2025
371
18122025
02032026
Artículos
Recepción: 18 Diciembre 2025
Aprobación: 02 Marzo 2026
DOI: https://doi.org/10.46553/colec.2026.4971
Resumen: Desde 1985 el plan de estabilización Austral permitió a la economía argentina un breve periodo de estabilidad y baja inflación. En esa coyuntura atravesada por la recuperación de la democracia desde 1983 se avivó el debate por las reformas estructurales. Una propuesta dentro de este marco fue el llamado informe Okita, que ofició como una estrategia de desarrollo para la economía argentina propuesta por economistas japoneses tras un pedido formal de Alfonsín a su gobierno. El trabajo analiza el informe deteniéndose en su diagnóstico sobre la historia económica argentina, su propuesta sectorial de reforma y desarrollo y las controversias que generó en el ámbito de la política económica. La hipótesis presentada sostiene que la estrategia de desarrollo japonés se inscribió en el marco de las tensiones al interior del gobierno y que constituyó una alternativa a las propuestas neoliberales que se imponían. Sin embargo, el mismo eludió discutir temas sensibles para la política económica como el endeudamiento externo.
Palabras clave: inflación, deuda externa, desarrollo, Estado, neoliberalismo.
Abstract: Since 1985, the Austral Stabilization Plan (ASP) allowed the Argentine economy a brief period of stability and low inflation. During this period, marked by the return of democracy since 1983, the debate over structural reforms was intensified. One proposal within this framework was the so-called Okita Report, which served as a development strategy for the Argentine economy proposed by Japanese economists following a formal request from Alfonsín to his government. This article analyzes the report, focusing on its diagnosis of Argentine economic history, its sectoral proposal for reform and development, and the controversies it generated in the area of economic policy. The hypothesis presented maintains that the Japanese development strategy was part of the context of tensions within the government and constituted an alternative to the prevailing neoliberal proposals. However, the report avoided discussing sensitive economic policy issues such as foreign debt.
Keywords: inflation, external debt, development, State, neoliberalism.
I. Introducción
La década del setenta se caracterizó por una serie de transformaciones relevantes para el capitalismo mundial. A partir de 1974-1975 inició una recesión en los países desarrollados que contrajo el comercio internacional y aumentó la inflación. El ciclo se trasladó a América Latina, donde los modelos de desarrollo de industrialización sustitutiva e intervención estatal comenzaron a ser cuestionados y debatidos (Titelman, Pérez y Minzer 2008, 9-17). Detrás de la crisis mundial del modelo fordista, el cual organizó la producción desde la segunda mitad del siglo, se encontraba el agotamiento tecnológico, los crecientes conflictos distributivos y la caída de la tasa de ganancia (Mandel 1979, 35-50). Episodios como el desarme de los acuerdos de Bretton Woods en 1971 y la salida de EE. UU. del patrón oro como la crisis del petróleo en 1973 agravaron la volatilidad global.
En los ochenta, el alza de las tasas de interés en los EE. UU. como parte de su combate contra la inflación impactó en los países que, tras la amplia disponibilidad de liquidez, habían contraído deuda a tasas flotantes. La crisis de la deuda externa a partir de la mora mexicana de 1982 agravó la crisis regional junto con los deprimidos precios internacionales de las materias primas y la persistencia de la recesión en la economía mundial (Ocampo 2014, 28-35). Los años ochenta fueron años de crisis en América Latina, pero también de un periodo de surgimiento y consolidación de una globalización financiera que disputaba capacidades a los Estados (Eichengreen 1996, 241-260; Marichal 2014, 240-245 y Ocampo 2014, 25-30). En este contexto crítico de endeudamiento externo, estanflación y mayor injerencia de los acreedores externos y los organismos financieros internacionales tras la crisis de la deuda (Bekerman 1988, 431-436), el autoritarismo derivado de la Doctrina de la Seguridad Nacional norteamericana se debilitó. EE. UU., como correlato, comenzó a imponer el modelo de democracia liberal que se consolidaría en el globo tras la caída del Muro de Berlín en 1989. Por su parte, en América Latina comenzaba una ola de transiciones a la democracia dando fin a las dictaduras como las de Chile (1973-1990), Brasil (1964-1985), Uruguay (1983-1985), Paraguay (1954-1989), Bolivia (1964-1982), Argentina (1976-1983), entre otros.
En la Argentina de 1983, la Unión Cívica Radical (UCR) venció por primera vez en la historia al Partido Justicialista (PJ) y el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) desplegó un discurso político defendiendo la democracia y el Estado de derecho marcando un quiebre con la dictadura previa (1976-1983) (Aboy Carlés 2001, 167-171). Sin embargo, la situación económica en que la dictadura dejó el país era problemática: la deuda externa había pasado de unos 7.000 millones de dólares 45.000 millones de dólares, el déficit fiscal -incluyendo el del Banco Central de la República Argentina (BCRA)- era de 15% del PBI, la inflación estaba en niveles del 350% anualizada y los ingresos de la clase trabajadora habían perdido al menos un 30% desde 1975 (Rapoport 2020, 738-740). Luego de un primer intento por implementar un plan económico de reactivación con el Ministro de Economía Bernardo Grinspun (1983-1985), el descontrol de la inflación obligó al gobierno a un cambio. En 1985 asumió Juan Sourrouille (1985-1989), quien junto a un equipo de colaboradores implementaron el Plan Austral, reduciendo la inflación desde niveles críticos del 20% mensual al 2-3% (Basualdo 2006; Libman, Palazzo y Rodríguez 2022; Machinea 2022).
A partir de entonces, comenzó un intenso debate sobre la importancia de implementar reformas estructurales que, luego de haber reducido la inflación a los menores niveles desde 1974, dinamizaran el crecimiento económico, discutieran el rol del Estado e incentivaran al sector privado. Sin embargo, las restricciones derivadas del alto endeudamiento externo, la persistencia de la inflación y el déficit fiscal se combinaron con las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), los principales grupos económicos y la clase trabajadora (Brenta 2019, 79-85). Así, se sucedieron intentos para emprender privatizaciones de empresas públicas y para impulsar las exportaciones e inducir una mayor apertura de la economía. Algunas de estas iniciativas surgían del radicalismo, aunque estaban presentes las asesorías del FMI y el Banco Mundial (BM) en el marco del llamado “Plan Baker” (Bouzas y Keifman 1988, 39-43).[1] En esta coyuntura, el gobierno de Alfonsín solicitó al gobierno japonés la elaboración de un plan de desarrollo adecuado a la situación argentina. El encargo fue llevado a cabo por un equipo de profesionales liderados por el economista Saburo Okita,[2] que instalados en Argentina desde 1986 hicieron público su informe final en enero de 1987. Si bien el programa no fue adoptado por el gobierno constituye una fuente histórica importante para ponderar las alternativas de la reforma estructural de corte neoliberal de los organismos internacionales que comenzaba a aceptarse.[3] En este marco, en objetivo del trabajo es jerarquizar históricamente el informe Okita, es decir, en el marco de los debates económicos contemporáneos y analizar su programa de acción.
