Introducción

En las últimas décadas el mapa político de la región ha cambiado. Variados investigadores sociales han reflexionado y han dado cuenta de este fenómeno (Barri y Wahren 2010, Boron 2012, Seoane, Taddei y Algranati 2013, Svampa 2011, Zibechi 2010, Giarraca y Teubal 2013). Entre ellos, Zibechi (2007, 2010) plantea que una nueva fase capitalista está avanzando en la región. Para el mencionado autor, el capitalismo ya no irrumpe de la mano de las privatizaciones ni del re-estructuramiento del Estado, sino que lo hace mediante las diversas estrategias de acumulación de capital, vinculadas principalmente con el manejo, acaparamiento y apoderamiento de recursos naturales (Zibechi 2007, Barri y Wahren 2010). A su vez, este nuevo capitalismo ha conducido a una relocalización de los sistemas productivos hacia el este asiático, llevando así a un aumento del consumo de las commodities en esta región (Frechero 2013). En este contexto, los países sudamericanos se convirtieron en grandes exportadores de estos productos y China en su principal consumidor (Seoane 2006, Teubal 2006, Svampa 2008, Zibechi 2010, Giarraca y Teubal 2013).

El gigante asiático comenzó su transformación y apertura económica hacia finales de la década de los setenta, aunque el proceso fue paulatino y controlado desde el gobierno. El ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, llevó a una expansión de su comercio exterior. Desde finales del siglo XX, el crecimiento económico chino -hasta la crisis de 2008- se mantenía en un promedio del 10% anual y esto llevó a buscar mercados para sus productos y fuentes de recursos energéticos y naturales para sostener y hacer viable dicho crecimiento (Santander y Martínez 2010). Esta necesidad produjo una vinculación mucho más estrecha con América Latina, convirtiéndose -en menos de una década- en el segundo socio comercial de la región (Roldán Pérez et ál. 2016).

En 2009 -el año de mayor impacto de la crisis financiera- las exportaciones desde América Latina y el Caribe (ALyC) hacia Estados Unidos se redujeron 26% y hacia Europa 29%, mientras que las destinadas a Asia cayeron sólo 4%. Sin embargo, las exportaciones a China fueron la excepción y crecieron 11% (CEPAL 2011).

Las motivaciones del acercamiento a China por parte de los Estados latinoamericanos varían según los intereses nacionales de cada uno de ellos, no obstante, se pueden identificar tres grandes causas: primero, lograr un proceso de crecimiento económico a través de las exportaciones (export-led growth) que permita una política de desarrollo; segundo, la búsqueda de inversión extranjera directa (IED) que ayude a dicho proceso de desarrollo, y tercero, una alternativa de inserción internacional ante los Estados Unidos y Europa, que se han ido replegando de la región (Ellis 2009).

Sin embargo, la presencia de China ha generado fuertes críticas de diversos sectores nacionales latinoamericanos, sobre todo de los industriales, y temores respecto a una nueva forma de dependencia, reproduciendo un patrón centro-periferia¹ (CEPAL 2011 y 2012). Pero esto no se reduce sólo a China, sino también a otros actores como India y los países del sudeste asiático quienes también son importantes demandantes de materias primas.

Lo planteado anteriormente llevó a que durante la primera década del siglo XXI se haya dado un importante aumento de los precios de los commodities, los cuales han llevado a la expansión de las actividades extractivas y de las tierras cultivadas. Maristella Svampa ha denominado esto el “consenso de los commodities”, haciendo referencia a “un nuevo orden económico y político, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo, demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes” (2012, 16). Como consecuencia, se plantea una reprimarización² de las actividades económicas, sobre todo en la exportación, y el establecimiento de un modelo de desarrollo extractivista, que sobreexplota los recursos naturales y la tierra (Palmisano 2016). Una de las consecuencias más importantes de esta situación es que no hay una medición del impacto concreto a nivel ambiental y social que este fenómeno genera, el debate se centra más en qué actor -gobierno o empresas- se queda con la renta y no en el riesgo que esto genera en la seguridad alimentaria y en la protección de los recursos naturales y de la población (Nacht 2013).

Tomando en consideración los aspectos contextuales señalados, a lo largo de este escrito nos interesa, en primer lugar, destacar la dependencia que el modelo capitalista neoextractivo viene acentuando, desde la década del 2000³, entre los países de la región sudamericana y los grandes centros económicos del mundo desarrollado y emergente. Para ello, centramos nuestra atención en la importancia de la relación de los países de la región con las economías emergentes⁴ como China, exponemos algunos conceptos que guiaron nuestro trabajo y presentamos aquellos eventos que junto a diversas políticas internas contribuyen a acentuar las lógicas extractivistas del sistema. En segundo lugar, exponemos los argumentos para sostener que el sistema agrícola argentino es ante todo un modelo extractivo de acumulación por desposesión. Luego, presentamos algunos resultados producto de una investigación llevada a cabo entre 2013 y 2015 en la provincia de Córdoba (Argentina), en torno a los conflictos socio-ambientales vinculados con la expansión del agronegocio. Tomando como marco de referencia los postulados de la ecología política, analizamos dicha conflictividad socioambiental como resistencia al modelo capitalista extractivo. Consideramos que los conflictos socioambientales desencadenados en la región de la pampa húmeda de Argentina, así como muchos otros conflictos socioambientales librados en Latinoamérica por el acceso, manejo, distribución y acaparamiento de los bienes comunes, son ejemplares en el sentido de exhibir las nuevas lógicas políticas y plantear las reivindicaciones de actores políticamente activos frente a la modificación de sus condiciones socioambientales de existencia.

