INTRODUCCIÓN

La digitalización de la administración pública constituye un proceso clave en la transformación de los gobiernos a nivel global. Mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los estados buscan mejorar la eficiencia de sus servicios, optimizar la gestión de recursos y fomentar la transparencia en la toma de decisiones. Este fenómeno ha facilitado la modernización de los procesos administrativos, la simplificación de trámites y una mayor participación ciudadana en la gobernanza. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos como la resistencia al cambio, la falta de infraestructura tecnológica y la brecha digital entre regiones y sectores sociales.

Este estudio se justifica por el papel estratégico de la digitalización en la transformación de la gestión pública, la mejora de la rendición de cuentas y el fortalecimiento del vínculo entre gobiernos y ciudadanía. Además, permite optimizar procesos administrativos y facilitar la interacción entre el Estado y la sociedad. Durante la pandemia, la digitalización aseguró la continuidad de los servicios esenciales, evidenciando la necesidad de adaptar las políticas públicas a los avances tecnológicos. Por ello, debe integrarse estratégicamente en la gestión pública, promover la eficiencia y equidad, y estar acompañada de reformas institucionales que aseguren su efectividad y sostenibilidad.

Bircan y Özbilgin (2025) advierten que, aunque la inteligencia artificial puede optimizar la gestión pública, también puede profundizar desigualdades si sus algoritmos carecen de criterios de equidad y transparencia. De manera similar, Melendrez Campos et al. (2024) destacan que la transformación digital en entidades públicas requiere no solo infraestructura tecnológica, sino también estrategias que garanticen su adopción efectiva. A pesar de sus beneficios, la digitalización enfrenta obstáculos como la escasa capacitación de los funcionarios y la resistencia institucional al cambio, lo que dificulta su implementación.

Numerosos estudios han abordado la relación entre la digitalización y la mejora de la gestión pública. Criado y Gil-García (2019) destacan que la adopción de tecnologías digitales puede incrementar la transparencia gubernamental, fortaleciendo la confianza ciudadana. Viale Pereira et al. (2020) argumentan que la digitalización es clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, al mejorar la eficiencia en la gestión de recursos públicos. Filgueiras et al. (2019) señalan que en Brasil la transformación digital ha optimizado la prestación de servicios, aunque con retos en la inclusión digital. De manera similar, Rodríguez-Román (2021) enfatiza que los gobiernos locales en América Latina han logrado avances en eficiencia con la digitalización, aunque enfrentan barreras estructurales.

Además de mejorar la eficiencia, la digitalización se posiciona como una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción. Saldanha et al. (2022) destacan que la rendición de cuentas es esencial en la implementación de servicios digitales gubernamentales, al permitir un mayor control social sobre las acciones del gobierno. Fox (2015) enfatiza que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales para consolidar la confianza en las instituciones. Sakuntala et al. (2024) analizan las tendencias recientes en tecnologías de la información aplicadas al combate contra la corrupción en India, con aprendizajes relevantes para América Latina.

No obstante, la digitalización también plantea riesgos asociados a la privacidad y seguridad de los datos. Al-Billeh et al. (2024) advierten que el uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial (IA), genera dilemas éticos vinculados a los derechos humanos y privacidad. Arifin y Lennerfors (2022) analizan cómo los asistentes virtuales pueden introducir sesgos algoritmos en decisiones públicas. Jaillant y Rees (2023) exploran la aplicación de IA en archivos digitales y sus implicaciones éticas para la gestión pública.

Desde un enfoque ético, diversos estudios han analizado la aplicación de la IA en la administración pública y su impacto en la transparencia y la toma de decisiones. Cordella e Iannacci (2010) proponen un marco de implementación del gobierno electrónico, mientras que Elias et al. (2023) abordan las implicaciones bioéticas en el sector salud. Además, Kraus et al. (2021) e Hilario Rivas et al. (2025) analizan la confianza ciudadana en la IA y la transformación digital en la gestión pública.

Por su parte, Machado et al. (2025) examinan los desafíos éticos percibidos por la sociedad ante el avance de estas tecnologías. Asimismo, Reinhardt (2022) destaca la importancia de la confianza y fiabilidad en la implementación de IA en procesos administrativos. Rincón Martínez et al. (2023) exploran la ética en la gestión pública en América Latina, subrayando la necesidad de contar con principios regulatorios claros.

Otro aspecto fundamental es el impacto de la digitalización en la gestión de crisis. Masinde et al. (2024) estudian cómo la IA y otras tecnologías fortalecen la respuesta gubernamental ante desastres naturales, destacando la necesidad de modelos predictivos equitativos. Hatherall y Sethi (2025) analizan la percepción ciudadana sobre la responsabilidad de sistemas autónomos en decisiones críticas, subrayando la importancia de la transparencia. Montaño y Montaño (2023) examinan el marco jurídico de la IA y su aplicación en la administración pública.

A nivel internacional, Plantinga et al. (2024) proponen un enfoque de IA responsable para la formulación de políticas en África, con implicaciones para América Latina. Zheng (2016) analiza cómo la participación digital incide en la reducción de la corrupción. Hilario Rivas et al. (2025) y Viana (2021) estudian la relación entre IA y administración pública. Sánchez Acevedo (2024) y Rueda (2023) destacan la necesidad de regulación y transparencia en los algoritmos. Ricoy-Casas et al. (2025) y Zepeda et al. (2024) examinan su influencia en el ámbito educativo, y Rubino-Hallman y Hanna (2007) exploran su aplicación en América Latina.

En este contexto, la investigación busca responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades en la digitalización de la administración pública en Brasil, México y Colombia, con énfasis en la transparencia y la lucha contra la corrupción? La hipótesis plantea que la digitalización mejora la transparencia y contribuye a la reducción de la corrupción en la gestión pública, aunque su eficacia está condicionada por marcos regulatorios adecuados, el acceso equitativo a la tecnología y la capacitación de los funcionarios. El objetivo del estudio es identificar los principales desafíos y oportunidades asociados a la digitalización de la administración pública, en Brasil, México y Colombia, con énfasis en la transparencia y la lucha contra la corrupción.

