Introducción

La consolidación del desarrollo humano integral de la mujer comporta uno de los desafíos más complejos a los que se enfrentan las agendas globales en materia de justicia social inclusiva; entre otras razones, por las circunstancias históricas y la herencia socio-cultural a la que se le adjudica la reproducción de prácticas de exclusión y discriminación, lastres que además de reducir las posibilidades de vida plena también imposibilitaron el alcance de los ideales sobre los que se sustenta la autorrealización de este actor social (Morales, 2023b; Sen, 2014).

En estos términos empoderar a la mujer como propósito generalizado de las políticas de justicia social a nivel global, supone acercarla al goce y disfrute de los derechos civiles, económicos y sociales como dispositivos a través de los cuales generar experiencias significativas que redunden tanto en la potenciación del ser, como el reforzamiento de las cualidades que determinan la dignificación, la reducción de las limitaciones y la ampliación de las libertades individuales de las que depende el desenvolvimiento pleno de la personalidad.

Desde la perspectiva de Lafarga (2016), el alcance del estado dinámico de funcionamiento humano en la mujer depende significativamente del crecimiento personal, al cual se precisa como la concatenación de esfuerzos asociados con el redimensionamiento armónico de la existencia; proceso que supone entre otros aspectos la flexibilidad y apertura para aprender, la disposición para afrontar los cambios así como la motivación consistente que le permita al ser humano impulsar el desarrollo de su potencial.

Esto como parte de los cometidos asociados con el empoderamiento de la mujer, comporta una alternativa para fortalecer y diversificar las posibilidades de actuación social efectiva; permitiéndole a este agente avocarse competitivamente a gestionar alternativas que redunden en la construcción de soluciones a los desafíos complejos y a los problemas que cotidianamente emergen, además, refiere a la adquisición de las competencias personales y técnicas para actuar oportunamente dentro del contexto social, procurando de este modo la búsqueda de la igualdad que le permita redimensionar la viabilidad tanto de su calidad de vida como de su bienestar integral (Nussbaum, 2012a).

En estos términos, procurar la inserción de la mujer en condiciones de goce y disfrute de una vida plena inicia como la potenciación de sus cualidades, las cuales como resultado de su formación permanente y a lo largo del ciclo vital comportan una posibilidad real de propiciar el alcance de alternativas de realización, que fundadas en el ejercicio de las libertades individuales y de su capacidad de agencia den paso a la pluridiversidad de requerimientos propios de este actor social; en un intento por motivar el alcance de su felicidad, la consolidación de una vida plena y el cumplimiento tanto de objetivos personales como de preferencias prioritarias (Morales, 2023a).

Desde esta perspectiva, lograr el funcionamiento apropiado de la mujer en cualquier contexto de la vida social inicia con la superación de las interferencias externas y con la superación de las restricciones históricas, a las cuales enfrentar desde el acceso a mecanismos liberadores de su potencial entre los que se precisan la educación que permite otorgarle sentido a la existencia, procurar una vida armónica y perseguir con especial énfasis propósitos asociados con el resguardo de su integridad personal y moral, así como con la construcción proactiva de posibilidades de bienestar que conduzcan a una vida virtuosa.

Lo planteado supone la orquestación de la vida feliz, la justicia y el bien común como valores positivos que pretende impulsar el capital individual, social y económico desde el cual potenciar el desarrollo de virtudes personales que impulsen a la mujer hacia la consolidación de su dimensión interior; proceso que aunado a proporcionar el empoderamiento también dinamizar cualidades desde las cuales emprender competitivamente el trabajo liberador de su potencial (Colmenarejo, 2016; Deneulin; 2019; Sen, 2020).

En atención a lo expuesto, este artículo se propuso un acercamiento analítico-interpretativo a los constructos enfoque de las capacidades, crecimiento personal e inclusión social efectiva y su relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 5; como posibilidades que puestas en relación sinérgica se estiman como una alternativa esperanzadora para transcender hacia un esquema de desarrollo humano integral de la mujer.

Metodología

Esta investigación documental con enfoque cualitativo asumió como sujetos informantes las obras clásicas que abordan los constructos: enfoque de las capacidades, crecimiento personal e inclusión social efectiva (textos originales) de los cuales se tomaron los referentes teóricos, conceptuales y epistémicos en función de los cuales construir una serie de planteamientos que sustenten un esquema de desarrollo humano integral de la mujer en el marco del objetivo de desarrollo sostenible N° 5. Del mismo modo, se revisaron fuentes secundarias (revistas científicas y especializadas) para precisar posiciones renovadas y actualizadas que aportaran al proceso de sustanciar la discusión.

Se utilizó como técnica el análisis de contenido con la finalidad de precisar las aportaciones teóricas, los elementos conceptuales y prácticos en función de los cuales realizar un acercamiento a la construcción de razonamientos sólidas y argumentos consistentes que definan no solo la pertinencia y actualidad de los referentes teóricos aportados por cada autor, sino los desafíos que enfrenta el aparato institucional y los Estados en la tarea de consolidar operativamente la inclusión equitativa y justa de la mujer.

Como criterios de análisis se consideraron sus planteamientos directos, afirmaciones y posiciones que dejan ver la importancia, relevancia y pertinencia del objeto de estudio en la actualidad; los aspectos comunes que aportan soluciones a los requerimiento de inclusión, de justicia social, de equidad y bien común, así como de participación activa en los asuntos públicos y en los procesos decisionales de los que depende la trascendencia de la mujer hacia estilos de vida dignos. Con respecto al criterio axiológico se procuró determinar la responsabilidad ética de la mujer en lo referente a la corresponsabilidad social y política, dejando ver enfáticamente lo planteado por los autores a lo largo de sus obras.

El criterio de complementariedad se usó para precisar conexiones teóricas y conceptuales producto del contraste entre textos principales y fuentes secundarias sobre los autores y entre estos, en un intento por establecer un diálogo teórico-conceptual y epistémico que dejara ver la concreción de acciones vinculadas con el compromiso del Estado y la actuación sinérgica del ciudadano en la tarea de impulsar iniciativas conjuntas de bienestar y calidad de vida para la mujer.

