Introducción

En la última década en América Latina se generaron nuevas capacidades e instrumentos de gestión en procesos de innovación y desarrollo tecnológico para la inclusión social, que reposicionaron la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en la agenda política de los países orientada a la inclusión social, la reducción de la desigualdad y la sostenibilidad ambiental.

En América Latina, la preocupación por las relaciones entre ciencia, tecnología y desarrollo social se remonta a los años 60 y 70, cuando un conjunto de intelectuales (Sábato, Varsavsky, Herrera) comenzaron a mostrar una actitud crítica respecto al modelo de desarrollo seguido hasta entonces en relación a la ciencia y tecnología.1 Desde la década de 1990, las políticas de CTI recobraron relevancia en la agenda política de los países latinoamericanos. Este proceso se consolidó y extendió a partir de los años 2000, con la creación de nuevas instituciones e instrumentos de promoción del conocimiento científico-tecnológico. A la vez, en algunos países de la región se definieron explícitamente prioridades de políticas de CTI vinculadas a la pobreza y el desarrollo con inclusión social.

En la última década, en el marco de los estudios sociales de la ciencia y tecnología, distintos referentes con diferente énfasis y enfoques impulsan la reflexión y el debate acerca de la necesidad de orientar la generación de conocimiento científico– tecnológico hacia la solución de problemas de interés social, mediante la aplicación de políticas públicas que impulsen el desarrollo inclusivo y sustentable.2 En este marco, a fin de contribuir al análisis de las políticas públicas de CTI, el objetivo de este artículo es relevar y analizar los instrumentos de CTI propuestos en Argentina por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), que contribuyen a la generación y aplicación de tecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable.

Para el cumplimiento de este objetivo, el artículo se organiza de la siguiente forma. En el primer apartado se reseñan las políticas de CTI en Argentina y se describen los cambios institucionales y organizativos, así como la incorporación de nuevos instrumentos de promoción de las actividades científico–tecnológicas. En el segundo apartado se estima y analiza el financiamiento de actividades de actividades científico–tecnológicas orientadas al desarrollo inclusivo y sustentable, con énfasis en seis áreas estratégicas seleccionadas: agricultura familiar, energías renovables, nanotecnología, biotecnología y TIC.3 Por último se presenta un conjunto de reflexiones acerca de la agenda de políticas y desarrollo inclusivo y sustentable en Argentina.

1. Marco conceptual y estrategia metodológica

Desde mediados de la década de 1960, diversos movimientos sociales en países en desarrollo y en países desarrollados intentaron generar —con resultados diversos— alternativas tecnológicas que tendieran hacia dinámicas de desarrollo socialmente inclusivas y ambientalmente sustentables (Fressoli et al., 2011; Willoughby, 1990; Dickson, 1974; Herrera, 1983 y 1995). A partir de entonces es posible distinguir diferentes conceptos y definiciones como tecnologías “apropiadas” (1960-1980), “intermedias” (1970-1980), “alternativas” 1970-1980) y, más recientemente, los movimientos de grassroots innovations (“innovaciones de base”) en la India (1990- presente) o “tecnologías sociales” en Brasil (2000-presente), que representan diversas formas de comprender los desafíos tecnológicos, sociales y ambientales. Estas iniciativas han surgido como contracorrientes de innovación en reacción a los modelos y patrones convencionales de industrialización y desarrollo tecnológico de los últimos 50 años. Cuestionan las trayectorias dominantes a partir la experimentación con formas de innovación alternativa (Smith et al., 2013) y muchas han sido apoyadas —habitualmente en fases tempranas— por organismos internacionales de fomento e instituciones de CTI. Asimismo, en la intersección entre la economía de la innovación y los estudios de desarrollo, se hace referencia a “innovación inclusiva” (Utz et al., 2007; Heeks et al., 2013) o “innovación para el desarrollo inclusivo” (IDRC, 2011; Cozzens et al., 2012; OCDE, 2013) como campo de análisis y objeto de intervención en políticas públicas.

En la última década, esta temática también ha sido abordada desde los estudios de innovación, como es el caso de los enfoques de “base de la pirámide” (Prahalad, 2010 [2004]) y “bajo el radar” (Kaplinsky, 2011), que se focalizan en el rol del sector privado para desarrollar productos que satisfagan las necesidades de las poblaciones con menores recursos. A pesar de sus diferencias, es posible agrupar a este conjunto de iniciativas, movimientos y enfoques como “tecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable” (TDIS).

