Introducción

La memoria histórica y la acción de movimientos memorialistas están generado en los últimos años un creciente volumen de publicaciones, de coloquios y también de controversias. De entrada, las polémicas al respecto son de carácter académico: afectan a la propia epistemología de la historia y distinguen a quienes -al extremo- consideran que la memoria de las víctimas de acontecimientos traumáticos no es asunto de la historia (ni, por consiguiente, de la atención del historiador), frente a quienes reivindican lo opuesto, la integración de esa memoria en la historia y su consideración como fuente para aproximarnos al conocimiento de la verdad sobre el pasado. El alcance de las polémicas en cuestión va, sin embargo, más allá del ámbito estrictamente académico. Ello, en esencia, porque la puesta (o no) de relieve de la memoria afecta a la narración e interpretación de la historia, esto es: afecta a una disciplina ampliamente utilizada, en particular desde el siglo XIX, como instrumento privilegiado para la construcción de adhesiones y cohesiones en torno al poder establecido o a los valores que este representa. La memoria de las víctimas de acontecimientos violentos es, conforme a ello, objeto de debate por sus efectos en la (de)construcción de relatos hegemónicos del pasado y, por derivación, por su inequívoca dimensión política y social. No en vano, la toma en consideración de la memoria constituye, en lo inmediato, una reivindicación de carácter social -con implicaciones éticas- para una parte de la ciudadanía que reclama justicia, reparación y verdad en relación con hechos omitidos o tergiversados por las narrativas hegemónicas. Y no en vano, la emergencia internacional de movimientos memorialistas desde fines del siglo XX se inscribe en el gradual proceso de empoderamiento político de la ciudadanía ante el desarrollo de democracias incompletas en las sociedades complejas contemporáneas.

Conforme a ello, en el debate acerca de la memoria histórica interviene una variada paleta de actores sociales. Concierne a las autoridades políticas que diseñan directrices memorialistas conscientes del enorme poder que ello tiene en la construcción de identidades colectivas. Y concierne asimismo a dos grandes agentes que, en vertientes diferentes pero complementarias, integran los movimientos memorialistas en un proceso de revisión, en el siglo XXI, de "la historia del siglo XX concerniente a dictaduras, torturas y masacres de víctimas civiles e inocentes asesinadas por sus ideas, condición social, religiosa o étnica" (Barros, 2011). Por una parte se hallan las organizaciones cívicas que actúan en favor de la recuperación de la memoria histórica articulando demandas ciudadanas de justicia, reparación y verdad en relación con víctimas de hechos traumáticos. Por otra parte se hallan historiadores y, más ampliamente, científicos sociales preocupados tanto por revelar y analizar dichos acontecimientos traumáticos y que han permanecido ocultos, ignorados o tergiversados, como por poner en evidencia el uso (en ocasiones abuso) que de la historia se ha llevado (y se está llevando) a cabo al respecto.

El foro que representa Historia a Debate no ha sido ajeno ni a las controversias historiográficas generadas por la memoria en el ámbito académico ni a la trascendencia de las reclamaciones de los movimientos memorialistas. Su interés al respecto no es una novedad. Pese a que no hay mención explícita en el célebre Manifiesto de Historia a Debate del 11 de septiembre de 2001, la memoria histórica constituye parte integrante del compromiso desplegado en ese texto, particularmente en los apartados I, II, XIV y XVI (Manifiesto de HaD, 2001); razón por la que no tardó en ser objeto de atención en los sucesivos congresos organizados por esa red académica¹. En lo que sigue, se ponen de relieve y se analizan sus aportaciones epistemológicas a la discusión en torno a la memoria histórica.

La historia es también la memoria: por la incorporación de los testimonios de las víctimas en la búsqueda de la verdad histórica

"Historia y memoria: un mismo combate". Con esas palabras cerró Carlos Barros (2016) su intervención en las II Jornadas Internacionales sobre Memoria y Comunicación celebradas en la Universidad de Sevilla. Reducía a esa concisa fórmula su concepción de la memoria, identificada con la historia, integrada en ella, considerada parte consustancial y no escindible de lo que la historiografía tradicionalmente ha entendido por historia. De forma preliminar cabe destacar que esa concepción de la memoria como parte integrante de la historia remite a una de las propuestas fundamentales recogidas en el Manifiesto de Historia a Debate de 2001: la de "tomar en consideración las dos subjetividades que influyen en nuestro proceso de conocimiento, agentes históricos e historiadores"; y ello como "la mejor garantía de la objetividad de sus resultados, necesariamente relativos y plurales, por lo tanto rigurosos" (Manifiesto de HaD, 2001). El citado manifiesto proponía, de ese modo, una vía teórica y metodológica que reescribiera -al tiempo que evitara- dos extremos opuestos que al respecto se advierten en la historiografía contemporánea: el "objetivismo de Ranke" y el "subjetivismo de la posmodernidad". La historia se definía en ese documento, efectivamente, como una ciencia pero, a diferencia de concepciones adscritas al paradigma positivista, como una ciencia "con sujeto humano", esto es, en la que intervienen tanto el sujeto cognoscente (el historiador) como el sujeto social (el agente histórico). Es conforme a ello que Historia a Debate estima necesario -en la búsqueda de la verdad histórica que debe presidir el protocolo científico del conocimiento del pasado- la toma en consideración ambas subjetividades: la de los historiadores que analizan los acontecimientos, pero también la de los protagonistas de los acontecimientos analizados. Unos y otros son considerados, desde esta perspectiva, como activos constructores de la historia².

