Justicia Educativa: Modelo teórico explicativo para el análisis espacial de los servicios educativos

Educational Justice: Theoretical explanatory model for the spatial analysis of educational service

La justicia educativa destaca principalmente en los discursos políticos y académicos, se conceptualiza con un enfoque de derecho. Se ha utilizado el concepto de justicia educativa en México a mediados del siglo XX. En dicha conceptualización solo considera los aspecto políticos y discursivos, por lo que no es cuantificable, no considera los aspectos de análisis espacial que identifiquen y clasifiquen los niveles de injusticia en las escuelas que se deriven de los aspectos socioeconómicos.

La noción de justicia educativa en México es antecedida por Latapí, pionero de la investigación educativa nacional, el cual usa el concepto para identificar las desigualdades educativas en función de los aspectos económicos, aunque no la define metódicamente.

A principios de los años setenta se encuentran bases del concepto de la justicia educativa, con una perspectiva enfocada al “progreso” educativo difundido por la parte gubernamental, ahí se advierte que la carga sobre la experiencia es mayor que la expectativa, matizando en la igualdad jurídica, que no se traducía en igualdad de oportunidades sociales y escolares.

Para la década de los noventa reemerge el concepto justicia educativa en el ámbito académico, forjada en los causes de las políticas neoliberales, relacionados con el ajuste estructural, derivadas de las repetidas crisis económicas, así como las políticas del mercado como motor de lo social, que incide directamente en el sector educativo con la concreción de políticas compensatorias, destacando los conceptos de calidad, eficacia, gestión y equidad, con ello la promulgación en 1993 de la Ley General de Educación en México.

En los trabajos de Schmelkes enfatiza en deterioro de las expectativas de grandes injusticias en el sistema educativo mexicano, destacando: 1) No se invierte en las escuelas que más lo necesitan; 2) La irrelevancia de los modelos de enseñanza-aprendizaje; 3) Las injusticias con el magisterio; 4) Las injusticias socioeconómicas; 5) Las injusticias de la gestión en la escuela; 6) Las injusticias de inseguridad; 7) Las que impiden la comunicación, aunado al aumento poco planificado de la matrícula escolar y la llegada de sistemas estandarizados de examinación que muestran bajos resultados de ciertos aprendizajes escolares.

Partiendo del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instrumenta la obligación del estado (Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios) a ofrecer educación preescolar, primaria, secundaria y media superior de manera obligatoria.

La educación básica está integrada por tres niveles: preescolar, primaria y secundaria. la educación preescolar se atiende a niños de 3 a 5 años; la educación primaria incorpora a niños de seis a 12 años y tiene seis grados; la educación secundaria, da cobertura a jóvenes de 13 a 15 años y se imparte en tres grados.

La educación media superior comprende el nivel bachillerato y la educación profesional técnica; el bachillerato se imparte universalmente en tres grados, aunque existen programas de 2 y de 4 años. El certificado de bachillerato es necesario para ingresar a la educación de superior. En la educación profesional técnica existen programas de 2 hasta 5 años, aunque la mayoría son de 3 grados, esta última se enfoca a la formación para el trabajo técnico y casi todos los programas son de carácter terminal.

En la reforma del 2011 al artículo tercero de la Constitución, establece la obligatoriedad del nivel medio superior y plantea lograr la cobertura del 100 por ciento en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021 a 2022, es decir 100 de cada 100 jóvenes de 15 a 17 años deberá estar cursando el nivel medio superior.

La educación de superior se conforma por tres niveles: técnico superior, licenciatura y posgrado, esta forma profesionistas en diversas áreas del conocimiento con programas de estudio de cuatro años o más. Se imparte en instituciones universitarias, tecnológicas y de formación de maestros y es de carácter terminal. Los estudios de bachillerato son obligatorios para ingresar a los niveles técnico superior y licenciatura.

El presente documento se enfoca a la educación del nivel medio superior, toda vez que el 20 de septiembre de 2011 el Senado de la República aprobó la obligatoriedad de la educación media superior, elevándolo a rango constitucional, lo cual se implementará gradualmente a partir del ciclo escolar 2012-2013, hasta universalizarla en todo el país para el ciclo 2021-2022.

Derivado de la obligatoriedad desde el 2012, y que para el ciclo escolar 2020-2021, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Educación Pública, la cobertura educativa a nivel nacional es de 77.2%, es decir que después de 9 años de la obligatoriedad de la educación media superior, se elevara a rango constitucional, solo 77 de 100 jóvenes de 15 a 17 años se encuentran inscritos en alguna escuela de tipo medio superior.

