Gestión de Centros Históricos en América Latina: ¿Prácticas orientadas a la sostenibilidad?

Management of Historical Centers in Latin America: sustainable practices?

Gisela Boscán de Pacheco* gisela.boscan@ucla.edu.ve

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, República Bolivariana de Venezuela

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En Latinoamérica, lo que hoy se reconoce como ciudades, en referencia a Collin (2008), fueron en su mayoría fundadas en la época de la colonia, una voluntad ibérica del siglo XVI. Sin embargo, han tenido la capacidad de conservar sus espacios y los usos originarios, acentuados por una trama urbanística y arquitectónica europea, sobre la cual se alojaron los elementos de las culturas locales y con expansiones ocasionadas por nuevos tejidos que son reflejos de la evolución natural del hecho urbano. Esta expansión ha hecho que estos centros fundacionales sean hoy reconocidos como Centros Históricos (CHs).

Le ha correspondido a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura y la Comunicación (UNESCO) regir las actuaciones en los CHs, mediante documentos como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural del año 1972 (UNESCO, 1972).

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la destrucción, desaparición o ruina de ciudades enteras, estas perdieron sus habitantes y con ellos, los testimonios de su identidad, cultura y la destrucción de sus bienes inmuebles. Ante esto, surge la inmediata reacción de recuperar, conservar y preservar los bienes del patrimonio cultural y natural que habían sobrevivido tanto a las guerras, a los desastres naturales, a la depredación humana y finalmente, al abandono oficial de los poderes públicos (FHC, 2005).

Desde esa fecha se han establecido los lineamientos de intervención durante cuatro décadas, con acciones de recuperación y resguardo en estos sectores de ciudad, donde cada declaratoria y categorización se convierten en atributos surgidos como mecanismos de reconocimiento para otorgarle legitimidad y juridicidad a los CHs, acción que se complementa con los documentos y convenios supra legales acordados por los Estados que asumen los compromisos internacionales.

Desde la dimensión urbana y en atención a lo esbozado por Rodríguez (2009), estos lugares coexisten con dos significados:

• El primero, relativo a la ciudad, al atributo espacial funcional, por ser el sitio que concentra las principales actividades de esta, es decir el carácter de la centralidad. Al respecto, a esta condición se le suma la complejidad urbana que resulta de la gestión de estos sectores, impactados por los indicadores de calidad de vida, sobre todo en la década de los 60 y 70, con altos índices de marginalidad y pobreza por una deteriorada gestión pública con escasa atención de las autoridades por emprender mecanismos de gestión adecuados para enfrentar este deterioro (Rivera y Serrano, 2013).

• El segundo significado que otorga Rodríguez (2009) se refiere a lo histórico-temporal, a los rasgos y tipologías de estilos de diversas épocas y al atributo histórico que describe una sumatoria de hechos y acontecimientos que forman parte de la memoria local de una ciudad ya que durante mucho tiempo lo que hoy se conoce como CH fue inicialmente toda la ciudad.

Los centros de ciudad son sectores que en el imaginario colectivo develan el recuerdo al pasado, la remembranza de siglos remotos vinculados al momento de la fundación. Desde esta metáfora del imaginario, la variable temporal se asocia a una condición de fragilidad de fenómenos físicos o antropogénicos que pudieron estar presentes desde sus orígenes, atribuyendo un significado para asumir que un CH es un sector vulnerable, sin dejar de preguntarse ¿Cómo ha sido posible que hayan resistido tanto tiempo?

Son estas razones que derivan en la importancia de reconocer las formas o maneras de gestión con los cuales los CHs iniciaron sus procesos de consolidación con la puesta en práctica de políticas patrimoniales, que se promulgaron desde una institución de carácter internacional y que fueron adoptadas por los entes públicos de cada país y con actores involucrados a diferentes niveles desde lo internacional, nacional y local (Burgos, 2015).

La aplicación de estos lineamientos internacionales, la evolución natural de las prácticas locales y los resultados arrojados, muestran diferentes intentos de gestión de CHs. La coexistencia de una gestión pública cuestionada en sus formas de actuación en contextos complejos, hace necesario plantearse nuevas maneras de gestionar para revertir los marcados procesos de deterioro en los CHs y en la calidad de vida de sus habitantes, sin obviar posibles reestructuraciones para orientar acciones con alta prioridad de atención en la dimensión social, económica, ambiental, cultural y política (Rivera y Serrano, 2013), es decir, hacia la construcción de un nuevo paradigma: la sostenibilidad.

Toda Convención o Declaratoria promulgada por la UNESCO originó la aplicación y desarrollo de prácticas gerenciales con diferentes formas de actuación que se registraron y sistematizaron como aspectos propios de la dimensión urbana, pero con un escaso reconocimiento desde el enfoque de las teorías organizacionales. En virtud de ello, esta investigación de tipo documental y bibliográfico, mediante el análisis histórico institucional de las formas de gestión de los CHs, procura relacionar estas prácticas de manera puntual y enunciativa, con los hitos que en su devenir marcaron la trayectoria de la Administración Pública en la región, es decir, la Administración para el Desarrollo, la Nueva Gestión Pública y un enfoque en construcción: la Gestión Sostenible.

Reconocer parámetros o términos de acción vinculados con nuevos esquemas de gestión de los CHs, bajo la mirada de las teorías organizacionales emergentes en sinergia con la dimensión urbana, hace que se presente este trabajo en tres partes. En conjunto, las mismas definen un estado del arte que versa sobre la importancia de los entes internacionales, cuando estos deciden convertirse en los actores promotores de las políticas de intervención en los CHs. Adicionalmente, se presenta una aproximación al rol de la UNESCO y sus vinculaciones con los entes locales responsables de la gestión urbana de los centros históricos y los hitos de las teorías organizacionales.

De igual manera se ilustran, según los procedimientos de los Seminarios internacionales sobre la revitalización de los centros históricos de América Latina y el Caribe (SIRCHAL), las aproximaciones a formas novedosas de gestionar los CHs y, finalmente, las reflexiones relativas a la necesaria búsqueda de nuevos términos de referencia para la gestión urbana de los centros históricos. Todo ello soportado en los pilares del paradigma de la sostenibilidad como esquema emergente de las teorías organizacionales y la posibilidad de desarrollar investigaciones en nuestro contexto país (Venezuela), en el tema de la gestión de centros históricos, de manera especial en el centro de la ciudad de Barquisimeto.

La UNESCO surge a partir del año 1945, como ente internacional para mitigar los desastres ocasionados con la culminación de la Segunda Guerra Mundial y sus efectos negativos sobre las ciudades. La intención era recuperar y proteger lo existente, inventariar los bienes de interés patrimonial, fomentar los esfuerzos por categorizarlos y clasificarlos, con la promulgación de documentos de diversa naturaleza que expresan el interés de proteger, preservar y aprovechar dichos bienes (Rodríguez, 2009).

A partir de este período, se inicia una gestión del Patrimonio Cultural signada por las Convenciones Internacionales, Leyes, Cartas, Acuerdos, Cooperación técnica, realización de proyectos puntuales, creación de entes, entre otros, con el fin de establecer pautas de acción para el resguardo, conservación, y preservación de los bienes culturales.