Aproximaciones teóricas

Por décadas, la relación entre dependencia y desarrollo ha sido una preocupación constante de académicos y estadistas latinoamericanos, renovada en la actualidad por los efectos que ha generado la globalización sobre aquellos países que intentaron una estrategia de desarrollo en los años 80 y 90. La relevancia del tema en la agenda de los Estados se centra en el plano económico-comercial, debido a la creciente competencia internacional por cuotas de mercado, la apertura de fronteras comerciales, el incremento de la inversión extranjera directa -y la lucha por obtenerla- y la necesidad de diversificar socios comerciales (Rubiolo y Baroni 2014).

En la actualidad, se puede establecer que la dependencia de socios tradicionales como Estados Unidos y Europa se ha reducido (Tokatlián 2011), pero se observa la presencia de nuevos socios que generan estas dinámicas, siendo China uno de los principales. Sin embargo, se alerta sobre la configuración de una nueva forma de dependencia y la reprimarización de las exportaciones (Rosales y Kuwayama 2012; CEPAL 2012).

Esta situación ocurre en desmedro de una inserción comercial más autónoma -que permita ampliar los márgenes de toma de decisiones de los países-, ya que a medida que las asimetrías comerciales se profundicen y la matriz de intercambio continúe siendo interindustrial se seguirán exportando materias primas a China, India y demás mercados emergentes y se seguirán importando manufacturas de valor agregado medio y alto (CEPAL 2012; Sung Hyong 2010). La nueva dependencia se expresa en una nueva forma de subalternización de las regiones consideradas periféricas, ya no en términos de Estados desarrollados vis à vis no desarrollados, sino que depende ahora de la demanda a nivel mundial que se haga de estos productos -alimentos, minerales, bienes primarios- y de los capitales extranjeros que se insertan en áreas claves como la megaminería y los agronegocios (Frechero 2013).

Esto nos indica que la presencia del gigante asiático en la región -junto a la de otros países con alta demanda en materias primas como India- está contribuyendo a fortalecer una estructura de exportación primaria y altamente concentrada en pocos productos de bajo valor agregado. Esto es también una consecuencia de la especialización histórica de los países periféricos en la producción de materias primas que no ha generado las condiciones de desarrollo (Vidal y Guillén 2007) y, por lo tanto, mejores condiciones para una inserción comercial internacional más autónoma. Es necesario agregar que este tipo de dependencia tiene dos principales consecuencias para el Estado: aumenta su vulnerabilidad a cambios externos (Sahni 2011) -evidenciado con claridad en la reciente crisis económica mundial- y, a su vez, disminuye su margen de autonomía frente al Estado del que depende, en el ámbito económico-comercial y político.

Una de las primeras estrategias utilizadas por los países de la región para disminuir la dependencia ha sido la diversificación, que puede ser definida como una herramienta para alcanzar mayores márgenes de autonomía disminuyendo la dependencia económica y política, para evitar la discriminación de procesos de integración y para mejorar la participación en la economía mundial y así evitar caer en la periferia (Olivet 2005) o salir de ella. La estrategia de la diversificación de los países de América del Sur se observa en los socios comerciales, entre los cuales China ha ocupado un rol central, pero no en la composición de las exportaciones.

El crecimiento de los mercados emergentes, sumado al tamaño de sus economías, los han llevado a aumentar -en un porcentaje más elevado que el del promedio del resto de las economías del mundo- su demanda de varios de estos productos básicos (hidrocarburos, minerales y alimentos), lo que ha generado una exorbitante alza de los precios de estos (Slipak 2012) y, por tanto, “el carácter oligopsónico de China termina por definir el espacio de negociación para las naciones latinas” (Nacht 2013, 51). Entonces se puede observar una mayor vulnerabilidad para estos países porque dependen de los precios internacionales de las commodities y dichos productos están sujetos a condiciones externas de demanda -China, India y demás países emergentes- y de producción en los países socios, como factores climáticos, sociales y políticos (Nacht 2013).

Esto ha puesto en el centro del debate el fenómeno del extractivismo y sus consecuencias para aquellos países que lo tienen como un rasgo central en sus estructuras productivas. El extractivismo, entendido como explotación de volúmenes importantes de recursos naturales que se exportan como commodities, se basa en lo que David Harvey (2004) denomina acumulación por desposesión. Esta noción remite a la profundización de las prácticas depredatorias del capitalismo, que si bien mantienen cierta reminiscencia con la etapa de acumulación originaria de la cual habla Marx, se diferencian de esta por el énfasis que la acumulación por desposesión imprime en los derechos de propiedad intelectual -patentes y licencias- sobre material genético de semillas u otras formas de biodiversidad.

El concepto acuñado para el fenómeno en el siglo XXI ha sido neoextractivismo. Según Gudynas (2009 citado en Frechero 2013), el neoextrativismo se caracteriza, entre otras cosas, por: a) el desarrollo basado en los sectores extractivistas, ya que se lo concibe como condición sine qua non para combatir la pobreza; b) mayor presencia y rol activo del Estado; c) generar una inserción internacional subordinada a los centros de poder; d) profundizar la fragmentación territorial, los impactos sociales y ambientales, entre otros. De lo descripto, se infiere que este modelo influyó no sólo en la estructura productiva de los Estados que lo adoptaron, sino también en sus políticas sociales y ambientales.

América Latina, Argentina y los commodities: el peso de China

América Latina, en general, es parte de una amplia política de inserción internacional de las economías emergentes asiáticas. La región ocupa un lugar de menor relevancia ya que el centro de atención está en la propia región asiática, en relación con las potencias centrales y, posteriormente, en África y América Latina y el Caribe (Armony y Strauss 2012).

