Introducción

Hasta que no den un resultado no se van de vacaciones

Fuente: Soldado responsable de asesinar a un joven inocente en Audiencia de reconocimiento sobre crímenes cometidos en Antioquia

Con la firma del acuerdo de paz con las FARC- EP en el año 2016 se produjo un marco de posibilidades para las transformaciones territoriales que permitirán a Colombia construir caminos para el desarrollo de una nación próspera que pueda vivir en paz y disfrutar de sus riquezas sociales y naturales con la garantía de que sus vidas y libertades serán respetadas. Lamentablemente para el país, a raíz de una serie de incumplimientos por parte de diversos actores y de un marcado desinterés de amplios sectores de la sociedad, esta posibilidad se aleja cada vez más. En primer lugar, el Estado colombiano no ha podido garantizar la vida de los firmantes de paz. La cifra de excombatientes asesinados de acuerdo con el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz (2025) indica que a la fecha han sido asesinados 462 excombatientes. Fue en el año 2019 y 2020 cuando más personas fueron asesinadas con un total de 167.

En segundo lugar, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que actualmente se encuentran desplegados en 16 subregiones del país afectadas por la violencia, la pobreza, la ausencia del Estado y la presencia de cultivos de uso ilícito y en el que apenas la tercera parte de la población cuenta con acceso a agua potable, han sufrido una grave crisis de corrupción. Según informa la Presidencia de la República (2024) se han desviado 9.1 billones de pesos. La Contraloría General de la República (2023) ya había advertido que existían riesgos en la ejecución de cuantiosos recursos. El tercer y último gran obstáculo en la implementación del acuerdo de paz es que se pactó la entrega de más de tres millones de hectáreas de tierra a campesinos en el marco de la reforma agraria. En el gobierno de Juan Manuel Santos se adjudicó a los campesinos un total de 17.882 hectáreas. En el de Iván Duque 18.157 hectáreas. El actual gobierno tiene como meta entregar 600 mil hectáreas, lo cual no se acerca ni a la mitad de las tierras que se acordaron. Estos hechos permiten afirmar que el acuerdo de paz presenta serias dificultades en su implementación, lo cual deja también en evidencia la incapacidad del Estado para materializar políticas de bienestar para su población, y que paraliza la posibilidad de que otros actores del conflicto se sienten en una mesa de negociaciones para dar por terminada para siempre la confrontación.

Sin embargo, como sociedad, tenemos la obligación de honrar lo pactado y contribuir para que los elementos centrales allí consignados puedan materializarse en la vida cotidiana. Con el proyecto de investigación titulado Experiencias de reconocimiento en la convivencia escolar a partir de los relatos audiovisuales se busca indagar por las relaciones que pueden existir entre las experiencias de menosprecio y los conflictos escolares. Esta inquietud surge por una parte del interés por entender las motivaciones que originan diversos conflictos escolares y que terminan en hechos de violencia involucrando a un número variado de actores de la comunidad educativa. Por otra parte, de la necesidad de contribuir desde la escuela a brindar una comprensión global del conflicto que vive el país tomando como referencia las audiencias de reconocimiento de verdad adelantadas por la Sala delegada por la Jurisdicción Especial para la Paz en el desarrollo del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

A raíz de ese interés, este artículo busca indagar ¿Qué se entiende por reconocimiento en el Acuerdo de paz firmado entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia? y ¿qué posibles articulaciones teóricas pueden hacerse desde la literatura disponible sobre el concepto de reconocimiento? ¿qué abordajes del reconocimiento hecho en la Comisión de la Verdad y en la Jurisdicción Especial para la paz (JEP) pueden resultar de interés para los comités de convivencia escolar y los procesos restaurativos al interior de las escuelas? Para ello se toma como punto de partida el texto del acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y los entonces combatientes de las FARC-EP. Posteriormente se describirá la metodología usada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en las audiencias públicas de reconocimiento. Esto llevará a esbozar algunas líneas teóricas que permitan comprender la noción de reconocimiento usada en este proceso de paz, para finalmente formular unas líneas de aproximación que pueden ser de utilidad para la escuela.

Metodológicamente se usan las herramientas hermenéuticas de revisión documental, en primer lugar, del texto final del acuerdo de paz, como del informe final de la Comisión de la Verdad, así como los anexos técnicos producidos por esta última en los cuales se sistematizan los procedimientos llevados a cabo en los encuentros de reconocimiento de verdad entre víctimas y victimarios. En segundo lugar, se agruparon los principales usos que se hacen del concepto de reconocimiento, con el propósito de establecer cuáles son los aspectos que resultan de mayor importancia para el ámbito escolar y finalmente se esbozan cuáles pueden ser las claves que pueden contribuir al fortalecimiento de las iniciativas restaurativas que se llevan a cabo actualmente en las instituciones educativas. Como datos empíricos solamente se recurre a la información pública del Observatorio de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación del Distrito. En el apartado teórico se hace una breve descripción de los enfoques predominantes en la investigación sobre el Reconocimiento. Esta somera revisión no hace justicia al enorme conjunto de reflexiones teóricas que se han realizado sobre este concepto. Solamente busca dejar trazadas las rutas que permitan interpretaciones detalladas sobre cada uno de los aspectos en discusión.

