En la década de 1970, en cuanto aún prevalecía el Estado de Bienestar, el economista Milton Friedman planteó que la única responsabilidad de las empresas se encontraba con sus inversionistas y con la generación de beneficios. Los problemas sociales deberían ser dejados en manos del Estado. Melé (2007)) plantea que este es el inicio de la visión del valor para el accionista o la visión estratégica de la RSC. Es la inversión la que prima junto con su retorno. Las actividades de RSC no se deberían llevar a cabo en tanto estas no representen un mayor valor para la inversión. El fundamento de esta idea es la libertad de empresa, la libertad de mercado.

Para Friedman, en línea con el individualismo liberal, las empresas no tienen responsabilidades (que es lo mismo que decir que los colectivos no existen y no tienen responsabilidades), son los individuos los que tienen responsabilidades. Para él:

En un sistema de libre empresa y de propiedad privada un ejecutivo empresarial es un empleado de los propietarios del negocio. Tiene responsabilidad directa ante sus empleadores. Esa responsabilidad consiste en conducir los negocios de acuerdo con los deseos de ellos, que generalmente serán deseos de hacer tanto dinero como sea posible ateniéndose a las reglas básicas de la sociedad, tanto las incorporadas en la ley como las incorporadas en las costumbres éticas. Por supuesto, en algunos casos sus empleadores podrían tener otros objetivos. Un grupo de personas podría establecer una empresa para un propósito altruista (por ejemplo, un hospital, una escuela). El administrador de tal empresa no tendrá la ganancia de dinero como su objetivo sino el prestar ciertos servicios (Friedman, 1970).

La acción del ejecutivo empresarial debe estar limitada por tanto a la maximización del beneficio del accionista, cumpliendo con las obligaciones legales que en materia social y ambiental establezca el Estado. Para Friedman, si el administrador dedica los recursos de la empresa a otras actividades diferentes, estaría incumpliendo con su responsabilidad.

Posteriormente, esta perspectiva va a adoptar la forma de estrategia de la RSC. Son Porter & Kramer (2006; 2011) los principales exponentes de

esta visión. Partiendo de la visión de que las empresas están llamadas a ser las responsables del mejoramiento social los autores hacen una propuesta que se basa en las interdependencias de la sociedad y la empresa. Para ellos, las empresas requieren de una sociedad sana, así como la sociedad necesita de empresas exitosas. La propuesta se basa en cinco pasos:

1. 1. 1.Identificar los puntos de intersección: en donde se busquen tanto los impactos de la empresa sobre la sociedad (vínculos de adentro hacia afuera) así como las influencias del contexto competitivo sobre la empresa (vínculos de afuera hacia adentro). El análisis del contexto competitivo implica una visión de los insumos disponibles para el negocio; las reglas e incentivos del mercado; el tamaño y sofisticación de la demanda local; y, la disponibilidad de industrias de apoyo.
2. 2. 2. Elegir qué temas sociales abordar: estos temas pueden clasificarse en problemas sociales genéricos, impactos sociales de la cadena de valor y dimensiones sociales del contexto competitivo. Para los autores es importante que las empresas traten los dos últimos en cuanto son los que afectan el operar de la empresa y con los cuales la empresa puede generar valor para la misma.
3. 3. 3. Crear una agenda social corporativa: diferencian los autores entre una RSC reactiva que incluye una buena ciudadanía y la mitigación de los efectos adversos y una RSC estratégica que se concentrará en transformar las actividades de la cadena de valor vinculando programas sociales así como en aportar a programas filantrópicos que agreguen valor a la empresa.
4. 4. 4. Integrar las prácticas volcadas hacia afuera y hacia el interior: lo cual se conecta con lo anterior, en cuanto los autores resaltan que debe haber una integración entre las mejoras al contexto social y las mejoras en la cadena de valor. Esto puede conducir a que no sea fácil distinguir entre las prácticas de RSC y el operar cotidiano de la empresa.
5. 5. 5. Crear una dimensión social en la propuesta de valor: para los autores la dimensión social debe quedar incluida en la propuesta de valor (misión, visión, etc.) de la empresa de modo que esto conduzca a un mejor posicionamiento competitivo.

