Resumen: En este artículo abordamos la cuestión de la conectividad en la ruralidad como condición para el acceso a servicios, derechos, políticas públicas y transformación digital de la agricultura familiar en la Argentina. Tiene como objetivo presentar un estado de situación de la conectividad rural; brechas e impactos para la agricultura familiar y de pequeña escala; así como también las políticas públicas desarrolladas y los actores intervinientes en el marco de un proceso de desregulación del mercado en avance. Estos elementos impactan en los procesos de desarrollo rural, en el potencial impulso de la digitalización para la agricultura de pequeña escala, así como en el arraigo y la inclusión sociocultural de esos productores y sus familias. Metodológicamente, la indagación se apoya en los datos del Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares 2022 y el Censo Nacional Agropecuario 2018. Este análisis ratificó la vigencia de la problemática estructural en el acceso a internet en zonas rurales de nuestro país, especialmente para los pequeños productores agropecuarios, en el marco de políticas públicas fragmentarias y ambivalentes por parte del Estado Nacional. Proponemos recuperar la noción de re-regulación (Mestman y Mastrini, 1996) para pensar el modo de intervención estatal que favorece la concentración privada de la infraestructura comunicacional y, con ello, condiciona las posibilidades de desarrollo del sector.
Palabras clave: Conectividad, Digitalización, Pequeños productores.
Abstract: In this article, we address the issue of connectivity in rural areas as a condition for access to services, rights, public policies, and the digital transformation of family farming in Argentina. Its objective is to present the current state of rural connectivity; gaps and impacts for family and small-scale farming; as well as the public policies developed and the actors involved in the context of an ongoing market deregulation process. These elements have an impact on rural development processes, on the potential boost of digitalization for small-scale agriculture, as well as on the roots and sociocultural inclusion of these producers and their families. Methodologically, the investigation is based on our own quantitative surveys, the 2022 National Population, Housing, and Household Census, and the 2018 National Agricultural Census. This analysis confirmed the continuing structural problem of internet access in rural areas of our country, especially for small agricultural producers, in the context of fragmented and ambivalent public policies on the part of the national government. We propose to recover the notion of re-regulation (Mestman and Mastrini, 1996) to consider the type of state intervention that favors the private concentration of communication infrastructure and, with it, conditions the sector's development possibilities.
Keywords: Connectivity, Digitization, Small producers.
Dosier
Conectividad rural en Argentina. Brechas actuales, políticas públicas, re-regulación y perspectivas
Digital connectivity in Argentina. Current gaps, public policies, re-regulation, and perspectives
Martín Andrés Segura Cazorla segura.martin@inta.gob.ar
Susana María Morales susanamoralesar@gmail.com
Recepción: 04 Julio 2025
Aprobación: 14 Octubre 2025
Publicación: 01 Diciembre 2025
En este artículo, abordamos la conectividad en la ruralidad como condición para el acceso a servicios, derechos, políticas públicas y transformación digital de la agricultura familiar en la Argentina. El mismo tiene como objetivo analizar las implicancias de las políticas públicas de re-regulación (Mestman y Mastrini, 1996) en materia de conectividad rural, considerando su estado actual y su impacto sobre la agricultura familiar y de pequeña escala en un contexto de avances del mercado. Estos elementos, que impactan en los procesos de desarrollo rural, el arraigo de los productores familiares y el impulso de la agricultura de pequeña escala, profundizaron brechas y desigualdades estructurales de las poblaciones rurales.
Para ello, vamos a compartir algunos datos producidos a partir de dos censos diferentes: el Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares 2022 y el Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2018. El primero de ellos, nos permite dar cuenta de la situación de conectividad de la ruralidad argentina, además de realizar comparaciones con las poblaciones urbanas, a través de variables con las que vamos a construir un índice de acceso a la conectividad. El segundo, con algunos límites metodológicos y temporales, nos permite analizar la situación de conectividad de las explotaciones agropecuarias de los pequeños productores.
Entendemos que la conectividad constituye una de las condiciones para la digitalización de la ruralidad, un proceso ligado a la incorporación de tecnologías que permitirían potenciar la gestión de la producción y la producción misma, así como los procesos de comercialización, abriendo a su vez nuevos horizontes de problemas y riesgos (Le Coq et al., 2024). Las posibilidades de insertar los procesos de producción en la digitalización puede constituir una nueva dimensión de desigualdades frente a otros actores rurales, y demanda construir posicionamientos en torno a su impacto en la producción, sobre las necesidades desde las cuales se construyen las herramientas para la digitalización y los datos producidos a través de su utilización, ya que allí se genera un nuevo modo de extractivismo del conocimiento socialmente producido.