MÉTODOS

El estudio adoptó un enfoque cualitativo y exploratorio, utilizando la técnica de análisis temático para examinar las prácticas, políticas y procesos de digitalización y transparencia en la administración pública de Brasil, México y Colombia, en el contexto de la cuarta revolución industrial. El objetivo fue comprender cómo estos países han implementado la digitalización en sus instituciones gubernamentales y los desafíos que enfrentan en términos de transparencia y eficiencia.

La población de estudio estuvo conformada por funcionarios públicos, expertos en tecnología y administración pública, líderes de proyectos de digitalización y consultores en el ámbito gubernamental. La muestra fue intencional, seleccionada sobre la base de criterios de conocimiento especializado y experiencia directa en procesos de digitalización estatal. El diseño muestral se guio por el principio de saturación teórica, con el propósito de captar la diversidad de enfoques, niveles de gobierno y contextos institucionales en los tres países. La suficiencia muestral se estableció a partir de la reiteración de patrones temáticos, de acuerdo con Flick (2018), lo cual permitió construir un relato coherente y analíticamente robusto.

Se realizaron 300 entrevistas semiestructuradas, de las cuales 180 fueron individuales y 120 correspondieron a participantes en grupos focales. Antes de cada sesión, se explicó verbalmente el objetivo del estudio, la voluntariedad de la participación y la confidencialidad de la información, y se obtuvo el consentimiento informado de manera oral, en conformidad con los principios éticos de la investigación cualitativa.

Se organizaron quince grupos focales (cinco por país), cada uno integrado por entre siete y diez participantes. Esta estrategia permitió acceder a perspectivas colectivas y contrastar experiencias sobre los desafíos de la digitalización, incluyendo la resistencia al cambio, la capacitación digital y la adopción de tecnologías orientadas a la transparencia. Tanto las entrevistas como los grupos focales se diseñaron para explorar en profundidad las percepciones y experiencias de actores clave respecto al uso de tecnologías digitales en la administración pública.

El procesamiento de los datos cualitativos se realizó mediante análisis temático, lo que permitió identificar patrones discursivos en torno a la digitalización, los retos organizacionales y las estrategias para mejorar la transparencia. Se aplicó una triangulación metodológica (Denzin, 2012), combinando tres fuentes principales: 1) entrevistas individuales, 2) grupos focales y 3) análisis documental de políticas públicas y marcos normativos vigentes en los tres países. Esta triangulación fortaleció la validez interna del estudio al permitir la verificación cruzada de información entre distintos actores y formatos.

Asimismo, se aplicaron criterios de rigor metodológico como la credibilidad, la transferibilidad y la confirmabilidad, de acuerdo con las recomendaciones de Morse (2015), para asegurar la calidad interpretativa de los hallazgos. Se llevó a cabo una validación experta en la que académicos y profesionales del sector revisaron los resultados preliminares, lo cual certificó su precisión y relevancia en el contexto latinoamericano.

El análisis cualitativo de las entrevistas y los grupos focales se realizó con el software Atlas.ti 23, que facilitó organizar, codificar e interpretar los discursos de manera rigurosa. Se aplicó un proceso de codificación abierta, axial y selectiva, con el objetivo de identificar patrones discursivos comunes y divergentes respecto a la digitalización y la transparencia institucional en los tres países. Este abordaje permitió distinguir temas emergentes como la resistencia al cambio, la fragmentación tecnológica, la falta de interoperabilidad entre plataformas públicas y la reproducción de desigualdades sociodigitales. Por ejemplo, en Brasil se identificaron relatos que denunciaban la escasa articulación entre gobiernos locales y federales, mientras que en Colombia y México fue recurrente la mención a plataformas digitales poco funcionales o que no mejoraban sustancialmente la rendición de cuentas.

Las entrevistas y los grupos focales fueron guiados por instrumentos previamente diseñados y validados, con base en el marco conceptual del estudio. Las guías se estructuraron en torno a cuatro ejes temáticos: a) implementación tecnológica, b) percepción de transparencia, c) capacidad institucional y d) barreras socioculturales. Este diseño permitió una exploración profunda de las percepciones, tensiones y estrategias vinculadas a la transformación digital en contextos administrativos diversos. En los grupos focales, integrados por funcionarios y expertos de distintos niveles y sectores, surgieron debates sobre la eficacia de las soluciones digitales y la preparación de las entidades públicas para adoptarlas. La integración de estos instrumentos como anexos metodológicos refuerza la trazabilidad y reproducibilidad del estudio.

Para organizar el análisis y facilitar la interpretación transversal de los datos empíricos, se construyó una matriz de categorización apriorística. Esta fue elaborada a partir del marco teórico del estudio y ajustada durante la lectura exploratoria y la codificación inicial de las entrevistas. Las categorías principales definidas fueron: digitalización institucional, transparencia gubernamental, gobernanza digital, participación ciudadana y brechas sociodigitales. Cada categoría fue subdividida en subcategorías específicas, acompañadas de criterios de análisis que guiaron la interpretación y comparación de los discursos en Brasil, México y Colombia. La Tabla 1 sintetiza esta estructura.

La matriz facilitó la codificación cruzada de las entrevistas individuales, los grupos focales y las fuentes documentales, lo que permitió identificar regularidades y contrastes entre los tres países. Asimismo, resultó útil para detectar interrelaciones entre categorías, como, por ejemplo, de qué manera las brechas sociodigitales afectan la participación ciudadana, o cómo la falta de gobernanza digital limita los efectos de la transparencia tecnológica.

De forma complementaria, se desarrolló un análisis documental que incluyó leyes, decretos, planes nacionales de transformación digital, estrategias institucionales, informes de evaluación y documentos técnicos producidos por organismos multilaterales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos textos fueron codificados temáticamente utilizando los mismos criterios definidos en la matriz, lo que permitió contrastar el discurso normativo con las percepciones empíricas de los actores entrevistados.

