Introducción

Contar la historia de la arqueología forense mexicana no es una tarea sencilla, si bien la incorporación de la disciplina a la investigación ministerial ha cobrado mayor auge en los últimos 15 años, desde hace tiempo existe la colaboración con instituciones de procuración de justicia; el Primer Coloquio Nacional. Acercamiento a la Arqueología forense. Miradas profundas ante realidades tangibles fue un espacio de intercambio académico y acercamiento entre quienes nos hemos abocado al quehacer forense, lo que dio cuenta de las numerosas experiencias que ya existen y que poco se conocen.

La situación que enfrentamos en la actualidad y por la que se demanda la aplicación de la arqueología es para auxiliar en la búsqueda de personas desaparecidas; sin embargo, la participación de los arqueólogos en controversias legales ha sido más amplia aunque poco conocida, por ejemplo, la autentificación de piezas arqueológicas incautadas por las autoridades o litigios derivados de la presencia de vestigios arqueológicos en terrenos particulares; estos altercados siempre han sido competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia y su protección es parte de sus tareas sustantivas, de manera que no solemos incluir esto como parte del desarrollo de la Arqueología forense. No obstante, es preciso destacar que este antecedente ha contribuido en la formación profesional de los arqueólogos, ya que permite el acercamiento con las responsabilidades legales que se adquieren a partir del ejercicio profesional.

Este documento es parte de las reflexiones de este primer encuentro de Arqueología forense, un espacio necesario para el diálogo, el intercambio de vivencias y la discusión, que ha dado cuenta de la necesidad de vinculación entre los colegas que han trabajado en el ámbito y sus contribuciones. Así que, lejos de ofrecer una historiografía de la colaboración arqueológica en investigaciones ministeriales, es pertinente hacer un recuento de cómo se inserta la disciplina en la investigación forense, sus aportaciones, responsabilidades y los retos que enfrenta.

Antropología física y Arqueología en la investigación forense

Por décadas la Antropología forense fue sinónimo de Antropología física forense, al menos en lo correspondiente a su desarrollo en México, en ello, la participación de la Arqueología siempre fue vista como la contribución de métodos y técnicas que auxilian en la recuperación de restos humanos en contextos legales, apoyando a disciplinas como la Criminalística de campo en las tareas de prospección y excavación (Dupras, Schultz, Wheeler & Williams, 2011; Hunter & Cox, 2005; Pickering & Bachman, 2009). En cierta forma, la Arqueología se había considerado como una mera herramienta técnica en la recuperación de restos humanos (Lara Barajas, 2009; Ortega Palma, 2017), incluso cuando se recurren a las bases técnicas para las acciones de búsqueda en campo, dejando de lado la posibilidad de identificación de patrones espaciales, interpretación de contextos y otros resultados potenciales.

De esta forma, la incursión de la Arqueología ha estado marcada por el desarrollo de la Antropología física forense, mismo que fue distinto en el resto de Latinoamérica y otras partes del mundo, debido a que ambas disciplinas estuvieron enfocadas hacia la protección, conservación e investigación del patrimonio cultural desde su origen y a lo largo de varias décadas; su evolución y cada vez mayor cercanía con los procesos de verdad y justicia se deben a la reciente transformación del contexto social y político, en el que la violencia ha dejado numerosas víctimas de desaparición y otros fenómenos que requieren de la aplicación de las disciplinas sociales para entender y documentar los fenómenos (Enríquez Farias, 2020; Márquez Morfín, 2019, pp. 83–84).

Los primeros pasos forenses de la antropología física mexicana estuvieron orientados a la identificación y con una fuerte carga hacia la Antropología criminal, de ahí su gran aportación a los métodos de identificación humana a través de los métodos de morfología y estudios de craneometría (Lagunas Rodríguez & Reyes Vázquez, 2009; Lara Barajas, 2009, pp. 20–22; Villanueva Sagrado & Escorcia Hernández, 2008), razón por la cual no se vislumbraba la necesidad de incorporar a la Arqueología, puesto que las tareas de recuperación de restos humanos eran atendidas por los criminalistas de campo y, cuando se requería, a la Antropología, los profesionales intervenían con éxito debido a que entre ambas disciplinas ya se tiene un ejercicio de intercambio metodológico consolidado a través de la Bioarqueología.