Consideramos que este análisis es pertinente a la luz de las transformaciones políticas y tecnológicas que atraviesa nuestro país, ligadas tanto a nuevas condiciones técnicas para lograr la conectividad rural, como al cambio de paradigma expresado por el gobierno actual, de re regulación (Mestman y Mastrini, 1996) orientada a la concentración. Nos preocupa la situación de los pequeños productores, un actor central en la producción de alimentos y de sostenibilidad de la biodiversidad y la diversidad productiva, ya que, como adelantamos, son los más afectados por la falta de acceso a la conectividad, y, con ello, al conjunto de posibilidades que esta situación supone. El sector de los pequeños productores conjuga su medio de trabajo con su medio de vida y, por eso, la conectividad para ellos supone no sólo el acceso a servicios, trámites e inclusión sociocultural, sino que también constituye una condición para que puedan optimizar las estrategias de producción.
Aunque aún no se ha realizado un análisis del volumen de producción, es importante destacar la relevancia del sector en la diversidad productiva y en la producción de alimentos. En este primer informe evidenciamos su importancia en relación con las 4.473.420,16 ha implantadas por los pequeños productores y las 12.035.722 de existencias ganaderas (Aranguren et al., 2025, p. 25).
En este sentido, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), plantea que
los habitantes de la ruralidad Argentina tienen enormes desventajas para acceder a internet y servicios digitales con respecto a quienes viven en las ciudades. La brecha de conectividad entre las zonas rurales y las urbanas puede llegar a cerca del 70%. En algunos departamentos del norte del país el acceso a internet en las viviendas llega a un piso mínimo del 10% (IICA, 2024, p. 2).
La falta de acceso a conectividad también repercute negativamente en las posibilidades de generar arraigo rural: el 72% de las organizaciones de la agricultura familiar que trabajan con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, 2017) –con anterioridad a la pandemia– señaló que ven las tecnologías móviles como muy necesarias en su diario vivir.
En una primera parte de este trabajo, abordaremos la importancia de la conectividad en la ruralidad y el potencial de la digitalización. Haremos foco en el sector que reúne a los pequeños productores de Argentina y las políticas públicas desplegadas y sus límites. Luego, trabajaremos la desconexión rural analizando datos del Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares 2022 y del Censo Nacional Agropecuario 2018, que nos permite ratificar una continuidad de la problemática. Sobre el final del artículo, buscaremos acercar un mapa actualizado de actores existentes en torno a la conectividad y la digitalización en la ruralidad con la idea de plantear una serie de discusiones y escenarios a futuro que consideramos centrales para avanzar sobre la problemática: ¿La brecha digital en la ruralidad es un problema de rentabilidad para las empresas proveedoras de internet? ¿La desregulación que promueve el Estado, constituye un nuevo modo de intervención? ¿Es posible dejar todo en manos del mercado (desregulación) o este concepto es un disfraz que ratifica una decidida intervención estatal para ciertos sectores económicos? ¿Pueden existir consensos en torno a la intervención estatal que trasciendan los proyectos políticos de turno cuando se trata de un derecho humano? ¿Qué alianzas socio-técnicas son necesarias en ese sentido?
La cuestión de conectividad no sólo constituye una condición para el acceso a las nuevas tecnologías, sino, sobre todo, para los procesos culturales de identificación, interlocución pública, inclusión en la discursividad social, así como para la participación en la trama comunicacional desde lo local. Junto con ello, el acceso al consumo cultural, el entretenimiento y la producción informativa, son dimensiones inescindibles de la construcción de ciudadanía.
La relación conectividad/desconexión constituye una de las brechas tecnológicas y culturales que ha sido objeto de debate durante años, pero que con la pandemia de COVID-19 adquirió aún mayor relevancia. En ese contexto, se dimensionó su creciente centralidad para la vida cotidiana: acceso a información, para enfrentar la crisis sanitaria, a programas estatales de asistencia a poblaciones vulnerables, y a la salud, a través de consultas médicas a distancia y de realización de trámites públicos; su papel habilitante en la educación y el empleo; comercio de bienes y servicios; entre otros aspectos. En este escenario, la infraestructura tecnológica emerge no sólo como un facilitador de prácticas sociales diversas, sino también como un pilar para la inclusión, entrelazándose de manera desigual con las redes comunitarias y los procesos de desarrollo económico local.
En particular, se evidenciaron las desigualdades entre la población urbana y la rural cuando emergieron las deficiencias estructurales en el acceso a servicios básicos y se profundizó la sensación de una desatención de los ámbitos rurales (Alcoba et al., 2021, p. 23), que se tradujo en mayor aislamiento. Entendemos que la cuestión de la desigualdad configura una cuestión estratégica tanto para promover el arraigo y el desarrollo de una memoria local de las comunidades rurales como para el desarrollo de proyectos productivos, participando de las dinámicas de sociabilidad más amplias que habilita la conectividad y la mediatización sin perder de vista la centralidad de la producción local. En este sentido, contiene una doble dimensión: económica y cultural. Es tan relevante para el desarrollo tecnológico, económico y productivo como para el auto reconocimiento de la comunidad, la posibilidad de generar espacios de interlocución pública a través de servicios de comunicación audiovisual de carácter local, para el acceso a la producción informativa y el entretenimiento que se produce en distintas escalas. Además, permite potenciar la presencia del Estado para responder a distintas necesidades y capacidades a través del acercamiento de diferentes tecnologías y capacidades.