Sin embargo, la cobertura por sí sola no permite medir y/o determinar si hay justicia o no, para ello se debe considera la ubicación de las escuelas, la accesibilidad de herramientas imprescindibles como es el internet, los niveles de logro educativo en pruebas estandarizadas, las condiciones de las escuelas, la planta docente y las condiciones socioeconómicas de cada territorio.

A pesar de los esfuerzos del sistema educativo y del Estado por atender de manera progresiva a los jóvenes de 15 a 17 años de edad de cursar el nivel medio superior y por diversificar e innovar dicho nivel, los efectos de los últimos treinta años muestran que hubo un desarrollo no planeado, resultado de la atención a la demanda social creciente, pero sin políticas orientadas a una distribución equilibrada.

La desigualdad social, reflejada en los orígenes socioeconómicos diferenciados por tipo de modalidad y por las diferentes calidades de educación recibida, ofrece perspectivas de movilidad socioeconómica distinta a partir de la educación, pues hay diferencias estructurales en las oportunidades educativas.

Es indispensable luchar contra la atención segmentada de este nivel educativo y pensar en una política de reposicionamiento de la EMS en México que dé respuesta a la actual demanda masiva y heterogénea de jóvenes, sin diferenciarlos ni establecer jerarquías entre ellos.

Recapitulando un artículo transitorio en la Constitución Política de los Estados Unidos en la Reforma del 2011, establece que los recursos para financiar la iniciativa habrán de provenir, de manera concurrente, de los presupuestos de la federación, los estados y municipios, aunque no se aclaran los montos ni las fuentes financieras, lo cual refleja falta de claridad en el proyecto, lo que limita el desarrollo de cada escuela de media superior.

Considerando las comunidades rurales alejadas de los centros urbanos y las zonas donde no haya sido posible establecer infraestructura para la prestación del servicio de educación media superior, las autoridades educativas federales, en coordinación con las de las entidades federativas, requieren de mayor atención e inversión.

Al convertirse en obligatoria la EMS, el compromiso del Estado consistirá en invertir en ella, lo cual es positivo. No obstante, es necesario considerar que la educación básica obligatoria a la EMS sigue dependiendo de las posibilidades económicas que cada individuo o familia tienen. Lo que resulta natural entre los jóvenes que pertenecen a las clases medias y altas no lo es entre los grupos urbano-marginales, rurales e indígenas; es decir, entre los estratos socioeconómicos bajos, ya que existe una relación estrecha entre los ingresos familiares y la participación en la educación.

Por tanto, la obligatoriedad de la EMS no sólo no resuelve el problema, sino que lo agrava al dar un trato igual a los desiguales. No sólo se trata de aumentar el gasto público de la EMS, es fundamental implementar políticas orientadas a mejorar la calidad de la educación ofrecida que respondan a las necesidades de la sociedad, del mercado laboral y de los jóvenes en edad de estudiar.

Para conocer el universo a estudiar se parte del ciclo escolar 2020-2021 en el cual se cuenta con una matrícula 5,144,673 alumnos, 412,353 docentes y 21,047 escuelas de la modalidad escolarizada.

Uno de los elementos para diagnosticar y diferenciar el comportamiento de la educación en México es la tasa de cobertura es un indicador que mide el acceso de los jóvenes a la educación; es más acotado que la tasa de matriculación, ya que calcula el porcentaje de población con edad idónea matriculada en el nivel o tipo educativo correspondiente para el caso de media superior es de 15 a 17 años.

Conforme al análisis de cobertura de la educación media superior, 19 entidades (Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Veracruz, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Campeche, Tamaulipas, Querétaro, México, Coahuila y Tlaxcala), su cobertura se encuentra por debajo de la media nacional 77.2%; por otra parte 12 entidades (Nayarit, Durango, Quintana Roo, Morelos, Baja California, Colima, Yucatán, Puebla, Tabasco, Sinaloa, Hidalgo y Baja California Sur) superan la media nacional, pero su cobertura no rebasa el 88.9%; y finamente la Ciudad de México cuenta con una cobertura de 121.8%, sobre pasa el 100 por ciento toda vez que absorbe y atiende a alumnos de otras entidades.

Las desigualdades educativas es un tema que incide directamente en el desarrollo de un país. Sin embargo, no se ha profundizado desde el punto de vista cuantitativo, filosófico y geográfico. Por falta de elemento consistentes, las decisiones y la aplicación de programas de los políticos orientados a alcanzar mayor equidad en la distribución de la educación.