Estas economías emergentes -sobre todo en la relación con América del Sur- muestran una mayor presencia y un crecimiento acelerado de las vinculaciones, especialmente comerciales. Esta situación se ha visto favorecida por una menor competencia a nivel comercial dada la complementariedad económica junto con una menor presencia de Estados Unidos. En cambio, América del Norte y Central siguen estando bajo la órbita norteamericana, por lo tanto, su presencia es menor en estas regiones y, además, presenta una competencia comercial ya que todos producen manufacturas (CEPAL 2011, 2012).

China es la principal economía emergente en América del Sur. Sus principales socios comerciales son Argentina, Brasil, Chile y Perú; constituye, además, los principales mercados de origen de las exportaciones de la región hacia China (ALADI 2017).

Debido a este acercamiento acelerado se generó desconfianza y temor en el ámbito comercial por el nuevo patrón de dependencia que se vislumbraba. A pesar de que países como Argentina y Brasil cuentan con desarrollo industrial, la presencia de China ha llevado a la configuración de un intercambio comercial interindustrial, caracterizado por la exportación de materias primas y productos con escaso valor agregado y la importación de productos manufacturados de media y alta tecnología, con un valor superior (CEPAL 2012). Esto conduce a mayores desincentivos al desarrollo de la industria nacional y favorece la permanencia de un intercambio desfavorable para la región sudamericana (Nacht 2013; Slipak 2012).

Sin embargo, es necesario aclarar que, aunque se observan estas generalidades en la relación de China con la región, las implicancias comerciales son diferentes en cada país. Por ejemplo, en el caso de Chile se observa una balanza comercial superavitaria a lo largo de todo el período, mientras que en el caso de Argentina desde 2008 se observa se observa una balanza deficitaria. Brasil muestra una balanza mayoritariamente superavitaria, aunque con tres períodos (2007, 2008 y 2015) deficitarios, y en el caso de Perú, se observa un movimiento fluctuante, con un aumento del déficit en los últimos dos años (realizado con base en datos obtenidos de ALADI 2017)(ver Tabla1).

Tabla 1

Balanza comercial de los principales socios sudamericanos con China (2002-2015)

Nota: Valores expresados en miles de USD Fuente: ALADI 2017

Teniendo en cuenta lo presentado en las tablas 1 y 2, China se presentó como una alternativa de inserción comercial debido al tamaño de su mercado y a la complementariedad entre las economías (CEPAL 2011, 2012; Slipak 2014). Esto justifica el mayor peso de China en la balanza comercial de los países sudamericanos, desplazando a otros socios más tradicionales, sobre todo EE.UU. Así, desde 2008, el país asiático ha ido ocupando el primer o segundo lugar como socio comercial tanto en las exportaciones como en las importaciones. Para 2015, China fue el segundo socio comercial en ambas categorías para Argentina, y primero para Brasil, Perú y Chile (ALADI 2017) (ver Tabla2) .

Tabla 2

Participación de China en el intercambio comercial de los principales socios sudamericanos 2002-2015 (en porcentajes)

* Entre paréntesis se expresa la posición como destino de exportación Fuente: ALADI 2017

A esto se suma la concentración, en pocos productos, de la canasta exportadora, con primacía de aquellos de origen primario o con un escaso valor agregado. En el caso de Argentina, en 2015, tres productos dieron cuenta del 75% de las exportaciones a China: porotos de soja, aceite de soja y petróleo. Brasil sigue un patrón similar, concentrando sus exportaciones -77%- en tres productos: porotos de soja, minerales de hierro, y petróleo. Por su parte, Chile muestra una fuerte concentración en los minerales, ya sea el cobre y sus derivados y manufacturas, o en el hierro, constituyendo el 77% de lo exportado. En el caso de las exportaciones peruanas, también se observa una concentración en el cobre y sus derivados y el mineral de hierro, zinc y plomo, pero presenta una variación que es la presencia de harinas de pescado. Estos productos constituyen el 89% de lo exportado a China (ALADI 2017).

Aquí se puede observar, entonces, que la canasta exportadora de estos países coincide con las necesidades chinas, constituyéndose América del Sur en una región más -al igual que África- de donde obtener los recursos necesarios para su propio crecimiento y desarrollo. Si se suma a este análisis el patrón de la Inversión Extranjera Directa (IED) china, el cual está orientado al sector de los recursos naturales -sobre todo en la extracción- (Ellis 2009; CEPAL 2011; Slipak 2014), la tendencia a estos patrones de intercambio se hace más fuerte y demuestra que la inserción sudamericana en este nuevo escenario comercial ha demostrado pasividad y adaptación a las necesidades chinas.

Lo planteado hasta aquí hace evidente que la creciente participación de China en las economías sudamericanas, sumado al precio elevado de las materias primas y los commodites, ha provocado dos eventos importantes. En primer lugar, ha llevado a un aumento de la participación de las materias primas en la estructura exportadora de los países de la región, y a un posible cambio de la estructura productiva disminuyendo el peso de las manufacturas -con baja, media, alta tecnología- en la misma. En segundo lugar, a un aumento de las tierras cultivadas en desmedro de los bosques y por medio de la desposesión.

Aunque esta situación de bonanza basada en el alto precio de las materias primas es positiva en el corto plazo, la historia ha demostrado que el auge de productos primarios como líderes del crecimiento económico -el caso de la Argentina poscrisis de 2001- no tiende a durar mucho en el tiempo y cuando dicho auge termina, la economía decae porque no tienen estructuras suficientes para continuar (Slipak 2012). El autor agrega que los elevados precios de los commodities producen un alto costo de oportunidad si no se destinan los factores de producción a estas actividades, facilitando esto la continuidad del modelo neoextractivo.

