Introducción

Los espacios rurales en Argentina tuvieron diferentes modelos de organización territorial a través del tiempo. Los mismos se estructuraron y organizaron en base a la valorización de los recursos naturales disponibles y en estrecha relación con los mercados internacionales que demandaban bienes agropecuarios, mineros y forestales del país (Sili, 2015). Ello provocó desigualdades sociales, ambientales y territoriales entre las regiones argentinas, que dependieron de su modo de integración en la estructura productiva nacional y su economía regional en los distintos momentos históricos.

Tal como se mencionó en la introducción de este dossier, las desigualdades se basan en la desigualdad de poder con respecto a los mercados básicos – trabajo, capital, tierra y conocimiento- entre individuos, clases sociales y los diferentes pares categoriales planteados por la modernidad (Pérez Sáinz, 2016). En nuestro país, se ha dejado de lado la discusión por la apropiación de estos mercados básicos y de los modelos de uso y significación de la naturaleza, en defensa del modelo extractivista que permite mejorar los déficits cuantitativos de educación, vivienda, infraestructura, entre otras (Krapovickas y Garay, 2017).

Algunas evidencias claras de las consecuencias de este modelo en las áreas rurales de Santiago del Estero, son la progresiva descampesinización de los territorios rurales (Paz, 2006), el aumento de población rural agrupada y la disminución de la dispersa, la escasez de alternativas productivas viables, la contaminación ambiental y la presión sobre la tierra con su correlato de violencia y despojo de los medios de vida de las comunidades rurales, siendo está la principal dimensión que se relaciona con la pobreza rural (Paz, 2013). Esto adquiere gran relevancia en una provincia que, en términos relativos, tiene porcentajes importantes de población rural y de familias pertenecientes a la agricultura familiar, campesina e indígena, registrándose hasta el 2014, 17.561 familias (Paz y Jara, 2014). Según datos de los censos 2010 y 2022, la provincia muestra una gran disminución del porcentaje de población rural, pasando del 31% en 2010 al 25% en 2022.

Este modelo productivo se presenta junto con un modelo de producción del espacio hegemónico, que desterritorializa a las comunidades. Frente a esto, el hábitat rural se constituye como un elemento en disputa material y simbólica y, en consecuencia, como un posible espacio de resistencia para la reterritorialización de lógicas contra hegemónicas propias de las comunidades, asociadas con la mejora de las condiciones de vida de estas poblaciones (Garay, 2018). En este sentido, se entiende el hábitat rural como el

“conjunto de manifestaciones materiales e inmateriales que contienen a las actividades humanas de salud, educación, trabajo, tierra, vivienda y recreación, en entornos de ruralidad, el cual está caracterizado por ser dinámico ya que es el resultado de las intervenciones de los pobladores, el Estado y el mercado, las cuales responden a pautas culturales y sociales que tienen diferentes lógicas” (Garay, 2019, p. 6).

El mismo es habitado por las condiciones ecológicas de producción de una población, pero a su vez es transformado por sus prácticas culturales y productivas, es soporte físico, trama ecológica, referente de simbolizaciones y significaciones que configuran identidades culturales y estilos étnicos diversos (Leff, 1998). Posee estrecha vinculación con las diferentes dimensiones de las condiciones de vida y es por esto que abordar indicadores del hábitat rural, contribuyen a evidenciar la magnitud de la persistencia de las desigualdades socio – territoriales (Ortiz de D´Arterio y Madariaga, 2007; Krapovickas et al., 2019).

Los procesos de territorialización capitalista se confrontan con la producción social del hábitat que está vinculada fuertemente a los modos de producción de las comunidades, a la soberanía popular, a la desmercantilización del suelo y a la recuperación de saberes populares. Las tensiones que se generan a partir de las diferentes formas de apropiación, producción, distribución y gestión de los recursos naturales en cada comunidad son focos de disputas o conflictos ambientales que ponen en cuestión las relaciones de poder (Merlinsky, 2013). “Los desafíos ambientales de cada sociedad se establecen a partir de la manera en que los actores sociales se vinculan con su entorno para construir su hábitat, generar su proceso productivo y reproductivo” (Melinsky, 2013, p. 21).

