Introducción

El 2 de abril de 1822, el cartagenero Jorge López escribió una carta dirigida a Francisco de Paula Santander, vicepresidente de la recientemente instituida República de Colombia, solicitándole que lo nombrase administrador del hospital de San Lázaro. En su misiva, argumentó los méritos y motivos que lo hacían el candidato ideal para dicho puesto. Particularmente, y en concordancia con los nuevos tiempos políticos, López hizo hincapié en su patriotismo, en la lealtad que desde el primer momento había mostrado hacia la causa republicana y en los esfuerzos que hizo para luchar contra las autoridades monárquicas y cambiar el sistema político con grandes costes para su salud, economía y familia. Afirmaba que desde 1810 había trabajado por “la transformación política del continente”, puesto que se sentía “obligado como todo ciudadano a presentarme al servicio de la patria a quien no hay sacrificio que no se merezca”⁴.

A primera vista, los argumentos de López aparecen como sumamente radicales. En su petición se esfuerza por mostrarse como un hombre que desde muy temprano y de manera decidida rompió con el régimen monárquico y no dudó en cambiar su lealtad al soberano hispano por un novedoso “amor patriótico a esa justa y santa causa de la libertad americana en que unos y otros conmigo forman un mismo cuerpo”. Sin embargo, un análisis más profundo de sus argumentos, así como de los de muchos otros empleados públicos de la Nueva Granada⁵ en la década de 1820, demuestra que su razonamiento y sus peticiones, tanto en la forma como en el fondo, estaban profundamente arraigados en el sistema y el lenguaje políticos virreinales. Las relaciones entre el rey y sus súbditos, que se expresaban y materializaban en las “informaciones de méritos y servicios”, giraban en torno a los oficios desempeñados por estos últimos para el soberano y a la retribución justa que esperaban obtener.

En este artículo, a partir del estudio de las solicitudes de los empleados públicos, se analizan los cambios y continuidades de las experiencias de estos hombres y, en última instancia, su vinculación al cuerpo político para, así, tratar de comprender la mutación de la cultura política neogranadina y el establecimiento de nuevas nociones y prácticas en la base misma de la sociedad durante la década de vigencia de la Constitución de Cúcuta (1821)⁶. Es decir, cómo entendieron la revolución política personajes simples y ordinarios, como Jorge López, y cómo se apropiaron de los nuevos discursos, valores y prácticas.

Este estudio dialoga con la historiografía sobre la transformación de los imaginarios y la cultura política en la transición entre el Antiguo Régimen y la república. En línea con el trabajo de Margarita Garrido sobre la modificación de los lenguajes e imaginarios sociopolíticos, se ve que conceptos como soberanía, ciudadanía, privilegios, virtud, honor e igualdad fueron reelaborados. Asimismo, se aprecia que un nuevo lenguaje de derechos (v. gr., igualdad, ciudadanía) convivió durante cierto tiempo con uno tradicional de privilegios (v. gr., gracia)⁷.

Nos enfocamos, como proponen Thibaud y Calderón, en una práctica política concreta en la que se aprecia cómo interiorizaron las personas las nuevas reglas y dinámicas políticas y, también, cómo se evidenciaba esta apropiación en sus prácticas políticas y sociales; en nuestro caso, en sus peticiones de empleo⁸. De este modo, y de acuerdo con Quijada, el desplazamiento de la lealtad a la amplia nación española hacia la lealtad a una específica nación americana, como la mexicana o chilena, es perceptible en las representaciones, en las que se encuentran un traslado y una reconfiguración de antiguos argumentos dentro de un nuevo marco político-institucional⁹.

Asimismo, buscamos entablar un diálogo entre los estudios sobre las administraciones coloniales y aquellos sobre las republicanas, que tradicionalmente se han entendido como diferenciados, los primeros enfocados, principalmente, en la venta de oficios y en la discusión sobre la pertinencia del concepto de corrupción, y los segundos centrados en encontrar el modelo burocrático de Max Weber desde la Independencia hasta hoy día¹⁰.

En otra línea han trabajado los investigadores del proyecto Latin American Bureaucracy and the State Building Process (1780-1860), que han revisado la transición entre las últimas décadas del Antiguo Régimen y el primer medio siglo de vida republicana en diferentes países de América Latina, en el caso particular de la administración de Hacienda, tan crucial para el funcionamiento estatal¹¹. De manera similar, Linda Arnold analizó la burocracia mexicana en la transición y cubrió toda la segunda mitad del siglo XVIII¹².

Nuestro objetivo es, entonces, resaltar las continuidades y notar cómo patrones y prácticas que muy bien se podrían remontar al siglo XVI seguían estructurando el gobierno de las nacientes repúblicas decimonónicas, al mismo tiempo que arrojar luz sobre algunos cambios que empezaron a darse. En este sentido, vale la pena discutir brevemente los conceptos mismos de empleado público y burocracia, cuyas características modernas se hacen más evidentes al contrastarlas con el Antiguo Régimen.

Si bien la monarquía hispánica se valió de miles de servidores para el gobierno de su extenso imperio, la vinculación de estos con el sistema político y administrativo se basaba en relaciones personales entre los súbditos y su monarca. Es decir, el gobernante era indisociable de las estructuras de gobierno¹³. Con el advenimiento del Estado nación, esta configuración empezó a cambiar paulatinamente y cada vez se hizo más palpable una diferenciación entre las estructuras y los gobernantes¹⁴. De este modo, lentamente se fueron manifestando algunas de las características del arquetipo weberiano de la burocracia (una clara delimitación y reglamentación de saberes y funciones técnicos y específicos, así como un evidente distanciamiento entre los funcionarios y los gobernantes), aunque sin llegar a ajustarse a este modelo plenamente¹⁵.

Como otros ya han señalado, el concepto de empleado sigue siendo bastante amplio y vago, e incorpora a todas aquellas personas que cumplían “tareas -de decisión, gestión o ejecución- dentro de la administración pública con cierta continuidad en el tiempo y poseían atribuciones, obligaciones y jurisdicciones recortadas -no siempre con claridad- por reglamentos específicos o disposiciones sueltas. Estas personas se insertaban dentro de una cadena de mando, eran nombrados por y dependían de las autoridades competentes y recibían un sueldo, pudiendo, además, acogerse a una jubilación”¹⁶. Así, los empleados públicos ya no sirven en cuanto súbditos leales, sino como buenos ciudadanos y trabajadores. En otras palabras, empiezan a cumplir funciones específicas de acuerdo a sus capacidades y el Estado, no el gobernante, los retribuye, no los recompensa. De esta manera, tal como ya observó Garavaglia, a través de las representaciones neogranadinas de la década de 1820 se aprecia una transición “entre la lógica ‘patrimonial’ y una tímida ‘racionalización’”¹⁷. Este no es un cambio pleno ni radical, sino que ambos esquemas coexisten.