Por ejemplo, aunque los planes nacionales en los tres países enfatizan la transparencia como objetivo estratégico de la digitalización, muchos funcionarios expresaron que “las plataformas existen, pero nadie las usa” o que “los sistemas no están conectados entre sí, así que no sirven para hacer seguimiento real”. Esta triangulación entre fuentes discursivas y documentales fortaleció la validez interpretativa y permitió establecer vínculos sólidos entre las dimensiones estructurales del problema y las experiencias institucionales en el terreno.

RESULTADOS

Los hallazgos revelaron que, en los tres países analizados, la percepción sobre la digitalización variaba según el nivel jerárquico de los funcionarios públicos. Mientras los altos mandos valoraban la digitalización como una herramienta para mejorar la eficiencia y la transparencia, los niveles operativos expresaron preocupaciones sobre la sobrecarga laboral y la falta de capacitación adecuada. En Brasil y México, varios participantes señalaron que la implementación de nuevas tecnologías no siempre respondía a las necesidades reales de los ciudadanos, sino que, en muchos casos, obedecía a decisiones políticas sin una evaluación previa de su viabilidad o impacto.

Asimismo, los resultados mostraron que la resistencia al cambio sigue siendo un factor determinante en la adopción de tecnologías digitales dentro de la administración pública. En particular, algunos funcionarios de nivel medio manifestaron que la falta de incentivos y la incertidumbre sobre la repercusión de la digitalización en sus funciones laborales generaban actitudes reticentes hacia la adopción de nuevos sistemas. En México, los entrevistados señalaron que la implementación de tecnologías sin procesos adecuados de capacitación había generado dificultades operativas, retrasos y frustración entre los empleados. Esta resistencia y otros factores asociados a la adopción digital fueron explorados a través de entrevistas y grupos focales, cuyos perfiles y características se detallan a continuación.

Los datos sintetizados en las siguientes tablas provienen de entrevistas y grupos focales realizados con servidores públicos, directivos técnicos y gestores de innovación institucional en tres países latinoamericanos. Las organizaciones a las que pertenecen varían en tamaño y nivel administrativo, incluyendo alcaldías, gobernaciones, ministerios nacionales y agencias especializadas. La muestra incluyó participantes de zonas urbanas capitalinas, regiones intermedias y territorios rurales, lo que permitió incorporar una diversidad de perspectivas según el grado de infraestructura tecnológica y los desafíos contextuales.

Los perfiles fueron seleccionados intencionalmente para representar tanto a funcionarios con trayectoria en cargos directivos como a equipos técnicos de base, abarcando instituciones consolidadas y otras en transición digital. Las zonas de residencia y trabajo de los entrevistados presentan contrastes significativos en términos de acceso a conectividad, centralización institucional y capacidades operativas, factores que inciden directamente en sus percepciones sobre la digitalización, la transparencia y la adopción de tecnologías emergentes. Con este enfoque, las tablas que siguen permiten identificar patrones comparativos y conclusiones contextualizadas que aportan a la comprensión de la transformación digital en la administración pública latinoamericana.

En el caso de Colombia, se identificó una preocupación particular respecto a la dependencia de consultorías privadas para desarrollar soluciones digitales. Algunos participantes señalaron que, sin personal interno capacitado, los gobiernos locales enfrentaban riesgos de obsolescencia tecnológica y dependencia de proveedores externos. Esta situación refuerza la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para garantizar la continuidad de los sistemas digitales en el sector público. Estos aspectos fueron sintetizados a partir de los testimonios de los entrevistados y categorizados mediante un análisis cualitativo, como se muestra en la Tabla 2.

Resistencia al cambio

La resistencia cultural hacia las tecnologías digitales fue una constante en los tres países analizados, particularmente en instituciones con estructuras jerárquicas tradicionales y modelos burocráticos rígidos. En muchas organizaciones gubernamentales, los funcionarios de mayor antigüedad expresaron preocupación por la automatización de procesos, percibiéndola como una amenaza a la estabilidad laboral o como una alteración en las dinámicas de trabajo establecidas. En contraste, los empleados más jóvenes mostraron una actitud más receptiva hacia la digitalización, aunque señalaron dificultades para integrar nuevas tecnologías sin una capacitación adecuada ni una estrategia clara de implementación.

Los testimonios recogidos en las entrevistas revelan que, si bien inicialmente existía resistencia, la percepción sobre la digitalización ha evolucionado en instituciones que han demostrado beneficios tangibles. El análisis cualitativo permitió identificar que la digitalización ha reducido tiempos de respuesta en trámites, mejorado la transparencia y optimizando la comunicación interna. Estos avances han generado un cambio en la mentalidad de los funcionarios, quienes comienzan a valorar sus ventajas operativas. Sin embargo, la adopción de estas herramientas aún depende de la voluntad política y el liderazgo institucional, factores determinantes en la transformación digital de la gestión pública.

Un aspecto clave en la resistencia al cambio es la percepción de la digitalización como un proceso impuesto, sin suficiente consulta o participación de los funcionarios públicos en su diseño e implementación. En algunos casos, los trabajadores han señalado que la adopción de tecnologías digitales no ha considerado sus necesidades específicas, lo que ha resultado en herramientas ineficaces para sus tareas diarias. Esta falta de inclusión en la toma de decisiones ha generado desconfianza y ha ralentizado la integración digital en varias áreas de la administración pública.

Asimismo, los sindicatos y asociaciones de trabajadores han desempeñado un papel relevante en la resistencia, argumentando que la digitalización podría usarse como una estrategia para reducir personal. Esta percepción ha creado tensiones entre las autoridades gubernamentales y los empleados, lo que ha ocasionado que algunos proyectos digitales se implementen de manera parcial o con retrasos. Ante esta situación, algunos gobiernos han optado por desarrollar estrategias de comunicación y acompañamiento para mitigar los temores relacionados con el cambio.