Así, las comunidades resisten o re-existen al territorio del agronegocio produciendo hábitat, sosteniendo procesos de subjetivación que son prácticas tanto de resistencia como de autoafirmación (Vommaro, 2012), aun sabiendo que su lucha por acceder a los mercados básicos se realiza desde una situación de inferioridad ante un modelo donde predomina la racionalidad económica y tecnológica sobre la valorización cultural de la naturaleza y de la vida, sometiendo los potenciales ecológicos, dominando las identidades étnicas y desconociendo sus saberes, acelerando los procesos de uniformización del paisaje, de producción de monocultivos, de pérdida de diversidad biológica, de homogeneización cultural y de urbanización de los asentamientos humanos (Leff, 1998).

En este marco, el objetivo de este trabajo es visibilizar y analizar los procesos emergentes de las comunidades de Cashico y el Añil (Jiménez, Santiago del Estero), que surgen a partir de la disputa por el hábitat ante las desigualdades y conflictos en los mercados básicos.

El trabajo recurre al estudio de casos mediante un abordaje metodológico cuanti-cualitativo a través de análisis de datos y documentos, análisis espaciales, entrevistas y observación participante. Entre los resultados se presenta en un primer apartado el análisis de la configuración del hábitat, las desigualdades y los conflictos que acontecen en el departamento y en la zona de estudio. En un segundo apartado, se presentan los procesos emergentes a través de los cuales las comunidades buscan dar respuesta a lo desarrollado previamente. A partir de esto, se realiza una discusión de lo observado y las conclusiones a las que llega esta investigación.

Actividades y metodología

Esta investigación se lleva a cabo a través de una metodología cuanti-cualitativa, recurriendo al estudio de casos, el cual consiste en el abordaje de lo particular priorizando el caso único, donde la efectividad de la particularización reemplaza la validez de la generalización (Stake, 1995; citado por Neiman y Quaranta, 2006, p. 219).

La unidad de estudio, la cual se constituye por el ámbito espacial donde se lleva a cabo el trabajo de campo (Guber, 2004), se conforma por las localidades de Cashico y El Añil del departamento Jiménez de la provincia de Santiago del Estero.

Las técnicas que se implementan son: a) análisis de datos y documentos a nivel departamental (censos agropecuarios 2002/2008 - cantidad de EAPS, EAPS con y sin límites definidos- y censos de población 2010 y 2022 -evolución de la población urbana, rural dispersa y rural agrupada, hacinamiento, régimen de tenencia crítica de la vivienda (Krapovickas y Garay, 2017) y procedencia de agua para beber crítica de los hogares (Krapovickas y Garay, 2017). Se calculan estos datos para el departamento sin colocar ningún filtro; b) análisis espaciales de mapas de Google Earth y de mapeos realizados en la zona (Coronel et al., 2025); c) entrevistas abiertas a las familias pertenecientes a las localidades seleccionadas que participan en las experiencias analizadas, al equipo técnico que acompaña las mismas y a representantes de las organizaciones involucradas; y d) observación participante.

Configuraciones de hábitat en Cashico y el Añil

El departamento Jiménez se sitúa en el noroeste de la provincia de Santiago del Estero (Figura 1) y se caracteriza por su contexto de fuerte territorialización del agronegocio, principalmente de soja, trigo y maíz (Ministerio de Hacienda, 2019). Estos procesos se han desplegado a partir de dos ciclos de acaparamiento en los últimos cincuenta años: el primero ocurrió entre el primer lustro de la década 1970 y mediados de la década 1980; el segundo, entre el último lustro de la década 1990 y el primero de la década de 2010 (Zorzoli, 2024).

Figura 1

Ubicación del departamento Jiménez

Fuente:Coronel et al., 2024

Los mismos profundizaron las históricas desigualdades en los mercados básicos y si se observa específicamente la tierra, entre los Censos Nacionales Agropecuarios de 2002 y 2018, la cantidad de EAPs a nivel departamental creció de 431 a 481, notándose un aumento en las EAPs con límites definidos (de 361 a 389) y una disminución en las sin límites definidos (de 70 a 62) (Garay et al., 2023). Por otro lado, Zorzoli (2024) identifica 4 grandes grupos que producen territorio en esta zona: a) un grupo de grandes productores propietarios que controlan superficies de 15000 a 30000 has.; b) grupo de productores propietarios medianos que controlan de 2000 a 5000 has, y pequeños con superficies de 5000 a 10000 has.; c) un grupo de pequeños productores propietarios que operan terrenos de 1000 a 2000 has y en su mayoría unidades productivas caracterizadas por la combinación entre trabajo familiar (aunque no necesariamente directo) y capitalización; d) y finalmente, Unidades de producción de tipo campesino, con precariedad de la tenencia de la tierra como situación en general extendida.