La consecuencia de tal planteamiento es fácilmente identificable: la memoria de las víctimas es parte integrante de la historia y debe ser tenida en consideración para el esclarecimiento de los hechos y, más aun, para la generación de conocimiento. Carlos Barros (2016) es elocuente al respecto: "la historia y la memoria deben converger porque tienen en común [la búsqueda de] la verdad histórica"; "únicamente con documentos materiales, sin la toma en consideración de las víctimas, no seremos capaces de reconstruir esa verdad oculta" en contextos represivos.

Contrasta enormemente esta concepción de la memoria con la que empezó a desplegar Pierre Nora desde los años setenta del siglo XX: una memoria ubicada en el ámbito de las creencias y mitos acerca del pasado, relevante solo en cuanto que representación de la "realidad" de ese pasado, pero no en cuanto que medio para aproximarnos a la verdad acerca de ese pasado; una memoria que establece una separación radical entre sujeto y objeto; una memoria "cosificada, de tipo conmemorativo alrededor de las grandes fechas, lugares y acontecimientos ligados a una historia [...] de batallas y grandes hombres" y que ignora "la fundamental contribución memorial del sujeto histórico presente, inmediato"; una memoria, en suma, "falta de sustancia humana" (Barros, 2014, p. 154). Pierre Nora (1984) se mostraría, de hecho, rotundo respecto a la relación entre memoria e historia: ambos conceptos, "lejos de ser sinónimos, se oponen completamente entre sí" (p. XIX)³. Una observación que no hacía sino remitir a la antítesis entre memoria e historia que, a principios del siglo XX, formuló el sociólogo durkheimiano Maurice Halbwachs desde una concepción positivista: la memoria era el dominio de lo fluctuante, "lo vivido, lo sagrado, la imagen, el afecto, lo mágico", mientras la historia -espacio de la objetividad, sin implicaciones del sujeto historiador y, en esa medida, espacio de transcripción de lo que realmente aconteció- se definía "por su carácter exclusivamente crítico, conceptual, problemático y laico"⁴. Oposición canónica entre ambos conceptos que es compartida por historiadores como Santos Juliá (2007) quien, desde su comprensión de la historia "como una forma de conocimiento autónomo, y en no pocas ocasiones crítico de la memoria y hasta opuesto a ella" (p. 785), considera -refiriéndose al caso español- que "los movimientos de recuperación de la memoria histórica son en realidad movimientos por la reparación o reconocimiento de los asesinados por los rebeldes" (Juliá, 2007, p. 788), esto es: no son historia, entendida ésta como dominio exclusivo del profesional o académico, único responsable de la generación del conocimiento histórico.

Contrariamente a las propuestas historiográficas positivistas o neopositivistas que determinan una separación radical (más aun, una oposición) entre historia y memoria, objeto y sujeto, lo objetivo y lo subjetivo, Historia a Debate sostiene la integración de la memoria en la historia, al tiempo que concibe la disciplina histórica con una esencial dimensión humana. Entiende que ni la historia se hace sin los agentes sociales, ni la memoria se circunscribe al ámbito de las representaciones, las demandas de reconocimiento o los afectos íntimos de las víctimas. A la inversa, estima que los testimonios de las víctimas integran y construyen la historia junto a los historiadores, quienes, en consecuencia, deben incorporar esas "voces" en el relato e interpretación de los hechos. La memoria se convierte, así, en "ejemplo de cómo lo objetivo y lo subjetivo, el objeto y el sujeto, se pueden articular mutuamente"; su toma en consideración integra la práctica de una "historiografía interactiva y no factual" que permite incorporar "movimientos sociales presentistas y subjetivos" y considerar las nuevas preguntas del presente continuo; todo ello desde el convencimiento de que "la historia la hacen los historiadores, pero también los protagonistas actuales a través de su memoria colectiva" (Barros, 2011).

Dicho esto, el eje del debate se sitúa en determinar el papel que a los testimonios de las víctimas se le otorga en el conocimiento y la interpretación de la historia, así como en definir el grado y la pertinencia de las sinergias entre las reivindicaciones de éstas y la labor de análisis científico de los historiadores al objeto de aproximarse a la verdad histórica. Todo ello, a su vez, obliga a establecer precisiones acerca de los movimientos memorialistas: el proceso mediante el que desarrollan sus acciones colectivas y su composición.

De alcance internacional, los movimientos memorialistas constituyen fenómenos complejos, atravesados por distintos contenidos y ritmos, por diferentes caracteres y constituciones según los contextos. No obstante, es posible advertir al respecto un rasgo característico del ámbito latinoamericano: la existencia de una -en opinión de Historia a Debate- pertinente, necesaria y particularmente desarrollada interactuación de movimientos ciudadanos e historiadores. Interactuación que define la integración de ambos agentes sociales en los movimientos memorialistas (Barros, 2015).

La base de los movimientos memorialistas es de carácter social, esto es: emana esencialmente de víctimas y familiares de éstas que, de modo espontáneo y autónomo, emprendieron desde finales del siglo XX la creación de asociaciones mediante las que articularon sus demandas de justicia, reparación y verdad. Su origen está en Buenos Aires, cuando la Asociación Civil de las Abuelas de la Plaza de Mayo iniciaron en 1977 movilizaciones con un triple objetivo: localizar y devolver a sus familias los niños secuestrados durante la dictadura militar en Argentina tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976; prevenir la reedición de esas desapariciones y reclamar el correspondiente castigo para sus responsables (Barros, 2014, p. 154). Se iniciaba así una línea de acción colectiva que, caracterizada por ser eminentemente ciudadana y por actuar sin apoyo -al menos en su origen- de siglas políticas o sindicales, ha ejercido un enorme influjo en las movilizaciones emprendidas en otros países de América Latina y Europa en favor de la recuperación de la memoria histórica (Barros, 2015). De clara inspiración en esa modalidad es el caso de España, donde la sociedad civil ha tenido un papel fundamental tras la célebre exhumación de 13 personas asesinadas durante la Guerra Civil de 1936 en una fosa común en Priaranza del Bierzo (León). Aquel hallazgo, realizado por iniciativa de Emilio Silva en el año 2000, fue el detonante para que se desplegaran en España distintas organizaciones cívicas promovidas por familiares y académicos al objeto de aportar justicia, reparación y verdad en relación con hechos represivos desarrollados durante la guerra de 1936 y la dictadura de Franco.