Capacitación y habilidades

Una de las barreras más significativas para la digitalización en la administración pública ha sido la falta de programas de formación continua en competencias digitales, lo que limita la capacidad de los funcionarios para adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas y maximizar su uso. En los tres países estudiados, se identificó que muchos servidores públicos carecen de conocimientos básicos en el manejo de plataformas digitales, lo que retrasa la adopción de sistemas automatizados y genera dependencia de un número reducido de especialistas en tecnología dentro de cada institución. Esta brecha en capacitación ha sido especialmente evidente en sectores como la administración tributaria, la gestión documental y la atención ciudadana, donde el uso de herramientas digitales resulta clave para mejorar la eficiencia.

Los participantes coincidieron en que la capacitación no solo debe centrarse en habilidades técnicas, sino también en el desarrollo de una mentalidad de adaptación al cambio. En muchos casos, la falta de formación ha generado resistencia e inseguridad frente al uso de nuevas tecnologías, especialmente entre funcionarios con trayectorias prolongadas basadas en métodos tradicionales.

Asimismo, se subrayó la necesidad de contar con programas de capacitación escalonados y ajustados a las demandas de cada nivel jerárquico dentro de la administración pública. Algunas instituciones han comenzado a implementar iniciativas de formación en colaboración con universidades y centros de investigación; sin embargo, su alcance sigue siendo limitado debido a restricciones presupuestarias y a la falta de estrategias sostenidas de actualización continua.

También se observó que la capacitación en tecnologías digitales ha sido desigual en las distintas áreas de la administración pública. Mientras que en algunas dependencias se han realizado esfuerzos significativos para entrenar al personal en el uso de herramientas digitales, en otras persisten procesos manuales debido a la falta de formación específica. Esta disparidad ha generado una brecha interna dentro de las instituciones, donde algunos departamentos avanzan en la transformación digital mientras que otros se rezagan, afectando la eficiencia general de la entidad.

Además, se identificó la necesidad de incorporar en los programas formativos no solo el dominio de herramientas digitales, sino también la alfabetización digital crítica. La capacidad de los funcionarios para interpretar datos, gestionar información de manera segura y comprender los riesgos de ciberseguridad resulta fundamental para una implementación efectiva de la digitalización. Los expertos recomendaron desarrollar programas formativos que incluyan manejo de plataformas digitales, análisis de datos y la ciberseguridad como pilares para una transición exitosa. Estos elementos fueron identificados a partir de los testimonios de los entrevistados y clasificados mediante análisis cualitativo, como se presenta en la Tabla 3.

Desigualdad en el acceso a la información

Aunque la digitalización ha sido promovida como una herramienta para mejorar la transparencia y facilitar el acceso a la información, los datos recabados muestran que persisten brechas significativas en la disponibilidad y comprensión de la información pública. En particular, las entrevistas reflejan que muchas personas, especialmente aquellas en comunidades rurales o marginadas, enfrentan dificultades para acceder a plataformas digitales gubernamentales. Esto se debe tanto a la falta de infraestructura tecnológica, como a la escasa conectividad a internet de calidad, así como a factores socioeconómicos que limitan el acceso a dispositivos adecuados para la navegación en línea.

Más allá del acceso físico, se identificó un desafío adicional vinculado a la comprensión del contenido disponible. En muchos casos, los documentos oficiales están escritos en un lenguaje técnico o burocrático que dificulta su comprensión por parte de la ciudadanía. Aunque la información esté en línea, su utilidad se ve reducida si las personas no pueden entenderla o utilizarla de forma efectiva. Para mitigar esta situación, algunos gobiernos han implementado iniciativas de alfabetización digital y han intentado simplificar el lenguaje administrativo, pero la cobertura de estos programas sigue siendo insuficiente y desigual entre las diferentes regiones.

Otro hallazgo relevante es que la digitalización no ha logrado eliminar por completo las barreras sociales en el acceso a la información pública. Si bien las plataformas digitales tienen el potencial de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, los sectores más vulnerables siguen teniendo dificultades para beneficiarse de estos avances. En determinadas zonas, los trámites en línea requieren documentos que aún no están digitalizados, lo que obliga a muchas personas a recurrir a procesos presenciales más lentos y burocráticos. Esta situación perpetúa desigualdades preexistentes y contraviene el principio de equidad en el acceso a la información pública.

La falta de estrategias integrales de inclusión digital también incide en esta desigualdad. En muchos países, la implementación de tecnologías digitales se ha centrado en las áreas urbanas, dejando a las comunidades rurales y a las zonas con menor infraestructura en desventaja. Este enfoque ha profundizado la brecha digital, limitando los beneficios de la digitalización en la democratización de la información pública. Para enfrentar este problema, es necesario invertir en conectividad, capacitación digital y el desarrollo de plataformas más accesibles que respondan a la diversidad socioterritorial y educativa de la población.

Corrupción estructural

En los países estudiados, la corrupción continúa siendo un obstáculo significativo para la transparencia y la eficiencia gubernamental, incluso con la implementación de iniciativas de digitalización. Los entrevistados coincidieron en que la adopción de tecnologías digitales, por sí sola, no es suficiente para erradicar las prácticas corruptas si no se acompaña de reformas institucionales profundas y un cambio en la cultura organizacional. En particular, se destacó que, en algunos casos, la digitalización ha sido utilizada no para combatir la corrupción, sino para sofisticar las redes de clientelismo y desviar fondos públicos a través de mecanismos tecnológicamente más complejos y difíciles de rastrear.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la identificación de nuevas formas de corrupción facilitadas por la digitalización. Por ejemplo, se reportaron casos en los que los sistemas de contratación pública en línea han sido manipulados mediante la programación de algoritmos que favorecen a ciertas empresas o restringen la competencia real. Además, si bien la automatización de procesos administrativos ha reducido la discrecionalidad en la toma de algunas decisiones, también ha generado nuevas oportunidades para prácticas irregulares en áreas como la asignación de contratos y la gestión de licitaciones. Esto demuestra que, sin una supervisión efectiva y mecanismos de auditoría adecuados, las tecnologías digitales pueden ser cooptadas para reforzar estructuras corruptas en lugar de eliminarlas.