Fueron cientos los hombres que en la década de 1820 escribieron solicitudes a alguna administración pública neogranadina. Para hacer nuestro estudio se analizaron 58 solicitudes de empleo o ascenso en varias de las rentas de la administración de Hacienda durante la década de la Gran Colombia. Se compuso un corpus documental representativo cruzando diferentes años y regiones, así como rentas, cargos y niveles, y tipos de solicitud¹⁸. Vale la pena mencionar que los cargos a los que aspiraban estas personas no eran puestos altos. Al contrario, son empleos de rangos medios y bajos a nivel regional y local. Es decir, nos estamos enfocando en la base misma de la sociedad y la burocracia¹⁹.

El contenido de las cartas fue sistematizado en dos bases de datos de carácter cualitativo. Primero, se leyeron y transcribieron, y se vertió la información de cada una en un cuadro que señala a quién se hacía la solicitud, qué cargo tenía el remitente y cuál pedía, qué motivos tenía para hacer la petición y los argumentos que la justificaban. También se incluyó si el autor se comparaba con otro sujeto y si anexaba certificaciones. Después, se sintetizaron las solicitudes en función del tipo de méritos aludidos. A partir de todas estas variables, se determinaron momentos o regiones en los que se hizo más común cierta forma de hacer los requerimientos, así como una tipología de los méritos y argumentos: patrióticos, sobre el oficio, personales, de necesidad o familiares. 1) Por méritos patrióticos, entendimos un servicio a la patria, la independencia o la república, así: i) realización de un trabajo gratuito, ii) declaración de amor o padecimientos por la república, iii) declaración de un trabajo duradero para la república, iv) reivindicación de la afiliación temprana al sistema republicano, v) entrega de bienes o dinero a la causa independentista, vi) servicio en el ejército patriota, vii) arresto por la condición de patriota, viii) enfermedad por servir a la república o ix) padecimiento por los españoles. 2) Por méritos en el oficio nos referimos a alusiones a i) la antigüedad en el cargo, ii) la aptitud para el cargo, iii) la satisfacción de los superiores, iv) la promesa de hacer un excelente trabajo, v) la escala que le corresponde, vi) la legislación que lo favorece, vii) los cargos anteriores, viii) la postulación hecha por un superior. 3) Por méritos personales consideramos la declaración de buen hijo o esposo, o la referencia al honor y la reputación. 4) Por méritos familiares tenemos las alusiones al mérito del padre, hermano u otro familiar. 5) Como méritos de necesidad incluimos alusiones a i) indigencia, pobreza y necesidad de subsistencia personal, ii) sostenimiento de una familia numerosa, o iii) enfermedad que dificultaba trabajar. La figura 1 da cuenta de la frecuencia de los cinco tipos de méritos y señala indirectamente que los peticionarios combinaron varios en sus escritos.

Figura 1
Tipo y frecuencia de méritos esgrimidos en las solicitudes
Fuente: elaboración propia.

Las peticiones están dirigidas, según el tipo de empleo o ascenso solicitado, al vicepresidente, general Francisco de Paula Santander, al secretario de Hacienda, José María del Castillo y Rada, o al intendente del departamento del Magdalena, general Mariano Montilla, entre 1821 y 1826, periodo correspondiente al régimen de Santander. En 1828, durante la dictadura, las peticiones están destinadas al Libertador presidente, general Simón Bolívar, o a su secretario de Hacienda, Nicolás Tanco. Aunque el resultado (la respuesta positiva o negativa) no era materia de nuestro interés, no sobra señalar que varias solicitudes están anotadas al margen, ya sea con una aprobación o con un no rotundo, a veces acompañado de una explicación.

Las informaciones de méritos y servicios

La solicitud que en 1822 envió Jorge López emergía de unas herramientas y un lenguaje políticos de larga data y que fueron profusamente empleados por los súbditos del rey hispano desde el siglo XVI. Era un sistema basado en los preceptos del clientelismo y el patronazgo, que regulaba las relaciones entre el rey y sus súbditos y que se había ido transformando para adaptarse a las necesidades y condiciones del Imperio español global.

La idea básica que sostenía este sistema de favores y contrafavores era sencilla y, por lo mismo, eficiente y flexible: un súbdito realizaba algún servicio a la Corona y luego esperaba ser recompensado por ello. Esta economía de la gracia era transversal a toda la sociedad y regulaba las interacciones entre diversos individuos²⁰. Todos participaban de este sistema; ello permitía la vinculación íntima de grupos y personas muy distintos, que, dependiendo de las circunstancias, podían actuar como patrones o criados. De esta manera, se establecían vínculos y lealtades personales muy profundos que afectaban las actividades políticas, sociales y económicas. Más aún, estos lazos solían trasladarse a los demás miembros de las familias, con lo cual se creaban nutridas y poderosas redes.

Debido a que en aquella época no había una clara diferenciación entre las esferas pública y privada, así como tampoco existía una burocracia profesionalizada y especializada, la gama de servicios y retribuciones era muy variada. Los súbditos podían servir al rey, ya fuera en actividades militares, ocupando cargos de gobierno, religiosos o de justicia (muchas veces incluso al mismo tiempo), y mediante actividades artísticas (como pintar cuadros o escribir libros), empresariales, de conquista o prácticamente cualquier acción que se considerase beneficiosa para la Corona y la comunidad política. Las retribuciones eran muy variadas. La forma más común en que el rey recompensaba los servicios de sus súbditos era nombrándolos para un cargo, que venía acompañado de un salario y que originaba, a su vez, un nuevo servicio y obligación de recompensa. Sin embargo, había otras posibilidades, como la asignación de ayudas económicas, reconocimientos públicos o, por supuesto, la concesión de títulos nobiliarios.