De base social, los movimientos memorialistas han interpelado, directa o indirectamente, a distintos agentes sociales a efectos de encontrar respuesta a sus tres demandas esenciales (Barros, 2011). Por una parte, se han dirigido a jueces y a políticos para recibir, en lo fundamental, justicia y reparación. No en vano los referentes elementales de esas iniciativas son de carácter jurídico-político y se ubican en el contexto de finales de la II Guerra Mundial, cuando los aliados emprendieron los Juicios de Nuremberg de 1945 a los nazis responsables del Holocausto (Barros, 2014, p. 154; 2011 y 2015). Aquellos juicios supusieron el punto de partida de las Convenciones de Ginebra de 1949, es decir, del desarrollo del derecho internacional en materia de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra (comprendiendo la protección de civiles, prisioneros y heridos en conflictos armados). Derecho internacional que, a su vez, constituye el fundamento legislativo de las demandas de distintos movimientos memorialistas tras las primeras de legislaciones contra el negacionismo del Holocausto.

Ambos aspectos, el reconocimiento y la tipificación en el seno de las Naciones Unidas de crímenes de lesa humanidad (no susceptibles de ser amnistiados e imprescriptibles, a diferencia de los crímenes de guerra) y el despliegue de legislaciones nacionales que penalizaban el negacionismo del Holocausto, supusieron efectivamente un poderoso estímulo para que diferentes movimientos memorialistas reclamaran para sí la consideración de víctimas de crímenes de lesa humanidad y el consiguiente reconocimiento -en materia de políticas de memoria- por parte de las administraciones públicas. Con todo, habría no obstante que esperar varias décadas después de 1945 para que ese reconocimiento público empezaran a apreciarse. No sería hasta los años ochenta, tras la fase de "amnesia colectiva" en relación con el genocidio nazi -el también denominado "tiempo de la vergüenza"- cuando el Holocausto comenzó a ocupar la centralidad de la identidad y de la memoria europea⁵, al tiempo que la extensión de la noción de crimen contra la humanidad se empezara a convertir en la fuente jurídica reclamada por otras causas memoriales a efectos de atención por los actores públicos (Michel, 2010, p. 169).

Representativo de esa evolución memorialista es el devenir que, no sin controversias, ha experimentado Francia hacia el reconocimiento legislativo de víctimas de distintas causas memoriales. Cabe hablar de dos acontecimientos significativos y concatenados que han marcado ese recorrido. Primero, los juicios de los años ochenta contra acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la ocupación nazi de Francia. Tales juicios afectaron inicialmente a Paul Touvier, antiguo funcionario colaboracionista del régimen de Vichy que vio reabierto su proceso el 27 de noviembre de 1981 tras presión de las víctimas y toda vez que protagonizara distintas evasiones de la justicia desde 1945 y que recibiera el indulto de Georges Pompidou en 1971. Con todo, habría que esperar a 1989 para que tuviera lugar su arresto y a 1994 para que fuera juzgado y condenado por crímenes contra la humanidad. Similar es el caso de Maurice Papon, quien, al finalizar la II Guerra Mundial, consigue incluso ocupar distintos cargos políticos haciéndose pasar por gaullista. La publicación en Le canard enchainé en 1981 de documentos que demostraban su participación en el Holocausto desencadenó una denuncia de víctimas que le llevó a los tribunales en enero de 1983 y a una condena en 1998 por crímenes contra la humanidad: su firma estaba tras la deportación de más de 1600 judíos a campos de exterminio. Por último, quizás el más célebre fue el caso de Klaus Barbie Altmann, antiguo comandante de la Gestapo condenado el 4 de julio de 1987 en Lyon por crímenes contra la humanidad que incluían torturas, asesinatos y deportaciones de civiles a campos de concentración durante la ocupación nazi de Francia⁶.

El impacto que en la opinión pública francesa tuvieron esos juicios y esas revelaciones fue enorme y explica, en parte, el segundo acontecimiento por destacar en la evolución memorialista en Francia: el inicio de una batería legislativa sin precedentes con la promulgación de la Ley Gayssot el 13 de julio de 1990. "Tendente a reprimir todo acto racista, antisemita o xenófobo", la ley en cuestión prohibía "toda discriminación fundada en la pertenencia o no pertenencia a una etnia, una nación, una raza o una religión" y castiga con pena de cárcel a toda persona que exprese negacionismo o dudas sobre el exterminio judío (Ley 90-615). Francia seguía, de este modo, lo que Carlos Barros (2014) denomina como el modelo memorialista alemán de leyes aprobadas por un Estado democrático (pp. 154-155). Un modelo que tendría continuidad con la promulgación en 2001 de dos leyes añadidas: la "Ley relativa al reconocimiento del genocidio armenio de 1915" (Loi 2001-70)⁷ y la Ley Taubira, que supuso el reconocimiento de la trata de esclavos y de la esclavitud como crimen contra la humanidad (Loi 2001-434)⁸.