La agenda sobre la conectividad rural ha sido promovida por distintos organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además de la coincidencia sobre la existencia de una brecha urbano rural en materia de conectividad, la plantean como una expresión de la desigualdad a nivel infocomunicacional que se articula con otras de carácter social, económico y cultural. A la vez, profundiza las desigualdades en tanto derecho de intermediación. Un elemento importante es que para estos organismos existe un consenso respecto de las dificultades de medir la desconexión rural, en tanto la mayoría de las metodologías están construidas según parámetros urbanos (Zaballos et al., 2019; Ziegler et al., 2022; Monje et al., 2021).
En cuanto a la digitalización de la ruralidad, esta constituye una agenda reciente. Además de algunos relevamientos y estudios vinculados a procesos de planificación de políticas y análisis impulsados por organismos de innovación agrícola a nivel internacional (Lachman, et al., 2022; Sotomayor et al., 2021), las posibilidades de acceso de este sector a los avances tecnológicos de la digitalización no cuenta con desarrollos sistemáticos en nuestro país. Las transformaciones de las prácticas productivas, el acceso a herramientas para la producción congruentes con esas tecnologías, su gestión y la del conocimiento producido por el mismo uso de tecnologías digitales, para la comercialización y el acceso a mercados, constituye todavía un proceso reciente tanto a nivel de su incorporación –especialmente de los pequeños productores– como de la producción de conocimiento en torno a ellos. (Le Coq et al., 2024).
La ruralidad en Argentina está marcada por la desigualdad y la heterogeneidad de sus sujetos y modelos de desarrollo. Por un lado, una matriz productiva definida por una estructura de producción extensiva exportadora, caracterizada por la concentración de la tierra y sobre su gerenciamiento, que promueve el avance sobre tierras ricas en recursos naturales y de producción familiar por parte de empresas privadas para la producción de monocultivos, y la preeminencia de paquetes tecnológicos diseñados desde el agronegocio (Wahren et al., 2023). Estos sectores concentrados de la ruralidad cuentan con mejores condiciones de resolución para el acceso a tecnologías y conectividad y no requieren de una agenda de políticas públicas que los acompañen, aun cuando por su capacidad política son beneficiados por el conjunto de políticas públicas. Para ellos, el acceso a conectividad a dispositivos y el despliegue de capacidades para la digitalización puede ser resuelto de manera autónoma.
Por otro lado, persisten los sectores caracterizados por productores que trabajan directamente en la explotación; no se emplean trabajadores no familiares remunerados permanentes; no se constituyen bajo la forma jurídica de “sociedad anónima”; y cuentan con una superficie pequeña de explotación que varía según la región del país en que se desarrolla (Obschatko et al., 2007, p. 33). Por eso,
el impacto socioeconómico del nuevo paradigma tecnológico en el sector productivo dependerá no solo de la capacidad de adopción de las nuevas tecnologías por parte de los actores agrarios, sino también del rol que el país pueda desempeñar en el desarrollo de estas nuevas tecnologías (Morales, Segura y Patrouilleau, 2024, p. 3).
En materia de conectividad para esos pequeños productores, en otros trabajos la caracterizamos como “Enunciación fuerte, despliegue débil” (Morales, Segura y Patrouilleau, 2024, p. 3). En el marco de políticas orientadas a su promoción en términos universales, de carácter oscilante entre diferentes gobiernos, la cuestión de la conectividad rural para la agricultura familiar tuvo fuertes limitaciones.
En el último gobierno peronista (2019-2023), la problemática fue puesta en agenda en el contexto de la pandemia de COVID-19, cuando se sancionaron una serie de normas y programas para garantizar el acceso a conectividad en esta coyuntura, incluyendo programas específicos orientados a la ruralidad desde distintos organismos de gobierno1. En un período de tiempo muy corto y con fuertes condicionantes ligados a la restricción económica y el endeudamiento externo, como por el modo de gestión que estructuró el Estado Nacional, esas políticas tuvieron un impacto limitado para contrarrestar la desconexión en la ruralidad.2
El actual escenario nos encuentra con la finalización, por decreto, del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), creado en el año 2000, que buscaba que la población, en especial la que vive en las localidades más alejadas de los centros urbanos o de menores recursos, pudiera acceder a servicios de telecomunicaciones –entre ellos, internet– en condiciones normales de mercado. Con este presupuesto, en los últimos años, se desplegaron diferentes políticas públicas destinadas a contribuir en la resolución de la problemática de la conectividad rural.