Es relevante mencionar la significativa aportación que tiene este campo de estudio como antecedente en la formación de profesionales, pues, a decir de Debra L. Martin, Ryan P. Harrod y Ventura R. Pérez, no se trata del estudio arqueológico con énfasis en entierros humanos, sino que tiene por objetivo reconstruir los significados de los patrones de la muerte y darle sentido a la integración de la información biológica de los individuos con el ambiente en el que se desarrollaron. En síntesis, se trata de integrar la información del contexto mortuorio con los factores culturales y biológicos que lo rodean (Martin, Harrod & Pérez, 2013, pp. 1–5). De ahí que este campo de estudio haya permitido la formación de arqueólogos y antropólogos físicos con una visión integral en la investigación de contextos relacionados con la muerte. Sin duda esto permitió que muchas de las experiencias de los estudiantes de arqueología y antropología en este campo se convirtieran más tarde en la aplicación práctica del conocimiento para la investigación forense.

La participación en contextos legales

La desaparición forzada ha sido una política de represión del Estado contra los grupos disidentes políticos a los que, en la década de 1970, se les llamó guerrilleros y que fueron sistemáticamente atacados por el ejército mexicano bajo un mandato de aniquilación, desde entonces y durante los siguientes 30 años se utilizó la fuerza pública para diseminar la protesta, la organización social y la colectividad, haciendo de los pueblos originarios el grupo más vulnerables (Radilla Martínez & Rangel Lozano, 2012).

Aunque el reconocimiento de este fenómeno de violencia y de sus víctimas ocurrió en la década de 1990, todavía pasaron casi 20 años para que la búsqueda de las personas desaparecidas se pusiera en la agenda pública, en este contexto hubo dos acontecimientos determinantes para impulsar las intervenciones de carácter científico. El primero fue la transición política del año 2000, en cuyo régimen de gobierno, el entonces Presidente de la República Vicente Fox Quezada, anunció la creación de la Fiscalía Especializada de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que se encargaría de la investigación de las desapariciones forzadas entre otras graves violaciones a los derechos humanos, esto impulsó algunas investigaciones, pero sobre todo permitió que se conociera con más detalle lo ocurrido en el periodo denominado Guerra sucia, principalmente porque los familiares de personas detenidas desaparecidas realizaron la denuncia de estos hechos (Sánchez Serrano & Rangel Lozano, 2017). El segundo acontecimiento fue la sentencia al estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) en 2009, en la cual se obliga al estado mexicano a conducir eficazmente las investigaciones en un plazo razonable y continuar con la búsqueda y localización del señor Rosendo Radilla Pacheco o de sus restos mortales (Corte IDH, 2009b).

En este marco podemos mencionar que una de las primeras experiencias conocidas que cimentó la aplicación de la disciplina fue la participación de un equipo interdisciplinario conformado por arqueólogos y antropólogos físicos (Carlos Jácome, Lilia Escorcia y Lorena Valencia) en la exhumación de los restos del luchador social Lucio Cabañas Barrientos en 2001, una intervención impulsada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México (AFADEM) que solicitaron a estos especialistas su participación como coadyuvantes en el proceso de exhumación e identificación que llevaría a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esta fue una labor que dio origen también a uno de los primeros esfuerzos por articular un equipo forense independiente. Si bien los profesionales tenían clara la aplicación científica, práctica e interdisciplinaria de la Antropología, el contexto social y político no fue favorecedor puesto que aún no se reconocía que la desaparición forzada en México había existido como un uso de represión política desde 1970 hasta nuestros días, de manera que las investigaciones eran incipientes y no existían condiciones para la intervención de especialistas, aun menos como peritos independientes (Sánchez Serrano & Rangel Lozano, 2017, pp. 310–328). Entonces, la Antropología forense no parecía tener cabida más allá de la aplicación de los métodos de la Osteología y la Somatología para la identificación humana dentro de las instituciones.

Es arriesgado precisar cuándo se realizó la primera intervención arqueológica de carácter forense, es decir, realizada por un profesional en la materia bajo una orden ministerial como parte de un acto de investigación, pero sin duda el caso antes mencionado puede considerarse como uno de los más significativos, ya que, además de cimentar las bases del quehacer científico de la Arqueología para la recuperación y la identificación humana en un contexto legal, representó el acercamiento de este conocimiento a la sociedad de quienes dieron cuenta con su contribución a la búsqueda de la verdad.

