El SO de la provincia de Buenos Aires está definido por la ley provincial N°13.647 e incluye los partidos de Guaminí, Adolfo Alsina, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Saavedra, Tornquist, Puan, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino y Patagones. Es un territorio que históricamente estuvo atravesado por la constitución de grandes extensiones de tierra, procesos de colonización y planes de transformación agraria, con la coexistencia de grandes productores y familias productoras. Se caracteriza por la permanencia de la actividad ganadera familiar y por ser una región con un clima árido y semi-árido, con pocas lluvias (Hang, 2023).

La agricultura familiar de la zona está comprendida por familias que realizan principalmente ganadería y agricultura (en la mayoría de los casos para alimentar al ganado) y que aportan la fuerza de trabajo, aunque para algunas tareas específicas contratan mano de obra externa. Su ingreso económico principal es el derivado de la producción y se complementa con otros como: jubilaciones, servicios de maquinaria, docencia, etc. Mayoritariamente comercializan por medio de las cooperativas locales, aunque también hay venta por consignatarios. Son familias propietarias de la tierra que, en algunos casos, además arriendan. Sobre el uso de maquinarias, principalmente utilizan la propia (muchas veces, vieja) y contratan el servicio primordialmente para la cosecha. Se destaca de estas familias que “tienen vinculación con el territorio que habitan, ya que viven en el predio productivo o en el pueblo más cercano” (Hang, 2023, p. 144).

Si bien existe bibliografía sobre problemáticas relacionadas a la producción, las familias productoras y la continuidad en la explotación (Romero Wimer, 2012; López Castro, 2012, 2013, 2016; Hang, 2023; Hang y Gonzalez, 2020) en el SO bonaerense, no es un territorio profusamente estudiado por considerarse marginal. ¹ Entonces, el abordaje del acceso a la tierra de la agricultura familiar contemplando la perspectiva de género, se transforma en un desafío para este trabajo, tanto para la construcción de antecedentes como para la metodología.

Así, el trabajo busca poner en tensión la discusión sobre la neutralidad de la normativa y en cómo la misma puede convertirse en una clara limitante a la efectiva posibilidad de acceso a tierra, en este caso de las mujeres del SO de la provincia de Buenos Aires. A raíz de sus relatos como base empírica fundamental, se busca problematizar y conocer cómo los marcos normativos pueden promover desigualdades. En particular, se analizan las normas y las prácticas enmarcadas en las normativas de la herencia (Código Civil y Comercial) y el arrendamiento (ley Nº 13.246).

A pesar de que la igualdad entre las personas de distintos géneros se encuentra reconocida en múltiples y diversas normas (nacionales e internacionales), la bibliografía y los datos ofrecidos por el último CNA muestran una gran desigualdad entre la cantidad de tierra existente con titularidad en cabeza de mujeres y de varones, tal como se anticipó en la introducción. En la Argentina, de las explotaciones agropecuarias (EAP) ⁵ con tipo jurídico persona humana o sociedad de hecho no registrada relevadas, sólo el 21% cuenta con mujeres titulares. A su vez, del relevamiento de EAP con tipo jurídico personas humanas por sexo del productor surge que hay 163.709 a nombre de varones y 43.108 a nombre de mujeres (INDEC, 2021). Lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires, ya que hay 19.671 explotaciones agropecuarias con tipo jurídico personas humanas con varones titulares y 5.280 a nombre de mujeres, es decir que las mujeres son titulares del 26% de las EAP (INDEC, 2021).

A raíz de las entrevistas realizadas y detalladas en el apartado metodológico, específicamente la voz de las productoras mujeres del SO bonaerense, se relevaron las perspectivas de la limitación al acceso a la tierra, para aportar al análisis de la problemática.

La continuidad intergeneracional de la explotación agropecuaria es una cuestión central en la agricultura familiar, que Balsa (2012) define como una racionalidad particular. Al respecto, las mujeres entrevistadas explican que, al momento de planear dicha continuidad de la familia en la actividad agraria, el camino lo marcan cuestiones socioculturales y formas de socialización patriarcales. Es decir que, si hay que decidir quién continúa en la explotación agraria, los relatos cuentan que hay una preferencia a que sean los varones. Así lo cuenta la productora 5, que vive en Bordenave (partido de Puan), que heredó la tierra de su padre y no tiene hermanos varones: “casi siempre quieren que más hereden el hijo varón que la hija”. Y después, sobre la posibilidad de que las mujeres sean las que producen, dice: “yo veo que la mayoría de las mujeres lo alquila ¿y a quién se lo alquila? o al hermano o a un tercero. Son pocas las que lo producen ellas igual acá en la zona”.

