Introducción

En el marco de la construcción de verdades sobre la violencia política ocurrida durante la dictadura cívico-militar en Chile (1973-1990), los informes de las comisiones de verdad (CV) han sido un aporte central en la construcción de verdades oficiales. En su conjunto, han contribuido a elaborar diversas narrativas canónicas sobre los sucesos ocurridos a lo largo de los diecisiete años de dictadura. Y, a su vez, han establecido diversos límites en las verdades ofrecidas, operando como dispositivos de veridicción que vehiculizan reconstrucciones oficiales, determinadas por el contexto sociopolítico en el cual se han elaborado, así como por los objetivos institucionales a los cuales se circunscriben (Ruiz y Hristova 2019; Velásquez-Yepes y Zuluaga-Aristizábal 2022).

Desde una dimensión performativa, los esfuerzos por comisionar verdades establecen periodizaciones, perfilan diversas modalidades de la violencia y contribuyen a la constitución de sujetos (víctimas y perpetradores) (Bernasconi, López y Ruiz 2020). Además, sus formas de registro y de representación responden a un contexto sociopolítico que establece fronteras de lo decible, y formas de historización que contribuyen a la elaboración de regímenes de memoria que definen de modo dinámico, y nunca acabado, los encuadres de lo memorable (Crenzel 2014). Esto convierte el trabajo de las comisiones de verdad en productos y tecnologías no neutrales, controversiales, y, por tanto, en objetos de disputa para diferentes actores de la sociedad civil, que desafían las narrativas oficiales mediante la elaboración de respuestas alternativas, a partir de diversos repertorios contenciosos (e. g. manifestaciones, creación de archivos y de informes de verdad alternativos). En ese sentido, la sociedad civil ha tenido un rol fundamental en la construcción de verdades alternativas y activo en la disputa a las narrativas oficiales sobre el pasado reciente (Gready y Robins 2017). De ese modo, los intentos por comisionar verdades, más allá de establecer un cierre oficial de estos hechos, inauguran procesos más amplios de disputa sobre las formas en que se asume el pasado (Beristain, Ciurlizza y Bolaños 2007), rearticulando así las luchas por la memoria desde diversas temporalidades y marcos de referencia (Barrientos 2015).

Tal es el caso del movimiento de pobladores en Chile, actor colectivo clave y controversial en las transformaciones políticas de la segunda mitad del siglo XX en el país (Garcés 2019a). A raíz de su relevancia en los procesos de transformación política, desde el 11 de septiembre de 1973 fue objeto prioritario y constante de diversas modalidades de represión y violencia estatal, muchas de las cuales persisten a más de treinta años de iniciado el proceso de democratización. Sin embargo, pese a jugar un rol protagónico en la lucha contra la dictadura, la transición a la democracia contribuyó a su desarticulación a partir de una gradual exclusión de los procesos de participación política, debilitando su capacidad de acción. Esta exclusión también ha sido visible en el proceso de construcción de la justicia transicional y restaurativa, en el que, pese a la envergadura y masividad que adquirió la represión hacia los pobladores, solo se ha reconocido oficialmente de modo individual, selectivo y nominal. Si bien las diferentes comisiones han resaltado la masividad de la represión hacia las y los habitantes de barrios y poblaciones, no se ha reconocido institucionalmente su condición como actor colectivo clave en la oposición al régimen de Pinochet, como tampoco la existencia de una política sistemática represiva contra ellos por parte la dictadura. Esto se refleja en la inexistencia de procesos de registro y calificación en las comisiones de verdad que posibiliten la incorporación de un actor colectivo dentro de los procesos de justicia y reparación, como también en la ausencia de reconocimiento de continuidades en las formas de violencia hacia pobladores en los últimos años. De ese modo, pese a la relevancia que ha tenido este actor para las ciencias sociales, así como en diversas políticas sociales, las narrativas oficiales han silenciado y excluido las variadas formas de violencia a las cuales se ha visto expuesto en las últimas cinco décadas. Los diferentes modos de exclusión no solo impactan en el reconocimiento de graves vulneraciones a los derechos humanos por sectores empobrecidos de las ciudades, sino también en su reconocimiento como actor fundamental en el proceso de recuperación democrática y en la visibilización de su precarización.

No obstante, pese a los silencios oficiales, la sociedad civil ha elaborado una serie de respuestas alternativas, en las que las memorias sobre la represión hacia las y los pobladores han persistido a lo largo de la transición democrática. A mediados de la década de los 2000, como consecuencia del trabajo iniciado por la comisión Valech I, emergerá un nuevo régimen de memoria donde la representación de los pobladores será disputada a través de informes alternativos elaborados por diversos grupos de la sociedad civil, que además se hará visible en la revitalización de un campo de estudios de la historiografía sobre los pobladores, como también en la actualización del debate en torno a las definiciones y la naturaleza de los pobladores como actor colectivo, iniciado por la sociología chilena de los años ochenta (Cortés 2022; Herrera 2018; Iglesias 2016). Sin embargo, pese al relevamiento que ha adquirido el estudio de los pobladores, no existen trabajos que pongan énfasis en su representación dentro de las narrativas oficiales de los informes de verdad, como tampoco en las diferentes estrategias de disputa desde la sociedad civil para posicionar las violencias colectivas hacia sectores sociales particulares. Si bien hay un importante campo de estudios que ha revitalizado el lugar de diversos actores subordinados en las narrativas oficiales (Maddison y Shepherd 2014; Spivak 1999), el cual ha explorado las tensiones en torno a la incorporación de actores olvidados por la justicia transicional y las narrativas canónicas sobre los derechos humanos en diferentes contextos (Esparza 2014; Phelam 2023; Verhelst 2018), como también en el caso chileno (Hiner 2009; Hiner et al. 2022; Jara et al. 2018), el lugar de la violencia hacia las y los pobladores aún ha sido escasamente abordado.

