La gran crisis que vivió la Argentina en 2001 fue el colapso del modelo neoliberal que devastó al país. Con el cambio de gobierno a partir de 2003, el escenario se modificó y comenzó a gestarse un nuevo modelo económico, político e institucional, donde el Estado alcanzó mayor protagonismo. El proceso de democratización se profundizó y se ampliaron los derechos humanos, sociales, civiles y políticos (Albornoz y Gordon, 2011; Ayerbe, 2011; Politis y Curtoni, 2011; Araya et al., 2015). Los cambios fueron múltiples y pueden ser sometidos a discusión, pero este enfoque centra la atención en las políticas públicas que fueron implementadas en el ámbito de la ciencia y la tecnología, ya que a esta área se le otorgó un papel fundamental (Fernández Polcuch et al., 2016). En este sentido, se pretende mostrar la relación insoslayable entre las ciencias y la gestión política, razón por la cual se discute y reflexiona sobre las formas de producción del conocimiento y los modos de hacer efectiva su comunicación atendiendo a las características y los condicionamientos contextuales.

Dentro del marco de apertura mencionado, y en cumplimiento de la Ley 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación, se elaboraron las “Bases para un Plan Estratégico de Mediano Plazo (2005-2015)”, con la meta de “orientar la ciencia hacia los problemas de la sociedad, mejorar su calidad de vida y su desarrollo social” y con objetivos que incluyeron “incrementos en las partidas presupuestarias para investigación y desarrollo tecnológico, el mejoramiento sustancial de los sueldos de investigadores y becarios y la apertura del ingreso al sistema científico nacional” (Albornoz y Gordon, 2011: 31).1 El compromiso con la ciencia también incluyó políticas de divulgación de los conocimientos con fines educativos, culturales e identitarios. Una de las herramientas de promoción de los mismos fue la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (popularmente conocida como Ley de Medios), sancionada en 2009, que establece una serie de puntos —consensuados por diversas organizaciones que intervinieron en foros de debate público—, los cuales giran en torno a fortalecer el federalismo mediante la difusión de contenidos producidos regionalmente.

Bajo el amparo de estas políticas públicas cobra sentido la experiencia que aquí se presenta, relacionada con la producción de un material de comunicación pública de la ciencia, concluido en 2015, luego de una serie de procesos de construcción colectiva respecto de qué y cómo pretendían difundirse los conocimientos. Se trató de la creación de una miniserie para televisión que abordó diversos contenidos desde una mirada que recuperó múltiples voces acerca del pasado, tanto de científicos como de integrantes de pueblos originarios que habitan, y que habitaron, la región. Estos últimos participaron con relatos en primera persona, a partir de los cuales transmitieron sus memorias ancestrales y reclamos actuales en relación con sus territorios, sus patrimonios y su pasado “silenciado”.2 Esta combinación de saberes académicos e indígenas permitió poner en tensión la visión tradicional que apela a una construcción de la identidad nacional forjada desde la idea de que “los argentinos bajamos de los barcos”. De esta manera el proyecto buscó promover y revalorizar “lo indígena” y estimular el fortalecimiento de las identidades bonaerenses.

Lucía. Una miniserie que desafía los relatos sobre nuestra identidad (en adelante Lucía) fue impulsada por el Equipo PATRIMONIA y financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).3 La iniciativa pudo concretarse mediante la asociación al Centro de Producción Audiovisual FACSO Producciones, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). Este producto audiovisual, realizado íntegramente en una universidad y vinculado con temas de relevancia científica y social, pudo ser desarrollado en el marco de una serie de políticas públicas inclusivas, dentro de las cuales la tecnología, la ciencia y la comunicación no estuvieron al margen.