Argentina adoptó, bajo el gobierno de los Kirchner (2003-2015), un modelo neodesarrollista basado en el llamado neoextractivismo. Las actividades en las cuales se ha enfocado, principalmente, han sido el agronegocio, la mega minería, los hidrocarburos y en menor escala, la pesca y la industria maderera-celulosa. La devaluación de la moneda nacional en 2002, junto al incremento del precio internacional de las commodities, favoreció la expansión del comercio exterior y la adopción de un modelo de crecimiento a través de las exportaciones. El perfil comercial, entonces, ha ido virando hacia uno más enfocado en los productos primarios y en las manufacturas de origen agropecuario (impulsado por socios comerciales como China, India, Indonesia, Vietnam, etc., y en menor medida el Mercosur), aunque sin dejar de lado las manufacturas de origen industrial que suelen estar destinadas a otros países de la región latinoamericana. Esto se ve reforzado por un patrón de IED enfocado en la explotación de los recursos naturales, que profundiza, así, el neoextractivismo (Frechero 2013).

Durante su gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, realizó un viaje oficial a China en 2010 y habló sobre esta cuestión, indicando que el país no debería ser visto sólo como un mero productor de granos. En sus palabras:

Vamos a "desojizar" la relación entre Argentina y China, porque si la relación entre Argentina y China pasa únicamente por la soja estaríamos en problemas, nosotros y los chinos. Los chinos porque dentro de poco nosotros vamos a procesar cada vez más porotos de soja en el propio país, y nosotros porque si lo único que nos une con los chinos es la soja no estaríamos dentro de una relación estratégica (Fernández de Kirchner, 12 de julio de 2010).

Sin embargo, no se ha producido el cambio en la relación con el gigante asiático y la concentración en pocos productos -casi exclusivamente en la soja y sus derivados- ha sido una constante.

Lo descrito anteriormente ha contribuido a profundizar en Argentina el modelo neoextractivista de agro-negocio basado en el monocultivo y en fuertes emprendimientos mineros (Nacht 2013). Este neoextractivismo no sólo genera un impacto ambiental y social -desmonte, despojo de las poblaciones originarias (Slipak 2012)- que la mayoría de los gobiernos no tienen en cuenta, sino que también pone en riesgo, en palabras de Nacht, “la soberanía alimentaria y la salvaguarda de los recursos naturales y sus poblaciones” (2013, 150).

A pesar de las duras críticas, el modelo neodesarrollista basado en el neoextractivismo ha sido exitoso hasta 2014. El contexto internacional de altos precios de los commodities permitió que los Estados crecieran económicamente y que pudieran destinar recursos para disminuir la pobreza. Así, los indicadores sociales y económicos mostraron una increíble mejora y esto hizo que no se cuestionaran los efectos negativos del sistema (Peters 2016). Sin embargo, a partir de 2014, con la baja de los precios de las commodities y la creciente resistencia social, este modelo ha comenzado a mostrar sus falencias.

El agronegocio en Argentina: un modelo extractivo de acumulación por desposesión

En la década de los setenta, el capitalismo financiero comenzó a incidir en el agro argentino (Carrasco, Sánchez y Tamagno 2012) de la mano de la “‘revolución verde’ -que implicaba el uso masivo de fertilizantes, agroquímicos y moderna maquinaria agrícola-, fomentada principalmente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA⁵)” (Barri y Wahren 2010, 3). Para ese entonces se dejó de alternar la producción agrícola con la ganadera y se abrió paso a una “agriculturización”, basada en dos cosechas por año gracias a las “cosechas de segunda” y a la alternancia que la misma permite desarrollar entre soja y trigo (Teubal 2006). A partir de entonces, Argentina emergió como un “nuevo país agropecuario”⁶ sustentando la actividad en el cultivo de soja y en el paquete tecnológico que la acompañaba (Teubal 2006). En 1991 se firmó un decreto de desregulación que implicó grandes cambios en materia de políticas públicas para el desarrollo agropecuario y eliminó una serie de organismos nacionales, tales como las Juntas Nacionales de Granos y Carnes, precios sostén, etc., que desde la década del treinta venían controlando al sector (Teubal 2006; Barri y Wahren 2010). Esto posibilitó que en 1996 la secretaría de agricultura y la Comisión Nacional Asesora de Bioseguridad Agropecuaria (CONABIA) autorizaran la introducción y su correspondiente utilización de la soja transgénica, comercialmente llamada “RR” -Roundup Ready-, junto con el paquete tecnológico necesario para su producción (Teubal 2006; Barri y Wahren 2010; Carrasco, Sánchez y Tamagno 2012). El paquete tecnológico consiste en sembrar las semillas de soja RR mediante el mecanismo de siembra directa⁷, para lo que se requiere del uso de glifosato (Teubal 2006).

Con el devenir de los años el uso de este paquete tecnológico se hizo extensivo y se generó lo que algunos autores (Barri y Wahren 2010; Carrasco, Sánchez y Tamagno 2012; Giarraca y Teubal 2013) denominan “sojización”, es decir, la expansión del cultivo de soja en toda la región pampeana y de la frontera agrícola hacia otras zonas del país. La expansión de la frontera es consecuencia del tipo de producción, ya que la agricultura representa una economía de escala que permite disminuir los costos a medida que aumenta la producción (Carrasco, Sánchez y Tamagno 2012).

Para comprender el fenómeno de la sojización en Argentina basta con señalar que, actualmente, de los 39 millones de hectáreas cultivables con las que cuenta el país, el 50% se destina al cultivo de soja transgénica. Desde la década de los noventa la producción de soja transgénica se incrementó en 574% (gráfico 1) y la superficie sembrada con este cultivo aumentó 388%, pasando de 5 millones de hectáreas a inicios de los noventa a más de 19 millones en la campaña 2014/15 (gráfico 2)⁸. La provincia de Buenos Aires aumentó en 460% la superficie sembrada con soja, Córdoba incrementó en 331% y Santa Fe en 133%. En lo que respecta a las provincias del área extra-pampeana, los incrementos fueron desproporcionados: en Chaco aumentó 430%, en Entre Ríos el incremento fue de 1270% y en Corrientes las hectáreas con soja aumentaron 10.000% (Aranda 2016).