Para Porter & Kramer (2006; 2011), adoptar una visión de RSC estratégica implicará hacer una mejor organización de la empresa que lleve a que los miembros de la misma interioricen la RSC no como un conflicto con la sociedad, sino como parte del operar de la organización. Esto conllevará a que se mida el actuar de la organización incluyendo indicadores de desempeño con respecto a los programas sociales. Todo dependería de la adecuada elección de temas sociales que aporten valor a la empresa.

Al mismo tiempo, se debe resaltar, para los autores, que las empresas no pueden asumir la responsabilidad de todos los temas sociales en cuanto su principal objetivo es ‘contribuir a una economía prospera’. Así, la acción de las empresas es considerada como limitada para responder a ‘todos los problemas del mundo’.

La influencia de esta visión es amplia y se concreta especialmente con la búsqueda de la regulación (de adopción voluntaria) de la inclusión en la estrategia empresarial de la RSC con miras a la creación de valor. En el Libro Verde de la Unión Europea, por ejemplo, puede leerse que:

La incidencia económica de la responsabilidad social puede desglosarse en efectos directos e indirectos. Se pueden derivar resultados positivos directos de, por ejemplo, un mejor entorno de trabajo -que genere un mayor compromiso de los trabajadores e incremente su productividado de una utilización eficaz de los recursos naturales. Además, se logran efectos indirectos a través del aumento de la atención que prestan a la empresa consumidores e inversores, que ampliará sus posibilidades en el mercado. (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001, p. 24).

Por otro lado, AECA, en su Marco Conceptual considera que la RSC:

“Supone un planteamiento de tipo estratégico que afecta a la toma de decisiones y a las operaciones de toda la organización, creando valor en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas competitivas duraderas” (Lizcano & Moneva, 2004, p. 21).

Sistemas de gestión como la ISO 26000, también toman la perspectiva estratégica, aunque vinculándola con las otras dos perspectivas predominantes de la RSC:

“La responsabilidad social debería formar parte de la estrategia fundamental de la organización, con una asignación de responsabilidades y rendición de cuentas en todos los niveles adecuados de la organización. Debería reflejarse en su toma de decisiones y tenerse en cuenta en la implementación de actividades” (ISO, 2010, p. 7).

La guía G4 de GRI establece que dentro de los primeros elementos que deben ser incluidos en los informes de sostenibilidad, la estrategia de la empresa es un elemento fundamental para comprender el resto del informe (Global Reporting Initiative, 2013)².

La guía de reportes integrados, es mucho más explícita en plantear su enfoque estratégico orientado hacia los accionistas:

“El principal propósito de un reporte integrado es explicar a los proveedoresde capital financiero cómo una organización crea valor en el tiempo” (International Integrated Reporting Council, 2013).

Una de las maneras en las que esta visión se ha logrado institucionalizar es a través de la planeación estratégica empresarial. En los informes de RSC, de sostenibilidad o integrados que han sido cargados a la base de informes de GRI se puede encontrar que todas las empresas han redefinido sus misiones incluyendo los temas de RSC o de sostenibilidad. Como ejemplo, traemos las siguientes misiones empresariales:

Tabla 2
Expresión de la misión empresarial en informes de sostenibilidad en Colombia

Fuente: elaboración propia

Dentro de estas misiones se puede observar que las empresas incluyen la RSC. En todos los casos, sin embargo, el objetivo principal es la generación de valor. La RSC es puesta, entonces, como instrumento para el crecimiento económico.

A todas estas formas de institucionalización es necesario agregar la asimilación del discurso estratégico de la RSC en las escuelas de negocios, en los programas de estudio de las ciencias económicas, y en general en todas las prácticas de enseñanza de la RSC, con la ayuda, por ejemplo, de manuales, cartillas o guías de RSC (Epstein, 2009; Navarro, 2012).

La visión de Friedman (1970) y de Porter & Kramer (2006, 2011), aunque muy sonora, busca principalmente traducir la teoría de la estrategia para incluir temas sociales y ambientales. Se adaptan los modelos propuestos por Porter en años anteriores que buscan que la empresa tenga en cuenta dentro de su estrategia factores internos y externos de la misma.