Este artículo indaga en el lugar que las y los pobladores han tenido en las narrativas canónicas sobre la violencia colectiva y de qué manera han sido disputadas. El artículo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se establece una contextualización del rol de las comisiones de verdad y las políticas de memoria. Luego se reconstruyen y examinan las tensiones en la conceptualización de la categoría de poblador. Posteriormente, se examinan las representaciones de los pobladores y las formas de silenciamiento en los informes oficiales; luego se abordan las respuestas alternativas de la sociedad civil y finalmente se describe una serie de representaciones audiovisuales, así como de informes que han establecido continuidades en las violencias hacia sectores populares de la sociedad. La metodología se basa en un análisis sociohistórico documental de las representaciones de los pobladores. Para ello, se analizan los diferentes informes emanados del trabajo de las comisiones de verdad (1991, 1996, 2004 y 2011), así como informes alternativos que buscan disputar las narrativas canónicas en tanto actores que influyen en las relaciones sociales y las disputas por la construcción de sentido (Prior 2002; Rivera-Aguilera 2017). A ello se incluyen noticias de prensa, y documentos e informes que permiten contextualizar su producción. Finalmente, se concluye destacando la importancia de reflexionar en torno al lugar que ocupan los pobladores como un sujeto colectivo en las verdades disputadas sobre la represión durante la dictadura.

1. Comisiones de verdad y políticas de la memoria

Pese a la variedad de mandatos bajo los cuales se constituyen, las comisiones de verdad responden a objetivos institucionales que se convierten en insumos relevantes y actores cruciales en la construcción de políticas de memoria, es decir, en estrategias para encarar las experiencias violentas del pasado reciente (Collins, Hite y Joignant 2013). En este escenario, su trabajo consiste en generar un relato sobre los sucesos ocurridos, ofreciendo una narrativa consistente al mandato por el cual son convocadas (Hayner 2008).

Desde esa mirada, las comisiones de verdad son dispositivos cruciales en la construcción de regímenes de veridicción (Foucault 2016 y 2018). Estas pueden comprenderse como tecnologías inscritas en ciertos regímenes de verdad que encauzan itinerarios políticos y ritualizan prácticas bajo los mandatos de perdón, reconciliación o amnistía, generando formas de gestión y tramitación de los pasados contenciosos (Sáez 2020). De ese modo, se instalan en un campo de disputa sobre los regímenes de verdades previos, posicionando como mecanismo de expresión y difusión oficial nuevas narrativas que pueden compartir o impugnar elementos de las verdades previas (Ruiz y Hristova 2019). De ahí que algunos de los principales debates en torno a su construcción hagan referencia a las preguntas sobre la naturaleza y los límites de las verdades ofrecidas, en lo que respecta a actores y contextos reconocidos, lo que demuestra el carácter político y no neutral de las comisiones de verdad en la producción de verdades estatales (Hayner 2008).

En el marco de estos procesos, las comisiones movilizan una narrativa histórica de la verdad y una memoria (Bakiner 2016), insertándose de ese modo en el campo de batalla por la memoria y de luchas por las definiciones del pasado (Jelin 2019; Stern 2009). La impugnación, entonces, no es solo a aquellos actores que silencian o excluyen, sino también a los modos de producción de un régimen de memoria que posiciona formas aptas de recordar frente a otras memorias minoritarias, excluidas o subterráneas. De ese modo, más que imponer un punto de cierre con el pasado, las comisiones de verdad reactivan y actualizan de forma constante las discusiones sobre la justicia transicional (Barrientos 2015).

En el contexto chileno se han elaborado cuatro instancias para comisionar verdades. Dos de ellas son de recalificación y han ampliado el espectro de personas reconocidas por el Estado como víctimas. En 1990, con el inicio formal de la transición a la democracia, se estableció la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación (comisión Rettig) durante el gobierno de Patricio Aylwin. El informe sentó las bases de una narrativa en torno a las violaciones a los derechos humanos, inaugurando una nueva política de la memoria a lo largo de la posdictadura (D. Jara 2020). Si bien el informe identifica una serie de violencias ejercidas, su narrativa se centró en el reconocimiento de la existencia de personas desaparecidas y ejecutadas por la dictadura. Luego, entre 1992 y 1996, se estableció la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación que continuó el proceso de reconocimiento de casos inaugurado por la comisión Rettig.

En el año 2003, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se implementó una serie de medidas que buscaron perfeccionar los mecanismos de verdad y justicia conocidas bajo el lema “No hay mañana sin ayer”. Una de ellas fue la propuesta de una comisión de verdad para investigar y visibilizar los casos de prisión política y tortura. Dicha comisión fue denominada Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech I). Como resultado de su trabajo, el año 2004 entregó el informe que contribuyó a ampliar y visibilizar los regímenes de veridicción sobre la violencia política, incluyendo la tortura, la violencia político-sexual y la prisión política como prácticas sistemáticas empleadas por la dictadura. Luego, en 2010, se conformó la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura (Valech II), instancia recalificadora de la comisión Valech I que incluyó una serie de casos no reconocidos o investigados de prisión política y tortura, así como otra serie de casos de desaparición y ejecución no considerados en las instancias previas. Pese al avance realizado, estos informes han sido cuestionados, tanto por el reconocimiento aún parcial de las víctimas y experiencias de violencia como por la exclusión de experiencias colectivas, como es el caso de los pobladores.

2. Pobladores: categoría y experiencia tensionada

Desde la segunda mitad del siglo XX, el movimiento de pobladores se ha convertido en un actor clave en las transformaciones políticas en Chile y, por tanto, en objeto de violencia estatal en diversos momentos. La experiencia articulada de la pobreza urbana ha sido tema de diversos debates dentro del mundo político (qué hacer con la pobreza urbana), pero también en espacios académicos (cómo interpretar la acción colectiva de estos grupos). De ese modo, en la medida en que las y los pobres urbanos toman espacio como actores claves en la escena nacional, al mismo tiempo, son objeto de diversas formas de gestión gubernamental. En este escenario, la desactivación de las formas de organización del movimiento de pobladores ha sido un hecho frecuente. Desde las represiones masivas a las tomas de terreno en la década de los sesenta hasta la violencia sistemática en las poblaciones ocurrida durante la dictadura cívico-militar y los procesos de reorganización neoliberal en la etapa de transición democrática, la pobreza urbana articulada ha sido objeto de sospecha y sobre ella se han ejercido diversas modalidades de gobierno. Esto último no es ajeno a los modos en que ha sido abordado este actor por la justicia transicional. A partir de una mirada crítica, las narrativas transicionales han propiciado la individualización de sectores de la sociedad, y a su vez, la gestión y desactivación de diversos actores de la sociedad civil (C. Jara 2019; Sáez y Acevedo 2018). Este aspecto no es ajeno a la forma en que ha sido abordada la violencia hacia los pobladores.