Se identificó también la resistencia de algunos actores gubernamentales a la implementación de herramientas digitales que favorezcan la transparencia. En varias entrevistas, los participantes mencionaron que ciertos funcionarios han bloqueado la digitalización de procesos clave, como la publicación de presupuestos o el acceso a datos abiertos, ya que estas medidas reducirían las oportunidades para la malversación de fondos o el tráfico de influencias. Este comportamiento refuerza la idea de que la corrupción no es solo un problema técnico, sino una cuestión estructural que exige voluntad política para ser abordada de manera efectiva.

El análisis cualitativo reveló que la digitalización puede mejorar la transparencia, pero su éxito depende del fortalecimiento institucional y de un marco regulatorio sólido. Sin supervisión efectiva, podría volverse un mecanismo simbólico sin impacto real en la corrupción. Por ello, se recomienda acompañar estas iniciativas con políticas de control, capacitación en ética pública y participación ciudadana. Estos factores fueron extraídos de los testimonios de los participantes y estructurados a través de un análisis cualitativo, como se muestra en la Tabla 4.

Desigualdad en el acceso a la información

La implementación de nuevas tecnologías en la administración pública, si bien prometedora, no ha logrado eliminar la brecha digital de manera significativa. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por mejorar la transparencia mediante tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) y blockchain, los datos sugieren que muchos sectores de la población continúan sin acceso a estas herramientas, lo que limita su efectividad. En particular, las poblaciones rurales, los sectores con bajos ingresos y aquellos con menor alfabetización digital enfrentan obstáculos sustanciales para beneficiarse de la digitalización. Entre las principales barreras estructurales se encuentran la falta de conectividad a internet de alta velocidad y el acceso limitado a dispositivos de tecnología adecuados.

La desigualdad en el acceso a la información no solo obedece a factores tecnológicos, sino también a la ausencia de estrategias gubernamentales para adaptar las tecnologías a las necesidades de la población. Muchas plataformas digitales requieren conocimientos técnicos avanzados o procesos de autenticación complejos, dificultando su uso para ciertos sectores. Además, los documentos en línea suelen estar en formatos poco accesibles o con lenguaje técnico, limitando su comprensión. La falta de programas de alfabetización digital refuerza esta exclusión, impidiendo que algunos grupos accedan plenamente a la información pública.

En este contexto, los resultados del estudio reflejan que la desigualdad en el acceso a la información no solo es un problema tecnológico, sino también un desafío institucional y social. Aunque algunos gobiernos han implementado iniciativas para ampliar el acceso, como puntos de conectividad gratuita o plataformas simplificadas, dichas medidas aún no han alcanzado una cobertura suficiente para reducir la brecha digital de manera efectiva. Además, la mayoría de los esfuerzos por digitalizar la información gubernamental han estado enfocados en sectores urbanos con mayor infraestructura tecnológica, dejando rezagadas a comunidades más vulnerables.

Los datos obtenidos reflejan que la digitalización sin políticas complementarias puede incluso aumentar las desigualdades existentes. Por ejemplo, algunos procesos administrativos que antes podían realizarse de manera presencial han sido trasladados completamente al ámbito digital, dejando fuera a quienes no tienen acceso a la tecnología o carecen de habilidades digitales. En lugar de mejorar la inclusión, esto ha generado nuevas formas de exclusión, evidenciando la necesidad de políticas públicas más inclusivas y mecanismos de asistencia para garantizar que la digitalización realmente contribuya a la democratización del acceso a la información.

Corrupción estructural

A pesar de los avances tecnológicos en la administración pública, los datos sugieren que la corrupción estructural sigue siendo un desafío persistente, como se muestra en la Tabla 4. Aunque la digitalización ha mejorado la visibilidad de algunas irregularidades y ha permitido una mayor trazabilidad en ciertos procesos administrativos, no ha sido suficiente para eliminar las prácticas corruptas sin un cambio integral en la gobernanza. En muchos casos, la corrupción ha adoptado nuevas formas de manifestarse mediante la manipulación de sistemas digitales, la filtración de información clave y la cooptación de procesos tecnológicos para favorecer intereses particulares.

Uno de los principales hallazgos es que la digitalización, si bien puede aumentar la transparencia en algunas áreas, también ha generado oportunidades para prácticas corruptas más sofisticadas. Para ilustrar, en algunas licitaciones públicas, el uso de plataformas digitales ha permitido un acceso más amplio a la información, pero al mismo tiempo, se han identificado casos en los que los algoritmos de selección han sido diseñados para favorecer a ciertos proveedores. En este sentido, la automatización de ciertos trámites ha reducido la discrecionalidad de los funcionarios en la toma de decisiones, pero en algunos contextos, ha facilitado la creación de redes de corrupción que operan a través de la manipulación de bases de datos o la alteración de registros electrónicos.

Asimismo, los resultados revelan que la implementación de tecnologías digitales ha sido utilizada como una estrategia política para proyectar una imagen de transparencia, sin que esto se traduzca en un cambio real en las estructuras de poder. En algunos países, la digitalización de documentos y procesos ha sido promovida como una solución contra la corrupción, pero en la práctica, no se han desarrollado mecanismos efectivos para supervisar y sancionar a los actores involucrados en prácticas ilícitas. Esto sugiere que la digitalización, por sí sola, no puede garantizar la transparencia si no se acompaña de reformas institucionales que refuercen la rendición de cuentas y la independencia de los organismos de control.