1. Las políticas de democratización de la ciencia en Argentina y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

En sintonía con las políticas de Estado que se fueron gestando desde 2003 en Argentina, en 2007 se creó un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), separado del Ministerio de Educación, con la misión de “orientar la ciencia (…) al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía, bajo el paradigma del conocimiento como eje del desarrollo” (MINCYT). Dentro de estos propósitos se destaca la promoción y divulgación de la ciencia para que “los ciudadanos sean capaces de entender cómo funciona y cómo interactúa con su vida cotidiana y sean capaces de participar conscientemente en decisiones que afecten a la política de ciencia y tecnología”. Para la consecución de esta meta se crearon múltiples programas, proyectos y actividades, donde se destaca el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Tecnología.4

En este marco de apertura de los organismos científicos, en 2012 el CONICET llama por primera vez a una convocatoria nacional de proyectos de divulgación científica, dentro de la cual se postula el proyecto que aquí se analiza.5 Es importante destacar que, históricamente, esta institución sólo financió la investigación de ciencias básicas y aplicadas; sin embargo, en este momento, comienza a ampliar la financiación en otras áreas. El propósito de la nueva línea de proyectos para la divulgación era “acompañar la promoción de las investigaciones con un programa que acerque la ciencia y la técnica a la sociedad” y que además asegure “el desarrollo de las investigaciones científicas en el marco de un equilibrio entre diferentes disciplinas, tanto en el financiamiento de su ejecución, como de su divulgación” (Resolución de Directorio CONICET 4293/12).

Por otra parte, pero de forma paralela al conjunto de transformaciones llevadas a cabo en esos años se sanciona en 2009 la Ley 26.522 (o Ley de Medios), luego de una reñida y profunda discusión, la cual establece las normas para regir el funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en la república.6 Dentro de los principales propósitos de esta nueva norma se destaca la democratización de la comunicación al regularizar la concentración de los medios y promover el federalismo, mediante la descentralización de las industrias culturales audiovisuales a lo largo del territorio nacional. Estas medidas no sólo buscaron favorecer cuestiones económicas (ya sea a partir de la generación de nuevos polos de desarrollo, disminución de los costos de producción o creación de nuevos mercados), sino principalmente aquellas relacionadas con el entramado cultural, a partir de la diversificación de voces y la promoción de las identidades locales.

De modo más detallado, la ley especifica que “las emisoras de titularidad de Estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios y universidades nacionales, deberán emitir un mínimo del 60% de producción local y propia” y “un mínimo del 20% del total de la programación para difusión de contenidos educativos, culturales y de bien público” (artículo 65, incisos b i y b ii). A su vez, se destacan los objetivos de la ley a fin de fortalecer “el desarrollo equilibrado de una industria nacional de contenidos que preserve y difunda el patrimonio cultural y la diversidad de todas las regiones y culturas que integran la nación” y de preservar “la identidad y valores culturales de los pueblos originarios” (artículo 3, incisos k y ñ). Otra cuestión a rescatar es la posibilidad que la ley ofrece a las universidades nacionales de ser titulares de autorizaciones para instalar y explotar servicios de radiodifusión (artículo 145), dedicando los espacios más relevantes de su programación a divulgar conocimientos científicos y culturales.

Estos postulados se diferencian sobremanera del texto de la ley de la dictadura, donde los servicios de radiodifusión (la administración de las frecuencias y orientación, la promoción y el control) eran competencia exclusiva del poder ejecutivo nacional (artículo 2 y 3). Además allí se puntualizaba que “los contenidos de las emisiones debían prestar la colaboración que les sea requerida para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional” (artículo 7) y evitar todo cuanto “menoscabe los sentimientos de argentinidad y patriotismo” (artículo 5). Las letras del texto muestran, ante todo, una serie de prohibiciones y limitaciones vinculadas con el ejercicio de control centralizado que llevaba adelante el gobierno de facto y que la Ley de Medios se propuso erradicar. Si bien esta ley fue luego modificada en 2016 por la aprobación del Decreto n° 267 de Presidencia de la Nación, lo cierto es que muchos de sus postulados introdujeron importantes cambios que aún perduran en los modos de comprender los servicios de la comunicación.7 Como ya se mencionó, su apertura a contenidos regionales, vinculados con los procesos identitarios y culturales de grupos diversos, entre ellos los pueblos originarios, así como la promoción de conocimientos científicos y artísticos desde centros universitarios generó un escenario propicio para la construcción, circulación y recepción de proyectos y propuestas capaces de revalorizar estos aspectos que previamente estaban invalidados.