Nada de esa evolución es, sin embargo, equiparable a los casos de Argentina o España, donde se aprecia un mayor protagonismo de la sociedad civil en la acción memorialista ante la menor iniciativa político-legislativa. No se trata solo de que ambos contextos carezcan de leyes que coarten la expresión pública del negacionismo. Por añadidura, la Asociación Civil de las Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina no empezó a recibir apoyo legal y político hasta 2003, casi cuatro décadas después de iniciar sus movilizaciones, y es notorio que el movimiento social memorialista español solo ha sido respaldado políticamente de manera parcial, transitoria y con escasa dotación presupuestaria, primero -desde 2002- por las Comunidades Autónomas no gobernadas por el PP, más tarde por el primer Gobierno de Zapatero (2004-2008)⁹. Dos hechos son emblemáticos al respecto. Primero: la "Ley de Memoria Histórica" aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007 bajo el gobierno del PSOE (Ley 52/2007) -tentativa de reconocimiento a las víctimas que, sin embargo, fue calificada como tibia e incompleta por las asociaciones memorialistas- carece de dotación presupuestaria para su aplicación desde la llegada al poder del PP en 2011 y, en esa medida, se encuentra derogada en la práctica. Y segundo: el procesamiento, entre 2011 y 2012, del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por, precisamente, tratar de responder a las demandas de asociaciones de víctimas del franquismo y por investigar -con el respaldo del Derecho Internacional sancionado por la ONU- los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista en España¹⁰.

Conforme a sus reivindicaciones esenciales, los movimientos sociales en defensa de la memoria histórica han acudido, efectivamente, a jueces y a políticos, aunque con desigual resultado en función de los países. Esa presión ciudadana en contextos democráticos ha conducido en ocasiones a la elaboración de legislaciones y políticas públicas tendentes a considerar, en distinta medida según los casos, los principios de justicia, reparación y verdad desarrollados en el seno de la ONU acerca del tratamiento a las víctimas de violencias colectivas. Ahora bien, conforme a sus reivindicaciones fundamentales, las asociaciones cívicas memorialistas han interpelado asimismo a los historiadores para que estos -en su labor de aproximación al esclarecimiento de la verdad histórica- incorporen en sus investigaciones los testimonios de las víctimas (Barros, 2011).

Fue así como, tanto en España como en Argentina, el movimiento social memorialista integró al movimiento académico, desde el momento en que aquel empezó a ser secundado por historiadores (Barros, 2015). Primero despertó el interés de profesores de enseñanza media; a continuación, de docentes universitarios, en esencia arqueólogos, antropólogos e historiadores, junto a periodistas, médicos forenses y documentalistas (Barros, 2016). Unos y otros han hecho necesariamente uso de fuentes orales (dado que se trata de acontecimientos ubicados en contextos represivos), han colaborado en labores de localización de fosas comunes y, en definitiva, han contribuido, mediante sus investigaciones, a poner de relieve hechos tergiversados, poco conocidos o ignorados que permiten precisar o reescribir, según los casos, las dimensiones de la tragedia, así como, más ampliamente, algunas de las conclusiones consensuadas acerca de la represión. Es en este marco en el que cabe destacar el particular énfasis que Ángel Viñas pone en la necesidad de denunciar las "distorsiones" que -a su juicio- contienen las interpretaciones difundidas y dadas por válidas en torno a la Guerra Civil y la dictadura de Franco desde sus inicios (Viñas, 2010). Frente a la "mitología a la que la dictadura franquista sometió a la historiografía contemporánea española", frente al "escamoteo y falsificación de la historia, cuya proyección llega hasta hoy", destaca la necesidad de que los historiadores, a efectos del esclarecimiento de los hechos, aborden el pasado de forma renovada y hagan uso de nuevos recursos y procedimientos de análisis, incluyendo la consulta de nuevos archivos así como la atención por la memoria histórica de quienes sufrieron la violencia durante ese periodo (Viñas, 2010).

Decididamente, para Historia a Debate es necesario "desenmascarar la mitología sobre la guerra y la dictadura" de la que habla Ángel Viñas; y ello pasa por que el historiador atienda la memoria colectiva de las víctimas de ese pasado traumático. Es ahí donde cobran valor los testimonios de esas víctimas. Y es ahí donde las sinergias entre movimientos ciudadanos e historiadores no solo son pertinentes sino necesarias. Historia a Debate entiende que los historiadores no pueden permanecer pasivos ante las voces de los supervivientes de violencias colectivas y/o sus familiares; y ello por dos razones esenciales. En primer lugar, por una elemental deontología profesional que obliga a los historiadores a buscar el esclarecimiento de la verdad histórica. Se entiende, a ese respecto su propuesta de superar paradigmas positivistas decimonónicos incapaces de dar respuesta a los renovados horizontes teóricos y metodológicos del análisis científico de la historia del presente. Paradigmas que, remitiéndose a la idea de que la objetividad está en los historiadores y la imparcialidad en sus recursos y procedimientos tradicionales de análisis, subestiman, o abiertamente desestiman por "contaminación ideológica" o, más ampliamente, "afectiva", las aportaciones a la historia de los testimonios de sus protagonistas. En consonancia con los planteamientos del Manifiesto de Historia a Debate de 2001, frente a esos paradigmas se considera necesaria "una nueva erudición que amplíe el concepto de fuente histórica" y tome en consideración las fuentes orales (Manifiesto de HaD, 2001). Nueva erudición en la que la dicotomía entre "historia objetiva" y "memoria subjetiva" es, sencillamente, estéril. Nueva erudición, en suma, en la que, partiendo de que la historia es una ciencia en la que intervienen el sujeto historiográfico y el social, "la objetividad implica incluir todas las voces subjetivas" y la verdad histórica pasa por incorporar, en el análisis histórico, las distintas subjetividades que intervienen en la historia: las del agente historiográfico y las del agente social mediante sus memorias (Barros, 2011).