La justicia educativa no se basa en las actividades didácticas o pedagógicas, sino políticas, que tienen consecuencias sobre las pedagogías, que permiten atacar y revertir el diagnóstico muchas veces pesimista, de las perspectivas críticas de la sociología de la educación.

Por ello, ningún gobierno puede realizar políticas redistributivas legítimamente sin cometer una injusticia, a saber, aquella que consiste en quitarle a alguien lo que es suyo.

La justicia relaciona la educación y la sociedad, por ente cómo la educación combate las desigualdades sociales desde una perspectiva política, en este sentido, utiliza no solamente herramientas de diagnóstico, sino también propuestas. Es la correlación entre la sociología de la educación, que tradicionalmente se ocupó de hacer diagnósticos, y la filosofía política, que se ocupó de pensar teóricamente la justicia aplicada al campo educativo.

En ese sentido, se reconoce seis criterios de igualdad: 1) de accesibilidad, 2) de asequibilidad, 3) de aceptabilidad, 4) de competitividad y 5) de adaptabilidad. Señalando que éstos eran componentes de una educación de calidad, pero en México ni siquiera el primer criterio se cumple en las diferentes regiones del país.

La metodología se organiza en un esquema de modelo espacial de justicia educativa, en la que reconoce cinco criterios de igualdad: 1) de accesibilidad, 2) de asequibilidad, 3) de aceptabilidad, 4) de competitividad y 5) de adaptabilidad. Con ello, se afirma que la justicia educativa forma parte del proceso de construcción de sociedades más justas.

La localización puntual de Servicios de educación Media Superior, corresponde al Catálogo de Centros de trabajo oficial la Secretaría de Educación Pública con coordenadas geográficas, cabe mencionar que la corrección geográfica, se llevó a cabo conforme la Norma Técnica de Domicilios Geográficos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 21,047 escuelas de la modalidad escolarizada de las 32 entidades federativas de México.

Debido al manejo de la información poligonal y sobre todo la disponibilidad por el nivel de desagregación de la información. Las 32 entidades federativas de México se componen por 68,806 secciones el electorales en 2,468 municipios.

La construcción de un modelo espacial de justicia educativa en donde considera variables de ende territorial, socioeconómicas alineado a los servicios educativos. Un modelo solo es pertinente si se ajusta al objeto de estudio, y si las mediciones resultantes permiten dar paso a una explicación de un segmento de la realidad (Cadena, 2005).

Por ello, más que un modelo espacial de justicia educativa de la situación actual de las escuelas de educación media superior es trazar un modelo dinámico que permita describir y explicar correctamente las diferencias entre escuelas del mismo nivel, utilizando instrumentos avanzados de la estadística y la cartografía.

Bajo este principio, se determinan:

• Las variables e indicadores;

• Preparación de la base de datos;

• Construcción de un índice multidimensional;

• Estratificación de variables; y

• Ponderación y determinación de diferencias territoriales a través de un ranqueo.

Una vez definida la problemática, se consideraron las siguientes características:

• Las variables perceptibles

• Las variables cuantificables

• Las variables con relaciones lógicas

Una vez definidas las variables, el cálculo de indicadores, considera las siguientes premisas:

• Los indicadores con una sola característica

• Los indicadores en la misma escala

• Los indicadores deben representar variables

El Modelo Espacial de Justicia Educativa de los servicios de educación media superior, enmarca la forma en que interactúan la población y el prestador de servicios, dentro de un marco de cumplimiento del derecho a la educación, con base en el territorio y la población, articulando redes de atención integradas e integrales tanto institucionales.

Enmarca la forma en que interactúan la población y el prestador de servicios, dentro de un marco de cumplimiento del derecho a la educación, con base en el territorio y la población, articulando redes de atención integradas e integrales tanto institucionales, utilizado el método de componentes principales por contar con índices multidimencionales que incluyen valores positivos y negativos; y la estratificación es con el método Dalenius y Hodges.

Alguno de los principales resultados en materia educativa, destaca atención demanda potencial, abandono escolar y reprobación educativa, misma que destaca los siguientes resultados.

Con esto se busca fortalecer las investigaciones educativas con un análisis espacial, considerando los aspectos económicos, sociales y políticos. Permitirá la búsqueda de manifestaciones espaciales a diferentes escalas de trabajo dentro de la dimensión espacial. Con este modelo de justicia educativa, se pretende reducir el umbral de incertidumbre que existe, en términos de distribución de los servicios educativos.