En términos contextuales, la categoría pobladores hace referencia a los sectores populares urbanos (Pérez 2023). De modo específico, describe a los sectores pobres urbanos, inicialmente “sin casa”, y luego a los habitantes de campamentos o sectores periféricos de las principales ciudades del país (Garcés 2019b). En lo que respecta a los actores, este término alude a un movimiento que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX chileno cobró fuerza en las ciudades y se tornó central en la política (Murphy 2023), si bien el ciclo de movilizaciones de los pobres de la ciudad es un fenómeno de larga data. En el caso chileno, no será hasta finales de la década de los cincuenta que los pobladores adquirirán mayor relevancia a partir de la demanda por el acceso y el derecho a la vivienda, y presionarán al Estado para que desarrolle iniciativas más activas, a través de repertorios de acción como la toma de terrenos en espacios donde comenzaron paulatinamente a emplazar sus viviendas, generando zonas habitables con apoyo de profesionales y militantes de izquierda, lo que dará forma a las denominadas poblaciones (Cortés 2014).

En diferentes momentos, los pobladores se caracterizaron por encarnar un proyecto a partir de las tomas ilegales de terrenos, la construcción de viviendas y la organización de una vida comunitaria que cobrará especial importancia en la década los sesenta. Posteriormente, en los años de la Unidad Popular (1970-1973), tomarán un rol importante en la construcción del poder popular que culminará con el golpe de Estado en 1973 y la focalización de gran parte de la acción represiva sobre las poblaciones (Herrera 2018). Durante la dictadura, tendrán un papel central en la recuperación democrática (Garcés 2019b). Sin embargo, dada la particularidad de su experiencia y su capacidad de acción, los pobladores son un actor controversial en las reflexiones sobre movimientos sociales y han generado una serie de debates en torno a su ubicación en el mapa de los actores sociales (Cortés 2021).

Desde inicios de la década de los sesenta, diversos intelectuales han intentado comprender la naturaleza y las lógicas de acción de los pobladores. Uno de los primeros intentos de análisis fue realizado por Roger Vekemans, quien los asoció a la teoría de la marginalidad (Fauré 2017). Desde esta lectura, la agencia de los pobladores respondía a acciones asociadas a una subcultura con bajos niveles de organización e interés político, sin un proyecto político que les permitiera enfrentarse a la sociedad. Esta interpretación negativa sobre la agencialidad de los marginados urbanos contribuyó a alimentar el prejuicio de que conformaban una masa disfuncional (Cortés 2013 y 2022; Iglesias 2011; Pérez 2023). Con el triunfo de la Unidad Popular en 1971, el giro analítico cambió hacia la comprensión de los pobladores como una experiencia única dentro del movimiento político urbano. Como resultado de este trabajo, el movimiento de pobladores adquirió visibilidad como un actor social decisivo en la política nacional y no como un apéndice del movimiento obrero (Cortés 2013).

Durante la década de los ochenta se gestaron diversas formas de organización de la sociedad civil en el marco del creciente descontento con la dictadura. En la lucha contra esta cobró fuerza el rol de los pobladores, que tuvo su mayor apogeo en las jornadas de protestas nacionales entre 1982 y 1987 (Bravo 2017; Garcés 2019b). Se convirtieron no solo en un objeto de expresión del malestar, sino en un instrumento de comunicación para la oposición política al régimen (Bastías 2013). Sin embargo, una de las lecturas provenientes de diferentes partidos políticos de la oposición, así como de las ciencias sociales, se centró en analizar la capacidad de estos repertorios para impulsar la recomposición de los partidos políticos con miras a un proceso de democratización (Cortés 2022).

En particular, el debate de las ciencias sociales chilenas de la época se centró en explicar las acciones de los pobladores como desviación social, lo que abrió la reflexión sobre las posibilidades de definirlos como un actor diferenciado del movimiento de pobladores de inicios de la década de los setenta (Cortés 2022; Iglesias 2011). Gran parte de estos debates se articularon en torno al desarrollo teórico de los profesionales pertenecientes a la ONG Sur. Una de las principales conclusiones fue que no existía un movimiento social poblacional, debido a la incapacidad de los pobladores de constituirse como una forma de acción colectiva con capacidad transformadora (Cortés 2022). Desde esta mirada, la acción contenciosa buscaría más bien la integración, la cual, al no ser posible debido a la precarización producto de la crisis económica, desataría una serie de acciones de carácter más radical (Iglesias 2011y 2016). Esta controversia ha originado una serie de debates e interpretaciones sobre las posibles responsabilidades de algunos sociólogos, en particular bajo la influencia de Alain Touraine, en la desactivación del movimiento de pobladores durante la transición democrática (Angelcos y Pérez 2017; Cortés 2013 y 2022; Espinoza 2016; Iglesias 2016).

En el centro de este debate, las diferentes líneas de interpretación coinciden en que el declive de la acción colectiva se debe a la desvinculación entre los pobladores y las organizaciones movilizadas con los partidos políticos de oposición. Luego de que los partidos políticos de oposición asumieran la conducción de la protesta, el giro de la acción colectiva a la democratización encauzó la discusión hacia los procedimientos institucionales para avanzar en un proceso de democratización (Bastías 2013). Este proceso fue concebido como la piedra angular de la transición democrática chilena que, en pos de la gobernabilidad y la estabilidad democrática, desplazó a las organizaciones, poniendo en el centro las instituciones formales, debilitando las redes de apoyo y propiciando la desmovilización de los actores (Bastías 2013; C. Jara 2019). Esto se tradujo en desilusión y sensación de abandono por parte de las organizaciones, especialmente el movimiento de pobladores (Paley 2001).

Bajo la nueva realidad impuesta por el modelo de democratización, los pobladores fueron invisibilizados y silenciados, ya fuera porque redefinieron sus relaciones con el Estado, o bien porque fueron excluidos de los pactos y narrativas hegemónicas construidas por la transición (Garcés 2019b). Si bien la tesis de la desmovilización social no es una realidad homogénea, ni menos un paraguas que permita interpretar completamente la realidad de la acción colectiva en el proceso de democratización, esta lógica desplazó progresivamente a los actores sociales intentando cooptar sus demandas, hecho que en muchas situaciones fue exitoso (C. Jara 2019). En este escenario, una serie de movimientos, como es el caso de los de trabajadores y las asociaciones gremiales, lograron instalar y visibilizar un conjunto de demandas. En el caso de los pobladores, emergieron problemáticas habitacionales que permiten hablar de un nuevo movimiento de pobladores en la transición democrática (Herrera 2018). Sin embargo, en este campo en disputa, los pobladores aparecieron como una imagen difusa.

