1 Introducción¹

El ecoturismo es una propuesta global de las políticas ambientales promovidas en espacios rurales para mantener modos de vida y como estrategia de protección de la biodiversidad en áreas naturales protegidas (ANP). Sin embargo, en ello confluyen distintos actores sociales, intereses y estrategias diferenciadas de apropiación del territorio que han derivado en conflictos territoriales por el traslape de ANP con los territorios indígenas (Villalba, 2016), que imponen limitaciones a las poblaciones locales sobre el acceso, uso y manejo de los recursos naturales debido a políticas ambientales y/o autoridades que centralizan la administración de los proyectos ecoturísticos (Wang et al., 2012). El ecoturismo también ha sido analizado desde la geografía política, la conflictología y la ecología política como una herramienta de control territorial y como mecanismo de resistencia o defensa territorial frente a empresas extractivas como las mineras, madereras y petroleras (Carpentier, 2014; Latorre y Walter, 2016). Incluso, ha logrado ser un instrumento eficiente para abatir las prácticas de invasión y cacería furtiva en las áreas protegidas a nivel mundial, al incentivar a través de apoyos financieros y políticos, la conformación de vigilancia comunitaria anti‑caza furtiva o antipoaching patrols para la preservación de las poblaciones de fauna silvestre y de sus hábitats, mucha de ellas consideradas como especies banderas, amenazadas o en peligro de extinción (Buckley, Morrison y Castley, 2016).

Este artículo analiza un conflicto territorial que surge de la problemática de la cacería no regulada y el proceso de resistencia de una cooperativa ecoturística en el ejido Silvituc, Campeche, México, que defiende su territorio y los recursos faunísticos en él contenidos de cazadores furtivos provenientes de ejidos aledaños y del funcionamiento irregular de una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, identificada por el gobierno mexicano como UMA (y para sintetizar la llamaremos Unidad de Manejo), un programa que se implementó en el año 1997 como estrategia nacional para la gestión sostenible de la vida silvestre y alternativa de desarrollo económico en las áreas rurales del país. El proceso que se analiza aquí es el de la conflictividad entre la organización ecoturística y grupos de actores locales y de la región peninsular, cuyo eje de confrontación radica en las distintas concepciones que las partes en tensión han forjado en torno a un espacio selvático que forma parte de los perímetros ejidales de Silvituc, conocida con el nombre oficial de Ampliación Forestal (AF) y que es un enclave en el Área Natural Protegida de Balam‑Kú. Con el enfoque del conflicto territorial se analizan los procesos sociales y las relaciones de poder que surgen de las diferentes territorialidades que están en confrontación por la apropiación de la naturaleza y del territorio. Esto se pone de relieve al estudiar los efectos ocasionados por la superposición e incompatibilidad de territorialidades manifiestas en discursos y prácticas de conservación/extracción: ecoturismo versus cacería no regulada.

2 Conflicto territorial

El conflicto por el territorio se asocia frecuentemente con el control de los recursos naturales, al ser esta una cuestión vinculada a la satisfacción de necesidades, por lo cual conlleva al enfrentamiento de dos visiones que comúnmente operan en la apropiación de la naturaleza: el acceso al aprovechamiento y la discordancia en la forma de su uso, que son los que potencian un escenario beligerante (Orellana, 1999). Esto presupone que cualquier bien o recurso natural que sea finito (o de interés para el mercado) como el agua, la tierra y el bosque, puede convertirse en el componente más codiciado del territorio y por tanto en el motor de una disputa entre varios actores (Buckles, 2000). El fenómeno del territorio como objeto de disputa ha sido abordado desde la ecología política (Leff, 2014), geografía política (Porto Gonçalves, 2001), antropología del territorio (Ther, 2012) y la sociología rural (Wahren, 2012), al estar relacionado intrínsecamente con los procesos de relaciones de poder y de apropiación social de los recursos naturales. Las territorialidades como fenómeno subjetivo con implicaciones en la materialidad de la existencia se asocian al reconocimiento, invención o reinterpretación de identidades, sean endógenas o atribuidas (Hoffmann, 2007).

La territorialidad puede ser definida como la estrategia de un individuo o de un grupo de influir o controlar recursos y personas, delimitando y ejerciendo el control sobre un área específica, la cual se llamará territorio (Sack, 1983: 56). La territorialidad es precisamente la base y el componente de poder en un territorio por el cual nosotros experimentamos el mundo y damos a él significado, por lo que el territorio es construido socialmente por el proceso de territorialidad mediante el comportamiento, el conjunto de prácticas y la suma de las relaciones mantenidas de un agente con los demás actores. El territorio es un espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder (Ther, 2012; Wahren, 2012). El territorio, es al mismo tiempo, una convención y confrontación donde se generan ritmos, comportamientos o territorialidades particulares que chocan, por lo que al hablar de él siempre estaremos hablando implícitamente también de dinámicas y conflictos. Más que un espacio geográfico, el territorio está cargado de sentidos, formas de ser rehabitado y reconstruido, y es esta multiplicidad de usos y sentidos la que se expresa en muchas ocasiones a modo de disputa territorial (Wahren, 2012: 135).

Estas dinámicas y procesos se han expresado como conflictos ambientales, sociales, étnicos, aunque asentados en el interés por el territorio (Porto Gonçalves, 2001). Es por esta razón, que los conflictos territoriales constituyen una confrontación de racionalidades territorializadas, valores, intereses y prácticas en las que se despliegan estrategias de poder por la apropiación social de la naturaleza y en la construcción de territorios de vida (Porto Gonçalves, 2001; Leff, 2014). Lo que está en juego es un choque o disputa de sentidos en la construcción social del futuro del planeta y de la humanidad: por un lado, el proceso de intervención tecno‑capitalista/científico‑tecnológico‑económica de la vida, la mercantilización de la naturaleza y la modernización ecológica; por otro, la territorialización de la racionalidad ambiental, la reapropiación social de la naturaleza y la construcción de sociedades sustentables fundadas en las diversas condiciones ecológicas, culturales y simbólicas de los pueblos de la tierra (Leff, 2014: 320 y 323).