De igual forma, los datos indican que la lucha contra la corrupción mediante la digitalización requiere un enfoque integral que combine tecnología con el fortalecimiento institucional. Sin un marco regulatorio sólido y vigilancia efectiva, las herramientas digitales pueden ser usadas para legitimar prácticas corruptas. Es fundamental que la digitalización se acompañe de políticas de transparencia, capacitación en ética pública y participación ciudadana. Estos puntos clave fueron identificados en los discursos de los entrevistados de los tres países analizados (ver Tabla 5).

Los resultados del estudio confirman que, tal como se planteó en la hipótesis, la digitalización por sí sola no es suficiente para resolver los problemas de transparencia y eficiencia en la administración pública. Si bien las tecnologías emergentes como la IA y el blockchain ofrecen oportunidades significativas para mejorar la gobernanza, es esencial que se acompañen de un enfoque cultural y estructural integral. Esto incluye la capacitación del personal público, el cambio de mentalidad en la administración pública, y políticas de gobernanza robustas para asegurar que la digitalización sea una herramienta efectiva en la lucha contra la corrupción y la mejora de la transparencia. Los hallazgos resaltan la necesidad de una estrategia holística que combine la digitalización con la reformulación de las estructuras políticas y administrativas para garantizar una mayor eficacia y justicia social.

A medida que se profundiza en los resultados, se observa que la implementación de tecnologías emergentes ha mostrado avances importantes, pero no exentos de limitaciones. Si bien algunos gobiernos han incorporado progresivamente la IA y el blockchain en sus sistemas, el análisis revela que la resistencia cultural sigue siendo un factor determinante que inhibe su efectividad. En particular, las instituciones con estructuras jerárquicas rígidas, como las de Brasil y México, enfrentan mayores dificultades para integrar estas herramientas en sus procesos administrativos, lo que ha derivado en procesos fragmentados de adopción que limitan el potencial transformador de la digitalización.

De este modo, aunque las tecnologías digitales proporcionan el marco para modernizar la administración pública, su implementación se ve obstaculizada por la falta de formación técnica, la resistencia institucional y la ausencia de capacitación. Lo que impide que estas tecnologías cumplan con su potencial transformador en términos de transparencia y eficiencia.

Conjuntamente, los hallazgos subrayan que la digitalización debe ser vista como un catalizador de cambio dentro de un contexto más amplio de reforma institucional. Aunque las tecnologías emergentes pueden ser eficaces para mejorar la gestión pública, su implementación exitosa está condicionada a la existencia de un marco regulatorio robusto, un liderazgo comprometido con la innovación y la voluntad política de transformar las estructuras tradicionales.

En países como Colombia, por ejemplo, si bien se han registrado avances en ciertos sectores mediante la digitalización, aún persisten desafíos relacionados con la falta de coordinación intergubernamental y la integración de políticas públicas de largo plazo. Este contexto evidencia la necesidad de acompañar las iniciativas digitales con reformas estructurales que fortalezcan las instituciones democráticas, promuevan una transparencia efectiva y generen un ambiente de confianza, en el que los ciudadanos perciban los beneficios de estas transformaciones.

DISCUSIÓN

El estudio aporta una comprensión más profunda de los desafíos y oportunidades que plantea la digitalización en la administración pública de América Latina. Se identificaron obstáculos específicos, como la resistencia cultural, la falta de capacitación en competencias digitales y la desigualdad en el acceso a la tecnología. Además, se evidenció que la digitalización no constituye una solución universal, sino que requiere un enfoque integral que tome en cuenta el contexto institucional y político de cada país.

Mientras que Mota et al. (2025) identificaron la brecha digital principalmente como un problema de acceso tecnológico, esta investigación evidenció que dicha brecha también responde a exclusiones estructurales dentro de los sistemas políticos y sociales, en línea con lo señalado por Filgueiras et al. (2025). Asimismo, se constató que la digitalización no garantiza mayor transparencia sin reformas que fortalezcan la gobernanza (Lui & Avelino, 2025).

También resulta relevante analizar el papel que desempeñan las tecnologías digitales en la persistencia de la corrupción. Si bien estudios previos destacan su contribución a la mejora de la rendición de cuentas (Nadal et al., 2024), este estudio evidencia que la ausencia de regulaciones adecuada facilita la tecnificación de redes clientelistas. Lo anterior sugiere que la transparencia depende más de la capacidad institucional que de la mera adopción de tecnologías.

Los hallazgos además reflejan preocupaciones sobre la automatización en decisiones gubernamentales. Mientras algunos estudios la presentan como neutral (Latupeirissa et al., 2024), otros advierten que los sesgos algorítmicos pueden reforzar desigualdades (Santos Silva et al., 2024). En ese sentido, este trabajo resalta la urgencia de implementar regulaciones que garanticen equidad en el uso de estas herramientas.

La digitalización también plantea desafíos en ciberseguridad. Si bien ha mejorado la eficiencia de los servicios públicos (Mota et al., 2025), gobiernos con infraestructuras frágiles enfrentan mayores riesgos de ciberataques (Filgueiras et al., 2025). No obstante, los hallazgos de esta investigación evidencian que la falta de coordinación entre agencias y la escasez de expertos no solo persisten como obstáculos (Lui & Avelino, 2025), sino que además agravan la vulnerabilidad de los sistemas gubernamentales, limitando su capacidad de respuesta ante amenazas digitales

La participación ciudadana emerge como un componente crucial en la digitalización. Diversos estudios destacan su impacto en la transparencia (Nadal et al., 2024); sin embargo, los hallazgos de este estudio evidencian que su efectividad depende de estrategias de alfabetización digital implementadas de manera integral. Casos como Estonia y Corea del Sur muestran que la inclusión digital fortalece la confianza en las instituciones públicas, lo que respalda la necesidad de programas educativos que reduzcan la brecha de participación.

En términos económicos, la digitalización presenta tanto oportunidades como desafíos. Aunque puede reducir costos operativos (Latupeirissa et al., 2024), requiere inversiones en infraestructura y capacitación (Santos Silva et al., 2024). Este estudio enfatiza la necesidad de políticas que equilibren la modernización digital con otras prioridades gubernamentales.