Contexto del acuerdo de paz y el lugar del reconocimiento en lo pactado

El acuerdo de paz al que se hace referencia en este trabajo corresponde a un contexto que brevemente, se describirá a continuación y que concierne a un periodo de más de 60 años de confrontación armada. Es preciso empezar identificando la fecha del 27 de mayo de 1964 en la que se dio el primer bombardeo a un grupo de hombres armados liderados por Manuel Marulanda Vélez en la región de Marquetalia. Este hecho ha sido reconocido como el mito fundacional de las FARC-EP (Comisión de la Verdad, 2022). Esto no significa de ninguna manera que haya sido el origen del conflicto armado en Colombia. Tan solo permite identificar el periodo histórico que dio origen a lo que hasta la firma del acuerdo de paz se conoció como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP) A partir de ese entonces se desató una confrontación armada a la que se sumaron nuevas organizaciones guerrilleras como el ELN, EPL, Quintín Lame, M19, entre otras. A principios de los años 80 el narcotráfico ingresa en la confrontación, agudizando la crisis y sirviendo de combustible para que la tragedia fuera aún mayor. Simultáneamente aparecen grupos paramilitares ocasionando un complejo panorama político en el país.

Al comienzo de la década de los noventa se firma una nueva constitución política, en el marco de acuerdos de paz adelantados con algunos grupos insurgentes. A pesar de ello, la criminalidad cobró la vida de relevantes actores políticos como Luis Carlos Galán Carlos Pizarro León Gómez, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Manuel Cepeda Vargas y un número indeterminado de militantes de la Unión Patriótica que adelantaban procesos políticos en las regiones. Se estima que fueron asesinados 6.528 militantes de dicho partido (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2017). La etapa más reciente del conflicto se vivió a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quién a raíz del descontento por el fracaso de las negociaciones de paz iniciadas por el gobierno de Andrés Pastrana, adelanta una política de seguridad en la cual fortalece el presupuesto de las fuerzas militares con el objetivo de acabar con la insurgencia en Colombia. Aún está en investigación la posible comisión de delitos por parte de actores de las fuerzas del Estado colombiano, en la cual fueron asesinados al menos 6402 personas inocentes que hoy la JEP denomina muertes y desapariciones ilegítimamente presentadas como bajas en combate, pero que han sido conocidas públicamente como Falsos positivos.

La negociación con esta guerrilla tuvo sus primeros acercamientos en el año de 1984 con los acuerdos de la Uribe. Posteriormente en el año 1998, como se dijo anteriormente, se realizaron avances para una negociación con dicho grupo armado. Pero es a partir del 4 de agosto del año 2012 en el que se empiezan a dar los acercamientos para dar por terminada definitivamente la confrontación con dicha organización (Biblioteca Abierta del Proceso de Paz Colombiano, S.F) y cuya firma se logra el 24 de noviembre de 2016. El acuerdo establece entre otras cosas que “la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de la tolerancia, respeto y convivencia en general” (Gobierno de Colombia & FARC-EP, 2016; p. 5). Se entiende que la paz no es un asunto que concierne exclusivamente a los grupos en conflicto, sino que requiere la participación efectiva de diversos actores, dentro de los cuales naturalmente debe estar la escuela y la academia.

El acuerdo de paz ofrece en distintos momentos un lugar privilegiado al concepto de reconocimiento. Se pueden identificar al menos tres usos diferentes del concepto a lo largo del documento mencionado. El primero de ellos es el reconocimiento de las víctimas. El acuerdo lo define dentro del marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición afirmando que “es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente, en su condición de ciudadanos con derechos” (Gobierno de Colombia & FARC-EP, 2016, p. 124). Bien es sabido que el conflicto armado ha dejado, según el más reciente registro en Colombia, reconocidas 9.943.287 víctimas (Unidad de Víctimas, 2025) si se comparan con las víctimas del conflicto armado en Perú, que serían 23.969 víctimas mortales y cerca de medio millón de desplazados por los distintos actores armados (Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2004) Esta identificación fue delegada a la Unidad para las Victimas que fue creada con la ley 1448 de 2012.