Análisis de la información

El enfoque de las capacidades y su aplicación en materia de género

La consolidación plena de las múltiples dimensiones que conforman la supra-complejidad humana, comportan uno de los desafíos inminentes a los que se enfrentan los programas de inclusión de la mujer a nivel global. Esto como parte de los cometidos del enfoque de las capacidades se precisa como una alternativa esperanzadora para el alcance del desarrollo humano integral, al procurar a través de la potenciación del ser y del hacer el acceso a condiciones de existencia que redimensionen su funcionamiento como agente social (Nussbaum, 1997; Sen, 2011).

Desde esta perspectiva el enfoque de las capacidades no solo es una manifestación del ejercicio de las libertades individuales, sino que además, suponen la base sustancial de funcionamiento personal que le aporta a la mujer mayores posibilidades para consolidar iniciativas asociadas con su proyecto de vida. De allí, que Sen (1999) proponga que la capacidad como expresión de libertad movilice en desempeño efectivo de “una persona para alcanzar el bien-estar” (p. 63).

En estos términos, la construcción de posibilidades reales de funcionamiento humano se entiende en sentido estricto como el reforzamiento de la capacidad para gestionar requerimientos personales y colectivos, que no solo tengan incidencia inmediata sino mediata en la calidad de vida de la mujer. Visto de este modo, el enfoque de las capacidades ha sido diseñado para maximizar el alcance de la mujer en lo que respecta a la búsqueda de su autonomía, proceso que involucra convertirse en agente de cambio que valiéndose de su sentido crítico precise los mecanismos necesarios para luchar por “proteger su diversidad, el pluralismo y la libertad, procurando el ser tratada como un agente y como un fin en sí” (Nussbaum, 2012b, p. 141).

Esta búsqueda de una existencia libre implica insertar a la mujer en contextos formativos que impulsen su determinación y entusiasmo en torno a la superación constante y a lo largo de la vida, en un intento por potenciar el espíritu auténtico que conduzca la vida personal hacia el compromiso creativo y ético de reducir las desigualdades, las vulnerabilidades y falencias que solo han impedido la trascendencia a un nuevo esquema de realización social e individual plena. De allí, que el enfoque de las capacidades procure establecer la conexión de la mujer con su contexto, con la complejidad de sus requerimientos del presente.

Lo referido no más que una persistente esperanza en la educación como principio y fin de la dignificación humana, en la que se precisa el desarrollo del espíritu de la creación y la reconstrucción de horizontes de bienestar posibles, en los que el redimensionamiento de la trayectoria intelectual reposicione a la mujer como un sujeto con el capital cognitivo para emprender, gestionar soluciones y manejar escenarios complejos. Esta actuación proactiva como resultado de la participación en iniciativas de actualización académica a lo largo del ciclo vital, comporta la posibilidad de afiliarse a políticas de emprendimiento y acciones productivas propias de su contexto.

Esto como parte del enfoque de las capacidades implícitamente refiere a los cometidos de la justicia social inclusiva, que estiman como elemento medular el acceso paritario a posibilidades de crecimiento personal fundadas en la educación para la praxis, es decir, para el hacer transformador en el que se precisa la posibilidad para asumir la realidad desde la corresponsabilidad que insta a desplegar recursos personales que redunden, entre otros aspectos en el alcance de una vida buena.

De este modo, conceptualizar operativamente el enfoque de las capacidades no es más que el acercamiento de la mujer a las condiciones mínimas, a los bienes básicos y a las posibilidades de crecimiento dignas que permitan la configuración de un esquema de convivialidad ético en el que su trato se encuentre mediado por la justicia, el trato paritario y el bien común. Estos elementos como parte del andamiaje del enfoque de las capacidades pretenden impulsar a la mujer hacia la movilización de sus cualidades, competencias y destrezas, como medios en razón de los cuales lograr la habilitación para transformar el escenario colectivo.

Este compromiso con la esfera social viene dado por la inquietud de disponer su arsenal cognitivo, moral y práctico en torno a la precisión de soluciones idóneas que provoquen cambios trascendentales e hilvanen contextos para el desempeño productivo, autónomo y liberador, en los que prime la búsqueda enfática de un mundo posible; es decir, un mundo más justo e incluyente en el que todos asistidos por la ética universal así como por los deseos de dignificación permanente asuman el rol de agentes garantes del resguardo de la integridad moral del otro.

Crecimiento personal, posibilidades y desafíos

La potenciación de la dimensión individual comporta uno de los objetivos a los que mayor énfasis dedica las agendas y programas de desarrollo integral del ser humano. Sus cometidos procuran dotar al individuo de las condiciones necesarias para que su ser, específicamente, alcance a desenvolverse oportunamente y en correspondencia con los requerimientos propios de su contexto. De allí, que el crecimiento personal como propósito asociado con el afloramiento de virtudes y cualidades, entrañe el impulso de la fuerza motivacional desde la cual propiciar que las condiciones intrapersonales alcancen la congruencia, la solidez y la consistencia para enfrentar competitivamente la consolidación del proyecto de vida personal.

Esto aplicado al crecimiento individual de la mujer supone el despertar de su interés por la adopción del compromiso liberador de emprender la transformación holística de su supra-complejidad, con la intencionalidad de motivar no solo la superación de los lastres socio-históricos que le han reducido, sino además, con el propósito de coadyuvar en proceso de alcanzar niveles superiores de satisfacción; es decir, la gestión de necesidades presentes que amplíen las posibilidades para lograr el reconocimiento pleno que aporte a su realización como agente social.

En estos términos, el crecimiento personal de la mujer se precisa como la fuerza revitalizadora de cambios que le permiten afrontar las circunstancias adversas a través del despliegue de sus cualidades creativas e innovadoras, en las cuales se precisa la reducción de la desigualdad y, en consecuencia la ampliación de las posibilidades para aprovechar con efectividad los medios y recursos que le aporta la realidad de la que es parte (Sen, 2023).

Esto en sentido estricto no es más que una invitación al autoconocimiento y a la introspección, como mecanismos a través de los cuales motivar la comprensión propia desde la cual adoptar cursos de acción que eleven las condiciones de desempeño individual, así como el diálogo significativo con un mundo que exige aprender constantemente, asumir nuevos desafíos y establecer vínculos funcionales que propicien equilibrio pleno.

En consecuencia, promover la consistencia actitudinal como aliada del crecimiento personal armónico, comporta el desafío de responsabilizarse por el desenvolvimiento oportuno, que estimule no solo la resolución de requerimientos inmediatos sino la precisión para reconocer qué hacer, cómo actuar y además cómo gestionar modos de proceder que redimensionen su existencia (Morales, 2021). Esto específicamente en materia de género exige el enriquecimiento permanente de las bondades del ser, aportando así el accionar efectivo que garantice transformaciones significativas en el contexto del que se participa.