En 1967 se promulgaron las Normas de Quito, las cuales desde una dimensión teórica conceptual “enriquecen la teoría del desarrollo pues vinculan la conservación del patrimonio con la planificación regional y urbana, haciendo perfectamente compatibles la tradición y modernidad” (FHC, 2005, p. 7). Es decir, estas normas de carácter innovador para la época, marcan la necesidad de integrar los requerimientos del desarrollo o progreso urbano (Teoría del Desarrollo acogida por la Teoría Organizacional y su aplicación en la Gestión Pública), con la conservación y resguardo de los valores ambientales, destacando esta vinculación hacia la gestión de los CHs (dimensión urbana) y hacia la dimensión turística como actividad económica generadora de recursos para la sustentabilidad (FHC, 2005), dando forma a la ‘conservación integrada’ como un nuevo término que caracterizaría la multidisciplinariedad que se activa para la salvaguarda de estos espacios (Luque y Smith, 2007).

La puesta en práctica de las Normas de Quito en la década de los 60, bajo la mirada de las teorías organizacionales coincidió con los movimientos de transformación y evolución de la gestión pública, caracterizada hasta la fecha por un modelo burocrático en conjunto con el binomio Nación-Estado propuesto por el sociólogo alemán Max Weber a inicio del siglo XX. Este modelo cimentó las bases de un Estado democrático y social de derecho, privilegiando la institución más allá de las personas y con una estructura rígida e inflexible (García, 2007).

Sin embargo, a finales de los 60 y principio de la década de los 70, los cambios del entorno generaron una crisis en el modelo burocrático del Estado benefactor, generándose una tendencia que permitió revisar y adaptar al nuevo contexto, las relaciones entre el Estado y el mercado, cimentando las bases del nuevo paradigma gerencial denominado “Nueva Gestión Pública” (García, 2007).

Este nuevo modelo naciente generó una crisis de legitimidad del Estado benefactor y de la Administración pública, la cual para dar respuesta a los requerimientos de las sociedades se apoyaba en un esquema emergente de gestión, en el marco de la filosofía administrativa del momento, generando una nueva manera de fomentar los vínculos y relaciones entre el Estado y la sociedad (Torres, 2008).

Al respecto, Ornés (2014) llego a plantear que, desde la década de los años 40, era necesario iniciar procesos de modernización en la gestión pública para satisfacer las necesidades básicas de la población y esta condición se convirtió en un reto en todo proceso de crecimiento y desarrollo económico, puesto que los resultados obtenidos, eran una muestra de que se habían obviado los impactos generados en los componentes sociales, ambientales y económicos de la población.

En tal sentido, las Normas de Quito, como estrategias de conservación del patrimonio, se pueden asumir como las nuevas estrategias que enriquecieron en su momento, la práctica de las variantes en las teorías del desarrollo, aun con fuertes limitaciones de adaptación a los contextos y cambios sociales complejos que ubicaban su área de actuación y sus impactos en los territorios urbanos reconocidos como las ciudades.

Por tales razones, los CHs a lo largo de las décadas 60 y 70 comenzaron a ser considerados como un campo particular de atención, con una visión de bien económico pero protegidos de las operaciones especulativas, obteniendo cierto protagonismo frente a los problemas urbanos de expansión de la periferia (Luque y Smith, 2007).

Es decir, con estas referencias pudiera inferirse el carácter innovador de las Normas de Quito para la época, cuyo principal impacto fue la directriz interpretada en principios y dimensiones que marcaron el inicio de una transición hacia un nuevo esquema de gestión, donde la planificación del territorio se convierte en la panacea de la Administración pública para la gestión del Desarrollo (ver Tabla No. 1).

Tabla 1
Términos de las Normas de Quito para la gestión de Centros Históricos

Elaboración propia. Fuente: Rodríguez (2009).

Los resultados de la aplicación de las Normas de Quito en prácticas de gestión en CHs, con el establecimiento de normativas de protección, planes de manejo y otros instrumentos, se hicieron ecos de atención contribuyendo al llamado internacional de hacer ajustes estructurales al modelo de desarrollo asumido, el cual debería evolucionar hacia un modelo equilibrado en las dimensiones económicas, sociales y ambientales.

Se trata de los primeros indicios de la búsqueda de la sustentabilidad surgida bajo la dimensión ambiental. En este contexto, le corresponde una vez más a un ente internacional, en este caso las Naciones Unidas impulsar el concepto de ecodesarrollo con la realización de la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano, en 1972 (Ornés, 2014).

Queda en evidencia que en los 70, estos impulsos internacionales orientaron estrategias de adaptación de las relaciones entre el modelo de Estado burocrático y el mercado, dado que aquel se encontraba en crisis con indicadores como los desequilibrios espaciales, pobreza y marginalidad. Así se dio paso a los fundamentos de una economía neoclásica o el neoliberalismo como Teoría de Desarrollo. Esta coincidió con la prevalencia del paradigma organizacional denominado Nueva Gestión pública o gerencialismo (García, 2007). La orientación de este nuevo modelo se dirigió a las acciones del Estado hacia el ciudadano-cliente con énfasis en la satisfacción del consumidor.

Con relación al debate sobre los CHs, este se fortalece dentro del contexto urbano. La planificación como herramienta de gestión se perfila bajo un nuevo modo de pensar la ciudad: el enfoque estratégico, el cual bajo la teoría urbana de la centralidad provocó un cambio del centro de atención del urbanismo hacia la mejora del patrimonio con renovaciones de espacios urbanos, minimizando la planificación de nuevas áreas de expansión (Luque y Smith, 2007). El ejercicio teórico práctico de la Nueva Gestión pública, caracterizada por las relaciones ente el sector público y privado, se convierte así en el nuevo paradigma de reforma administrativa de una agenda neoliberal (García, 2007) y que tuvo eco en los ejercicios de planificación estratégica urbana.

En paralelo a esta situación de debate teórico administrativo y del desarrollo, en 1972, la UNESCO promulgó la Convención del Patrimonio Mundial, esto es el sistema de Declaratoria de patrimonio de la Humanidad. En esta década, se fortalece en Latinoamérica una conciencia sobre la conservación del patrimonio, especialmente el urbano. La forma de actuación se concretaba a través de la figura de adhesión de los países que conforman el bloque de las Naciones Unidas. para 1991, los países latinoamericanos en su mayoría ya habían suscrito la citada Convención (FHC, 2005).

De esta manera, las autoridades locales de Quito, siendo la principal referencia en la gestión de CHs con una tradición demostrada en los procesos de conservación y en cumplimiento a los mandatos de las Normas, se adhiere a la Convención del Patrimonio Mundial en 1974. Seguidamente, en 1977 es sede del Coloquio sobre la Conservación de los Centros Históricos ante el Crecimiento de las Ciudades Contemporáneas, evento en cuyos contenidos quedaba demostrado el impacto urbano reflejado en los desequilibrios espaciales del territorio. Esto hace que, en este espacio de concertación entre actores internacionales, la preocupación y el reconocimiento de los CHs se fortalezca y se considere un hecho de concepción holística e integral, donde se integra la dimensión urbana con la dimensión cultural, social y económica para la valoración y diagnóstico de estas organizaciones. Por lo que se definen como los asentamientos humanos vivos en una estructura física y espacial reflejo de la historia y que son:

“Reconocibles como representativos de la evolución e identidad de un pueblo (…). Los Centros Históricos por sí mismos y por el acervo monumental que contienen, representan no solamente un incuestionable valor cultural sino también económico y social. Los Centros Históricos no solo son Patrimonio Cultural de la Humanidad, sino que pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores sociales que lo habitan” (FHC, 2005, p. 9).