Para su reconocimiento, las personas deben dirigirse ya sea a la Procuraduría, la personería o la defensoría del pueblo. Allí deberán declarar y de ser posible, adjuntar los documentos que acrediten los hechos que están narrando. La entidad encargada aclara que solamente serán reconocidas como victimas aquellas personas que hayan sufrido hechos victimizantes a partir del 1 de enero de 1985. Posteriormente la Unidad para las Víctimas debe valorar los hechos y contrastarlos con la información que ya cuentan. Ese proceso puede tardar hasta 60 días, mientras tanto, las personas deberán recibir atención humanitaria inmediata. Finalmente, la entidad expide una resolución en la cual decide si se incluye en el registro o no. Este es el primer paso para recibir una indemnización y la asistencia del Estado en Educación, salud, vivienda, empleo, emprendimiento, acceso a la justicia y a la verdad. (Unidad para las Victimas, 2025).

De esta forma, el reconocimiento de la existencia de un número de víctimas permitirá adelantar un proceso de reparación integral. Estas víctimas contribuirán al esclarecimiento de la verdad y a hallar a los responsables de los crímenes cometidos. La importancia de su papel en el proceso es central porque alrededor de ellas debe girar el desarrollo del acuerdo de paz.

Una segunda forma de abordaje del concepto de reconocimiento en el acuerdo de paz es su relación con la verdad. Los máximos responsables de la guerra tienen el deber de contribuir a esclarecer la verdad de los hechos, con el objetivo de realizar una administración de justicia rápida y oportuna, evitando que la jurisdicción se sobrecargue con procesos innecesarios y se contribuya a encontrar los restos de miles de desaparecidos y establecer la responsabilidad tanto de combatientes, como de terceros civiles. Para discutir precisamente sobre la justicia, el documento deja claro que no se trata de ponerse de acuerdo para ocultar los hechos de la guerra, por tal razón señalan que “cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades” (Gobierno de Colombia & FARC-EP, 2016, p. 124). Mas adelante se insiste en que “La reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la verdad” (Gobierno de Colombia & FARC-EP, 2016, p. 124). Es por eso que uno de los primeros pasos que se da en el acuerdo es la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Esta comisión trabajó desde el año 2018 dando a conocer a la población cuál era su misión para generar confianza en los territorios, escuchando a la gente y creando mecanismos de participación. Mas adelante se detallará cómo se pusieron en práctica estas metodologías.

El sistema crea también una serie de mecanismos cuando no haya reconocimiento de la verdad. Allí se contemplan penas privativas de la libertad de entre 7 y 20 años para conductas graves. Esto permite que los máximos responsables contribuyan al esclarecimiento de la verdad, pero que al mismo tiempo puedan pagar penas privativas de la libertad en caso de haber cometido delitos de lesa humanidad. Finalmente, en esta segunda forma de reconocimiento con relación a actos voluntarios de reconocimiento de responsabilidades colectivas, el Estado promoverá la realización de actos públicos y solemnes a lo largo del territorio nacional, con el apoyo de la Conferencia episcopal y otras instituciones. Estos espacios deben incluir el pedido público de perdón acompañados de compromisos de no repetición y de reparación del daño causado (Gobierno de Colombia & FARC-EP, 2016).

Una vez delimitados los reconocimientos de víctimas y de responsabilidades, aparece un tercer tipo de reconocimiento: el de otros actores sociales, distintos a combatientes y víctimas directas del conflicto. Se señala que se debe “Superar las barreras que dificultan el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra” (Gobierno de Colombia & FARC-EP, 2016, p. 18). Se llegó a este acuerdo debido a que en este país las mujeres tienen dificultades para el acceso a la tierra de porque acuerdo con Villamizar (2024) el 61.4% de la tierra le pertenece a los hombres y solo el 26% a las mujeres. El restante 12.5% es de propiedad mixta. Esto supone su protección y empoderamiento para promover las transformaciones que necesita el campo. También asume el compromiso de apoyar comunidades rurales con el apoyo en la estructuración de planes para el reconocimiento y valoración de intangibles culturales y espirituales de interés social. Se incluye el reconocimiento de movimientos y organizaciones sociales en el marco del respeto por sus formas de lucha y de actuación social.

A propósito de la cultura política y la participación democrática, se hace necesario promover una “cultura política participativa, fundamentada en el respeto de los valores y principios democráticos, la aceptación de las contradicciones y conflictos propios de una democracia pluralista, y el reconocimiento y respeto por el opositor político” (Gobierno de Colombia & FARC-EP, 2016, p. 53). Por último, se hace énfasis en el reconocimiento de identidades étnicas y culturales, defensores y defensoras de derechos humanos, asegurando la protección especial de sus actividades en los territorios