Orientar a la mujer en dirección a este proceder sugiere empoderarla para que alcance el descubrimiento de su potencial real, como punto de partida desde el que le es posible tomar por sí misma procesos decisorios asertivos, enfrentar desde su experiencia nuevos objetivos de mayor trascendencia y convertirse en un agente cuya productividad le permita el alcance pleno de su libertad, autonomía e independencia.

Entonces, el crecimiento personal como resultado de la potenciación de las capacidades de la mujer, se precisa como el punto de partida para alcanzar la madurez necesaria que provoque el quehacer ético y la corresponsabilidad en lo que respecta a la consolidación de la independencia; que le permita a este actor social impulsar tanto su trascendencia cualitativa como el funcionamiento competitivo, como componentes que aunado a ampliar el tránsito hacia el desarrollo humano integral también favorecen el cultivo de preferencias e intereses con enfoque hacia la liberación de las más elevadas virtudes cívicas, públicas y personales.

Según Lafarga (2016), el crecimiento personal dentro de sus propósitos estima el bienestar humano, para lo cual se considera imprescindible la promoción de la conciencia crítica en torno al reconocimiento de la valía individual, elemento que por sus implicaciones le permite a la mujer construir una autopercepción positiva desde la cual dialogar con el mundo, establecer relaciones fecundas y saludables así como responsabilizarse por desplegar con asertividad actuaciones que le ayuden en el proceso de alcanzar el estado de realización.

Esto desde el punto de vista operativo refiere a la expansión eficaz de las potencialidades, cuyo enfoque no solo precisa la búsqueda de nueva oportunidades de desempeño coherente sino el incremento de la eficacia, la eficiencia y la productividad; lo referido guarda relación estrecha con el enfoque de las capacidades, al procurar que la mujer se inserte dentro de las múltiples dimensiones de la vida social como agente de cambio, cuyas cualidades particulares le permitan ofrecer alternativas para reconstruir su contexto desde la praxis del bien común y el compromiso revitalizador de la existencia humana en el marco de la justicia social.

Este énfasis en el alcance de una vida plena como resultado del crecimiento personal de la mujer, comporta el mejoramiento constante y la adopción de cambios constructivos que, como parte del andamiaje sobre el cual se sustenta el desempeño de la autonomía favorece la movilización de capacidades inventivas y creativas para emprender nuevos caminos que redunden en el bienestar propio y de quienes conforman su contexto de vida.

En estos términos, enriquecer las condiciones de existencia de la mujer refiere también a la consolidación sistemática de su dignificación, la cual se enmarca en la constante búsqueda de su proyección como sujeto proactivo cuyo potencial le permite interferir sobre la realidad, enriqueciendo desde su poder creativo nuevas posibilidades para robustecer su calidad humana y su capacidad de acción. Esto refiere al proceder competente que conduzcan a la mujer a asumir dentro de su estilo de vida la búsqueda de la armonía con su contexto y el cultivo de virtudes personales

Inclusión social efectiva y derechos humanos de la mujer

La vida en condiciones dignas comporta uno de los desafíos de todos los tiempos, pues en esencia no es más que un reiterativo énfasis en la creación de posibilidades de existencia en las que el ser humano alcance el desempeño pleno de su personalidad a lo largo del ciclo vital, disponiendo para ello de los recursos y de los medios para insertarse de manera justa y equitativa en los múltiples contextos de la vida social. Esto como parte de los cometidos de los derechos humanos de la mujer supone el ejercicio de la capacidad de agencia y la praxis de las libertades individuales, como dispositivos que aunado a ampliar su esquema de actuación efectiva, también favorecen su participación equitativa, protagónica y libre de discriminación.

En estos términos, la inclusión social efectiva como parte de un esquema de dignificación de la mujer, refiere implícitamente a la democratización de los mecanismos potenciadores de su bienestar, es decir, el acercamiento a posibilidades reales que le permitan asegurar el derecho a gozar de una vida plena, a consolidar su libertad, a insertarse competitivamente en oportunidades asociadas con el redimensionamiento de su calidad de vida; tomando como referente el acceso tanto a los procesos educativos como a oportunidades de empleabilidad, aspectos de los que depende el alcance de la autonomía y la independencia.

En tal sentido, es la orquestación de condiciones de participación justa y equitativa en los asuntos públicos como una de las dimensiones asociadas con la actuación en los diversos planos de la vida social, comporta el desafío de garantizar el adecuado desempeño de la mujer superando para ello las limitaciones que aunado a excluirle, han reforzado la discriminación social ocasionando la vulneración de su integridad moral (Sen, 2006). Este desafío constituye uno de los cometidos relacionados con la construcción de una sociedad justa, en la que se garantice la seguridad jurídica que aporte a la mujer la certidumbre la confianza para actuar, desempeñarse y tomar decisiones sobre su propio bienestar.

Estas condiciones reivindicables de la dignidad de la mujer refieren a su vez a libertades públicas e individuales de las que depende la trascendencia hacia un mundo más inclusivo, en el que su participación goce de la validez jurídica y del reconocimiento necesario para construir una vida más justa, en las que las posibilidades de bienestar integral estén a la altura de su humanidad. Desde esta perspectiva, el resguardo de los derechos fundamentales de la mujer comporta el goce de garantías tanto sociales como políticas, que procuran enfrentar los efectos de riesgo vulneradores de la inclusión efectiva, otorgándole de este modo posibilidades para transformar sus necesidades en respuestas reales que atiendan los mínimos de seguridad y justicia.

En palabras de Cortina (2001), la justicia social inclusiva procura que el establecimiento de la libertad como patrimonio común de la humanidad, configure el horizonte de una vida independiente en la que el ejercicio de la autonomía conduzca a la mujer a precisar metas, a determinar prioridades y a asumir desde su capacidad para decidir la organización de una existencia plena en la que su personalidad alcance el apropiado desarrollo. Este nivel de independencia se entiende también como la fuerza revitalizadora de cambios trascendentales en lo referente a la ruptura de los mecanismos represivos que históricamente han reducido su agencia en cualquier contexto de la vida social.