La presente administración nacional plantea que todo tipo de respuesta a la problemática de la conectividad se encuentra en el mercado. Así, en el título XII del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) denominado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, el gobierno presentó las medidas de desregulación del sector de las comunicaciones, entre ellas los servicios de internet, “para permitir la competencia de empresas extranjeras”, tal como aseguró el presidente Javier Milei en una conferencia de prensa de presentación del DNU, en donde hizo mención específica a la empresa Starlink. Desde ese decreto a la disolución del FFSU,
todos los gobiernos entendieron que el mercado no provee conectividad fija en localidades alejadas de grandes centros urbanos donde no hay escala de retorno de inversiones, y que tampoco garantiza el acceso de la población de menores recursos incluso en las ciudades grandes. Por consiguiente, el FFSU tenía como objetivo brindar acceso a las TIC, independientemente de la condición socioeconómica y el lugar de residencia de la ciudadanía (Becerra, 2025).
Esta empresa, perteneciente al magnate Elon Musk, ofrece un servicio que funciona mediante una constelación de satélites móviles y de baja órbita y que comenzó a operar desde 2024, aunque está autorizada a hacerlo desde 2021. Un servicio estable en regiones remotas o de difícil acceso, como las rurales, que no necesita de grandes infraestructuras como la que se debe utilizar para la conexión por fibra óptica. Las políticas de re-regulación (Mestman y Mastrini, 1996) de las telecomunicaciones que acompañaron la disolución del FFSU, facilitan la expansión de Starlink, una empresa que hoy cuenta una constelación de 7000 satélites y que lanza un promedio de 60 por semana. Este nuevo paradigma de las telecomunicaciones aparece como una respuesta a la problemática de la conectividad en la ruralidad, mientras paralelamente se detienen los desarrollos de ARSAT, la empresa de telecomunicaciones de capital mixto, que había logrado avances en materia de conectividad rural, con satélites propios y conectando unas 3.000 escuelas rurales.
Es aquí donde resulta esclarecedor detenerse en la discusión que plantearon Mestman y Mastrini (1996) para el proceso de concentración de las telecomunicaciones ocurrido en la década del 90 y pensar lo que ocurre en materia de acceso a conectividad en la actualidad. Como en los 90, el Estado no se hace a un lado y deja que el mercado resuelva la problemática (desregulación), sino que interviene generando dispositivos legales que permiten un proceso de re-regulación en favor de multinacionales como Starlink, sin tener en cuenta la heterogeneidad estructural que implica reconocer coexistencia de sectores económicos y sociales muy dispares dentro de una misma economía (Cimoli; Porcile, 2025)
Este viraje en materia de política comunicacional, se produce en el marco de una fuerte desconexión de la ruralidad, especialmente de los pequeños productores. Como se puede ver en los datos que presentamos a continuación, las diferentes brechas de conectividad se despliegan en un escenario de transformaciones tecnológicas y políticas que no se orientan a su disminución, aunque plantean nuevas condiciones para intervenir por parte de actores locales.
Los datos que presentamos fueron producidos a partir del Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares 2022 y del Censo Nacional Agropecuario 2018. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC) diferencia tres tipos de población: urbano, rural agrupado (población que habita en localidades rurales con menos de 2.000 habitantes) y rural disperso (población que se encuentra en el campo abierto, sin formar centros poblados). Las variables del Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares 2022 sobre las que trabajamos son las que corresponden a la Pregunta 24: Acceso a internet en la vivienda, celular con internet en la vivienda y disponibilidad de dispositivos digitales con posibilidad de conexión (computadoras o tablets). A través de esas variables, retomamos la metodología desarrollada por IICA (2024) para construir la brecha urbano/rural de cada provincia.
Con el Censo Nacional Agropecuario 2018 trabajamos sobre una sola variable: Si se utiliza internet en la Explotación Agropecuaria para la gestión. Si bien esta variable expresa algunos límites para dar cuenta de la complejidad de la problemática, es la única que nos permite acercarnos a reconocer el acceso a conectividad en la ruralidad en general y en la agricultura familiar. En términos metodológicos, sólo mide el uso de internet en la EA para la gestión (y no otros usos posibles para la conectividad que podrían haber reconocido su presencia). En términos temporales, son datos de 2018 que, tanto por las políticas públicas desplegadas como por transformaciones tecnológicas, con seguridad han sufrido importantes cambios. Luego, incorporamos la clasificación realizada por INTA para reconocer a las Explotaciones Agropecuarias para definir a los pequeños productores agropecuarios (Obschatko, Foti y Román, 2007).
En nuestro país, según los datos del último Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares, el 92% de la población vive en áreas urbanas, mientras que el 8% restante vive en áreas rurales. De ellos, el 5% vive en áreas rurales agrupadas y el 3% en áreas rurales dispersas. Para dimensionar estos porcentajes, tenemos que reconocer que en la ruralidad argentina viven 3.174.267 personas.
La estructura de distribución por géneros no presenta variaciones: tanto a nivel del total país como a nivel rural, el 52% son mujeres y el 48% son varones. Sin embargo, existen algunas variables en la estructura de edad: en las áreas rurales –tanto agrupada como dispersa– hay una mayor concentración de niños, niñas y adolescentes, para quienes el impacto del acceso a internet es mayor para el desarrollo educativo y de inclusión social.