Un cuarto lugar que se le da al reconocimiento no tiene ya que ver con las víctimas, la verdad y la responsabilidad, o la aparición de otros actores sociales y políticos, sino que establece el reconocimiento como una forma de acción. Por ejemplo, señala que “Colombia requere del reconocimiento tanto de la oposición que ejercen los partidos y movimientos políticos” (Gobierno de Colombia & FARC-EP, 2016, p. 37). Además, en el apartado de garantías, se establece que se deben “generar las condiciones para fortalecer el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados constitucionalmente” (Gobierno de Colombia & FARC-EP, 2016, p. 46) Por último, se acuerda que a los excombatientes hay que reconocerle libertades políticas para el ejercicio pleno de su ciudadanía, lo cual tenga repercusión en una ampliación de la democracia motivando en la sociedad el anhelo de superar la violencia como forma de resolver los conflictos. Por otro lado, en el apartado de sustitución de cultivos de uso ilicito se aclara la importancia de reconocer que existen unos usos ancestrales de la hoja de coca y que estos hacen parte de la identidad de culturas indígenas. Se pide explicitamente la existencia de una relación entre el paramilitarismo y el narcotráfico, concluyendo que uno de los objetivos del SIVJRNR es “el reconocimiento por parte de toda la sociedad de la necesidad de aprovechar esta oportunidad para construir un mejor futuro sobre la base de la justicia social, el respeto y la tolerancia” (Gobierno de Colombia & FARC-EP, 2016, p. 129)

De estos usos que se hacen de la expresión reconocimiento a lo largo del acuerdo de paz, quizás sean los dos primeros los que mejor contribuyen a pensar las relaciones de convivencia escolar. Como se verá más adelante, una de las principales críticas que se han hecho a la formulación de manuales de convivencia en los colegios ha sido precisamente adaptar el discurso jurídico y penal a las acciones educativas. Esta primera parte permite establecer dos aproximaciones preeliminares. En primer lugar, que el acuerdo de paz no es solamente un marco jurídico de alcance constitucional, sino que también es un amplio espacio de reflexión, participación y reconciliación alrededor del conflicto y las víctimas de distintas clases de violencias. Pero, además, éste busca en segundo lugar, relacionar los acontecimientos del país para identificar esos patrones de violencia que surgen en la confrontación armada que dejan huellas en el tejido social lo cual requiere hacer un seguimiento de sus consecuencias con el fin de promover de unas relaciones de convivencia más armónicas, basadas en el respeto por la diferencia.

El reconocimiento en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

Es a partir del decreto 588 de 2017 que se le otorga a la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad (CEV) una serie de mandatos que debe materializar durante el tiempo que se le otorgó. Dentro de ellos se establece claramente la tarea de promover el reconocimiento de prácticas y hechos que hagan parte de graves violaciones a los derechos humanos, estableciendo los patrones generales, los contextos y su desarrollo en los territorios. Adicionalmente las responsabilidades colectivas, el impacto que tuvo sobre los pobladores de manera individual y colectiva, el desconocimiento de sus Derechos Económicos Sociales y Culturales, su impacto en el desarrollo de actividades políticas y la democracia misma. Finalmente exige que se reconozcan las condiciones que facilitaron y favorecieron la persistencia del conflicto, así como los procesos de resistencia generados por las propias comunidades ante el horror que padecían (Presidencia de la República de Colombia, 2017). Este proceso requirió la creación de metodologías de trabajo pertinentes y oportunas para adelantar el proceso.

En el año 2019 se empiezan a realizar encuentros que facilitan la escucha en profundidad a diversos actores sociales y políticos que tuvieron conocimiento directo de la guerra. Entre otras cosas, se abrieron espacios de diálogo social en torno a conversaciones y percepciones sobre la verdad y sobre el SIVJRNR. Además, se exigía crear un ambiente de confianza en el que las personas se sintieron en un espacio seguro para contar los relatos de los más profundos dolores y sufrimientos.

Para dar cumplimiento a estos mandatos se le exigió a la Comisión adelantar una serie de encuentros de carácter público en el que se tienen que realizar actos de reconocimiento público de responsabilidades como solicitudes explicitas de perdón hacia las víctimas y sobrevivientes. Dichos encuentros dejaron un conjunto de enseñanzas que resultan de interés para la escuela. En primer lugar, el objetivo de este proceso es reconocer los daños, las afectaciones, los impactos, los afrontamientos y las resistencias de las víctimas. Son, además, la base sobre la cual se puede reconstruir el tejido social roto por los daños ocasionados allana el camino para una reparación integral del daño causado e involucra al conjunto de la comunidad en el proceso de reconciliación. Para la comisión de la verdad el reconocimiento es:

“una forma de restablecer la dignidad humana de las personas que fueron víctimas en el contexto del conflicto armado. Si bien la dignidad no se pierde en ninguna circunstancia, los agravios sufridos durante la guerra hieren profundamente la confianza de las personas en sí mismas, crean heridas morales difíciles de sobrellevar y tienen un impacto en la relación con los otros, la sociedad y las instituciones” (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 2020)