Los abordajes sobre el informe Okita son escasos, partiendo del análisis crítico y contemporáneo que realizaron economistas de la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas (FIEL). Estos, dieron cuenta de una errada perspectiva de planificación estatal y promoción del sector privado contrarias a la óptica liberal defendida (Artana, Bour, Susmel y Szewach 1987, 8-12). Luego, y, por el contrario, un pionero trabajo de Ferrer destacó el correcto reconocimiento de las insuficiencias estructurales formulado por los economistas japoneses, como también el énfasis en la transformación productiva para diversificar las exportaciones, el diagnóstico heterodoxo de la inflación, entre otras cuestiones (Ferrer 1991, 499-501). Posteriormente, el informe Okita fue recuperado por el economista japonés Hosono, parte de la International Development Center of Japan (JICA) que lo impulsó, en el marco de la conmemoración de la cooperación argentino-japonesa. Allí, Hosono destaca la amistad entre ambos países, el enfoque técnico del informe y su relevancia en el siglo XXI para la agenda de desarrollo (Hosono 2007, 285-289). De la misma forma, el economista japonés Abe abordó el informe Okita destacando la importancia de la cooperación y la complementariedad productiva entre ambos países y propuso volver sobre las políticas económicas de largo plazo del mismo y aumentar la complementariedad (Abe 2007, 6-7). En este marco, el trabajo propuesto propone poner en el centro una dimensión específica del informe Okita como es el lugar que tuvo relación a la disputa Estado/mercado y el debate sobre las reformas estructurales. En este sentido, se busca poner de relieve la propuesta de los economistas japoneses en la coyuntura histórica de discusión por la temprana reforma del capitalismo argentino y dar cuenta de las tensiones existentes introducidas por el informe Okita en el debate económico en tanto propuesta alternativa de desarrollo.
Por otro lado, cabe resaltar que el enfoque del trabajo se inscribe en la historiografía económica y adopta una metodología que parte sobre sus abordajes en el periodo estudiado. Particularmente, sobre la relevancia de comprender el alfonsinismo como un gobierno atravesado por la crisis estructural del capitalismo y las transformaciones económicas heredadas de la dictadura previa (Gerchunoff y Llach [1989] 2019, 467-470; Belini y Korol 2021, 260-265), las limitaciones del desequilibrio macroeconómico y las demandas sociales de la clase trabajadora (Rapoport, 2020) y la injerencia de los grupos económicos más poderosos (Azpiazu, Basualdo y Khavisse 1987, 180-185; Ortiz y Schorr 2021, 132-140) como la imposibilidad de controlar la inflación y avanzar en reformas estructurales desreguladoras que dinamizaran la economía (Cortés Conde 2005. 194-200), entre otras dimensiones. Puntualmente, damos cuenta del lugar del informe Okita en el marco específico de la gestión económica de Juan Sourrouille, teniendo en cuenta las explicaciones sobre su fracaso, su visión sobre las limitaciones existentes y convicciones de política económica (Torre 2021, 150-160; Machinea 2022). También, con una mirada crítica, consideramos las miradas convencionales sobre la gestión Sourrouille, tanto las más contemplativas que parten de señalar sus aciertos con el Plan Austral, la renovación de sus ideas de economía política respecto de las de extracción radical que encarnaba Grinspun y su potencial estabilizador en el marco de las restricciones de políticas aludidas, como aquellas más críticas (Massano 2018, 5-9; Brenta 2019, 117-120; Gerchunoff y Hora 2021, 181-189).
Metodológicamente, el trabajo analiza los documentos oficiales del informe Okita, reconstruye su aparición pública en la prensa, recoge las críticas y las presentaciones públicas del mismo y problematiza su contenido. Según sostenemos, el informe Okita muestra que el gobierno de Alfonsín contó con un diagnóstico y una propuesta de desarrollo detallada y a la altura de las circunstancias, pero que su equipo económico desestimó contribuyendo a la imposición de las ideas neoliberales posteriores. Por ello, se sostiene que el informe Okita funcionó como una alternativa a enfoques pro-mercado que estaban ganando consensos en el marco de la larga crisis económica y en el debate por la necesidad de emprender reformas estructurales como solución a la misma. A partir de esta verificación, el trabajo ofrece nuevos aportes a las interpretaciones sobre el periodo, muy concretamente matizando aquellas que jerarquizan, en primer lugar, las restricciones existentes y la falta de alternativa a las reformas neoliberales. Así, sostenemos que el gobierno alfonsinista contó con un programa que discutía desde una perspectiva heterodoxa la herencia de la dictadura y el retiro del Estado, la apertura irrestricta y la liberalización financiera extrema como alternativas de políticas. El trabajo se divide en las siguientes partes: i) en un primer apartado se analiza un antecedente central del informe Okita como fueron los Lineamientos de una estrategia de crecimiento económico presentados por Juan Sourrouille mientras fuera Secretario de Planificación Económica (1983-1985). ii) En un segundo apartado se aborda el diagnóstico general del informe Okita y iii) en un tercero se examinan en detalle sus propuestas de acción en materia de sectores privilegiados y medidas de política económica, entre otros aspectos.
II. Breve introducción al Informe Okita
La economía japonesa inició su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial y en los años 1950 comenzó a mostrar signos de recuperación. El gobierno se recostó en una política de promoción económica en base a la racionalización de divisas, el privilegio a la importación de materias primas, la protección temporal de la industria y la promoción de sectores seleccionados (siderurgia, petroquímica, textil, maquinaria y construcción naval). También se trabajó sobre el aumento de la productividad a partir de la organización gerencial y el financiamiento a la investigación y el desarrollo, la eliminación de aranceles a la importación de bienes de capital esenciales y la modernización de la infraestructura pública. Así, entre 1960-1973 el crecimiento de la economía fue acelerado sobre la base de tasas de inversión que llegaban al 20% anual. Las crisis petroleras y la volatilidad internacional de los años 1970 afectaron su dependencia energética y agravaron la inflación. De esta manera, entre 1973-1985 los esfuerzos se pusieron en reducir la dependencia del petróleo impulsando la provisión de otras fuentes de energía (hidráulica, gasífera, carbonífera, nuclear, etc.) y promover la producción avanzada de bienes intensivos en tecnología con mayor eficiencia (por ejemplo, de bienes vinculados a la computación, la electrónica y la informática). Así, en los años ochenta Japón había logrado acumular importantes superávits con sus socios comerciales y una presencia indiscutida entre las economías más desarrolladas (Girado 1997, 4-8).
Las relaciones entre Argentina y Japón se remontan a 1898 con la celebración del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Este tipo de tratados, recurrentemente impulsados en América Latina tenían como fin impulsar las relaciones y la presencia nipona en la región. Por consiguiente, aunque menor a la de los países europeos, la inmigración japonesa creció en las primeras décadas del siglo XX y se mantuvieron relaciones cordiales hasta la Segunda Guerra Mundial. Cuando el gobierno de facto de Pedro Ramírez (1943-1944) declaró la guerra al Eje, las relaciones diplomáticas se interrumpieron hasta los cincuenta. En el periodo de la Guerra Fría Japón tuvo una baja relevancia en América Latina dado su alianza con Norteamérica. No obstante, durante la Guerra de Malvinas en 1982 Japón no obedeció a su aliado y mantuvo relaciones con la dictadura argentina (Kuramoto, 2019). En estos años, la cooperación entre ambos países aumentó: en 1979 se firma el Convenio sobre Cooperación Técnica para formular proyectos socioeconómicos entre ambos países. Durante el retorno de la democracia, inmediatamente después de haber sido entregado el informe Okita, Alfonsín visitó Japón reuniéndose con los emperadores, el primer ministro y varios funcionarios. En aquella oportunidad se cerró un préstamo del Eximbank, el acuerdo para la compra de trigo y también se realizaron cinco renegociaciones de obligaciones externas (1985, 1987 y 1989) previo acuerdo con el Club de Paris y el FMI (Zalazar 2023, 227-229).[4]
El puntapié inicial de la cooperación y la formulación final del informe Okita fue la JICA, fundada en 1974 como institución parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. La JICA se destinó a la ejecución de programas de cooperación técnica y económica en base a los requerimientos de los países en vías de desarrollo, al envío de voluntarios, de equipos técnicos y acuerdos por becas de estudio con el fin de fortalecer lazos con otros países. La Agencia japonesa produjo varios informes, estudios y programas de desarrollo sectoriales en diversos países en la región. En el gráfico 1 se puede ver que entre los países seleccionados de América Latina hubo una multiplicidad de sectores en los que la JICA se interesó en materia de infraestructura, minería, agricultura, pesca e industria.