3. Representación y silenciamiento de los pobladores en las narrativas de las comisiones de verdad

Como corolario del olvido y el silenciamiento hacia los pobladores durante la transición, los proyectos para comisionar las verdades sobre la dictadura en Chile dejaron fuera de las narrativas oficiales a los pobladores como sujetos colectivos de cambio. De ese modo, así como los pobladores fueron excluidos de la participación en el proceso democrático (Escoffier 2023), también lo fueron en las narrativas canónicas sobre la represión en la dictadura, lo que se ha traducido en operaciones de silenciamiento, entendidas como procedimientos representacionales (de enunciación, categorización y circulación) que originan formas de invisibilización de las violencias a las que se vieron expuestos (Mansilla 2022).

Al igual que en el caso de otros actores excluidos por las comisiones de verdad, como el pueblo mapuche y la comunidad LGBTBIQ+ (Hiner et al. 2022; Jara et al. 2018), la justicia transicional ha enfatizado algunas violencias de carácter más excepcional e históricamente situadas, olvidando aquellas más rutinarias y continuas, que quedaron abandonadas en el silencio (Santos 2020). Además de estas exclusiones, los diferentes informes oficiales se han caracterizado por producir narrativas ambivalentes sobre el pasado, definiendo un contexto de corto plazo en la violencia perpetrada y una identificación parcial de víctimas, proveniente de ambos bandos, y estableciendo verdades parciales (D.Jara 2020). A ello se suma la intención institucional de determinar un punto final en cada pasado doloroso (Santos 2020).

En el caso de los pobladores, las comisiones de verdad han priorizado su representación como víctimas individuales supeditadas a su categorización como detenidos desaparecidos, ejecutados, prisioneros políticos, exiliados o torturados. Esta definición ha generado una serie de debates en torno a la identidad y la universalización de las víctimas (Montenegro y Piper 2009; Sáez 2020). Por otro lado, su definición, acotada a una temporalidad particular, ha contribuido a invisibilizar la continuidad en otras violencias heredadas de la dictadura, como es el caso de la persecución y represión a la juventud popular durante la posdictadura (Sáez y Acevedo 2018), la precarización económica y social como resultado de la implementación de políticas neoliberales (Han 2022) y la persistencia de la violencia policial en diversas poblaciones (Clínica de Acciones de Interés Público y Comité de Derechos Humanos 2017).

En ese sentido, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR) (1990-1991), primera en conformarse en Chile, a través de su informe (Rettig) estableció la primera historización oficial sobre las modalidades represivas (Bernasconi, Mansilla y Suárez 2019) y sentó las bases para el marco histórico e interpretativo desde donde se elaborarían las políticas de memoria. En particular, el informe Rettig señala, bajo un argumento similar al de la teoría de los demonios en el caso argentino (D. Jara 2020), la Guerra Fría como el contexto de polarización y agudización de la violencia entre los grupos de izquierda y derecha. Bajo este telón argumentativo, la comisión se centró en investigar los casos de ejecución política y desaparición, así como en establecer una descripción oficial de lo que el mismo informe denominó como algunas de las violaciones a los derechos humanos: desaparición, ejecuciones, uso indebido de la fuerza, muertes en horas de toque de queda, abusos de poder, tortura y actos terroristas (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 1991). En esta narrativa, la representación de los pobladores aparecerá en distintos pasajes en la descripción de la violencia ejercida hacia “ambos lados”, también al referir las principales formas de violencias, y finalmente al hacer mención al origen de algunas víctimas reconocidas por el trabajo de la CVR.

En primer lugar, los pobladores aparecerán representados al contextualizar los actos de violencia durante el día 11 de septiembre de 1973. El informe reconoce el rol de las poblaciones en los enfrentamientos con víctimas fatales del ejército y Carabineros (1991, 95), como es el caso de La Legua, uno de los pocos espacios en los que se prestó resistencia armada al golpe (Garcés y Leiva 2005). Al referir las principales formas de violencia entre 1973 y 1990, el informe Rettig además establece que las poblaciones son un foco constante de represión, cuyos antecedentes no indaga en profundidad. La violencia hacia los pobladores aparece al señalar la existencia de “vejatorios allanamientos a poblaciones” durante gran parte del periodo, que culminan “con masivas detenciones de personas, algunas de las cuales posteriormente mueren o desaparecen” (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 1991, 113). Al respecto, el informe señala que, de los métodos de detención, los allanamientos masivos eran los más importantes en poblaciones populares (96):

Efectuaban corrientemente las detenciones patrullas de Carabineros, a veces ayudadas por efectivos de Investigaciones y civiles. Cuando estas eran masivas, como en los allanamientos o redadas, las practicaron los efectivos de las otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Entonces actuaban tropas más numerosas y con mayores elementos, varios vehículos, a veces verdaderos convoys, y el operativo podía durar algunos días. Las redadas suponían una preparación más cuidadosa y la confección previa de listas, con las cuales se iba procediendo metódicamente. Solía no existir correspondencia entre la rama institucional cuyos efectivos detenían, y aquella que había solicitado la detención y, en definitiva, recibía al afectado […] en estos allanamientos no se opuso resistencia. (96-97)

En cuanto a la figura de los perpetradores, el informe no reconoce victimarios, sino más bien responsabilidades institucionales o civiles. Entre ellas, las de Carabineros y las Fuerzas Armadas, así como la del Poder Judicial. En cuanto a las víctimas, si bien menciona la existencia de métodos masivos de detención como los allanamientos, la violencia hacia los pobladores es referida como un antecedente: “el grueso de muertes durante el periodo se concentró en funciones, altas autoridades y mandos medios ‘sensibles de la agitación social’ como dirigentes poblacionales” (101).