En consecuencia, la justicia social inclusiva puede entenderse como una respuesta a los requerimientos propios del desarrollo humano, como ideal que requiere de la institucionalización de derechos y garantías encargados de redimensionar las competencias de la mujer, su radio de acción y la participación tanto activa como sinérgica que le revista de las posibilidades para construir un futuro en el que se desdibujen las limitaciones y, de este modo, se organicen los esquemas de bienestar en los que el reconocimiento muto se convierta en el eje trasversal de una nueva convivialidad (Sen, 2006).

Para Nussbaum (2012b), la inclusión de la mujer en los asuntos correspondientes a su dignificación sugiere fundamentalmente garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos, como dispositivos asociados no solo con la satisfacción de las necesidades básicas y complejas sino con la praxis de una existencia fundada en las libertades sociales y políticas; desde las cuales impulsar su funcionamiento virtuoso y competitivo que le permita precisar el verdadero sentido a la vida, así como trascender con esfuerzos sostenidos hacia su realización.

Este énfasis en la participación política de la mujer en la vida pública entraña la posibilidad de garantizarle que la reivindicación tanto de su dignidad humana como de la protección a su integridad moral se consoliden efectivamente, aportándole el acceso a mecanismos y recursos institucionales desde los cuales sostener su bienestar; pero además, gozar de los aspectos inherentes al desempeño de su individualidad, entre los cuales se precisan: intereses particulares, metas de cumplimiento mediato o inmediato, así como la gestión de necesidades y requerimientos asociados con la elevación de su satisfacción.

Reivindicar la existencia de la mujer en el marco de la una dignificación sostenible también comporta impulsar el funcionamiento de sus capacidades para transformar las adversidades en posibilidades para reconducir el proyecto de vida personal, valiéndose para ello de la creatividad y la innovación para superar las privaciones y, por consiguiente, consolidar propuestas e iniciativas que respalden la trascendencia hacia nuevas posibilidades de realización.

Desde esta perspectiva, la ampliación de las condiciones democráticas constituyen un reforzador efectivo de la inclusión al permitir el involucramiento voluntario de la mujer en las acciones de transformación que por estar sustentadas en la búsqueda de la libertad humana potencian su capacidad para ejercer con autonomía esfuerzos inherentes al desempeño productivo de su personalidad. Esto significa, fomentar en la mujer el sentido de la valía personal que, como resultado de la reflexión moral le ayude en el proceso de alcanzar su independencia y la revitalización de su disposición reflexiva para precisar metas verdaderamente representativas para la consolidación de su plan de vida.

En palabras de Cortina (2001), la consolidación del estado de bienestar integral de la mujer, requiere de la participación institucional sinérgica como elemento que además de dinamizar su funcionamiento oportuno también le inserta en las condiciones esenciales para satisfacer progresivamente sus requerimientos particulares, los cuales involucran el acceso digno a oportunidades de empleabilidad, la participación en los asuntos propios y los relacionados con su contexto de vida inmediata, el ejercicio sin coacción de la libertad para expresar su voluntad y direccionar sus intereses hacia cometidos que responsan a sus preferencias significativas.

Esto como parte de los aspectos que inherentes a la justicia social inclusiva requiere para su concreción, la superposición de la dignificación de la existencia por encima de cualquier condicionamiento social o cultural, otorgándole de este modo a la mujer posibilidades reales de ejercitar su capacidad de agencia sin restricciones, es decir, su participación en la dimensión política que le habilite para enfrentar los desafíos y defender sus derechos hasta lograr que el reconocimiento recíproco y en condiciones de paridad se conviertan en el imperativo categórico para la consolidación del desarrollo humano integral (Nussbaum, 2010; Sen, 2014).

Lo referido deja por sentada la necesidad de practicar la inclusión social efectiva que le permita a la mujer alcanzar un estatus personal y colectivo sostenible, en el que el despliegue de sus capacidades haga posible forjar la valoración propia como sujeto de derecho, a quien le asiste una serie de dispositivos y libertades individuales como “exigencias indispensables para realizar la propia humanidad en plenitud” (Cortina, 2001, p. 72).

Esto como parte de las operaciones asociadas con su capacidad de agencia de la mujer, implica la reducción de las desigualdades sustanciales y, por consiguiente, el impulso de una vida floreciente en la que su funcionamiento potencie el alcance de su bienestar en al menos dos direcciones: la satisfacción coherente de sus intereses y preferencias asociadas con su proyecto de vida y, la potenciación de sus convicciones en torno a la búsqueda de la felicidad.

La conjugación de estos dos aspectos se precisa entonces como un modo de revitalizar el goce de las libertades básicas desde las cuales acceder a mecanismos sólidos de actuación que mediados por el ejercicio de la participación proactiva y justa configure un modelo de existencia autónoma e independiente. Esto a su vez se entiende como el resultado de la ampliación de las condiciones democráticas que hagan de la vida pública un escenario para sustanciar la existencia vigorosa, fecunda y fundada en el reconocimiento social.

Componentes del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 5, el enfoque de las capacidades y la inclusión socialmente efectiva de la mujer

Promover la actuación activa y libre de la mujer en el contexto social plantea para los programas de inclusión y las políticas públicas con enfoque de género una manera efectiva de lograr su desarrollo humano pleno, así como la realización de su supra-complejidad (Martínez, 2009; Morales, 2023b); estos cometidos como parte de un esquema global de bienestar integral y calidad de vida, exige la actuación protagónica de la mujer en los asuntos relacionados con su desempeño como sujeto de derecho, a quien le asisten no solo una serie de dispositivos jurídicos sino un conjunto de garantías asociadas con su agencia.

Lo expuesto implícitamente guarda relación con el enfoque de las capacidades que puede conceptualizarse como la suma de los siguientes aspectos “la conexión entre los funcionamientos alcanzados y la obtención del bien-estar y la conexión entre la capacidad de funcionamiento y la libertad para alcanzar el bien-estar” (Sen, 1999, p. 63). Estos dos componentes dejan por sentado que la construcción de estilos de vida operativamente funcionales refiere a la combinación de funcionamientos que hacen posible que el ser humano alcance su desempeño fundado en la expresión de las virtudes y cualidades inherentes al ser, cuyas repercusiones posibilitan la emergencia de competencias para consolidar el hacer.