Posteriormente, la UNESCO, en 1978, hace la primera Declaratoria sobre CHs, siendo Cracovia en Polonia y Quito en Ecuador los seleccionados para recibir la primera Declaratoria Mundial (Burgos, 2015). De allí la importante referencia de Quito en Latinoamérica para reconocerlo como el primer esquema o modelo de gestión delimitado y reconocido por la UNESCO. A este respecto, obtener la titularidad de Patrimonio Mundial implicaba:

“...el compromiso político de las autoridades respectivas para garantizar la debida conservación y las acciones necesarias para asegurar su función social, desde la formulación de un plan maestro hasta la construcción de la infraestructura y de las facilidades para el disfrute del bien (…). Requería de una preparación, de una búsqueda de esas cualidades y calidades que podían redundar en un mejoramiento del nivel de vida de la comunidad” (FHC, 2005, p.8).

Con esta Declaratoria, se reconoce y se institucionaliza la apertura de una gestión hacia una visión de desarrollo y consolidación del ámbito cultural, económico y social, dentro de la dimensión de la gestión urbana. Esta acción significa una importante incidencia aplicada por los entes gubernamentales encargados de la aplicación de las políticas de desarrollo para los CHs, ya que la gestión pública dependerá de las formas y maneras que adopte la gestión urbana para vincular lo cultural, lo social y lo económico en cada una de las ciudades (Coulomb, 2001).

El hallazgo relacional entre la gestión del patrimonio, la teoría del desarrollo y la planificación como herramienta de gestión, permite no solo hacer compatible la tradición y modernidad, sino que sirve la plataforma para establecer un primer supuesto:

Supuesto 01: La relación entre la gestión del patrimonio y la teoría del desarrollo permite la compatibilidad con los primeros indicios de la sostenibilidad, con la aplicación de formas innovadoras y evolutivas de acción por los entes creados para la gestión de los centros históricos y garantizar su existencia sin comprometer los valores de las generaciones futuras.

La obtención de una Declaratoria o Título, en opinión de Burgos (2015), genera un nuevo espacio de gobernanza urbana, el cual denomina “campo patrimonial” por el carácter autónomo y el establecimiento de estrategias activadas por los actores que intervienen en diferentes escalas de actuación. Representan estos campos, el espacio idóneo para identificar con mayor precisión los esquemas de gestión y sus evoluciones.

Con base en estos criterios, surge una nueva vinculación entre los CHs considerados como campos patrimoniales sujetos a un ejercicio de gestión urbana, direccionando de esta manera una nueva inferencia como aproximación a la dimensión organizacional institucional de la gestión pública

Supuesto 02: Los esquemas de gestión de los centros históricos y sus evoluciones son delimitados por los campos patrimoniales, sujetos a un ejercicio de gobernanza (gestión pública) en la dimensión urbana, con incidencia de su actuación en la sociedad que lo legitima.

De igual manera, entre la década de los 60-70 pueden identificarse los primeros hitos vinculantes entre las prácticas de gestión pública en la dimensión urbana con tendencias hacia la aplicación de estrategias en la búsqueda de los principios de las teorías de desarrollo y teorías organizacionales, dada la preocupación por el crecimiento de las ciudades. Esta inquietud generó un auge de intervención por parte del Estado en su rol de garante de las condiciones mínimas de calidad de vida, mediante la aplicación de políticas asistencialistas y programas sociales para dar respuesta a los desequilibrios espaciales. En otras palabras, parámetros propios del enfoque político y económico del modelo de desarrollo imperante en ese momento, el de las necesidades básicas que lo definían como un Estado benefactor, con aspectos o rasgos que estarían presentes en cualquier intervención dirigida por la gestión pública (Carreño y Duran, 2015).

La línea histórica muestra en las décadas 80 y 90, que la Lista de Declaratoria de Patrimonio Mundial Latinoamericano se fue consolidando. Las políticas de sensibilización hacia el patrimonio contribuyeron al reconocimiento de sitios, asentamientos, sectores urbanos que, sin ostentar la categoría de la Lista de Patrimonio Mundial, fueron reconocidos y aceptados por los países como sitios o áreas especiales y como muestra significativa de los valores de una historia urbana y local. Lo anterior, en respuesta a la relación de legitimidad de una dimensión cultural y social que ha sido atribuida por los ciudadanos de dicho territorio. Es decir, surgen sitios que, sin ser declarados Patrimonio de la Humanidad, comenzaron a ser reconocidos a nivel internacional, nacional y local.

En paralelo, en esa misma década, se generaba la caída vertiginosa de las economías, los desequilibrios espaciales producto de los efectos migratorios del campo a la ciudad, el empobrecimiento generalizado de la población y otras condiciones de pobreza y marginalidad. Esto se tradujo en la denominada “década perdida” en términos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) entre otras instituciones, con la contracción del gasto social y las severas afectaciones en los procesos de intervención en los CHs, incluyendo aquellos declarados Patrimonio Mundial, situaciones estas que comienzan a atentar contra su sostenibilidad (FHC, 2005).

A mediados de los 90, la Nueva Gestión pública se fortalece y se considera un paradigma en evolución por los niveles de reforma administrativa que genera, aun cuando prevalecía la agenda neoliberal; sin embargo, y dada las influencias de la figura gerencial y las vinculaciones de trabajo entre el sector público/privado y la incorporación de la sociedad civil, se comienza a reconocer un nuevo esquema de gestión llamado gobernanza. A raíz de la aplicación de la planificación estratégica se acentúan los casos de interacción ente los diferentes niveles de gobierno y el sector empresarial (García, 2007), estando ya en el umbral de las nuevas teorías organizacionales relativas a la sociedad en red.

En este ámbito, los CHs se convierten en espacios territoriales de responsabilidad directa de los gobiernos locales, sin embargo, la magnitud de los problemas ocasionados por los acelerados procesos de urbanización y de crecimiento demográfico, a los cuales han estado expuesto, hace que los gobiernos locales sean garantes del manejo eficiente de los recursos para procurar calidad de vida a sus ciudadanos.

Las intervenciones en esta dimensión se han realizado mediante la utilización de planes especiales, el manejo del enfoque estratégico, con procesos de participación ciudadana, bajo esquemas de alianzas entre el sector público y privado. De igual manera, se han diseñado estructuras de gestión para la aplicabilidad, control y seguimiento del plan, promovidas por los gobiernos locales.

Es así como la Gestión Pública, establece un enlace con los procesos de legitimación de las organizaciones responsables de realizar la gestión urbana. Esta condición significa un atributo común de la gestión pública vinculado a la teoría organizacional, específicamente la institucional, ya que los procesos isomórficos orientaron en los CHs un mecanismo que afianzaron su legitimidad en el modelo de desarrollo del Estado, enfatizándose así la dimensión política, tal como se refiere.

“La proyección política de su éxito (o de su fracaso) tiene una dimensión que parece ir más allá de la importancia (espacial, social y económica) que estos espacios guardan en relación con la ciudad en su conjunto. La gestión en los centros históricos tiende, de alguna forma, a convertirse en la vitrina de la gobernabilidad en una ciudad” (Coulomb, 2007, p. 97).

Puede observarse entonces, tomando como referencia la línea del tiempo formulada por Rodríguez (2009) y reinterpretada con la superposición de los hitos organizacionales, las vinculaciones que suceden entre una época y otra, entre la aplicabilidad de las teorías en prácticas de gestión en CHs y que a su vez respondían a las teorías de desarrollo que en ese momento prevalecía.

La trayectoria de la Gestión Pública muestra que, producto de la post guerra hasta los 60, el hito referencial lo constituye la Administración para el Desarrollo; luego la aparición de la Nueva Gestión Pública se asocia al modelo neoliberal en los años 80 y 90; y en una nueva transición epocal a partir de los 90 (Guerra, 2015), se percibe un nuevo paradigma emergente, que comienza a irradiar hacia las demás ciencias incluyendo la gestión de los CHs, como es la sostenibilidad.