En 1996, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación emitió un segundo informe reevaluador de casos no contemplados en el informe Rettig, en el cual no hubo mención de los pobladores, salvo cuando se aludió al origen de las víctimas reconocidas. En 2004 se emitió el informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech I), el cual amplió el registro de víctimas a casos de prisión política y tortura, de modo que tuvo en cuenta una serie de demandas provenientes de organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil por la inclusión de los sobrevivientes. Sin embargo, pese al avance realizado, la comisión Valech I excluyó de la calificación formas de violencia grupal como detenciones masivas o allanamientos, dejando fuera a un sinnúmero de pobladores que experimentaron diversas formas de violencia. Además, levantó una serie de críticas a la que se agrega el mecanismo de calificación de víctima asociado a las formas de acreditación de detención política por parte de los testimoniantes (Cornejo et al. 2007; Madariaga 2005). Por otro lado, el presidente Ricardo Lagos, en diciembre de 2004, a tan solo días de haber presentado el informe al país, mediante la Ley 19992, estableció un secreto para el acervo documental por cincuenta años, para impedir de esa forma su conocimiento y uso legal. Esta situación le valió una serie de críticas relativas a la existencia de un posible pacto de silencio que garantizaría la impunidad (“A poner alto” 2016; Vargas 2017) y por ser una grave vulneración al derecho internacional (F. Jara 2018).

En relación a los pobladores, el informe Valech (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura 2004) reconoce en diferentes apartados formas de violencia y hostilidad por parte de policías y militares hacia los pobladores desde 1973 (178), los cuales se recrudecieron con el inicio de las jornadas de protesta nacional en 1983 (182).

La represión asociada a los allanamientos masivos a poblaciones periféricas recrudecería a partir de 1983, pero lo cierto es que en los años previos no fueron raras las incursiones punitivas de carabineros, militares y agentes de la CNI contra los líderes y las organizaciones poblacionales de base. (183)

El informe califica estas acciones como “situaciones repudiables a derechos básicos”, dentro de las cuales señala allanamientos violentos a domicilios, “dirigidos en su inmensa mayoría a sectores pobres de la sociedad”, amenazas graves, amedrentamientos, arrestos domiciliarios, así como otras formas de control. Casos que, por tratarse de situaciones fuera de su mandato, “fueron excluidos del proceso de reconocimiento” (76), al no cumplir con algunos de los criterios de calificación, tales como haber sido detenido en un centro reconocido por la comisión, o tener evidencia de detención y violencia por fines políticos. La comisión definirá estos casos como “no precalificados” (2004, 44).

La dificultad de registrar las formas de violencia colectiva cuando las personas no eran trasladadas a sitios, sino que eran violentadas en sus mismos espacios, complejizó la labor de documentación de las organizaciones dedicadas a denunciar estos procesos durante la dictadura (Bernasconi, López y Ruiz 2020), situación que se mantuvo en la tipificación de casos registrados por la comisión Valech I. De ese modo, si bien este informe establece una narrativa en la cual reconoce el rol de la violencia colectiva hacia las y los pobladores, no establece criterios para su categorización, sino que se registra como parte de los antecedentes históricos de la represión ejercida. Al respecto, y dado el carácter secreto del trabajo realizado por la comisión, se desconoce si dentro de los antecedentes recopilados existe información que permita sistematizar y cuantificar las situaciones de violencia vividas por pobladores.

En 2011, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, se estableció una comisión recalificadora conocida como Valech II (Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos/as Desaparecidos/as, Ejecutados/as Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura 2011) que tuvo como objetivo la calificación de situaciones definidas como mandato en las comisiones anteriores. Sería, por tanto, continuadora de su trabajo, “manteniendo las modalidades utilizadas en dichas instancias en relación con las formas de funcionamiento, de análisis y presentación de casos y los criterios de calificación aplicados” (52). A través de su informe, tal y como ocurrió con los de las comisiones previas, la experiencia de violencia colectiva hacia las y los pobladores quedará fuera del reconocimiento estatal. Al respecto, el informe señala que

los allanamientos, situaciones de represión masiva con ocasión de las protestas en la década de los ’80 […], amedrentamientos por parte de agentes del Estado, situaciones de violencia física o psicológica ejercida de modo colectivo sobre familias, grupos o comunidades, no fueron calificadas en la medida que no se denunciara y acreditara la privación de libertad, como está expresamente señalado en la ley. (52)

De ese modo, las narrativas oficiales ofrecidas en torno a la violencia hacia las y los pobladores quedaron relegadas a una experiencia masiva sin un mayor reconocimiento oficial. Si bien se indica como una forma de violencia recurrente, no se ha registrado y cuantificado en el marco de la construcción de verdades oficiales. En general, el mandato de las comisiones ha excluido las experiencias de violencia colectiva en barrios y poblaciones de las posibilidades de ser reconocidas estatalmente y, por tanto, de ser nominadas.

4. Las respuestas alternativas: el lugar de las y los pobladores en la violencia

En el marco de las verdades establecidas por la comisión Rettig, diversos actores de la sociedad civil, entre ellos organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de familiares y de sobrevivientes, denunciaron los silencios y ocultamientos de los hechos ocurridos, así como los sujetos invisibilizados por el trabajo de esta comisión, por ejemplo, las comunidades indígenas, como el pueblo mapuche (Jara et al. 2018). Con la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998, se hicieron más visibles las disputas frente al pasado en la opinión pública, lo que ha dado forma a nuevas batallas por la memoria, que además de hacer frente al lento proceso de justicia y verdad, pondrían de relieve a diversos actores invisibilizados en las narrativas elaboradas por las comisiones de verdad (D.Jara 2020; Stern 2009).

En 2004, tras los resultados del trabajo de la comisión Valech I, diversas organizaciones del mundo académico, partidos políticos y sobrevivientes de la dictadura cuestionaron el ocultamiento del nombre de los perpetradores y el secreto impuesto a los archivos por cincuenta años. A solo semanas de ser publicado el informe Valech, la Coordinadora de ex Presos Políticos de Santiago dio a conocer su informe alternativo, “Nosotros, los sobrevivientes acusamos”, donde señalan 986 nombres de torturadores (2004). Paralelamente, exprisioneras realizaron una declaración en apoyo a los casos no considerados por el informe, así como a la discriminación de género por parte del presidente Ricardo Lagos, tras referirse a las mujeres víctimas de represión como “las mujeres o esposas de” (2004). Además, se cuestionó la exclusión del pueblo mapuche (Cayuqueo 2004), así como casos de represión ocurridos fuera del territorio nacional como parte del Plan Cóndor (Arias 2004), con lo que se disputó el sentido de las verdades elaboradas.

a. Comisión Ética contra la Tortura

En el contexto previo a la conformación de la comisión Valech I, diversas ONG que durante la dictadura realizaron acciones de apoyo y asistencia psicosocial -entre ellas, la Corporación de Derechos del Pueblo (Codepu), el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras), el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos (ILAS), el Servicio de Paz y Justicia (Sepaj), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) y la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee)- conformaron en 2001 la Comisión Ética contra la Tortura (CECT), en conjunto con el sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi, agrupaciones de expresos políticos y la ONG Amnistía Internacional. El objetivo del CECT consistió en elaborar un informe preliminar sobre tortura en Chile con el fin sistematizar los antecedentes, establecer conclusiones sobre sus alcances y elaborar una serie de propuestas en materia de reparación. Uno de sus principales puntos fue solicitar al Gobierno la creación de una comisión investigadora sobre tortura, que incluyera aquellos casos excluidos por las dos primeras comisiones (Cintras 2001).