Dicho esto, para Historia a Debate los historiadores no pueden permanecer pasivos ante los testimonios de las víctimas, no solo por una deontología profesional que, en la búsqueda de la verdad histórica, obliga a no discriminar ninguna fuente de conocimiento del pasado y, en esa medida, obliga a considerar las voces de sus protagonistas (fundamentales, en ocasiones, para reconstruir la realidad de los hechos), sino además por compromiso con la defensa de los derechos humanos. En este último dominio, como se abordará a continuación, Historia a Debate propone igualmente superar los paradigmas positivistas de la historia por ser incapaces para responder a los escenarios y exigencias sociales del siglo XXI que hacen particularmente necesarias las sinergias entre movimientos ciudadanos e historiadores.

La historia es también la moral: por una historiografía comprometida con la defensa de los derechos humanos

Decididamente, para Historia a Debate la memoria integra la historia y, en esa medida, compete al análisis científico de los historiadores. En primer lugar, como se ha señalado, conforme a la elemental responsabilidad profesional de todo historiador consistente en buscar la verdad histórica, lo que pasa por incorporar los testimonios de víctimas a quienes se les ha privado de voz en contextos represivos. Pero también, en segundo lugar, conforme a razones sociales y éticas; aspectos que remiten a la controversia historiográfica acerca de la utilidad de la historia y la trascendencia de su relato en las sociedades del presente. Aplicado al asunto que nos ocupa, el debate en cuestión puede formularse mediante una pregunta: "¿cómo se defiende mejor la profesión de historiador en el siglo XXI?

¿Apoyando y colaborando en las investigaciones de los sujetos sociales sobre los desastres de la memoria histórica, ayudando a clarificar y reparar los daños de las dictaduras, o ignorando estos movimientos sociales por la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación de las víctimas, y combatiendo que estos sujetos tengan el derecho de dar su opinión sobre la memoria?" (Barros, 2011).

Es fácil advertir que se trata de una pregunta retórica, cuya respuesta apunta a una máxima esencial: no se entiende la historia sin una utilidad científica, pero tampoco sin una utilidad ética y social, esto es: sin poner la labor científica del historiador al servicio de unos valores éticos y sociales. Con otras palabras: ni la utilidad de la historia se limita al conocimiento, sin más, del pasado, ni la responsabilidad del historiador se reduce a velar por la veracidad de las fuentes que maneja o por el seguimiento de un protocolo científico en sus investigaciones. A esa utilidad y responsabilidad básica, Historia a Debate considera que hay que añadir la función y la responsabilidad ética y social de la historia y del historiador en relación con los movimientos memorialistas en particular y con la sociedad en su conjunto. Entendiendo la historia como disciplina científica que -más allá de preocuparse por el conocimiento erudito del pasado- debe dar respuesta a las permanentemente renovadas preguntas y necesidades de las sociedades del presente, la responsabilidad ética y social de los historiadores es, efectivamente, doble. Primero, respecto a los movimientos memorialistas que les interpelan, se halla la responsabilidad de contribuir, mediante la incorporación de los testimonios de protagonistas, al esclarecimiento de la verdad histórica y a la reparación de la memoria de las víctimas del pasado. Segundo, respecto a la sociedad en su conjunto, se halla la responsabilidad de contribuir, mediante la puesta de relieve y el análisis de acontecimientos históricos ocultos o tergiversados, no solo a reparar errores del pasado sino, más aun, a no reeditarlos en el presente¹¹.

Conforme a la convicción de que es en esa doble contribución donde reside la utilidad esencial de la historia y, en particular, de la incorporación y análisis de la memoria, la reivindicación de la ambivalente responsabilidad ético-social del historiador (en relación con las víctimas y con la sociedad en su conjunto) es entendida como la reivindicación de un necesario compromiso. Es aquí donde Historia a Debate considera especialmente relevantes las sinergias entre el historiador y el movimiento social memorialista, al tiempo que estima que la utilidad científica de la historia debe ir acompañada de una utilidad ético-social. En su más inmediata expresión, tal compromiso ético y social del historiador lo es en relación con las víctimas y se inicia desde el momento en que -respondiendo a las exigencias científicas- se toma en consideración la memoria como fuente de análisis del pasado. De ahí el énfasis en que "el respeto a la verdad documentada [es] la primera piedra de una historiografía de valores"¹². Se trata de la modalidad elemental mediante la cual el movimiento académico integra el movimiento social memorialista, esto es, mediante la cual ambos vectores interactúan. Pero la reivindicación del compromiso ético y social del historiador va más allá, extendiéndose a la defensa de los derechos humanos, no ya en relación a acontecimientos del pasado, sino también del presente. Y ello en cuanto que la puesta de relieve y el análisis de las violaciones de los derechos humanos en el pasado -trasunto de las investigaciones que toman en consideración la memoria histórica- se conciben como iniciativas susceptibles de contribuir a evitar la conculcación de los derechos humanos en la historia inmediata.