Por regla general, el rey otorgaba sus dádivas en respuesta a la solicitud del súbdito. Esta petición normalmente se acompañaba de una información de méritos y servicios por medio de la cual la persona interesada hacía una exposición de sus actividades en favor de la Corona, recalcando aquellas en las que se hubiera destacado por su dificultad, por los recursos invertidos o por ir en línea con los ideales soldadescos y católicos propios de la época. En estos documentos se solían incorporar las actividades y virtudes familiares. Estas informaciones se presentaban principalmente ante las audiencias y los virreyes, que a su vez las elevaban a los respectivos consejos. Luego, la información contenida en estos memoriales era contrastada con la evidencia aportada por el propio interesado, así como con documentos guardados en los archivos imperiales. Sobre la evaluación de los servicios de los súbditos, los consejeros recomendaban al soberano la entrega de alguna gracia y era el rey quien, en última instancia, decidía qué hacer²¹. Como otros ya han notado, la obtención de un empleo suponía “un contrapunto entre mérito y gratificación, de manera que la significación del primero pudo acrecentarse a lo largo del siglo XVIII, sin que dejara por ello de obrar la segunda”²².

La nueva administración de Hacienda

La década de 1820 estuvo marcada por campañas militares hasta 1825 para derrotar definitivamente a las provincias todavía realistas y por una posterior inestabilidad política que culminó en la dictadura de Bolívar (1828-1830). La situación fiscal era bastante precaria, pues se unía una recaudación escasa con un gasto elevado. Si bien los legisladores deseaban adoptar medidas liberales, conservaron mucho del régimen tributario español: aunque el tributo indígena se eliminó y los cobros de alcabalas disminuyeron, se mantuvieron los estancos de tabaco y sal y el monopolio de amonedación de oro. Cerca del 80 % de los ingresos estatales provenían de los impuestos al comercio exterior y de estas rentas estancadas. Por la dificultad de su recaudo y su reducido monto, la contribución directa instaurada en 1826 no satisfizo las expectativas²³. Con el objeto de distanciarla del sistema español y adecuarla a los principios republicanos, a partir de la Constitución de Cúcuta la administración de Hacienda entró en un proceso paulatino de reforma que, según López-Bejarano, continuó hasta avanzado el siglo²⁴. La disminución de los gastos en el contexto de guerra y endeudamiento fue la preocupación transversal de las autoridades y explica en gran medida la lógica de los ajustes²⁵. Una discusión profunda de la estructura del ramo de Hacienda escapa al propósito de este artículo debido a su naturaleza compleja y cambiante. Mencionaremos, no obstante, los cambios que se formularon en tres direcciones: la organización de esta administración, el nivel de los sueldos y el proceder de sus funcionarios.

A nivel organizacional, la década de 1820 fue una etapa de transformación paulatina: luego de las limitadas modificaciones constitucionales mencionadas arriba, hubo reformas legislativas en 1824 y en 1826 que afectaron levemente la estructura. Pinto distingue, así, tres “fases de organización de la administración fiscal […]: 1819-1824, como fase de reconstrucción del centralismo colonial; 1824-1826, como periodo de génesis de la descentralización, y 1826-1830, como punto crítico de reafirmación de las autonomías locales y finalización de la llamada ‘Gran Colombia’”²⁶. La Secretaría de Estado del Despacho de Hacienda contó, en todo caso, con cinco direcciones en el orden central -Tesorerías, Correos, Tabacos, Casa de la Moneda y Aduanas-, las cuales tenían oficinas regionales cuya distribución espacial era calcada de la época anterior²⁷. Ofrecer cifras del personal de oficina de la década y de su evolución frente al periodo precedente es un ejercicio arriesgado para el que no contamos con datos claros. Citando a López-Bejarano, Garavaglia afirma que, contrario al resto de América Latina, en Nueva Granada el número de empleados de Hacienda disminuyó en la primera mitad del XIX, pero no sabemos si la disminución operó desde la década de 1820 o fue posterior²⁸.

Lo que sí podemos afirmar es que la legislación relativa a modificaciones organizacionales fue abundante, además de ser sostenida temporal y geográficamente: se suprimían cargos existentes a la par que se creaban oficinas y plazas nuevas en tesorerías y contadurías, casas de moneda, oficinas de alcabalas, correos, aduanas y tabacos, como podemos observar en los títulos de estas normas²⁹. Este constante movimiento en las plazas está directamente relacionado con la multiplicación de las solicitudes de empleo estudiadas. Varios son los elementos que hay que tener en cuenta al respecto: 1) la creación no solía ser ex nihilo y se tenía ya el personal necesario, pero ciertos individuos podían pensar que se abrían plazas; 2) algunas de las normas sobre nuevas plazas contenían la indicación de sueldos e individuos nombrados, pero otras mencionaban el sueldo y aplazaban la selección, lo que dejaba espacio para que muchos hicieran peticiones; 3) cuando se suprimía una plaza, alguien quedaba sin puesto y debía buscar uno nuevo, y por consiguiente escribir una solicitud.

En cuanto al nivel de los sueldos, la producción legislativa buscó satisfacer a los servidores públicos al tiempo que cuidaba el presupuesto. En 1819, Bolívar decretó una disminución del 50 % de las pagas de los empleados civiles y militares sin distinción alguna de nivel³⁰. Poco después, el Congreso emitió un decreto confirmando que los empleados civiles y militares y los de las administraciones de Justicia y Hacienda devengarían sueldos desde su instalación en 1819, los cuales, por la situación de guerra, se cobrarían en obligaciones del tesoro público. El Congreso reconocía “los sacrificios hechos por los defensores de la patria, y por los empleados públicos, sus largos padecimientos y las privaciones […] que todos han servido por más de cuatro años sin sueldo ni gratificación alguna, por puro amor a la República y a la libertad”³¹. La coexistencia del amor a la república con la obligación que tiene el Estado de pagar constituye una evolución notable en la concepción y el perfil del servidor. Luego, una ley de 1821 aclaraba algunos salarios y afirmaba:

Que en una República naciente y que aún todavía lucha por su independencia, las dotaciones de los empleados militares y civiles deben estar proporcionadas de tal suerte que, consultando a un mismo tiempo a la economía, tengan los servidores de la patria una decente y cómoda subsistencia.³²

El papel de los empleados para la república, su entrega a la causa y su adecuado nivel de vida constituían un ineludible compromiso por parte de las autoridades. En 1823, un nuevo decreto reformaba los sueldos y subrayaba que la designación de estos establecida en la ley anterior generaba un doble inconveniente: los empleados no recibían “la renta suficiente para su honesta y cómoda subsistencia” y la situación financiera era de “una deuda crecida” cuyo incremento había que frenar³³.