Como conclusión principal, esta investigación evidenció que la digitalización de la administración pública en América Latina es un proceso complejo que no solo depende de la adopción de nuevas tecnologías, sino de la transformación estructural de las instituciones gubernamentales. Si bien la digitalización tiene el potencial de mejorar la transparencia y la eficiencia, sus beneficios pueden verse limitados si no se implementan estrategias complementarias que aborden las desigualdades estructurales y la resistencia al cambio.

A partir de estos hallazgos, se propone una agenda de investigación futura orientada a responder preguntas clave: ¿cómo pueden los gobiernos desarrollar estrategias inclusivas para la digitalización?, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la administración pública y qué mecanismos regulatorios son necesarios para garantizar su uso ético?, ¿cómo puede la digitalización reducir la corrupción en contextos con instituciones débiles y bajos incentivos políticos para la rendición de cuentas?, ¿qué medidas pueden implementarse para superar las resistencias culturales y garantizar que la digitalización beneficie equitativamente a todos los niveles de la administración pública?

REFERENCIAS

Al-Billeh, T., Hmaidan, R., Al-Hammouri, A., & Al Makhmari, M. (2024). The risks of using artificial intelligence on privacy and human rights: Unifying global standards. Jurnal Media Hukum, 31(2), 333-350. https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23480

Alcarraz-Chávez, N. R. (2022). Reflexiones sobre la ética en la gestión pública desde una perspectiva de América Latina. Revista de Investigación Valor Agregado, 9(1), 124-132. https://doi.org/10.17162/riva.v9i1.1878

Almache-Barreiro, J. C., & Albert-Márquez, J. J. (2024). La cibercandidatura política de la inteligencia artificial y su impacto en los sistemas democráticos de los Estados. Iberoamerican Journal of Development Studies, 13(2), 6-20. https://doi.org/10.26754/ojs_ried/ijds.10203

Arifin, A. A., & Lennerfors, T. T. (2022). Ethical aspects of voice assistants: A critical discourse analysis of Indonesian media texts. Journal of Information, Communication and Ethics in Society, 20(1), 18-36. https://doi.org/10.1108/JICES-12-2020-0118

Bernedo Soto, J. M., Bernedo Soto, M. L., & Murillo Ticona, T. A. (2023). La Gobernanza de las Políticas Públicas en Tiempos de Pandemia. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(5), 1192-1212. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.7796

Bircan, T., & Özbilgin, M. F. (2025). Unmasking inequalities of the code: Disentangling the nexus of AI and inequality. Technological Forecasting and Social Change, 211, 123925. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123925

Cordella, A., & Iannacci, L. (2010). Information systems in the public sector: The e-government enactment framework. The Journal of Strategic Information Systems, 19(1), 52-66. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2010.01.001

Criado, J. I., & Gil-García, J. R. (2019). Creating public value through smart technologies and strategies: From digital services to artificial intelligence and beyond. International Journal of Public Sector Management, 32(5), 438-450. https://doi.org/10.1108/IJPSM-07-2019-0178

Denzin, N. K. (2012). The research act: A theoretical introduction to sociological methods (2nd ed.). Routledge.

Elias, M. A., Faversani, L. A., Moreira, J. A. V., Masiero, A. V., & Bellinati, N. V. C. (2023). Inteligencia artificial en salud y sus implicaciones bioéticas: Una revisión sistemática. Revista Bioética, 31, e3542ES, 1-12. https://doi.org/10.1590/1983-803420233542ES

Filgueiras, F., Flávio, C., & Palotti, P. (2019). Digital transformation and public service delivery in Brazil. Latin American Policy, 10(2), 195-219. https://doi.org/10.1111/lamp.12169

Filgueiras, F., Lui, L., Gomes Rosa, T., & Candido Ferreira, G. (2025). The institutional design of data governance in Brazil: Entropy, restrictiveness and institutional grammar. Policy Design and Practice, 1-25.https://doi.org/10.1080/25741292.2025.2460838

Flick, U. (2018). An introduction to qualitative research (6th ed.). Sage Publications.

Fox, J. A. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? World Development, 72, 346-361. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011

Hatherall, L., & Sethi, N. (2025). Exploring expert and public perceptions of answerability and trustworthy autonomous systems. Journal of Responsible Technology, 21, 100106. https://doi.org/10.1016/j.jrt.2025.100106

Hilario Rivas, J. L., Apaza Mendoza, J. P., Musse Carrasco, R. S., Herrera Torres, R. J., Patiño García, G. C., & Chamoli Falcón, A. W. (2025). Confianza ciudadana y aplicación de la IA en la administración pública: Un análisis de revisión sistemática. Revista InveCom, 5(4), 1-11. https://doi.org/10.5281/zenodo.14854656

Jaillant, L., & Rees, A. (2023). Applying AI to digital archives: Trust, collaboration, and shared professional ethics. Digital Scholarship in the Humanities, 38(2), 571-585. https://doi.org/10.1093/llc/fqac073

Kraus, S., Durst, S., Ferreira, J. J., Veiga, P., Kailer, N., & Weinmann, A. (2021). Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo. International Journal of Information Management, 63, 102466. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466

Latupeirissa, J. J. P., Dewi, N. L. Y., Prayana, I. K. R., Srikandi, M. B., Ramadiansyah, S. A., & Pramana, I. B. G. A. Y. (2024). Transforming Public Service Delivery: A Comprehensive Review of Digitization Initiatives. Sustainability, 16(7), 2818. https://doi.org/10.3390/su16072818

Lui, L., & Avelino, C. P. (2025). Policy Design Spaces in Brazil's and Argentina's Digital Government. Journal of Public Affairs, 25(1), e70010. https://doi.org/10.1002/pa.70010

Machado, H., Silva, S., & Neiva, L. (2025). Perspectivas del público sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial: Una revisión exploratoria. AI & Ethics, 5, 139-167. https://doi.org/10.1007/s43681-023-00387-1