3 La caza y el ecoturismo como mecanismo de protección ante la cacería furtiva

La caza de subsistencia y la deportiva, sobre todo cuando son furtivas, se consideran las formas más comunes de extracción y aprovechamiento de fauna silvestre en los bosques tropicales a nivel mundial (Fa et al., 2013). La cacería furtiva la definimos como una práctica de ingreso no legal de cazadores a las Áreas Naturales Protegidas afectando significativamente la función de estas como resguardo de la biodiversidad (Dobson y Lynes, 2008; Harrison, 2011). Este tipo de cacería que aparentemente se practica a “pequeñas escalas”, ha tenido efectos ambientales directos de gran envergadura al ubicarse en la mayoría de los casos, como el segundo factor de impacto a la biodiversidad en el mundo (Naranjo et al., 2009). Junto a las amenazas derivadas de la deforestación y la pérdida del hábitat, la extinción de muchas especies de mamíferos, especialmente las más sensibles (primates, ungulados o paquidermos), podría producirse debido a un cúmulo de desapariciones locales provocadas por la creciente presión cinegética en las selvas tropicales de América, África y Asia (Fa et al., 2013). A largo plazo, ello podría ocasionar el empobrecimiento de los bosques o el efecto del “síndrome del bosque vacío”, lo cual se refiere a áreas boscosas que se han agotado de sus poblaciones de animales por la incontrolada caza furtiva, ocasionando cambios en la dinámica y estructura de las masas forestales debido a la pérdida de especies dispersoras de semillas y controladoras de vegetación (Redford, 1992).

Sin embargo, a pesar de que la cacería furtiva sigue representando una amenaza para la biodiversidad, sus efectos continúan siendo variables y apenas comienzan a documentarse (Naranjo, López‑Acosta y Dirzo, 2010; Fa et al., 2013). En lo que respecta a su análisis desde las ciencias sociales, la antropología en la rama de la etnografía cinegética define al fenómeno sociocultural de la caza y sus implicaciones medioambientales, económicas y sociales, como una serie de elementos polisémicos, derivados de la concepción relativa que tienen los actores involucrados en la misma (Sánchez, 2006; 2010). Sobre las estrategias que han surgido para mitigar la cacería no regulada, el ecoturismo aparece como una herramienta eficaz de conservación y protección de especies de animales bajo amenaza o en peligro de extinción, específicamente en países en desarrollo, donde las áreas de conservación carecen de los fondos suficientes para su gestión operativa real (Buckley et al., 2012; Buckley, Morrison y Castley, 2016).

El ecoturismo ha sido útil para generar incentivos políticos y económicos e impulsar mecanismos directos en la gestión de la conservación y protección de la fauna silvestre, tales como: la creación de reservas privadas; cambio de uso de tierras comunales para la conservación; financiamiento público para los parques nacionales; restauración y reducción de daños en el hábitat; cría en cautividad, servicio veterinario y suplemento alimenticio; así como en la conformación de patrullas anti‑caza furtiva (Buckley, Morrison y Castley, 2016: 4). El objetivo y la importancia de proteger las especies de fauna amenazadas o en peligro de extinción es una estrategia económica viable, ya que los beneficios económicos obtenidos del ecoturismo podrían compensar o eliminar la caza furtiva (Buckley, Morrison y Castley, 2016; Naidoo et al., 2016).

En México, la caza representa después de la destrucción del hábitat el segundo factor de más impacto, aunque en algunos casos particulares surge como el factor de mayor afectación por su aprovechamiento como fuente de alimento, pieles, plumas, huesos, aceites, pigmentos, sustancias medicinales y otros materiales que se consumen o comercian localmente (Naranjo et al., 2009; Naranjo, López‑Acosta y Dirzo, 2010). En el país a pesar de que son pocos los casos sobre los grupos organizados en la defensa de la vida silvestre, existen los Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) para la prevención de ilícitos y protección de especies (PROFEPA, 2017), sin embargo, éstos tipos de programas han tenido recursos y cobertura limitada.

4 Traslape de tierras ejidales de uso común, ANP y la cacería no regulada en Campeche

En México, el 53% de la vegetación primaria y secundaria se encuentra en propiedad social y, en las ANP, el 62% de esta vegetación se ubica en ejidos y en bienes comunales, de ahí la importancia también de analizar cómo aprovechan los núcleos agrarios sus recursos naturales (Bunge, 2012: 3). En la península de Yucatán, el estado de Campeche es el que tiene la mayor superficie territorial de reservas naturales y una de las redes de ANP más extensas del país (Benítez y Villalobos‑Zapata, 2010: 589), pero poseer grandes extensiones de tierras ejidales traslapadas en estas áreas protegidas ha sido un rasgo particular del territorio campechano. En Campeche existen ocho reservas naturales que en su conjunto conforman alrededor de 2, 342, 118 ha que representan más del 41% de la superficie estatal (Villalobos‑Zapata, 2010: 580) y la tenencia de la tierra en su forma ejidal es significativa, al contar con 382 ejidos y nuevos centros de población ejidal creados por la Reforma Agraria en el siglo XX; los cuales constituyen 3, 137, 984 ha, es decir, el 52.57% del territorio estatal (Pat y Cantún, 2010: 71‑72). A partir de éstas cifras, 80 núcleos agrarios, que equivalen a 1, 333, 526 ha de tierras ejidales, se ubican parcial o totalmente en alguna ANP representando con ello el 56. 94% de la superficie protegida del estado (Argüelles et al., 2007: 138‑148).

Empero, se ha reportado que una de las debilidades de estas áreas protegidas es la deficiencia en su vigilancia, lo cual ha propiciado el cambio de uso de suelo y los conflictos agrarios, por la expansión de la frontera agropecuaria, tala, caza furtiva, invasión para asentamientos humanos irregulares y extracción de recursos maderables, específicamente en la Reserva de la Biosfera de Calakmul y en las reservas estatales de Balam‑Kin y Balam‑Kú (Villalobos‑Zapata, 2010: 585). En estas ANP se practica caza de subsistencia y deportiva. La primera ejercida básicamente por actores locales; la segunda sucede en un esquema de contratación entre actores que pueden ser locales o del resto del país e incluso del extranjero. Tanto una como otra de las prácticas puede estar sujeta a una interpretación formal de las leyes como ilegal (furtiva) o legal (regulada). Para determinar ello se deben cumplir requisitos diversos: respeto de perímetros donde puede ser permitida; respeto de calendarización de vedas; cumplimiento de un contrato legal; no cazar especies prohibidas, como el jaguar. Las Unidades de Manejo con vocación de caza en diversas ocasiones han presentado anomalías en alguno de estos términos sobre las reservas naturales mencionadas (Rendón y Villalobos‑Zapata, 2010: 550; CONABIO‑SEMARNATCAM, 2016: 117). Esto ha sido propiciado por la ausencia de mecanismos prácticos de vigilancia con presencia permanente.

