuando dichos proyectosno corresponden a la vocación minera o al contextode disputa territorial de actores armados legales e ilegalesque no han salido del territorio.

Después del proceso de formulación de los PDETsurgió una percepción generalizada —entre los actoresque se vincularon o acompañaron el ejercicio deplaneación participativa— de que, una vez firmadoslos PATR, el proceso se detuvo, dando la sensaciónde que la participación ciudadana finalizaba allí. Sibien el Gobierno continuó en interlocución con lasautoridades locales, el trabajo con las comunidades ysus delegados se detuvo, lo cual generó desconfianzadespués de las altas expectativas creadas (Tovar, Peñuela,y Alonso, 2020).

La agenda PDET se queda corta en varios aspectos,como el tema de la minería y del ordenamientoterritorial asociado. Los Pactos Municipales para laTransformación Regional -PMRT- concertados tienenmúltiples iniciativas en los pilares de Ordenamientode la Propiedad Rural y Uso del Suelo y Sistemapara la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación.En su gran mayoría las iniciativas se enfocanen el fortalecimiento de las actividades agrícolas, enla implementación de sistemas de aprovechamientoagroforestal y restauración ecológica; sin embargo, noexisten iniciativas puntuales con relación a la minería.En este particular se observa que la política de pazestá ignorando la complejidad de los territorios y lainviabilidad de consolidar una sociedad en paz sin laobservancia de las dinámicas socioproductivas y culturales.En ese contexto, la minería aurífera aparececomo parte constituyente de la territorialidad (reconfiguradapor las lógicas de la guerra y las economíasextractivas) de las comunidades negras, pero no comoespacialidad estática.

El aparente olvido del tema minero en la agenda depaz encubre la contradicción entre el modelo de desarrollobasado en actividades extractivas corporativas(que inclusive se conecta con el Acuerdo a través dela estrategia obras por impuestos) y la aspiración dealgunas comunidades locales de fortalecer sus economíasa través de la minería artesanal y de pequeña escala(Le Billon et al., 2020) con sostenibilidad ambientaly soberanía alimentaria. Tal enfoque ha significadola persecución de la pequeña minería sin títulos formales,que ha sido etiquetada como ilegal.

Las comunidades campesinas agromineras no venen la implementación del Acuerdo una alternativapertinente a la vocación histórica de sus territorios,pero sí una oportunidad para aprovechar algunosproyectos. Estas poblaciones no contemplan renunciara la actividad minera que ha sido desarrolladapor sus ancestros, aunque son conscientes de que laminería, tal y como se practica hoy, es inviable ambientaly socialmente. Por eso se deben dar las condicionesy los incentivos para que la población realiceuna práctica responsable y, al mismo tiempo, se eviteel ingreso de multinacionales[6] a los territorios colectivos,o, por lo menos, que se garantice el beneficio dedicha intervención (Jorge Perea, representante legal de COCOMACOIRO, comunicación personal 20 defebrero de 2020). La paz territorial para los actoresétnicos es una oportunidad de reapropiarse de susespacios para la realización de un proyecto económico-cultural capaz de dar solución a las problemáticasde sus medios de vida y de conservar sus actividadesmineras tradicionales.

La política de paz requiere ser complementada conla reformulación de modelos y políticas de ordenamientoterritorial relacionados con la actividad minera,la no persecución a los pequeños mineros, las políticasreales de formalización de la pequeña mineríay la implementación de mecanismos limpios[7] y decertificación que garanticen precios competitivos enel mercado internacional para estos tipos de minería.Además, la presencia de actores armados con estasactividades representa un punto clave para lograr unproyecto territorial de paz.

Conclusiones

La implementación de la agenda de Paz, en particularde los Planes de Desarrollo con Enfoque TerritorialÉtnico, en la Región del Medio San Juan tiene grandesretos respecto a la articulación interinstitucional y latraducción de la territorialidad agrominera dentro deeste instrumento. Allí se han revelado dificultades enmateria de participación y de reconocimiento del contextogeohistórico en el cual se territorializa la políticapública. Como consecuencia, en contradicción al modelode paz territorial de abajo hacia arriba, en variosaspectos se han impuesto las prácticas y espacialidadeshegemónicas en estos territorios precarizados yde resistencia.

Como lugar de encuentro, la planeación de losPDET no logró articular adecuadamente las territorialidadesétnicas. Al contrario, han prevalecido laslógicas estatales sobre las voces de los territorios auríferos,anhelantes de oportunidades para proteger losmedios de vida locales y el medio ambiente en unaconfiguración territorial de paz

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Notas