Es de notar que se hace uso de un lenguaje catastrófico cuando se habla que la sociedad no debe hacer desaparecer a las empresas. Se plantea que las empresas están siendo víctimas de los reclamos sociales y esto puede hacer que las empresas entren en crisis y lleven a que la sociedad en general sufra más. Este lenguaje, al igual que en la teoría de los stakeholders, lleva a poner a la empresa en un lugar primario dentro de la sociedad para la resolución de los conflictos sociales y ambientales. Esto se refuerza en la última sección en donde se hace un reclamo porque los países no impongan reglas que castiguen a las empresas para que asuman prácticas de RSC. Se esconde detrás de estos reclamos un fortalecimiento de la idea de libre actuar de las empresas para que asuman prácticas de RSC que, esta vez, ayuden a la generación de valor. No hay, entonces, un cambio hacia el compromiso con la solución de los problemas sociales y ambientales.

Desde una mirada de sostenibilidad fuerte (Naredo, 1997; Martínez & Roca, 2001; Bermejo, 2007), en la que la preocupación debe ir orientada a la preservación de los sistemas ecológicos, en la visión estratégica predomina la idea de separación entre la esfera económica y la realidad social y ambiental. Adoptando incluso una visión de triple balance (económico, social y ambiental) hay una subordinación de lo social y lo ambiental al resultado económico. Se incluye lo social y lo ambiental dentro de las preocupaciones empresariales en cuanto constituyan mecanismos de ‘agregación de valor’, o en otras palabras, de generación de beneficios económicos.

Por otro lado, asumiendo que desde la sostenibilidad fuerte es necesario hacer que la sociedad sea cada vez más democrática e incluyente, en pro de una equidad social y un mejoramiento de las relaciones sociales (Martínez, 2009; Löwy, 2014), en la visión estratégica es claro que se mantiene el interés de los inversionistas y proveedores de capital financiero. En otras palabras, esta visión no busca un mejoramiento de las relaciones sociales sino una reproducción del statu quo, manteniendo el poder de los dueños del capital sobre la dinámica social. Para Friedman (1970), la RSC es un discurso promotor del socialismo, mientras que para Porter & Kramer (2006, 2011), la RSC no debe ser obligatoria y no debe ser una forma de castigo a las empresas.

Por último, considerando que el logro de la sostenibilidad implicaría una visión interdisciplinaria de la realidad en la que se identifiquen y se tengan en cuenta sus múltiples dimensiones (Ángel, 1997b; 2002; Bermejo, 2007), se puede argumentar que la visión estratégica de la RSC reduce lo social y lo ambiental a cuestiones económicas o limitantes de lo económico. Asociándose con la economía ambiental o con la teoría de la agencia, lo social y lo ambiental quedan reducidos a ‘costos económicos’ que pueden afectar la generación de beneficios para los proveedores de capital financiero. Las prácticas de RSC solo se tendrán en cuenta si, después de un análisis costo-beneficio, generan mayor rentabilidad.

La teoría de los stakeholders (grupos de interés, grupos implicados, partícipes, partes interesadas, etc.) toma fuerza en la década de los ochenta del siglo XX con los trabajos, principalmente, de Edward Freeman (1984; Freeman & Reed, 1983). Según Escudero-Poblete (2010), esta teoría nace inicialmente como una vertiente de la teoría estratégica, pero posteriormente en la década de los noventa, presenta una transición hacia la ética de los negocios para después, en la primera década de este siglo, considerar la teoría de los stakeholders como libertaria desde un punto de vista pragmático. Por ser la de más influencia, nos concentraremos en la versión estratégica de la teoría.

En el trabajo de 1983, Freeman & Reed (1983) consideran que hay dos concepciones de stakeholder, una amplia y una estrecha. En la visión estrecha se considera que stakeholder es cualquier grupo o individuo identificable sobre el cual la organización depende para su supervivencia continuada. La visión amplia estará presente también en el trabajo de 1983, y en la cual los stakeholders o grupos implicados son “aquellos grupos que afectan o son afectados por el logro de los objetivos de la organización” (Freeman, 1984, p. 49). Esta visión implicaría entonces procesos y técnicas para ampliar la ‘gestión estratégica’ de la organización.