Gráfico 1
Evolución de la producción (toneladas) por cultivo
uente: SIIA 2017 (URL: http://www.siia.gob.ar/sst_pcias/estima/estima.php)

Gráfico 2
Evolución de la superficie sembrada (hectáreas) por cultivo
Fuente: SIIA 2017 (URL: http://www.siia.gob.ar/sst_pcias/estima/estima.php).

Este fenómeno de sojización genera una gran concentración de la tierra. Por ejemplo, en el caso argentino se observa que, entre finales de la década de los ochenta y comienzos del presente siglo, desaparecieron en total 81% de los pequeños y medianos productores en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Para 2008, según el último censo nacional agropecuario, el coeficiente de Gini⁹ para la distribución de la tierra de la República Argentina era de 0,83 (OXFAM 2016). La concentración de la tierra implica que grandes pooles de siembra controlen las distintas áreas del negocio, concentrándose el 54% de la producción nacional sólo en un 6% de productores (Carrasco, Sánchez y Tamagno 2012) y transformando la actividad agrícola-industrial en un agronegocio.

El modelo de agronegocio basado fundamentalmente en el monocultivo de la soja, fue impulsado por empresas multinacionales con filiales en los países desarrollados, bajo un fuerte respaldo del discurso científico-técnico puesto al servicio del desarrollo y de un marcado predominio del capital financiero. En este sentido, es interesante advertir cómo la agricultura se subordina a las lógicas del capital bajo una noción aristotélica de crematística, a tal punto que la tierra deja de ser un medio al servicio de la producción para convertirse en una mercancía capaz de adquirirse en el mercado del agronegocio. En consecuencia, esta nueva lógica de acumulación, impuesta por el modelo de agronegocio, desarticula los antiguos anclajes nacionales en los que se insertaban los capitales agroindustriales trasnacionales, para reemplazarlos por plataformas productivas implantadas en los países del Cono Sur. Dichas plataformas productivas orientan sus actividades a la satisfacción de las necesidades estratégicas de abastecimiento de las grandes potencias globales (Gras y Hernández 2013).

Desde la perspectiva que adoptamos en este escrito, entendemos que el agronegocio debe ser abordado críticamente para interpelar el lugar de naturalización en el que lo ha intentado colocar discursivamente la lógica contemporánea del capital, a fin de desentrañar las consecuencias que este modelo está generando a nivel social, político, económico y ambiental. Por lo tanto, advertimos que el modelo de agronegocio antes que nada es un modelo extractivo basado principalmente en una acumulación por desposesión (Harvey 2004) que conduce a la reprimarización de las economías nacionales (Giarraca y Teubal 2013). La acumulación por desposesión impacta, además, en: a) la mercantilización de las tierras, lo que en muchos casos acarrea violencia, seguimiento y expulsión de las comunidades campesinas; b) la conversión de los derechos de propiedad colectiva en derechos de propiedad exclusiva o privada, lo cual se traduce en una reducción del derecho a los bienes comunes; c) la intensificación de la fuerza de trabajo como mercancía y d) la restricción extrema de las posibilidades de producción y consumo de productos alternativos (Harvey 2004; Giarraca y Teubal 2013). En palabras de Machado Aráoz:

(…) la lógica de la expropiación se materializa tanto a través de la degradación de los cuerpos de las poblaciones, a través del vaciamiento e inversión de la lógica formal de las instituciones democráticas de gobierno. En este sentido, la expropiación política tiene que ver, en su dimensión biopolítica, con la expropiación de los medios que nos hacen cuerpo: el agua, el aire, el suelo, en suma, el territorio. En su dimensión institucional tienen que ver con la expropiación jurídica de esos cuerpos, lo que alude al desconocimiento de esos cuerpos como portadores de derecho (2011, 172-173).

Estos rasgos del modelo extractivo se encuentran atravesados fuertemente por una colonialidad del poder y del saber (Lander 2011) “que se vislumbra como uno de los pilares de la configuración social que sostienen la renta en la periferia” (Giarraca y Teubal 2013, 71). La díada colonialismo-capitalismo puede explicarse en la actualidad por el poder que las empresas transnacionales ejercen sobre las leyes y normas nacionales, ajustándolas a sus intereses particulares. En palabras de Boaventura de Sousa Santos (1998), presenciamos un “globalismo localizado”, ya que el impacto de los imperativos transnacionales desestructura y reestructura los contextos locales en función de los intereses globales.

Esta desestructuración y reestructuración conlleva una fuerte paradoja interna. Por un lado, el modelo considera los bienes comunes como mercancía y no internaliza los costos socioambientales que la propia actividad supone (Barri y Wahren 2010; Carrasco, Sánchez y Tamagno 2012). Mientras que, del otro lado, dicho modelo productivo se transforma en un gran sostén de las economías regionales, gracias al elevado precio de los commodities en el mercado internacional. Esto permite, a corto plazo, que los gobiernos locales implementen políticas sociales redistributivas. No obstante, y dadas las características del modelo, el futuro a largo plazo se torna incierto. Se impone así un modelo de desarrollo que termina transformándose en el principal responsable de la crisis socioambiental por la que atraviesa la región en los últimos años (Barri y Wahren 2010; Carrasco, Sánchez, y Tamagno 2012). El incremento de los conflictos socioambientales en toda América Latina da cuenta de este fenómeno de crítica y resistencia social al modelo neoextractivista.