La legislación también aclaró lo que debía ser el proceder ideal de los empleados de Hacienda. Un decreto de 1822, que retomaba una medida de 1819, estipulaba que el fraude y la malversación de fondos públicos se castigarían con la pena de muerte, como los delitos de conspiración y deserción³⁴. Estas medidas extremas se abandonaron pronto por unas menos radicales. En 1823 el empleado de aduanas involucrado en contrabando era castigado con la pérdida de su empleo, el pago del doble de los derechos defraudados y la inhabilitación para obtener otro destino de confianza³⁵. En 1826, las penas a un administrador por ineptitud, negligencia, “connivencia o culpable indiferencia” y fraude estaban graduadas según la gravedad: destitución del cargo, destitución e inhabilitación, encarcelamiento por diez años, encarcelamiento por diez años con pérdida de bienes. El empleado de menor rango recibía una multa de 500 pesos y, si reincidía, de 1000 pesos y cárcel por un año³⁶. Los empleados interiorizaron estas normas, como es el caso de Félix Pernett, quien en 1828 recordó que “la ley […] repele es al inepto y el exponente largo tiempo ha que tiene acreditado que no lo es, por mas que se le quiera figurar que otro sea mas apto”³⁷. Se va apreciando un importante cambio en la definición de las actividades de los funcionarios, así como una delimitación más clara de sus funciones, derechos y deberes. El sistema se fue burocratizando, con reglas transparentes y de aplicación general, y empezó a cobrar vida propia, independientemente de quién ocupara los cargos.

Al igual que los empleados de Relaciones Exteriores, los de la administración de Hacienda fueron declarados en 1826 “de libre nombramiento y separación del Poder Ejecutivo, para el mejor régimen de la administración pública”, y podían, por ello, ser separados de sus destinos³⁸. En cuanto a la administración de aduanas en particular, el secretario de Hacienda, Del Castillo, expresó que una medida indispensable era la siguiente:

Declarar que los empleados no son, como malamente se ha creído, propietarios de sus plazas, en el sentido de la constitución y de las leyes. El propietario puede usar y abusar de lo que le pertenece, enajenar, hipotecar o empeñar, donar, ceder, legar, y generalmente disponer de su propiedad; y yo no sé que ningún empleado pueda hacer otro tanto de su destino.³⁹

Su homólogo se quejaría en 1831 del desconocimiento que los empleados públicos todavía tenían de ello, porque, como nota López-Bejarano, el hábito de que se consideraran propietarios de sus empleos seguía al orden del día⁴⁰. A lo largo del siglo XVIII se extendió la práctica de compra de oficios y su utilización para beneficios propios, lo que generó un amplio debate sobre la “corrupción” en la administración de la monarquía hispánica⁴¹. Con la transición republicana, se cuestionó la propiedad del cargo y la idea del empleo como un patrimonio personal o familiar. Retribuir a un empleado indolente o incompetente ya no era tolerable, como tampoco tenía sentido pagar a alguien que no trabajara, de manera que se fueron perfilando reformas al sistema⁴². La legislación sobre la administración de Hacienda, además de organizar el ramo según un criterio liberal republicano, buscó racionalizar el costo que le generaba al fisco. Un cambio en la concepción del servidor público estaba en marcha, pero, al menos durante la década de 1820, aún no había sido asimilado del todo en la práctica⁴³.

Ciertos ideales propios de las relaciones de patronazgo se mantuvieron y, como veremos, las autoridades se preocuparon por dar un nivel de vida aceptable tanto a los empleados activos como a los retirados. Por ello no sorprende que José Ucros le pidiera a Simón Bolívar, aunque fuera por razones de salud, una “ocupación descansada” y de “poca responsabilidad” como administrador de Correos en Cartagena⁴⁴. Sin embargo, durante la segunda mitad de la década de 1820, debido al “estado de penuria” del tesoro, se promulgaron decretos que suprimían secciones, plazas, sueldos y pensiones⁴⁵. Había una tensión entre las expectativas propias de la cultura política y las posibilidades materiales de la naciente república, tal como se aprecia en la petición hecha en 1828 por José María Salazar, quien tras veinticuatro años de servicio se mostraba comprensivo con la precaria situación económica:

Yo pediría mi retiro con medio sueldo; pero conozco que las escaseces del erario no permiten por ahora que S. Exa el Libertador ostente conmigo su generosidad. Si se me pudiera dar algún empleo que no fuese de manejo de Hacienda, lo agradecería mucho y me parece que no sería injusto.⁴⁶

Méritos en las solicitudes republicanas

Cada una de las solicitudes de empleos da cuenta de la experiencia particular de hombres en servicio de la nueva república y que habían luchado por su independencia. Estas peticiones combinan diferentes tipos de argumentos y expresan varios de los anhelos e ideales de un buen funcionario, basados, en gran medida, en una cultura política pasada, al mismo tiempo que evidencian los nuevos vocabularios e imaginarios que trajo consigo el régimen republicano.

En su larga misiva, Jorge López se remontó hasta 1810 para mostrar sus méritos con el fin de obtener el cargo de administrador del hospital de San Lázaro. Luego de ejercer “varias comisiones públicas”, fue encargado del hospital militar en 1815: “El gobierno puso sobre mis hombros la carga más pesada de la época”. Emigró a Jamaica e hizo “sacrificios personales y pecuniarios” a favor de la transformación política. Atendió las obligaciones del Gobierno antes que “a las de mi propia subsistencia, y de mi casa compuesta de una numerosa familia, todo todo me entregué al servicio de la patria, abandonado mis propios intereses”. Recuerda “el abandono que hice de mis intereses que cayeron en manos de los enemigos, sin dejarme, ni con qué alimentar a mi desgraciada familia”. Su botica fue saqueada y apropiada por los españoles. No cobró por su trabajo y cedió su beneficio al ejército libertador. Se encontraba en “situación de miseria lamentable con mi familia”. Concluía que, “siendo yo de facultad farmacéutica, estoy en el caso de asegurar podré desempeñar la curación de los leprosos del hospital, con algún más acierto, y tal vez con algún costo menos”⁴⁷. López combinó diferentes argumentos para demostrar su idoneidad; al tiempo que expuso su patriotismo, señaló la necesidad de sostener a su familia y su no menos importante aptitud en el campo sanitario.

El mismo empleo de administrador de San Lázaro fue codiciado en 1822, sin éxito, por otros cuatro individuos con perfiles distintos y argumentaciones propias. Manuel José Iriarte dio cuenta de motivos patrióticos y de su calidad de buen hijo. Apenas pudo, “instruido desde sus más tiernos años de los derechos e intereses de su país, igualmente que de su obligación de sacrificarse por ellos”, se unió al Ejército hasta que fue herido y hecho prisionero luego del sitio de Cartagena en agosto de 1815. Fue llevado “de prisión en prisión y reducido en todas a los trabajos más duros”. Una vez liberado, sufrió por su calidad de patriota, “quedando siempre como toda su familia hecho el objeto del odio y persecuciones de aquel gobierno”. En referencia a su rol de hijo, subrayó haber cuidado de su madre, “cargada de niños” y desamparada luego del “destierro y embargo de los bienes de su padre”⁴⁸.