Cabe destacar además que, en sintonía con la Ley de Medios, se implementa por esos años el Sistema de Televisión Digital como una política de Estado que busca la integración de servicios digitales.8 Para dicho sistema se crea el Programa Polos Audiovisuales Tecnológicos, el cual establece una división territorial de nueve regiones productivas (o polos) que tienen como propósito principal la creación de contenidos televisivos con la participación activa de las universidades, organismos públicos locales, productoras independientes, cooperativas, organizaciones sociales, pueblos originarios y pequeñas y medianas empresas, entre otros (González y García Germanier, 2014). Es interesante señalar que cada polo se subdivide en nodos con cabeceras en determinadas universidades. El Polo Provincia de Buenos Aires incluye cinco nodos que abarcan todo el territorio. Dentro de esa distribución, la productora de contenidos audiovisuales (FACSO Producciones, UNICEN), desde la cual se llevó a cabo la miniserie Lucía, forma parte —con sede en Olavarría—del Nodo Centro e incluye, además, a las productoras de los partidos de Azul, Benito Juárez, Lobería, Necochea y Tandil.

Todas estas políticas públicas orientadas a la producción de contenidos de manera descentralizada han generado un incremento (del 28%) de contenidos locales en la televisión desde la sanción de la LM (UNESCO, 2015: 53). Un informe reciente también elaborado por la UNESCO (Oficina de Montevideo) destaca el rol fundamental que los gobiernos de América Latina le otorgaron a la ciencia y la tecnología en la última década, posicionándola como motor para el desarrollo de sus países y como herramienta para solucionar necesidades sociales largamente postergadas.9 Sin embargo, a esta búsqueda de una sociedad del conocimiento, donde se le otorga protagonismo a la producción científica, se le añade una nueva dimensión, la del diálogo con otros saberes. De allí se le confiere un valor agregado al concepto de “sociedades del conocimiento sostenibles”, donde confluyen no sólo los saberes científicos, técnicos y tradicionales, sino también los ancestrales de las poblaciones originarias (Fernández Polcuch et al., 2016: 13).

2. La comunicación pública de la ciencia y la arqueología pública

En los últimos tiempos se ha suscitado al interior del sistema científico-académico un interés mayor por fomentar las actividades de difusión y comunicación pública, a la vez que impulsar su reflexión y análisis. Cabe destacar que por comunicación pública de la ciencia (en adelante CPC) se entiende “el uso apropiado de diferentes herramientas, medios, actividades y mecanismos de diálogo para producir conciencia, entretenimiento, formación de opinión o comprensión del público en torno a conocimientos producidos desde las ciencias” (Burns et al., 2003: 183). Las razones de esta apertura a la comunicación científica son múltiples, pero una de las principales es la generación de un marco político y social propicio. Como ya se ha mencionado, en Argentina se han promovido acciones concretas en el territorio a través de diversos subsidios y programas de financiamiento, ejemplo de ellos son los voluntariados universitarios, los subsidios para extensión de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y el Programa Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, entre otros. Asimismo, los organismos que financian los proyectos de investigación (CONICET–AGENCIA) han comenzado a incluir entre sus parámetros de evaluación aquellos que promuevan la vinculación social.10 Esta es una tendencia creciente y el campo de la arqueología —tema central en la producción de la miniserie que aquí se presenta— no escapa a ella.