Hay al menos tres niveles en los cuales debemos entender los procesos que una organización usa para gestionar las relaciones con sus stakeholders. Primero que todo, debemos entender desde una perspectiva racional, quiénes son los stakeholders en la organización y cuáles son los intereses percibidos. Segundo, debemos entender los procesos organizacionales usados ya sea para gestionar implícita o explícitamente las relaciones de la organización con sus stakeholders, y si estos procesos ‘encajan’ con el ‘mapa de stakeholders’ racional de la organización. Finalmente, debemos entender el conjunto de transacciones o convenios entre la organización y sus stakeholders y deducir si estas negociaciones ‘encajan’ con el mapa de stakeholders y los procesos organizacionales para los stakeholders. (Freeman, 1984, p. 53).

En el primer nivel de análisis, o nivel racional, de acuerdo con Escudero-Poblete (2010), se lleva a cabo una identificación de los stakeholders genéricos de la organización. Al tener identificados estos grupos se procederá a la identificación de los stakeholders específicos o particulares. A cada stakeholder específico se asociará un interés particular, permitiéndose construir un mapa de stakeholders el cual será diferente entre diversas organizaciones. La tarea puede hacerse más compleja cuando un individuo o más hacen parte de diversos stakeholders, generando conflictos de intereses dependiendo de los roles que cumpla; del mismo modo, diversos grupos de stakeholders pueden tener relaciones estrechas que lleven a constituir redes que movilizan varios tipos de intereses; por último, un mismo grupo puede movilizar diversos intereses, así ‘oficialmente’ se asocie con uno específico.

El segundo nivel de análisis es denominado nivel de procesos. En este nivel se diseñan las tareas mediante las cuales la organización busca adaptarse a su entorno, a través del desarrollo de programas estratégicos para los stakeholders. Estos programas pueden ser ya existentes, nuevos, mejorados, o relativos a grupos específicos. Se inicia por analizar y explicar el comportamiento de los stakeholders con el ánimo de identificar posibles amenazas o coaliciones en el futuro. A partir de esto pueden diseñarse las estrategias y programas ante cada stakeholder; estos pueden ser de cambio de reglas, ofensivos, defensivos o de contención.

El último nivel, o nivel transaccional, se refiere a la interacción específica con los stakeholders. En este nivel se deben diseñar mecanismos que mejoren tal interacción. Aquí es necesario tener en cuenta la legitimidad de los stakeholder (que la interacción sea útil para el éxito de la organización) así como las formas en las que el stakeholder quiere ser recompensado. En este nivel se realizan dos labores principales: implementación y monitoreo. En el primero, se deben establecer planes específicos de acción, un responsable organizacional y asignar recursos para llevar a cabo la relación con los stakeholders. En el segundo se evalúa el avance respecto a las metas establecidas llevando a cabo controles sobre la implementación, sobre los programas estratégicos y sobre la dirección estratégica.

Un tipo de análisis similar se ve en el trabajo de Weiss (2006, p. 6-7) para la gestión de los stakeholders cuando propone los siguientes pasos:

• • Identificar y establecer prioridades en los casos,

• amenazas u oportunidades

• • Mapear quiénes son los stakeholders

• • Identificar sus intereses, preocupaciones y fuentes de poder

• • Mostrar quiénes son los miembros de las coaliciones o quiénes pueden convertirse en miembros

• • Mostrar cuál es (y debería ser) la ética de cada stakeholder

• • Elaborar estrategias de colaboración y diálogo desde una perspectiva de un ‘terreno más alto’ para mover los planes e interacciones al cierre deseado por todas las partes.

La visión de la teoría de los stakeholders (o al menos el concepto de stakeholder) ha sido asumida por diversos organismos reguladores o promotores de la RSC. Ejemplo de ello es la visión de Forética, ente promotor de la RSC en España, el Libro Verde de la Unión Europea, el Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa de AECA, o la Guía para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad de la GRI, o la ISO 26000³.

En el Libro Verde (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001, p. 29) se puede leer:

“Partes interesadas/Interlocutores: persona, comunidad u organización afectada por las operaciones de una empresa o que influye en dichas operaciones. Las partes interesadas pueden ser internas (por ejemplo los trabajadores) o externas (por ejemplo los consumidores, los proveedores, los accionistas, los financiadores, la comunidad local)”.