Masinde, B. K., Gevaert, C. M., Nagenborg, M. H., van den Homberg, M. J. C., Margutti, J., Gortzak, I., & Zevenbergen, J. A. (2024). Auditing flood vulnerability geo-intelligence workflow for biases. ISPRS International Journal of Geo-Information, 13(12), 419. https://doi.org/10.3390/ijgi13120419

Melendrez Campos, G. V., Siancas Anastacio, C. B., & Chávez Rivas, P. I. (2024). Transformación digital en entidades públicas: Una revisión de literatura. Horizonte Empresarial, 11(1), 404-420. https://doi.org/10.26495/8zp4zx72

Montaño, L., & Montaño, J. (2023). Leyes y ética en la inteligencia artificial: Implicaciones jurídicas en el desarrollo tecnológico. Código Científico, 4(E2), 120-136. https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v4/nE2/198

Morse, J. M. (2015). Critical issues in qualitative research methods. SAGE.

Mota, F. P. B., dos Santos, J. G., & da Silva, M. A. (2025). E-gov for whom? Profile and challenges for non-users in the Brazilian context. Information Development. https://doi.org/10.1177/02666669251327184

Nadal, F., Pedroso, B., & De Oliveira, E. (2024). Revisão sistemática de literatura: Modelos e ferramentas de avaliação de satisfação de serviços públicos a partir de la experiencia del usuario. Revista de Gestão e Secretariado, 15(1), 547-566. https://doi.org/10.7769/gesec.v15i1.3244

Plantinga, P., Shilongo, K., Mudongo, O., Umubyeyi, A., Gastrow, M., & Razzano, G. (2024). Responsible artificial intelligence in Africa: Towards policy learning. Data & Policy, 6, e72. https://doi.org/10.1017/dap.2024.60

Pupic, N., Ghaffari-Zadeh, A., Hu, R., Singla, R., Darras, K., Karwowska, A., & Forster, B. B. (2023). An evidence-based approach to artificial intelligence education for medical students: A systematic review. PLOS Digital Health, 2(11), e0000255. https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000255

Reinhardt, K. (2022). Trust and trustworthiness in AI ethics. AI and Ethics, 3(3), 735-744. https://doi.org/10.1007/s43681-022-00200-5

Ricoy-Casas, R. M., Fernández-González, R., & Santos-Garrido, M. (2025). Alumnado subrepresentado e inteligencia artificial. European Public & Social Innovation Review, 10, 1-22. https://doi.org/10.31637/epsir-2025-843

Rincón Martínez, A. M., Obando Peralta, E. C., Durand Azcárate, L. A., & Alza Collantes, C. J. (2023). Ética, Estado y gestión pública en América Latina. Revista Venezolana de Gerencia, 28(101), 384-399. https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.101.24

Rubino-Hallman, S., & Hanna, N. K. (2007). Nuevas tecnologías para la transformación del sector público: Un análisis crítico de las iniciativas de gobierno electrónico en América Latina y el Caribe. Revista de Gobierno Electrónico, 3(3), 3-39. https://doi.org/10.1300/J399v03n03_02

Rueda, J. (2023). ¿Automatizando la mejora moral humana? La inteligencia artificial para la ética. Daimon, 89, 199-209. https://doi.org/10.6018/daimon.508771

Sakuntala, S., Sarakanam, S., Dhavan, A., Taggar, R., & Kohli, G. (2024). The complexity of corruption and recent trends in information technology for combating corruption in India. Public Administration and Policy, 27(2), 126-139. https://doi.org/10.1108/PAP-05-2023-0058

Saldanha, D. M. F. (2022). Transparency and accountability in digital public services: Learning from the Brazilian cases. Government Information Quarterly, 39(2), 101680. https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101680

Sánchez Acevedo, M. E. (2024). Regulación de algoritmos y sistemas de IA para la toma de decisiones judiciales en Colombia. Vía Inveniendi Et Iudicandi, 19(1), 73-104. https://doi.org/10.15332/19090528.10098

Santos Silva, A., Araújo, A., Palomino, P., Araújo, R., & Dermeval, D. (2024). Mastering Requirements Volatility: Strategies for Dynamic Environments and Multiple Stakeholders in Government Software Projects. IEEE Access, 12, 183060-183077. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3510056

Silva Andrade, G. J., Ayala Ayala, L. R., Vicuña Pozo, V. E., & Silva Andrade, D. A. (2024). Claves para la eficiencia en la administración pública: Un enfoque en los principios de jerarquía, transparencia y buena fe. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 11(2), 17. https://doi.org/10.46377/dilemas.v11i2.4023

Viale Pereira, G., Estevez, E., Cardona, D., Chesñevar, C., Collazzo-Yelpo, P., Cunha, M. A., Diniz, E. H., Ferraresi, A. A., Fischer, F. M., Cardinelle Oliveira García, F., Joia, L. A., Luciano, E. M., de Albuquerque, J. P., Quandt, C. O., Sánchez Rios, R., Sánchez, A., Damião da Silva, E., Silva-Junior, J. S., & Scholz, R. W. (2020). South American expert roundtable: Enhancing adaptive governance capacity to address unintended side effects of digital transformation. Sustainability, 12(2), 718. https://doi.org/10.3390/su12020718

Viana, A. C. A. (2021). Digital transformation in Public Administration: from E-Government to Digital Government. International Journal of Digital Law, 2(1), 29-46. https://doi.org/10.47975/IJDL/1viana

Zepeda, M. E., Cardoso, E. O., & Cortés, J. A. (2024). Influencia de la inteligencia artificial en la educación media y superior. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 14(28), e679. https://doi.org/10.23913/ride.v14i28.1949

Zheng, Y. (2016). The impact of e-participation on corruption: A cross-country analysis. International Review of Public Administration, 21(2), 91-103. https://doi.org/10.1080/12294659.2016.1186457

Notas de autor

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Información adicional

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