Pero en el renovado interés académico hacia las actividades de difusión y comunicación científica subyacen diversas razones que se vinculan más específicamente a las trayectorias académicas de cada disciplina. En el caso de la arqueología, estos temas han sido abordados desde hace ya unas décadas en el marco de la subdisciplina denominada “arqueología pública”, que considera a la difusión de los resultados de las investigaciones como un deber científico, ya que son de interés comunitario ( Mc Gimsey,1972; Schadla-Hall, 1999; Funari, 2004). Así comienza a promoverse el acercamiento a amplios y diversos públicos (Schadla-Hall, 1999; Merriman, 2004; Moshenska, 2009; Angelo, 2014). Entre los múltiples temas que componen la agenda internacional de la arqueología pública se ubican el saqueo y el tráfico de bienes culturales; la relación entre arqueología y los nacionalismos; los derechos humanos en arqueología y específicamente de los grupos indígenas a su patrimonio cultural; la arqueología y la educación, entre otros (Ascherson, 2000; Fabra et al., 2015).

En el caso de este artículo, interesa focalizar en la dimensión comunicacional de la arqueología, es decir: aquella que la vincula directamente a la comunicación de los conocimientos producidos y que se ubica también entre los intereses de esta subdisciplina. En tal sentido, desde la década del 80 comenzó a someterse a discusión la construcción del conocimiento sobre el pasado tan sólo desde la voz del arqueólogo y el vínculo que la arqueología creaba con la sociedad por medio del patrimonio y los museos. En los países anglosajones los denominados enfoques teóricos “postprocesuales” han analizado las implicancias de la arqueología en el contexto social y político y han reflexionado sobre el rol del arqueólogo como intérprete del pasado (Shennan, 1989; Stone, 1989; Merriman, 1991; Potter, 1991; Shanks y Tilley, 1992), mientras que en América algunas corrientes como la arqueología social latinoamericana y otras más recientes se ocuparon especialmente de hacer una arqueología útil para la sociedad (Lorenzo, 1976; Tantaleán y Aguilar, 2012).11 Como plantean Politis y Curtoni (2011: 497), cualquier intento por establecer una relación entre arqueología y sociedad no puede evitar considerar algunos temas relacionados con las políticas sociales y culturales de la región de estudio y del país.

No obstante, y contrariamente a estos enfoques, todavía existe un sector importante de la comunidad científica arqueológica que no reconoce al público “no especializado” como un interlocutor necesario. De hecho, es casi invisible en la agenda de investigaciones el análisis del proceso de comunicación que opera en la valoración social del patrimonio arqueológico (Conforti, 2012 y 2013) y, en aquellos casos en que se realizan productos para públicos extra-académicos, tampoco suelen ser estos sometidos a discusión con pares, como ocurre, por ejemplo, en las publicaciones científicas (Endere y Conforti, 2016). En este sentido, la miniserie Lucía constituye una experiencia de articulación entre la disciplina arqueológica (los conocimientos producidos) y su comunicación, como otra dimensión necesaria del proceso de vinculación e involucramiento de la academia con la sociedad.

3. Las voces silenciadas: una deuda pendiente desde los medios y desde las ciencias

El espíritu de las políticas públicas en la Argentina de la última década y media buscó la promoción de la diversidad y el pluralismo de voces bajo la tutela de un Estado que las garantizara. Ellas estuvieron en sintonía con otros países de Latinoamérica, donde los gobiernos promovieron sociedades del conocimiento basadas en distintos tipos de saberes (Fernández Polcuchi et al., 2016). En nuestro país, a partir de los objetivos promovidos por los servicios de comunicación audiovisual, se incrementaron notablemente las producciones con contenidos que se ajustaron a tales objetivos, al incluirse expresiones de la cultura popular y saberes de los pueblos indígenas, fortaleciendo una mirada plural y de carácter local. A su vez, se abrieron numerosas radios comunitarias y programas de pueblos indígenas y de universidades en todo el país.