El 76% de los hogares argentinos tiene internet.3 Consideramos relevante este indicador, ya que es el tipo de conexión que brinda un servicio adecuado que permite el acceso a un conjunto de prestaciones a través de la banda ancha. El Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA), que actualiza el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), define a la banda ancha como:
Una conexión de alta capacidad (capaz de transmitir voz, datos, imágenes y vídeos) y siempre disponible. A pesar de que la definición varía en términos técnicos en diversos foros y países, la banda ancha deriva de las demandas de los usuarios, por lo que no se trata de un concepto estático independiente del comportamiento del mercado, sino de un moving target que evoluciona con las preferencias y necesidades de los usuarios. El hecho de que está orientada a los usuarios requiere una actualización continua de las infraestructuras y redes para mantener en los países sistemas de comunicaciones de última generación (García Zeballos et al., 2018, p.1).
Para tener una dimensión de lo que significa este 23,51% de personas sin conexión de calidad, es un dato que describe la situación de 10.025.992 personas en nuestro país.
Según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2020), la situación en Argentina no escapa a la realidad general de la región latinoamericana. Si bien el acceso a internet de hogares urbanos presenta un porcentaje superior al de la media latinoamericana, en donde el 67% de estos hogares está conectado a Internet, en la ruralidad comparte la realidad con otros países de la región donde sólo el 23% de los hogares tiene acceso a internet.
El porcentaje de hogares rurales agrupados sin acceso a internet duplica el de los hogares urbanos y el porcentaje de los hogares rurales dispersos triplica el de los hogares urbanos.
En el cuadro que sigue podemos reconocer que las provincias con menor conectividad urbana también presentan los porcentajes más bajos de acceso a internet para la población rural dispersa. Es el caso de Santiago del Estero, Salta, Formosa, Chaco, Catamarca y Corrientes. En el caso de la población rural dispersa, Santa Cruz, Entre Ríos, Mendoza, Tierra del Fuego y Buenos Aires son las que presentan mejores porcentajes de hogares con acceso a conectividad. Mientras que, en relación con la población rural agrupada, son La Pampa, Santa Cruz, San Luis y Buenos Aires las que muestran los porcentajes más altos de conectividad en el hogar.
Como ya señalamos en Morales, Segura y Patrouilleau,
la penetración de internet en los hogares es muy heterogénea según provincias y regiones. Mientras las provincias patagónicas alcanzan altos grados de conectividad, las provincias del Noroeste y del Noreste, muestran los porcentajes más bajos de acceso a conectividad en los hogares, a la vez que las brechas más altas de conectividad. Otras provincias con promedios altos de conectividad también muestran una elevada brecha urbano rural, como Córdoba y Rio Negro. Existen particularidades socioeconómicas, geográficas, demográficas, de infraestructura y de tipos de desarrollo rural que explican estas situaciones (2024, p. 135).
Siguiendo el ejercicio realizado por IICA (2024), en el gráfico 4 comparamos las brechas de conectividad urbano rural con la media de conectividad en los hogares de cada provincia. En función de eso, podemos realizar una serie de observaciones: en primer lugar, que esta brecha es más alta en las provincias con menor acceso a conectividad, excepto en Río Negro.
También podemos señalar que La Pampa, Neuquén y Chubut son provincias con porcentajes altos de conectividad en el hogar y brechas significativas. En este sentido, no existe una relación entre conectividad baja y brecha urbano rural alta, sino que esto responde a configuraciones específicas.
Otra de las variables analizadas es la de los hogares que tienen celular con internet. En Argentina, el porcentaje asciende al 89%, a diferencia de la conectividad por banda ancha y otros sistemas que alcanza sólo al 76% de esos hogares. Sin embargo, como señalamos anteriormente, la calidad de una conexión a través del teléfono es de mucho peor calidad en tanto no permite realizar un conjunto de tareas que requieren ancho de banda y estabilidad característica de otro tipo de conexiones. Por otro lado, el dispositivo -que se caracteriza por el uso individual- no garantiza el acceso de los diferentes miembros del hogar para cubrir sus necesidades de conexión.
Si analizamos esta variable según el tipo de población, podemos observar una vez más que la población rural agrupada duplica el porcentaje de hogares desconectados y la población rural dispersa lo triplica respecto de la población urbana.
Al comparar tipos de conectividad, podemos observar cómo el porcentaje de hogares con celular conectado a internet concentra mayores porcentajes de acceso en todos los tipos de población. También, podemos reconocer cómo, mientras para la población urbana el porcentaje de acceso a través de celular es un 10% mayor que el de la conectividad en el hogar, en la población rural agrupada es un 25% mayor y en la población rural dispersa todavía es un 35% más alto.
Analicemos ahora datos de las provincias. En el cuadro que sigue, podemos reconocer que en todas las provincias el porcentaje de hogares urbanos con celulares conectados oscila entre el 85% y el 95%. En consonancia con los datos anteriores, Santiago del Estero es la provincia con acceso a internet con celular más bajo.