Estos datos muestran que hay una tendencia cada vez mayor a la concentración de la tierra que se da no solo de la mano de los grandes terratenientes, sino de un complejo conjunto de actores que producen este territorio, acaparando el control de la tierra en función de la acumulación de capital (Borrás et al., 2012; citado en Zorzoli, 2024).

Estos procesos son acompañados por diversas políticas públicas (educativas, habitacionales, de salud, entre otras¹) que promueven un modelo de producción del espacio concentrado en las áreas urbanas del departamento (INDEC, 2010 y 2022). Según datos de los censos 2010 y 2022 (Tabla 1), la población rural (agrupada y dispersa) se reduce de un 78% a un 47% en el período analizado, siendo la rural dispersa la más afectada (de 57% a 25%). La población rural agrupada se mantiene en valores porcentuales similares en el período analizado (de 21 a 22%). En contraparte, se observa un aumento de más del doble de la población urbana departamental, pasando del 23% al 53% del total.

Entre las características de los hogares del departamento, el censo 2022 muestra porcentajes departamentales similares a los provinciales respecto al hacinamiento (3.60% y 3.95% respectivamente) y a la procedencia de agua para beber crítica (16.91% en Jiménez y 16.42% en la provincia). Respecto a la variable régimen de tenencia, se puede observar que el 25% de los hogares tiene escritura, el 11% boleto de compra-venta, el 16% otra documentación y el 48% no tiene documentación. Si se analiza esta última variable, filtrando los datos del censo para población rural (dispersa y agrupada), se observa que el 62% no tiene documentación, denotando la vulnerabilidad ante el avance del agronegocio.

Actualmente, estas problemáticas se profundizan dado que el capital no solo acapara la tierra, sino que también contamina el ambiente y explota los caminos por los que circulan todos/as.

“No somos libres de sembrar lo que queramos porque el avión te pasa por encima, lo fumiga y te lo seca, te lo envenena. Es un envenenamiento” (Américo Escobar, citado en Urbano, 6 de septiembre de 2020).

Así, ante las fumigaciones se han podido registrar diversas denuncias por la muerte de frutales, de huertas y de gallinas (Segovia, 30 de diciembre de 2022; Guerrero, 8 de noviembre de 2023; La Columna, 6 de junio de 2024), así como también denuncias por las malas condiciones de los caminos, los cuales son reclamos históricos, pero se ven agravados por la circulación permanente de camiones de carga de las producciones, lo cual impide la libre circulación y comercialización de sus propios productos.

Estas denuncias aumentaron a partir de la reorganización de las comunidades en la Mesa de Tierras de Jiménez² y el abordaje de diversas temáticas, entre las que se encuentran las fumigaciones y sus consecuencias. En este contexto, se iniciaron procesos de lucha para debatir estas problemáticas y buscar alternativas al modelo. Entre las actividades realizadas se encuentran: reuniones mensuales para pensar el territorio, feria de productores/as locales, mapeo colectivo de las comunidades, talleres para fortalecer la producción local (curtidos, queso, huerta, conservas, derivados de la algarroba, etc.), relevamiento de conflictos de tierra y fumigaciones, entre otras (Coronel et al., 2024). En el marco de estas luchas, fue fundamental la vinculación con Fiscalía de la Nación y de la provincia, a partir de la cual se hicieron varios secuestros de mosquitos en algunos casos donde no se cumplían con las normativas y capacitaciones al personal policial para mejorar el registro de denuncias.

