2025
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26062024
05092024
Bolívar Lenin Manobanda Núñez juridico.grounded@gmail.com
Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador
RESUMEN: El objetivo principal de la investigación es analizar las políticas públicas en torno al proyecto Yasuní ITT en Ecuador, evaluando si responden a deseos económicos o a necesidades básicas de la población, especialmente de las comunidades indígenas amazónicas. La metodología empleada incluye una revisión crítica de literatura, análisis de decretos gubernamentales y estudios de caso específicos, como el impacto en la comunidad indígena Waorani. La investigación se basa en la distinción teórica entre deseos y necesidades, utilizando los enfoques de Wiggins, quien diferencia las necesidades por su independencia del estado mental del individuo y su fundamentación en la realidad y bienestar humano, y los deseos como intencionales y arbitrarios. Carlos S. Nino y Harry Frankfurt refuerzan la primacía de las necesidades básicas, como alimento, refugio y seguridad, sobre los deseos. El Yasuní ITT se presenta como un ejemplo de cómo las políticas públicas en Ecuador han favorecido los intereses económicos de la industria petrolera, a través de decretos como el 751 y 752, que permiten la explotación en áreas protegidas, generando deforestación y afectaciones a la biodiversidad y salud de las comunidades indígenas. La investigación concluye que estas políticas públicas priorizan deseos de las élites y transnacionales sobre las necesidades básicas de comunidades indígenas locales como las del pueblo Waorani, perpetuando un desarrollo insostenible y desigual.
PALABRAS CLAVE: Yasuní ITT, extractivismo, derechos indígenas, políticas públicas, explotación petrolera, necesidades básicas, sostenibilidad, degradación ambiental.
ABSTRACT:
The main objective is to analyse public policies surrounding the Yasuní ITT project in Ecuador, evaluating whether they respond to economic desires or basic needs, especially of Amazonian indigenous communities. The methodology includes a critical review of literature, analysis of government decrees, and specific case studies, such as the impact on the Waorani indigenous community. The research distinguishes between desires and needs, using Wiggins' approaches, which differentiate needs by their independence from the individual's mental state and their grounding in reality and human well-being, and desires as intentional and arbitrary. Carlos S. Nino and Harry Frankfurt reinforce the primacy of basic needs such as food, shelter, and security over desires. Yasuní ITT is an example of how public policies in Ecuador have favored the economic interests of the oil industry, through decrees allowing exploitation in protected areas, leading to deforestation and impacts on biodiversity and the health of indigenous communities. The research concludes that these policies prioritize desires of elites and transnationals over the basic needs of local indigenous communities like the Waorani indigenous people, perpetuating unsustainable and unequal development.
KEYVVORDS: Yasuní ITT, extractivism, indigenous rights, public policies, oil exploitation, basic needs, sustainability, environmental degradation.
ABIERTA
Políticas públicas en torno a la explotación del Yasuní ITT: ¿deseos o necesidades básicas?
Public Policies around the Exploitation of Yasuní ITT: Desires or Basic Needs?
Bolívar Lenin Manobanda Núñez juridico.grounded@gmail.com
Received: 26 June 2024
Revised document received: 22 July 2024
Accepted: 05 September 2024
Published: 02 January 2025
El caso del Yasuní ITT en Ecuador ha generado un debate profundo a nivel nacional e internacional por su impacto ambiental, social y económico. Este territorio amazónico alberga una biodiversidad excepcional y es hogar de comunidades indígenas, cuya subsistencia depende de los recursos naturales del ecosistema.
El conflicto central surge entre los intereses económicos extractivistas y la necesidad de proteger la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas. Las políticas públicas han favorecido históricamente la explotación de recursos naturales, especialmente el petróleo, bajo el argumento del desarrollo económico. Sin embargo, esto ha traído degradación ambiental, pérdida de biodiversidad y violaciones de derechos humanos.
Este estudio evalúa críticamente las políticas extractivistas en el Yasuní ITT, analizando si se basan en deseos individuales o en necesidades básicas. La metodología incluirá el análisis de documentos legales, estudios ambientales y testimonios de líderes comunitarios y expertos en derechos humanos.
Los hallazgos preliminares indican que las políticas han priorizado los intereses económicos de corto plazo sobre las necesidades indígenas y la sostenibilidad ambiental. Se mostrará cómo la expansión petrolera y decretos que permiten la explotación en áreas protegidas han exacerbado conflictos sociales y ambientales, contraviniendo principios constitucionales y acuerdos internacionales.