En el documento AECA sobre responsabilidad social corporativa elaborado por Lizcano & Moneva:

Los grupos de interés, partes interesadas o stakeholders, son aquellos grupos sociales e individuos afectados de una u otra forma por la existencia y acción de la empresa, con un interés legítimo, directo o indirecto, por la marcha de ésta, que influyen a su vez en la consecución de los objetivos marcados y su supervivencia. Pueden también identificarse como grupo de interés las generaciones venideras. Tras su identificación y definición se podrán determinar sus necesidades. (2004, p. 29)

En el caso de Forética, dentro de sus Cuadernos Forética, se encuentra el documento de Francés-Gómez el cual plantea que:

Todas las personas y grupos que pueden influir en la marcha de la misma, son stakeholders -empleados y consumidores, medios de comunicación, ONG, agencias reguladoras, la competencia. Todos los grupos y asociaciones que representan intereses que pueden ser afectados por la operación de la empresa son stakeholders -grupos ecologistas, asociaciones cívicas, grupos de presión, gobiernos. (2005, p. 13)

En este documento, Francés divide los stakeholders en tres niveles: en el núcleo, trabajadores y empleados; en un segundo nivel, los clientes, proveedores, entidades reguladores y competencia; en un tercer nivel, las comunidades, los gobiernos, la sociedad y el medio ambiente. Acorde con esto, establece que se encuentran diez áreas funcionales de gestión desde la RSC: alta dirección y relación con accionistas; empleados y trabajadores; proveedores, contratistas y sub-contratistas; clientes y consumidores; competencia y mercados; relación con administraciones públicas y cumplimiento normativo; entorno social cercano; entorno medioambiental; entorno social amplio y organizaciones que representan intereses afectados; y, medios de comunicación social.

Por su parte la Guía de la GRI define a los stakeholders de la siguiente manera:

“Entre los grupos de interés están aquellos que forman parte de la organización y otros con los que se mantienen relaciones diversas. Las expectativas y los intereses razonables de los grupos de interés son una referencia básica para muchas de las decisiones que se toman al elaborar la memoria” (Global Reporting Initiative, 2013, p. 16).

Por último, la ISO-26000 se refiere también a las ‘partes interesadas’ así:

“…individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o actividad de la organización” (ISO, 2010)

Así, aunque la regulación sobre RSC no se puede ver como producto directo de la teoría de los stakeholders, si es claro que el concepto, con múltiples matices, se ha consolidado como fundamento de la política social y ambiental a nivel global.

Para Larrinaga (1997), en la teoría de los stakeholders se asumen principios como los de participación y pluralismo, en donde se busca un equilibrio de poderes entre los diversos grupos afectados por la organización así como un proceso de diálogo entre estos grupos con el ánimo de construir consensos en la organización.

Sin embargo, para Archel & Husillos (2009), son dos las principales críticas que se hacen a la teoría de los stakeholders. En la primera, escudo de las visiones tradicionales de la empresa, se plantea que es imposible cubrir los intereses de múltiples stakeholders en cuanto ellos tienen diferentes objetivos. En segundo lugar, se plantea que la teoría tiene la debilidad de que es el gerente el principal responsable de la definición de los stakeholders a los que atenderá la organización así como la manera en la que esto se llevará a cabo. Esto entregaría la posibilidad de comportamientos oportunistas de parte de los gerentes para conseguir legitimidad y beneficios para stakeholders específicos.

Por otro lado, la teoría de los stakeholders puede ser vista como un medio por el cual los grupos de poder pueden mantener su legitimidad dentro de la sociedad contemporánea. Son estos grupos los que tienen la capacidad de definir los stakeholders organizacionales así como los mecanismos por los cuales estos sean ‘incluidos’ en la organización. En muchos casos la ‘inclusión’ se limita a consultas o encuestas sobre la percepción que los stakeholders tienen de la organización y difícilmente hay una inclusión en la toma de decisiones y la planeación organizacional. Además, puede ser visto como una manera de dividir a la sociedad en diversos grupos y debilitar su capacidad de unión ante los conflictos empresariales.

En cuanto a la sostenibilidad fuerte y la interdisciplinariedad, la teoría de los stakeholders abre las puertas a un reconocimiento de las múltiples dimensiones de la realidad, sin embargo, se queda corta. En primer lugar, lo ambiental es subordinado a uno de los grupos de interés de la organización, manteniendo una visión particionada de la realidad en la que lo ambiental solo es una dimensión más separada de lo económico y lo social. Segundo, la teoría de los stakeholders aunque abre la posibilidad al reconocimiento de puntos de vista diversos, es la gestión, la gerencia, los objetivos empresariales los que predominan en el análisis de la realidad.

