INTRODUCCIÓN

En 1992, en la cumbre de las Naciones Unidas en Río de Janeiro, se reconoció internacionalmente el desafío del desarrollo sostenible. Así, promulgada la Ley General del Ambiente N.° 28611 (Ministerio del Ambiente, 2005), en el Perú, se introdujo la sostenibilidad como un principio en las compras públicas (CP), la cual es referida en los artículos 37,

asignación de puntajes especiales en licitaciones públicas a los proveedores ambientalmente más responsables (p. 36)

y 82.2,

Definición de los puntajes de los procesos de selección de proveedores del Estado (p. 52)

Donde se recomienda considerar el consumo racional y sostenible en las adquisiciones públicas.

A través del Decreto Supremo N.º 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), no se llegó a esclarecer la aplicabilidad para la sostenibilidad en términos de ejecución de las compras públicas, tal como consta la ley N.º 1017 de Contrataciones del Estado, la cual menciona en su artículo 4, numeral m, que en toda contratación

Se aplicarán criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos en concordancia con las normas de la materia (República del Perú, 2009, párr. 4)

En consecuencia a los preceptos de ley, el Ministerio del Ambiente (2016) difunde la eco eficiencia para el sector público como estrategia para mejorar los servicios públicos en materia de desarrollo sostenible, ello bajo el Decreto Supremo N.° 009-2009-MINAM que promueve la eficiencia en la erogación de fondos y minimiza los impactos negativos en el ambiente.

Por último, en 2017, el Decreto Supremo N.° 350-2015-EF aprueba el RLCE modificado por el D. S. N.° 056-2017-EF, según la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) N.° 30225, actualizada por el Decreto Legislativo N.° 1341, la cual establece que, en los procesos de selección, la sostenibilidad sea evaluada como un factor de decisión, de ahí que en su artículo 30, numeral b, se señale que

Las características particulares que se ofrecen para el objeto de contratación, como pueden ser las relacionadas a la sostenibilidad ambiental o social, mejoras para bienes y servicios, entre otras” (Kuczynski y Thorne, 19 de marzo de 2017, p. 12)

A pesar de tipificarse la variable de sostenibilidad dentro del RLCE, persiste su inobservancia procedimental a nivel del comité de selección que permita tomar decisiones que no se vean condicionadas por inconsistencias en los juicios de los analistas, sea por ruido o por sesgo cognitivo (Kahneman, Rosenfield, Gandhi y Blaser, 2016).El objetivo de esta investigación es aplicar el proceso analítico jerárquico (AHP), planteado por Saaty (1977), para desarrollar un análisis multicriterio más conocido, tal y como lo plantea Zanazzi (2003), el cual permita valorar las preferencias consistentes en relación con la forma de evaluación de factores del RLCE, respaldando al proceso decisorio como resultado de un método heurístico de evaluación de la mejor alternativa (Hertwig y Pachur, 2015). Se desea resaltar la funcionalidad que poseen las hojas de cálculo electrónicas disponibles en la web, las cuales no requieren la compra de licencias para uso de un software específico en la aplicación del AHP (Goepel, 2013).Las limitaciones de este estudio recaen en el ámbito legal, al momento de formular factores técnicos de evaluación del objeto de la contratación que sean distintos a los que se encuadran en la ley; por lo tanto, hay un estrecho margen de maniobra para fijar criterios de sostenibilidad y establecer el seguimiento de los mismos. En todos los procesos de selección del Estado para la contratación de bienes o servicios, la oferta con menor precio es beneficiada, sin considerar sus “costos ambientales” (García, 2009). Se ha podido revisar, con relación a la temática, tratados puntuales sobre experiencias similares de compras públicas con criterios de sostenibilidad, exploradas por el TLC, el CAFTA, el Mercosur y la CAN (Beláustegui, 2011), y la iniciativa valor por dinero, en el caso peruano (Casier, Huizenga, Perera, Ruete y Turley, 2015).

METODOLOGÍA

Establecimiento de la estrategia para evaluación de la sostenibilidad

Para el estudio del caso, se adoptará a la ecoeficiencia (Ministerio del Ambiente, 2016) como estrategia para desarrollar una metodología de evaluación con criterios de sostenibilidad. Esta guía de ecoeficiencia está respaldada en la planificación plurianual del Perú, cuyo esfuerzo ha sido reconocido internacionalmente como una contribución hacia el desarrollo sostenible, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2016), y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania (2016). Dicho desarrollo se extiende a todas las entidades del sector público y contempla cinco ejes temáticos principales:

1. 1. Papel y materiales conexos.
2. 2. Energía eléctrica y combustible.
3. 3. Agua.
4. 4. Residuos sólidos.
5. 5. Cambio climático.