5 Metodología

Para identificar a los actores sociales y sus territorialidades en conflicto, se usó el método cualitativo con técnicas de investigación etnográfica. Entre febrero y agosto de 2016 se aplicaron entrevistas semiestructuradas y encuestas (Bryman, 2001) a 25 socios organizados como cooperativa ecoturística, a seis ejidatarios ancianos no socios y a la organización ambiental Dimensión Natural S.C. La recolección de los datos consistió en captar los intereses y la percepción que estos actores tienen sobre la protección de la fauna silvestre, así como del conflicto en relación a la cacería (deportiva o furtiva) no controlada ocurridas en la AF de Silvituc y lo que significa para aquellos que este territorio esté enclavado en el ANP de Balam‑Kú. Asimismo durante el trabajo de campo y por ser el primer autor de este texto originario de la región, se realizaron visitas en los ejidos de los cazadores furtivos por invitación de parientes y amistades a diversos eventos sociales (fiestas infantiles, bodas, graduaciones escolares, etc.), en las que se aprovechó a tener conversaciones informales con los infractores para evitar coartar o tergiversar sus discursos sobre la concepción que tienen de la AF en torno a la montería.

Desde esta perspectiva del conflicto territorial, se definieron cuatro categorías de análisis: operativos de vigilancia; cacería no regulada; traslape de territorialidades; y actores externos en la conservación de la AF‑ANP. Ahora para el registro de la superposición de las territorialidades, nos enrolamos como observadores participantes en las actividades de la cooperativa en sus servicios ecoturísticos y en la vigilancia anti‑caza furtiva que realizaban en su territorio forestal, para identificar aquellos espacios o atractivos naturales vinculados a las prácticas cinegéticas y con el ANP. Para determinar lo anterior, se georreferenció con GPS los sitios para proyectarlos en las capas cartográficas digitales de las tierras ejidales y del área protegida de Balam‑Kú, con datos que fueron obtenidos del Sistema de Información Geográfica del Registro Agrario Nacional, del Programa de Conservación y Manejo de la reserva estatal (SECOL, 2009) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Campeche (SEMARNATCAM).

6 Características y localización de la zona de estudio

El ejido Silvituc se localiza en el municipio de Escárcega y su Ampliación Forestal de 54, 222 ha, está enclavada en el ANP de Balam‑Kú adyacente a la Reserva de la Biosfera de Calakmul en el sureste de Campeche (Mapa 1). La localidad está integrada por 69 ejidatarios con una población mestiza e indígena de 803 habitantes (INEGI, 2015), originarios de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Distrito Federal y Michoacán, dedicados a la agricultura, ganadería, pesca, jornaleo, comercio y a la apicultura. La Ampliación Forestal de Silvituc es un bien comunal que forma parte de los remanentes más significativos de la Selva Maya en buen estado de conservación y es considerado como uno de los 125 núcleos agrarios a nivel nacional con muy alto potencial de servicios ambientales (Reyes et al., 2012: 151 y 153). Además, la región de Silvituc posee el cuerpo de agua más grande en el interior del estado conocida como Laguna Noh o Laguna Silvituc que se conecta a su vez con otras lagunas, aguadas y a un arroyo de gran relevancia por ser sitios de anidación de aves migratorias y reservorios de agua para mamíferos, reptiles y anfibios en periodo de sequía (Comunicación personal, Santiago Gibert, 2016). Esta zona forestal y lacustre es considerada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), como una Región Terrestre Prioritaria (RTP) denominada “RTP‑151 Silvituc‑Calakmul”, por ser justo el inicio de las selvas más extensas y el hábitat de las mayores poblaciones de muchos vertebrados o especies de fauna amenazadas y en peligro de extinción en el país (Arriaga et al., 2000: 577‑580), hasta hoy poco explorado.

7 Resultados

7.1 Una breve cronología territorial: los actores sociales y el escenario conflictivo

La investigación etnográfica reveló la existencia de cuatro actores en la Ampliación Forestal: una facción de siete socios de la cooperativa ecoturística que conformaron una cuadrilla de vigilancia anti‑caza furtiva; los ejidos de Altamira de Zináparo y de Chan Laguna, de donde proceden los cazadores furtivos que ingresan a la AF de Silvituc; una Unidad de Manejo con vocación de caza deportiva ubicada dentro del perímetro de la AF que es administrada por un empresario y político campechano externo a los ejidos; y Dimensión Natural S.C. La génesis del conflicto territorial en Silvituc ha devenido desde su origen histórico con la apropiación diferencial que estos actores han hecho del territorio. La implementación de la política de colonización (1964‑1980) en el sur de Campeche aprovechó tierras disponibles para impulsar el desarrollo del campo mexicano, propiciando la fundación de nuevos centros de población ejidal por campesinos mestizos originarios del centro y norte del país, lo cual contrajo cambios del uso del suelo por la deforestación al introducir la agricultura y la ganadería extensiva y el uso extractivo de la vida silvestre (Mendoza, 2009). Debido a los efectos de la expansión de estas actividades antropogénicas que fragmentaron la Reserva de Calakmul, se decreta en el 2003 el Área Natural Protegida Estatal de Balam‑Kú como un mecanismo para revertir este proceso de fragmentación (SECOL, 2009). Igualmente, se establecen las Unidades de Manejo bajo contrato de usufructo de las Ampliaciones Forestales (CONABIO‑SEMARNATCAM, 2016: 117) que beneficiaron al sector privado. Posteriormente surgen proyectos ecoturísticos impulsados por el gobierno del estado (2010‑2016) a través de la gestión local de las cooperativas integradas en los ejidos y de la participación de asociaciones civiles en la investigación científica de conservación ambiental.

7.2 La cooperativa ecoturística y sus operativos de vigilancia anti-caza furtiva

Derivado de una propuesta de agentes gubernamentales, en el año de 2011 surgió en el ejido Silvituc la iniciativa por el desarrollo de un proyecto ecoturístico con el objetivo de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población local a través del aprovechamiento potencial de la laguna y de su Ampliación Forestal. En el 2013 el grupo de personas interesadas en el ecoturismo se constituyó legalmente como sociedad cooperativa ante el Estado. Sin embargo, desde sus inicios algunos socios han percibido al ecoturismo no sólo como una alternativa económica, sino que la incipiente figura jurídica de la cooperativa ha representado para ellos un aliciente que derivó en la articulación voluntaria de una cuadrilla de vigilancia para la protección de sus recursos naturales, en respuesta a la frecuente intromisión de cazadores furtivos de los ejidos de Altamira de Zináparo y de Chan Laguna, en los espacios turísticos donde realizan sus actividades de senderismo, campismo y observación de fauna silvestre.

Mapa 1
Localización del ejido Silvituc y su AF enclavada en la ANP de Balam-Kú
Elaboración propia.