Así, se puede decir, que, al igual que la perspectiva estratégica de la RSC, la teoría de los stakeholders no es una visión adecuada para el logro de la sostenibilidad, la inclusión democrática y la interdisciplinariedad.

Una de las perspectivas predominantes en la RSC, junto con la visión estratégica y la teoría de los stakeholders, es la ciudadanía corporativa. Aunque el concepto de ciudadanía corporativa tiene sus raíces en la década de los setenta, para Garriga & Melé (2004) esta perspectiva toma fuerza con el debilitamiento del Estado de Bienestar y el surgimiento del discurso de la Globalización, siendo un discurso predominante desde finales del siglo XX (Perdomo, 2011). Se parte de la idea del ‘buen ciudadano’ como aquel que tiene derechos y deberes, pero también tiene la capacidad de participar en la definición de las políticas de la sociedad. Se refiere así a la capacidad voluntaria de las grandes corporaciones para participar en la definición de la política social.

“La empresa ha de actuar a modo de ‘buen ciudadano’ y todo lo que se puede reconocer como tal ha de orientar una actuación responsable. Esto incluye las contribuciones de la empresa a la sociedad a través de sus actividades propias, la realización de algunas inversiones sociales y programas filantrópicos y ciertas implicaciones en políticas públicas” (Melé, 2007, p. 63).

Para Francés-Gómez (2004), los argumentos a favor de la ciudadanía corporativa incluyen la influencia en la reputación, el mejoramiento de las relaciones con las comunidades y los gobiernos, el aumento de la fidelidad de los clientes, el aumento de las oportunidades de innovación y desarrollo, y la atracción de los empleados y los inversionistas. Para él, la ciudadanía corporativa conlleva dos ideas básicas: la proactividad, vista como la manera en la cual la empresa se anticipa a los problemas con el contexto y define planes de acción y de prevención ante los mismos así como a la inclusión de lo social dentro de los objetivos estratégicos de la empresa; y, la implicación, o el continuo diálogo con los diversos stakeholders, de preocupación por sus condiciones de vida y de inclusión de los mismos en la gestión empresarial.

Matten & Crane (2005), establecen que la ciudadanía implica tres aspectos diferentes: derechos civiles, sociales y políticos. Los derechos sociales se refieren a la provisión de bienestar a los individuos por parte del Estado. Los derechos civiles están relacionados con la protección que el Estado provee al individuo ante terceras partes. Los derechos políticos van dirigidos a la participación de los individuos en la sociedad y en el mismo Estado. A partir de esto, los autores consideran que “las corporaciones entran en el cuadro no porque tengan algún título para ciertos derechos, como los tendría un ciudadano individual, sino, al contrario, como un actor público poderoso que tiene una responsabilidad de respetar los derechos de un ciudadano individual” (Matten & Crane, 2005, p. 170).

Estos autores consideran que en el contexto de globalización actual, el Estado falla en la provisión y protección de los derechos ciudadanos en cuanto las actividades sociales, económicas y políticas están hoy fuera de sus fronteras y los individuos cada vez tienen menos obstáculos para llevar a cabo interrelaciones globales. Con iniciativas como el Pacto Global o los Objetivos del Milenio, entre otras, se pretende que las grandes empresas, las corporaciones, llenen ese vacío institucional.

Las empresas así, entran a administrar los derechos ciudadanos en tres ámbitos: allí donde el Estado deja de administrar, allí donde el Estado no ha administrado y allí donde el Estado no puede administrar.

En el primer ámbito, se da espacio a las corporaciones para administrar derechos. En el caso de los derechos sociales las empresas actúan principalmente a través de la privatización de servicios básicos. En el área de los derechos civiles, la empresa ayuda a mantener la protección de estos derechos. Y en el área de los derechos políticos las empresas se convierten en voceros de la sociedad a través de la financiación de partidos políticos o el lobby, pero, al mismo tiempo, las empresas se convierten en blanco de protestas por parte de los individuos en pro de un mejoramiento de su conducta.