Sin embargo, cabe advertir que hubo disparidades según los países. Por ejemplo, en Chile, Argentina y Bolivia destacaron los estudios mineros, mientras que en Brasil fueron más representativos los ligados al sector agrícola. A su vez, en Chile hubo varios proyectos ligados a la pesca, mientras que en Bolivia destacaron los proyectos de infraestructura ferroviaria y minera. Uruguay, por su parte, contó con muchos proyectos industriales donde resaltaba la industria forestal, y en Argentina la bioindustria ligada al sector agropecuario. Puede apreciarse en estas consideraciones las intenciones de Japón de incentivar los sectores mineros y agrícolas a partir de fortalecer las infraestructuras e incluso las industrias ligadas a estos. Sin embargo, menos frecuentes fueron con países vecinos programas de desarrollo ambiciosos, sectorialmente planificados y que demandaron el estudio profundo como fue el informe Okita que se analiza a continuación.
III. Un antecedente del informe Okita: los Lineamientos de Sourrouille
El 20 de enero de 1985, el titular de la Secretaría de Planificación Económica Sourrouille -que asumiría como Ministro de Economía al siguiente mes-, dio a conocer a los medios sus Lineamientos para una estrategia de crecimiento económico. El programa fue bautizado por la prensa inmediatamente como el Plan de Mediano Plazo y fue la primera tentativa al interior del gobierno por plantear una estrategia de este tipo. Allí, Sourrouille diagnosticó que el primer problema argentino era el estancamiento económico de largo plazo explicado por la deuda externa y propuso una serie de medidas para conciliar el crecimiento y los pagos externos. Como se defendió en diferentes reportajes a medios masivos, Sourrouille postuló que para recuperar la capacidad de crecimiento debía emprenderse un “ajuste positivo” que, básicamente, se resumía en pagar la deuda externa y crecer simultáneamente. En palabras de Machinea, entonces colaborador de Sourrouille, el ajuste debía basarse en una reactivación de la economía e incentivos a la inversión a partir de las exportaciones; que es lo que permitiría, a su vez, afrontar la deuda externa (Mercado 1985, 18-19).
En este sentido, la estrategia de crecimiento era hacia afuera, porque “el país no puede crecer sin aumentar sus exportaciones. Hoy no podemos repetir la experiencia de 1930 y de 1960 de sustituir importaciones y crecer hacia adentro. No hay espacio para ello” (Clarín 1985a, 2). Como puede verse en el gráfico 2, el consumo se encontraba en los mismos niveles que en 1971 y las exportaciones por debajo de los máximos alcanzados en 1976 tras el ajuste del Rodrigazo. La inversión, aunque también estancada, experimentó un rebote con el Plan Austral. Sin embargo, con el correlato aumento de las importaciones y la moderada recuperación del consumo desde 1985 lo que planteaba Sourrouille era apalancar el aumento de esas variables en los mercados mundiales y no en el mercado interno.
Así, entre los sectores prioritarios se jerarquizó el agropecuario, donde se propuso expandir la frontera e incentivar el uso de fertilizantes. También se propuso aumentar las exportaciones de petróleo y apuntar sólo a la industria que pueda exportar con un tipo de cambio alto (lo que implicaría, se reconocía, una reestructuración productiva).[5] La recuperación del nivel de inversión era la condición necesaria para avanzar en este camino, y solo se lograría, se argumentaba, recuperando la confianza sobre la base de la baja inflación lograda desde 1985 (ver tabla 1).
La propuesta general, con estas políticas, era crecer al 4% anual a partir de un superávit comercial que permita reactivar la economía y atraer inversiones con la baja inflación. El consumo debía crecer por debajo al 3% anual y los salarios lo harían al 2%. También, la dinámica del empleo era débil, ya que la variación porcentual de ocupados sería de entre 1,6% y 1,7% anual entre 1985-1989, y la mayor parte de los puestos de trabajo se crearían en el sector terciario de la economía, dado que en el primario se esperaba que decrecieran y en el secundario se esperaba que se mantuvieran (del 12% al 10,6% y del 34,7% al 34,8% respectivamente) (SP 1985, 46). La propuesta de crecimiento era moderada, ya que como se estimaba se lograría recuperar el PIB per cápita en 2,5% entre 1986-1989, estando en 1989 todavía por debajo de 1974 (en un 2,5%). Como puede verse en la tabla 2, la inversión pública se recuperaría fuertemente respecto a los bajos niveles de 1984, pero se mantendría en una tendencia declinante por debajo de la inversión privada, al igual que el consumo público que se mantenía en magros niveles del 1% del PIB. En el esquema, el mercado interno tenía un papel totalmente marginal, definido por una baja recuperación del salario real y el consumo.
Incluso, al interior de la Inversión Bruta Fija, se preveía un aumento del rubro equipos durables de producción del 41% del total, a más del 50% en 1989. Para esto, se planteaba que el rubro inversión en construcción se redujera del 58% en 1984 al 49% en 1989, perpetuando el seso regresivo en el mercado interno. Parte de estas observaciones generaron controversias cuando en los reportajes cuando fue señalado los Lineamientos no procuraban recuperar los ingresos de la clase trabajadora como intentó Grinspun (Abalo y Grainberg 1985, 11). Sourrouille reconoció que “la participación de los asalariados en el ingreso nacional, como tal, no es una categoría conceptual que nosotros utilizamos” (Abalo y Grainberg 1985, 11) y argumentó que no había datos certeros sobre la evolución de la distribución de los ingresos apelando a la “responsabilidad” de que el consumo creciera menos que el producto. Según defendió, no había otra alternativa y solo se podía aspirar a un crecimiento del 3% anual del consumo por debajo del 5% estimado. Con cierta irritación, dijo: “nosotros estamos proponiendo crecer y aumentarlo. Será poco; y bueno, lo siento. Yo no hice la deuda ni destruí la industria. Ojalá alguien me pueda demostrar que se pueden hacer mejor las cosas” (Mercado 1985, 18-19).
Otro de los frentes sobre los que versaba el plan, era una reforma tributaria que tenía como principal puntapié la introducción de un impuesto a la tierra en reemplazo de las retenciones a las exportaciones. Sourrouille argumentaba que se debían reemplazar las retenciones porque castigaban de forma horizontal a todos los productores y que un impuesto permitiría diferenciar por productividades gravando la tierra ociosa y siendo más equitativo. Ante las preguntas incisivas de la prensa, Sourrouille finalizó diciendo: “mire, yo no hago la reforma impositiva. Nosotros sólo establecemos ciertos criterios que hoy son consensuales a nivel gobierno” (Mercado 1986a, 20). Misma cuestión se dio en torno al debate de una reforma financiera, donde el Secretario de Planificación consideró necesario avanzar en una estrategia que redujera el alto costo de intermediación y atrajera el capital fugado. Como puede verse en la tabla 3, el stock de fuga de capitales se había duplicado respecto a 1980, aunque el flujo de fuga de capitales se había moderado desde la asunción del gobierno. Así y todo, los niveles de la cuenta corriente seguían siendo fuertemente negativos, especialmente por el pago de intereses de la deuda externa que rondaba entre los 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales.