La productora 2, de Pigüé, partido de Saavedra, actualmente trabaja en el campo junto a su padre. Tiene hermanas y hermanos, pero que, a diferencia de ella, su mudaron y no están interesados en la actividad agraria. Ella detalla cómo su abuela no heredó la tierra, sino que “ en realidad recibió dinero, no recibió la tierra”. Así, la directora de una escuela agraria del partido de Adolfo Alsina afirma que es muy difícil que las mujeres realicen la actividad productiva solas y que “terminan alquilando sus tierras a otras personas”.

La productora 1, que trabaja en Carhué, partido de Adolfo Alsina, dice: “Vengo de una historia donde los hombres eran los únicos que decidían” y “sigue siendo el hombre quien toma las decisiones”. En su caso en particular, ella trabaja junto a su marido una fracción del campo de la familia, en el que su padre toma las decisiones y ella ve limitada su posibilidad de acción. Por último, enfatiza: “De chiquitas nunca nos enseñaron nada del manejo del campo, todo era enseñado a nuestros hermanos, al varón. El varón tiene el derecho ya adquirido de poder trabajar la tierra o vivir del campo y las mujeres tenemos que estudiar para tener nuestro futuro”.

Nos encontramos ante situaciones que dan cuenta de que esta problemática va más allá de la posibilidad fáctica de acceder a la tierra (garantizada por la igualdad formal analizada con anterioridad), ya que muchas de ellas heredan efectivamente la tierra que ha sido de las familias por varias generaciones, pero eso no implica que la trabajen o que puedan decidir hacerlo, tal como se señala en otras investigaciones, no necesariamente tienen un vínculo productivo con la tierra (Hang, 2024).

A continuación, se presenta la normativa y las prácticas implicadas en el acceso a la tierra de la agricultura familiar en el SO bonaerense de acuerdo a la información recolectada en el trabajo de campo y las entrevistas. Luego, se avanza en la descripción del contexto (momento político e histórico) de su sanción, a fin de poder comprender a estas normativas como el producto de relaciones sociales, es decir, desde el posicionamiento de las teorías críticas. Además, se observa si la normativa contempla quién accede a la tierra, es decir si se tuvo en cuenta o si hace referencia al tipo de sujeto social agrario (pequeño productor, agricultor/a familiar, trabajador/a agraria, empresarios, etc.) destinatario.

Por último, se realiza un abordaje de la normativa identificada y analizada desde la perspectiva de género. Para ello, se vislumbra si contempla:

Historia, género y contexto de la persona que accede a la tierra

De acuerdo con la información recolectada por medio de las entrevistas, la principal forma de acceso a la tierra de la agricultura familiar y de las mujeres en el SO bonaerense es la herencia, la cual puede abordarse como una estrategia de reproducción social (Bourdieu, 2014). En el mismo sentido, Bardomás plantea que la misma es “una forma de reproducción de las explotaciones familiares” (2000, p. 85), y tal como expresan Deere y León (2001), se observa una preferencia a que sean los varones quienes hereden la tierra, principalmente si en la herencia hay más bienes además de la tierra y sucede, como afirma Muzlera (2010), que existe una diferencia en el modo en que heredan las mujeres y los varones. Esto se puede vincular con el modo patriarcal en que se dan las relaciones jerárquicas dentro de las familias, es decir que existen parámetros patriarcales que excluyen a las mujeres de la estrategia de continuidad familiar en la actividad agraria. A su vez, Ferro (2008), coincidiendo con Deere y León (2001), afirma que

la desigualdad de género en la propiedad rural en la Argentina también tiene su origen en los privilegios que disfrutan los hombres en el matrimonio, la preferencia por los varones en las prácticas de herencia, el sesgo masculino en los programas de distribución y titulación de tierras, y el sesgo de género en el mercado de tierras, en el que es menos probable que las mujeres participen exitosamente como compradoras (2008, p. 76).