La reivindicación que Historia a Debate hace del compromiso ético y social del historiador con la memoria de las víctimas integra, así pues, una más amplia reivindicación: la del compromiso del historiador con la defensa de los derechos humanos y, por derivación, de los valores de la democracia; compromisos que, pese a su generalizada y obvia asunción en contextos políticos democráticos, no dejan paradójicamente de suscitar controversias y tensiones entre parte de la ciudadanía, de las instancias políticas y del colectivo académico cuando se trata de aplicarlos al esclarecimiento de violencias colectivas del pasado. Cabe volver, a este respecto, sobre una idea destacada en páginas precedentes: toda evocación de un pasado violento en la historia (cabe decir, toda evocación del pasado, a secas) contiene, en mayor o menor medida, una dimensión política y, en consecuencia, le es inherente la polémica, el conflicto en ocasiones, en particular cuando ese pasado abordado se aproxima más al presente. Fenómeno de alcance internacional, difícilmente encontramos a ambos extremos del Atlántico un país que, en mayor o menor grado, con distinto carácter y ritmo, no experimente en la actualidad conflictos ligados a la memoria de violencias colectivas: desde los casos que atañen a países de Europa del Este en torno a la memoria del estalinismo hasta los que afectan a América Latina en relación con sus diferentes dictaduras y conflictos armados, pasando por Francia (memoria del colaboracionismo y del pasado colonial) o por Turquía (memoria del genocidio armenio de 1915). Unos y otros conforman una variada paleta de tensiones, en ocasiones de "guerras de memoria", de conflictos entre discursos hegemónicos y contrahegemónicos con trascendencia en procesos de construcción identitaria de unidades nacionales¹³. Polémicas, en todo caso, que emanan de la esencial dimensión política que contiene la memoria y que constituye, de hecho, una de las razones por las que historiadores alineados con paradigmas positivistas (quienes distinguen una historia objetiva o, por así decirlo, de guante blanco y una memoria subjetiva que tergiversa o contamina con afectos ideológicos lo que realmente aconteció) rechacen o se muestren reticentes tanto a considerar la memoria como a abordar la historia inmediata. Ello, argumentando la falta de perspectiva histórica y, al parecer, obviando que la existencia de tal perspectiva no implica que la narración y análisis del pasado carezca de componente ideológico.

El relato y análisis de la historia es selectivo, razón por la cual lo narrado cuenta tanto como lo omitido de la narración, y en ese sentido ha sido y es un habitual instrumento para la construcción de identidades colectivas; para la cohesión de individuos en torno a los valores que representa el poder político; para evitar disensiones al respecto; para legitimar y facilitar, en suma, el ejercicio de la autoridad. De ahí que toda comunidad con un cierto grado de organización gubernamental desarrolle algún tipo de política en relación con su pasado (Closa Montero, 2010, p. 3). Y de ahí también que, especialmente donde se han vivido violencias colectivas, se genere una memoria hegemónica con enormes resistencias a desaparecer, pero también -en contextos democráticos- memorias contra-hegemónicas; ello como modalidad del debate y del conflicto político, con una dimensión política por tanto. En esencia, lo decisivo al respecto no es el acto de propagar mediante el relato y análisis de la historia, acto que -se quiera o no, en mayor o en menor grado- afecta a todos los profesionales de la historia. Lo decisivo es determinar qué es lo que se propaga, si lo que se propaga tiene o no base documental (esto es, si se pone al servicio del conocimiento de la verdad histórica) y si, particularmente en el caso que nos ocupa, tiene o no una finalidad ética, es decir, si se pone o no al servicio de la justicia, del respeto a los derechos humanos y de la paz en el presente.

Historia a Debate aborda estas controversias -que afectan a la ciudadanía y a la historiografía- desde el convencimiento no solo de que los testimonios de las víctimas son fuentes relevantes y necesarias para el conocimiento y análisis de acontecimientos luctuosos del pasado (en ocasiones son, de hecho, las únicas fuentes para conocer y analizar esos acontecimientos) sino, más aun, desde la certidumbre de que no hay plena democracia mientras no se ofrezcan respuestas a esos interrogantes de la historia ligados a las demandas de justicia, reparación y verdad que formulan las organizaciones cívicas en relación con las víctimas de violencia colectiva¹⁴. A este respecto, para Historia a Debate el caso español es paradigmático de transiciones incompletas a la democracia. Considera que de ello es revelador no solo el papel marginal que la memoria histórica ha tenido durante su transición a la democracia sino también las poderosas resistencias que una parte de los responsables políticos y de los medios de comunicación siguen mostrando al reconocimiento de las víctimas, de sus testimonios y, por extensión, de los atentados contra los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil, la dictadura de Franco y los primeros años de la citada transición.

Contrastando con la opinión de historiadores como Santos Juliá, para quien la transición a la democracia se llevó a cabo teniendo en consideración el recuerdo de las tragedias recientes de la historia de España, Historia a Debate se adhiere, así pues, a la interpretación de autores como Francisco Espinosa, para quien dicha transición se edificó sobre una "amnesia inducida", con el resultado de una memoria (o desmemoria) de consenso que establecía una falsa equidistancia de responsabilidades entre vencedores y vencidos¹⁵. La Ley de Amnistía promulgada en España el 15 de octubre de 1977, que incluía a presos políticos del franquismo pero que se amplió a crímenes cometidos por la dictadura de Franco y hasta el inicio de la transición¹⁶, es interpretada como un "pacto de silencio" consistente en amnistiar a presos antifranquistas a cambio del olvido y de la renuncia a juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen franquista. Carlos Barros (2015) es explícito al respecto: "la Ley de Amnistía de 1977, pensada para presos políticos franquistas, fue aprovechada para garantizar la inmunidad de represores, del ejército o de la policía". Decididamente, para Historia a Debate el discurso hegemónico desplegado desde las primeras décadas de la democracia parlamentaria ha idealizado, con el argumento de evitar "frentismos", el "consenso de la transición" española al tiempo que omitía atender la exhumación -nunca mejor dicho-de las violencias colectivas cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura.