Asimismo, de acuerdo con Hayakawa (2008), los CHs, en general, han perdido sus habitantes, están desolados y con altos deterioros, producto de la ineficiencia de la gestión pública y la aplicación de sus políticas. De allí que, se promueva un abordaje diferente, con prácticas de gestión integradoras de las diferentes disciplinas, como ejercicio de gobernanza que fortalece la sostenibilidad. (ver Figura No. 1).

Figura 1
La Gestión de CHs en los 90. ¿Transición a la sostenibilidad?
Elaboración propia. Fuente: Rodríguez (2009).

Con este aspecto, característico y acentuado a partir de la década de los 90, surge de manera emergente un nuevo supuesto que se acerca a esquemas de gestión signados por el paradigma de la sostenibilidad.

Supuesto 03: La sostenibilidad como paradigma de gestión favorece el desarrollo de estructuras de gestión de naturaleza innovadora y autónoma, capaz de coordinar las distintas disciplinas, culturales, económicas, sociales, ambientales y humanas vinculadas a la gestión de los centros históricos.

En general, la práctica institucionalizada por la UNESCO radica en el reconocimiento de los CHs y su importancia en las sociedades, sean o no Patrimonio Mundial de la Humanidad. De esta manera, dictamina una orientación de desarrollo a futuro, pero fundamentando la viabilidad de sus acciones en el respeto a los hechos del pasado, consensuando entre memoria y modernidad e integrándose con el resto de la ciudad (González, 2002), y que “han dado lugar a una cierta visión de ciudad y de su patrimonio” (Burgos, 2015, p. 63). Es decir, una manera subyacente de comprender la gestión de los CHs.

Como aproximación a una dimensión social, la complejidad de la gestión en los CHs se hace notable y Carrión (2001) aporta a la discusión teórica, la existencia de una relación social que no debe omitirse. Reconociendo esta complejidad, se remite y define a los sujetos patrimoniales, los cuales son los agentes que heredan el valor del bien, son los actores que definen los ámbitos de los conflictos en los procesos de gestión y al mismo tiempo son los medios responsables de la transferencia generacional, vinculándose de esta manera al nuevo paradigma de la sostenibilidad, mediante la presencia de los sujetos patrimoniales y sus roles dentro de la ciudad y en la gestión de esta y de los CHs (Carrión, 2001).

Asi mismo, se puede considerar que, una aproximación a la dimensión política administrativa de la gestión pública y como reflejo de un modelo de desarrollo de naturaleza compleja, existen una serie de autores, que afirman que los CHs en su origen eran toda la ciudad, por ello la gestión urbana mediante un gobierno único los abarcaba en su totalidad (Orellana, 2001; Carrión, 2004; Rodríguez, 2009; Rivera y Serrano, 2013 y Ornés, 2014).

Seguidamente, la ciudad al crecer de manera acelerada con el desborde de sus límites y una periferia signada por desequilibrios, marginalidad, desigualdad y pobreza se enfrentó al deterioro de la gestión pública urbana cuyas políticas se centraron en acciones priorizadas hacia la periferia, obviando las centralidades. Esto ocasionó que la gestión de los CHs se diluyera en políticas generales de ciudad y perdieran su capacidad original de auto gobernarse, con un marco jurídico de actuación a nivel internacional, nacional y local, carentes de un marco institucional vinculante entre organismos nacionales y locales de carácter público y privado.

Es con la opinión de estos autores que queda establecido el tránsito de la gestión urbana hacia un sistema relacional de respuestas al contexto, con la evidencia de una relación adecuada entre lo global y lo específico, entre lo macro y lo micro, lo nacional y lo local y la participación de los actores clave que en el caso de la gestión de los CHs serían los sujetos patrimoniales.

En otras palabras, aspectos emergentes que caracterizan una época signada por cambios en procura de una gestión urbana flexible, mixta, con visión estratégica (¿nuevo modelo de gestión pública?) adecuándose a los esquemas de la sostenibilidad para un desarrollo local en armonía con el marco institucional: ¿Nuevo paradigma representado por el Desarrollo Sostenible? Dicho criterio también es planteado por Guerra (2015). Por lo tanto, igualmente, cabe preguntarse entonces, como trasfondo de las prácticas de gestión de los CHs, en América Latina ¿La sostenibilidad es un nuevo paradigma que está irradiando hacia las diversas disciplinas incluyendo las Ciencias Administrativas?

Las prácticas de gestión en los CHs en América Latina han sido registradas en fuentes documentales productos de seminarios, memorias de congresos, encuentros y otros eventos de similar naturaleza. Estos registros muestran las diversas formas de intervención, con las características particulares de cada caso. Desde el impulso que otorgó la UNESCO con el reconocimiento de los CHs y bajo las premisas de términos de referencias que funcionaron como pautas iniciales, ha sido preocupación de los entes internacionales registrar, sistematizar y documentar cada experiencia con la intención de reconstruir términos comunes de intervención en el territorio latinoamericano.

Se reconocen en estos principios de acción de la UNESCO, en su intención de reconstruir y releer formas y maneras de actuar sobre los CHs, dos tendencias en el impulso de las prácticas de gestión:

• Una primera tendencia de las Declaratorias y Convenciones, tal como fueron las Normas de Quito, anteriormente señaladas. Al respecto, la revisión documental registra una nueva Declaratoria que marcó un hito de acción en el impulso de las prácticas de gestión de los CHs, como fue la Declaración de Lima, surgida a mediados de la década de los 90, en la cual se delineaba un esquema de gestión para los CHs.

• La segunda tendencia identificada corresponde a la transferencia de conocimiento, realizada entre las prácticas y los actores participantes. Ha sido considerada por los entes internacionales como un insumo que permite investigar las experiencias latinoamericanas, pues en la medida que surjan experiencias similares, se facilita la reconstrucción de términos y procedimientos que aproximen la concepción de modelos y se hace preciso “reconocer su potencial de adaptación a otros contextos y su transferibilidad a través del intercambio de información y del diálogo para conformar una real red de cooperación regional a fin de proponer posibles soluciones a las autoridades nacionales y locales” (FHC, 2005, p. 28).

Sin embargo, ante este planteamiento hay posiciones contrarias que determinan que las experiencias no pueden estandarizarse en modelos, pues, refieren la existencia de diferencias entre las prácticas de una gestión pública, ya que estas dependen en cada caso de las formas que toma la gestión urbana en cada uno de los centros de ciudad (Coulomb, 2001). Aseveración que es reforzada por Rodríguez (2009) cuando plantea que en el tema de los modelos o formas de gestión de los CHs existe dispersión y confusión de formas y maneras, dificultando la categorización de indicadores, la sistematización, comparación valoración y la evaluación de cada una de las prácticas.

Salas (2010), dentro del enfoque de la sociología organizacional, aporta su reflexión en esta discusión teórica desde la dimensión de las teorías administrativas específicamente la institucional, al justificar que en la década de los 90, los entes internacionales dirigen hacia Latinoamérica un intenso proceso de estandarización y/o homogeneización de las maneras de intervención con los programas sociales, convirtiéndose en los actores principales, mediante la utilización del isomorfismo organizacional. Esto con la implantación de alternativas comunes para intentar solventar las dificultades sociales en los países que así lo ameritaban y, por otro lado, iban generando y consolidando un espacio de reconocible institucionalidad.