Las comunidades de Cashico y El Añil, no son ajenas a las desigualdades y conflictos que se observan en la escala departamental. Estas localidades se encuentran aproximadamente a 11 km. de Pozo Hondo, que es la cabecera del departamento (Figura 2). Están compuestas por familias campesinas que permanecen en un hábitat disperso con bosque nativo altamente fragmentado por la actividad agrícola intensiva. Este territorio se caracteriza por la permanencia de bosques nativos, ambiente al cual se asocian los usos individuales y comunitarios de los bienes naturales por parte de la comunidad, donde prevalecen bosques degradados, cuya vegetación se encuentra representada por especies primarias (quebrachos), secundarias (algarrobos, talas, tuscas), arbustos (garabatos, palo azul, palmas) y herbáceas. Asimismo, el ambiente tiene una abundancia de aguas subterráneas, constituyendo la principal fuente de agua de consumo humano y animal (Garay y Ledesma, 2024).

Figura 2

Comunidades Cashico y El Añil

Fuente: Coronel et al., en prensa, con base en una imagen de Google Earth

A partir de un proceso de mapeo colectivo (Coronel et al., 2025), se ha registrado que Cashico tiene un perímetro de 1716 hectáreas y El Añil, 621 hectáreas. Este registro da cuenta de que los establecimientos comunitarios en la primera comunidad son la escuela (perteneciente al Agrupamiento N° 2) y la capilla, careciendo de una posta sanitaria aun cuando hay un agente sanitario. En relación a las fuentes de agua, se observa una represa que se encuentra dentro de una propiedad privada. Por otro lado, el relevamiento muestra que El Añil cuenta con posta sanitaria, una escuela que integra también el Agrupamiento N° 2, una capilla, un destacamento policial (que se encuentra en el camino que conecta con Cashico) y canchas de fútbol. En cuanto a fuentes de agua, existen dos represas y cinco pozos surgentes. En esta comunidad, la “ONG Laudato Si cuidadores de la Casa común”, ha adquirido un campo de 28 hectáreas con el objeto de desarrollar tareas y actividades comunitarias beneficiosas para esta y otras comunidades aledañas, a partir del cual se desarrollan algunos proyectos que permiten fortalecer los procesos de subjetivización de ambas comunidades.

En este contexto, se puede observar la emergencia de procesos de re-existencia (Hurtado y Porto Gonçalves, 2022) y de autoafirmación de las comunidades en respuesta a la experiencia corporeizada de las nuevas condiciones de explotación (Vommaro, 2012), aun cuando son comunidades fragmentadas dadas las condiciones a las que las expone el modelo de producción hegemónico.

Procesos emergentes en la disputa por el hábitat

Estas comunidades sostienen prácticas contrahegemónicas más amigables con la tierra, con la naturaleza y con los/as vecinos/as. Estas se contraponen al modelo dominante, el cual atenta contra la vida, el territorio, la tierra, los/as vecinos/as y sus conocimientos ancestrales. La ejecución de proyectos que fortalezcan y potencien los modos de vida y de habitar de las comunidades son considerados como parte de los procesos de re-existencia y de auto-afirmación que se enfrenta al modelo hegemónico de desarrollo. Estas prácticas se sostienen a partir de un saber-hacer, de un conocimiento técnico particular que va pasando de generación en generación para garantizar las condiciones de habitabilidad, en un ambiente específico con el cual se interactúa. El mismo es “fruto de un largo aprendizaje y de una larga experiencia, y que no separa el esfuerzo físico de la inteligencia, la capacidad de ejecución del poder de creación” (Lequin, [1992]1997, citado en Ferro, 2021, p. 7).

Así, existen un conjunto de productos y servicios derivados del uso del monte (Tabla 2) que fueron identificados en la producción del hábitat de estas comunidades (Garay y Ledesma, 2024), específicamente respecto a la construcción de espacios arquitectónicos como la vivienda y corrales, y al trabajo. A partir de los mismos, las comunidades generaron proyectos para disputar material y simbólicamente el acceso a los mercados básicos, poniendo en valor sus conocimientos que han sido sistemáticamente desvalorizados y deslegitimados por el capital y por el mismo Estado a través de la implementación de políticas públicas.