Es imprescindible entender esta cuestión, relacionada a una valorización de los saberes localizados y pertenecientes a “otros” grupos (no hegemónicos), también en el marco de nuevas discusiones teóricas y metodológicas que vienen desarrollando algunos autores desde la llamada perspectiva decolonial (Quijano, 2007; Walsh, 2008; y Mignolo, 2010, entre otros). Esta mirada se centra en una profunda crítica a la “colonialidad” del saber, a la histórica dominación del conocimiento por parte de la sociedad moderna occidental que negó, silenció e invisibilizó los “otros” saberes (no europeos), considerados “atrasados”, “bárbaros”, “primitivos” o “subdesarrollados”. Desde dicha postura —y como versiones contrapuestas a los discursos dominantes de la colonialidad— resulta fundamental recuperar saberes acallados, así como imaginarios locales y contextualizados o geopolíticamente determinados.

En el campo de la arqueología, la emergencia de perspectivas críticas al positivismo (metodología que dominó el pensamiento occidental) implicó considerar múltiples versiones del pasado y a “descentrar” a los arqueólogos como únicos autorizados para hablar acerca de él (Politis y Curtoni, 2011: 497). Como consecuencia de ello, algunos grupos indígenas comenzaron a ser escuchados en relación con sus saberes sobre las tierras donde se encontraban los sitios arqueológicos y sobre los restos culturales y humanos que en éstos eran hallados. También se volvieron participes en la producción de los conocimientos y en proyectos de manejo e interpretación de los sitios (Endere y Curtoni, 2006; Jofré, 2010; y Corimayo y Acuto, 2015, entre otros).

Tales transformaciones se vinculan, además, con diferentes procesos de reemergencias étnicas que se generaron en nuestro país, fundamentalmente desde la década del 90, e implicaron acciones políticas de los pueblos indígenas que buscaban el reconocimiento del Estado (Pizarro, 2006).12 Los avances en materia legal fueron, sin duda, factores fundamentales para este cambio. Por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) habilitaron su reconocimiento como sujetos de derechos, entre ellos, a ser consultados de forma previa, libre e informada y a participar en todos aquellos proyectos y decisiones que les afecten. Por otra parte, a nivel nacional, la Reforma Constitucional de 1994 reconoce su preexistencia étnica y cultural, así como la posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan (artículo 75, inciso 17), posibilitando así la demanda legal de los territorios ancestrales. En el campo de la disciplina arqueológica, la sanción de la Ley 25.517 y su decreto reglamentario (2010) sobre la restitución de restos humanos que se encuentran en los museos fue otro factor que impactó de manera directa (Endere, 2013). Estos reconocimientos jurídicos y constitucionales otorgados a los pueblos indígenas empezaron a marcar la agenda de las investigaciones y a requerir, para su desarrollo, de su consentimiento y participación.

En suma, el conjunto de transformaciones mencionadas hizo posible plantear una nueva perspectiva de la comunicación pública de la arqueología, donde la transmisión de la herencia cultural no sólo incluyera los saberes científicos. De esta manera dar a conocer las culturas nativas también desde la perspectiva de los propios protagonistas constituye un desafío comunicacional. A través de Lucía, se pretendió mostrar una experiencia que busca resquebrajar antiguas nociones y apela al público desde las nuevas concepciones comunicativas de diálogo y participación, a través de la propia voz de los que por años permanecieron relegados.