El 26 de junio de 2001, la CECT entregó al Gobierno su informe preliminar en el que hacía un llamado a investigar los más de 400.000 casos constatados desde 1973 hasta 1990 (CECT 2001). El informe señala una serie de antecedentes recopilados por cada organización, entre ellos, informes alternativos que dan cuenta de la masividad de la tortura y otros apremios ilegítimos en grupos sociales, por ejemplo, tortura aplicada a niños y niñas, así como casos de tortura sobre grupos de pobladores. En relación a esto último, el Preinforme sobre tortura aplicada a grupos de pobladores en forma masiva durante la dictadura militar, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico (citado en CECT 2001), expresaba la masividad de la violencia de la dictadura hacia las y los pobladores, y hacía un llamado a establecer una estimación cuantitativa de la tortura sufrida en poblaciones y campamentos periféricos (CECT 2001). Al respecto, el Colegio Médico puso de relieve la dificultad de este proceso, debido tanto al carácter masivo como a las “pocas posibilidades de estos grupos de contar con medios de difusión para denunciarla” (citado en CECT 2001, 28). Frente a ello, el informe detalla una serie de casos que permiten ejemplificar la masividad en estas prácticas represivas: erradicaciones, allanamientos y detenciones masivas. Todas ellas formas de tortura física y psicológica, que no están ya dirigidas a individuos, sino que consisten en una violencia represiva masiva, que implica tanto a los individuos como a sus familias y a la población en su totalidad (CECT 2001, 29).

El informe establece los periodos en los que estos tipos de tortura se aplicaron con mayor intensidad. El primero, entre 1973-1974; el segundo, desde los primeros años de la década de los ochenta hasta 1984; el tercero, durante los años 1986 y 1987. Para cada uno, el informe toma una serie de testimonios de pobladores, activistas de organizaciones inmersos en el trabajo en estas poblaciones, informes de organismos de DD. HH. y prensa alternativa de la época, señalando algunos casos de muestra, como, por ejemplo, la erradicación del campamento San Luis y los allanamientos de la población Nueva La Habana entre 1973 y 1974. Del segundo periodo, el informe toma los casos de allanamiento a la población 14 de Enero, y el allanamiento y erradicación del campamento Juan Francisco Fresno. Como síntesis, advierte la necesidad de realizar este ejercicio a una escala mayor, incorporando el total de personas que sufrieron este tipo de tortura en todos los años de dictadura. Al respecto, el informe sentencia que, solo en el primer semestre de 1986, 126.000 personas se vieron expuestas a estos tipos de represión en un total de 15 poblaciones y agrega: “¿cuántos más pobladores hombres, mujeres y niños sufrieron este tipo de tortura?” (CECT 2001, 40).

La CECT continuaría su trabajo activo realizando diversos informes alternativos. En 2008, durante el gobierno de Michelle Bachelet, emitió un informe en el cual denunció el lento avance de la comisión Valech I en el esclarecimiento de justicia e hizo un llamado a “decretar la apertura de un proceso de calificación permanente de víctimas directas y familiares de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”, además de poner fin a los archivos secretos (CECT 2008, 13). A diferencia del informe de 2001, el de 2008 dio cuenta además de las vulneraciones a los DD. HH. en la posdictadura, en particular, las diversas formas de represión hacia el pueblo mapuche y las movilizaciones sociales que tomaron fuerza con el movimiento estudiantil de 2006-2007. Estableció, de ese modo, una lucha por los derechos humanos que conecta temporalmente las luchas por el reconocimiento de las vulneraciones del pasado con las del presente. En 2009, nuevamente emitió un informe en el que recuerda la necesidad de investigar casos de represión y desaparición durante la posdictadura y llama a no hacer “oídos sordos” a las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CECT 2009, 2).

b. El informe sobre tortura en las poblaciones de Santiago

La petición inaugurada en 2001 por el informe de la CECT fue la antesala para el desarrollo de la comisión Valech I, que en su informe incluyó la tortura ejercida por agentes del Estado, y describió además otras formas de violencia ejercidas de forma colectiva, como los allanamientos hacia pobladores. Sin embargo, dichos actores fueron señalados solo de forma nominal, al indicar la existencia de graves vulneraciones en poblaciones. De ese modo, si bien las verdades oficiales contemplaron dentro de las narrativas la represión hacia las y los pobladores, no hubo un ejercicio por sistematizar y establecer diferenciadamente las formas y modalidades represivas. Esto significó que estos casos quedaron fuera de cualquier posibilidad de reparación estatal, así como su dimensión y masividad dentro de las verdades oficiales. Con ello, los y las pobladores aparecen como una figura de violencia sistemática solo referencial, vacía de contenido, pese a la información disponible y publicada por diversas organizaciones.

En 2005, como respuesta al trabajo realizado por la comisión Valech I, en particular sobre la insuficiencia de las acciones realizadas por el Estado en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, el Sitio de Memoria José Domingo Cañas ubicado en Santiago elaboró un informe alternativo que documentaba las violencias colectivas hacia los y las pobladores en Santiago, denominado Torturas en poblaciones del Gran Santiago (Colectivo de Memoria Histórica José Domingo Cañas 2005). En este documento, José Domingo Cañas denuncia que la exclusión de los pobladores de los informes oficiales ha dejado fuera de sus objetivos a un amplio sector que “cualitativamente representó la base histórica y social urbana de la izquierda chilena, y cuantitativamente, el 30 % de la población nacional” (21). En esa línea, denuncia que los mecanismos para acreditar las denuncias ante el Estado (en particular, a partir de la comisión Valech I) no facilitaron la entrega de información (21), tanto por el clima de impunidad como por las metodologías y el establecimiento de un criterio rígido de prisión (21). El informe se propone estudiar la tortura a pobladores entre 1973 y 1990, ampliando el universo de casos contemplados por la comisión Valech I y aproximándose a la particularidad del ejercicio de la violencia a los pobladores, “vistos como una amenaza al orden que instauró la dictadura” (22).