Las entrevistas a los/as profesionales que intervienen en la distribución de los bienes y que son consultados/as por las familias de la zona acordaron que existen diferencias entre los varones y las mujeres en relación a los bienes heredables. Los dos escribanos entrevistados acordaron en que notan una desigualdad de género en la distribución de los bienes, aunque no necesariamente económica porque existe una compensación económica. El escribano 2 afirma en ese sentido: “Hay compensación económica. Hay compensación, sí, sí, sí”. Lo mismo el escribano 1, que explica: “Siempre hay alguna forma de compensar, digamos, con más, con menos, un campito más, un campito menos, pero tratan de compensar, no he visto el cero para las mujeres”; y luego agrega: “Se intenta compensar, sacar desde la producción a las mujeres, y compensar con bienes que estén fuera, que no sean rurales”.

El abogado 1 de Darregueira (Puan) reflexiona sobre si se suele beneficiar a los hijos varones al momento de dividir los bienes y dice: “e n el sector agrario se beneficia al hijo mayor, al hijo varón, en detrimento de la mujer. A mí lo que me ha tocado, sí, en detrimento de las mujeres”.

Además, si las mujeres son las titulares de tierra, en general no son quienes la trabajan o toman decisiones sobre la explotación agropecuaria y se la arriendan a sus hermanos. También, según el escribano 2 y de acuerdo a su experiencia, los casos en que las mujeres son las que toman las decisiones y trabajan en la producción, corresponden a mujeres viudas, solteras o que no tienen hermanos varones.

El escribano 1 recuerda que conoce aproximadamente seis casos (en más de veintitrés años de trabajo) en los que las mujeres recibieron tierra por herencia y que la trabajan; por lo tanto, son excepciones. Y durante la entrevista advierte que en esos casos son mujeres que no tienen hermanos varones. Por su parte, la contadora 1 de la zona explicó que en veinte años de trabajo sólo tuvo dos casos en que quisieran perjudicar alevosamente a las mujeres, que siempre hay una compensación económica que acompaña a la distribución desigual de los bienes.

La otra forma de acceso a la tierra muy utilizada por la agricultura familiar del SO de la provincia de Buenos Aires es el arrendamiento. Este contrato se utiliza para ampliar la explotación agropecuaria y ante la dificultad o imposibilidad de comprar más tierra (Hang, 2023). Un dato interesante que surge de las entrevistas a los escribanos es que ninguno ha confeccionado contratos de arrendamiento con mujeres arrendatarias, pero los dos notan que sí hay muchos casos de mujeres que son arrendadoras, es decir que en los casos que las mujeres son titulares de la tierra, en su gran mayoría no la trabajan, sino que las ceden en arrendamiento.

Entonces, la normativa implicada en el acceso a la tierra de la agricultura familiar en el SO bonaerense es la correspondiente a la herencia y al arrendamiento, pero la figura más utilizada por las mujeres es la herencia, que se encuentra regulada en el Código Civil y Comercial (CCyC) de la Nación del año 2014, mientras que el contrato de arrendamiento está receptado en la ley de contratos agrarios Nº 13.246 del año 1948 y sus modificatorias.

La herencia, que aquí importa por ser el instrumento principal de acceso a la tierra utilizado por las familias en la región del SO de la provincia de Buenos Aires (Hang, 2023), garantiza la transmisibilidad de la tierra de uno a otro miembro de la familia. Su regulación estuvo desarrollada en el Código Civil vigente en Argentina, de autoría de Dalmacio Vélez Sarsfield. Éste fue sancionado el 25 de septiembre de 1869 por ley Nº 340 y entró en vigencia el 1º de enero de 1871. Si bien tuvo diversas trasformaciones, su última gran modificación se realizó por medio de la sanción del CCyC durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien dictó el decreto 191/2011 por medio del cual se creó la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación. Dicha comisión fue integrada por los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y elevó un proyecto de ley con la propuesta del nuevo CCyC. Este nuevo código se aprobó en octubre de 2014 por medio de la ley Nº 26.994 (que, además, derogó la ley Nº 340) y entró en vigencia en agosto de 2015. ⁶

Por su parte, el arrendamiento se encuentra regulado en la ley nacional Nº 13.246 de arrendamientos y aparcerías rurales, sancionada en septiembre de 1948 durante el gobierno de Juan Domingo Perón, en un contexto de intervencionismo estatal. La ley tomó los históricos reclamos de los arrendatarios que habían impulsado el Grito de Alcorta en 1912 ⁷ y el pedido de sanción de una ley que regulara estos contratos, que hasta el año 1921 se regían por el Código Civil. Esta ley tuvo diversas modificaciones; la más significativa fue la realizada en el año 1980 por medio de la ley Nº 22.298, que deroga gran cantidad de sus artículos.