Evaluación según el enfoque del ciclo de vida de los bienes y servicios

Evaluar la sostenibilidad en su contexto más amplio implica no solo revisar el marco social, ambiental o económico, sino también trascender lo netamente técnico y científico (Sala, Ciuffo y Nijkamp, 2015), ello considerando los alcances trazados en compromisos adquiridos internacionalmente mediante acuerdos que superan aspectos económicos y que generan procedimientos con criterios de selección transparentes en las compras gubernamentales, a favor de la sostenibilidad y del desarrollo humano (Arteaga, 2007; Navas, 2016). La metodología para ejecutar todos los procesos anteriores se respalda en la aplicación de la norma ISO 20400:2017, sistematizando la evaluación de la sostenibilidad bajo el enfoque del ciclo de vida (LCA) de los bienes y servicios, lo cual implica principiar en la etapa de la adquisición de la materia prima, o generación de recursos naturales, hasta su disposición final.

Cada categoría de los recursos debe estar alineada con los aspectos clave definidos por la estrategia de sostenibilidad de la organización, y que en el caso particular de las instituciones públicas considera la guía de ecoeficiencia (Ministerio del Ambiente, 2016). El alcance de la evaluación LCA de los bienes y servicios definidos por la organización tendrá en cuenta los propósitos y los recursos disponibles que podrían realizar estos tipos de análisis, ello con el fin de que se incluyan a los proveedores, contratos o prácticas organizacionales que influyan en las adquisiciones; asimismo, se considerarán a los criterios, como los costos totales, volúmenes de compra, utilización de los productos, entre otros, que mantengan vínculos significativos con los aspectos ambientales, sociales y económicos interactuantes entre sí, los cuales son interdependientes y denominados comúnmente como pilares de la sostenibilidad (International Organization for Standardization, 2017), como ilustra la Tabla 1.

Integración de criterios sostenibles al proceso de selección

Una vez fijadas las diferentes categorías de los impactos, dentro del enfoque del LCA de los bienes y servicios, frente al eje temático para el desarrollo de la estrategia de sostenibilidad, se definirán los criterios o subcriterios de selección de compra, a partir de los cuales, se contribuirá directamente a mejorar los impactos de los indicadores de desempeño de una forma más sostenible. Estos criterios tendrán que registrarse de manera documental, además, se deberá verificar que estos le sean aplicables a los bienes que se comprarán de forma directa. Algunos analistas podrán considerar asimismo otros parámetros, como los métodos de producción o los procesos utilizados para entregar bienes o servicios, y otros inherentes a la empresa proveedora.

Según la norma ISO 20400:2017, para incluir requisitos clave de sostenibilidad, que los criterios deben de cumplir durante el proceso de adquisiciones, estos deberán:

• Ser objetivos y verificables

• Estar claramente definidos

• Poder ser comunicados de forma transparente y eficaz a los posibles proveedores

• Prestar atención especial a las mypes

• Abarcar en la medida de las posibilidades toda la cadena de abastecimiento, permitiendo una evaluación de impacto adecuada

• Incrementar el nivel de control en la cadena de abastecimiento

• Definir los estándares mínimos, en caso sea aplicable, que los proveedores tendrán que cumplir desde los niveles más bajos de la cadena de abastecimiento

Para la priorización de criterios de sostenibilidad en la presente investigación, se aplicará la información técnica obtenida de las fichas de homologación dispuesta en el D. S. N.° 056-2017-EF. Por la ley LCE, PERÚ COMPRAS es el organismo encargado de publicar dichas fichas en su portal web. Asimismo, estas fichas son de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes, y su uso determinado para bienes y servicios permite delimitar que estos sean considerados recurrentes, estratégicos o masivos.

AHP para priorización de los criterios de sostenibilidad

El proceso de priorización AHP permite la toma de decisiones al tener múltiples criterios, ello mediante el empleo de variables cuantitativas y cualitativas (Salas, Leyva y Calenzani, 2014). Además, tiene diversas aplicaciones, desde permitir la selección de una vasta lista de proyectos de tecnologías de la información hasta la elección de editores de contenido educativo (Rivera, 2008; Huamaní y Eyzaguirre, 2015). En la Figura 1 se esquematizan los pasos secuenciales de dicho proceso.

Representación gráfica de los resultados para seleccionar proveedores

Al combinar los criterios de sostenibilidad, se conocerá el ranking con sus respectivos porcentajes de prioridades globales respecto a la meta global o problema de las ofertas de los proveedores, las cuales se graficarán en un sistema de referencia rectangular frente a la variable “precio”, observando si existe o no una correlación lineal entre ambas variables (Saaty, 1990; Dias, Yamaguchi, Rabelo y Franco, 2012).

RESULTADOS

La formulación del requerimiento de la entidad contratante, detallada en la base estándar de adjudicación simplificada para la contratación de bienes, en la cual se basará el modelo de selección de proveedores, especifica el objetivo de seleccionar un proveedor de lámparas tipo LED, correspondiéndole la mayor escala jerárquica, pues involucra al recurso de la energía eléctrica.

Del análisis de la evaluación de las recomendaciones del estudio de OCDE y CEPAL (2016), sobre el desempeño ambiental en el Perú, se recoge que tanto la sostenibilidad económica de las compras verdes, como la disposición final de residuos sólidos, cuentan con principal protagonismo y están consideradas dentro de las agendas de planificación del sector público. Este grupo de criterios se ubica en el nivel inmediatamente inferior al objetivo.