Sin embargo, ante las controversias sobre una reforma financiera que detuviera la dinámica altas tasas de interés reales que convalidó el Austral y la dinámica de excesiva valorización de activos externos, Sourrouille se limitó a decir que “si usted me pide a mí detalles específicos de la reforma financiera, yo no se los doy, porque no me compete, porque no trabajo en eso, porque no es parte de nuestra responsabilidad” (Mercado 1986, 20). La tensión por las indefiniciones de las reformas tributaria y financiera que se proponían reflejaban los puntos de tensión con la todavía gestión de Grinspun.
Los Lineamientos de Sourrouille fueron criticados por diferentes economistas en aquel entonces. Por ejemplo, Armando Rivas, ligado a la (Unión del Centro Democrático (UCeDe) y jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL), criticó que el principal problema no era la deuda externa sino el déficit fiscal. También opinó por la UCeDe Rodolfo Rossi, quien apoyó la orientación exportadora y aperturista del plan,[6] pero también sugirió actuar más “enérgicamente” en la reducción de la inflación causada por el déficit y la expansión del crédito. El economista justicialista Eduardo Curia, por el contrario, señaló que desestimaban los casi diez años de achicamiento del mercado interno, y que preveía condiciones extremadamente optimistas en la economía mundial (depreciación del dólar y de las tasas de interés, entre otras) (Clarín 1985b, 8). Por su parte, Carlos Abalo cuestionó la propuesta de reforma tributaria recostada en la eliminación total de retenciones a las exportaciones porque perpetuaba una estrategia de crecimiento apalancada en las ventajas comparativas estáticas contra el mercado interno (Abalo 1985, 16-17). Junto a Gabriel Grainberg, en otro reportaje, criticaron que el tipo de cambio alto que proponía Sourrouille era excesivo porque (Mercado 1985, 19) el tipo real de cambio vigente era compatible con un equilibrio de las cuentas externas con superávit comercial.
También se expresaron economistas de perfil desarrollistas de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) liderados por Octavio Frigerio, quienes criticaron la perpetuidad del ajuste salarial, por un lado, y por el otro que los sectores industriales priorizados (hidrocarburos, petroquímica, nichos de acería) no alcanzaban para impulsar un desarrollo del mercado interno y recuperación del consumo En suma, para los economistas el programa de Sourrouille no solucionaba el componente especulativo y financiarizado de la economía, y por el contrario cedía al mayor ajuste exigido por los organismos internacionales y los acreedores. Horacio Valle, identificado como desarrollista, también replicó estas críticas y el justicialista Alberto Sojit agregó que se aceptaba el esquema del Fondo, en especial el pago total de la deuda externa renunciando a mejores condiciones de negociación (Mercado 1985, 19; Cuello 1985, 17). Como puede verse, tempranamente los Lineamientos de Sourrouille imponían una orientación contraria a la política económica keynesiana de Grinspun e instalaban el nuevo debate en torno a la reforma estructural que resurgiría luego de implementar el Plan Austral en julio de 1985. De la misma forma, y como veremos a continuación, los Lineamientos constituyeron uno de los primeros antecedentes por plantear este debate en la UCR y los economistas japonenses los retomarían como un cuadro general, pero planteando varias diferencias. Es posible que esto último explicara la marginación que tuvo el informe Okita por parte del equipo económico pese al pedido formal del gobierno argentino.
IV. El informe Okita: diagnóstico para una estrategia de desarrollo en los años ochenta
La solicitud formal del informe Okita fue realizada, aproximadamente, entre fines de 1984 y principios de 1985 y estuvo, como refieren los trabajos específicos y los mismos informes (JICA 1987, 1-3; Abe 2007, 1-6), liderada por pedido del Poder Ejecutivo, es decir, el mismo Alfonsín. Así mismo, los mismos informes, y como se detalla en la tabla 1, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Planificación colaboraron en el trabajo de los economistas japoneses y en la gestión del mismo, por lo cual Sourrouille y Grinspun (Secretario de Planificación entre 1985 y 1989) estuvieron involucrados en el proyecto. Mientras las gestiones ocurrieron durante el primer semestre de 1985, contexto crítico de escalada de la inflación y elaboración del Plan Austral, inferimos que la llegada de la misión y la elaboración de los informes se desarrolló durante el segundo semestre de 1985 y el primero de 1986. Esto, dando cuenta que la presentación pública del adelanto del informe fue en julio de 1986 durante la convención de bancos de ADEBA.
En aquella oportunidad se presentó un adelanto del informe en la Cuarta Convención de Bancos Privados Nacionales organizada por la ADEBA. En aquel foro, donde la organización bancaria manifestó su preocupación por el estancamiento exportador argentino respecto a, por ejemplo, Brasil y Corea, disertaron economistas como Adolfo Sturzenegger y Marcelo Diamand, los titulares de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) —Alchourón y Favelevic— y el ex primer ministro japonés Duck-Woo Nam —reconocido como artífice del “milagro japonés”—. En aquel foro, ADEBA criticó el estatismo, la economía cerrada y la ineficiencia estatal; mientras por el contrario Dimand remitió a la importancia de jerarquizar el sector externo y tomó los aportes de la estrategia de desarrollo de Japón. Duck-Woo Nam, por su parte, reivindicó la complementación del mercado interno y el externo a partir de una estrategia de dirigismo estatal para incentivar las exportaciones, impulsar empresarios más agresivos y aumentar la productividad de la economía como sucedió en Japón (Mercado 1986, 59-60). En el coloquio IDEA, el mismo Okita presentó el informe, retomando el pedido del gobierno y subrayando la importancia de conciliar una estrategia de desarrollo hacia afuera y hacia adentro, de incentivo a los empresarios y dirección estratégica del Estado (Clarín 1986, 18).
Sin embargo, llama la atención que el informe no haya contado con una presentación formal del gobierno, dado que fue explícitamente solicitado por el Poder Ejecutivo. Se puede conjeturar, en función de la evidencia que se extrae de los informes y de que la presentación pública se haya hecho en un evento empresarial, que la principal fuente de colaboración y recepción de los economistas japoneses hayan sido empresarios más que el mismo gobierno (JICA 1987, 1-4). También que, entre el pedido formal del gobierno, la muy volátil coyuntura argentina había cambiado y el debate por las reformas estructurales desde los organismos internacionales, particularmente del BM, avanzaba con énfasis desde 1985 (Bouzas y Keifman 1988). Esto, cabe recordar, subrayando que como declaran en el informe los japoneses, la misión recolectó información en Argentina durante entre fines de 1985 y principios de 1986, pero el informe se realizó en Japón, para finalmente proveerlo al gobierno (JICAa 1987, 1). También debe mencionarse que, pese a que Sourrouille participó con un discurso en el coloquio del IDEA en octubre de 1986, no hizo menciones al informe (Torre 2021, 514-520). Tampoco hay menciones explícitas al mismo en el programa de desarrollo que Grinspun dio a conocer desde la Secretaría de Planificación en 1987 (Frocinito y Rossi 2024, 101-110). De igual modo, cabe destacar, el informe Okita no fue mencionado en las largas entrevistas de miembros del equipo económico como Sourrouille y Machinea, tampoco del mismo Alfonsín,[7] lo que abona la hipótesis de que, pese a la solicitud del presidente, los economistas japoneses se limitaron a dar a conocer el informe por sus propios medios en los ámbitos empresariales relevados. Ello explica que el mismo fuera presentado en la ADEBA y en el IDEA, y no como podría esperarse por el presidente y/o el equipo económico. No sería extraño un episodio de este tipo, que evidencia las contradicciones al interior del radicalismo y las diferencias entre Alfonsín y su equipo económico que eran recurrentes (Torre 2021).
El momento de aparición del informe Okita, como se vio en la tabla 1, coincidió con un rebrote inflacionario que demandó nuevas medidas de estabilización conocidas como “australito”. En el gráfico 3 se observa que, en ese preciso momento, el conjunto de los sectores económicos relevados evidenciaba un estancamiento luego de la relativa recuperación de la actividad desde el Plan Austral. Esto era evidencia suficiente de que la baja inflación tenía límites claros y que se requerían cambios estructurales tendientes a sentar el crecimiento de la economía sobre bases firmes.