Este estudio busca contribuir al debate y a la formulación de políticas públicas que promuevan un desarrollo sostenible y equitativo en Ecuador, priorizando la protección del medioambiente y los derechos indígenas sobre los intereses económicos privados.
Comprender la estructura de las políticas públicas extractivistas es esencial para esta investigación. Definir claramente políticas públicas, desarrollo y extractivismo permite un análisis profundo de su evolución en relación con deseos y necesidades. Este análisis se abordará mediante preguntas que desglosarán estas definiciones.
Comencemos por comprender el concepto de política. Según Josep M. Vallés, la política se define como una práctica o actividad colectiva, cuyo propósito es gestionar los conflictos.1 A la luz de esta idea, los miembros del gabinete de gobierno son gestores políticos, y sus discursos o acciones son una forma de gestionar los conflictos.
Carlos Salazar define las políticas públicas como "las respuestas sucesivas del Estado frente a situaciones socialmente problemáticas".2 Aunque tanto la Politic como las Políticas Públicas están vinculadas al poder social, la Política es un concepto amplio relacionado con el poder en general, mientras que las Políticas Públicas son soluciones específicas para manejar asuntos públicos considerados situaciones socialmente problemáticas.3
Jean-Claude Thoenig afirma que las políticas públicas, vitales para ambos sectores, son responsabilidad exclusiva de las autoridades legítimas. Su desarrollo abarca la definición de prioridades, decisiones, gestión, evaluación, reglamentación y creación de instituciones.4 En esencia, son herramientas del Estado para alcanzar bienestar social, desarrollo económico y justicia, abordando problemas sociales y económicos a través de acciones normativas, programáticas o presupuestarias.
Hugo Slim menciona que, en 1974, diez hombres se reunieron en Cocoyoc, México, para establecer una "agenda de desarrollo alternativo" y redactaron la "Declaración de Cocoyoc", que distingue entre límites internos [necesidades básicas] y externos. Esta distinción sigue siendo clave para el desarrollo humano y la protección del planeta.5
Desde una perspectiva filosófica-ontológica, María Munera afirma que el desarrollo implica la posibilidad de algo inexistente que puede surgir, reflejando la transformación de una situación inicial. Munera subraya que Osvaldo Sunkel y Pedro Paz introdujeron el desarrollo como un discurso con un origen histórico y geográfico específico, y que es esencial comprender mejor este discurso para generar propuestas viables.6
John Cajas sostiene que, después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo se volvió un "fantasma inalcanzable", incapaz de definir y comprender la compleja realidad de las sociedades empobrecidas por la expansión del capitalismo global.7
En sí, el desarrollo es un concepto complejo y multifacético que ha sido objeto de debate y redefinición a lo largo del tiempo. No obstante, su enfoque en el crecimiento económico suscita preocupaciones sociales y ambientales.
El extractivismo es un término que hace referencia a un modelo económico que se centra en la explotación intensiva de recursos naturales; estos recursos se extraen del entorno natural, se procesan de manera mínima y se exportan a otros países, principalmente a naciones desarrolladas. Alberto Acosta explica que:
El extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace 500 años. Con la conquista y la colonización de América, África y Asia empezó a estructurarse la economía mundial: el sistema capitalista. [... ] unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de materias primas, es decir, de bienes primarios, mientras que otras asumieron el papel de productoras de manufacturas. Las primeras exportan Naturaleza, las segundas la importan.8
El modelo extractivista, enfocado en la explotación intensiva de recursos naturales, ha provocado degradación ambiental, violación de derechos de comunidades y fuga de capitales, impactando a las generaciones presentes y futuras generando un ciclo de impactos negativos que requieren atención para un desarrollo más equitativo y sostenible.
Cabe, por tanto, plantearse la siguiente pregunta de investigación: Las políticas públicas extractivistas desarrolladas en torno a la iniciativa Yasuní ITT ¿se constituyen desde deseos o necesidades?
Alberto Acosta señala que nuestras sociedades tienen un "ADN extractivista". Cree que, al agotarse un recurso como el petróleo, se pasa a otro, como la minería, perpetuando la dependencia de la exportación de recursos naturales.