El análisis de los procesos de construcción de conocimientos, tecnologías y políticas públicas para el desarrollo inclusivo y sustentable se basa en el análisis socio-técnico, donde las tecnologías para la inclusión social (TIS) son entendidas como “formas de desarrollar e implementar tecnologías (de productos, proceso u organización) orientadas a generar dinámicas sociales y económicas de inclusión social y desarrollo sustentable, vinculadas a la generación de capacidad de resolución sistémicas de problemas (pobreza y exclusión social) antes que a la resolución de déficit puntuales” (Thomas, 2009). Estas tecnologías alcanzan un amplio abanico de producciones de tecnologías de producto (artefactos), proceso y organización en diversos sectores, tales como alimentación, vivienda, energía, agua potable, salud, transporte y comunicaciones, entre otras.

La estrategia metodológica de este artículo se basó en la revisión y el análisis de la información disponible en las instituciones públicas de ciencia y tecnología —planes y programas nacionales—, lo que se complementó con estudios y análisis de especialistas y referentes en el tema. El trabajo se orientó a la selección, la sistematización y el análisis de la información disponible en la página web del MINCYT y Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT), referida a las características y la composición de los instrumentos de promoción de actividades científico–tecnológicas relacionadas a las TDIS desde 2007, momento de creación del MINCYT, hasta 2015.

En una primera etapa se clasificaron todos los instrumentos propuestos por la ANPCYT a partir de su fondo de origen. En cada uno de los instrumentos se relevó la totalidad de los fondos adjudicados en cada convocatoria en el periodo 2007-2014. Dentro de cada convocatoria se analizaron los proyectos financiados (a partir de sus títulos o denominación) y los montos otorgados a cada uno, seleccionando aquellos proyectos que en mayor medida estaban asociados a la generación, implementación, re-aplicación, gestión y evaluación de tecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable. Una vez seleccionados y clasificados los instrumentos de acuerdo a los criterios enunciados, se focalizó el análisis en los proyectos que respondieran —en base a su título— específicamente a las posibilidades reales de aportar a las TDIS en cada una de las áreas bajo estudio en el proyecto: agricultura familiar, energías renovables, biotecnología, nanotecnología y TIC. Para esto se relevaron todas lasconvocatorias de los instrumentos que potencialmente pudieran asociarse a alguno de los aspectos de las TDIS durante el periodo bajo análisis. Una vez seleccionados los proyectos, se realizó un análisis tanto por número de proyectos como por monto otorgado y área potencial de aplicación.

2. Reseña de las políticas de CTI en Argentina a partir de 2007: cambios institucionales e instrumentos

En las últimas dos décadas, en Argentina, desde una concepción que privilegia el papel del conocimiento en desarrollo, se implementaron políticas públicas de CTI que produjeron cambios significativos en la estructura organizacional e incorporaron nuevos sistemas e instrumentos de financiación y promoción de la investigación científica y la innovación tecnológica en el sector productivo. En primer lugar, se destacan los cambios político-institucionales, que elevan a la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECYT) al rango de ministerio, jerarquizando las actividades en materia de CTI.4 En diciembre de 2007, a partir de las modificaciones a la Ley de Ministerios Nº 26.338, se crea el MINCYT. Este organismo tiene a su cargo la formulación de políticas y el desarrollo de planes, programas y proyectos tendientes a fortalecer “la capacidad del país para dar respuesta a problemas sectoriales y sociales prioritarios y contribuir a incrementar en forma sostenible la competitividad del sector productivo, sobre la base del desarrollo de un patrón de producción basado en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica” (MINCYT,2015: 13).

Para la gestión de los recursos, el MINCYT actualmente desarrolla un total de 74 instrumentos, de los cuales el 55% de se encuentran bajo la órbita de la ANPCyT (Figura 1).5 Estos no sólo representan la mayor proporción, sino que muestran una estrecha relación con los objetivos propuestos en el presente proyecto (TDIS en Argentina).

Figura 1
Instrumentos de políticas en CTI propuestos por el MINCYT

Con la creación del MINCYT se incorpora la ANPCyT como organismo descentralizado dependiente de este ministerio.6 Los objetivos de la ANPCyT son organizar y gestionar los instrumentos de promoción científica y tecnológica. A lo largo del tiempo ha logrado expandir y diversificar los instrumentos dirigidos a la promoción de las actividades de CTI.7 Los fondos de promoción de investigación científica y tecnológica son el instrumento más empleado. Actualmente, la ANPCyT dispone de cuatro instrumentos destinados a financiar el desarrollo de la investigación científica, la innovación tecnológica y la modernización de empresas, institutos científicos y de investigación en todo el país (Tabla 1).

Tabla 1
Instrumentos de promoción de CTI-ANPCYT

• - Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT): administra recursos para financiar proyectos de investigación destinados a la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos.

  - Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR): gestiona recursos de diferentes fuentes dirigidos a promover la innovación tecnológica en el sector productivo nacional a través de diversos instrumentos, que abarcan tanto subsidios como créditos de devolución obligatoria.

  - Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT):promueve proyectos de innovación para la generación de productos, servicios, sistemas y soluciones en tecnología de la información y las telecomunicaciones. Apoya la finalización de carreras de grado, la generación de nuevos emprendimientos y el fortalecimiento de PYMES, productoras de bienes y servicios pertenecientes al sector de tecnología de la información y las telecomunicaciones (TIC).

  - Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC): administra recursos destinados a desarrollar capacidades críticas en áreas consideradas de alto impacto potencial y transferencia permanente al sector productivo, para mejorar la competitividad y la solución a problemas que se originan en demandas de la sociedad, las empresas y el Estado.

Para cumplir con los objetivos de cada instrumento, periódicamente se realizan diferentes convocatorias para la presentación de propuestas destinadas a la ejecución de actividades de CTI. La mayor cantidad (27) de convocatorias pertenece al FONTAR, mientras que las del FONCyT y el FONARSEC son similares; un número menor corresponde a FONSOFT (Figura 2).

Figura 2
Convocatorias vigentes según fondo en la ANPCyT (2015)

Según el instrumento, la ANPCYT ofrece dos modalidades para la presentación de proyectos: convocatorias públicas y ventanilla permanente. Durante 2014 se abrieron 28 convocatorias públicas y 20 ventanillas permanentes. En función de las áreas temáticas bajo estudio, el análisis privilegia el relevamiento de los proyectos que conforman las convocatorias de los instrumentos: FONCyT y FONARSEC (Tabla 2).

Tabla 2
Instrumentos seleccionados y fondos de procedencia (2014)

Según ANPCYT (2015), tanto la cantidad de proyectos como los montos adjudicados tienen una tendencia creciente. En el período 2009-2014, la cantidad de proyectos aprobados por la ANPCYT en los cuatro instrumentos (FONCYT, FONARSEC, FONTAR y FONSOFT) se incrementó en un 58%, mientras que los montos adjudicados se quintuplicaron, pasando de un total a valores nominales de 433.255.376 pesos en 2009 a 2.193.477.999 pesos en 2014.

Durante este último año, el FONCYT adjudicó 1419 proyectos por más de 500 millones. El principal instrumento que gestiona y administra este instrumento es el PICT, que, en sus diversas variantes adjudicó en 2014 más del 80% de los proyectos que financia el fondo, superando los 440 millones, cifra que significa aproximadamente el 90% del monto adjudicado por este fondo. Las convocatorias del FONCYT son de tipo “General” en cuanto al desarrollo de actividades de I+D, por lo que es factible encontrar proyectos que contemplen diversos aspectos de las TDIS que —para el caso de esta convocatoria— se ubica en menos del 1% de los proyectos (Tabla 3).

Tabla 3
Principales Instrumentos que componen el FONCYT (2014)

En el mismo año el FONARSEC adjudicó 81 proyectos por alrededor de 835 millones de pesos. El 46% corresponde a proyectos aprobados en el marco de Fondos Sectoriales (FS) y Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS), mientras que el resto abarca los instrumentos del Fondo de Innovación Tecnológica Regional (FITR), el programa EMPERTECNO y el proyecto de infraestructura y equipamiento tecnologíco (PRIETec). Por otra parte, las convocatorias del FONARSEC se podrían definir como de “ciencia orientada”, a partir de la descripción que presentan: “… el instrumento central para la implementación de una nueva generación de políticas que intentan fortalecer la vinculación entre el sector científico y tecnológico con el sector socio productivo a fin de contribuir a la solución de problemas sociales y económicos” (ANPCyT, 2015).

El FONARSEC se inscribe en la nueva política pública de combinar los instrumentos de alcance horizontal con los sectoriales o focalizados en áreas estratégicas.8 La creación de fondos sectoriales se ha intensificado en América Latina en los últimos años. Lugones et al. (2013) señala que la experiencia internacional muestra que, después de un cierto periodo de aplicación de políticas horizontales, muchos países han iniciado una transición hacia políticas más específicas, sugeridas por la literatura especializada como necesarias para avanzar hacia mayores políticas de impacto de acuerdo con la madurez de los procesos de innovación.