Bajo ese imperativo, el informe buscó estimar la magnitud e intensidad de los hechos represivos a partir de datos recolectados por diversas organizaciones, así como de documentación de la época (prensa, denuncias), que es complementada con testimonios de pobladores, con el fin de ahondar de forma comprensiva en las formas que asumió la violencia. Además, se confeccionaron mapas de las poblaciones para establecer los límites espaciales durante la época (Colectivo de Memoria Histórica José Domingo Cañas 2005, 28). Como síntesis, plantea tres hipótesis sobre la violencia ejercida contra las y los pobladores: 1) la tortura a pobladores fue una práctica sistemática entre 1973 y 1990; 2) el espacio territorial de la población se transformó en un espacio en sí de tortura y prisión política, y 3) el sistema represivo desarrolló estrategias represivas específicas contra las y los pobladores de mayor efectividad, buscando la desarticulación y anulación de las prácticas de resistencia (28). Como resultado, el documento identificó cuatro tipos de violencia represiva masiva: 1) allanamientos, entendidos como la “violación con o sin destrozos de bienes muebles e inmuebles”; 2) privación de libertad, definida como la retención o detención de una o más personas o grupos “contra su voluntad en su hogar u otros lugares de la población (canchas, gimnasios, comisarías, sitios eriazos, plazas, parques, regimientos)”; 3) amedrentamiento, entendido como acciones de atemorización o miedo a través de amenazas o el esparcimiento de rumores de forma individual o colectiva; y 4) violencia disuasiva, consistente en el empleo de carros lanza agua, o uso de gas lacrimógeno “a una o más personas”, para que no ejerzan “su legítimo ejercicio de derecho de reunión, petición o protesta” (30).

En total, el informe identificó 359 operativos y 735 acciones represivas en 113 poblaciones de la Región Metropolitana. De ellas, el 39,4 % del total de operativos consistió en allanamientos con privación de libertad y el 18,4 %, en acciones disuasivas y de privación de libertad. Más de la mitad de todas las acciones fueron en la zona sur de Santiago y se estimó que al menos 98.204 hombres mayores de 15 años fueron víctimas de alguna acción represiva (Colectivo de Memoria Histórica José Domingo Cañas 2005, 80). Tras constatar la masividad de la violencia hacia pobladores, el informe se interroga “si solo en 16 poblaciones tenemos como mínimo 98.204 personas afectadas, ¿cuánto sería el total de afectados en las 98 poblaciones restantes?” (167).

Dada la complejidad de sistematizar la totalidad de casos, el informe sugiere que una de las principales medidas debe ser la recuperación de la memoria histórica ayudando a instalar verdades sobre las violaciones a los derechos humanos en las poblaciones y estimulando la participación de sus habitantes en su rescate (167). Con ello, el informe contribuye a complementar las verdades oficiales sobre la represión, incorporando sus particularidades en un actor colectivo.

c. Otros campos de emergencia de las y los pobladores

En la construcción de las memorias alternativas sobre la violencia hacia las y los pobladores, además del trabajo iniciado por organizaciones y fundaciones durante dictadura y la posdictadura para denunciar la masividad, la historiografía nacional ha buscado rescatar las distintas memorias de las vivencias de estas personas. A mediados de la década del 2000, a partir de la emergencia de diversas memorias alternativas, varias investigaciones se aproximaron a rescatar las memorias de la dictadura, y con estas emergió un campo de estudios relevantes en la historia social y oral chilena. Uno de los trabajos pioneros en esta línea es el realizado por Mario Garcés y Sebastián Leiva, El golpe en La Legua (2005), que detalla las diversas memorias en torno al golpe de Estado y la resistencia ofrecida por los pobladores los días posteriores al 11 de septiembre de 1973. A este se suma otra serie de investigaciones que han reconstruido los orígenes y trayectorias del movimiento de pobladores, así como las acciones de resistencia (Cortés 2014; Fauré 2018; Fauré y Moyano 2016; Garcés 2019a y 2019b; Paley 2001; Schneider 1990; Urbano 2021). En conjunto, estos trabajos han contribuido a revitalizar el campo de estudios sobre sectores populares. A estas iniciativas se suman las estrategias de conmemoración que mantienen activos los relatos sobre la violencia represiva en las poblaciones. Por ejemplo, el Día del Joven Combatiente (29 de marzo) o la conmemoración del golpe de Estado se han transformado en fechas emblemáticas que reactivan las luchas por las formas de elaboración del pasado (Badilla 2017; Trincado 2022). Hay que mencionar también la producción audiovisual que ha visibilizado diversas memorias alternativas a través del cine, desde dos tecnologías distintas: el cine argumental y el documental, que muestran formas distintas de denuncias sobre la violencia contra las y los pobladores y sujetos populares (Urbano 2012). El documental Cien niños esperando un tren (1988) fue pionero en visibilizar la precariedad en las poblaciones de Santiago.

A lo anterior se suma el trabajo en otros formatos visuales, como Teleanálisis, que logró difundir diversas experiencias represivas en diversas poblaciones de Santiago. El estreno en 2004 de la película Machuca, que muestra parte de la vida en las poblaciones durante la Unidad Popular y la antesala al golpe de Estado de 1973, se enmarca en estas nuevas narrativas. La popularidad nacional e internacional de la película complementa las discusiones en torno al pasado reciente desde la mirada de un adolescente, así como la posibilidad de abordar el pasado sin el riesgo de nuevas fracturas (Pérotin-Dumon 2005). Por su parte, la película Cabros de mierda (2017) aporta a la memoria en torno a la violencia en las poblaciones al retratar la violencia ejercida durante la dictadura desde la mirada de una mujer pobladora.

Otras obras cinematográficas también han puesto de relieve las continuidades de las lógicas de precarización en la vida de las y los pobladores, como un sujeto desplazado del Estado. Obras como Caluga o menta (1990), Johnny cien pesos (1993) o Taxi para tres (2001) muestran la construcción del sujeto poblador en la transición democrática desde una mirada precarizada, centrada en el desencanto, a través de lugares de vida cotidiana deteriorados y degradados como parte del espacio de olvido de la política institucional (Urbano 2012).