Ante la omisión por parte del gobierno para regular la cacería dentro de los linderos de la Ampliación Forestal, la cooperativa desplegó operativos de vigilancia que eran realizados por dos a cinco socios durante los fines de semana. Debido a los 23 km de distancia que tenía el núcleo poblacional del ejido Silvituc a la AF, se ocupaban motocicletas para adentrarse en el área forestal o custodiar el portón que fungía como el acceso principal a la zona. Durante la observación participante con los cooperativistas, se documentó la entrada/salida de grupos de invasores compuestos por un número de entre 3 a 10 cazadores, con gente de edades que oscilaban entre 17 a 40 años de edad. Portaban trajes camuflados, escopetas, arcos y flechas, montando motocicletas montañeras o cuatrimotos, y en ocasiones cargaban con los animales cazados sobre las mismas. El propósito de esta vigilancia a través de rondines en motocicleta o a pie, era sólo de supervisar y hacer registro fotográfico con cautela de los sitios de cacería, pero no de sancionar por la posible reacción belicosa de los infractores. Más bien, era constatar con la simple inspección ocular, quiénes o qué tipo de gente eran, qué animales cazaban, los vehículos que conducían, sus horas de tránsito y los lugares específicos más frecuentados para cazar.

No obstante, las operaciones de intercepción de los forasteros se realizaban de forma más segura cuando eran grupos pequeños de dos a tres personas, o cuando el portón de entrada estaba cerrado, lo que les posibilitaba dialogar cuando aquellos bajaban de sus motocicletas para abrir la reja de la AF. Estos eran los momentos que los miembros de la cooperativa aprovechaban para cuestionarles a los furtivos sobre su identidad, el motivo de acceso a la zona forestal así como de recalcarles sobre la transgresión hacia un territorio ejidal del que no eran miembros, sus intereses comerciales con la cacería y los efectos de esta en detrimento de la fauna. En el siguiente fragmento de conversación entre un cooperativista y un cazador furtivo se externa este suceso:

“Cooperativista: ¿A dónde vas? ¿no sabes que aquí es Silvituc? […] Nosotros tenemos un territorio pa’ ca’

¿tienes algo que te pertenezca y que tengas que pasar aquí? Cazador furtivo: No, es que yo voy simplemente por un animalito para comer con mi familia. Cooperativista: vamos a suponer que hoy matas un venado para comer, y te vas acabar 60 kg en un día que te puede durar 15 días, pero y al otro día ya estas otra vez en la AF

¿Cómo está eso? Eso quiere decir que es negocio lo que estás haciendo, cazas para vender y te estas acabando la fauna. El territorio no es tuyo, pero si te metes así nada más hay gente que ya tiene su territorio –parcelas y ranchos‑ y te pueden meter un plomazo –balazo‑” (Entrevista, Mateo Hernández, Silvituc, 2016).

7.3 La cacería no regulada

7.3.1 El portón y la intromisión de los ejidos aledaños en la AF

El acceso de forasteros a la Ampliación Forestal debido a la falta de vigilancia constante, ha sido uno de los descontentos que la cooperativa ha manifestado ante el ejido y el Estado. Para tener ingreso al área forestal, en la entrada principal existe un portón enrejado con la que se tiene un supuesto control a base de cadena y candado. Empero, esta no garantizaba una regulación eficiente del tránsito de los usuarios. El ingreso de los cazadores furtivos estaba vinculada con lo laxo de las instituciones ambientales que no supervisaban el sitio, a la par con lo permisible que se presentaba uno de los miembros de la autoridad ejidal de Silvituc, quien lucraba con el acceso a los bienes comunales y con la vida silvestre, al disponer de las llaves del candado a todos aquellos que pagaban por solicitarle un préstamo o duplicado de la misma. Esta permisividad ocasionó una idea en los cazadores de que, a pesar de no ser miembros del ejido al que está adscrita la Ampliación Forestal, vieran como un derecho propio el cazar dentro de esta, al grado que en ocasiones desmantelaban por su cuenta las cadenas del portón. Algunos cooperativistas y ejidatarios expresan la situación:

“Aquí –las llaves‑ las da él –autoridad ejidal‑, pero pues ni él las tiene y sí las ha confiado a personas de otros ejidos quienes están pegados –o cerca‑ a la AF. […] entonces yo pienso que deja pasar a fulano –a cualquier persona‑ y de ahí él cobra su dinero cuando da el chance para agarrar –cazar‑ un animalito. Puede ser esa la situación, por eso no se acaba esto de que la gente entra y entra y la llave, o si no siempre están rompiendo las cadenas los tiradores –cazadores‑ cuando no quieren darle su mochada ‑dinero‑ a la autoridad ejidal” (Entrevista, Juan Pech, Silvituc, 2016).

En base a las entrevistas y conversaciones informales a profundidad, el conflicto surge a raíz de esta transgresión de su territorio al ser percibida por la cooperativa y ejidatarios como una actividad de invasión‑depredación por el acceso ilegal, la cacería no controlada y la sobreexplotación de la fauna.

Ahora, la concepción que los cazadores furtivos han tenido respecto a la AF es que éstas han sido vistas como “tierras nacionales” por ser terrenos desolados sin presencia del gobierno, y aquellos que sí lo han reconocido como propiedad ejidal comunal de Silvituc, la han percibido como un “lugar descuidado” y sin aprovechamiento por esos habitantes para la realización de turismo de aventura y de cacería deportiva. Cabe señalar que ninguno de los cazadores mencionó algo relacionado con el área protegida de Balam‑Kú, y cuando se les preguntó indicaron desconocer sobre el tema, pero sí se notó un amplio conocimiento que tienen sobre diversos sitios específicos, flora y fauna de la región. Más aún, cuando hacían mención sobre la temporada de reproducción de algunas especies de aves, mamíferos y árboles frutales que forman a su vez parte de la dieta de otros animales. También hicieron referencia de la UMA como un “mal negocio” para Silvituc, por el ingreso de cazadores extranjeros que han visto y lo poco redituable en lo económico que recibe el ejido, al rentar su área forestal para el aprovechamiento de cacería deportiva (Comunicación personal, cazadores furtivos de Altamira de Zináparo y Chan Laguna, 2016). Con esto se manifiesta la confrontación de territorialidades divergentes, una que impulsa un uso abierto a la cacería, y otra empeñada en preservar la fauna. La que impulsa la cacería no es exclusiva de los ejidos vecinos a Silvituc, sino que existen algunos ejidatarios de Silvituc que colaboran con la cacería sin regulación, lo cual complejiza las posturas, e impone idear más que una pugna laxa entre ejidos, una confrontación transversal entre grupos con territorialidades en construcción que resultan opuestas.