La estrategia de focalización derivada del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: Argentina Innovadora 2020. se basa en la identificación de oportunidades de intervención en entornos territoriales específicos a partir de la articulación de tecnologías de propósito general (TPG) con sectores productivos de bienes y servicios, los que define como núcleos socioproductivos estratégicos (NSPE).91011 Los recursos de este fondo provienen de dos organismos internacionales: el BID y el BIRF. En su composición diferencia los sectores de biotecnología, nanotecnología y tecnologías de la información y de las comunicaciones, concebidos como plataformas transversales, y agroindustria, desarrollo social, energía, salud y ambiente y cambio climático. En el FONARSEC financia a través de áreas consideradas de interés, y no mediante convocatorias generales, como en el caso del FONCYT. También se constituyó el Fondo de Innovación Tecnológica Regional (FITR), que contempla las mismas áreas, pero con énfasis en las posibilidades de “impacto regional” de los desarrollos científico-tecnológicos. Este instrumento se enmarca en la concepción que privilegia el diseño y formulación de políticas específicas de CTI, adecuadas a las regiones y localidades. A través de este enfoque, que enfatiza la importancia del territorio en la implementación de políticas públicas, se busca impulsar el desarrollo de procesos de investigación más desarrollo (I+D) que permiten responder a las necesidades locales y regionales, fortalecer las iniciativas a nivel nacional, municipal y provincial, y promover procesos de articulación entre el sector público y el privado, público–público y privado-privado.12

2.1. El desarrollo inclusivo en la agenda de I+D

En 2008, con el objetivo de atender las necesidades de las organizaciones de la economía social y solidaria promovidas por el Ministerio de Desarrollo Social, se crea el Programa Consejo de la Demanda de los Actores Sociales (PROCODAS), que busca vincular acciones que promuevan procesos de inclusión social mediante el desarrollo de actividades científico-tecnológicas.

En la trayectoria del PROCODAS se distinguen tres etapas: i) de 2008 a 2010; ii) de 2011 a 2012; y iii) de 2013 en adelante. Durante los dos primeros años de vigencia, el programa funcionó conformando mesas de gestión a fin de relevar demandas sociales que articulaba y canalizaba a través del Ministerio de Desarrollo Social. Hacia 2011, el equipo del PROCODAS comenzó a contar con presupuesto del Tesoro Nacional para cofinanciar proyectos a través de los instrumentos disponibles en el MINCYT. Se crearon los “proyectos de tecnologías sociales”. Este cambio en la función implicó la creación de comisiones evaluadoras capaces de evaluar proyectos tanto desde un punto de vista técnico como socio-organizativo y, por otro lado, un conjunto sucesivo de adecuaciones en el diseño e implementación del programa, así como en la estructura administrativa del MINCYT, en particular en cuanto al sistema de rendición de cuentas de los proyectos. Ese mismo año, la magnitud alcanzada en las convocatorias 2011 y 2012 significó un aumento del presupuesto y le valió al PROCODAS la posibilidad de comenzar a gestionar convocatorias propias: los proyectos de tecnologías para inclusión social (PTIS). En este periodo se financiaron 34 proyectos por más de un millón de pesos (Ceverio et al., 2015). En esta tercera etapa, el plazo de ejecución de los proyectos se prolongó de seis a nueve meses y, a fin de alentar la postulación de organizaciones sociales, sólo se permitió a las instituciones de ciencia y tecnología presentarse en concepto de Unidad Administradora de Fondos para aquellas organizaciones sin capacidad para gestionarlos.

Paralelamente, y como consecuencia de las demandas cada vez más recientes de parte de los investigadores del sistema científico-tecnológico, a partir de 2011 comenzó una rediscusión sobre los criterios de evaluación de las actividades de I+D. El origen de esta revisión parte de un intento de generar formas alternativas de calificación de los investigadores que, además de los criterios clásicos de productividad —utilizados históricamente por CONICET—, incluya opciones para los investigadores volcados al trabajo en actividades de desarrollo tecnológico y social.

A partir del trabajo articulado entre todas las instituciones del sistema de I+D a nivel nacional, se arribó a la creación de un banco de proyectos de desarrollo tecnológico y social (PDTS). Se trata de una plataforma que permite, mediante la decisión del director de un proyecto, la evaluación de ese proyecto en base a un conjunto de criterios asociados a la aplicabilidad de sus resultados.

Por último, cabe destacar que dentro del sistema nacional de instituciones de I+D existen casos de experiencias asociadas al desarrollo de TDIS. Instituciones como el INTA —a través del Centro de Investigación y Desarrollo para la Agricultura familiar (CIPAF) y sus institutos regionales (IPAF)—, el INTI —a través del desarrollo de experiencias como el programa de Abastecimiento Básico Comunitario (ABC)— y las universidades nacionales terminan por completar un conjunto de experiencias que vienen creciendo en forma sostenida durante los últimos años (Thomas et al., 2015).