Respecto a la vivienda de esta zona se observa que su materialidad se compone de varias construcciones vinculadas a elementos de la naturaleza que generan diversas espacialidades. Siempre y cuando haya un vínculo entre la vivienda y la parcela productiva (corrales y plantaciones), esta última también se encuentra en relación estrecha con todas las construcciones antes mencionadas. Esta vivienda crece según la necesidad de la familia, adosando nuevas construcciones que se levantan, en su mayoría, con materiales del monte. Como lo refleja un/a integrante de la comunidad en el siguiente testimonio:

“Utilizamos las ramas de los árboles para cerrar los corrales (...) generalmente árbol negro, porque hay mucho aquí” (Entrevista a 4, marzo de 2024).

El sistema estructural de la casa es puntual y se construye con los materiales presentes en la naturaleza. Para las columnas se utilizan horcones de madera de quebracho colorado, la cubierta se compone por un techo de tirantes y soleras de quebracho blanco o negro, con ramas de aibe que cubren con torta de barro o tierra apisonada. El cielorraso se hace de cañizo con ataduras de tiento, guasca y guasquillas.

Figura 3

Construcción con tierra, Cashico

Fuente: imágenes propias

Tal como sostiene la persona que habita en la vivienda de la Figura 3:

“Esta casa tiene 150 años, tiene madera de quebracho que son los puntales, son todo quebracho colorado, no otra madera. Y ahí están las soleras, que le dicen, que son las más gruesas, esas son de quebracho blanco porque es más resistente, no se quiebran fácil. Por ejemplo, esa es la diferencia que tiene el quebracho blanco y el quebracho colorado. El quebracho, el colorado, vos lo ponés así en horizontal y le pones una carga, se quiebra. Es como el cemento sin hierro. En cambio, el quebracho blanco es diferente. Otra madera, otra fibra. Y de ahí, de ahí vienen las varas, que son las que van, así... Que son, digamos, el último ya... Esas son de Algarrobo Negro, las Varas y alguna que ha agarrado el quebracho blanco también. Eso es, eso se puede variar ahí (…) Y ahí arriba tiene hojas de palma y ahí tienen, aibe. Y aibe... y de ahí recién va la tierra (...) bueno, este tiene chapa, pero los de antes... La gente antes... Mi abuelo, por ejemplo, no ponía chapa ni nylon, le ponía simplemente tierra y no caía una gota.” (Entrevista 3, marzo de 2024).

Las paredes, que no cumplen una función portante sino solo de cerramiento, se construyen con ladrillos de tierra cruda (adobe) o con quincha, y se registran anchos entre 40 y 60 cm. En algunos casos, se realiza un cimiento corrido de piedra o zócalos con mayor proporción de cemento, lo que no permite la ascensión de la humedad del suelo. Sobre esto, se coloca el revoque que es una delgada capa de barro fino y estiércol menudamente pulverizado.

En este proceso es la familia la que construye, organiza y gestiona la obra, junto con sus vecinos/as y familiares que colaboran en la construcción, y de esta manera los saberes se trasladan de generación en generación. En la actualidad, se observa que hay contratación de mano de obra que no es familiar, la cual se fundamenta en la desvinculación de los saberes ancestrales de construcción con tierra, así como en la incorporación de materiales del mercado y la poca disponibilidad de tiempo para dedicarle a esto, dada la diversificación laboral de las familias. También existe una desvalorización de estas técnicas ancestrales, a partir de una imposición de un ideal de progreso fijado en la construcción con materiales del mercado, lo cual es fomentado a través de la implementación de políticas públicas habitacionales poco respetuosas de las costumbres de las poblaciones³ (Garay y Gómez López, 2021).

En este sentido, como parte la disputa simbólica y del proceso de subjetivación de las comunidades, surge el proyecto de construcción con tierra a mediados de 2024. La propuesta de educación popular se sostiene a partir de un proceso de interacción entre un arquitecto y la comunidad, con el objetivo de recuperar, fortalecer y construir conocimiento sobre las técnicas constructivas propias de la zona. Hasta el momento, se dieron cuatro encuentros en los que se pudo desarrollar la clasificación de la tierra y la técnica de adobe y quincha, se construyeron adobes y se hicieron los cimientos para la construcción del Salón de Usos Múltiples (SUM) del predio de El Añil perteneciente a la Laudato Si, que será de sede para las actividades comunitarias. Si bien se observa poca participación de las familias de la zona, concurrieron integrantes de diferentes comunidades y se contrató mano de obra para realizar la construcción a partir de estos talleres. El arquitecto sostiene que:

“Esta primera semillita, me parece que es pensar el proceso desde ahí… forzar a la comunidad que pueda ver y materializar, lo pueda palpar al espacio, queremos suponer nosotros que vamos a seguir construyendo otros espacios con las mismas técnicas, quizás innovando otras… los muchachos están contentos, ya están pensando hacer parte de sus casas, revocar sus casas. Lo miran con ojos diferentes de lo que lo han visto al principio” (entrevista 5, enero de 2025)

Figura 4

Talleres de construcción con tierra

Fuente: Imágenes provistas por participantes

Respecto de la dimensión “trabajo”, estas comunidades se dedican a los cultivos de cerco (maíz, zapallo, calabaza y huerta) y a la cría de animales de corral (cabras, cerdo, gallinas, pavos y algunos, vacas). El aprovechamiento de los productos madereros y no madereros tienen su importancia en tanto ingresos económicos, sin significar ello la proletarización en las familias. Uno de los testimonios da cuenta de esto: “Sí, sí se comercializa y también para el consumo de la casa (...) los quesos y los cabritos sí” (entrevista 2, marzo de 2024).

Hace unos años surgió en el marco de la Mesa de Tierras del departamento Jiménez, un proyecto de aprovechamiento de la algarroba con la participación de las comunidades locales y el apoyo del cura párroco de la zona con el fin de generar alternativas de vida locales que les dé ganancias económicas con los recursos disponibles en sus territorios (Garay y Ledesma, 2024). Ante esto, un testimonio sostiene:

“Un día me voy [...] a Nueva Esperanza y cuando volvíamos veníamos viendo la Galesa, que es una de las colonias de José Alperovich, de Tucumán. Y era una cortina de árboles de 150 metros y siete kilómetros… ocho kilómetros de largo y eran racimos, así que se colgaban. Y digo: voy a hacer harina de algarroba” (entrevista 1, marzo de 2024).

La cadena de este proceso está formada por diferentes etapas: 1) recolección y venta de vainas que realiza la comunidad; 2) procesamiento que incluye secado, picado y almacenamiento del fruto; 3) molienda y elaboración de la harina; 4) comercialización de la harina que se realiza a los mismos integrantes de la comunidad; 5) elaboración de panificados (budines, alfajores, galletas, panes, entre otras); 6) venta de panificados en diferentes puntos de la localidad y en Tucumán.

Esto genera un movimiento económico en la zona donde interactúan diversos actores generando trabajo a partir del con los propios recursos y saberes locales.

Figura 5

Talleres de producción de algarroba

Fuente: Imágenes de las propias comunidades

Discusión

Las desigualdades a los que se enfrenta la población local del departamento Jiménez se relacionan fuertemente con los conflictos por el acceso a los mercados básicos (trabajo, tierra, capital, conocimiento). Los resultados muestran que, entre 2010 y 2022, el modelo extractivista presenta alarmantes consecuencias en las comunidades como la disminución de las EAPs sin límites definidos (de 70 a 62) y la concentración de la población en los centros urbanos del departamento, proceso que se relaciona con la gran disminución de la población dispersa (la primera pasa del 23% al 53% y la segunda, del 57% a 25%).

Estos procesos son potenciados por la implementación de políticas públicas educativas, sanitarias y habitacionales, que promueven un modelo de producción del espacio que tiene una mirada urbano-céntrica. Si bien a partir de las mismas se pueden notar mejorías cuantitativas en variables como el hacinamiento y la procedencia de agua para beber crítica, un dato preocupante es el porcentaje de población que no cuenta con documentación respecto al régimen de tenencia de su vivienda (48% del total de los hogares del departamento y 62% específicamente de los hogares rurales), lo que aumenta su vulnerabilidad en un contexto de fuerte concentración y puja por la misma. A esta problemática se suman actualmente los fuertes conflictos por las fumigaciones y las consecuencias en la salud.