En tal sentido, el empoderamiento de la mujer como acto social comporta el trabajo sinérgico entre la sociedad y el aparato institucional, con la finalidad de ofrecer una amplia gama de posibilidades de desarrollo integral que movilicen capacidades, virtudes y destrezas sobre las que se cimienta la vida plena. De allí, que en primera instancia se promueva el acceso de la mujer a programas educativos, formativos y de actualización permanente, como eslabones desde los cuales es posible acercar experiencias de aprendizaje asociadas con la apropiación de la información que transferida en conocimiento práctico coadyuven en la resolución efectiva de problemas cotidianos propios del contexto en el que se hace vida.

Lo referido implica promover la apropiación de los procesos de lectura y escritura, como recursos desde los cuales potenciar el desarrollo cognitivo, competencias reflexivas y habilidades de orden superior que junto al pensamiento crítico propicien formas alternativas de generar bienestar fuera de los cánones establecidos cuya rigidez solo permite el abordaje de algunas dimensiones asociadas con la existencia digna. Alfabetizar a la mujer supone instarle a la liberación de su potencial, a la conversión de las adversidades en respuestas cónsonas que sustancien acciones efectivas de transformación social.

Este énfasis en la potenciación de la dimensión cognitiva debe entenderse como parte de un esquema liberador e impulsor tanto de la autonomía como de la independencia, que entrañan como intencionalidad propiciar la capacidad para objetar, para valorar la credibilidad de información con la que se interactúa, de determinar intencionales manipuladoras que reproducidas procuran darle curso a objetivos ajenos a su bien superior: su dignificación. Por ende, alfabetizar a la mujer para construir una visión propia sobre la vida, sobre el mundo y lo que aporta mayores beneficios, no es más que un modo de reivindicar su existencia plena, a través de la cual abordar las imposiciones que solo han redundado en su sometimiento.

Por ende y como una arista de los procesos educativos con pertinencia social, emerge la alfabetización tecnológica, académica y científica las cuales entrañan como propósito insertar a la mujer en una nueva cultura mediadas por recursos en formatos diversos, por información planteada desde múltiples comunidades discursivas; de la cual solo es posible participar desde el manejo de habilidades técnicas y crítico-reflexivas que favorezcan el proceso de navegar con éxito en los grandes cúmulos de datos y contenidos, que al ser integrados, organizados y sistematizados dan paso a una mirada más amplia sobre los problemas, así como la precisión de soluciones sustancialmente efectivas que sumen al incremento de crecimiento personal y al alcance de nuevos estándares de vida.

Esto implica ofrecerle a la mujer el acceso justo a servicios asistenciales en materia de salud, que al aportarle la gestión preventiva de sus requerimientos personales también ayuden a potenciar su desempeño físico, fisiológico y biológico. En palabras de Sen (1999), lograr estos cometidos da paso a los denominados “funcionamientos pertinentes que abarcan desde cosa tan elementales como estar suficientemente alimentado, tener buena salud, evitar posibles enfermedades y mortalidad prematura” (p. 53).

Una de las dimensiones fundamentales para la superación de la exclusión sistemática a la que históricamente ha sido sometida la mujer, precisa su actuación protagónica en las actividades económicas y productivas, como una respuesta liberadora que entraña la diversidad adquisitiva así como el potencial liberador que le posiciona frente a un abanico de posibilidades para consolidar metas asociadas con el emprendimiento, la innovación y la inventiva como cualidades que en su sentido operativo comportan su conexión con la creación de horizontes tanto de independencia como de la autonomía (Sen, 2001).

Apoyar iniciativas productivas se entiende además, como un modo de asegurar el acceso de la mujer a ingresos económicos que transferidos al apoyo de iniciativas personales, no solo elevan la calidad de vida sino que reducen las brechas de desigualdad condicionando la emergencia de alternativas para generar riqueza; es decir, aumentar el caudal de ganancias y recursos que supriman la vulnerabilidad, la dependencia destructiva como factores a los que se le adjudica la minimización del potencial de la mujer.

En consecuencia, motivar el alcance de la realización plena de la mujer implica para el aparato institucional adoptar con especial énfasis el fortalecimiento y la diversificación de las oportunidades de financiamiento, como requerimiento sine qua non del que depende redimensionar la materialización de ideas e iniciativas personales, a través de las cuales insertarle en las aristas del crecimiento económico del país. En sentido amplio, se trata de generar las condiciones justas y equitativas en las que la mujer logre acceder a privilegios, así como a la satisfacción de las necesidades de las que depende su desarrollo humano integral.

Por otra parte, el goce de oportunidades asociadas con el crecimiento y desarrollo personal sugiere fortalecer no solo las posibilidades de hacer, de proceder y operar frente a los desafíos emergentes, sino la formación del ser en el que se encuentran contenidas virtudes y cualidades desde las cuales lograr que el accionar sobre la realidad no solo procure el bien propio sino la consolidación de capacidades combinadas, que involucren proyectos e iniciativas individuales y colectivas (Sen, 1981) a través de las cuales ascender hacia mayores niveles de realización.

En otras palabras, el trabajo sobre el ser como cometido asociado con el desarrollo humano de la mujer, supone potenciar su disposición ética y moral para asumir con esfuerzo sostenido la lucha por su calidad de vida; pero además, por el acceso libre y sin restricciones a una existencia entretejida por el compromiso recíproco de alcanzar el disfrute de alternativas mediante el ejercicio de su dimensión axiológica, en la cual se precisan los principios rectores de una vida ajena a desigualdad y sí, en cambio, adherida a la interacción justa, respetuosa, solidaria y tolerante.

Lo dicho supone la movilización de los mecanismos institucionales en torno al resguardo y protección de la mujer contra los factores de riesgo de mayor incidencia en la reducción de su bienestar (Sen, 1995), a decir la discriminación histórica, la exclusión de las posibilidades de desarrollo integral y el sometimiento al trato desigual que aunado a restringir sus posibilidades de crecimiento personal sostenido, también han distanciado mecanismos de calidad de vida asociados con el reconocimiento de valía como sujeto de derecho.

Orientar a la mujer en torno a su realización plena implica insertarla en el descubrimiento de sus cualidades, en la precisión de sus preferencias vocaciones y profesionales que le permitan potenciar sus aptitudes, así como sus actitudes para robustecer las condiciones de vida propias; esto como parte del empoderamiento de la mujer exige encausar su vinculación con la realidad, en un intento por dinamizar su funcionamiento (Nussbaum, 2012b); es decir, desplegar sus capacidades para actuar consistentemente en la búsqueda de cometidos trascendentales como “el ser feliz, el tener dignidad, el participar en la vida de la comunidad” (Sen, 1999, p. 53).