Para la CEV “Al darle nombre y rostro a las dolorosas verdades que encierran el conflicto, estos procesos pueden tener la capacidad de transformar no solo a quienes participan de forma directa del reconocimiento, sean víctimas o responsables, sino a la sociedad” (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 2020, p. 2). Para la escuela esto supone un desafío, pues se requiere de una preparación muy profunda para poder adelantar estos procesos, que sean abordados por los estudiantes con respeto por las personas y que se convierta en un espacio realmente formativo. Esto naturalmente requiere de un ejercicio de participación voluntario, con la garantía de respeto y escucha empática. Frente a este aspecto, la experiencia en las instituciones educativas me ha permitido observar que algunos de los agresores no se disculpan públicamente por un sentimiento de orgullo. En ciertas oportunidades lo hacen frente a las autoridades disciplinarias, pero no siempre de forma genuina, más bien por una conducta aprendida de hacer lo que el adulto quiere ver. Llegar a un proceso de pedido de disculpas genuino requiere de una deconstrucción de la figura del honor.

Incluso la CEV consideró que los propios responsables podrían experimentar sentimientos de vergüenza, por tal motivo contempla procesos de acompañamiento psicosocial, preparándolos también para que no incurran en narrativas de justificación de los crímenes.

Aproximaciones teóricas al concepto de reconocimiento

Son variados los usos que hasta el momento se han dado al concepto de reconocimiento. Manuel Prada (2016) afirma que “no es necesario ser exhaustivo con la enumeración de ejemplos tanto teóricos como prácticos para darse cuenta de que por todas partes oímos «reconocimiento»” (p. 19). Como veremos, desde el punto de vista semántico existe una variedad de abordajes sobre el asunto y que han sido ampliamente documentados, especialmente en uno de los últimos textos escritos por el pensador francés Paul Ricœur.

El filósofo inicia su análisis tomando como punto de partida que la palabra Reconocimiento tiene en la lengua francesa y en castellano múltiples significados. Su primera aproximación al concepto la hace desde el Dictionnaire de la Langue Française en el cual existen veintitrés significaciones del término que se derivan de tres principales: La primera de ellas es la de restablecer en la mente la idea de alguien o algo que ya se conoce, la segunda es la conocer por alguna señal a alguien que nunca se ha visto y la tercera relacionada con conocer, percibir o descubrir la verdad sobre algo (Ricœur, 2006). El autor concluye que hay un cuarto sentido que no aparece en la lengua germanica que se refiere al reconocimiento como gratitud.

En castellano usamos el término reconocimiento en varios sentidos, uno de ellos para premiar a alguien que se destaca, o como en el caso de la justicia transicional para hacer un acto de reflexión frente al daño cometido y ayudar a las autoridades a establecer la verdad sobre los hechos. Este reconocimiento no es un acto individual e íntimo. Para Honneth el reconocimiento se produce en una esfera intersubjetiva en la que, a partir de una pugna que se produce entre los diversos actores, se construye la identidad (Honneth, 1997)

La palabra reconocimiento no se puede desligar del concepto de justicia, que en términos generales es dar a cada uno lo que le corresponde, no de tratar igual a todos, sino en ciertas oportunidades, de forma desigual. Lo justo también está relacionado con lo que cada sociedad determina en el conjunto de valores que orientan su vida social. En una sociedad, en la que es gracioso burlarse de la discapacidad o que es destacable hacer trampa, pues el mayor reconocimiento se lo llevan todos aquellos que se destacan en esa actividad. El concepto de reconocimiento en un sentido amplio permite construir una percepción de justicia que toma distancia de su visión retributiva y se aproxima a su reciente perspectiva restaurativa.

Lo primero que se puede detectar de esta gran cantidad de significados que se le dan al término de reconocimiento es lo que Ricœur (2006) denomina polisemia regulada, es decir no se trata simplemente de que se llame de la misma forma dos cosas distintas, es decir una homonimia, sino que se trata de diversos sentidos que se le otorgan a un mismo concepto. A partir de ahí, el autor hace una clasificación de al menos tres sentidos que se le otorgan a esta palabra: el reconocimiento como identificación a partir del Descartes y Kant, el reconocimiento de sí mismos y su relación con las ideas de Bernard Williams y Bergson, y el reconocimiento mutuo y la lectura que hacen Hegel y Honneth del problema.

En la investigación del pensador francés, uno de los primeros hallazgos es que identificar y distinguir son dos términos indisociables (Ricœur, 2006). Es preciso recordar que en los procesos de verdad uno de los pasos centrales era establecer quienes realmente hacían parte del conjunto de víctimas susceptibles de reparación. En ese sentido la persona que ha sufrido alguna clase de violación a sus derechos o los de sus familiares desea en primer lugar ser identificada y luego ser distinguida.