De esta manera, el informe Okita definía una planificación activa del Estado para favorecer el intercambio del conocimiento, la comunicación interactiva entre sectores, el diálogo entre técnicos y la participación activa de organizaciones no gubernamentales, empresas y asociaciones industriales para favorecer el desarrollo (Hosono, 2007, 285). Una de las herramientas fundamentales, se sostuvo, era el desarrollo del mercado de capitales, mediado por el apoyo público del crédito de largo plazo. Para avanzar en la inserción de Argentina en los mercados e impulsar el desarrollo, se insistía, se requería de una inmediata reactivación económica del aparato industrial ocioso compatible con el impulso exportador en sectores clave como alimentos y energía. Paralelamente, el Estado debía intervenir para promover e incentivar el desarrollo tecnológico en actividades intensivas en investigación con el fin de producir innovaciones en el proceso productivo. Era un requisito fortalecer los sistemas de coordinación y promoción de investigación afectados por la dictadura, particularmente entre diversos actores como el gobierno, el sector privado, las universidades, los centros de investigación, los sindicatos y la sociedad civil, entre otros (JICA 1987a, 7). Como consideraron, “cuando analizamos las políticas industriales argentinas lanzadas hasta el presente, no nos fue posible hallar indicios de un intercambio de opiniones suficiente entre el gobierno, la industria y los sindicatos” (JICA 1987b, 46).
La recuperación del mercado interno compatible con el impulso a los sectores petroleros, gasíferos y agrícola debía articularse con una reconversión industrial tendiente a reducir la dependencia del sector agropecuario. Los elementos, como se defendió entonces, serían la sustitución de importaciones y la exportación con políticas articuladas, pero también la protección del mercado interno y la restricción a importaciones prescindibles a los fines de reducir la elasticidad ingreso de las importaciones. Para ello, se apuntaría a sectores intensivos en el uso de conocimientos como el petroquímico, la agroindustria, la bioindustria y la electrónica. El aumento de la mayor competencia del sector industrial tanto en el mercado interno como externo debía ser fundado en un programa de “liberalización controlada” en plazos razonables y planificados (JICA 1987b, 3). Al respecto, se sostuvo que:
Lo que es importante en la liberación es informar correctamente al pueblo por anticipado sobre la forma, tiempo y pasos a seguir en el proceso. No estamos sugiriendo que se anule la política proteccionista. Entendemos que la protección no es siempre negativa, dado que resulta necesaria en alguna de las fases del desarrollo industrial. Resultaría importante cambiar gradualmente de una política proteccionista a una abierta. (JICA 1987b, 46)
Los instrumentos que se privilegiaron para estos fines fueron el reembolso del IVA y una política cambiaria que evitara la fluctuación y la elevada sobrevaluación del Austral, reducir elevados aranceles a la importación de bienes de capital, eliminar el impuesto al flete marítimo y a las retenciones de manufacturas, eficientizar los trámites de exportaciones, permitir el incremento de inversiones extranjeras y la transferencia de tecnología en sectores exportadores, implementar financiamiento a pequeñas y medianas empresas exportadoras y crear un sistema de información público sobre mercados (JICA 1987c, 100-110). A todas estas recomendaciones, el informe agregaba una interpretación de la crisis nacional, sosteniendo que la principal causa del estancamiento era la contracción industrial originada en el fracaso de la estrategia económica de la dictadura como el crecimiento “gigantesco” de la deuda externa. Como se sostuvo:
(…) el sector manufacturero es habitualmente el más importante de los sectores de punta en el desarrollo económico. Las limitaciones de la oferta y la demanda […] han mantenido el crecimiento del sector manufacturero en un nivel bajo en la Argentina y esta ejecución tan insatisfactoria ha sido uno de los factores principales para condicionar el bajo crecimiento económico del país en el largo plazo. (JICA 1987c, 2)
Justamente, se postuló que la ausencia de un proceso acumulativo sustentado en la industria explicaba la baja tasa de inversión y la falta de eficiencia. Por ello, se argumentó que:
(…) las dificultades económicas por las que actualmente atraviesa la Argentina tienen mucho que ver con los fracasos de la política de liberalización durante los últimos años de la década de 1970, tales como la recesión industrial, la persistente presión industrial, la persistente presión inflacionaria y la acumulación de una abultada deuda externa. (JICA 1987c, 3)
Aunque se reconocía los problemas de las estrategias industriales previas a 1976, se cuestionaron las políticas de liberalización extremas intentadas durante la dictadura (JICA 1987c, 1-2). También eran claras las distancias en la interpretación sobre el origen de la inflación, particularmente sobre aquellos diagnósticos que priorizaban el peso del déficit fiscal y la oferta monetaria sin considerar los procesos puntuales que causaron el desequilibrio estructural de las cuentas públicas como el endeudamiento externo y la estatización de parte del mismo. Para los autores del informe Okita las causas de la inflación se encontraban en problemas estructurales en la oferta y la demanda de bienes y servicios, la emisión monetaria y factores de orden psicológicos, complejizando los diagnósticos ortodoxos de la inflación.
En este marco, el informe reivindicó los Lineamientos de Sourrouille como un marco de política básica, pero se dijo que era hora de que “el Gobierno presente al pueblo argentino una visión convincente sobre la futura economía, en que el crecimiento y el desarrollo les retribuya con niveles de vida más altos” (JICA 1987d, 2). Respecto a este punto, como se verá más adelante, el informe Okita sería superador de un programa que solo buscaba el crecimiento en el sector externo para generar saldos exportables complejizando la estrategia de desarrollo. Por otro lado, el informe planteó algunas debilidades en su punto de partida. Una de ellas fue respecto al endeudamiento externo, ya que se asumió que se podría reactivar la economía y plantear un cronograma de pagos posteriores, punto que resultaba problemático tanto para el FMI como para las convicciones del equipo de Sourrouille. Otro punto relevante, al respecto, es que los economistas japoneses no discutieron el origen ni la legitimidad del endeudamiento externo contraído, sosteniendo que solo fue problemático porque no se correspondió con esfuerzos fiscales equivalentes eludiendo las controversias del debate y sentenciando que “el país deberá seguir soportando la pesada carga que implica los pagos del servicio de la deuda por algún tiempo” (JICA 1987b, 25).
V. Los sectores económicos privilegiados y las medidas institucionales en el desarrollo exportador
Uno de los sectores económicos priorizados fue el biotecnológico, donde se recomendó el aumento de la incorporación tecnológica a la producción agrícola en cultivos híbridos. Para esto, postuló la importancia de desarrollar la ingeniería genética en plantas, animales y aplicaciones (vacunas, terapias, etc.) con una adecuada política nacional de investigaciones apostando a grandes inversiones de capital improductivo en el corto plazo motorizadas por el gobierno y las universidades (JICA 1987e, 99-107). Para esto, se debía permitir la mayor importación de insumos claves como pesticidas y fertilizantes a los fines de reducir los precios relativos del sector, fortalecer el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para monitorear la erosión y explorar técnicas productivas conservacionistas, utilizar el sistema de precios sostén mínimos oficiales y las compras por parte de la Junta Nacional de Granos. En materia de impuestos, para incentivar de forma global el sector agrícola, se recomendó una reducción flexible de los aranceles a la exportación y la introducción de un impuesto a la tierra.