La desaparición de personas ha sido continua a lo largo de la historia reciente del país, en la actualidad prevalecen los altos índices de violencia, las numerosas víctimas (personas desaparecidas, personas no identificadas), los enterramientos clandestinos y las fosas comunes saturadas; un sistema penal acusatorio que demanda la presencia de especialistas en la recuperación de indicios, y una sociedad involucrada y participativa activamente en los procesos normativos, al pendiente de los avances científicos y que exige la formación de profesionales capaces de hacer frente a semejante reto.

Ante dicho panorama existe un tercer acontecimiento determinante en la incorporación de la Arqueología a las investigaciones forenses, se trata del cambio en el sistema de justicia, el cual pasó de sistema de justicia inquisitivo a sistema de justicia penal acusatorio, cuya operación requiere de la contribución de especialistas forenses capaces de sustentar mediante procedimientos técnicos-científicos la calidad y veracidad de los indicios (o evidencias) en el proceso de investigación.

Hacia inicios de este nuevo milenio, la inseguridad, la injusticia y las graves violaciones a los derechos humanos prevalecían en el país, se acrecentaba la desconfianza de la sociedad en las autoridades acusadas de corrupción y negligencia, siendo las encargadas de proteger la vida, la libertad y el patrimonio de todos. Desde la vista internacional se consideraba que México requería un sistema eficaz de justicia penal, capaz de ejercer la prevención de los delitos, la investigación de éstos, el enjuiciamiento y la ejecución de penas.

Esto quedó de manifiesto en la sentencia al estado mexicano por el caso del campo algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2009, en la cual se concluyó que se presentaron irregularidades relacionadas con “i) la falta de precisión de las circunstancias del hallazgo de los cadáveres; ii) la poca rigurosidad en la inspección y salvaguarda de la escena del crimen practicada por las autoridades; iii) el indebido manejo de algunas de las evidencias recolectadas, y iv) los métodos utilizados no fueron acordes para preservar la cadena de custodia (Corte IDH, 2009a, párr. 306)”, por lo cual se ordenó realizar el análisis forense, continuar con la estandarización de protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme a los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas y con perspectiva de género (Corte IDH, 2009a, párr. 502). En estas acciones fue determinante la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para realizar las investigaciones relacionadas con feminicidios en Ciudad Juárez, dejando un precedente en la contribución de la Antropología forense.

El diagnóstico acerca de la ineficiencia del sistema de justicia señalaba que la policía, considerada el primer eslabón de la cadena, no tenía las capacidades suficientes de investigación y sus tareas eran principalmente de vigilancia, eso quedaban demostrado al observarse que el 70% de las detenciones ocurría dentro de las 24 horas siguientes a la comisión de un ilícito; posterior a ello, las posibilidades de encontrar a los responsables eran casi nulas. Ante el ministerio público, de cada cien delitos que se cometían, únicamente se denunciaban e integraban cinco en averiguaciones previas. En el ámbito judicial, sólo uno o dos de los casos llevados a esa instancia recibían sentencia condenatoria, es decir, prácticamente el 98% de los delitos quedaban sin castigo (Guillén López, 2014).

Esto propició un cambio de paradigma en el sistema de justicia que al mismo tiempo transformó la participación de las ciencias forenses. En su origen, el sistema de justicia acusatorio, que comenzó su implementación en 2008, parte del principio de presunción de inocencia, es decir, que los imputados de algún delito son considerados sujetos de derechos más no de investigación, por lo que la prisión preventiva es excepcional, sólo en los casos que así lo indique el Código Nacional de Procedimientos Penales; en el ánimo de la garantía de los derechos se consolidó la defensoría pública, lo que significó que institucionalmente fuera suficiente y que las condiciones laborales fueran las mismas que en el ministerio público. Uno de los cambios más importantes fue considerar la evidencia como la prueba máxima, es decir, por encima de los testimonios (confesiones), lo que quiere decir que en el proceso de investigación se requiere contar con certezas obtenidas bajo un riguroso estándar de calidad técnica y científica para que este pilar soporte el proceso de investigación ministerial, ya que todas las pruebas obtenidas con violación a los derechos fundamentales o sin un procedimiento adecuado son anuladas (Carbonell & Ochoa Reza, 2009).