Si observamos ahora los hogares con acceso a internet a través del teléfono celular en la población rural agrupada, observamos que Jujuy, Formosa, Salta y Santiago del Estero presentan los porcentajes más bajos en relación a las otras provincias. Mientras que si observamos la población rural dispersa los porcentajes más bajos se encuentran en las provincias de Salta, Formosa, Jujuy, Chaco y Santiago del Estero.
En el cuadro que sigue, analizamos la brecha urbano rural de los hogares que cuentan con celular conectado a internet de cada provincia. A nivel país, esa brecha es del 14%. Las provincias de Salta, Formosa, Jujuy, Catamarca, Chubut, Santiago del Estero, Neuquén y Río Negro presentan brechas por arriba de la media nacional. Mientras que Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe muestran una brecha menor al 10%.
En función de la información provista por el cuadro siguiente podemos observar que no hay una relación entre las brechas urbano rurales de acceso a internet en el hogar y a través de teléfono celular en el hogar. Hay provincias con brechas bajas en la conexión a través del celular y altas brechas en el acceso en el hogar como Tucumán, Misiones o Corrientes, mientras que otras provincias como Formosa, Jujuy o Catamarca concentran porcentajes importantes en ambos tipos de brechas.
En Argentina, en el 42% de los hogares no hay computadores o tablets. Es decir, no tienen el equipamiento mínimo para realizar actividades digitales.
Si analizamos esta variable según el tipo de población, observamos que en los hogares rurales agrupados hay un 20% más de población sin equipamiento, y en los hogares rurales dispersos un 33% más de hogares sin equipamiento que en la población urbana.
En el gráfico que sigue, podemos observar la disponibilidad de equipamiento digital en los distintos tipos de población en las provincias argentinas. Formosa, Santiago del Estero y Misiones son las provincias con porcentajes más bajos de disponibilidad de dispositivos para conectarse a internet en todos los tipos de población. Por otro lado, en casi todas las provincias disminuye el porcentaje de disponibilidad de dispositivos a medida que la ruralidad se dispersa, excepto en Tierra del Fuego.
Los distintos documentos analizados en relación a la conectividad rural, plantean las dificultades de medirla, ya que la mayoría de los datos y las metodologías están construidas según parámetros urbanos. (Zaballos, Iglesias y Abramawoicz, 2019; Ziegler et al., 2022).
En consonancia con lo planteado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (2022),
“Los datos son fundamentales para lograr una conectividad digital universal y efectiva. Si bien los volúmenes de datos han experimentado un crecimiento exponencial, la cantidad de estadísticas fiables sobre la conectividad digital sigue siendo sorprendentemente reducida en muchos países” (UTI, p7).
En este marco, relevamos un conjunto de índices que se proponen medir la conectividad: el índice de banda ancha, promovido por el BID, el Índice de conectividad móvil, el índice de conectividad general, utilizado por la Unión internacional de Telecomunicaciones (UTI). También, el “Índice de Conectividad Significativa rural (ICSr) y el Índice de Conectividad Significativa urbana (ICSu), que mide la calidad de la conexión.4 En informes recientes, evaluamos cada uno de ellos (Morales y Segura, 2024), y propusimos uno propio: el índice de acceso a conectividad.
Este índice, se produce con las tres variables de las que disponemos: internet en el hogar (0,5), hogar con teléfono celular con conexión a internet (0,25) y dispositivos digitales en el hogar para acceder a internet (0,25). Cuenta con una ventaja fundamental: estas variables están consolidadas en los diferentes censos de los países latinoamericanos, con lo cual, puede adquirir un carácter comparativo con datos públicos. Se asignó un mayor peso a la conectividad en el hogar dado que constituye el indicador más robusto de acceso estable y de calidad a las redes digitales. La conexión domiciliaria implica una infraestructura más permanente y una mayor capacidad de uso sostenido, condiciones consideradas centrales para evaluar la conectividad.
En el cuadro que sigue podemos observar entonces el índice de acceso a conectividad provincial, rural agrupada y rural dispersa. En él podemos observar que Santiago del Estero, Formosa y Misiones tienen los índices más bajos en todos los tipos de población. Si observamos los índices de acceso a conectividad en la ruralidad, observamos que Santa Cruz, La Pampa, Buenos Aires y San Luis son los que presentan menores brechas.
En el Censo Nacional Agropecuario de 2018 se relevaron 249.663 explotaciones agropecuarias. Entre ellas, “se identificaron 158.946 EAP de pequeños productores, que cubren 20.794.641,6 hectáreas, representando el 63,7% de las EAP totales del país y el 13,4% del área total censada, respectivamente” (Aranguren et al., 2025, p. 5).
Según este mismo informe, la comparación con los datos del CNA de 2002 aporta información valiosa sobre las dinámicas del sector durante el período intercensal: la disminución de las explotaciones en casi todas las provincias y regiones (excepto la puna), mostrando un 25% menos de explotaciones que en 2002. (Aranguren et al., 2025).