7.3.2 Las irregularidades de la UMA

La Unidad de Manejo que operaba en la Ampliación Forestal era otro aspecto preocupante para la cooperativa, quienes expresaban su inconformismo por el irregular funcionamiento en el manejo de la fauna silvestre y en el beneficio económico módico que éste aportaba para el ejido. El propietario y administrador de la UMA fue un personaje que ocupó puestos públicos en el gobierno de Campeche y que desde el 2003 al 2016, ha renovado contrato de usufructo de las tierras ejidales con Silvituc para el aprovechamiento cinegético. Este convenio cubría cada año un periodo trimestral (marzo‑mayo) de cacería deportiva durante la época de sequía. En esta temporada el político ingresaba a cazadores nacionales y extranjeros de poder adquisitivo a la AF, a los cuales les vendía paquetes de una estancia semanal (licencia de caza, renta de armas, cabañas, alimentación, vehículos) e independientemente de la especie de fauna que cazaran, este servicio oscilaba entre los 3 mil a 7 mil USD² por cliente.

En base a los discursos de los cooperativistas y algunos ejidatarios, el beneficio económico que la UMA pagaba era raquítico, al dejar una ganancia neta de 138 mil pesos por cada temporada de caza y una regalía de 12 mil cada fin de año para el ejido, montos que se deducía el empresario lo obtenía tan sólo en una semana o quincena de los tres meses del contrato de usufructo de las tierras ejidales (Comunicación personal, Porfirio Dzul; Guillermo Solís; Beatriz Gamboa, Silvituc, 2016). Las siguientes palabras expresan esta protesta:

“¿12 mil pesos entre 69 ejidatarios? Porque no es que diga que al siguiente mes viene el dueño de la UMA y va dejar la misma cantidad. Él mete a la AF 15 o 20 extranjeros en una semana y le pagan 10 mil por cada persona ¿cuánto le deja? Él hace un pago de un año –al ejido‑ con una sola semana de su negocio, y no es dueño del lugar” (Entrevista, David Chan, Silvituc, 2016).

Además, se publicaron en la prensa anomalías de sus actividades cinegéticas que fueron motivo de descontento, debido a que la Unidad de Manejo en el año 2013 había cometido un delito ambiental por haber permitido a un cazador estadounidense la caza furtiva de especies en peligro de extinción, suceso que fue reportado por la Procuraduría General de la República (PGR) en Escárcega (Por Esto! 3 y 4 de junio, 2013). Sin embargo, los ejidatarios ‑que en su mayoría eran seniles‑ preferían rentar su Ampliación Forestal a un precio mínimo a cambio de que los furtivos siguieran aprovechándose de sus tierras en menoscabo de la fauna y sin recibir beneficio alguno o apoyo del gobierno, lo cual favorecía que el propietario de la UMA se granjeara una amistad con los ejidatarios y con las autoridades ejidales, quienes lo percibían como un hombre generoso que respondía a los apoyos económicos y médicos.

7.4 Traslape de territorialidades: cacería furtiva-ecoturismo-UMA

El conflicto se agudizó más cuando los intereses de la Unidad de Manejo se empezaron a ver afectados también por la caza furtiva de los ejidos aledaños. A pesar de que ambos tenían la afinidad de cazar por ocio y con un fin lucrativo en los mismos espacios e iguales especies de fauna, las condiciones de acceso y apropiación del recurso eran diferentes. Esto detonó una competencia por el territorio al buscar maximizar cada quien su ganancia, sin embargo, los furtivos eran más oportunistas al ser activos también en los meses (junio‑noviembre) de lluvias fuertes, temporada cuando la UMA ya no operaba en la AF. Al respecto, a partir de las encuestas aplicadas se estimó tres variables desde la percepción de los cooperativistas: 1) el orden de importancia de la fauna local sobre su abundancia; 2) las que más han sido objeto de caza deportiva o furtiva; y 3) las áreas potenciales donde se desarrolla la práctica venatoria y que eran ocupados simultáneamente como atractivos naturales para las actividades ecoturísticas, de acuerdo a la experiencia que han tenido cada vez que han ingresado a la Ampliación Forestal.

Sobre las dos primeras variables, se encontró que las especies de fauna más abundantes eran las más cazadas, ya sea por los ejidos invasores o por la Unidad de Manejo. De este modo resultaron ser los grandes vertebrados, tanto mamíferos y aves como: el venado de cola blanca (Odocoileus virginianus), venado temazate (Mazama pandora), hocofaisán (Crax rubra), pavo ocelado (Meleagris ocellata), pecarí labios blancos (Tayassu pecari), pecarí de collar (Tayassu tajacu), cojolita (Penelope purpurascens), puma (Puma concolor) y el jaguar (Panthera onca). En la siguiente tabla se muestra el orden de abundancia de estas especies, su categoría de riesgo en peligro de extinción (P) y amenazada (A) de acuerdo a la NOM‑059‑SEMARNAT‑2010 (Diario Oficial de la Federación, 2010) y las que tienen mayor presión cinegética (Tabla 1).

Tabla 1
Especies de fauna con mayor presión cinegética

Elaboración propia en base al trabajo de campo.

Abundancia	Cazadas furtivamente (ejidos invasores)	Cazadas legalmente (UMA)
Venado cola blanca	Venados: cola blanca y temazate	Pavo ocelado
Venado temazate	Hocofaisán	Hocofaisán
Hocofaisán (A)	Pavo ocelado	Venados: cola blanca y temazate
Pavo ocelado (A)	Pecaríes: de labios blancos y collar blanco	Pecaríes: de labios blancos y collar blancoPuma
Pecarí labios blancos (P)	Cojolita	Cojolita
Pecarí de collar	Jaguar
Cojolita (A)	Puma
Puma
Jaguar

Por otro lado, los miembros de la cooperativa señalaron que específicamente las especies de mamíferos que en equivalencia tenían mayor presión de caza eran los venados (de cola blanca y el temazate) y los pecaríes (labios blancos y de collar), por la razón de que resultan más fáciles de encontrar por su tamaño y porque aportan más carne, y se aprovecha su piel, cuernos y colmillos para fines comerciales, así como parte de su carne es empleada como carnada para cazar al puma o al jaguar. Entre las aves, en orden de impacto cinegético, está el hocofaisán, pavo ocelado³ y la cojolita, pero sobre todo la segunda especie que, a la par de su valor alimenticio como el de las otras, ésta además tenía un propósito comercial por su copina al ser el ave con plumaje más iridiscente (Comunicación personal, Jorge Pacheco; Fernando Guzmán; Federico Pérez, Silvituc, 2016). Y otras que aunque no están catalogadas en ningún grado de riesgo como las dos especies de venados y el pecarí de collar, la cacería de éstas sí han tenido efectos negativos al reducir la disponibilidad de presas a los grandes depredadores como el jaguar y el puma, que terminan en conflicto con la ganadería al cambiar su dieta por animales de granja (Comunicación personal, Santiago Gibert, 2016).