Por otra parte, como se ha dicho anteriormente, se hace fundamental en el proceso que los criminales reconozcan sus delitos. Uno de esos significados del reconocimiento encontrado por Ricœur es el de admitir “poner fin a la duda sobre la verdad, pero también mencionarla” (2006, p.21). Con esto, ya hemos encontrado en la obra del filósofo francés al menos dos de las nociones más importantes en las que orbita el proceso de paz en Colombia.

La inquietud por el reconocimiento se renueva a finales del siglo pasado. A partir de una discusión que se producía después de la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética en los últimos años de la década de los 80, emerge en la escena pública un conjunto diverso de reivindicaciones de género, raciales, étnicas, entre otras. En la introducción al texto El multiculturalismo y las políticas del reconocimiento de Charles Taylor escrito por Amy Gutman, menciona la crítica a la que se ha sometido a las instituciones del Estado por no hacer el suficiente reconocimiento de las identidades en los Estados Unidos. En ese sentido hace el siguiente razonamiento

¿Necesita la mayoría un marco cultural seguro para dar significado y orientación a su elección en la vida? En caso afirmativo, entonces un contexto cultural seguro también se encuentra entre los artículos primarios, básicos para las perspectivas de la mayoría, para vivir lo que ésta pueda llegar a identificar como una vida buena. y los Estados democráticos liberales tienen la obligación de ayudar a los grupos que se encuentran en desventaja con el fin de permitirles conservar su cultura contra las intrusiones de las culturas mayoritarias o "de masas" (Taylor, 1993).

Esta discusión se produce en el marco del papel que deben jugar los Estados liberales, quienes defienden la necesidad de garantizar el acceso universal a derechos fundamentales como la salud o la educación. Este texto afirma de manera implícita que existe una cultura mayoritaria que finalmente es la que otorga el reconocimiento a estos grupos minoritarios, es decir esconde una suerte de racialización de sectores sociales que siempre han existido y que solo hasta este momento han empezado a reclamar alguna visibilidad. Por otra parte, plantea que ese reconocimiento, si llegara a darse, implicaría darles las mismas condiciones a grupos de supremacistas étnicos, lo cual claramente es una forma de justificar que, si se les dan garantías a unos, se le tienen que dar a todos.

Esta argumentación como se puede ver reafirma la existencia de una aparente cultura mayoritaria, desconociendo que, tal cosa no existe. Las migraciones han producido una suerte de culturas hibridas como las denominó (García Canclini, 1990). Además, promueve un ambiente en el cual el reconocimiento se otorga de arriba hacia abajo, incentivando aparentemente una deliberación más democrática, pero que realmente no cuestiona estructuras de poder que permanecen en la sociedad. (integración funcional vs interculturalidad).

Un tercer abordaje que ofrece una interpretación sobre el reconocimiento es la que hace el autor alemán Axel Honneth quien recupera la concepción de reconocimiento del joven Hegel, en la cual “un sujeto deviene siempre en la medida que se sabe reconocido por otro en determinadas de sus facultades y cualidades” (Honneth, 1992, p. 28). El sistema creado por el proceso de paz busca que se alcancen a tomar medidas de justicia ante los hechos ocurridos en el conflicto. Para las víctimas, para la sociedad en general y en nuestro caso para los miembros de las comunidades educativas esa noción de justicia resulta ambigua, máxime cuando el discurso jurídico ha entrado con tanta fuerza en la actividad escolar.

Señala Honneth que “la injusticia en el lenguaje teorético es experimentada por los afectados como una herida social, perpetradas contra demandas de reconocimiento bien fundadas. (citado por Calvo 2017, p. 41). Por esta razón la CEV afirma que la herida puede llegar a ser aún más profunda, cuando la sociedad es indiferente a los hechos, más aún cuando los ocultan deliberadamente, o se producen narrativas en las que se justifican los hechos. Por ejemplo, en una declaración pública ante los medios de comunicación el entonces presidente de la república Álvaro Uribe Vélez afirmó que “no estarían recogiendo café” sino que eran criminales que estaban adelantado acciones delincuenciales. Años más tarde, en una declaración libre ante el propio presidente de la CEV Francisco de Roux y la comisionada Lucía González, el expresidente reconoció que fue un error haber hecho esa declaración.