Las explotaciones que cuentan con internet para la gestión, alcanzan sólo el 34% en todo el país. Si bien estos datos son de 2018, y las condiciones de infraestructura, tecnológicas y de acceso se modificaron, y con ello, seguramente el acceso a internet en las explotaciones agropecuarias, constituye el último dato censal disponible.
Sin embargo, cuando analizamos la disponibilidad de internet en las explotaciones, en función de la clasificación de pertenencia o no a pequeños productores, para los pequeños la falta de conectividad asciende al 78%.
En el cuadro que sigue, podemos observar el porcentaje de explotaciones con acceso a internet de cada tipo de productor. Es importante destacar cómo provincias como Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Catamarca, Neuquén o Misiones muestran porcentajes bajísimos de explotaciones de pequeños productores con internet en la explotación. Asimismo, estas provincias también cuentan con porcentajes bajos de explotaciones de no pequeños productores (según la clasificación producida por INTA) con acceso a internet. Las provincias de la región centro y la provincia de Buenos Aires son las que cuentan con mayores porcentajes de pequeños productores conectados.
El telón de fondo en la discusión de este artículo son las denominadas políticas de desregulación implementadas por el gobierno argentino actual, cuestión sustantiva para pensar los escenarios a futuro en materia de acceso a la conectividad y a los procesos de transformación digital en la ruralidad. Como en los 90 en materia de telecomunicaciones, en la actualidad el concepto de desregulación aparece como una suerte de disfraz, en el sentido expresado por Mestman y Mastrini (1996), que permitió al Estado re-regular legislación vigente en materia de servicios de conexión a internet, en favor de empresas multinacionales como Starlink.
Este proceso se terminó de completar con la resolución 58/2025, que publicó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en el Boletín Oficial, que simplifica los requisitos para las empresas que deseen prestar servicios satelitales. Una segunda empresa internacional anunció, con estas medidas, su desembarco en Argentina, Project Kuiper de Amazon, un sistema de conectividad satelital, similar a Starlink, que ofrece internet inalámbrica de alta velocidad y baja latencia a regiones sin cobertura tradicional, con servicio técnico como respuesta diferencial al servicio autoinstalable de Starlink.
Hasta aquí es claro que los servicios de conectividad sea para la democratización de su acceso o para permitir el ingreso y desarrollo en el mercado de grandes empresas extranjeras es a través de políticas regulatorias del Estado. En la actualidad, estas políticas se acompañan con la no ejecución de fondos a proveedores de ARSAT y la puesta a disposición de su espectro radioeléctrico reservado para su desarrollo. La empresa público- privada, parte troncal del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, creado por ley, había logrado resultados palpables y coincidencia, entre diferentes sectores políticos, de que se trataba de una iniciativa superavitaria, como lo reconoció la gestión de gobierno de Juntos para el Cambio (Hurtado, 2025).
Volvemos a preguntarnos: ¿se soluciona el problema de la brecha digital en la ruralidad con la aparición, amparada en regulaciones del Estado, de empresas multinacionales de servicios de conectividad e internet? Para algunos especialistas de telecomunicaciones empresas como Starlink, que hoy no cuentan con competencia real, pueden dar una respuesta inmediata a la ruralidad en materia de conectividad siempre y cuando puedan ingresar en el mercado urbano, un deseo que se enfrenta a dificultades propias de su tecnología. Según Ignacio del Castillo (2025), “Starlink no podría atender a la vez a millones de clientes concentrados en un mismo punto geográfico, por las características de cobertura de su flota satelital”, que “proyecta unas celdas en la superficie de unos 100 kilómetros de diámetro, y tiene que repartir su capacidad entre todos los clientes que se encuentren dentro de esa huella”, que ”requiere visión directa desde el satélite” a cada antena, lo que dificulta su operación en los grandes centros urbanos. Otros especialistas, como Natalia Zuazo, aseguran que la inserción definitiva Starlink dependerá, de otros acuerdos de negocios, en otros rubros de interés de Elon Musk con el Estado Argentino y de cómo vayan posicionándose en el mercado local otras empresas como Amazon o One Web, esta última con demora en su despliegue por haber ingresado en convocatoria de acreedores, pero con autorización desde 2018 (Esteban, 2025).
En este marco, ¿si Starlink no alcanza los niveles de operatividad que vuelvan sustentable su esquema de negocios, puede convertirse en respuesta a la necesidad de conectividad de la ruralidad? Los vaivenes en las políticas económicas y los objetivos de las empresas de telecomunicaciones dificultan que la solución a esta problemática esté orientada solo al mercado. Resulta importante construir consensos en materia de políticas públicas en torno a un deber ser en materia de intervención del Estado, sostenido por alianzas socio técnicas reales con proveedores interesados en la ruralidad y sus comunidades (sinergía estatal-privada), que trascienda los gobiernos de turno y se ancle en la conectividad como un derecho humano.