Las resistencias colectivas frente al modelo extractivo de acumulación por desposesión

Durante 2013 y 2015 desarrollamos un trabajo de investigación en la ciudad de Córdoba, (Argentina) que tenía como principal objeto de estudio los conflictos socioambientales vinculados a la expansión del modelo de agronegocio sojero. La mencionada investigación se enmarcó en el paradigma interpretativo¹⁰ ya que “nos interesamos en las formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y producido” (Vasilachis de Gialdino 2007, 25). Desde esta perspectiva paradigmática desarrollamos un trabajo de corte cualitativo, para lo que recurrimos a las entrevistas en profundidad como principal técnica de recolección de datos. El universo de dicha investigación fueron los sujetos referentes de asociaciones de la ciudad de Córdoba y gran Córdoba que forman parte de los conflictos emergidos en el territorio en respuesta a la expansión del agronegocio¹¹. El muestreo teórico nos permitió la selección de los casos a estudiar en función de la potencialidad que estos ofrecían para profundizar o ampliar las categorías ya desarrolladas. Además, nos posibilitó trabajar con la noción de saturación teórica, dando por concluido el muestreo cuando la incorporación de un nuevo caso de estudio no aportaba información adicional a fin de desarrollar nuevas propiedades de las categorías con las que se estaba trabajando (Vasilachis de Gialdino 2007). La muestra quedó conformada por un total de 24 personas entrevistadas.

A lo largo del trabajo aludido consideramos que los conflictos socioambientales son conflictos eminentemente políticos que emergen en el ámbito público, cuando diferentes actores sociales poseen perspectivas encontradas en cuanto al uso y significado de un bien común. Los actores transforman dichas perspectivas en campos de fuerzas y de luchas simbólicas por la presentación y representación de las diversas formas culturales de uso y apropiación del mundo real y simbólico. En palabras de Alimonda, los conflictos socio-ambientales:

[…] antes de aparecer como problemas de distribución, […] constituyen cuestiones de apropiación, como el establecimiento de relaciones de poder que permiten proceder al acceso a recursos por parte de algunos actores, a la toma de decisiones sobre su utilización, a la exclusión de su disponibilidad para otros actores. Se trata de una matriz de relaciones de poder social, que está vigente en América Latina desde el período colonial, y que tuvo como predicado central el acceso a la tierra y otros recursos naturales y su control. (2011, 44)

A partir de nuestra investigación, hemos podido dar cuenta de que los conflictos surgen a partir de la percepción de una crisis socio-ambiental profunda a nivel provincial. Martínez Alier (2004) afirma que la crisis ambiental es producida como consecuencia de la deuda ecológica de los países ricos para con los subdesarrollados. En este sentido, uno de nuestros entrevistados se expresaba de la siguiente manera:

Estamos en una situación muy muy crítica, muy muy dramática, creo que, si bien hay un contexto internacional de crisis ambiental y en Argentina tenemos una problemática seria de crisis ambiental sobre todo con esta política de expoliación de los recursos naturales por un supuesto desarrollo, en el caso de Córdoba está exacerbado y es crítica la situación. (Juan 2014)

A la luz de lo mencionado, reflexionamos sobre las características y consecuencias de la crisis percibida. En primer lugar, nos lleva a razonar que la crisis, antes de ser de tipo socio-ambiental, es de tipo civilizatoria. Entendemos que esta civilización en crisis se asienta fuertemente en un pensamiento racional científico-técnico, bajo el que se estructuró el proyecto de la modernidad (Castro Gómez 2011). En otras palabras, la civilización racional científico-técnica moderna se encuentra en crisis como consecuencia de los perjuicios que ocasionó y está ocasionando a nivel socio-ambiental. Esta crisis civilizatoria contribuyó a profundizar las lógicas extractivistas y, por lo tanto, las disputas por los bienes comunes (Seoane, Taddei y Algranati 2013).

En segundo lugar, no podemos dejar de advertir la estrecha vinculación existente entre el proyecto de la modernidad y el ideal de desarrollo. Según Seoane, Taddei y Algranati (2013), el regreso de la narrativa del desarrollo se asocia fundamentalmente a las políticas promovidas en el contexto de la segunda oleada neoliberal. Este ideal de desarrollo tiene un fuerte origen en el proyecto de la modernidad y se sustenta en el progreso técnico puesto al servicio del incremento en la obtención de ganancias. Por esto, han sido los países hegemónicos dentro del sistema capitalista los que han impuesto y otorgado significados positivos al desarrollo (Giarracca 2006). Significados que hoy están siendo cuestionados por sectores sociales y académicos por ser el resultado de una imposición de las nuevas formas de colonialismo, de poder y del patrón eurocéntrico de construcción de subjetividades (Seoane, Taddei y Algranati 2013).

La crisis socio-ambiental percibida por los entrevistados se encuentra ligada de manera directa con el modelo de desarrollo productivo, concebido como un “modelo imperante, hegemónico y globalizante de producir”, que se caracteriza principalmente por la extensión de la franja sojera y las evidentes consecuencias sociales, ambientales, económicas y políticas que de esto se desprende. En este marco, resulta interesante reflexionar en torno a la geopolítica mundial que imprime en los países del Cono Sur una creciente desigualdad socio-territorial (Svampa 2008).

En el contexto de esta geopolítica mundial, caracterizada por el dominio político y económico de las potencias mundiales, los países de Latinoamérica se transforman en regiones estratégicas para la cacería de recursos naturales. Los entrevistados consideran que esta situación “es grave porque en este momento hay una neo colonización [que] tiene que ver con cuestiones geográficas y la explotación de los territorios a nivel riquezas” (Melisa 2014).