En tal sentido, la participación justa y equitativa en los asuntos públicos se precisa como el aspecto dinamizador de la inclusión social efectiva que exige el fortalecimiento de los mecanismos democráticos, que le permitan a la mujer acceder a contextos en los que la libre expresión de su voluntad y el diálogo plural redunde en la construcción de la convivencia justa. Este énfasis en la ampliación de los espacios de actuación de la mujer supone motivar el crecimiento saludable que no solo eleve el nivel de vida, sino que reivindique la necesidad de reconocimiento como sujeto con voz propia, con intereses particulares y con un proyecto que define significativamente su existencia digna.

Lo planteado comporta un modo de recuperar el tejido democrático, pues en la actuación sinérgica de la mujer encuentran las posibilidades para sustanciar el alcance de metas que la visibilicen como sujeto de derecho, pero además, como un agente portador de la capacidad transformadora para conquistar espacios dentro del escenario público. De allí, que la actuación de la mujer en los múltiples sectores de la sociedad entraña un modo estratégico para reducir las desigualdades y, por consiguiente, trascender hacia la concreción de la inclusión real en el quehacer social sin restricciones.

Conclusión

El empoderamiento de la mujer en el presente siglo constituye uno de los desafíos medulares de las agendas globales y de los programas de justicia social inclusiva (Sen, 2010). Su dignificación como cometido ampliamente validado entraña como intencionalidad la construcción de una sociedad equitativa y fundada en el tratamiento paritario, en el que la mujer como agente social alcance a desenvolverse plenamente mediante la superación de las barreras que históricamente han condicionado su desarrollo integral y sostenible.

Emprender actuaciones en esta dirección implica el viraje del aparato institucional hacia fines dignificantes de la condición humana, entre los que se precisa la búsqueda enfática del trato equitativo y justo que le permita a la mujer emprender desde su quehacer autónomo la tarea gestionar necesidades sociales, materiales y espirituales (Morales, 2024); de las que depende el acceso a nuevos estándares de bienestar que eleven tanto su realización personal como su reconocimiento pleno en cualquier contexto.

En tal sentido, la búsqueda de posibilidades liberadoras y potencialmente impulsoras del bienestar de la mujer comporta el acercamiento sistemático y riguroso a la consolidación de su supra-complejidad, mediante la ampliación de los esquemas de libertad humana que cimentada en los derechos fundamentales aporten la reivindicación a su crecimiento integral, así como el pleno disfrute de una existencia sin restricciones (Nussbaum, 2012b). Esto supone hacerla coparticipe de la edificación de las condiciones sociales inclusivas que, como parte de su desarrollo humano sostenible redimensionen su funcionamiento individual asegurando así tanto la concreción de su independencia como de su realización.

Este énfasis en la liberación de la mujer tiene como trasfondo la búsqueda de una existencia fundada en el reconocimiento de su condición como sujeto de derecho, a quien le asisten una serie de mecanismos y dispositivos jurídicos que procuran, entre otros aspectos, reducir los efectos devastadores de la discriminación y la exclusión; con la finalidad de sustentar los fundamentos de una vida que en condiciones paritarias conduzcan a la mujer al alcance de su proyecto de vida personal.

Desde esta perspectiva, alcanzar el igualitarismo como parte de los cometidos de los derechos fundamentales supone ampliar las oportunidades reales y efectivas que le permitan a la mujer acceder a beneficios específicos que redimensionen su felicidad, pero además, que aporten al alcance de la libertad para actuar, decidir y manifestar su voluntad sin restricciones. Esto como parte de un esquema fundado en la justicia social inclusiva procura que la mujer a través de su participación proactiva en la vida social y política logre conquistar espacios en los cuales hacer vida y a su vez, consolidar la satisfacción de requerimientos y necesidades de las que depende su desarrollo humano integral (Morales, 2020; Nussbaum y Sen, 1998).

Esto deja por sentado que, la promoción de la conciencia crítica como cimiento de la actuación coherente de la mujer en el contexto social, constituye una alternativa para empoderarla al instarle a asumir el desafío de transformar las condiciones adversas en actuaciones que aunado a redimensionar su futuro, le permitan en uso de sus atribuciones convertirse en agente activo cuyo compromiso con su existencia digna le haga desplegar destrezas, habilidades y competencias personales para gestionar oportunidades que redunden en su bienestar (Sen, 1995).

En función de lo expuesto, el enfoque de las capacidades procura entonces adherir a la mujer a la tarea de apropiarse de los recursos y conocimientos útiles que al ser instrumentados le permitan adherirse competitivamente a las iniciativas emprendidas por el aparato institucional, pero además, convertirse en garante de aportar adecuaciones o ajustes que respondan a los criterios de realización real. En otras palabras, se trata de motivar experiencias de emprendimiento liberador que le hagan insertarse en procesos innovadores y creativos desde los cuales impulsar el desempeño de sus oportunidades de empleabilidad que amplíen su dimensión económica y, por consiguiente sustancien el desarrollo personal.

Según Nussbaum (2012a), configurar las condiciones para que la mujer alcance la cúspide del éxito implica orientar su potencial hacia fines prácticos que le permitan dar respuesta a situaciones personales y a los requerimientos sociales, desplegando para ello su creatividad para interactuar con el contexto en el que hace vida y, en el que a su vez desde la corresponsabilidad, ejercer su capacidad de agencia para construir los fundamentos del operar sinérgico que haga posible la consolidación de metas personales y colectivas.

Motivar el desempeño efectivo de la mujer se precisa desde el enfoque de las capacidades como una alternativa para trascender hacia la búsqueda de la excelencia, que le permita a este agente social actuar con efectividad sobre su realidad en un intento por conseguir resultados positivos que no solo complementen su bienestar integral, sino que configuren las condiciones necesarias para generar efectos transversales que enriquezcan el desarrollo coherente de su personalidad así como la diversificación posibilidades para trascender hacia una vida plena (Sen, 1997).

Visto de este modo, redimensionar las competencias para actuar desde el quehacer transformador comporta no solo una cualidad personal sino además un modo de responder oportunamente a las iniciativas institucionales desde el sentido de corresponsabilidad, que movilizando tanto la voluntad como los recursos personales sustancien el alcance de la realización de la mujer en el marco de la justicia social inclusiva (Crespo, 2011; UNESCO, 2015).