Para Acosta, esta dinámica representa retrocesos que mantienen a nuestros países como dependientes en el mercado global.9
Este argumento se relaciona con la evolución de las Constituciones latinoamericanas, adaptadas a las necesidades de las nuevas repúblicas: al respecto Roberto Gargarella señala que, tras las independencias, las Constituciones en América Latina, incluida la ecuatoriana, dejaron de oscilar entre los proyectos conservador, liberal y republicano. En su lugar, surgieron adaptaciones específicas, categorizadas en fases como: "i. el constitucionalismo experimental, centrado en la independencia [1810-1850]", y "ii. el constitucionalismo fundacional, enfocado en la consolidación económica [1850-1917]", entre otros períodos y adaptaciones.10
Ecuador, tras su independencia en 1830, heredó cargas coloniales y conflictos, enfocándose en prepararse para guerras con Perú y Bolivia. El "Reglamento sobre Minas" de 1829, que declaraba las minas propiedad de la República, fue adoptado en esta transición.11 En cierto sentido, el conflicto bélico vinculó a Ecuador con la economía mundial,12 iniciando políticas que protegían intereses extractivos y comerciales.
En el siglo XIX, el cacao también contribuyó significativamente a las exportaciones e importaciones desde 1852,13 permitiendo a Ecuador integrarse en el mercado mundial bajo la influencia británica.14
La evolución de las políticas públicas en Ecuador muestra una adaptación constante a intereses extractivistas, perpetuando la dependencia de la economía global. Los ajustes constitucionales y económicos han mantenido al país ligado al mercado mundial, lo que sugiere que el "ADN extractivista" citado por Alberto Acosta es una constante en la identidad económica del Ecuador.
El ADN extractivista domina las políticas públicas, priorizando la explotación de recursos naturales sobre otras actividades económicas y sociales, lo que influye en la legislación y prácticas gubernamentales. Ramiro Ávila critica que las élites han utilizado el derecho para sus propios intereses,15 repitiendo esta tendencia en sectores como el minero y petrolero.
Ejemplo de estas políticas es el proyecto minero Curipamba-El Domo, en Bolívar, gestionado por Adventus Mining Corporation, Luminex Resources, con accionistas de la familia del presidente Noboa a través de su corporación Nobis Holdings de Inversiones [Grupo Nobis];16 a lo que Patricio Meza, asesor de la CONAIE, advierte sobre el aumento de los conflictos en estas y en otras comunidades afectadas por proyectos mineros.
Los principales beneficiarios de estas políticas públicas son las empresas involucradas en proyectos extractivos como Río Blanco, Loma Larga, San Carlos Panantza, Mirador y Fruta del Norte cuyas exportaciones aumentaron de USD 326 millones en 2019 a USD 2800 millones en 2022.17
A pesar de aumentar sus ganancias, las empresas extractivas son grandes beneficiarias del subsidio al diésel en Ecuador. Un galón cuesta USD 1,75, pero al Estado le cuesta $ 4, representando un subsidio de USD 2,25 y un gasto público de USD 495 por carga completa. Con 200 tráileres en minería, el subsidio total por carga es USD 99 000. Si operan 300 días al año, el subsidio anual en diésel es USD 29 700 000.18
No obstante, pese a las ganancias y beneficios a estas empresas extractivas, los ingresos generados no se reflejan en la educación, que ha visto una disminución en sus fondos -por presentar uno de tantos ejemplos-. En 2021, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador [FEUE] denunció un recorte de USD 117 millones en educación superior, y la Unión Nacional de Educadores [UNE] reportó USD 950 millones en recortes para educación general.19 En 2022, el presupuesto para universidades y escuelas politécnicas públicas se redujo en $ 77 millones en comparación con 2021. Aquello incumple el art. 26 de la Constitución del Ecuador, que establece la educación como un derecho y deber del Estado y una prioridad de política pública.20
Según el exministro Fausto Ortiz, esto se debe a la interpretación discrecional de los incrementos presupuestarios por parte de los gobiernos, especialmente en períodos de disminución de ingresos, lo que obstaculiza el cumplimiento de las metas de gasto en educación.21
Ya en el caso Yasuní ITT, el ADN extractivista se refleja en el Decreto Ejecutivo 74 de agosto de 2013 que autorizó la explotación del Yasuní ITT, contraviniendo la propuesta original de conservar el petróleo subterráneo. La autorización solicitada a la Asamblea Nacional para explotar más del 1 % del Parque Nacional Yasuní se basó en un informe del Ministerio de Justicia a la Comisión de Biodiversidad, que alegaba la ausencia de PIA en la zona.22
El 21 de agosto, Yasunidos denunció que el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos había eliminado del mapa de la zona intangible del Yasuní a los pueblos indígenas aislados,23 como se lo demuestra en el mapa del "Informe sobre posibles señales de presencia de Pueblos Indígenas Aislados en los Bloques 31 y 43 (ITT)", 21 de agosto de 2013"24 presentado en la Asamblea Nacional en agosto de 2013, lo cual constituye un mecanismo progresivo de intento de genocidio por parte del Estado ecuatoriano.