También fue el caso del sector ganadero, donde se recomendó aumentar los incentivos fiscales y el financiamiento para aumentar la exportación en base a los códigos sanitarios y de calidad internacionales. En este sentido, se debían acompañar las condiciones favorables del clima y del suelo con un programa oficial de control de las principales enfermedades (como la aftosa), proveer y controlar la vacunación, promover la difusión de métodos como el de “hoof cultivation”,[8] entre otras cuestiones (JICA 1987e, 180-186). Por último, en el sector pesquero se recomendó suplir la inexistencia de un sistema de control de los recursos, a los fines de controlar las capturas y las temporadas, el tamaño de los peces y de la flota, entre otros elementos. Por otro lado, se recomendó renovar la flota de buques de pesca y barcos costeros relajando las importaciones en este segmento e incentivando una pesca selectiva en base a preservar los recursos.[9] También asegurar la estabilidad laboral de la tripulación a los fines de desarrollar la navegación y la expedición. Además, se sugirió elaborar proyectos para la mejora de las instalaciones de los puertos pesqueros en materia de remoción de barcos hundidos, mejora de la provisión de recursos (agua, energía y combustible),[10] aumento de la capacidad de trasbordo y de instalaciones para el mantenimiento y la reparación (deficitarias en el puerto de Mar del Plata e inexistentes en puertos de la Patagonia) (JICA 1987e, 331). En materia de agroindustria, adicionalmente, se recomendó apoyar a los sectores más competitivos para escalar en la cadena productiva hacia bienes de mayor valor agregado.[11] Uno de los puntos centrales debían ser la modernización de los envases, como la mayor incorporación del cartón, el cartón corrugado, el papel, el vidrio, entre otros; mediante la promoción de la investigación.
En petroquímica, se propuso avanzar en la sustitución de importaciones aprovechando la disponibilidad de petróleo y el gas natural. El diagnóstico era que los altos precios del mercado interno y el escaso fomento a la exportación actuaban como freno al desarrollo y el aumento de la competitividad de las empresas.[12] Por lo tanto, se debía avanzar, primero, en reducir los precios internos para abaratar los costos del resto del complejo industrial. Posteriormente, en un programa de exportación moderado considerando los altos costos de fletes según la posición geográfica Argentina (JICA 1987b, 110-115). En materia electrónica se sugirió apoyarse en los abundantes recursos humanos del país, apuntando a la industria microelectrónica como la más prometedora para generar innovaciones en el resto de la estructura industrial (JICA 1987b, 45). Dentro de esta se refirió a la industria informática, poniendo de relieve su difusión y expansión global tanto en bienes (semiconductores, circuitos integrados, etc.) y servicios asociados. Según se defendía, se contaba con firmas nacionales (como Microsistemas, Sisteco, Autorede y Czerweny) que producían computadoras a partir de kits importados (por ejemplo, de la líder norteamericana IBM) y se podía revertir la situación de ensamble para avanzar en la provisión local de insumos y recursos humanos competitivos. Dado que las firmas extranjeras líderes no deseaban establecer plantas de producción, se debía avanzar en la incorporación tecnológica de las plantas existentes y en la nacionalización de la producción a partir de los equipos más competitivos en el mercado local.[13] Para esto, se señaló, era una traba relevante el escaso financiamiento y la falta de personal especializado en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la falta de crédito a tasas bajas y el escaso estímulo a la demanda de bienes electrónicos (JICA 1987b, 45-50).
Había plena conciencia en los especialistas japonenses de que el impulso a la recuperación económica apalancado en el sector agropecuario y su dinamismo industrial no sería suficiente para reactivar el conjunto de la economía. Como la tendencia de los precios internacionales no era favorable se bregó por una estrategia de producción de bienes con mayor valor agregado considerados, a su vez, más resilientes en los mercados mundiales. En general, en este sentido, se recomendaron políticas activas en el plano fiscal, crediticio y de articulación de la ciencia y la tecnología. Sobre este último punto, se recomendó el fortalecimiento en la coordinación entre los organismos de ciencia, la capacitación de técnicos para incentivar la investigación e impulsar innovaciones industriales en el mercado interno. Además, se pidió priorizar las industrias pequeñas y medianas,[14] las cuales resultaban claves en la generación del empleo y la reactivación del sector industrial (JICA 1987c, 49). En esta materia, se recomendó jerarquizar el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) y revertir la política de préstamos concentrada en las empresas más grandes (en 1983, este banco tenía el 75% del total de la cartera con grandes firmas). Como se diagnosticaba, las pequeñas y medianas empresas no contaban con información suficiente de los mercados y las tecnologías existentes y no estaban interesadas en complejizar y/o diversificar su producción. Esta situación, se argumentaba, si bien respondía al contexto hiperinflacionario también surgía de una falta de asistencia gubernamental (JICA 1987b, 425-428).
Como se desprende, el informe Okita consideraba central la presencia del Estado para avanzar hacia una economía de mercado. Especialmente, en variables clave como la reducción de la protección excesiva, pero también en la moderación de la concentración oligopólica evidenciada en el sector industrial. Así, se ponía en el centro que el desarrollo de condiciones de mayor competencia en el mercado interno requería tiempo y planificación, y que no se lograría con una apertura extrema de la economía que debía evitar, justamente, repetir la fracasada experiencia pasada (JICAb 1987, 6). No sería posible emprender el desarrollo sin “un programa de gastos públicos de desarrollo, las inversiones esperadas del sector privado, el financiamiento de la inversión, etcétera” (JICA 1987b, 4). Específicamente, se recomendó fortalecer el Estado con una reforma tributaria coherente con un aumento del crecimiento económico. Se trataba, como lo planteó el informe, de una reforma que aumentara la base imponible con criterios de equidad gravando a los grupos de mayores ingresos y al gasto suntuario para contribuir al equilibrio de las cuentas públicas. Este era un punto central de la propuesta, ya que como puede verse en la tabla 4, los tributos a las ganancias y el patrimonio permanecieron por debajo del 9% y del 5% del total entre 1980 y 1988. Mientras tanto, aquellos recaudados sobre bienes y servicios internos, considerados de mayor regresividad, alcanzaron el 50% en 1982, manteniéndose cercanos a esa cifra durante la mayor parte del gobierno.
Otro punto de vital relevancia fue la cuestión de las privatizaciones. Aquí los japoneses discutieron que la privatización en sí misma fuera sinónimo de eficiencia; por el contrario, debía construirse una estrategia para eficientizar las empresas públicas analizando los casos donde la privatización total tenía sentido y donde se debía avanzar parcialmente y/o por etapas. Además, se aclaró que las privatizaciones debían avanzar donde fueran verdaderamente necesarias, no solo a los fines de reducir el déficit del gobierno, sino de aumentar la eficiencia global de la economía aumentando el ahorro interno y las exportaciones (JICA 1987b, 8).