En tal sentido, conviene preguntarse si esta política fue asumida por la UNESCO y sus entes filiares, ya que en la década de los 90 surge, por ejemplo, el Seminario Internacional sobre Rehabilitación de Centros Históricos de Ciudades de América Latina y el Caribe (SIRCHAL) y luego casi en paralelo, el Foro Iberoamericano y del Caribe sobre Mejores prácticas promovido por la Fundación Hábitat Colombia (FHC, 2005). Ambos con el propósito de realizar el registro de las experiencias en los procesos de revitalización de CHs, las cuales se presentan como prácticas institucionales innovadoras para responder a los desafíos específicos de sus territorios y de sus procesos de conservación (Coulomb, 2001). Al respecto, puede inferirse que la calidad de cada experiencia dependerá del carácter natural de lugar y este argumento sirve de plataforma para formular el supuesto 4:

Supuesto 4: Las tendencias de gestión identificadas como Declaratorias y transferencia de conocimiento se convierten en referencia de las prácticas de gestión en los CHs, accionadas por los entes internacionales, facilitando los procesos de legitimidad y vinculación entre los actores involucrados e incentivando la búsqueda de nuevas formas y maneras de gestionar.

Es indudable entonces, y con la intención de registrar algunos ejemplos de prácticas de gestión, situarse bajo la mirada de la historia documentada en la línea del tiempo en la década de los 90, donde se observa el esfuerzo por sistematizar las experiencias, fundamentarlas teóricamente, con miras a su perfectibilidad dentro del marco de una gestión de carácter público.

Al respecto, la Declaración de Lima surge treinta años después, como documento doctrinal formulado a finales de la década de los 90, específicamente en 1997, con el mismo valor, significado e importancia que las Normas de Quito. El mismo es motivado por la UNESCO como iniciativa de intercambio y difusión de experiencia, para analizar y sistematizar sobre las estrategias e instrumentos de cada práctica. Adicionalmente, surge a raíz del I Encuentro de alcaldes y Autoridades Latinoamericanos de Ciudades con centros históricos en procesos dinámicos de recuperación reunidos en Lima, en noviembre de 1997, con la intención de confrontar y revisar resultados de los procesos emprendidos en cada uno de ellos (Coulomb, 2001).

En esta Declaración emergen principios de acción, alrededor de siete (7) campos de trabajo como antesala al nuevo milenio, (modelos de intervención, marcos de gestión y administración, mecanismos de financiamiento, participación y solidaridad, calidad del hábitat, diversidad cultural y la investigación, comunicación y capacitación) bajo esquemas flexibles de gestión en procura de la sustentabilidad transformando los impactos negativos del proceso de urbanización acelerada en las ciudades, siendo estas el principal epicentro de asentamiento de la población (Coulomb, 2001).

Si bien las Normas de Quito se consideraron innovadoras para su época, perfilando los indicios de sostenibilidad, el carácter de la Declaratoria de Lima, con las dimensiones de los campos de trabajo que establece, abre los canales de acción para la búsqueda de resultados en la gestión que se aproximen a los principios de la sostenibilidad. Este paradigma comienza a trascender la dimensión ambiental, se fortalece hacia la dimensión del desarrollo e irradia hacia la concepción de nuevos enfoques de aplicación en las teorías organizacionales.

De allí que se adopte al hombre como centro de desarrollo de las políticas públicas mediante el mecanismo de implantación del protagonismo estatal en la gestión compartida sector público/sector privado. Destaca de esta manera, el afianzamiento y el impacto practico de la nueva gestión pública, como modelo administrativo emergente en la década de los 90, conjuntamente con la Teoría del Desarrollo plasmada bajo los fundamentos de las Naciones Unidas como Desarrollo Humano. Este último no parece ser suficiente para comprender los efectos y requerimientos de los responsables de conducir las prácticas de gestión en los CHs, quienes demandaban formular nuevos esquemas de intervención que “los afiancen como centros vivos de la ciudad, mediante una acción concertada de los actores públicos y privados para lograr la sustentabilidad de su rehabilitación y valoración” (Coulomb, 2001, p. 78).

La Declaración de Lima en su momento causó un nivel de compromiso entre las autoridades asistentes que lograron sistematizar los encuentros anuales y ya en el año 2000, en ocasión del III Encuentro realizado en México, los fundamentos de la Declaración de Lima se fortalecen hacia la idea de concretar el tema de la entidad autónoma de los CHs, mediante el fortalecimiento de un ente de gestión dedicado solo a ellos.

El mismo debía responder e integrarse a los procesos de reforma del Estado en el ámbito municipal en términos de la descentralización y autonomía local, con capacidades de coordinar intersectorial e interinstitucional a los actores de diferentes niveles gubernamentales, públicos y privados, y orientados por un plan que incluya además de la dimensión espacial territorial, aspectos relacionados con la economía, el ambiente, lo social e institucional, impulsando la participación ciudadana y la corresponsabilidad (Morales, Núñez y Delfín, 2006).

Bajo tales premisas, se derivan las siguientes interrogantes: ¿El cambio de época implicaba la necesidad de nuevas formas de gestión? ¿De un cambio de modelo de desarrollo, orientado hacia lo sostenible en la gestión de los CHs? ¿Los CHs recobrarían la autonomía de su gestión, tal como era en sus inicios, cuando eran toda la ciudad? Y esta autonomía ¿les garantizará su desarrollo autofinanciado, social, cultural y económico, es decir sostenible? ¿Y con una estructura organizativa política y administrativamente legitimada como autoridad única e independiente que garantice la continuidad de las acciones sin afectaciones de los procesos eleccionarios?

En el caso específico del CH de Quito, cuyas prácticas de gestión son reconocidas como referencia obligada. Primero, como inspirador de las primeras normas de intervención; segundo, desde el año 1978, cuando obtuvo la declaratoria de patrimonio Cultural de la Humanidad y posteriormente, por cambios sufridos a raíz del devastador terremoto de 1987. Estas han sido situaciones que han originado cambios de políticas de acción como formas de gestión, con una marcada presencia de la UNESCO y de entes internacionales, los cuales y retomando las afirmaciones de Salas (2010) se convertirían en los protagonistas de la intervención.

Las autoridades del CH de Quito, al tomar como referencia las acciones para su recuperación luego del sismo, deciden la creación de un ente único, encargado de todo el proceso de rehabilitación, siendo este la Empresa Centro Histórico de Quito y sus siglas ECH.

Las prácticas de gestión asumidas se caracterizaron por la determinación de una empresa mixta, constituida en 1994 con el objetivo de promover la rehabilitación integral del núcleo central de la ciudad (Carbonetti, 2006). Esta empresa se apoyó en un plan de manejo e intento coordinar, concertar y consensuar los intereses de los actores involucrados. Contaba además con todo un esquema jurídico normativo, en un contexto que impulsaba la nueva gestión pública (teoría administrativa) y la teoría de desarrollo en boga se afianzaba en una agenda neoliberal. La aplicación de un plan de manejo, desde la dimensión urbana, hizo que se consolidara una estructura urbana con un reconocimiento del CH que entra en crisis por el crecimiento de la periferia en paralelo a un proceso de descentralización (Carbonetti, 2006 y Vallejo, 2008).

Sin embargo, en opinión de Carbonetti (2006) el verdadero reto del trabajo de la ECH conjuntamente con la municipalidad fue el tratar de armonizar la red compleja de actores involucrados, de allí la importancia de las estrategias de articulación para abordar como prioridad el comercio informal y la actividad turística cultural. Han sido múltiples los procesos históricos transformadores de la estructura urbana del CH Quito, pero prevalecen variadas formas de relaciones sociales que se han adoptado, como factores que caracterizan el concepto de centralidad (Vallejo, 2008).