En el segundo ámbito, allí donde el Estado no ha llegado a administrar los derechos, particularmente en los países menos desarrollados, las corporaciones son encargadas con dicha administración. En los tres tipos de derechos, las corporaciones se ven como actores promotores de bienestar y de construcción de instituciones que protejan los derechos de los ciudadanos.

Por último, en el ámbito en el que la administración del Estado ya no tiene alcance, a nivel global principalmente, las corporaciones pueden favorecer la constitución de instituciones de gobierno global. En el área de los derechos sociales, las corporaciones promueven la adopción de estándares sociales y ambientales así como la adopción de códigos de conducta. En el área de los derechos civiles, en particular el derecho de la propiedad privada, las corporaciones pueden promover reformas para su protección. En el caso de los derechos políticos las corporaciones adoptan un papel activo en la regulación internacional.

Así, para los autores la ciudadanía corporativa se define como la capacidad de las corporaciones de administrar derechos ciudadanos para los individuos. En esta definición la corporación actúa como proveedor de derechos sociales, posibilitador de derechos civiles y/o canal para el ejercicio de los derechos políticos. La siguiente tabla busca sintetizar la relación entre estas funciones y los ámbitos de administración.

Tabla 3
Función de las corporaciones en los ámbitos de administración de derechos

Fuente: construcción propia a partir de Matten & Crane (2005).

La ciudadanía corporativa ha logrado ser asimilada por las instituciones globales dando legitimidad al papel de la empresa como entidad orientadora de las políticas de la sociedad. El mayor ejemplo de esta perspectiva, ya institucionalizada, es el Pacto Mundial. En este se busca fomentar la colaboración por parte de las empresas con la sociedad a través del cumplimiento voluntario de diez principios (tabla 4) y la puesta en marcha de cuatro instrumentos principales: desarrollo de iniciativas conjuntas, creación de foros de diálogo y redes de colaboración, promoción de un foro activo de educación y aprendizaje y creación de redes y plataformas locales y nacionales.

Tabla 4
Principios del Pacto Global

Fuente: Navarro (2012, p. 171)

Esta perspectiva también puede verse en marcos generales de la RSC empresarial como el Libro Verde de la Unión Europea (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001) o las Directrices Generales para Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2011).

En el caso del Libro Verde, este se inscribe en la iniciativa del Pacto Global, en las declaraciones de la OIT o en las mismas directrices de la OCDE. Además de esto, considera como importante la promoción de regulaciones de RSC en aquellos países en los que tal regulación no exista o sea precaria (OCDE, 2001, p. 7). Divide su propuesta de gestión de la RSC en interna y externa. En el caso de la dimensión externa plantea que dicha gestión debe sobrepasar los límites del continente europeo (OCDE, 2001, p. 12). Así mismo esta dimensión incluye el seguimiento de los derechos humanos, a través de la adopción principalmente de códigos de conducta (OCDE, 2001, p. 14), y la preocupación por los problemas ambientas de carácter global (OCDE, 2001, p. 16).

Por su parte, en los principios generales de las directrices de la OCDE (2011), se encuentran ítems como: contribución al progreso social, económico y ambiental; respetar los derechos humanos; estimular la generación de capacidades locales; abstenerse de cualquier injerencia indebida en actividades políticas locales (lo que no prohíbe el hecho de que si pueda participar). En el área ambiental se les promueve a participar en el establecimiento de políticas públicas. En el área de los intereses de los consumidores se plantea que deben colaborar con las autoridades para la eliminación de amenazas provocadas por sus productos. En el desarrollo de ciencia y tecnología, este puede ser llevado a cabo a través de alianzas con instituciones públicas y universidades.

El Marco Conceptual de AECA sobre Responsabilidad Social incluye dentro de los términos relacionados a la RSC a la ‘empresa ciudadana, definiéndola como “miembro integrante de la sociedad, con el deber de promover su desarrollo y preservación del entorno vital en donde realiza su actividad” (Lizcano & Moneva, 2004, p. 22). Dentro de los comportamientos de carácter externo, el marco recomienda la colaboración directa con organizaciones internacionales que promuevan la RSC, así como la promoción de la misma a través de redes empresariales internacionales.

En la producción de información de RSC, la ciudadanía corporativa también ha influido en guías como la de la Global Reporting Initiative (2013) en la que los indicadores sociales incluyen la posibilidad de informar sobre los derechos humanos, así como la participación en la política pública.