La información técnica de referencia para el análisis de los criterios, presentee en la Resolución Ministerial N.° 494-2017-MEM/DM, aprueba 6 fichas de homologación para equipos de iluminación LED (ver Tabla 4), siendo per se la mejor opción frente a otras luminarias (Hernández, 2015). En la Figura 2 se muestra cómo los subcriterios de sostenibilidad siguen el orden jerárquico y culminan en las cuatro alternativas representadas por ofertas de los proveedores a evaluar.

El modelo de selección de proveedores, parametrizado en una hoja de cálculo, ingresa las mediciones de los decisores en la matriz P, de la cual se desprende el vector sumatoria de cada columna s (ver Tabla 5) con su posterior cálculo de normalización en la matriz N (ver Tabla 6). Así, el insumo final arroja como resultante una priorización preliminar de los subcriterios representados como el autovector 𝑚⃗ y sus ponderaciones (ver Tabla 7).

Las prioridades preliminares de los subniveles están sujetas a comprobación, iniciando con el cálculo del autovalor λmax mediante la ecuación λmax= 𝑠⃗ x 𝑚⃗, donde λmax=6.602756957.

Dado que n equivale al número de subcriterios (n=6), constituye un dato requerido para obtener el índice de consistencia (CI) mediante la expresión:

Donde CI=0,120551391.

De otro lado, para evaluar si la razón de consistencia (CR) guarda consistencia lógica, se debe calcular la razón entre el índice de consistencia (CI) y el índice de consistencia aleatorio (RI), este último tomado de la Tabla 8, y se aplica la fórmula:

Donde CR=9,7. La CR obtenida mantiene un grado aceptable, por cuanto se verifica que cumple la condición CR<10

Siendo evaluada la CR, las prioridades previamente calculadas (ver Tabla 9) permiten conocer el ranking de las ofertas de los proveedores, el cual es evaluado en la proximidad y el cumplimiento de cada uno de los subcriterios (ver Tabla 10).

Finalmente, la expresión gráfica de los resultados muestra que tanto el proveedor 2 como el proveedor 3 poseen una relación precio y prioridad más atractiva, desde la perspectiva de la sostenibilidad (ver Figura 3), para ser favorecidos con la adjudicación del contrato.

DISCUSIÓN

En principio, se puede declarar que la compra de lámparas LED es más sostenible frente a luminarias del tipo fluorescente o incandescente (Hernández, 2015). Asimismo, es necesario profundizar en la información de las especificaciones técnicas del producto que los entes públicos vinculados disponen y que son aplicables a la realidad del Perú. De esta forma, una adecuada ejecución de la ecoeficiencia en el sector público permitirá condiciones favorables con cambios graduales en el mercado de oferta para desarrollar bienes de consumo más sostenibles.

El método por proceso analítico jerárquico (AHP) prioriza los criterios de sostenibilidad con base en comparaciones ordenadas, lo cual resulta idóneo para la selección de bienes y servicios, a pesar de ciertas limitaciones causadas por la disponibilidad de información y el grado de incertidumbre presentes en el proceso de adjudicación de contratos con proveedores en las compras públicas (Zanazzi, 2003). Así, la aplicación presentada del modelo AHP considera que las mediciones sobre las preferencias son lineales y que el análisis se direcciona hacia el responsable de las adquisiciones de la entidad contratante, no involucrando a más participantes (Goepel, 2013). Como resultado, constituye un punto de partida para a posteriori extender el uso de criterios multidisciplinares sobre el ámbito de la sostenibilidad de forma más rigurosa.

Por otra parte, al ser un proceso de compras de naturaleza pública, existe dificultad en los grados de libertad para llevar a cabo un análisis de sensibilidad, lo que ata a cada oferente a un procedimiento administrativo, constriñendo el proceso si se lo compara con la cadena de suministros del sector privado. El mecanismo planteado de un proceso de selección con un análisis multicriterio busca instrumentar metodologías probadas acordes a requerimientos normativos nacionales e internacionales.

CONCLUSIONES

1. 1. Al conseguir individualizar las especificaciones de productos que acarreen un mayor impacto positivo económico, ambiental y social a las entidades públicas, a estas les será posible mejorar las bases de las contrataciones, a fin de negociar mayores beneficios de las propuestas de los proveedores. También, se dará amplitud a la generación de procesos de medición y seguimiento de requisitos sostenibles, retroalimentando con información relevante a la rendición de cuentas de los fondos públicos.
2. 2. Es deseable hacer notar la viabilidad técnica y económica de implementación del modelo AHP para la toma de decisiones extensiva al uso de herramientas informáticas del tipo open source o de libre acceso a los suscriptores, las cuales representan una ventaja relevante frente a las aplicaciones similares de software que requieren de licencia y conocimiento especializado.
3. 3. Asimismo, cabe destacar que desde lo público es posible cumplir con las disposiciones legales y el apoyo del conocimiento científico, lo cual repercutirá favorablemente en las contrataciones públicas, ello mediante la reducción de los costos gracias a medios más ecoeficientes que contribuyen a la racionalización de los recursos y destinan el gasto de forma focalizada de acuerdo al presupuesto.

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