Las reformas hechas al sistema de justicia penal abrieron la puerta a la investigación forense, el desarrollo áreas de especialización de servicios periciales, la apertura de nuevas especialidades forenses sirvieron de plataforma en el impulsó de la Arqueología forense como una disciplina capaz de proporcionar herramientas metodológicas que garanticen el registro in situ de indicios en los contextos forenses; así como aportar argumentos para la reconstrucción de las circunstancias en torno al deceso, estimar el tiempo y el modo de la muerte, identificar los aspectos naturales y culturales y su influencia en la transformación del contexto; determinar una conexión entre un individuo (sospechoso o ejecutor) y la escena; reconocer patrones de enterramiento, lugares de hallazgo y usos de los espacios; pudiendo argumentar todo esto ante un juez durante la presentación del testimonio experto en un juicio (Enríquez Farias, Macías Madero & Peña Rodríguez, 2019).

Este nuevo panorama abrió la puerta de las fiscalías generales de justicia, tanto las estatales como las federales (antes procuradurías) para el ingreso de profesionales en distintas áreas. Lo anterior, sumado a la presencia de equipos de antropología forense internacionales, enmarcó la incorporación de tres arqueólogos en la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua que, junto con un equipo de Antropología física, conformaron el área de antropología forense a inicios de 2008^[2] y hasta el 2014 cuando la última de sus integrantes se separó de la institución. Una experiencia que demostró la importancia de la aplicación integral de Antropología forense a través de la puesta en práctica de estrategias de exploración para la búsqueda de personas desaparecidas, la excavación sistemática para la recuperación de contextos forenses y la argumentación en juicios orales (Carmona, 2018; Licona, 2010a, 2010b).

Desde entonces, así como esa experiencia, se fue visibilizando la presencia de la Arqueología en distintos estados del país y a nivel federal, refrendando la pertinencia y necesidad de contar con esta especialidad.

La búsqueda de personas desaparecidas

Entrando el año 2000 sucedió el incremento en los índices delictivos y, posteriormente, el estallido de violencia a partir de 2006, dio como resultado numerosos actos criminales entre extorsiones, secuestros, ventas, tráfico de drogas y un significativo aumento en los homicidios, feminicidios y la desaparición de personas (Vélez Salas et al., 2015). La atención de éstos últimos generó la saturación de los servicios médicos forenses, acrecentando la acumulación del número de Personas Fallecidas no Identificadas (PFNI). Ante la falta de identificaciones positivas ocurrió la saturación de las instalaciones, razón por la cual los cadáveres fueron enviados a los espacios denominados fosas comunes, áreas en los cementerios municipales destinadas para este fin (EMAF, 2021; Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, 2021).

Paralelamente, los familiares de personas desaparecidas conformaron colectivos que hacían labores de investigación y de búsqueda ante las omisiones de las autoridades y fueron sus acciones las que evidenciaron la presencia de enterramientos clandestinos en todo el territorio nacional, un escenario alarmante que comenzó a dibujarse desde hace 20 años. Aunque fue con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 cuando se intensificaron las acciones de búsqueda en campo por parte de los familiares de personas desaparecidas, demostrando que en Iguala existían numerosos sitios de enterramiento clandestino, a partir de ahí, el aprendizaje en las labores de búsqueda se compartió de un colectivo a otro, de estado en estado, creciendo día con día el número de estos lugares (Fabrizio Lorusso, 2019; Huffschmid, 2015). Al mismo tiempo que quedó evidenciada la presencia de estos lugares, se hizo ostensible la necesidad de especialistas forenses en las labores de búsqueda, exhumación e identificación, como nunca, en México la Arqueología fue vista como una disciplina necesaria para abordar este tipo de escenarios.

Desde las sentencias emitidas por la Corte IDH en contra del estado mexicano se ha fortalecido la estandarización de procedimientos forenses y la normativa para la aplicación de estas ciencias (Moreno Mejía & Salinas Hernández, 2022). Desde 2015 puede verse un avance en materia metodológica y sistematización de operaciones para la búsqueda y la identificación de personas desaparecidas, desafortunadamente, la solución a esta problemática no sólo radica en la mejora práctica sino en la transformación de fondo. A propósito de ello, en 2017 se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (LGMDF), desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con el cometido de crear los mecanismos necesarios para la localización de los particulares, a través de la exploración y la restitución de la identidad.