Por su parte, Vicente de Hoyos aludió a cualidades para el oficio y patrióticas. Estaba “sirviendo a satisfacción de sus jefes” como tercenista provisional de la administración principal de Tabacos. Aunque poco competente, creía merecer el puesto por su patriotismo: “El exponente conoce que habrá algunos de los pretendientes con mayores méritos; pero también, que estos no le aventajaran en el amor [y] adhesión que profesa, que tiene acreditado, al gobierno republicano”⁴⁹. El apoyo a la causa republicana superó cualquier otro argumento, incluso el de competencia, evidenciado su peso como requisito para integrar la nueva administración.

El extranjero Marcos Bernin reunió todos los motivos patrióticos que se podían esgrimir en sus dos solicitudes. Luego de veintidós años establecido como comerciante en el virreinato, buscó una plaza en la administración pública. Fue bastante flexible en cuanto al posible puesto: “Administrador de San Lázaro de esta ciudad [Cartagena], ídem de la aduana o correos de Panamá, o cónsul de Jamaica, o de cualquier país extranjero”. Decía ser competente en campos variados: “No me falta mediana capacidad así en materias diplomáticas, como de comercio, y en siete idiomas extranjeros que poseo, y que son muy útiles en cualquiera de estos destinos”⁵⁰. A la aptitud para el oficio, sumaba la necesidad urgente de “poder alimentar mi grande familia, pues aunque poseo algunas fincas estas se hallan totalmente arruinadas y yo en un estado miserable”⁵¹. Pero, por ser Bernin extranjero, son sus argumentos patrióticos los que resultan llamativos. Fue un convencido de la causa republicana: “Juré la independencia absoluta del gobierno español, lo hice solo movido de mi decidida adhesión a este sistema, sin otra ambición que la de gozar los beneficios que él proporciona”; y, sobre todo, realizó aportes materiales significativos. Es de reseñar que expuso los nueve elementos que planteamos como argumentos patrióticos: aporte de dinero en empréstitos y tres corsarios; pérdida de fortuna “que no era muy escasa”; enfermedad durante la guerra “de resultas de un rayo que me dejó medio muerto”; encarcelamiento y confiscación de mucho dinero; compra de la libertad de 62 compañeros; otro encarcelamiento; apoyo a la fuga de seis compañeros; reunión de dinero para liberar “un sentenciado a último suplicio por el inicuo Virrey Sámano, rompiendo los grillos con que estaba atado y escalando la prisión”; dar tres proclamas a jefes republicanos, y contribuir a una hazaña del coronel José Padilla⁵². Quizás fue por su calidad de extranjero que dio cuenta de tantas acciones en pro de la república o tal vez lo hizo para ocultar su pasado decididamente realista hasta 1816⁵³. De cualquier modo, el dramático recuento de sus servicios no parece haberle servido; una anotación al margen de sus cartas reza: “Este sujeto murió en 1825”⁵⁴.

Hubo otros individuos que no fueron castigados por su pasado realista y que sí obtuvieron cargos. Las solicitudes de Fermín Paniza y Navarro ilustran las continuidades entre los regímenes monárquico y republicano. Este antiguo ministro del Tribunal de la Inquisición quiso hacer valer su derecho trayendo a colación una disposición de la primera república cartagenera que sostenía que en caso de querer “permanecer en esta plaza se les garantizaran sus goces íntegros, ínterin los destinaba con igual o más sueldo, toda la vez que existían los capitales y fincas asignadas para su subsistencia”. Había ocupado varios puestos en la primera república: en la convención general del Estado, el banco y la contaduría general. Ahora procuraba conseguir un cargo en la nueva administración. Acompañaba su argumento (un derecho adquirido) reiterando su compromiso patriótico: “Por estos servicios a mi patria, por mi adhesión al sistema, por no haber seguido al Tribunal y últimamente por que mis hijos todos han sido republicanos”⁵⁵. Se deduce que haber sido funcionario del régimen español no era un impedimento para solicitar ser empleado del régimen republicano. Por lo menos a nivel teórico fue posible, pero en la práctica su colocación no fue rápida. Incluso esta situación se preveía en la legislación entre 1811 y 1815, pero quizás exclusivamente en la región de Cartagena y solamente para quienes habían trabajado en el Tribunal de la Inquisición⁵⁶.

Por supuesto, el profesionalismo también aparece como argumento. José Trinidad del Río enfatizó su competencia -ganada por antigüedad- por encima de cualquier otro motivo⁵⁷. Casos como este son numerosos y muestran que el mérito en el oficio, el conocimiento del quehacer, era relevante y evidenciado. Para hombres de cierta edad en la década de 1820, era imposible haber logrado esta experiencia solamente en tiempos republicanos. Era clave presentarla como capacidad en el oficio y no como servicio a la Corona.

Los empleos solicitados, por lo general, no eran de gran prestigio y responsabilidad, sino más bien del escalafón más bajo y para acceder a ellos se recurría, sobre todo, a argumentos de necesidad económica. En abril de 1822, Juan José Orjuela pidió ser portero de la Contaduría General de Hacienda en Bogotá. A su favor dio cuenta de sus oficios patrióticos y su necesidad apremiante. Tras reseñar sus varios servicios militares, manifestó que acababa de casarse “con una niña de honor” y de tener un hijo. En definitiva, se presentaba como un soldado de los que “peleando han derramado su sangre por la patria” y que tenía una “familia desvalida”⁵⁸. El cartagenero Isidoro de la Torre y Baloco solicitó un empleo en noviembre de 1824. Como las dos veces anteriores no había tenido éxito, en esta tercera ocasión proponía ser destinado “en una de las ayudantías del resguardo”. Su único argumento era que se encontraba “cargado con una mujer inválida y dos hijos menores sin tener otro auxilio que el del señor supremo”⁵⁹. Solicitar un empleo de bajo nivel no eximía de exponer las razones por las cuales se era merecedor del cargo. Los méritos patrióticos hacían parte del arsenal utilizable, pero no eran los únicos esgrimidos. Los argumentos de necesidad estaban a la orden del día en esta década de ajuste a la nueva república, especialmente para individuos sin recursos propios o familiares. Así, el Estado se tenía como una opción segura, aunque no garantizada, de empleabilidad.