4. Lucía. Una Miniserie que desafía los relatos sobre nuestra identidad

Teniendo en cuenta todos los avances jurídicos y académicos antes mencionados, se decidió poner en conocimiento sobre el anteproyecto de la miniserie a diferentes miembros de pueblos indígenas que residen en Olavarría y en otras localidades cercanas, con el fin de invitarlos a participar. Luego de este proceso, los contenidos tratados en el audiovisual fueron seleccionados por una de las autoras de este artículo, junto a asesores científicos, investigadores y cuatro de los indígenas consultados, siendo estos últimos los que definieron los temas que cada uno quería desarrollar en su espacio de filmación.13 Las grandes temáticas desarrolladas fueron el poblamiento inicial de la región pampeana, el paleoambiente y su megafauna. La forma de vida del cazador-recolector, su desarrollo tecnológico y los rituales mortuorios; los primeros contactos hispano-indígenas; los “indios amigos”; las distintas avanzadas militares y la conquista final: el genocidio; el rol de la escuela y de la ciencia en la invisibilización indígena; la reemergencia étnica y los reclamos actuales sobre sus territorios y los restos de sus antepasados.14 Todos estos contenidos se amalgamaron en un guión de ficción (Tabla 1) que requirió de la conformación de un equipo interdisciplinario que incluyó actores, actrices, diseñadores, músicos, técnicos en imagen y sonido y un guionista. En el transcurso del proceso creativo que acompañó el producto audiovisual se decidió el título artístico Lucía. Una miniserie que desafía los relatos sobre nuestra identidad (Figura 1).15 La dirección de la ficción estuvo a cargo del equipo de la productora de contenidos audiovisuales FACSO Producciones, todos integrantes y docentes de la misma casa de estudios. El rodaje de las escenas de ficción y la mayoría de las entrevistas se realizó en el partido de Olavarría, pero incluyó varios escenarios naturales, como sitios paleontológicos, arqueológicos e históricos ubicados en arroyos, playas y sierras de la región 16. También realizaron grabaciones en museos y centros culturales. El producto fue grabado en alta definición y se adaptó a un formato televisivo de cuatro capítulos de media hora cada uno 17. La filmación culminó en septiembre de 2014 y hasta mayo de 2015 se trabajó en la postproducción y edición definitiva. La entrega del producto a CONICET se realizó en noviembre 2015 18.

Lucía sólo se proyectó de forma local por medio de un permiso especial del Directorio de CONICET (titular del dominio patrimonial), sin haberse emitido en formato televisivo. Recientemente, fines de 2016, el grupo de investigación obtiene el aval definitivo para la difusión del material. Mientras se esperaba ese permiso, en junio de 2015 se realizó el estreno en el Centro Cultural Hogar San José de Olavarría, donde se invitó a medios de comunicación y a los particulares e instituciones que se comprometieron con el proyecto. Posteriormente la miniserie participó como producción invitada en la Muestra de Cine Nacional “Lucas Demare”, de esa ciudad.20

La miniserie también se presentó en una sala de cine local en el marco de la XIII Semana Nacional de la Ciencia (2015), especialmente destinada a estudiantes terciarios y secundarios. En esa presentación se pudo relevar la opinión de los asistentes a partir de la aplicación de una breve encuesta que apuntó a indagar el conocimiento de los temas que en Lucía se abordan. El cuestionario se realizó luego de la proyección y alcanzó a un total de 61 jóvenes estudiantes, 12 de ellos del nivel terciario (profesorado de ciencias sociales) y 49 de nivel secundario (quinto y sexto año de la orientación en ciencias sociales). Fue anónima y al azar. Cabe aclarar que no persiguió resultados estadísticos, sino sólo la obtención de una primera información espontánea de su público objetivo sobre los conocimientos que incluye el producto.

Tabla 1
Contenidos por capítulo de Lucía 19

Figura 1
Afiche de difusión de la miniserie

Tabla 2
Temáticas señaladas como desconocidas por el público de terciario (ordenados de mayor a menor y sobre la base de repuestas múltiples)

Tabla 3
Temáticas señaladas como desconocidas por el público de secundario

De estos primeros resultados se puede decir que la selección temática realizada para la miniserie puede contribuir con el aporte de nueva información, no trabajada en los contenidos curriculares de los niveles secundarios y terciarios, y coincidir con los diagnósticos previos que dieron origen al diseño de este proyecto.