Junto con ello, es necesario pensar en clave de acceso a dispositivos que permitan avanzar en la digitalización destinada a pequeños productores de nuestro país. Es cierto que es imposible avanzar en una transición o transformación digital del sector sin conectividad y que, para el sector, la digitalización es de carácter incipiente, con algunas iniciativas dispersas. No obstante, es importante señalar que toda estrategia a futuro en ese sentido cuenta con distintas capacidades, construidas a partir de políticas públicas, que se vinculan con el sistema de innovación agrícola, centradas en generar información y desarrollos sobre el uso de herramientas digitales, en fomentar su uso y en desarrollar herramientas y aplicaciones. En este marco, creemos necesario poner en cuestión, la idea de la digitalización como una suerte de destino que se imprime sobre todas las áreas de la producción, operada desde los grandes actores del campo y las big tech. Así como el acceso a la conectividad y a las ventajas de la digitalización configuran nuevas desigualdades entre los actores rurales, también es necesario poner la lupa en el sentido que adquiere ese tipo de desarrollo tecnológico. Entendemos que es necesario discutir sobre qué tipo de necesidades y modelos productivos se diseñan, en tanto son tecnologías diseñadas a partir del conocimiento socialmente producido y, a la vez, performativas sobre las lógicas de producción rural.
Desde el sistema científico-tecnológico e incluso también desde iniciativas público- privadas, se desarrollan softwares y hardware, pruebas de concepto, inteligencia artificial, tecnología satelital, se forman recursos humanos específicos en este terreno y se generan datos abiertos para simulaciones y pronósticos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el INTA, la Fundación Sadosky, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CNAE) son algunos organismos claves en el desarrollo de capacidades digitales.
El INTA ha relevado necesidades que se vinculan con la integración entre apps y plataformas, la sincronización automática en la carga de datos, la predicción en la detección de anomalías y la trazabilidad en la producción agropecuaria y ha desarrollado un conjunto de aplicaciones que permiten sistematizar procesos ligados a diferentes prácticas agrícolas. Muchas de ellas tuvieron más de diez mil descargas, lo cual implica ciertos niveles de apropiación por parte de los productores. Desde la visión de los investigadores que acompañan estos procesos, toda estrategia a futuro debe reconocer estas experiencias y trabajar con las organizaciones de la agricultura familiar en la construcción de la agenda de la digitalización a partir del reconocimiento de las demandas del sector (Morales, Segura y Patrouilleau, 2024).
Los futuros escenarios en materia de respuestas a la problemática de la conectividad estarán marcados por una complejidad y heterogeneidad signada en las características de la intervención del Estado en materia de telecomunicaciones; la participación y “juego” de las multinacionales que están ingresado al mercado del servicio de internet y los acuerdos económicos que están vayan construyendo con los gobiernos de turno, en otros rubros, que aparecen como necesarios para asumir precios de acceso a internet satelital a la baja. También resultará de importancia analizar cómo se reconfigurarán las redes de proveedores locales que siguen atendiendo a la ruralidad y las comunidades en un escenario que se transformó radicalmente en materia tecnológica y de gestión de políticas de telecomunicaciones.
Existe un núcleo de proveedores locales, identificados como cooperativas, pymes y comunitarios, que estuvieron dispuestos a trabajar en el servicio de última milla en zonas rurales y que reclamaron, en los últimos años, reglas específicas para el sector. Hoy, con otras reglas, estos proveedores buscan reconfigurarse en este incipiente escenario que necesita ser analizado con más tiempo y profundidad. Algunas de estas empresas han empezado a brindar servicios técnicos de Starlink como agregado de valor; otras vienen construyendo articulaciones nuevas con las provincias que siguen sosteniendo sus empresas telecomunicaciones, SAPEM, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Los gobiernos de las provincias de La Pampa, Jujuy, Formosa y Neuquén son casos a seguir estudiando. También existen experiencias de articulación de pequeñas empresas que fortalecen el enfoque local y servicios personalizados que las multinacionales no brindan.
En materia comunitaria será necesario seguir observando otros procesos incipientes. Por un lado, la compra comunitaria del servicio de internet de Starlink, por otro, el impacto que puede tener en nuestro país el desarrollo del acuerdo realizado por Brasil y China, en la cumbre del G20, con Qiantan, el proyecto satelital chino que busca, entre otras cosas, dar respuesta a la conectividad rural del país vecino.
Aquí es de vital importancia el papel que la investigación junto a organizaciones de la ruralidad tengan en la construcción de datos e información que permitan no solo demostrar los avances en torno a la resolución de la problemática de la conectividad en la ruralidad para los pequeños productores, sino en la generación de espacios de análisis y acción para conversar con las gestiones estatales en materia de políticas de telecomunicaciones que contribuyan al impulso de modelos de desarrollos deseables para una ruralidad habitable, con trabajo decente, iluminada y con acceso a tecnologías e innovaciones.
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