El desarrollo de los interrogantes iniciales proporciona las siguientes reflexiones finales: El modelo se considera integral a partir de la potencialidad que reside en la garantía de que los procesos de accesibilidad geográfica partiendo de ubicación de los planteles educativos; la oferta actual de cada escuela; la calidad del inmueble; y la formación de plantilla docente. En definitiva, el Modelo Espacial de Justicia Educativa (MEJE), está basado en el triángulo recursos /instrumentos / productos, en lugar de en el desarrollo de procesos y experiencias de aprendizaje. La suma de actuaciones aisladas de cada uno de los grupos o servicios supone un obstáculo para el desarrollo de procesos de justicia que requieren de actuaciones transversales.

La identificación de elementos de justicia educativa en las dinámicas, procesos y actuaciones de escuelas de educación media superior resulta una tarea compleja. Como consecuencia de la articulación de acciones que responden más a medidas aisladas de los diferentes servicios que a una respuesta institucional, los elementos se encuentran dispersos, son de naturaleza difusa y, dada la magnitud de la institución, difíciles de localizar.

La accesibilidad es un elemento que no sólo es tenido en cuenta como criterio en el desarrollo educativo, sino que ha ido ganando presencia e importancia a lo largo de los años, escalando posiciones tanto en los planteamientos políticos y de gestión institucional. La investigación demuestra que los mayores requerimientos se encuentran en zonas con baja accesibilidad geográfica, y la gestión de nuevos planteles respaldadas por lo institucional.

El segundo elemento del modelo lo constituyen los diferentes agentes implicados y las respuestas que ofrecen a las implicaciones que surgen a partir del triángulo ubicación-educación-justicia.

La descripción del rumbo del concepto de justicia educativa en México ha venido marcada por su emergencia, desarrollo, abandono y reemergencia, en las últimas dos décadas, cuando observamos su surgimiento. Asimismo, surgen cuestiones propuestas de acciones, programas y políticas públicas (de Estado y de gobierno).

Desde al año 2000, pues a pesar de cierta solidez teórica del plan nacional de educación derivado del cambio de partido en el gobierno federal, no se tradujo en resultados significativos, asunto que merece profundizarse en sus consecuencias, para responder: ¿Por qué persisten desigualdades o injusticias identificadas desde hace 50 años? y ¿cómo construir un sistema escolar y educativo más justo en un país con las dimensiones, diferencias y desigualdades de México?

A través de lo analizado respecto a la justicia educativa se puede establecer que existen una serie de factores que influyen de acuerdo a la revisión de la literatura y estos son: la localización y distribución de las escuelas; localización de los servicios públicos y los criterios para la dotación; los criterios e intereses de localización de los oferentes de bienes y servicios; los patrones de distribución y localización de la población; la configuración y dotación de los sistemas de comunicaciones y transportes, el crecimiento poblacional, y la accesibilidad real o potencial a los bienes y servicios ofrecidos, los cuales pueden ser utilizados en la integración de un indicador de marginación, agregando el componente espacial.

Por lo que la corriente de la planeación crítica con un enfoque marxista, parte de la idea de que las injusticias espaciales son producto de las relaciones sociales y económicas a través de los modos de producción y la discriminación social, la planeación urbana y territorial, de tal modo que se considera como la herramienta que reduce o incrementa la injusticia social, ya que al momento de no incluir en los planes de ordenamiento a todos los actores sociales que pueden ser afectados o beneficiados.

En términos de distribución geográfica, la población educativa de 15 a 17 años segregada también tiene ciertos patrones bien definidos: reside en regiones y zonas con poca accesibilidad geográfica a causa de la falta de infraestructura, en sentido estricto la vulnerabilidad social no representa una corriente teórica, más bien se determina de la disciplina geográfica enfocado a determinar los riesgos y desigualdades conforme su distribución.

Finalmente, el desarrollo de la justicia educativa de los servicios educativos de educación media superior proporciona las siguientes reflexiones finales: El modelo se considera integral a partir de la potencialidad de los procesos de accesibilidad geográfica partiendo de ubicación de los planteles educativos; la oferta actual de cada escuela; la calidad del inmueble; y la formación de plantilla docente. En definitiva, el Modelo Espacial de Justicia Educativa (MEJE), está basado en el triángulo (recursos, instrumentos y operatividad), la suma de actuaciones aisladas de cada uno de los servicios educativos supone un obstáculo para el desarrollo de procesos de justicia que requieren de actuaciones transversales como lo son: las aspectos socioeconómicos, las condiciones de los planteles, el desarrollo profesional docente de la planta docente, la incidencia delictiva, las cuotas escolares, los resultados de logro educativo y niveles accesibilidad de las telecomunicaciones.