José Vives de Agreda justificó su solicitud aunando a sus argumentos patrióticos méritos familiares, algo muy habitual en la época colonial. Aseguró haber hecho todo lo posible para “unirme a ellas [las tropas republicanas] para ofrecer junto con mi familia nuestros servicios”. Dijo que Miguel, su hermano segundo, “desertó de las tropas del rey” y se presentó en Turbaco a engrosar las filas del Ejército republicano; su hermano mayor, Manuel, “siguió los mismos pasos” y sirvió “sin sueldo alguno” hasta enfermarse. Antonio, el menor, “se presentó voluntario al E. M. [¿Estado Mayor?]” y ahí permanecía. Vives de Agreda no dudó, además, en resaltar el apoyo de su padre al proyecto republicano. Más aún, en un punto llegó a mencionar también a su madre, vinculando así a toda su familia a su solicitud⁶⁰.

Fernando Vergara citó a su familia al solicitar en 1828 ser nombrado en la plaza de oficial primero de la Tesorería de Pamplona o en alguna otra vacante. No aludió mérito patriótico alguno. Sus argumentos, además de la necesidad y su aptitud, eran familiares: “Me valgo del mérito contraído por mi Padre, el Prefecto de Boyacá, que como todos los de la familia han llevado la carrera de Hacienda a que aspiro”. No es claro que obtuviera el cargo, pero al margen figura la nota de tenerlo en cuenta⁶¹. Manuel González confiaba en que “el gobierno tendrá en consideración los méritos de mi padre”, quien ya no podía atender a su propio empleo. Ahora él debía emplearse en el Gobierno y no depender del comercio o la agricultura como antes⁶². Los méritos familiares incluían también los servicios de los hijos. Manuel Francisco González, ya mayor, expresó estar “contento de haber servido hasta donde han alcanzado sus fuerzas y con la esperanza de que cinco hijos varones pueden remplazarle útilmente en bien de la república”⁶³.

El caso de Manuel Ricaurte ilustra magistralmente la lógica que subyacía al recurrir a la familia para apoyar una solicitud. Interesado en una plaza en la Secretaría de Hacienda o en la de Interior, argumentó que por su juventud aún no ostentaba “ningunos méritos personales”, pero agregó lo siguiente:

Soy hijo del general Joaquín Ricaurte, uno de los fundadores de la revolución. Su constante consagración a la causa fue notoria, y sus servicios no son dignos de absoluto olvido. Ellos fueron el origen de su muerte; también de la ruina de su familia por no haberle dejado ningún patrimonio ni paterno ni materno. El teniente coronel Timoteo Ricaurte era mi hermano: sus compañeros de armas sabrán cómo desempeñó sus deberes; pero su muerte no fue menos gloriosa que la de tantos defensores ilustres de la patria y de tantos mártires de la libertad.

Continuó diciendo:

El mérito de los ascendientes y allegados no constituye un derecho riguroso; pero da una consideración fundada en el reconocimiento. Premiándose en los hijos la virtud de los padres, cuando estas no lo han desmerecido, se da un útil ejemplo de gratitud nacional y se les estimula a imitar sus virtudes. Además la ley de 11 octubre presta algo más que una ¿consideración?; ella funda un derecho. “Entretanto y siempre”, dice el artículo 6.º, “el gobierno cuidará de que sean empleados los hijos que heredaren las virtudes de sus padres, en los destinos para que tengan aptitud”.⁶⁴

Según esta lógica, los hijos virtuosos de padres virtuosos gozaban de un derecho a recibir puestos públicos si eran competentes para ello: era una recompensa a la vez que una forma de motivar a los hijos a continuar con el legado paterno. El decreto del 13 de octubre de 1821 referente a familiares de los muertos por la patria proponía, efectivamente, educación y empleo públicos en reconocimiento a los patriotas fallecidos para socorrer a sus dependientes⁶⁵. Sin embargo, la lógica de Ricaurte excedía esa norma en concreto y era más una continuación directa de la cultura política del Imperio español, en el que el individuo y su familia se fundían en una sola experiencia e identidad, por lo que demostrar los méritos familiares no solo era algo permitido, sino que era deseado y necesario para asegurar una exitosa progresión.

Entre los argumentos de José de Jesús Calderón, el del matrimonio es muy específico. Además de referencias a su capacidad y republicanismo, refiere el “porte que ha observado en el tiempo de su vida y durante su matrimonio”. Cuatro de las certificaciones que solicitó retomaron el punto: “se maneja con honradez en su matrimonio”, señalaban dos de ellas; era un “sujeto en quien siempre han concurrido las circunstancias de un desempeño exacto de sus obligaciones en las materias de su estado matrimonial”, expresó otra, y “siendo casado sostiene a su muger e hijos con honor educacion y desencia”, decía la última. Igualmente, Calderón no dudó en señalar la “legitimidad de su nacimiento”⁶⁶. Consideró su honor y reputación, directamente asociados a su matrimonio y familia, como base de su rectitud personal y, más importante aún, como requisitos indispensables de un buen ciudadano y servidor público. A pesar de la vigencia del principio de igualdad, el concepto de honor continuaba siendo determinante y, como muestra Garrido, el lenguaje de los privilegios convivía con el de los derechos⁶⁷.

Otro rastro notable de prácticas del Antiguo Régimen es la gracia. Esta es una palabra que aparece constantemente en las solicitudes, en fórmulas como “se me conceda, si no por justicia, por gracia”, “lo reclamo como una gracia concedida por V. E.” o “V. E. se sirva concederme la gracia del referido destino”⁶⁸. La gracia se desplazó de unas manos a otras; antes la otorgaba el rey y ahora, el gobernante republicano. Aunque la lógica había cambiado, la palabra se mantenía, quizás porque los interesados no terminaban de asimilar que la elección ya funcionaba de otra manera.

Las solicitudes solían ir acompañadas de certificaciones que las respaldaban y daban evidencia de los méritos, otra práctica común desde el Antiguo Régimen⁶⁹. Ramón Rodríguez adjuntó una “de la Ilustre Municipalidad de esta ciudad que acredita mi exposición”⁷⁰. Marcos Bernin incluyó cuatro⁷¹. Francisco Luis Fernández anexó a su solicitud no menos de trece soportes justificativos de “su conducta y servicios a Colombia”⁷². Jorge López, por su parte, decidió no anexar comprobantes porque no disponía de los medios para conseguir tales documentos y porque sus aportes eran tan públicos que “estoy seguro de que en esa capital, y junto a V. E. hay muchos testigos oculares de todo mi relato”⁷³.