Con la puesta en marcha de esta ley se creó la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), encargada de las tareas de inquirir por los desaparecidos inmediatamente después de su desaparición o bien sin importar el tiempo que haya transcurrido, entre otras funciones, tiene la tarea de conformar y administrar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPEDNO), así como otras atribuciones que permiten agilizar las búsquedas sin pasar necesariamente por actos de investigación ministerial. La tarea de investigar quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas (Cámara de diputados, 2017). Esta separación de funciones pretende apresurar los procedimientos en favor de la rápida localización.

Esta normativa cambió la configuración de las acciones de búsqueda, la rápida creación de la CNB y sus homólogas locales demandó la presencia de especialistas forenses, por primera vez, se mencionó a la Arqueología como una especialidad forense necesaria en las tareas de localización (La Redacción, 2021). Si bien este camino abreva en mejoras sobre las políticas públicas, es preciso señalar que no fue la normativa y la estandarización de los procedimientos lo que motivó la incorporación de disciplinas como la Arqueología al ámbito de la sondeo, sino la movilización y demandas de los colectivos de familiares, los que en todo momento han planteado con firmeza sus exigencias.

Lamentablemente, aun con los cambios anteriormente señalados, al día de hoy nos encontramos ante el aterrador panorama de más 111 mil personas desaparecidas (CNB, 2023) y más de 52 mil personas sin identificar, lo que representa una tarea por demás cuantiosa; las cifras son alarmantes pues demuestra el impacto de la violencia sistémica en la que nos encontramos, nos lleva a pensar en las numerosas familias incompletas y vidas interrumpidas; al mismo tiempo es un indicador de las décadas de impunidad y abandono institucional, el botón de muestra de la falta de atención y preocupación por investigar el delito de la desaparición forzada, los crímenes que anteceden lo que hoy se nombra desaparición cometida por particulares y la falta de interés por desarrollar unidades especializadas que garanticen la caracterización de las personas fallecidas bajo estas circunstancias.

La Arqueología participa de un amplio proceso de investigación forense para el que se requiere de estándares metodológicos, pues forma parte de un procedimiento científico; si bien su intervención se centra en la etapa de la indagación de personas no debemos perder de vista que su objetivo es contribuir a la identificación y a los procesos de verdad y de justicia. Al ser la Arqueología una disciplina que permite dar cuenta de los procesos culturales, el reto de investigación que se enfrenta es mayúsculo, pues nos encontramos ante la materialización de una violencia sistémica expresada en contextos forenses que demuestran las diferentes formas de agresión que es preciso descifrar. El volumen del problema ante nosotros demanda de la aplicación estratégica de recursos, de la creatividad metodológica y del trabajo multidisciplinario.

En ese sentido, es preciso mencionar que se requiere de la formación de nuevos profesionales abocados al trabajo de investigación forense, si bien hasta ahora el desempeño de los profesionales ha puesto en práctica las bases aprendidas desde una formación dirigida a la protección, investigación y conservación del patrimonio cultural, el contexto actual demanda la consolidación de una Antropología forense que integre las nociones de la Antropología física, la Arqueología y la perspectiva cultura a través de la Antropología social, como ya se ha enfatizado (Enríquez Farias, 2020; Márquez Morfín, 2019; Ortega Palma, 2017).

Particularmente, la formación en Arqueología forense requiere facilitar las herramientas necesarias para poder contextualizar la problemática actual y entender los procesos culturales que se representan; fortalecer las bases de trabajo multidisciplinario en equipo, así como el diálogo con otras ciencias forenses y el ámbito policial; proporcionar las bases legales que conducen el quehacer pericial, las responsabilidades, las obligaciones y los compromisos que se adquieren y, finalmente, fomentar la vocación a través de sensibilizar sobre la aportación que tiene la aplicación de la Arqueología y la necesidad que existe de dar respuesta clara y eficaz a las demandas sociales.

En esta revisión se enumeraron los hitos que impulsaron la aplicación de la arqueología en las investigaciones forenses, sin duda, el contexto sociopolítico es el preámbulo de esta apertura y, en ello, la participación y la movilización de una sociedad lastimada por los constantes hechos de violencia fue lo que impulsó la creación de políticas públicas que derivaron en la formalización de esta nueva esfera. Es así como el camino hacia la consolidación de la Arqueología como una disciplina forense aún es largo de andar, guiado por la demanda social y motivado por el desafío de contribuir a la verdad y la justicia.

Referencias

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Notas

Información adicional

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