Sofía Cevallos y Fabián Cevallos afirman que la modificación de los límites para permitir la explotación petrolera ha sido arbitraria y desconsideró la dinámica histórica y cíclica de los PIA, así como los principios de protección y prevención diseñados para salvaguardarlos.25 Como ha sucedido en el pasado, Penti Baihua y Judith Kimerling mencionan que el despojo de los territorios de los PIA del Yasuní de la mano de Texaco y el Instituto Lingüístico de Verano [ILV] nunca fue pacífico.26
Estas experiencias resaltan una contradicción en la narrativa oficial sobre los beneficios de la extracción petrolera como el acabar con el hambre y el desempleo. En fecto, Santiago Rosero indica que las provincias amazónicas con actividad petrolera son las más pobres del país.27
En contraste, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Anual [ENEMDU, 2018-2022] develan que la pobreza por ingresos y extrema por ingresos ha ido en aumento en la Amazonía ecuatoriana (ver tablas 1 y 2).
Organizaciones como Yasunidos y la CONAIE han argumentado ante la Corte IDH [23 de agosto de 2022] que, pese a los ingresos millonarios del petróleo, Ecuador no ha erradicado la pobreza; al contrario, sostienen que la idea de que la explotación del petróleo en el Yasuní resolverá las carencias del país no es viable.28 Adicionalmente, Carlos Larrea destaca que, aunque Ecuador exporta crudo, importa combustibles derivados a mayor costo, lo que podría llevar a que el país deje de ser petrolero.29
La Amazonía ha sido testigo de la degradación por la industria petrolera desde la década de 1970, según Angus Lyall, quien señala que la explotación ha contaminado vastos humedales y desplazado a pueblos indígenas; además, la construcción de carreteras, autopistas, oleoductos y centros de población ha seguido el rastro de las exploraciones y perforaciones petrolíferas, desplazando a los pueblos indígenas de sus territorios.30
Al respecto, César Rodríguez señala que nuestra clase política, influenciada por perspectivas europeas y estadounidenses, ha creado normativas que favorecen a grupos económicos poderosos. Al analizar la enseñanza y la literatura en las facultades de derecho, se observa una fuerte influencia en el pensamiento jurídico y político de la región.31
La creación de normas y políticas públicas demuestran cómo estas sirven a deseos extractivos en lugar de satisfacer las necesidades básicas. A la luz de las ideas del jurista Carlos Santiago Nino, esta tendencia refleja un deseo [el ser] personal de priorizar la industria extractivista sobre las necesidades básicas [el deber ser], perpetuando un modelo insostenible que requiere una reforma para equilibrar el desarrollo económico con la justicia social y ambiental. La generación de estas normas refleja un sistema jurídico que privilegia intereses económicos sobre la equidad y sostenibilidad, institucionalizando prácticas depredadoras. Es necesario repensar el derecho como catalizador de cambios que prioricen el bienestar colectivo y la protección ambiental.
Para responder a esta pregunta, es crucial entender las diferencias entre necesidades básicas y deseos. Wiggins destaca dos aspectos clave: la intencionalidad y la dependencia del estado mental. Las necesidades básicas no dependen del estado mental del individuo ni de sus preferencias,32 mientras que los deseos sí son intencionales y reflejan las elecciones del sujeto o grupo.