Con todo, la evidencia de que, para la ciudadanía, ese pasado traumático no estaba resuelto empezó a ser cada vez más patente desde principios del siglo XXI, cuando confluyeron en el tiempo dos fenómenos antagónicos. Por una parte, tras las primeras exhumaciones de cadáveres en la fosa común de Priaranza del Bierzo en el año 2000, se halla el consecuente y gradual desarrollo de organizaciones cívicas en favor de la recuperación de la memoria histórica. Por otra parte, coincidiendo con la segunda legislatura del gobierno del PP (2000-2004), tuvo lugar "el relanzamiento y actualización de la historiografía franquista como parte substancial del auge del pensamiento ultraconservador en España" (Barros, 2014, p. 156). Fue el inicio de una corriente que, al extremo, desde planteamientos abiertamente filofascistas, ha llegado al negacionismo en relación con crímenes cometidos por el franquismo, esto es: a minimizar, banalizar e incluso legitimar la represión franquista, mientras se menosprecia la acción y las demandas de los movimientos memorialistas. Los escritos de Pío Moa o César Vidal, o el edulcoramiento que de Franco se realiza en el Diccionario Biográfico Español (publicado en 2011 con el patrocinio de la Real Academia de la Historia) al no calificar el régimen franquista como dictadura, no son las únicas evidencias que pueden destacarse al respecto. En materia de gestión política, la actividad del Gobierno del PP desde el inicio de la legislatura de Mariano Rajoy a finales de 2011 se ha orientado visiblemente al boicoteo de la vigente Ley de Memoria Histórica y, por extensión, de cualquier política pública de apoyo a las iniciativas de reconocimiento de la memoria de las víctimas del franquismo. Junto a esa falta de apoyo a las demandas de los movimientos memorialistas, la persistente oposición de dirigentes y diputados del PP a condenar el franquismo, a considerar sus crímenes como crímenes de lesa humanidad, constituye, por otra parte, un síntoma inequívoco de que la dictadura franquista no ha alcanzado, en el conjunto de parlamentarios españoles, el carácter de referente negativo sobre el que extraer lecciones cívicas y construir una cultura democrática (Sampedro y Baer, 2003, p. 96).

En contextos diferentes, tales como el de Francia, con una dilatada trayectoria histórica en materia de defensa de valores democráticos que actúan como referentes positivos para la ciudadanía (incluyendo la asunción de los juicios y condenas a culpables de crímenes contra la humanidad), se advierten avances más claros en la resolución de conflictos con el pasado, en este caso procediendo mediante un gradual reconocimiento público de distintas causas memoriales. De hecho, se trata de un caso paradigmático del paso de un "régimen memorialista de Unidad Nacional" (orientado a la exaltación de los héroes de la resistencia) a un "régimen victimo-memorialista" basado en una concepción plural de la memoria y teniendo como fuente jurídica la noción de crimen contra la humanidad (Michel, 2010, pp. 84 y ss.). No obstante, ese reforzamiento y diversificación de una legislación que considera crímenes de lesa humanidad el Holocausto, el genocidio armenio y la trata de esclavos o la esclavitud (legislación que prohíbe "toda discriminación fundada en la pertenencia o no pertenencia a una etnia, una nación, una raza o una religión" y que condena la apología, negación o banalización, primero del Holocausto, años más tarde del genocidio armenio¹⁷), no ha estado exento de polémica, tanto en el ámbito de la historiografía como más allá de la historiografía. Representativa al respecto es la fundación, en 2005, de Liberté pour l’Histoire: asociación promovida por Pierre Nora desde una manifiesta oposición a las leyes memoriales por entender que éstas coartan, en el historiador, la libertad de investigación y la puesta en duda de esos genocidios¹⁸.

Desde el respeto a los principios democráticos, Historia a Debate reivindica, en relación con ello, la tolerancia ("rechazamos cualquier norma legal que coarte la libertad de expresión y de investigación histórica"), pero mantiene que "la historia académica ha de ser moral y nuestro oficio sujeto a una deontología profesional", señalando sobre ese particular que "si bien las decisiones académicas e historiográficas no tienen el mismo alcance que las políticas y judiciales, el historiador cabal, serio, ha de hacerse siempre responsable de las consecuencias -sobre todo colectivas- de sus interpretaciones y posiciones en nombre de los historiadores sobre temas de actualidad social o política" (Barros, 2014, p. 154). No se trata, por consiguiente, de silenciar o enjuiciar a historiadores: ni a quienes investigan crímenes contra la humanidad cometidos, entre otros contextos, durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco (como le ocurrió a Dionisio Pereira por publicar el nombre de un represor), ni a quienes, como Olivier Pétré-Grenouilleau (cuyo caso dio origen a la iniciativa de Pierre Nora), sostienen que el tráfico de esclavos no puede considerarse un crimen contra la humanidad¹⁹. Se trata de defender, junto al conocimiento de la verdad histórica, la incorporación de la ética en la labor profesional de los historiadores y de promover, mediante la historia, la defensa de la justicia, de los derechos humanos y de la paz, esto es, de los valores democráticos.

Ante las consignas expuestas por Pierre Nora en la carta que fue el punto de partida de la asociación Liberté pour l’histoire: "la historia no es la memoria", "la historia no es la moral" (Libération, 2005), Historia a Debate defiende una, aunque sutil, trascendental diferencia. La historia no es, efectivamente, la moral, pero también es la moral; no es la memoria, pero también es la memoria. Tal como aquí se ha destacado, no se trata de un simple juego de palabras: historia y memoria integran, de este modo, un mismo combate.