Ideales republicanos: legislación, comparación y justicia

Los solicitantes también esgrimieron argumentos novedosos, puramente republicanos. Algunos aludieron a la nueva legislación y a nociones y derechos establecidos en ella, como ciudadanía, justicia e igualdad. Paulatinamente fue emergiendo una nueva definición de lo que constituía el mérito.

A mediados de 1825, Juan Nepomuceno Camargo solicitó su pensión. Su cargo era oficial primero interventor de la Tesorería de Hacienda de Pamplona, pero, desde finales de 1824, oficiaba de tesorero. Sin embargo, debido a varios problemas de salud, no podía continuar en sus funciones⁷⁴. Por sus servicios desde 1819 en el Ejército y la Tesorería, y tras comprobarse sus enfermedades, el “retiro de jubilación conforme a la ley se me concedió, […] declarándome el goce de la pensión que la misma ley designa”. A finales de 1828, debido a necesidades económicas, solicitó que se le restituyese dicha pensión⁷⁵. El caso de Camargo evidencia que la pensión, en su caso por enfermedad, fue un derecho otorgado por ley y reclamado, pero dificultades presupuestales no permitieron ejecutarlo⁷⁶.

Recurrir a la legislación que lo favorecía fue también la manera en la que José María Mandete procedió para tratar de obtener su cargo en propiedad:

Cuando el Gobierno me confirió la plaza de oficial 1ro de esta contaduría, no me constituyó entre los límites de que no había de ascender al empleo de ordenador auxiliar, antes por el contrario el art. 62 de la ley orgánica de Hacienda declara la sustitución rigorosa a que deben ascender el ordenador y oficial 1ro por muerte, ausencia, enfermedad del Sr. contador general único Gefe que conoce esta contaduría según lo declaran los artículos 3 y 4 del cap. 3.º de la ordenanza de las contadurías departamentales.⁷⁷

La justicia de la solicitud de Mandete radicaba en que, más allá de argumentos como su necesidad económica y su largo servicio a la patria, que también señaló, la ley lo respaldaba. Otros individuos aludieron asimismo a alguna norma que los favorecía. Miguel Zubiandi planteó que la creación de un nuevo resguardo previsto por decreto conllevaría nuevas vacantes, para las cuales estaba disponible⁷⁸. Carlos Jiménez dijo al Libertador que un decreto suyo “extingue tácitamente” un cargo creado por ley dos años antes y que estaba desempeñando, con lo cual se veía en la necesidad de pedir otro empleo⁷⁹. Francisco Esparragoza sostuvo que “la ley que trata de jubilación de empleados fecha 4 de agosto del año 13” liberaba un puesto que él bien podría ocupar⁸⁰.

Estas solicitudes demuestran que la producción legislativa fue asimilada por los servidores públicos y ponen de manifiesto un importante cambio en la cultura política. Se empieza a ver el premio más como un derecho de los ciudadanos, una retribución a la que el Estado está obligado. Esto era impensable en la época anterior, en la que, si bien el monarca tenía la obligación moral de ser justo y retribuir adecuadamente, en última instancia actuaba según su voluntad. La retribución se entendía como un favor, como una dádiva, nunca como un derecho.

La estrategia de comparar los propios méritos con los de otro empleado fue recurrente. Los solicitantes la usaban con el fin de pedir que se utilizara un criterio de justicia entre personas que no estaban igualmente calificadas para ejercer un cargo. Santiago Gutiérrez, oficial tercero de la administración general de Tabacos de Honda llevaba, en 1825, cuatro años en el cargo y, debido a problemas de salud, solicitaba “la plaza de teniente guardamayor de este resguardo en propiedad, que está vacante”. El puesto estaba ocupado provisionalmente por alguien que era “de avanzada edad y pocos conocimientos para su desempeño”⁸¹. Con el objetivo de cambiar el escritorio por el aire libre, Gutiérrez se comparó con quien ocupaba el puesto anhelado; su conocimiento de la jurisdicción de Honda era definitivo frente a la edad e incompetencia del encargado provisional.

Ramón Rodríguez comparó sus méritos con los deméritos de alguien más a fin de sostener que debería ser preferido para un cargo. En su carta de 1828 se quejaba de que se hubiera designado a otro para un puesto al que había sido propuesto en primer lugar. El reclamo de Rodríguez era múltiple. Primero, el elegido ya recibía una paga por pertenecer al Ejército; segundo, sumaba menos servicios en el oficio y, tercero, no tenía ni mujer ni hijos. La comparación abordaba varios aspectos: no necesitar el ingreso porque ya tenía otro, contar con menos trayectoria en su carrera y no estar obligado a proveer por otros. Este ejemplo ilustra una suerte de justicia que debía operar en la promoción, no solo porque se la habían propuesto a Rodríguez, sino porque a más necesidades y más tiempo de trabajo, más derecho a un puesto se debía tener⁸². Santiago Gómez también se quejó de que habían elegido a otro individuo, “sujeto que a la verdad y sin que me ocupe el amor propio, no tiene la décima parte de mis servicios; y si me atrevo a decirlo, no tiene ningunos, no la robustez, aptitud, y conocimientos que me he adquirido”⁸³. Ramón Martínez Guerra, a su vez, se comparó con otros para reforzar su postulación: “por haber servido en ella [la renta de alcabala], circunstancia que no concurre en los demás propuestos”⁸⁴. A todas luces, tener más méritos que otra persona para un determinado cargo debería ser suficiente para obtenerlo.

Haber trabajado duraderamente para el gobierno español se podía convertir en una dificultad. Quien explicó que lo justo era privilegiar a los patriotas tempranos fue Lorenzo Espejo:

Considera de justicia que para la provisión de los empleos de hacienda se prefieran a los individuos que hayan dado pruebas de su patriotismo y hecho servicios a la república y no los que por el contrario las han dado y servido con nuestros enemigos sosteniendo constantes hasta la última hora con las armas en la mano esta plaza, que tantos disgustos nos causó y tantas privaciones y sufrimiento nos hizo sobrellevar todo con el ardiente deseo de conseguir su vencimiento y arrojar de nuestra patria a los tiranos.⁸⁵

Por su parte, José Vives de Agreda apuntaría que su vinculación a la república fue anterior a la de otros individuos que se presentaban al mismo cargo. Dos de ellos se habían mantenido fieles a los españoles “hasta la capitulación”, de manera que “de ninguno modo pueden superarme en méritos, servicio ni cosa alguna”⁸⁶.