Particularmente las localidades analizadas, Cashico y el Añil, se caracterizan por desarrollarse en un hábitat disperso, lo que les permite sostener modos de vida y de habitar campesinos aun cuando el bosque nativo circundante se encuentra altamente fragmentado por la actividad agrícola intensiva y reconociendo que la lucha por el acceso igualitario a los mercados básicos parte de condiciones de desigualdad. Esta disputa es material y simbólica, dado que se plantea no solo la reapropiación de los bienes de la naturaleza, poniendo en cuestión las relaciones de poder (Merlinsky, 2013), sino también visibiliza conocimientos comunitarios a partir de la generación de proyectos comunitarios para el uso y la revalorización del monte en diferentes dimensiones que conforman al hábitat rural (Garay, 2019). Por un lado, la construcción con tierra permite revalorizar los modos de construir la vivienda teniendo en cuenta el vínculo con las demás dimensiones del hábitat, así como los procesos de autoconstrucción, la utilización de materiales de la zona y la posibilidad de generar trabajo, rompiendo con la dependencia a los materiales del mercado y a la mano de obra extra familiar. El aprovechamiento de la algarroba, se relaciona con el trabajo y permite la conformación de un circuito laboral que tiene diferentes eslabones: la recolección y venta de vainas, el procesamiento, la molienda, la producción de panificados y la comercialización.

Ambas experiencias sostienen prácticas que priorizan el valor de uso de los recursos, y tienen como centralidad la garantía de la reproducción material y simbólica de la vida (Gutiérrez Aguilar, 2020). Se comprenden como emergencias transformadoras, procesos latentes, en proceso de construcción (Paredes, 2014), las cuales tienen por objetivo, reterritorializar lógicas contra hegemónicas propias de las comunidades, asociadas a la mejora de las condiciones de vida y de habitar de estas poblaciones.

Conclusiones

En concordancia con lo planteado en la introducción de este dossier, las desigualdades en la ruralidad santiagueña están fuertemente ligadas a la estructura agraria (Akram-Lodhi et al., 2007; citado en Paz, 2013) y a la reprimarización de la economía (Krapovickas y Garay, 2017). Las comunidades del departamento Jiménez se encuentran atravesadas por las consecuencias del modelo del agronegocio, las cuales dificultan generar proyectos de vida en estos territorios que garanticen mejores condiciones de vida. El mismo se basa en un modelo de producción agrícola y del espacio que no es respetuoso del ambiente y de las comunidades de las localidades analizadas, generando fuertes conflictos sociales y ambientales. Ante esto, se demandan políticas públicas que permitan disputar material y simbólicamente el acceso al hábitat a través del acceso a todas sus dimensiones: tierra, vivienda, trabajo, educación, salud, recreación e infraestructura comunitaria.

Las prácticas organizativas que llevan a cabo las comunidades analizadas en este trabajo, tienen como finalidad disminuir las desigualdades a las que se enfrentan, reapropiándose de su propio hábitat, de los recursos disponibles en la naturaleza y reinventando sus identidades. Si bien ambas son incipientes, son parte de un proceso de re-existencia (Hurtado y Porto Gonçalves, 2022) en el cual se disputa la posibilidad de generar proyectos de vida innovando sus viejas prácticas cotidianas que permitan sostener sus modos de habitar y a la vez son prácticas de resistencia y de autoafirmación (Vommaro, 2012). En las mismas se observa una disputa de sentidos y la ruptura con la estigmatización de sus modos de construir, de vivir y de producir, oponiéndose tanto al capital que se sustenta en un modelo hegemónico de producción que genera descampesinización, reproduce las desigualdades estructurales como a las lógicas estatales que a través de políticas públicas refuerza, legitima y consolida a este modelo dominante.

En este contexto, este trabajo sostiene que es necesario un Estado presente que dispute la mirada moderna sobre estos territorios, y que cuestione la apropiación y la concentración de los mercados básicos por parte del mercado y de los grandes terratenientes. Así es fundamental, cuestionar la articulación entre uso y reparto de la tierra, generar proyectos laborales respetuosos de los modos de vida para evitar las migraciones forzadas y visibilizar los conocimientos presentes en los territorios. A su vez, es importante comprender y abordar la relación con las demás dimensiones del hábitat rural (Garay, 2019) planteando procesos de educación popular en articulación con las escuelas y demás instituciones de formación, organizaciones sociales y ONGs, así como el mejoramiento de la infraestructura comunitaria.

Fuentes y documentos

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