El señalamiento de nuestra entrevistada condice con lo postulado por De Sousa Santos (2009), para quien la gravedad de la situación social, política, económica y ambiental de la geopolítica mundial encuentra correlato en lo que él ha denominado fascismo territorial. Según el autor, el fascismo territorial se da “cuando los actores sociales provistos de gran capital patrimonial sustraen al estado el control del territorio en el que actúan o neutralizan ese control, cooptando u ocupando las instituciones estatales para ejercer la regulación social sobre los habitantes del territorio sin que éstos participen y en contra de sus intereses” (de Sousa Santos 1999, 30).

Por tanto, el fascismo territorial es constitutivo de la nueva dinámica colonial impuesta en nuestra región de la mano del capitalismo extractivo. Esto conlleva que las ganancias producto de la actividad extractiva queden “en pocas manos” y vayan quedando muchos “abajo” (comunidades campesino-indígenas, sectores socialmente vulnerables y vulnerados, etc.), quienes no se sienten “relevantes para los de arriba” (grupos de poder político y económico). De esta manera, se pone en evidencia el incremento de la brecha norte-sur y la ampliación de las diferencias clasistas en el interior de los países del sur entre poseedores (arriba)/no poseedores (abajo) (Svampa 2009).

Esta configuración social fragmentada se caracteriza por “tensiones, rupturas, exclusiones y niveles crecientes de explotación y degradación social” (Boron 2012, 193), lo que crea las condiciones objetivas para la emergencia de una nueva cartografía de las resistencias (Svampa 2008) vinculada con la defensa de los bienes comunes. Los colectivos, de una u otra manera, se enfrentan a la realidad buscando mejorar las condiciones de vida que se les imponen, mediante el reclamo de los derechos que son vulnerados (Boron, Amadeo y González 2006; Ciuffolini 2008; Delamata 2009; Seoane, Taddei y Algranati 2006; Seoane y Taddei 2009; Svampa 2009). En este contexto de lucha, los colectivos deben enfrentar a los grandes poderes económicos multinacionales y locales, quienes cuentan con el respaldo de los aparatos gubernamentales (Svampa 2008), lo que se transforma, según nuestros entrevistados, en “una lucha desigual”. Un ejemplo de lo señalado son las siguientes palabras:

lo que hay que entender es que detrás de una buena política pública ambiental que ponga restricciones al avance de determinadas prácticas nocivas hay grupos económicos concentrados que tienen muchísimo poder, que tienen llegada directa al poder político, es decir, lo único que necesitan es levantar el teléfono para decir si se desmonta o no se desmonta y la coronación de fuerzas todavía no nos favorece (Juan 2014)

Según Svampa (2008) el apoyo estatal a las actividades extractivas se da ya que los gobernantes consideran que, en la actual coyuntura internacional, en la que los commodities tienen un elevado precio de mercado, las actividades y mega-emprendimientos vinculados con el extractivismo son la única vía hacia el progreso y el desarrollo de la región. En consonancia con la autora, nuestros entrevistados consideran que “hay una política de Estado para profundizar este modelo”, lo que da cuenta de una “adhesión política” y “complicidad” del Estado para con las empresas. Al respecto, nos parece interesante rescatar el siguiente fragmento:

Sí, yo creo que es uno de los costos que estamos pagando hoy los ciudadanos es esto que, de alguna forma, el Estado promueve como desarrollo, como progreso. Me parece que el Estado hoy por hoy tanto nacional como provincial entiende como medidas de desarrollo y de progreso de un país únicamente es posible llevarlo adelante sojuzgando la naturaleza. (Damián 2014)

Esta situación lleva a que los Estados progresistas de Latinoamérica se encuentren en una gran disyuntiva. Por un lado, el Estado es la instancia central desde la cual se coordinan los mecanismos de control sobre la naturaleza y se garantiza la organización racional científico-técnica de la sociedad en pos de una gubernamentalidad que persigue el desarrollo y el progreso como instancia de bienestar para la ciudadanía (Castro Gómez 2011). Esto coloca a los Estados en el rol de impulsores y promotores de proyectos que generan conflictos socio-ambientales. Por otro lado, el Estado es el espacio que articula y recepta las exigencias de reconocimiento de derechos (Quevedo 2013), dado que, en palabras de los entrevistados, es “la autoridad de aplicación del cumplimiento de las leyes y de las prácticas administrativas”. Desde esta perspectiva el Estado pasa a encarnar la figura de regulador y se convierte en el actor con la facultad legítima para evitar, mitigar o reparar un daño socio-ambiental.

De esta manera, los conflictos socio-ambientales, derivados del extractivismo de los bienes comunes, se encuentran en un dilema pues la demanda está claramente localizada, pero los agentes de poder local, provincial y nacional se ven confrontados con agentes de acción supranacional, con lógicas de acción desterritorializadas. El caso de los conflictos socio-ambientales es ejemplar en el sentido de exhibir las nuevas lógicas políticas, las dificultades para la planificación, ejecución y control de políticas de gobernanza ambiental y plantear las reivindicaciones de actores tradicionalmente no politizados frente a la modificación evidente de sus condiciones socio-ambientales de existencia. Dicho de otra manera, los conflictos socio-ambientales ponen en tensión lo local con lo global a partir de una fuerte reivindicación del lugar, del territorio, de lo local como un ámbito de desarrollo de la vida cotidiana por fuera de las lógicas de poder, del ser y del saber impuestas desde lo global. Esta disputa entre lo local y lo global se materializa en la debilidad de las políticas de gobernanza ambiental, en su inexistencia o en los conflictos intrínsecos que la planificación y ejecución de tales políticas conlleva.