Como se ha planteado en el apartado anterior, desde la ciudadanía corporativa también se propone la definición de declaraciones de valores y/o códigos de conducta. Los primeros, son documentos breves que enumeran principios, fines y valores que orientan la actividad de la organización en la sociedad. Los segundos, son documentos extensos y específicos que presentan reglas de acción que se deben cumplir en situaciones determinadas (Francés-Gómez, 2004).

Por último, se puede decir que, desde hace menos de dos décadas, coincidentes con la predominancia de esta perspectiva, han surgido instituciones privadas (sin ánimo de lucro) que tienen como interés promover las prácticas de RSC, ya sea a través de estándares, guías, o a través de la discusión de temas de política social. Entre estas organizaciones podemos encontrar el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, Social Accountability, AccountAbility, la Global Reporting Initiative, el International Integrated Reporting Framework Council, y muchas más.

Como plantean Matten & Crane (2005), la ciudadanía corporativa no puede considerarse aún como una teoría consolidada. Sin embargo, se puede decir que es la perspectiva con mayor preponderancia el día de hoy en cuanto asume lo planteado por visiones como la estratégica o la teoría de los stakeholders y además pone a la empresa en un escenario político activo.

El aporte de esta perspectiva a la sostenibilidad, en el sentido fuerte del término, es muy baja. Su interés está concentrado más en la reputación corporativa y en la ampliación de su poder político que en una preocupación sincera sobre el medio ambiente y el equilibrio en los ecosistemas. Lo ambiental se ha vuelto negocio: certificaciones, etiquetas, valor financiero, productos ‘ambientales’, etc. Lo ambiental así, queda subordinado a lo económico y a lo social. Lo social es a lo que más se le presta atención, pero en cuanto ello mejora la reputación empresarial y los resultados financieros.

En cuanto a la democracia inclusiva y participativa, es importante tener cuidado con esta perspectiva, puesto que sus planteamientos, aparentemente, parten del reconocimiento de la democracia a través del concepto de ciudadanía. Sin embargo, se puede decir que la ciudadanía corporativa es un intento de minar la democracia y concentrar el poder en las corporaciones. Se considera que el Estado debe dejar en manos de las corporaciones el bienestar de la sociedad. Así, el ánimo de lucro a través de la provisión de servicios públicos y de bienestar es visto como RSC y como ciudadanía corporativa. Ramiro cuestiona esta perspectiva de la siguiente manera:

…se está consiguiendo instaurar una corporativización de la política. Con la RSC, los intereses corporativos mediatizan los conflictos sociales, que van siendo despojados de su carácter político para ir consolidando el mito del consenso como la única forma posible de solucionar los conflictos: a través del diálogo entre todos los actores en igualdad -sin tener en cuenta que existen unas relaciones de poder- es como se pretende llegar a desarrollar buenas prácticas empresariales. Se difumina la responsabilidad de las transnacionales, y se pone en un mismo plano a los consumidores, las ONG, los gobiernos y las empresas. Así, las multinacionales han pasado de emplear estrategias agresivas a desarrollar políticas de RSC, de la imposición al diálogo con los grupos de interés, de la corrupción a la transparencia, de la negociación colectiva a los códigos de conducta, de la desregulación a la autorregulación. (2009, p. 77)

Desde la ciudadanía corporativa el poder de la empresa se hace mayor. Ella se convierte en la guía de la sociedad. Se legitima su actuar y se le da la capacidad de definir lo que debe hacerse en materia social, ambiental, de derechos humanos, etc. La protección y los derechos se convierten en parte de su negocio. Se abren nuevos nichos de mercado alrededor de la salud, la educación, la vivienda, pero también alrededor de la pobreza y de la naturaleza.

Por último, la búsqueda de la interdisciplinariedad en el análisis de la realidad tampoco es interés de esta perspectiva. Todo queda reducido al análisis político-estratégico de la RSC. Si bien la mirada política sobre la corporación amplia el espectro de análisis, se asume el pensamiento liberal en el que el ser humano es considerado como individuo que posee principalmente derechos económicos que deben ser protegidos. Lo social y lo ambiental se ven a la luz de la racionalidad económica.