Generalmente se tiende a identificar al trabajo científico como independiente y ajeno a la Política en el entendido de que la ciencia se debe a la ciencia y al compromiso por la producción del conocimiento, como si ambas tareas se desarrollan divorciadas de los principios intereses, visiones, percepciones y valores sustentados por el resto de la sociedad de “mortales”. La idea clásica del trabajo científico aislado en una torre aséptica de laboratorio sin vinculación alguna con la cotidianidad y las necesidades del ser humano no solo es una quimera sino que atenta con la misión social que justifica el avance y utilidad del desarrollo científico y tecnológico. Desde la valoración ética de la investigación científica, ya sea en el campo de las ciencias naturales y experimentales como en el de las ciencias sociales y aplicadas, hasta el más evidente uso y disponibilidad de recursos para hacer ciencia, la vinculación entre ciencia y política es no solo indivisible sino inevitable. La ciencia está imbuida desde su concepción hasta su aplicación por un marco valorativo cuya discusión y análisis crítico nos ha motivado a redactar estas breves ideas como reflexión editorial de este nuevo número de la revista Compendium, como medio de divulgación científica en el área de las ciencias sociales.

La actual coyuntura nacional, caracterizada por un creciente nivel de conflictividad y polarización política, nos invita a la reflexión tanto acerca del compromiso como de las consecuencias éticas de la producción y difusión científico-tecnológica así como las connotaciones y valoraciones ético-políticas que ello implica; circunstancias estas que nos recuerdan que el trabajo científico e intelectual no exonera al científico de su condición de actor político por los efectos sociales, políticos, culturales y hasta económicos que su trabajo genera. Todo lo contrario, la actividad científica en su producción y difusión reclama la conciencia y compromiso con los grandes desafíos y necesidades tanto en el plano global como nacional y local así como al debate de los compromisos de los agentes conductores de la política científica y tecnológica en cuanto a su rol como pilar fundamental del desarrollo y el abordaje, por no aspirar a la resolución, de los principales problemas y retos que enfrenta la sociedad.

Como lo consagra la Declaración sobre el Uso del Conocimiento Científico de la UNESCO, 1999 (artículo 33) la ciencia y sus aplicaciones son indispensables para el desarrollo que plantea la necesidad que tanto gobiernos como sector privado deben comprometerse y contribuir en brindar el mayor apoyo para construir una capacidad científica y tecnológica adecuada y equitativamente distribuida a través de programas apropiados de educación e investigación como una base indispensable para el desarrollo económico, social, cultural y ambiental. Igualmente la valoración y el compromiso de la ciencia con el bienestar colectivo se ve plasmado desde 1974 en las recomendaciones relativas a la “Situación de los Investigadores Científicos de la UNESCO” (artículo 4) en la que se afirma taxativamente el compromiso de los avances en el conocimiento científico y tecnológico en el aseguramiento del bienestar de los ciudadanos del mundo, exhortando a los estados miembros a desarrollar los protocolos y políticas necesarias para vigilar y garantizar dichos objetivos.

Todas estas consideraciones nos llevan inexorablemente al enfoque del desarrollo de la ciencia y la tecnología basado en los derechos humanos, en el que la gerencia de las mismas están, por su naturaleza, comprometidos con el abordaje de los principales desafíos de la sociedad, con la búsqueda de mejores y más sustentables resultados mediante el análisis y abordaje de problemas y necesidades de la sociedad tales como las desigualdades sociales, las prácticas discriminatorias y las relaciones injustas de poder que a menudo están en el corazón de los problemas del desarrollo. Dicho abordaje vincula y compromete la agenda de la ciencia y la tecnología con los reclamos y necesidades de la gente como sujetos de derechos así como con las obligaciones del Estado, como agente responsable y deudor principal en la protección y defensa de los mismos y el marco de garantía inherentes a su condición humana. Así mismo, el avance de la CyT desde esta perspectiva establece el acceso a la información científica como derecho humano, consagrado en el artículo 2 de su Declaración Universal. Desde esta perspectiva se le reconoce como actividad humana configurada por un marco de valores y principios que se materializan en el establecimiento de estructuras y procedimientos organizacionales, y por sobre todo, de políticas y estrategias orientadas a garantizar no solo los derechos a la seguridad, la salud y la alimentación de calidad y la sostenibilidad ambientales, sino su aseguramiento en cuanto a la plena participación social en la toma de decisiones que afectan sus vidas y recursos.

La buena ciencia, y el respeto por los derechos humanos, se apoyan fuertemente el uno en el otro. Los científicos dependen de los primeros para proteger su propia libertad científica y los recursos y condiciones para poder llevar a cabo su trabajo, pero a su vez obliga a estar comprometidos que los resultados de su trabajo contribuyan con la promoción del bienestar del ser humano, en otras palabras en garantizar los derechos humanos.