Si se ubica la sanción estas normas en la trama de la historia agraria argentina, se pueden observar diferencias. La herencia comenzó a estar regulada con el Código Civil en un contexto de conformación del modelo agroexportador y de gran expansión productiva pampeana, mientras que la sanción de la ley Nº 13.246 de arrendamientos rurales se da bajo la premisa de un proceso de desconcentración de tierras y de estancamiento (Barsky y Gelman, 2009; Urcola, 2010; Giarracca y Teubal, 2005).

Conocer los años de sanción y modificación de las normativas de las que trata este trabajo, permite comprenderlas como producto de relaciones sociales, como indican las teorías críticas. Al comprender el contexto histórico-político de sanción y modificación de estas normativas, podemos vislumbrar los posicionamientos e intereses desde los que se promulgaron. Si bien podría no alcanzar con solo identificar estos hechos, sí puede entenderse como un indicio de las discusiones que rondan a las normativas. Además, permite advertir si la normativa tiene en cuenta al tipo de sujeto social agrario que accede a la tierra.

En el caso del CCyC se buscó actualizar un código que estaba vigente desde el siglo anterior, que no contemplaba derechos consagrados a nivel internacional y que estaba desactualizado. La herencia es una herramienta jurídica que incluye el traspaso de bienes en general, no únicamente de la tierra. No fue regulada sólo para el traspaso de la tierra, por lo que no establece qué sujeto la utilizará. En cambio, la ley de arrendamientos fue sancionada para tratar la problemática del acceso a la tierra en defensa de los arrendatarios, pero con su última modificación se eliminaron muchos de los preceptos que protegían a esta parte. En este sentido, se puede entender que la ley en el momento de su sanción estaba destinada al acceso a la tierra de pequeños productores (hoy comprendidos dentro de la agricultura familiar de acuerdo al artículo 5 de la ley Nº 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena), pero que de todas formas engloba a todos los sujetos que arriendan tierra. Es importante destacar que, con los cambios productivos de las últimas décadas, principalmente post revolución verde ⁸ , es muy común que la parte arrendataria sean grandes grupos inversores y la parte arrendadora esté conformada por familias productoras, por lo que, junto con la última modificación legislativa, nos encontramos con una ley que fue sancionada con un sentido que en la actualidad es utilizada por otros sujetos y cuyos criterios rectores fueron derogados con la modificación realizada por la última dictadura militar en el año 1980.

Para llegar al análisis de la normativa con perspectiva de género y en clave feminista, primero se identificó la normativa implicada en el acceso a la tierra de la agricultura familiar del SO bonaerense, para luego conocer su contexto se sanción y los destinatarios de la misma. Entonces, así se llega a la propuesta de analizar si dichas normativas contemplan tres elementos que se entienden centrales para determinar la perspectiva de género de las figuras jurídicas en cuestión.

En relación con la historia, género y contexto de la persona que accede a la tierra, como se adelantó en el punto anterior, el CCyC en lo referido a la herencia no incorpora al destinatario/a de los bienes declarados en la misma, sino que se trata de una regulación general. Respecto al arrendamiento, la ley tiene algunos puntos que pueden dar a entender quién se pensaba como arrendatario (pequeño productor) en los artículos 7, 15, 17 y 18, pero no su género o historia. Estos artículos hacen referencia a la prohibición de la cesión del arrendamiento, a la inembargabilidad de ciertos bienes del arrendatario, la nulidad de cláusulas que obliguen al arrendatario a comercializar o producir de determinada manera y las obligaciones y derechos de las partes.

En el mismo sentido, ninguno de los cuerpos normativos hace alguna referencia explícita a la contemplación de los derechos de las mujeres establecidos en la normativa internacional. Si bien, de todo el ordenamiento jurídico nacional se presume que las mujeres tienen la misma capacidad que los varones, en este caso para heredar o arrendar, no está definido en estas herramientas particulares de acceso a la tierra.

Por último, queda determinar si estas normativas presentan o promueven algún estereotipo de persona que accede a la tierra. Si se realizara un análisis superficial, limitado a la “externalidad” de las normas, la respuesta sería negativa. Sin embargo, al proponer un diálogo con el marco teórico desarrollado, al no considerarse una normativa neutra, se observa que promueve formas desiguales de acceso a la tierra. Esto se da porque toma como destinatario un sujeto masculino, un sujeto hegemónico universal, generando prácticas sociales y culturales en torno a la herencia y al arrendamiento masculinas y patriarcales.