Honneth señala que el reconocimiento no es estático “El movimiento de reconocimiento, que subyace en la relación ética entre los sujetos, consiste en un proceso de etapas de reconciliación y de conflictos, separados unas de otros” (Honneth 1992, p. 28). Al hacer una comparación, tanto la CEV como el Sistema Integral de Verdad han interpretado este problema y en los encuentros entre víctimas y victimarios se establecen etapas preparatorias acompañadas de equipos psicosociales en los que se aborde el problema de la verdad, el perdón o la reconciliación. En un primer momento se realizan por separado y luego en conjunto como antesala a las audiencias públicas. Es un esfuerzo encaminado a que se tome con seriedad el trabajo de búsqueda de justicia y de verdad, sin embargo, ante la persistencia del conflicto en el país, parece ser un camino interminable. En ese sentido, puede establecerse que el proceso de reconocimiento no se resuelve en un solo encuentro, sino que hace parte de una serie de momentos que permitan ir cerrando heridas que han ocasionado distintas intensidades de dolor.

La búsqueda de justicia también tiene que contemplar que quien comete cualquier delito puede también estar siendo víctima de otras formas de menosprecio. En los orígenes de esta discusión Hegel había interpretado que el origen del delito se hallaba en un “estado incompleto de reconocimiento” (Honneth, 1992, p. 32). Este argumento se justifica por ejemplo si se piensa en una situación en la que alguien reclama para sí algo que formalmente le pertenece a otra persona. El caso más palpable es el complejo problema agrario. Ante la Unidad de Restitución de Tierras en el marco de la ley 1448 de 2011 se han hecho 166.066 solicitudes por parte de 146.893 titulares con respecto a 153.335 predios (Unidad de Restitución de Tierras, 2025). Estas personas reclaman haber sido víctimas de despojo por cuenta del conflicto armado. El problema de la tierra se encuentra en las raíces mismas del conflicto (Fajardo, 2014). Los propietarios que cuentan con títulos exigen al Estado que se respete su derecho a la propiedad. La reconstrucción histórica y jurídica han podido determinar que muchos reclamantes de tierra fueron obligados a vender a precios irrisorios o simplemente obligados a abandonar sus predios (Área de Memoria Histórica-CNRR, 2009). Esto refleja que, en el caso del conflicto armado, los actores que están involucrados en la larga cadena de violencia han sido también víctimas de otras clases de ausencias de reconocimiento. En consecuencia, cuando se le priva a alguien de la propiedad de un bien, lucha por la restitución de esa propiedad.

A continuación, veremos algunas iniciativas que se han desarrollado en las instituciones educativas para pensar la convivencia escolar y que, como veremos deja una puerta abierta para pensar el papel del reconocimiento en el abordaje de las múltiples problemáticas que convergen en los colegios.

Ausencia de reconocimiento en la convivencia escolar

La convivencia escolar ha sido un tema de interés recurrente en el país, especialmente a partir de la década de los noventa con el informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. En ese documento se identifican cuatro pilares fundamentales de la educación, dos de los cuales son el aprender a vivir juntos y con los demás y el Aprender a Ser. El primero de ellos promueve la enseñanza de la perspectiva de la No-violencia y la construcción de proyectos comunes que permitan superar las barreras entre personas de distintos orígenes económicos, sociales, étnicos, etc. En segundo lugar, ese Aprender a Ser hace parte de la sugerencia de promoción de aprendizajes globales e integrales y en ese sentido dar importancia a la formación en artes y deportes con los cuales se le posibilite al sujeto explorar en dimensiones estéticas y corporales que favorezcan el aprendizaje.

El discurso jurídico entra con fuerza en las instituciones educativas a partir de la firma de la ley 1098 de 2006 en la que se actualizaba en código de Infancia y adolescencia. A partir de este momento, se crea un entramado normativo que crea un Sistema Nacional de Convivencia Escolar con la Ley 1620 de 2013. Esta fue la antesala para que los entes territoriales orientaran a las instituciones educativas con una serie de lineamientos y protocolos para la atención de las situaciones de convivencia que más afectaban a las comunidades educativas. Al mismo tiempo en el mundo se producía un debate entre la tradicional justicia retributiva y la justicia restaurativa. Sin embargo, en una lectura detallada de los manuales creados por la Secretaría de Educación de Bogotá, se puede establecer que el discurso jurídico es el que prevalece sobre cualquier otro. El Directorio de Protocolos de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el Ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos (Secretaría de Educación Distrital, 2024), establece 16 protocolos de atención integral a distintas situaciones que enfrentan los colegios en su cotidianidad. Diseña para cada uno de ellos un diagrama de flujo al que denomina Diagrama de Atención y en el que apenas al final del proceso aparece mencionada la necesidad de realizar acciones de prevención y de reconciliación.