Ahora bien, para el caso de 3) las áreas potenciales de cacería en la AF, éstas fueron referidas e identificadas por la mayoría de los cooperativistas como los espacios traslapados al ser apropiados tanto por los cazadores furtivos y por la UMA, pero que además ambas convergían de forma relativa con los sitios que la cooperativa usaba para las actividades ecoturísticas y/o de vigilancia. Esto configuró una superposición de las territorialidades: “cacería furtiva‑ecoturismo‑UMA”, en la que se detectó que todas ellas a su vez estaban enclavadas en alguna de las tres zonificaciones (de uso, amortiguamiento y núcleo) de la reserva estatal de Balam‑Kú, así como el conocimiento que los cooperativistas y ejidatarios de Silvituc tenían de estos actores sociales, sus prácticas y límites de estos espacios ocupados. Durante los recorridos realizados con la cooperativa en sus funciones como guía de turistas y como salvaguardas, se exploraron distintos parajes al mismo tiempo que se hacía registro fotográfico de estas y de sus coordenadas geográficas con un GPS.

Con el uso de los datos oficiales del Sistema de Información Geográfica del Registro Agrario Nacional y del Plan de Manejo de la ANP, se identificaron cuatro áreas potenciales de cacería (APC) que configuraban los principales traslapes en el territorio forestal, los cuales estaban territorializados en dos estratos: en a) sitios específicos de cacería (SEC) y en b) puntos de pernoctación de cazadores furtivos (PPCF) (Mapa 2). Con los puntos de pernoctación hago referencia a los lugares fijos que los cazadores ocupan para vivaquear por varios días, y los sitios específicos de cacería como aquellas zonas de influencia, en las que los furtivos se desplazan para cazar en una cobertura que oscila entre los 300 m a 2 km en torno a los PPCF. Ambos aspectos fueron referidos y constatados por los cooperativistas y por observación personal.

Mapa 2
Localización de traslapes de territorialidades en la AF de Silvituc
Elaboración propia en base al trabajo de campo en la AF y al Sistema de Información Geográfica del Registro Agrario Nacional y del Plan de Manejo de la ANP de Balam‑Kú (SECOL, 2009).

En las cuatro APC se hallaron generalmente cartuchos de escopeta calibre 12, 16 y 20 dispersos en el suelo, que estaban vinculados a los Puntos de Pernoctación de Cazadores Furtivos con fogatas apagadas, botellas de plásticos y de vidrio, latas de aluminio, rastros de osamenta, desplumes de distintas aves, pelos de mamíferos y restos de sus extremidades descuartizadas en estado de putrefacción o inclusive encuentros directos con los cazadores. A continuación se describen estas Áreas Potenciales de Cacería con los lugares, actividades y actores que han interactuado en la zona forestal y en la reserva estatal (Tabla 2).

Tabla 2
Caracterización territorial de los APC

Elaboración propia en base a la observación participante en la vigilancia anticaza furtiva.

APC	Actores sociales, actividades y sitios específicos	ANP de Balam-Kú
1	En esta área existe la zona arqueológica "El Yesal", que es apropiada por la cooperativa para sus servicios ecoturísticos y de vigilancia. Asimismo se identificó tres letreros que señalan el comienzo del territorio ocupado por la UMA y la presencia de cazadores extranjeros con personal de ésta empresa, así como tres SEC y cuatro PPCF.	Zona de Uso
2	Aqui se localiza "Puente Nevares", un antiguo campamento maderero a la orilla de El Arroyo en los limites de la AF del ejido Luna, que es visitada con frecuencia por la cooperativa para sus fines recreativos y de vigilancia. También existe un letrero y dos palapas de la UMA, una de ellas que sirve como un PPCF y en ocasiones es ocupada por la cooperativa. En esta área se visualizó de manera presencial a grupo de cazadores furtivos del ejido Chan Laguna. Se registró osamentas y extremidades desarticuladas de fauna en estado de putrefacción adyacentes a otro PPCF.	Zona de Uso
3	Se registró un paraje denominado "Aguada de Reforma" (un cuerpo de agua formado por la precipitación), que es un sitio favorito y visitado por la cooperativa, pero también es un PPCF por ser una fuente liquida vital para la fauna durante la estación de seca.	Zona de Uso
4	Esta es otra zona importante ya que se encuentra un letrero de la UMA, parte importante de El Arroyo, las palapas ecoturísticas de la cooperativa y un dormidero del zopilote rey (Sacoramphus papa). No se avistó la presencia de cazadores ni PPCF, pero si se halló un SEC.	Zona Núcleo

Por otro lado, estas territorialidades incidían en como los Silvituceños percibían su territorio forestal dentro del área protegida, pero sin presencia de las instituciones estatales en su vigilancia. En las entrevistas a los cooperativistas y ejidatarios, expresaron su inconformismo por no ser tomados en cuenta para la creación de la ANP asociada a la incertidumbre parcial o total que han tenido sobre la existencia de ésta en sus tierras ejidales comunales. Sólo se tenía conocimiento de unas 10 mil ha de la Ampliación Forestal que el Estado incluía en la Zona Núcleo II, pero los ejidatarios desconocían sus verdaderas delimitaciones por lo que negaban con rotundo un documento oficial que así lo estipulara (Comunicación personal, David Chan; Pedro Contreras; Humberto García, Silvituc, 2016).

“Hoy en día el gobierno ha dicho aquí vamos a hacer una Reserva –o la ANP de Balam‑Kú‑ la cual nosotros no tenemos un documento donde hayamos firmado y recibido notificación ni un beneficio. Entonces, el que se está beneficiando es el gobierno para poder sacar dinero de otros países, el cual no le han dado ningún peso –o dinero‑ al ejidatario. El gobierno es el que se beneficia y a nosotros nos afecta porque ni cuidan ni nos dejan cuidar, no la tienen ni delimitada, ni la protegen, ni nada –a la ANP‑. Entonces no puede decir –el gobierno‑ que tiene ‑el ANP‑ porque nosotros para que se haga tenemos que tener conocimiento de que hay un área protegida… y esto va para el gobierno… ¡ah! Esta no es un área protegida ¿quién la protege? ¡Nadie! […] Para mí es un ¡área natural desprotegida! Porque está saqueada por donde quiera y eso se debe al mal funcionamiento que está haciendo el gobierno del estado de Campeche […] la UMA inclusive la tienen dentro de la supuesta área protegida ya que ahí también se va a cazar y saquear madera […] el área se delimita para conocer hasta dónde llega […] y ellos –el gobierno‑ no lo tienen, no hay ni una brecha –abrir caminos con señaléticas‑. Lo tiene tal vez por satélite, pero que digas, vayas al monte y encuentres una brecha que lo señale no lo hay […] por eso yo no le tengo firmado a Balam‑Kú, no lo conozco” (Entrevista, Humberto García, Silvituc, 2016).