La Figura No. 2 muestra una interpretación del esquema asumido para esta práctica. Puede observarse la presencia de casi todos los fundamentos establecidos en las Normas de Quito, en la Declaración de Lima y reforzados en la Declaración de México, destacando incluso la marcada presencia y observación de los entes internacionales.

Figura 2
Esquema de Gestión Empresa Centro Histórico de Quito (ECH)
Elaboración propia.

El esquema muestra la mayoría de los principios declarados en los documentos y convenciones, de cuya aplicación en los CHs de América Latina deberían desprenderse resultados apegados a los mismos. Desde la dimensión urbana los planes de manejo asociados al marco regulatorio normativo, las acciones concertadas entre los entes públicos y privados, la articulación del municipio con entes públicos nacionales e internacionales, son acciones que se desprenden de un continuo ejercicio de gestión urbana.

De manera similar, y desde una dimensión teórica administrativa, la aplicación de criterios enmarcados en la nueva gestión pública, pueden evidenciarse dada la articulación entre actores y al proceso de reconocimiento y legitimación del Estado. Sin embargo, pueden inferirse rasgos o aproximaciones a nuevas tendencias organizacionales por un contexto marcado por la globalización, por los efectos de la sociedad en red y la búsqueda de nuevas formas de gestión en procura de la sostenibilidad y nuevas tendencias hacia el desarrollo.

La confrontación de experiencias y de autores en estos espacios muestran consideraciones y reflexiones que aportan insumos a los procesos investigativos, ya que como resultados de la praxis quedan en evidencias situaciones abordadas con soluciones en proceso y otras cuyos resultados no fueron los esperados o no pudieron abordarse. Por ejemplo, Carrión (2004) alude y justifica que algunas prácticas de gestión no cumplieron su objetivo y generaron un deterioro compartido y vinculado entre las condiciones físicas, espaciales, sociales y económicas en los CHs y la gestión pública, es decir, asocia la dificultad que impidió cumplir las metas a las capacidades de gestión. No obstante, establece que el manejo de los CHs debe ser de un ente público, no subordinado a la estructura político administrativo para evitar la subordinación a los períodos electorales y la discontinuidad en las acciones (Carrión, 2004 y Rodríguez, 2009).

Sobre este particular, Tapia (2021) argumenta en su estudio que, las experiencias en los ejercicios de gestión de los CHs, cumplieron los objetivos iniciales en cuanto al resguardo arquitectónico del bien, sin embargo, desde el punto de vista de las dimensiones sociales, ambientales y económicas se han incrementado en estos sectores las desigualdades en la población que reside en los mismos.

En relación con el enfoque de las teorías administrativas y su evolución en este contexto, Alva (2023) aporta a la discusión que, en los tiempos actuales tanto los estudiosos del gobierno y la administración pública como los investigadores académicos, deben estar reinventando diversos métodos, para dar respuesta a las investigaciones entendiendo, interpretando y generando nuevos mecanismos de acción, en este caso a la gestión publica urbana reconociendo el desafío que representa la multidisciplinariedad en la comprensión de las realidades actuales complejas que ameritan diversos enfoques analíticos para acercarse a los objetos de estudios.

Estudios recientes de la evolución del proceso de rehabilitación en el CH de Quito parecieran validar estas inferencias cuando se comprueba que las “políticas patrimoniales enfocadas en la rehabilitación del centro histórico de Quito han dejado durante tres décadas poco espacio para una visión más amplia y ciudadana del patrimonio” (Burgos, 2015, p.64).

Es importante destacar que, este esquema aplicado en Quito es referencia y ha sido reinterpretado para otros CHs en Latinoamérica, en centros de ciudades con o sin Declaratoria de la Humanidad; La Habana en Cuba, Salvador de Bahía en Brasil, Santa Cruz de Mompox en Colombia, Antigua Guatemala en Guatemala, Centro Histórico de México, Centro Histórico de Arequipa en Perú y en Santa Ana de Coro y su puerto de La Vela en Venezuela.

En el CH de Santa Ana de Coro y su puerto de La Vela en Venezuela, sucede una situación similar de gestión. El Centro fue inscrito en la Lista de patrimonio Mundial en 1993. Esta categoría promovió la inmediata incorporación en el cuerpo jurídico normativo de la nación de las leyes y normas para su conservación y resguardo, sin embargo, en 2002, a los 10 años de esta Declaratoria y a petición del presidente del Instituto de Patrimonio Cultural (IpC), se realizó un monitoreo de la UNESCO para evaluar la gestión y su estado de conservación.

La mencionada inspección dio como resultado la incorporación de este CH a la Lista de Patrimonio Mundial en peligro, la cual incluía 14 recomendaciones para solventar esta situación destacando la principal causa la “falta de una eficaz y consolidada estructura de gestión; los bienes del Patrimonio Mundial no se manejaban como una entidad integrada y no había un plan de conservación” (CPM, 2008, p.5). Solventar esta situación implicó que se designara en 2003 la Comisión Presidencial para la protección de Coro y La Vela, integrada por 18 miembros entre representantes de entes nacionales, regionales y locales, así como Universidades, Cámaras, Consejos de Planificación, PDVSA, FUDECO, GN y otros. La Comisión era presidida por el IPC para que se formulara un Plan Integral para la Conservación y Desarrollo de Coro y sus áreas de influencias (PLINCODE) y se promoviera una estructura de manejo y acuerdos para la gestión del plan (CPM, 2008).

A la fecha el PLINCODE aún no ha sido aprobado por el Gobierno Nacional y la inclusión en la Lista de patrimonio de riesgo se mantiene en observación. Pudiera inferirse que esta intervención tiene una dimensión jurídica normativa muy marcada, más allá de una práctica de gestión urbana. Sin embargo, en opinión de Molina (2007) existe la necesidad de un nuevo marco legal adaptado a la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela para la Conservación y protección del patrimonio.

Al respecto, las evaluaciones de las prácticas de rehabilitación muestran diversas naturalezas de cómo estás son enfocadas, a pesar del interés por sistematizar, registrar y estandarizar. En cada proceso de evaluación ha quedado registrado que las prácticas de carácter normativo han reducido y afectado la legitimidad de todo marco legal, el cual muchas veces contradice los objetivos de las intervenciones, ya que no se consideran las condiciones sociales y económicas de la población residente. por ello, estas normas deberían integrar los parámetros de desarrollo cultural, social y económico con políticas globales de acción (Orellana, 2000).

La segunda tendencia de prácticas de gestión en los CHs de América Latina obedece a los esquemas de transferencia de conocimiento. Esta tendencia conlleva a una comprensión del contexto que da paso a teorías como la sociedad en red, las TIC y las nuevas formas de administrar los recursos como vía de hacer eficiente la nueva gestión pública, la cual evoluciona hacia la búsqueda de nuevas alternativas. Esta tendencia se emplaza igualmente en la década de los 90, como línea de tiempo establecida para este apartado y marca un hito en las prácticas de gestión de los CHs en Latinoamérica. Ejemplo de ello representa el denominado Programa SIRCHAL.

Este programa, en unas de las últimas reflexiones realizadas por el Arquitecto Léo Orellana en su rol de creador y coordinador de este, lo define como un método de trabajo para concertar acciones propuestas por todos los actores clave que intervienen en los centros históricos (Orellana, 2006).