Sin embargo, las instituciones escolares si cuentan con alternativas que facilitan espacios de reconciliación, por ejemplo, el programa Hermes que durante por lo menos 20 años ha acompañado en los colegios con una propuesta formativa y de acciones pedagógicas. Este programa está presente en 560 instituciones educativas de Bogotá en donde a través de procesos de mediación adelantados por los propios estudiantes se generan acciones que evitan el escalamiento de los conflictos en situaciones más graves (Camara de Comercio de Bogotá, 2025). Si bien en la documentación consultada no se hace una referencia directa, en las jornadas de conciliación los propios estudiantes se ven en la necesidad de resolver conflictos entre sus propios compañeros. Por otro lado, la existencia de profesionales dedicados a la Orientación Educativa promueve espacios de diálogo con familias y de resolución de conflictos. Este tipo de profesionales ven mermada su capacidad debido a la alta cantidad de casos que deben atender a diario y otras tareas que se les asignan como la distribución de refrigerios, el acompañamiento al comedor escolar, la organización del servicio social, entre otras.

Recientemente la Secretaría de Educación ha decidido impulsar iniciativas de Justicia Escolar Restaurativa en las cuales cada colegio lidera proyectos contextualizados a sus territorios y que están atravesados por las artes, los deportes o la comunicación. De este modo, se han presentado las iniciativas que recientemente han tenido mayor relevancia en las instituciones públicas de la ciudad de Bogotá. Cabe resaltar que silenciosamente detrás de este trabajo están las manos de docentes, estudiantes, orientadores y directivos docentes que piensan a diario formas para dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa. Este trabajo constante ha permitido salvar innumerables vidas que son arrebatadas a la delincuencia y que hoy construyen proyectos de vida viables en una sociedad que todavía no encuentra soluciones a la guerra, al narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción. De este recorrido, se pueden extraer algunas conclusiones que se presentan a continuación.

Discusión

El país ha logrado abrir una luz de esperanza con la construcción del proceso de paz firmado en el año 2016. A partir de este, un número indeterminado de personas han venido desarrollando iniciativas para alcanzar la reconciliación en medio de un conflicto que no cesa. En ese proceso hay que destacar el esfuerzo que se debe hacer por escuchar en primer lugar, como lo establece el acuerdo a las víctimas y en segundo lugar a quienes han protagonizado la confrontación. Trayendo esta experiencia a la escuela, es necesario abrir paso a iniciativas pedagógicas que le permitan a los involucrados en los conflictos narrar lo sucedido. Además, generar espacios de escucha al interior de la comunidad que animen a entender por qué se actúa de una u otra forma y cuáles son las raíces de esos comportamientos.

Estos procesos de dialogo, deben contribuir a establecer cuáles son esos patrones de violencia al interior de las instituciones educativas y tratar de reconstruir las trayectorias educativas, sociales y familiares de los estudiantes. Ampliar la mirada sobre estos factores permite construir estrategias focalizadas mediante las cuales los niños, niñas y jóvenes puedan recuperar sus derechos y la motivación por construir nuevos caminos para su desarrollo personal. Esto requiere de enormes esfuerzos por parte de los equipos de Orientación Escolar.

Según el último informe del Observatorio de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación del Distrito (2024), en la ciudad de Bogotá se produjeron 1.734 casos de hostigamiento escolar, principalmente entre adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años con un 78.31%. Esto indica que es relevante realizar un análisis más detallado sobre el origen del conflicto escolar, no con el propósito de eliminarlo del contexto educativo, sino buscando que dichas violencias no trasciendan a agresiones que pongan en riesgo la vida o la integridad de los miembros de las comunidades educativas

Finalmente, como se sugiere después de leer el segundo estudio sobre el Reconocimiento de sí mismos en Paul Ricœur, hay que poner la mirada sobre el reconocimiento sobre la responsabilidad que tenemos, no solo en los actos que son socialmente reprochables, como las faltas de convivencia o las agresiones escolares, sino también en todas aquellas acciones en las que nos destacamos y que esperamos sean reconocidas por las personas que se encuentran a nuestro alrededor, incluyendo familias, profesores y comunidad en general. Este ejercicio se hace en las Ferias escolares, desfiles, campeonatos deportivos, entre otras actividades que se realizan en los colegios.

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Notas de autor

Información adicional

Declaración: El presente texto surge como parte de una investigación que se adelanta en el Doctorado Interinstitucional de Educación en la Universidad Pedagógica Nacional. El documento se escribe como parte de las reflexiones hechas en la pasantía internacional realizada en la ciudad de Lima y autorizada en la comisión de estudios no remunerada por la Secretaría de Educación Distrital. Docente de la Secretaría de Educación Distrital, Licenciado en Psicología y Pedagogía, Magister en Estudios Sociales y estudiante de Doctorado Interinstitucional en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional.

Cómo citar: Rojas Pacheco, J. A. (2026). El reconocimiento en el acuerdo de paz con las FARC-EP. Claves para la interpretación del conflicto escolar. Discimus. Revista Digital De Educación, 5(1), 71-85. https://doi.org/10.61447/20260130/03

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