7.5 Dimensión Natural S.C., y la conservación del zopilote rey, la AF y el ANP

Durante el conflicto por la cacería no regulada en la Ampliación Forestal, Silvituc empieza a tener visibilidad por Dimensión Natural S.C., una organización ambiental que ha trabajado en la investigación científica y proyectos de conservación de rapaces neotropicales a través del Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). El director y representante de esta sociedad civil, el fotógrafo conservacionista catalán Santiago Gibert Isern, llega en el año 2014 al ejido Silvituc interesado en contactar a la cooperativa y en realizar una expedición fotográfica del zopilote rey (Sarcoramphus papa), un ave exótica y en peligro de extinción en México (NOM‑059, Diario Oficial de la Federación, 2010). El hallazgo de esta investigación reveló el descubrimiento de una población prominente de esta especie en una selva en buen estado de conser‑ vación, al haber documentado el dormidero y el área reproductiva del zopilote rey más grande hasta ahora registrada en el país (Gibert y Monroy, 2015: 89). No obstante, también exploraron otras áreas de la AF con desmontes, trampas de cacería, PPCF, SEC, cazadores furtivos, personal de la UMA y sin señaléticas de la zonificación del ANP.

Ante tales circunstancias, Dimensión Natural S.C., propone a la cooperativa iniciar la gestión de un proyecto de conservación enfocada a la conformación de un grupo de monitoreo biológico y otra de vigilancia comunitaria, pero con presencia constante en una “Estación de Conservación” o una infraestructura donde sirva como base de investigación científica y para el ecoturismo. Lo anterior garantizaría la protección no sólo del zopilote rey sino a las demás especies de fauna y de sus hábitats, consideradas dentro del PROCER como prioritarias y en peligro de extinción, que fueron registradas por observación directa y fototrampeo por la organización ambiental en la que constataron una alta presencia de pecarí labios blancos, tapir (Tapirus bairdii) y de jaguar en el área forestal (Comunicación personal, Santiago Gibert, 2016). Estas estrategias de conservación serían viables si la presencia y la vigilancia permanente del sitio se realizarán con la participación integral de la cooperativa ecoturística, de los agentes estatales y las instituciones académicas, para afianzar la protección del sitio. La investigación a largo plazo de científicos en la zona generaría información útil para el manejo y conservación, lo que ayudaría a convertirse a su vez junto con el apoyo central de una cuadrilla de vigilancia ejidal, en un componente sustancial de disuasión ante los cazadores furtivos.

8 Discusión

La cacería furtiva y deportiva sin control practicada por ejidos aledaños y la Unidad de Manejo, respectivamente, han expresado una territorialidad y una modalidad de caza no regulada en la Ampliación Forestal de Silvituc, por lo que han hecho que este territorio se presente como un “acceso abierto” de recursos faunísticos, al situarse como un punto de inflexión sobre lo que nos plantea “La tragedia de los comunes” (Hardin, 1968). Este enfoque explica cómo el acceso sin restricciones o regulación a un recurso “comunal” finito conduce a su sobreexplotación y al agotamiento por el aumento desmedido en su demanda. Una de las críticas más severas a esta perspectiva, es que parece haber confundido situaciones de propiedad común con situaciones de acceso abierto, es decir: “propiedad común no es propiedad de todos” (Ostrom, 2000: 335‑336). Sin embargo, este axioma parece ser una paradoja para el caso de Silvituc, ya que a pesar de que el área forestal es propiedad ejidal de uso común o perteneciente a un grupo delimitado de ejidatarios con derecho legal de excluir aquellos que no forman parte de la membresía; el acceso, uso y el manejo de ésta no era exclusivo para los silvituceños debido al vacío funcional del Estado y a lo laxo de la autoridad ejidal, al no regular y salvaguardar la AF‑ANP como espacios superpuestos con doble sustrato jurisdiccional.

Por tales deficiencias, lo anterior daba margen amplio a estructuras de poder que se desplegaban en torno al control de la AF a través de la territorialidad cinegética, que se presentó como un componente inserto ad hoc de aprovechamiento crematístico dentro del territorio. La mirada etnográfica permitió identificar la posición “autócrata” de un miembro de la autoridad ejidal, por tener tratos no autorizados por la asamblea ejidal con los cazadores furtivos por el acceso y uso potencialmente ilegal de la fauna silvestre, así como la Unidad de Manejo que promovía una cacería deportiva no controlada y sin beneficio económico equitativo para el ejido. Ambas territorialidades operaban como mecanismos de peaje de acceso, extracción y explotación de los recursos faunísticos. A estos tipos de ejercicio de control de los recursos naturales es lo que se les ha considerado como “dispositivos expropiatorios”, al ser estrategias utilizadas por las empresas, gobiernos y caciquismos para instalar la lógica del modelo extractivo en los territorios (Composto y Navarro, 2014). La Unidad de Manejo como instrumento expropiatorio, figuró como empresa y política pública que era respaldada por el gobierno al conferirle legalidad institucional para efectos de contrato de usufructo de las tierras ejidales, lo que daba apertura a una mercantilización del territorio forestal con fines cinegéticos. Por su parte, la autoridad ejidal expresó un cacicazgo y el clientelismo local con respecto a la fauna silvestre, por ser un intermediario en el momento de establecer las relaciones comerciales con los furtivos.

Todo lo anterior, configuró una tensa conformación de territorialidades que tuvo efectos de presión cinegética y de conflictos en el territorio, entre la competencia de la Unidad de Manejo y cazadores furtivos por la apropiación de los mismos recursos espaciales y faunísticos, así como la defensa de estos a través de prácticas ecoturísticas y de vigilancia de una cooperativa ante esta cacería no regulada. En Francia y España, este tipo de caza ha sido documentada como conflicto territorial por la confrontación de intereses afectados por la misma actividad venatoria, entre habitantes locales frente a cazadores urbanos, entre cazadores y agricultores o ecologistas (Bozon, 1982: 336‑340; Sánchez, 2010: 20). Estos estudios antropológicos han marcado la importancia de dilucidar a partir de la etnografía cinegética, qué es la caza, porqué se caza y qué es ser cazador, para analizar cómo se construyen estas categorizaciones a través de la percepción que tienen entre los propios cazadores sobre el territorio y la imagen del cazador, con el objetivo también de examinar sus impactos socioambientales, económicos y políticos de la actividad venatoria (Sánchez, 2006; 2010).