En segundo lugar, la distinción radica en el fundamento. Las necesidades básicas se basan en la realidad y en las normas que definen el bienestar humano y su desarrollo. En cambio, los deseos pueden ser arbitrarios y no necesariamente vinculados con el bienestar o el desarrollo humano.33
Uno de los principios de las necesidades básicas es su precedencia sobre los deseos. Carlos S. Nino recoge las ideas de Harry Frankfurt, quien señala que hay necesidades categóricas inevitables,34 como la alimentación, cuya falta puede ser mortal, y un ambiente saludable, esencial para el bienestar individual y colectivo. La ausencia de un derecho garantizado a un medioambiente sano tiene repercusiones devastadoras para el planeta y la sociedad.
En contraste con el precedente doctrinario, Juan Bay, presidente de la NAWE y representante de los pueblos autóctonos en el parque Yasuní, afirma que "el petróleo no ha sido sinónimo de desarrollo para los pueblos indígenas". Señala que el pueblo Waorani ha tenido 60 años de contacto con la civilización occidental, coincidiendo con el "inicio de la explotación petrolera". Bay sostiene que, en 10 años de actividad en el Parque Nacional Yasuní, "el petróleo ha traído problemas, muerte y cambio de identidad",35 en lugar de desarrollo y lucha contra la pobreza y el hambre.
Y es que cuando Ecuador se convirtió en un país petrolero, se esperaba un crecimiento económico acelerado y una distribución equitativa de los beneficios. Sin embargo, tras casi cinco décadas de exportaciones petroleras, estas expectativas no se han cumplido.
Aimee Gabay señala que más del 60 %<> de la Amazonía ecuatoriana está concesionada para petróleo, con casi 28 000 millas cuadradas [72 520 km2] en operación. Para 2025, se espera una producción de 756 000 barriles diarios,36 lo que impactará especialmente en los territorios amazónicos, como Yasuní; en donde la construcción de carreteras y pozos petroleros ha puesto en riesgo el acceso a alimentos, agua potable, medicinas y materiales de construcción para los habitantes del Yasuní, además de causar contaminación y problemas de salud.
En este sentido, Harry Frankfurt recomendaría priorizar -siempre- las necesidades básicas sobre los deseos en el desarrollo de políticas públicas, afirmando que "es peor causar un daño que no dar un beneficio".37 Es decir, los deseos petroleros pueden ser sacrificados, pero los servicios ecológicos del Yasuní, esenciales para satisfacer las necesidades básicas de los pueblos amazónicos, no deben ser comprometidos.
Los Decretos 751 y 752, emitidos el 21 de mayo de 2019, promovieron la expansión de la explotación petrolera en Yasuní ITT, resultando en deforestación, afectación a la biodiversidad y contaminación del agua, suelo y aire, lo cual ha perjudicado la salud de las comunidades indígenas y el ecosistema amazónico.
El informe de "Monitoring of the Andean Amazon Project" [MAAP n.° 117 de 2020] de la ONG Conservación Amazónica expresa preocupación por la proximidad de las actividades de construcción de carreteras, plataformas petroleras en la Zona Intangible, reserva destinada a proteger a los PIA parientes de los Waorani.38 La reducción de sus territorios y la alteración de su estilo de vida tendrían un impacto cultural y social significativo. Estas políticas han favorecido a la industria petrolera y afectado negativamente a las comunidades indígenas y al medioambiente.
El caso Yasuní ITT ilustra un conflicto entre intereses económicos y la protección ambiental y de los derechos indígenas, privando al Yasuní de su derecho a una existencia integral y a la regeneración de sus ciclos vitales, lo que podría tener graves consecuencias para quienes no habitan en el Yasuní. Gonzalo Rivas, investigador en ecosistemas tropicales de la Universidad San Francisco de Quito [USFQ], afirma que la biodiversidad del Yasuní es incluso más rica que las Galápagos.39 Además, describe que: "[G]ran parte del agua que abastece a Quito viene de la zona del Yasuní y nadie habla de eso. La afectación no solo se da por las hectáreas en exploración, sino que en el momento que se abre la zona también ingresan carreteras, maquinaria, construcciones que afectan a millones de hectáreas".40
La explotación petrolera en Yasuní ITT evidencia cómo el Yasuní ha sido tratado como un objeto de deseo en lugar de un sujeto de derechos. Esta orientación ha favorecido principalmente a las élites económicas, mientras que el bienestar ambiental y social ha quedado relegado. En efecto, Ramiro Ávila aboga por "dejar el crudo bajo tierra" como una transformación del modelo energético,41
El análisis de las políticas públicas extractivistas en el Yasuní ITT distingue entre deseos y necesidades básicas. La explotación petrolera se presenta como clave para el desarrollo económico [deseos], mientras que la protección ambiental y de las comunidades indígenas resalta como una necesidad básica. Este estudio muestra cómo las políticas públicas han priorizado la explotación de recursos naturales, frecuentemente a costa de la protección ambiental y los derechos humanos.