El mérito y la justicia fueron mencionados varias veces como razones por las que se debía acceder a las solicitudes de los empleados. Manuel José Espinosa y Quirós expresó el cambio que se había producido:

En la época que solo tiene lugar el mérito y la justicia el suplicante se lisonjea conseguir su pretensión, o si V. E. tiene otro de más mérito a quien deba concedérselo que sea tenido presente para el que V. E. tenga a bien.

Su fórmula muestra su convicción de que la elección sería hecha con base en criterios de meritocracia (entre los que, por lo demás, no estaba ausente el apoyo a la patria)⁸⁷. Otra forma de solicitar justicia fue la argumentación de Pedro José Canabal. El hecho de que su hermano Eusebio María otrora hubiera buscado trabajo ante el gobierno español hacía que ahora debiese dar pruebas de su patriotismo. Quería que no se le exigiera eso: “Dicha orden con ningún otro se ha cumplido pues todos han sido empleados sin este requisito”, además de lo cual decía: “No obtuve ningún destino que me hiciese desmerecer para con la República”⁸⁸. Fernando Echegoyen pidió poder gozar del mismo beneficio que otros empleados de su misma y extinguida oficina, quienes disfrutaron de dos terceras partes de su sueldo y fueron agregados a otras oficinas. Recibir el mismo trato era justo⁸⁹.

No menos relevante es la vehemencia con la que se opuso José Vives de Agreda a que dos individuos figuraran en la lista para ocupar el cargo de oficial segundo en la Aduana de Cartagena. Ambos eran parientes de los jefes de esta oficina, uno cuñado del contador y el otro sobrino del administrador. No usa la palabra nepotismo, sino la de arbitrariedad para calificar la presencia de estos dos nombres en la lista. Su candidatura, en cambio, suponía la garantía de un servicio alejado de semejantes influencias⁹⁰. Preocupación parecida expresó Francisco Javier Ozuna directamente al Libertador:

El reselo que me asiste de que el dicho Señor Tesorero [Andrés del Campo] quiere favorecer con descaro y con injusticia notoria a tercero al ciudadano Escolástico Linero por recomendación del señor Francisco Antonio Linero tío y padrino de Escolástico, a quien debe el citado señor Tesorero servir por que no ha conosido (puede asegurarse) otro padre, otra protección, ni otro amparo para elevarse al rango en que se haya como es notorio a todo el mundo, sino al precitado señor Francisco Antonio.

Completó su duda diciendo que, “siendo el señor Tesorero Campo hermano político del señor Intendente de este Departamento Vicente Ucros, […] me asiste un remordimiento o reselo natural”. La denuncia de Ozuna no tuvo efecto y Escolástico fue nombrado⁹¹.

En la lógica contraria puede entenderse el cambio de destino que solicitó Marcelino Mantilla, porque en la región de Santander donde trabajaba como corregidor y comandante militar se había vuelto “blanco del odio y aborrecimiento de sus habitantes” por haber llenado “con imparcialidad y rectitud” sus labores en medio de “las muchas relaciones de consanguinidad y afinidad con que estoy ligado en aquellos pueblos”⁹². Lo que evidencia Mantilla es que la cercanía personal reñía con el distanciamiento que, se esperaba, debía mantener alguien en su puesto, tanto que su presencia en la zona ya no era sostenible.

Otras solicitudes muestran que los empleados internalizaron que existía la posibilidad de una carrera en la administración pública y que la lógica de ascenso no podía ser desconocida. Pantaleón López sabía dónde podría hacer carrera, por lo que pedía “que se me trasladase à la Secretaria de Hacienda en el empleo de archivero, para poder optar a algún ascenso, respecto a que en la oficina en que me hallo, no tengo à que aspirar por no pertenecer al ejercito”. Manuel de Mesa refirió que su petición de cargo era justa “por corresponderme por escala rigurosa” y Francisco Fernández de Madrid afirmaba que “la escala de sostituciones es rigorosa cuando los empleados reúnen las cualidades necesarias”. Tras un ascenso, José Luis Paniza sostuvo que “esta escala es el único auxilio y esperanza con que paliamos nuestras necesidades”. Francisco Esparragoza pedía un cargo que “por escala debió corresponderme”⁹³.

Conclusión

Varias de las características que encontró Arnold en relación con la burocracia mexicana de la transición se aplican al caso neogranadino. La independencia implicó incertidumbre y falta de sustento para las familias, lo que se percibe con claridad en las solicitudes neogranadinas. Los empleados coloniales no dudaron en seguir pidiendo trabajo bajo el nuevo sistema, siempre teniendo que evidenciar su lucha patriota y su apego a la república. La decisión de otorgar el empleo recaía ahora, como en México, en los políticos republicanos y ya no en el distante soberano hispano. Es decir, se había modificado la concepción del poder⁹⁴.

Para todos los empleados cuyas solicitudes hemos leído, era una obviedad que merecían el cargo, que era su derecho recibir el puesto o el beneficio que pedían. Sin embargo, las razones esgrimidas eran muy variadas. En las solicitudes se aprecia un abanico diverso de méritos que justifican sus peticiones y su servicio a la naciente república. Estos iban desde valores muy abstractos hasta aportaciones monetarias, e incluían también prácticas tradicionales dentro de un sistema cada vez más regulado y de lógica republicana. En conjunto, todos estos solicitantes van delineando los múltiples entendimientos de la ciudadanía que empiezan a tomar forma en la primera mitad del siglo XIX y que combinan conceptos novedosos con valores y prácticas propios del sistema político virreinal. Lo patrimonial sigue vigente junto a una nueva racionalidad basada en presentar méritos patrióticos, sin que aún hubiese nada que pudiera hacer pensar en una profesionalización o burocratización a lo weberiano.

En el contexto del ajuste de la estructura y organización de Hacienda que, como vimos, tendió a la disminución de oficinas y plazas por razones fiscales, lo que poco se modificó fueron los empleados mismos. Fueron los funcionarios coloniales quienes solicitaron mantenerse en la administración, ascender o cambiar de puesto. Ellos fueron reemplazados paulatinamente porque se jubilaban o morían, mas no porque el Gobierno republicano modificara radicalmente las reglas de contratación y los perfiles esperados. Es justamente esto lo que estudiamos aquí: cómo individuos que querían permanecer dentro de la administración fueron ajustando sus argumentos y sus méritos a las nuevas lógicas, enfocando de manera radical en sus aportes a la república, pero sin abandonar las alusiones a su capacidad y aptitud o a sus méritos familiares y personales. Su formación no provenía de organismos especializados ni de escuelas republicanas, sino de su aprendizaje y sus experiencias en la administración anterior.

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(PS) Peticiones y Solicitudes.

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Notas