Por otro lado, el conflicto territorial por el ANP de Balam‑Kú estaba vinculado a la falta de definición de los límites de su poligonal y en el parcial o nulo conocimiento de las tres zonificaciones de ésta por todos los usuarios de la Ampliación Forestal. Este hecho ha generado el descontento de los silvituceños de no ser tomados en cuenta por el gobierno cuando se decretó la reserva natural, pese a que la AF representa el inicio de la Zona Núcleo II donde posee remanentes de selva alta subperennifolia, un arroyo, aguadas, dormideros del zopilote rey y otras especies de fauna en peligro de extinción. Esta situación es la que se ha denominado como la “creación inconsulta” de las ANP y su traslape con territorios indígenas, campesino y afroamericanos, que han provocado frecuentes conflictos socioambientales en las dos últimas décadas en varios países de América Latina y a nivel mundial (Bertrab, 2010: 56; Wang et al., 2012: 255; Caro y Gómez, 2016: 111). El punto es que esta superposición se constituye en un modo en que los Estados nacionales privan a las poblaciones locales de sus derechos y el control de su territorio, los recursos naturales y a la autodeterminación, por lo que este hecho ‑sumado a otros factores‑ ha desarrollado movilizaciones sociales reivindicatorias (Villalba, 2016: 19).

En México, las ANP han sido acciones gubernamentales que no han respondido a las necesidades sociales, culturales y económicas en el contexto de las tierras ejidales, debido a la restricción de actividades, la carencia de recursos financieros y materiales en la puesta en marcha de programas, así como de proyectos dentro de estas áreas protegidas y la carencia de incorporación de las perspectivas de los habitantes locales en la toma de decisiones (Bertrab, 2010). En Campeche, las deficiencias de las reservas estatales han sido por la coordinación institucional en la vigilancia de su cobertura (Villalobos‑Zapata, 2010: 585). En lo particular, esta situación ha sido considerada con el mote de “áreas protegidas de papel” (De la Maza, 2010: 13 y 214) al existir con decreto por escrito, pero sin los recursos humanos y financieros gubernamentales necesarios para su operación. En México, han planteado a las “Estaciones de Conservación” como otra de las estrategias de conservación ambiental in situ o la presencia de “investigación a largo plazo” en zonas que tienen alta biodiversidad y que se encuentran amenazadas por diversas actividades antropogénicas (De la Maza, 2010).

A nivel mundial, se ha reportado que la estancia a largo plazo de científicos en las reservas naturales ha reducido o erradicado la presión cinegética, la invasión, la tala ilegal y la degradación de los ecosis‑ temas tropicales en países en desarrollo (Laurance, 2013). Aunado a esto, la eficacia de los operativos de vigilancia anti‑caza furtiva se han caracterizado por incluir monitoreo con patrullas, camping, rutinas de barrido o a pie y movilización de redes de informantes con equipos de radio y vehículos. Estas medidas determinan la probabilidad de detectar, interceptar, detener y arrestar a los cazadores furtivos directamente en el campo y bajo procedimiento legal (Nath, 2013: 28). Además, el apoyo de la militarización ambiental, uso de nuevas tecnologías de mapas digitales y aviones piloteados remotamente o drones para monitorear a la fauna silvestre y rastrear a los cazadores furtivos, han sido otras de las alternativas eficientes (Lunstrum, 2014). En México, y específicamente en Campeche, no se cuenta con los recursos tecnológicos sofisticados y tampoco existe una eficiente cogestión inter‑institucional con las poblaciones locales para combatir la cacería furtiva y en la vigilancia constante de las ANP.

Empero, para el caso de la Ampliación Forestal de Silvituc, su capital espacial‑natural ha comenzado a ser valorizado por los actores locales y externos como lugares claves que marcan un territorio que son construidos simbólicamente a través del discurso y de prácticas de la conservación ambiental. La selva, el arroyo y el dormidero del zopilote rey, configuran un todo “geosímbolo” como señala Bonnemaison (en Giménez, 1996: 14): “un lugar, un itinerario, una extensión o un accidente geográfico que por razones políticas, religiosas o culturales revisten a los ojos de ciertos pueblos o grupos sociales una dimensión simbólica que alimenta y conforta su identidad”. Estos elementos bioculturales han sido vitales para la construcción de una identidad en resistencia de la cooperativa ecoturística, al formar parte de su imaginario y acción colectiva en coalición con Dimensión Natural S.C., con quienes sostienen el interés y el objetivo por la conservación y protección vía ecoturismo e investigación científica de la AF‑ANP. Todo esto, les ha creado un aliciente para seguir luchando en la defensa de su territorio y en su patrimonio natural.

9 Conclusiones

El traslape de territorialidades entre el ecoturismo y la cacería no regulada definió un conflicto territorial que se matizó en un conflicto cinegético, intra e inter ejidal y con el Estado. El modus operandi de la cooperativa ecoturística a través de prácticas de vigilancia anti‑caza furtiva expresó una territorialidad en resistencia por la defensa de su territorio y de su fauna silvestre, por lo que el ecoturismo se les ha presentado en una viabilidad estratégica de reapropiación social de sus recursos naturales y de defensa territorial. Sin embargo, si las territorialidades cinegéticas de la Unidad de Manejo y de los cazadores furtivos continúan en Silvituc y sin intervención del Estado ‑al competerles proteger el ANP de Balam‑Kú‑, el pequeño grupo ecoturístico de salvaguardas tenderá a disgregarse y las poblaciones de fauna silvestre que están en peligro de extinción estarán al borde de una extirpación local. Si el futuro no es alentador, el destino de este lugar pasará de ser un territorio forestal a un territorio defaunado, con mayor pobreza y marginación social para la población local.

Para ello, se recomienda realizar una gestión integral para el apoyo a este tipo de organizaciones locales interesadas en proteger su Ampliación Forestal con presencia permanente, a través de la participación activa: a) del Estado con la vigilancia constante de sus instituciones y la marcación de señaléticas que definan las zonificaciones de la ANP; b) apoyar a los cooperativistas y motivar a todos los miembros del ejido a participar en sus actividades ecoturísticas y en la conformación legal de una cuadrilla de anti‑caza furtiva con una caseta de control en la entrada del portón de la AF; c) e invitar a académicos a realizar sus investigaciones a largo plazo en el área forestal que hasta hoy día ha sido poco explorada, por lo que sería un idóneo laboratorio experimental para la instalación de una “Estación de conservación” en la Zona Núcleo II de la reserva natural, para el monitoreo biológico de distintas especies de flora y fauna como en todo su ecosistema.

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Notas

Notas de autor