En aquel entonces, la FIEL se posicionó como una detractora del informe Okita y cuestionó que no ponía el suficiente énfasis en la dominancia fiscal para explicar la inflación. También que la industrialización sustitutiva pre 1976 se hubiera agotado por el reducido tamaño del mercado interno y la falta de impulso de la industria en la inserción internacional. Como defendían de la FIEL, esto sucedió por el exceso de gastos de la administración pública y por la ineficiencia derivada de las regulaciones del Estado (Artana, Bour, Susmel y Szewach, 1987, 8-12). En virtud de ello, argumentaron, se debía inducir una apertura económica intensa para fortalecer la estructura económica según la competitividad sectorial desregulando los regímenes de promoción industrial (FIEL, 1988, 143-149). No menos importante fue el cuestionamiento al rol del Estado, ya que según la FIEL en Argentina toda intervención resultó fallida y altamente gravosa para el fisco.[15] Prueba de ello, argumentaban, era el monopolio estatal en el sector hidrocarburífero y su estancamiento sectorial, aunque haciendo caso omiso del deliberado proceso de endeudamiento durante la dictadura. Por último, también se criticó la reforma tributaria, particularmente las propuestas de gravar las casas de veraneo, venta de pasajes al exterior y consumos suntuarios sin desgravar la producción y la exportación primero. El problema impositivo, en todo caso, estaba en la excesiva evasión que incentivaban las múltiples regulaciones del Estado en la economía (Artana, Bour, Susmel y Szewach, 1987, 15). En esta línea se insertaron las declaraciones públicas de Arnaldo Musich -entonces presidente de la FIEL-, quien apoyó tácticamente el Plan Baker en estos años. Como argumentó “la reanudación del crecimiento depende esencialmente de la reducción del Estado […] sin desregulación profunda y privatización a fondo es ilusorio creer que el sector privado pueda crecer y mejorar su propia eficiencia” (Musich 1987, 6). Por ello, para Musich lo correcto era lo contrario al informe Okita adhiriendo al Plan Baker sobre la base de mantener el ajuste fiscal y disciplinar los salarios para sostener la baja inflación. Con estas políticas, afirmaba, sería posible lograr refinanciar la deuda externa, bajar los costos financieros para acceder al financiamiento de acreedores externos y avanzar, paralelamente, en privatizar el crecimiento (Musich 1988, 7).
VI. Reflexiones finales
El informe Okita surgió vinculado al cambio de Ministro de Economía en 1985, a la formulación del Plan Austral y recuperando los Lineamientos de Sourrouille. El mismo, reivindicó el planteo de avanzar en reformas para incentivar el crecimiento en el mediano plazo, pero complejizó las recomendaciones de políticas económicas. Por caso, si bien se defendía un diagnóstico exportador, se planteó recuperar otros sectores además del agropecuario, los hidrocarburos y las manufacturas exportadoras (petroquímica, química, entre otras). También se distinguió respecto del rol del Estado y la tensión con el mercado, recomendando políticas estratégicas de fomento estatal y recuperación de la inversión pública que los Lineamientos no planteaban.
Así, el informe llegó en un momento oportuno: el Austral mostraba sus limitaciones en materia de inflación y de reactivación de la actividad. Como fue evidenciado, contrariaba las ideas ortodoxas-neoliberales que comenzaban a ganar adeptos en importantes instituciones y cámaras empresariales. El debate nodal en esta controversia giró en torno a si el Estado era responsable de la crisis que se vivía o si era parte central para articular una estrategia promercado. Los japoneses se inclinaron sobre esta última postura y defendieron la importancia de la recuperación de las capacidades institucionales en materia de ciencia, tecnología e investigación y también de la inversión pública como motor del desarrollo. Así, con un diagnóstico que retomó los Lineamientos se planteó una estrategia de apertura moderada y planificada de la economía. Entre los sectores jerarquizados para liderar el proceso estuvieron la agricultura y la silvicultura, donde se debían estimular las exportaciones reduciendo los impuestos, pero también a partir de estrategias en el sector biotecnológico, en el desarrollo de la infraestructura y en el impulso a productos que involucraran la elaboración de bienes manufacturados. Otros sectores donde se plantearon estrategias semejantes fueron la petroquímica y los hidrocarburos, pero destacó la electrónica como uno que fue identificado para oportunidades de crear tecnología, innovación y desarrollo. También destacó, a diferencia de los Lineamientos, el desarrollo de las pequeñas empresas y la recuperación del mercado interno como la activa participación de los sindicatos en las políticas.
Como se vio, el informe tiene un lugar central en las disputas Estado/mercado y en el debate por las reformas estructurales de los años ochenta en el marco del contexto previo a la reforma neoliberal de los noventa. Sin embargo, algunas cuestiones sobre el lugar del informe Okita en el gobierno de Alfonsín resultan faltas de claridad y controversiales; lo que puedo motivar una futura una agenda de investigación. Las incógnitas persisten respecto a los entretelones políticos del mismo: sabemos que fue el gobierno, particularmente el Poder Ejecutivo, quien pidió el informe, pero se vio, en función de la evidencia encontrada y conocida, que fue ignorado posteriormente. Una hipótesis preliminar puede plantearse en concepto de que la estrategia que contenía el informe Okita estaba siendo cuestionada por el avance del consenso neoliberal. De hecho, en los foros empresariales en que participaron los economistas japoneses se criticó duramente el estatismo en línea con la FIEL. En virtud de ello, no sería el primer episodio en que el gobierno alfonsinista presentara contradicciones, como es la de solicitar un informe de desarrollo y desestimarlo al igual que el equipo económico. Lo que es evidente, es que el informe Okita se constituyó como una iniciativa interesante y planificada de propuestas para superar la crisis económica como alternativa al retiro del Estado y la desregulación irrestricta de mercados, pero contrario a los organismos internacionales y a las grandes cámaras empresariales locales que comenzaban a aceptar el diagnóstico neoliberal.
Referencias
Abalo, Carlos. 1985. “El crecimiento vulnerado por la deuda y la especulación. Las razones del inmovilismo”. El Periodista de Buenos Aires 20: 16-17.
Abalo, Carlos y Gabriel Grainberg. 1985. “La legitimidad del empresario está cuestionada. Entrevista a Juan V. Sourrouille”. El Periodista de Buenos Aires 21: 9-12.
Abe, Kitoshi. 2007. “Relaciones económicas entre Argentina y Japón con énfasis en el Informe Okita”. Relaciones Internacionales 33 (16): 1-16. https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/1377
Aboy Carlés, Gerardo. 2001. Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem. Homosapiens.
Artana, Daniel, Juan Luis Bour, Nuria Susmel y Enrique Szewach. 1987. “Informe Okita: un análisis crítico”. FIEL. Documento de Trabajo 15.
Alfonsín, Raúl. 2005. Entrevista realizada por el Archivo de Historia Oral de la Argentina Contemporánea, Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. https://catalogoiigg.sociales.uba.ar/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?op=view&shelfnumber=17
Azpiazu, Daniel. 1986. “La promoción industrial en la Argentina, 1973-1983. Efectos e implicancias estructurales”. CEPAL. Documento de Trabajo 19.
Azpiazu, Daniel, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse. 1987. El nuevo poder económico en la Argentina de los 80. Siglo XXI.
Basualdo, Eduardo. 2006. Estudios de historia económica argentina: desde mediados del siglo XX a la actualidad. Siglo XXI.
Basualdo, Eduardo y Matías Kulfas. 2001. “Fuga de capitales y endeudamiento externo en la Argentina”. Realidad Económica 173: 76-103.
BCRA. 1988. Banco Central de la República Argentina. Memoria anual de 1988. Buenos Aires.
Belini, Claudio y Juan Carlos Koro. 2020. Historia económica de la argentina en los siglos XX y XXI. Siglo XXI.
Bekerman, Marta. 1988. “Los flujos de capital hacia América Latina y la reestructuración de las economías centrales”. Desarrollo Económico 28 (111): 425-445.
Bouzas, Roberto y Saúl Keifman. 1988. “Las negociaciones financieras externas de la Argentina en el periodo 1982-1987”. En Entre la heterodoxia y el ajuste. Negociaciones financieras externas de América Latina (1982-87), compilado por Roberto Bouzas. Grupo Editor Latinoamericano.
Brenta, Noemí. 2019. Historia de la deuda externa en Argentina. Capital Intelectual.
Brodersohn, Mario. 2005. Entrevista realizada por Archivo de Historia Oral de la Argentina Contemporánea. Instituto de Investigaciones Gino Germano. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. https://www.youtube.com/watch?v=qLj6OOn9L3k&t=1182s
Calomiris, Charles y Stephen Haber. 2014. Fragile by Design, The Political Origins of Banking Crises and Scarce Credit. Princeton University Press.