5. Continuidades en la violencia: las nuevas verdades sobre la represión a las y los pobladores

La continuidad en las violencias hacia los pobres urbanos se expresa en la precarización de la vida cotidiana a raíz de las políticas neoliberales (Han 2022) y la emergencia de nuevos conflictos como el generado por el narcotráfico. Estos han reactivado formas de violencia policial en poblaciones mediante prácticas heredadas de la dictadura (como los allanamientos) y amparadas en el marco del creciente proceso de implementación de políticas de seguridad ciudadana en la posdictadura. En esa línea, los procesos de intervención policial, luego en democracia, a poblaciones “emblemáticas”, como es el caso de La Legua, ponen en evidencia la emergencia de nuevas memorias sobre la represión que establecen continuidades más que rupturas. Al respecto, el informe A quince años de intervención estatal: violencia policial en La Legua (Delgado-Cortés y García-Campos 2017) relata la persistencia de las prácticas represivas hacia pobladores, señalando que han sido “distintos los modos en que la Dictadura actuó en cada uno de ellos y distintos, también, los efectos que la intervención del Estado ha tenido en ellos” (11). Al respecto, el informe enfatiza las continuidades en la violencia ejercida

pareciera que las víctimas actuales padecen patrones de conductas vulneratorias de derechos por parte de agentes del Estado desde los años de la Dictadura hasta nuestros días. Esta afirmación no parece exagerada, en cuanto se han documentado allanamientos a viviendas y detenidos sin mayores fundamentos en la vía pública, emulando el oscuro pasado que pesa sobre Carabineros de Chile y su acción represiva sobre la población civil. Incluso existen pobladores hoy que no pueden sino ver como parte de un continuo la violencia estatal en Dictadura y la violencia policial de la que han sido objeto de manera reciente. (17)

A su vez, las acciones estatales impulsadas por la policía para el combate del narcotráfico han contribuido a la perpetuación de la violencia (2017), estableciendo nuevas memorias en torno a la represión hacia los y las sujetos pobladores. Al igual que en el caso de la población La Legua, otras investigaciones han explorado las violencias cotidianas a las que se ven enfrentados las y los habitantes de las poblaciones más precarizadas de la región metropolitana, quienes han experimentado formas continuas de violencia estatal (Lunecke 2012; Ruiz 2012), las cuales reactivan y dinamizan las formas de elaboración de las memorias sobre la represión. Del mismo modo, el estallido social de octubre de 2019 abrió nuevas oportunidades de disputa para el movimiento de pobladores (Angelcos 2020), pero también de formas de represión, que aún han sido escasamente documentadas en los informes alternativos (INDH 2019). Lo mismo ocurre con las formas de hostigamiento policial y de supervivencia durante la pandemia por Covid-19 (Amnistía Internacional 2021).

Conclusiones

Los y las pobladores han sido actores cruciales en las diferentes transformaciones sociales desde la segunda mitad del siglo XX en Chile. La dictadura cívico-militar estableció modalidades masivas y particulares de represión a las que se vieron expuestas miles de personas, en particular, pobres urbanos, que fueron un objetivo prioritario. Pese a ello, en el marco de los procesos de justicia transicional, los pobladores han tenido un espacio nominativo. A través de los informes oficiales de las comisiones de verdad se ha propiciado una narrativa en la cual se representa la existencia de formas masivas de violencia hacia los sectores más empobrecidos de las ciudades, sin una mayor profundización en sus modalidades y secuelas. Estas operaciones de silenciamiento no solo individualizan la violencia estatal, sino que además le restan historicidad y silencian su agencia, lo que se expresa, por ejemplo, en la invisibilización de su rol en la recuperación democrática. Así, tal como la transición a la democracia excluyó a las y los pobladores de los procesos de transformación, las tentativas oficiales por comisionar verdades los han relegado de sus narrativas como sujetos colectivos de reconocimiento. No obstante, estas operaciones de silenciamiento se inscriben en un campo mayor que también ha impactado en otros actores marginalizados de las narrativas canónicas (población indígena, campesinado, población LGTBI, entre otros).

Como objetos contenciosos, los informes resultantes de las comisiones de verdad han originado diversos campos de disputa en la sociedad civil. En el caso del movimiento de pobladores, esto se puede ver, por ejemplo, en la construcción de respuestas alternativas, tales como el rescate de las memorias de las poblaciones del Gran Santiago, la elaboración de informes alternativos que han descrito tanto la violencia vivida en tiempos de dictadura como su extensión durante la posdictadura, como también a partir de representaciones audiovisuales que son parte de un proceso de disputa de las verdades oficiales sobre el lugar de las y los pobladores como sujetos de violencia estatal. En este artículo propusimos un recorrido por las formas de representación de dicha violencia y las controversias en la construcción de verdades oficiales. Con ello, buscamos retratar el carácter contingente e inacabado de los informes en la elaboración de narrativas sobre el pasado reciente y la importancia de análisis a partir de la reactualización de diversas formas de violencia en los últimos años.

Al respecto, el análisis de las operaciones de silenciamiento y exclusión de los pobladores en los marcos de verdad oficial resulta fundamental para pensar los modos en que se vinculan las “viejas” violencias con los “nuevos” procesos represivos que han involucrado a la pobreza urbana en los últimos años. Sostenemos que este tipo de análisis contribuye no solo a pensar nuevas formas de registro y categorización de violencia que permitan representar la colectividad y las formas de violencia ejercidas, sino también la propia historicidad y agencia de los actores, inscribiendo estos procesos en un contexto mayor.

En el caso de los pobladores, pese a que a lo largo de la posdictadura los diferentes Gobiernos han implementado políticas que han profundizado sus formas de precarización y de violencia, las respuestas alternativas de la sociedad a las verdades canónicas sobre el pasado reciente han contribuido a reposicionar su rol como actores claves en la sociedad chilena. En ese aspecto, la continuidad de las prácticas represivas registradas por informes alternativos y trabajos académicos da cuenta de la movilidad en los regímenes de memoria que tensionan la dicotomía dictadura/democracia, complejizando así la comprensión sobre las formas de violencia y su registro en el Chile contemporáneo.

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Notas