En este sentido, los esfuerzos asociados con la optimización del funcionamiento humano entrañan la consolidación de logros complejos que fundados en la libertad para realizarse en las diversas dimensiones de la vida, den paso a posibilidades reales de crecimiento que redunden en el fortalecimiento de la utilidad individual; que le permita a la mujer involucrase en experiencias placenteras y en el alcance de la felicidad que sumadas potencien su bienestar. Por ende, la realización de la mujer como un ideal arraigado en los propósitos del desarrollo humano integral, se precisa como el elemento catalizador de cambios sustanciales en su hacer, pensar y vivir al aportarle los mecanismos necesarios para que su actuar sin privaciones le permita insertarse en iniciativas políticas, económicas y sociales en condiciones paritarias.

Según Sen (1999), esto solo alcanza su consolidación a través de combinación, tanto de construcción de capacidades como de la ampliación de las oportunidades, como elementos que transferidos en acciones reales coadyuven a la mujer edificar los cimientos de su propio proyecto de vida personal; en el que la existencia verdadera y dignificante que involucre el acceso a medios económicos, riqueza material y espiritual y la validación sin limitaciones del reconocimiento que justo que abone el camino para la superación de las desigualdades.

Lograr estos cometidos sugiere edificar el patrimonio común de la humanidad, es decir, su dignificación permanente; proceso dinámico que implica potenciar las cualidades individuales e impulsar el desarrollo de las competencias necesarias que reivindiquen los objetivos del bienestar integral (Morales, 2024), para lo cual se requiere insertar a la mujer en experiencias significativas y sostenibles que garanticen el acceso a la satisfacción de sus requerimientos particulares.

En estos términos vivir bien como un propósito sustancial de la dignificación humana de la mujer, involucra potenciar su capacidad comprensiva para identificar desde su pensar racional formas de desempeño que eleven la esperanza de existir en el marco de la independencia y la autonomía; los cuales, como eslabones de las libertades individuales le permitan a la mujer constituirse en defensora de su bienestar, de sus derechos y las garantías que le asisten y, que por consiguiente, le posicionan en un orden social digno.

Esto en palabras de Sen (2014), supone el establecimiento de un nuevo esquema de existencia en el que la justicia se precise como el camino hacia el trato paritario en todas las dimensiones en las que la mujer hace vida y, en las que potencialmente le es posible alcanzar oportunidades de crecimiento multidimensional que maximicen su condición como agente de cambio, en cuyas virtudes y cualidades se albergan múltiples recursos, habilidades y destrezas que al ser consolidadas dan lugar a su desarrollo humano pleno (Ibáñez, 2016; Sen, 2023).

En otras palabras, la inserción de la mujer en procesos de inclusión social efectiva parte de asumir desde el fundamento igualitario que le asiste como sujeto de derecho, el reconocimiento de sus intereses, de sus preferencias y de la dimensión vocacional, como elementos en torno a los cuales gira la concreción de su utilidad dentro del contexto en el que hace vida, hasta lograr beneficios plausibles que le permitan sostener su proyecto de vida personal mediato e inmediato (Griffin, 2001; Migliore, 2011). Por estas razones, se considera imprescindible el ejercicio autónomo de capacidades individuales que al impulsar la existencia hacia niveles superiores despierten la necesidad de crecer, de defender sustancialmente sus ideas y cosmovisiones, en un intento por permear de viabilidad las metas que comportan posibilidades para alcanzar la independencia funcional.

Estos requerimientos tienen su asidero según indica Nussbaum (2004), en la dimensión ética de la inclusión que procura configurar un orden social sustentado en la convicción común de erradicar los efectos de la discriminación y la exclusión, con la finalidad de responder a la diversidad de necesidades humanas a través de la denominada igualdad fundamental; que entraña el compromiso con el tratamiento digno al otro y, en específico a la mujer dentro de los parámetros de la paridad que en sentido operativo procuran acercar oportunidades que nutran el bien-estar.

Esto significa enfocar los esfuerzos institucionales en acercar a la mujer los siguientes aspectos “su respectivo ingreso, patrimonio, utilidades, recursos, libertades, derechos y calidad de vida” (Sen, 1999, p. 33). En consecuencia, es en la puesta en relación sinérgica de estos componentes del desarrollo humano integral que se logra redimensionar la capacidad de acción, así como la de acceso y trascendencia hacia la inclusión efectiva, en la que la mujer autopercibiéndose realizada logre escalar hacia la consolidación de metas más complejas que redunden en la superación de la desigualdad.

Lo planteado no es más que el resultado de la inserción de la mujer en experiencias liberadoras del pensamiento y potenciadoras de la racionalidad para evaluar las condiciones existentes y las posibilidades de bienestar que estas pudieran aportarle (Villarroel, 2019); es decir, que en uso de sus facultades cognitivas logre determinar oportunidades reales y realizables de dignificación que la posicionen social, política y económicamente acercándola de este modo a los ideales de la igualdad, la justicia y el bien común (Morales, 2022).

En otras palabras, se trata de alcanzar el reconocimiento social pleno que haga de la mujer un agente capaz de participar en los asuntos propios como en los colectivos, consolidando de este modo mayores posibilidades de satisfacción personal plena que le permitan no solo recuperar y reforzar su valía, su potencial, sus cualidades; sino además, trascender hacia la construcción de nuevos horizontes que por estar sustanciados por los derechos fundamentales le aporten significado a la existencia.

Esto según Cortina (2001), exige del aparato institucional la ampliación de las libertades para que la mujer diversifique su crecimiento en múltiples direcciones (social e individual) hasta lograr que la materialización del estado de plenitud se mantenga como una constante a lo largo del ciclo vital. Lo referido en contraste con propuesto en el objetivo de desarrollo sostenible N° 5 exige el fortalecimiento de los mecanismos de participación de la mujer en las actividades de las que depende su reivindicación, a decir: el acceso a privilegios, a recursos y a medios de ingreso que traducidos en beneficios estructurales diversifiquen las oportunidades para enfrentar el futuro desafiante.