Conclusiones

El acercamiento de China a América Latina, en general, y a América del Sur, en particular, se presenta, a prima facie, como una oportunidad de diversificar las relaciones exteriores y como una alternativa a los socios sudamericanos tradicionales para buscar una mejor inserción internacional y una mayor autonomía. El desarrollo de China ha llevado a sostener una elevada demanda de productos primarios generando alzas importantes en los precios internacionales de los commodities. Como necesita asegurarse el abastecimiento de estos recursos, el gigante asiático busca la profundización de los vínculos con la región basado en la complementariedad de las economías. La concentración de las demandas chinas -junto a la de otros países como India y el sudeste asiático- en estos bienes de escaso valor agregado ha contribuido a perpetuar un círculo perjudicial en América del Sur basado en la exportación de productos primarios y la importación de manufacturas. Los países de la región presentan hoy una nueva dependencia, que no es igual a las de décadas anteriores. Debido a esta situación, los Estados presentan una mayor vulnerabilidad porque dependen de los precios internacionales de las commodities y dichos productos están sujetos a condiciones externas de demanda y condiciones internas de producción, como factores climáticos, sociales y políticos.

El elevado precio de las commodities en el mercado mundial favoreció que se potenciara la extracción de los bienes comunes y se acentuara el dominio del capital financiero sobre estos bienes, denominándose el fenómeno como neoextractivismo. Esto contribuye a incrementar un modelo extractivista, basado en la acumulación por desposesión (Harvey 2004). Amén del impacto del modelo extractivo de acumulación por desposesión, es innegable que un gran porcentaje de las divisas que ingresan a los países latinoamericanos provienen de este tipo de actividades. Lo que genera que, en muchos casos, se alienten las producciones extractivas con políticas de promoción internas, lo que a fin de cuentas conduce a lo que algunos economistas denominan reprimarización del sector exportador, que afecta de manera directa a las economías de subsistencia y a las economías regionales. Esto puede convertirse en el preludio de la construcción de un nuevo patrón de dependencia, esta vez situado en el Pacífico. La dependencia se da en una doble vía. En primer lugar, la economía nacional se ve sujeta de la exportación de un solo producto, con escaso valor agregado, lo que representa en la inmediatez el ingreso de divisas que posibilitan políticas de desarrollo social, al tiempo que plantea a futuro una gran incertidumbre ¿hasta qué punto es sostenible mantener una economía nacional a expensas de los bienes comunes? En segundo lugar, el agronegocio genera una gran dependencia hacia las empresas transnacionales proveedoras del paquete tecnológico necesario para la producción extensiva a gran escala. Los aspectos señalados no hacen más que reforzar el ideal de dependencia centro-periferia y el anverso colonial al que esta situación conlleva (de Sousa Santos 2009).

Frente a esta realidad, emergieron en el contexto latinoamericano diversos colectivos que no se encontraban politizados con anterioridad a la percepción de un riesgo para su estilo de vida, salud y el ambiente que los rodea. Esto configuró un nuevo mapa de las cartografías de resistencia en la región que, actualmente, buscan frenar el embate del capitalismo financiero sobre los bienes comunes y la colonialidad que el propio sistema imprime sobre los cuerpos, no sólo con la expropiación de los medios que hacen cuerpo (agua, aire, suelo, etc.), sino con la violencia que se imprime sobre ellos.

Los colectivos en resistencia dan cuenta de que su lucha es política al tener que disputar los significados, usos y apropiaciones de los bienes comunes. Esta disputa, a fin de cuentas, pone en tensión el “proyecto de la modernidad” en todas sus implicancias. En primer lugar, se cuestiona la construcción de alteridades excluidas del sistema-mundo moderno/colonial-capitalista mediante la brecha establecida por la metáfora del “subdesarrollo-desarrollo” (Giarracca 2006). A partir de lo que se visibilizan otros cuerpos, con otras concepciones sobre la relación sociedad/naturaleza.

En segundo lugar, se cuestiona el modelo de desarrollo hegemónico y se pone en valor otras maneras de desarrollo que no se anclan en una acumulación de capital. Esta manera de concebir otras formas de desarrollo encuentra su correlación con lo que Arturo Escobar (2005a) ha denominado pos-desarrollo. Esta categoría busca desmantelar la vieja idea de desarrollo en tanto discurso de poder, con el propósito de poner al descubierto los principales mecanismos de dominación y el ocultamiento de los conocimientos y experiencias de las comunidades locales (Svampa 2012). Al tiempo que promueve otras valoraciones sobre la naturaleza proveniente de otros registros, que suponen otro tipo de racionalidad ambiental como horizonte desde el cual pensar la relación sociedad-naturaleza en el marco de la crisis civilizatoria (Svampa 2012).

Por último, al cuestionar el ideal desarrollista y plantear que existen otras formas de desarrollo, alejadas del paradigma impuesto por la modernidad, se pone en tensión el modelo racional hegemónico de las ciencias modernas. Tal como lo postula De Sousa Santos (2001), los procesos de opresión y explotación, signados por el colonialismo y el capitalismo global, al excluir a grupos y sus prácticas sociales, excluyen también los conocimientos adquiridos por esos grupos. Esta exclusión desencadena lo que el autor ha denominado epistemicidio (De Sousa Santos 2009), fuertemente cuestionado y resistido por las organizaciones al respetar y poner en valor el conocimiento de los antepasados y los pueblos originarios.

Habida cuenta de lo expuesto, se concluye que los nuevos escenarios internacionales, así como las políticas internas que propician el comercio y la exportación de commodities a gran escala, han generado las condiciones para una cartografía de resistencia que plantea desafíos en el ámbito de lo político, en los que se pueden visualizar continuidades y rupturas con períodos anteriores. Las continuidades se evidencian, principalmente, en la visibilización de la colonialidad que viene resistiendo América Latina hace más de 500 años, en tanto que las rupturas se hacen visibles en el cuestionamiento a la relación dispar entre sociedad y naturaleza.

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Notas

Notas de autor