Es un programa que nació en el año 1998, en la ciudad de París, en principio como un espacio de intercambio y consulta de experiencias entre técnicos europeos, específicamente franceses, centrando su foco de atención en los CHs. Su creación fue coauspiciada por el Gobierno Francés y paulatinamente conto con el apoyo de la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), convirtiéndose en una referencia obligada que acompaño diferentes procesos de revitalización de CHs en América Latina^[1], donde los técnicos latinoamericanos expertos en los procesos de desarrollo y gestión de zonas urbanas pasaron a formar parte de esta red.

El centro histórico de Quito, una vez alcanzado su Declaratoria como Patrimonio de la Humanidad, fue objeto de un Seminario SIRCHAL, cuyo éxito en la reunión de actores nacionales e internacionales, públicos y privados, académicos y funcionarios y sociedad civil organizada, lograron en ejercicios de concertación diseñar y aplicar las mejores estrategias para el desarrollo de estas zonas especiales de la ciudad. Es así como este Programa, se convirtió en una red de intercambio de experiencias y de información sobre las dificultades, necesidades y resultados dentro de cada ciudad que tuvo la oportunidad de desarrollar un SIRCHAL (Orellana, 2006).

Luego de Quito, siguieron las ciudades de Santo Domingo, San José de Costa Rica, Salvador de Bahía y Xochimilco en México en una primera etapa que inicio en 1998. Ya para esa fecha, se iba consolidando una red de intercambio de información y análisis de las experiencias cuyos resultados permitieron generar un glosario trilingüe de términos sobre los procesos de revitalización, para familiarizar y facilitar la comprensión de conceptos y procedimientos entre los diferentes actores internacionales y en respeto a la naturaleza e identidad de cada ciudad. Paralelamente se fortalecía una red internacional de conexión e interacción entre actores que trabajaban en procesos de revitalización de CHs complejos y que ameritaban experiencias innovadoras, apoyándose para esto en la estrategia de transferencia de información, generadas por cada coordinador de proyecto de las ciudades objeto de un taller SIRCHAL, conjugándose así los primeros trazos de una red que transmitía conocimiento entre cada uno de los expertos (Gutiérrez, 2015).

Siguieron luego ciudades como La Habana, Cartagena de Indias, Guatemala, Coro y su Puerto de la Vela, las cuales tiene en común la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, contando con el aval UNESCO; sin embargo, se sumaron ciudades cuyos CHs sin tener Declaratoria mostraron interés en participar y cuyas autoridades locales facilitaron las vías de conexión con este programa. (Orellana, 2006). Así surgieron los talleres SIRCHAL en diferentes versiones en ciudades como Barranquilla, Santa Cruz de Bolivia, Caracas, Barinas y Barquisimeto entre otras.

Un aspecto interesante de estos talleres era la presencia en cada ciudad anfitriona de un taller, de los expertos y responsables de cada proceso de las ciudades latinoamericanas y europeas, consolidándose de esta manera un proceso de vinculación entre actores, mediante la red SIRCHAL, para compartir intereses comunes en los temas de revitalización de CHs, específicamente las políticas de intervención, apoyándose en los talleres vivenciales y luego en las conexiones que el internet, facilitaba para la época, por lo que se lograba el intercambio de conocimientos más allá de los intercambios tecnológicos. (Gutiérrez, 2015).

Finalmente, desde 1998, más de 40 ciudades han tenido la oportunidad de desarrollar un Taller SIRCHAL, con espacios donde se han reunido presencialmente los responsables de proyectos de cada ciudad, quienes a la fecha mantienen las vinculaciones de intercambio de información, en una estructura dinámica de cooperación y cohesión grupal (Hernández, 2016) y al mismo tiempo, consolidando estrategias de transferencia de conocimiento especializado, explícito y tácito, tal como lo calificaría Esguerra (2017) en su estudio. Es decir, intercambios supra nivel entre los integrantes del SIRCHAL como estructura Red de colaboración internacional y los intercambios micro nivel entre los coordinadores de experiencia de cada CHs en particular (Esguerra, 2017).

Los actores locales o los sujetos patrimoniales como diría Carrión (2000), que comienzan a consolidar los dos niveles de conexiones a nivel supra y micro, sustentan la política de desarrollo compartido, bajo los parámetros de la nueva gobernanza en la gestión pública, evolución que presento el Programa SIRCHAL en las dos primeras décadas del siglo XXI. Por ello destaca la reorientación hacia el trabajo compartido entre los actores bajo el esquema de la corresponsabilidad, la elaboración de diagnósticos y propuestas de manera participativa, el afianzamiento del rol de la autoridad local con la competencia jurídica de intervenir estos sectores de la ciudad.

Bajo este esquema, específicamente se desarrolló la experiencia en el centro histórico de la ciudad de Barquisimeto, en sus dos versiones, 2005 y 2007, la cual bajo los criterios asumidos por la Alcaldía del municipio Iribarren en conjunto con la empresa de gestión urbana Centro Jacinto Lara, desarrollaron un proceso de revitalización del centro histórico de Barquisimeto (FHC,2005), bajo la forma de gestión de un Gabinete con la coordinación de una Secretaria Técnica^[2] desplegada por la referida empresa (Puleo, 2020).

El esquema de gestión que se adoptó se llamó gestión integral, por la transversalidad de diferentes dimensiones de trabajo asumidas para el proceso de revitalización (urbano, arquitectónico, social, económico, comunicacional y ambiental) enmarado en un Plan Programa y bajo los atributos de la confianza y corresponsabilidad de sujetos patrimoniales comprometidos por el propósito de la revitalización. Los niveles de confianza facilitaron el funcionamiento del sistema red, amparado en la forma de gestión denominado Gabinete; sin embargo, los cambios políticos ocurridos en las instancias municipales en dichas fechas alteraron estos niveles de confianza lo que comprometió la secuencia del proceso y el funcionamiento del sistema red (Grueso y Antón, 2015).

Situaciones similares de discontinuidad en los procesos iniciados se presentan en las experiencias que conforman la Red SIRCHAL, siendo estas una de las principales preocupaciones de la Red; sin embargo, estrategias como las asumidas en Popayán por ejemplo, han mantenido en vigencia los niveles de corresponsabilidad y compromiso, al ser la sociedad civil, el actor clave que asume la continuidad de las acciones y de las reflexiones, en contraprestación a la ausencia de interés de las autoridades locales (Orellana, 2006).

En el caso específico de la Red SIRCHAL, luego de 20 años de existencia, esta red ha evolucionado y ha capitalizado su experiencia, para transformarla en un activo para desarrollar la formación y la investigación en el tema de la revitalización, para transmitirlo a los interesados, considerando que el patrimonio a la fecha se ha considerado una disciplina necesaria para la formación (Orellana, 2006).

Las prácticas de gestión en los CHs en Latinoamérica, con los ejemplos mostrados revelan una intención de evolucionar y procurar respuestas acordes a las condiciones actuales de habitabilidad y calidad de vida, han adoptado estrategias y técnicas desarrolladas con éxito inclusive en otros en otros ámbitos, específicamente del sector privado. Todo ello con el fin de generar experiencias exitosas, prestar un mejor servicio al ciudadano y alcanzar la legitimidad.

Independientemente de ser catalogada exitosa, en sus planteamientos subyacen una serie de aspectos innovadores que marcan una direccionalidad hacia nuevas formas de gestión de los Chs en procura de la sostenibilidad, aspectos como: nuevas figuras organizacionales (empresas mixtas, comisiones presidenciales, gabinetes y otros); la necesidad de contar con un plan proyecto de naturaleza estratégica que indica la importancia de la planificación como herramienta para la gestión y para la interconexión de la estructura urbana del CH con el resto de la ciudad (Centro de Quito) (Winchester, 2006).