La última proyección de Lucía en un ámbito cerrado fue en noviembre de 2016 al ser presentada en el marco de la jornada “Intersecciones de saberes: ciencia, arte y prácticas cotidianas. Encuentro de educadores”, realizada en la ciudad de Bahía Blanca (Universidad Nacional del Sur). Los destinatarios también fueron estudiantes de nivel terciario (carreras de historia y artes plásticas), pero en este caso la consigna fue presentar cuál era el mensaje más significativo que les dejaba la miniserie, en una producción de síntesis posterior a la proyección. Para eso los asistentes respondieron en forma oral y gráfica, en grupos, y entre las devoluciones se destacaron las siguientes reflexiones —la importancia de la memoria y del autoconocimiento (del “alma” y de las historias personales) en el proceso de construcción de la identidad— y se resaltó la participación indígena en la miniserie.

Estas dos últimas experiencias de prueba, aunque acotadas, pusieron en relación a la miniserie con su público mediante relevamientos de opiniones y reflexiones, que permitieron evaluar comunicacionalmente el resultado de la exposición del producto realizado. No obstante, a futuro se espera poder ampliar estos sondeos y completar un análisis más exhaustivo de su impacto.

Reflexiones finales

En este trabajo se recuperó la experiencia de creación de la miniserie Lucía con el fin de mostrar cómo este producto de comunicación pública de la ciencia alcanzó dos principales objetivos: visibilizar contenidos de carácter regional y promover la multiplicidad de voces en torno a un mismo tema, en este caso la arqueología e historia de la zona bonaerense. Sin embargo, la principal discusión aquí propuesta se centra en los marcos contextuales vinculados con las políticas científicas y comunicacionales impulsadas por el Estado, que promovieron e hicieron posible que dicho proyecto se concretara.

La importancia otorgada al desarrollo científico a través de determinados programas y a la divulgación y comunicación del conocimiento —que comienza a pensarse cada vez más localizado y producido colaborativamente— fue una medida crucial para encauzar un desafío de estas características. Lucía surgió de la inquietud de un grupo de investigación científica radicado en el interior del país y con fondos provenientes de una convocatoria nacional que impulsó la actividad de comunicación desde la libertad y la necesidad de realidades locales y regionales. Así se logró la producción de contenidos televisivos a través del Programa Polos, promoviendo su desmonopolización y la disminución de asimetrías regionales en el marco de una nueva política pública, donde los postulados de la Ley de Medios jugaron, al momento, un papel central.

El espacio de diálogo generado con las comunidades indígenas de la zona, así como su involucramiento y participación, se convirtió en una experiencia de trabajo con pocos precedentes desde el ámbito de la comunicación pública de la arqueología, a través de la inclusión de multiplicidad de voces y de la posibilidad de compartir el relato con otros. Esto sin dudas busca desdibujar las formas dominantes de producción del conocimiento, centradas en lógicas occidentales con pretensiones de universalidad, al incluir los saberes de otros actores no hegemónicos, como los de los pueblos indígenas, históricamente excluidos y silenciados. La construcción y difusión del saber desde estas nuevas perspectivas teóricas —y enmarcadas en un escenario propicio— plantean interrogantes sobre las especificidades históricas y culturales de las regiones y la identidad de los grupos que pertenecen a ellas.

En ese sentido, el medio audiovisual “desafía los relatos sobre nuestra identidad” (como el título lo indica) al mostrar otras miradas y versiones que contradicen, en muchos casos, los discursos oficiales en torno de estas temáticas. Esto último es central si se entiende que las industrias culturales tienen una alta capacidad en su contenido simbólico, una importante influencia en la conformación de identidades y la posibilidad de contribuir a la formación de valores asociados con la ciudadanía. En suma, Lucía apunta a revalorizar el aporte de las investigaciones arqueológicas de la zona pampeana bonaerense, desde un trabajo interdisciplinario y con las comunidades involucradas, en el dinámico, complejo y multifacético proceso de construcción de la identidad regional.

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Notas