Clarín. 1985a. “Los lineamientos según Sourrouille”. 20 de enero.
Clarín. 1985b. “A la medida de los compromisos externos”. 20 de enero.
Clarín. 1986. “¿Qué dice el informe Okita?”. 27 de octubre.
Cortés Conde, Roberto. 2005. La economía política de la Argentina en el siglo XX. Edasha.
Cuello, Raúl. 1985. “El programa económico 1985-1989”. Mercado 793: 14-16.
Devlin, Robert. 1989. Debt and Crisis in Latin America: The Supply Side of the Story. Princeton University Press.
Eichengreen, Barry. 2000. La globalización del capital. Historia del sistema monetario internacional. Antoni Bosch.
Ferrer, Aldo. 1991. “Perspectivas heterodoxas en el informe Okita. Acerca de la economía argentina”. El Trimestre Económico 58 (231): 497-520.
FIDE. 1985. “Análisis de actualidad”. Coyuntura y Desarrollo 77: 2-6.
FIEL. 1988. Regulaciones y estancamiento: el caso argentino. Ediciones Manantial.
Forcinito, Karina e Ignacio Rossi. 2024. “La planificación del desarrollo durante el gobierno de Alfonsín. Un análisis preliminar del Plan Nacional de Desarrollo (1987-1991)”. H-industria 35 (18): 101-122. https://ojs.economicas.uba.ar/H-ind/article/view/3214/4171
Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach. (1989) 2019. El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas. Emecé.
Gerchunoff, Pablo y Roy Hora. 2021. La moneda en el aire. Conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles. Siglo XXI.
Girado, Gustavo. 1997. “Japón, su economía y vinculación con la Argentina: informe de actualización”. Unidad Analítica Asia Pacífico. https://www.asiayargentina.com/pdf/30-japon.PDF
Hosono, Akio. 2007. “Los Informes Okita y su Actualización: Una Experiencia de Éxito Basada en la Tradicional Amistad que Une Argentina y Japón”. En Medio Siglo de Cooperación entre Argentina y Japón: A Tres Décadas de la Firma del Convenio de Cooperación Técnica, Su Historia y Evolución, compilado por Agencia Internacional de Cooperación del Japón. JICA.
INDEC. 2006. Producto Interno Bruto a precios de mercado. Serie Empalmada 1980-2005. Millones de pesos a precios de 1993. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
JICA. 1987a. Estudios sobre el desarrollo económico de la República Argentina. Informe Final. Vol. I: Economía Argentina. III. Industria. Agencia de Cooperación Internacional de Japón.
JICA. 1987b. Estudios sobre el desarrollo económico de la República Argentina. Informe Final. Vol. I: Economía Argentina. V. Industria. Agencia de Cooperación Internacional de Japón.
JICA. 1987c. Estudios sobre el desarrollo económico de la República Argentina. Informe Final. Vol. I: Economía Argentina. V. Exportación. Agencia de Cooperación Internacional de Japón.
JICA. 1987d. Estudios sobre el desarrollo económico de la República Argentina. Informe Final. Vol. I: Economía argentina. I. Análisis macroeconómico. Agencia de Cooperación Internacional del Japón.
JICA. 1987e. Estudios sobre el desarrollo económico de la República Argentina. Informe final. Vol. I. Economía Argentina. II. Agricultura. Agencia de Cooperación Internacional del Japón.
JICA. 1987f. Estudios sobre el desarrollo económico de la República Argentina. Informe final. Vol. I. Economía Argentina. II. Agricultura. Agencia de Cooperación Internacional del Japón.
Kuramoto, Mieko. 2019. Gambaru-ando: Las Familias de los Desaparecidos de la Colectividad Japonesa (FDCJ) y su lucha por la memoria, verdad, justicia, y visibilidad. SIT Argentina: Movimientos Sociales y Derechos Humanos.
Libman, Emiliano, Gabriel Palazzo y Milagros Rodríguez. 2022. “El dilema de la estabilización: deuda, inflación y conflictividad política en tiempos de Alfonsín (1983-1989)”. En Medio siglo entre tormentas. Fluctuaciones, crisis y políticas macroeconómicas en la Argentina (1948-2002), compilado por Pablo Gerchunoff, Daniel Heymann y Aníbal Jáuregui. EUDEBA.
Machinea, José Luis. 2009. La experiencia de política económica en tiempos de Alfonsín. Entrevista realizada por el Centro de Investigación en Finanzas. Escuela de Gobierno. Universidad Torcuato Di Tella, agosto de 2009. https://syr.us/E8D
Machinea, José Luis. 2022. “Plan Austral. Una mirada 37 años después”. Centro de Estudios para el Cambio Estructural (CECE). http://fcece.org.ar/plan-austral-una-mirada-37-anos-despues/
Mandel, Ernest. 1979. El capitalismo Tardío. Ediciones Era.
Marichal, José. 2014. Historia mínima de la deuda externa de Latinoamérica, 1820-2010. El Colegio de México.
Massano, Pedro. 2018. “El ‘Plan Austral’ y el avance del ‘consenso del ajuste’ durante la transición democrática”. Sociohistórica 42. https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/76590
Matayoshi, Daniel. 2008. “La integración y las relaciones bilaterales entre Argentina y Japón”. Apuntes Agronómicos 7: 1-8.
MECON. 1988. Programa para la recuperación económica y el crecimiento sostenido, agosto de 1988. Ministerio de Economía.
MECON. 1989. Secretaría de Hacienda. Política para el cambio estructural en el sector público. Mensaje de los proyectos de leyes de presupuesto 1986-1989. Ministerio de Economía.
Mercado. 1985. “El debate del Plan Económico”. 17 de enero.
Mercado. 1986a. “Reca: mejorará la rentabilidad”. 20 de febrero.
Mercado. 1986b. “El aporte de ADEBA”. 25 de septiembre.
Musich, Arnaldo. 1986. “Reportaje a Arnaldo Musich”. Clarín, 9 de marzo.
Ocampo, José Antonio. 2014. “La crisis latinoamericana de la deuda a la luz de la historia”. En La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica, editado por José Antonio Ocampo, Bárbara Stallings, Inés Bustillo, Helvia Velloso y Roberto Frenkel. CEPAL.
Rapoport, Mario. 2020. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003). Emecé.
SP. 1985. Lineamientos de una estrategia de crecimiento económico, 1985-1989. Secretaria de Planificación, Ministerio de Economía.
Ortiz, Ricardo y Martín Schorr. 2021. “¿Década perdida? Los grupos económicos en el gobierno de Alfonsín”. En El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina. Del siglo XIX a nuestros días, compilado por Martín Schorr. Siglo XXI.
Schvarzer, Jorge. 1986. La política económica de Martínez de Hoz. Hyspamerica.
Sourrouille, Juan Vital. 2018. Entrevista con el ex ministro de Economía. Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), octubre de 2018. https://www.iae.org.ar/2021/10/18/juan-vital-sourrouille-entrevista-con-el-exministro-de-economia-unsam/
Titelman, Daniel, Esteban Pérez Caldentey y Rodolfo Minzer. 2008. “Comparación de la dinámica e impactos de los choques financieros y de términos del intercambio en América Latina en el periodo 1980-2006”. CEPAL. Serie Financiamiento del Desarrollo 203.
Torre, Juan Carlos. 2021. Diario de una temporada en el quinto piso. Episodios de política económica en los años de Alfonsín. Edasha.
Zalazar, Marina. 2023. “Las relaciones de Argentina y Japón en cuarenta años de democracia. Mirada histórica y perspectivas a futuro”. Temas y debates 27: 223-232.
Notas
Información adicional
redalyc-journal-id: 7746