Referencias

Barros, C. (2011, 5 de diciembre). Historia de la memoria, memoria de la historia. Conferencia impartida en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México D.F., México. https://www.youtube.com/watch?v=euRNzJOHMcI.

Barros, C. (2014). Historia, memoria y franquismo. Historia Actual Online, 33, 153-171.

Barros, C. (2015, 2 de septiembre). La memoria histórica en España. Conferencia impartida en el Primer Seminario Internacional de memoria histórica y archivos orales en el marco de conflictos armados, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. https://www.youtube.com/watch?v=v_ZshWJkfz4

Barros, C. (2016, 28 de noviembre). El historiador y la memoria. Conferencia impartida en las II Jornadas Internacionales sobre Memoria y Comunicación: las políticas de memoria histórica en Europa, Universidad de Sevilla, España.https://www.youtube.com/watch?v=OaMOSdWdKJo.

Chaumont, J.-M. (1997). La concurrence des victimes, génocide, identité, reconnaissance. Paris: La Découverte.

Closa Montero, C. (2010). Negociating the Past: Claims for Recognition and Policies of Memory in the EU. Working Paper, 8, 1-22. Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP), CCHS-CSIC. http://hdl.handle.net/10261/24430.

Council Regulation (EU) n° 390/2014. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/7u ri=OJ%3AJOL_2014_115_R_0002&qid=1398334046443.

Dosse, F. (1998). Entre histoire et memoire: une histoire sociale de la memoire. Raison présente, 128, 5-24.

Droit, E. (2007). Le Goulag contre la Shoah. Mémoires officielles et cultures mémorielles dans l'Europe élargie. Vingtième Siècle. Revued'histoire, 94, 101-120.

Espinosa Maestre, F. (2007). De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar. Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 7, 413-440.

Espinosa Maestre, F. (2015). Lucha de historias, lucha de memorias. España, 2002-2015. Sevilla: Aconcagua.

Espinosa Maestre, F. (2006). Contra el olvido. Historia y memoria de la guerra civil. Barcelona: Crítica.

Gálvez Biesca, S. (2006). El proceso de la recuperación de la memoria histórica en España: una aproximación a los movimientos sociales por la memoria. International Journal of lberian Studies, Vol. 19, n° 1, pp. 25-51.

Gensburger, S. y Lavabre, M.-C. (2005). Entre devoir de mémoire et abusdemémoire: la sociologie de la mémoire comme tierce position. En B. Müller, Histoire, mémoire et épistemologie. A propos de Paul Ricoeur (pp. 76-95). Lausanne: Payot.

Halbwachs, M. (1997). La mémoire collective. Paris: Albin Michel.

Humanities in the European Research Area (2017). http://heranet.info.

Jean, J.-P. y Salas, D. (2002). Barbie, Touvier, Papon. Des procès pour la mémoire, Collection Mé-moires, 83. Paris: Autrement.

Judt, T. (2005). Postwar. A History of Europesince 1945. New York: The Penguin Press.

Juliá, S. (2007). De nuestras memorias y de nuestras miserias. Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 7, pp. 779-798.

Juliá, S. (2003). Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición. Claves de razón práctica, 129, 14-25.

Juliá, S. (2006). Bajo el imperio de la memoria. Revista de Occidente, 302-303, 7-20.

Ley 46/1977 de 15 de octubre, de Amnistía. En BOE, 248, Art. 2°, 17 de octubre de 1977, p. 22766.

Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecuciones o violencia durante la guerra civil y la dictadura. En BOE, 310, 27 de diciembre de 2007, pp. 53410-53416. https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53410-53416.pdf.

Ley 2/2017 de 28 de marzo, de Memoria Histórica Democrática de Andalucía. En BOJA, 63, 3 de abril de 2017, pp. 11-41.

Libération. (2005, 13 de diciembre). http://www.liberation.fr/societe/2005/12/13/liberte-pour-l-histoire_541669.

Loi 90-615. En Journal Officiel, 0162, 14 juillet 1990, p. 8333.

Loi 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915. En Journal Officiel, 206, 30 janvier 2001.

Loi 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. En Journal Officiel, 119, 23 mai 2001, p. 8175.

Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi. Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012.

Manifiesto de HaD (2001, 11 de septiembre). http://h-debate.com/manifiesto/.

Michel, J. (2010). Gouvernerles mémoires, Les politiques mémorielles en France. Paris: PUF.

Nora, P. (1978). Mémoire collective. En J. Le Goff, R. Chartier y J. Revel (Dirs.), La nouvelles histoire. Paris: Retz-CEPL.

Nora, P. (1984). Entre mémoire et histoire. En P. Nora (Dir.), Les lieux de la mémoire, tome I: La Republique. Paris: Gallimard.

III Congreso Internacional de Historia a Debate (2004, 14-18 de julio). http://h-debate.com/had-iii/.

IV Congreso Internacional de Historia a Debate (2010, 15-19 de diciembre). http://h-debate.com/hat-iv/

Onken, E.-C. (2007). The Baltic States and Moscow's 9 May commemoration: analysing memory politics. En Europe Europe-Asia Studies, 59(1), 23-46. http://dx.doi.org/10.1080/09668130601072589.

Sampedro, V. y Baer, A. (2003). El recuerdo como olvido y el pasado extranjero. Padres e hijos ante la memoria histórica mediatizada. Revista de Estudios de Juventud, n° extra 1, 93-108.

Viñas, Á. (2010, 17 de diciembre). Recuperación de la historia y memoria histórica. Conferencia plenaria impartida en el IV Congreso Internacional Historia a Debate, Santiago de Compostela, España. https://www.youtube.com/watch?v=_-9d3yyNBAw

Notas