Entonces, en relación con la normativa implicada en el acceso a la tierra de agricultura familiar del sudoeste bonaerense, se puede afirmar que ninguna lo plantea con perspectiva de género o advirtiendo la situación/rol de las mujeres. Se acuerda con que ni el Código Civil y Comercial (CCyC), ni la Ley de Arrendamientos, Aparcerías y Medierías hacen referencia a la dimensión de género al abordar cuestiones vinculadas al acceso a la tierra (Hang, 2024, p. 157).

Lo que se observa, tanto en las entrevistas como en los datos ofrecidos por el CNA 2018, es que la normativa tal como se encuentra vigente en Argentina favorece la distribución desigual, en el sentido en que no son las mujeres las que necesariamente reciben la tierra, sino que muchas veces se las compensa económicamente con dinero u otro bien, dado que la tierra la reciben (toda o una parte mayor) otros herederos varones (hermanos). Lo mismo sucede al analizar quién se queda con la parte del campo que tiene mejoras necesarias para producir y la vivienda. Esa fracción suele quedar para los varones porque se espera que sean quienes continuarán con la actividad agraria.

Por lo que, si consideramos que la “incorporación de la perspectiva feminista es un mandato constitucional desde que en el año 1994 el texto de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) se incorporó con jerarquía constitucional” (Cano, 2017, p. 2), se debe comenzar un trabajo de adecuación de la normativa que garantiza el acceso a la tierra de las mujeres productoras del SO bonaerense.

En ese sentido, la crítica al derecho, la crítica feminista y el pluralismo jurídico aportan ideas y respuestas a esta problemática.

En base a la intención de avanzar en la construcción de formas de acceso a la tierra para producir más equitativas, se proponen indicios que aportan en tal sentido. Siguiendo a Torres Díaz (2013), se incorpora la perspectiva de género como criterio de interpretación normativa y como metodología interpretativa para “reconducir y adaptar las interpretaciones jurídicas al contexto social en donde subyacen múltiples contradicciones entre las que se encuentran las contradicciones de género” (p. 633). Como explica Cano, “es necesario que la legislación contemple las desigualdades que operan en el plano social, pretenda repararlas y no suscriba a la ficción de que alcanza la mera igualdad ante la ley” (2015, p. 177).

Por este motivo, además, al igual que Battilana (2022) se entiende que el discurso feminista es un impulsor de la transformación del discurso jurídico, por lo que la perspectiva de género resulta fundamental y necesaria.

Si se parte del precepto de que la igualdad tiene sustento en las situaciones de igualdad de condiciones, no se puede equiparar en la normativa a sujetos históricamente disímiles. Es así que el supuesto pretendido se basa en normativas de acceso a la tierra diferenciadas de acuerdo a los sujetos sociales agrarios, particularmente en normativa que contemple las particularidades y necesidades de acceso a la tierra de la agricultura familiar y, en tal sentido, las de las mujeres. Así, en este sentido, resultan pertinentes los aportes del pluralismo jurídico que plantean la posibilidad de coexistencia de dos o más sistemas normativos con validez pretendida en el mismo territorio, la convivencia de diversos sistemas legales (Wolkmer, 2006), teniendo en cuenta la diferencia de actores que encontramos en los territorios.

El SO bonaerense se caracteriza por la coexistencia de sujetos muy diferentes (principalmente empresarios/as, productores/as familiares, trabajadores/as agrarias) y lo que se advierte es que las figuras jurídicas que se utilizan para acceder a la tierra adquieren modalidades diversas para cada sujeto y en ello se generan desigualdades. Entonces este territorio se puede abordar desde esta propuesta de pluralismo jurídico con perspectiva de género.

Debería avanzarse en la discusión y sanción de normativas específicas para el acceso a la tierra de la agricultura familiar, que reconozcan las particularidades de este sujeto para acceder a la tierra y que respondan a las consecuencias de los vínculos patriarcales dentro de las familias.

En este sentido, se destaca el decreto reglamentario de la ley Nº 27.118 (292/23), que tomó una medida positiva para las mujeres y les otorga un lugar preferencial en la adjudicación de bienes por parte del Banco de Tierras para la Agricultura Familiar. Sin embargo, es una ley que no cuenta con presupuesto asignado y no se ha impulsado ninguna política pública sobre el Banco de Tierras.