Wilton Guaranda, coordinador jurídico de INREDH, señala que, aunque la explotación petrolera en Ecuador ha sido crucial para la economía, representando entre el 43 y el 66 % de las exportaciones y entre el 43 y el 59 % del presupuesto estatal en la última década, la Amazonía, que produce el 99,6 % del petróleo, solo recibe entre el 3 y el 4 % del presupuesto nacional, manteniendo altos índices de pobreza42 [véase la tabla 1 y 2].
La explotación petrolera ha perpetuado un modelo insostenible y desigual, lo que hace crucial redistribuir los beneficios económicos y proteger el medioambiente de manera equitativa,43 sostiene Wilton.
Esta dinámica muestra cómo los intereses globales influyen en políticas públicas, relegando derechos mediante contratos y generando crisis social, democrática y climática.
En este contexto, Ferrajoli -citado por Ramiro Ávila- advierte sobre la globalización económica que trae nuevas formas de explotación y agresión. A esto Ávila agrega que estaríamos sin un sistema legal efectivo para proteger los derechos individuales.44 Robert Alexy también señala que la influencia de superpotencias hegemónicas puede provocar la pérdida de la identidad territorial y nacional, limitando la soberanía estatal por acuerdos internacionales.45
De esta manera, la experiencia de Yasuní ITT invita a rediseñar políticas públicas que respondan a las necesidades básicas de la población, y no solo a los deseos de las élites económicas. La discusión respecto a la efectividad de estas políticas públicas -que se desprenden de necesidades básicas o simples deseos- debe medirse desde la perspectiva de la mera ausencia del beneficio. Es decir, del "contingente moralmente de si el individuo tenía acceso previamente al bien en cuestión, en cuyo caso su privación constituye un daño, o no lo tenía, en cuyo caso consiste en la mera negación de un beneficio", como lo describe Robert E. Goowin.46 En otras palabras, Goowin distingue entre el daño, que ocurre cuando se priva a alguien de un bien al que ya tenía acceso, y la negación de un beneficio, que se da cuando un bien nunca estuvo disponible para esa persona. Este planteamiento permite analizar con mayor precisión la moralidad de las decisiones públicas, destacando la necesidad de políticas que eviten daños y reduzcan desigualdades.
Las políticas extractivistas en el Parque Nacional Yasuní reflejan la tensión entre deseos y necesidades básicas. Este debate es complejo, y es vital recurrir a teorías jurídicas, como las de Carlos S. Nino, que ofrecen una visión objetiva.
Nino, en su estudio sobre la Autonomía de las Necesidades Básicas, nos brinda conceptos para analiza si estos proyectos extractivistas causan daño o privan de beneficios a la naturaleza y a los pueblos indígenas. Reformular estas políticas es esencial para priorizar necesidades básicas, justicia social y sostenibilidad, asegurando un desarrollo inclusivo y respetuoso.
Además, se evidencia cómo las políticas en Ecuador, con un "ADN extractivista", priorizan recursos naturales sobre el bienestar social. A pesar de ingresos petroleros millonarios, la pobreza agrava las desigualdades, lo que exige un enfoque que privilegie el bienestar y la protección ambiental para un desarrollo más equitativo.
Es esencial que las políticas públicas evolucionen hacia un modelo que priorice la sostenibilidad y la justicia social, reconociendo un entorno saludable y respetando los derechos de las comunidades locales. Luigi Ferrajoli propone globalizar el constitucionalismo, es decir, llevar los derechos constitucionales al comercio internacional. Su propuesta busca equilibrar el poder global sin imponer un modelo único, estableciendo un marco jurídico que proteja los derechos humanos y la democracia en un mundo interconectado, respetando la diversidad cultural y jurídica.47
Las decisiones futuras deben equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental, distribuyendo los beneficios equitativamente sin comprometer los recursos vitales para futuras generaciones. Solo un enfoque inclusivo y sostenible garantizará un desarrollo que beneficie a todos.