Este desafío ubica a la participación democrática de la mujer en los asuntos públicos como el eslabón a través del cual llevar una vida virtuosa y digna, en la que el despliegue de las cualidades personales no solo defina horizontes de bienestar e inclusión, sino además, como un modo para garantizar la ocupación de espacios importantes y trascendentales dentro del aparato institucional. En consecuencia, el alcance de una vida virtuosa y digna sugiere fundamentalmente impulsar competencias personales y sociales que le permitan a la mujer construir oportunidades benéficas no solo para sí, sino para transformar el contexto en el que hace vida y, del que directa o indirectamente es corresponsable.

Este sentido de la corresponsabilidad implica un cambio de actitud que redimensione la capacidad de acción (Morales, 2024), a la que se entiende como el proceso catalizador de cambios sustanciales asociados con la superación de las limitaciones, trascendiendo de este modo hacia el desarrollo sostenible que involucra asumir el resol protagónico de mejorar en tanto sea posible los modos de vida.

En suma, la dignificación de la existencia de la mujer depende en modo significativo del fortalecimiento el respeto activo a su condición de ser humano, al que le asisten una serie de garantías y dispositivos jurídicos que reiteran entre otros aspectos el trato paritario, la integración en la vida social, en los procesos decisorios y en participación que entretejida por el sentido de justicia social inclusiva le faculta para orientar su vida hacia cometidos que aunado a redimensionar su calidad de vida, le hagan competente para liberarse de los limitaciones sociales, culturales e históricas que han reducido las posibilidades para ejercer su agencia en pro de consolidar su estatus en las múltiples dimensiones que conforman la vida colectiva.

Conclusiones

La inclusión social efectiva como propósito generalizado y ampliamente reconocido por las agendas políticas globales se precisa como un desafío complejo que propone, entre otros aspectos, la consolidación de posibilidades de bienestar reales y justas que, aunado a garantizar la trascendencia hacia una existencia dignificante también configure los mecanismos necesarios para alcanzar el estado de plenitud humana sobre el que se sustenta su realización; implícitamente esto refiere a la superación de las restricciones sistemáticas en un intento por erradicar la desigualdad histórica que ha reducido las posibilidades de alcanzar los ideales del desarrollo humano integral.

Esto desde las perspectivas de género que procuran la construcción de un mundo más justo y paritario, sugiere la inserción de la mujer en experiencias de crecimiento multidimensionales que movilicen su potencial personal, cognitivo y creativo hacia esquemas de calidad de vida que, sustentados en condiciones sociales, económicas y políticas equitativas permitan mejoras sustanciales en su funcionamiento como agente transformador. Esto desde el enfoque de las capacidades no es más que la invitación a una existencia mediada por el ejercicio de la libertad para actuar, decidir y participar desde la convicción ética en los asuntos propios de su realización, convirtiéndose de este modo en corresponsable de edificar las metas y propósitos que sustanciara la consolidación de su proyecto de vida personal.

El enfoque de las capacidades como componente del desarrollo humano integral de la mujer, plantea fundamentalmente la necesidad de reivindicar la dignidad humana y la consolidación de una existencia plena fundada tanto en el ejercicio de las libertades individuales como de la agencia personal que permita defender desde uso de la racionalidad el derecho a vivir en condiciones justas e igualitarias. Esto supone, acceder a oportunidades formativas, educativas y de actualización que a lo largo de la vida potencien no solo su actuación social e individual pertinente, sino el redimensionamiento de su capacidad creativa e innovadora para gestionar alternativas y crear mecanismos asociados con su crecimiento personal.

En estos términos, la construcción de un mundo inclusivo y entretejido por el compromiso recíproco de procurar el bienestar de la mujer como sujeto de derecho, exige del aparato institucional la construcción de acciones enfocadas en el alcance de su desempeño autónomo e independiente, en el uso de sus libertades individuales para impulsar procesos de superación tanto de las desigualdades como de la exclusión y la discriminación; esto implica esfuerzos sinérgicos que ayuden a la mujer a cultivar su ser y el hacer, como dimensiones que conduzcan a su empoderamiento para participar de la edificación de un nuevo orden social que superpongan el respeto por su integridad moral como valor garante del desempeño efectivo de su personalidad.

Lo expuesto como parte de las metas propuestas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 5, exige del aparato institucional la construcción de escenarios socialmente justos, entretejidos por el reconocimiento paritarios y equitativo en los que la mujer alcance no solo la liberación de su potencial, sino la apropiación de los recursos y mecanismos necesarios para trascender hacia la realización humana plena que le permita satisfacer sus requerimientos, gestionar con autonomía sus necesidades y desplegar sus capacidades con enfoque hacia la consolidación de su calidad de vida.

En consecuencia, procurar la construcción de posibilidades reales de inclusión social efectiva como parte de su desarrollo humano sostenible de la mujer, exige ampliar las oportunidades presentes y futuras en un intento por lograr la superación de las carencias, así como las limitaciones que históricamente han reducido las esperanzas cimentadas sobre el buen vivir. Entonces, garantizar el desenvolvimiento pleno de la mujer en cualquier dimensión de la vida social requiere del aparato institucional el viraje estratégico hacia la búsqueda de la estabilidad multidimensional, como el proceso que involucra el cumplimiento del proyecto de vida personal y la concreción de los intereses individuales.

Esto debe entenderse como el resultado de la diversificación del funcionamiento personal que fundado en las libertades sustanciales le permita a la mujer acceder a determinados modos de vida; este énfasis en el funcionamiento se precisa como prioridad el enfoque de las capacidades que involucran adoptar una u otra alternativa que derivada de la instrumentación del sentido crítico coadyuven en el potenciación de acciones, así como en la trascendencia hacia nuevos esquemas de crecimiento integral y de desarrollo que instrumentados redunden en la realización plena.

En síntesis, consolidar el empoderamiento de la mujer como requerimiento para potenciar su desarrollo humano sostenible y digno, exige reforzar el sentido de la vinculación con los asuntos públicos a través de la ampliación de los mecanismos de participación social justa y equitativa; como condiciones que necesarias para superar las carencias y las privaciones a las que históricamente ha sido sometida. Esto implica para el aparato institucional el acompañamiento sistemático que impulse en la mujer procesos de inclusión que la visibilicen, integrándola en los esquemas productivos, económicos, políticos y sociales de los que depende la configuración de posibilidades reales que le faculten y le hagan competente para enfrentar la lucha por su bienestar, el alcance de su realización y la consolidación de su autonomía.

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