Con relación al paradigma de la sostenibilidad, a la fecha de esta investigación existe un debate multidimensional con la determinación de la Agenda Urbana 2030, de alcance mundial, con acciones locales que requiere nuevas formas de actuación y trabajo para la salvaguarda y sostenibilidad de las personas, el planeta y la prosperidad, resguardando la paz y actuando a través de las alianzas y redes colaborativas como herramientas de acción que enlazan lo local y lo global (UNESCO, 2020).

Con estos principios de la Agenda 2030, se puede inferir la necesidad de generar nuevas formas de gestionar los espacios urbanos, reconociendo que los centros históricos, están en un contexto complejo, inmerso en la sociedad red, con escenarios que demandan la sobrevivencia de las ciudades, sus ciudadanos y la memoria urbana.

La mirada aproximada a la historia de un contexto signado por cambios e interacciones y según la dimensión de la gestión de los CHs en latinoamérica, permitió en este caso el fortalecimiento de una serie de reflexiones y de nuevos cuestionamientos.

Estos últimos surgen de intentar descubrir y comprender si las practicas desarrolladas presentaban indicios del nuevo paradigma de la sostenibilidad, si estas coexistían con hitos referenciales que marcaban comportamientos, reacciones y resultados en el ejercicio de la gestión, enmarcadas en teorías de desarrollo y en teorías administrativas que pudieran estar vinculadas de manera casual o causalmente.

Al respecto, se puede inferir que, en la región latinoamericana, urge la necesidad de seguir estableciendo políticas de naturaleza sostenible, ante los inevitables signos de deterioro presentes en las ciudades y en nuestros CHs desde hace más de cincuenta años, producto de los fuertes impactos generados por los acelerados procesos de urbanización y de nuevas situaciones a escala global en la dimensión ambiental e inclusive como signos dejados por la pandemia Covid 19.

Los autores que formaron parte de esta dialéctica conceptual presentaron puntos de vistas divergentes y otros coincidentes sobre las modalidades y formas de prácticas adoptadas para el abordaje de los CHs. Sin embargo, coincidieron en dejar plasmado, de manera subyacente, que para comprender y ser efectivos en estas prácticas es necesario desarrollar una visión holística, dando apertura a conceptos y procesos de otras dimensiones ¿Será la transdisciplinariedad de las dimensiones? La Figura No. 3 intenta reflejar esta reflexión en un mapa conceptual que muestra las dimensiones, los eventos y los hitos en la línea histórica soporte de esta investigación.

Figura 3
Mapa conceptual ¿La Transdiciplinariedad de las dimensiones?
Elaboración propia.

La figura muestra aproximaciones en tres dimensiones que abordan el recorrido histórico del paradigma de la sostenibilidad trascendiendo las dimensiones ambiental, social, económica con la incorporación de la dimensión política, cultural y urbana. Adicionalmente, se reconoce la importancia del contexto para comprender como los hitos, fechas y acontecimientos globales pueden desencadenar efectos locales.

De igual manera se puede inferir que la UNESCO representa un ente rector a nivel internacional de políticas para la gestión de los CHs, promoviendo la ejecución de programas similares en cada país asociado, impulsando la generación de un área reconocible de institucionalidad. Acción esta que, bajo la mirada de las teorías administrativas, lo enmarca en la sociología de las organizaciones y en la institucionalidad, al establecer medidas coercitivas y de presión a cada país participante.

Durante cuatro décadas los documentos internacionales han realizado las recomendaciones pertinentes para establecer los mecanismos de gestión de los CHs, donde a finales del siglo XX, se dio un cambio de enfoque en las intervenciones, ya que los organismos internacionales, en conjunto con las autoridades locales responsables de estas áreas han evolucionado de una dimensión exclusivamente cultural a un enfoque económico con sustentabilidad social, promoviendo la incorporación de nuevos actores y por supuesto acrecentando la complejidad en la gestión.

La necesidad de comprender holísticamente los CHs, en su trayectoria histórica, en los reconocimientos a los cuales han estado sujeto en lo institucional y social, en las diversas formas y mecanismos como han sido abordados y como pudieran abordarse, son aspectos que pueden vincularse a un ejercicio de investigación en las ciencias administrativas y gerenciales, a través de las teorías organizacionales que puedan facilitar las respuestas para una mejor comprensión de la situación.

Desde la dimensión organizacional, se infiere que la Teoría Administrativa sigue vigente para el estudio de los CHs, específicamente en sus formas de gestión ya que el conocimiento ha trascendido las dimensiones de cada disciplina y cualquier paradigma en el marco de la relatividad sirve de prisma para descubrir y comprender relaciones y vinculaciones del sujeto de estudio.

De hecho, los isomorfismos en la dimensión urbana pueden ser interpretados como aquellas prácticas transdisciplinarias que sirven de marco de actuación de una organización que busca la legitimidad social y a la fecha ya no solo es la búsqueda de la aceptación y legitimidad sino la permanecía en el tiempo, sobre la base de la sostenibilidad reconocida en tres dimensiones, la medioambiental, la social y la económica. Sin embargo, la sostenibilidad no estará presente si no existe una gobernanza, la participación e involucramiento de la sociedad civil (dimensión política).

A este señalamiento se le suma la dimensión cultural, esta última como receptora de valores como identidad y ética, valores sobre los cuales hay autores que promueven la búsqueda y conceptualización de organizaciones sostenibles y responsables socialmente, donde la identidad y la diversidad se interpretan como condición indispensable para el desarrollo humano de la sociedad en general. Se pudiera inferir que, para la gestión de los CHs en tiempos signados por la globalización, pudiera ser factible identificar y reconocer las consideraciones teóricas de nuevas filosofías de gestión bajo el enfoque de la ética y los valores humanos.

Los CHs en el contexto latinoamericano y, en especial, los de Venezuela, están en constante vulnerabilidad. El riesgo no es sólo la perdida de una memoria edificada, sino la pérdida de valores sociales y culturales de las generaciones que por tiempo han ocupado esos espacios en la trayectoria de la historia de la ciudad que los contiene.

De igual manera, en el caso del CH de Barquisimeto, se puede inferir la existencia de una práctica iniciada en los esquemas de la sostenibilidad, pero detenida por la afectación de los cambios de políticas producto de los procesos electorales. Situaciones que se muestran como limitantes para alcanzar nuevos esquemas orientados a la sostenibilidad y que son casos que motivan una oportuna investigación. En síntesis, más allá de responder el cuestionamiento de una gestión sostenible para los CHs, queda abierta una serie de aspectos: la sostenibilidad como nuevo paradigma, y como filosofía, la teoría de la administración y de los actores claves en la gestión de los CHs.

Desde el punto de vista metodológico, mediante el análisis histórico institucional, de las formas de gestión de los CH, es posible relacionar las prácticas de manera puntual y enunciativa, con los hitos que en su devenir marcaron la trayectoria de la administración pública en la región. Por lo que, con relación a los supuestos que surgieron de los documentos y de los hallazgos, se deduce que pueden ser orientadores de categorías de interpretación de las vinculaciones entre la gestión de los CHs, las Teorías Administrativas y las Teorías del Desarrollo, tal como se resume en la Tabla No. 2.

Tabla 2
Los supuestos como hallazgos de la investigación

Elaboración propia.

Finalmente, se percibe como un reto la necesidad de reconocer y aproximarnos a un ejercicio de comprensión de los CHs, y de manera especial los de nuestro país, en función de los cambios de esta época bajo la dimensión sociológica, organizacional, histórica, cultural y económica en la búsqueda de una forma de gestión innovadora.