3. Financiamiento de actividades de actividades científico–tecnológicas orientadas al desarrollo inclusivo y sustentable

Desde 2007 se registra un incremento cuantitativo en los recursos administrados por la ANPCYT. En 2013 la inversión en actividades de ciencia y tecnología alcanzó 22.065,8 millones de pesos, cifra que representa un incremento del 24% respecto al año anterior. Entre 2009 y 2013 el crecimiento del presupuesto —a valores contantes en precios de 2004— supera el 50%, mientras en el mismo período la inversión en I+D en relación al PBI aumentó un 24% (MINCYT, 2015). La inversión en ciencia y tecnología respecto del PIB alcanzó en 2013 el 0,66%. La mayor parte de este esfuerzo es explicado por las actividades de investigación y desarrollo que se llevan a cabo principalmente en instituciones públicas (Ladenheim, 2015). Las instituciones públicas son las principales ejecutoras de la inversión en I+D (76%), correspondiendo un 47% del total a organismos públicos y un 29% a universidades nacionales y provinciales. En cuanto al financiamiento de la inversión en I+D, no varía significativamente por sectores (77% el sector público y 23% el sector privado), quedando concentrado principalmente en los Estados nacional y provinciales.

Entre 2007 y 2014, el número de proyectos otorgados por FONCYT se incrementó en un 43% y el monto adjudicado pasó de 158.724.030 millones de pesos a 503.220.736 en ese periodo de tiempo, mientras que el FONARSEC en el mismo período casi duplicó el número de proyectos y el monto adjudicado creció de 113.812.103 millones de pesos a 834.763.180 pesos. En el periodo 2007-2013, en ambos instrumentos se verifica que el número de proyectos y montos adjudicados a TDIS en las áreas temáticas seleccionadas crecieron, aunque lo hicieron en forma irregular (Figura 3).

Figura 3
Número de proyectos y montos otorgados a TDIS (en áreas seleccionadas) en el periodo 2007-2013

En la trayectoria se distinguen dos etapas: de 2007 al 2009 y de 2010 en adelante. Las diferencias entre ambas etapas pueden tener origen en dos cuestiones. En primer lugar, a partir de 2008 las cuestiones asociadas a TDIS comienzan a ocupar un lugar de mayor relevancia, tanto en lo discursivo como en la agenda propia de la institución. Si bien se lanzaron instrumentos específicos como el PROCODAS, desde otras convocatorias de tipo “general”, como los PICT y PICTO, la aparición de proyectos relacionados a las TDIS tuvo un leve aumento en comparación el total de proyectos financiados. En segundo lugar, a partir de 2010 y a través del FONARSEC, comienzan a financiarse actividades que poseen un claro componente de “ciencia orientada” y —en varios casos— financian proyectos asociados al desarrollo de TDIS o similares.

Al momento de analizarse los proyectos financiados según su área potencial de aplicación, la distribución del número de proyectos financiados por área no muestra una tendencia o patrón particular (Figura 4).

Figura 4
Proyectos financiados en agricultura familiar, biotecnología, energías renovables, nanotecnología y TIC

Si bien no se verifican grandes diferencias entre los sectores, cuando se analiza el total de proyectos acumulados a través de los años para TDIS que se han financiado por área, se distinguen dos grupos: aquellos que superan los diez proyectos, referidos a agricultura familiar y naotecnología, y los que no alcanzan dicha cifra (biotecnología, energía renovables y TIC) (Figura 5).

Figura 5
Total de proyectos financiados por área (2007-2014)

Figura 6

Figura 6
Total de proyectos financiados según fondo

El número de proyectos financiados por FONARSEC es menor que el de los financiados por el FONCYT. Sin embargo, cabe señalar que la implementación del FONARSEC es posterior a la del FONCyT y que de 2010 a 2013 FONARSEC destinó en promedio fondos a 3,5 proyectos por año, mientras que el FONCyT financió seis proyectos anuales.

Por último, respecto del análisis del número de proyectos resulta interesante comparar el financiamiento de cada área en el marco de cada uno de los fondos analizados, comprobándose que tampoco existen diferencias en el número de proyectos financiados por área respecto del fondo de origen. Asimismo, se destaca que, únicamente en el caso de las TIC, sólo existen proyectos financiados por el FONCYT (Figura 7).

Figura 7
Proyectos financiados por área según fondo 2007-2014

Dado que el número de proyectos adjudicados no parece tener poder explicativo sobre las dinámicas de funcionamiento de las TDIS en el marco del MINCYT, la distribución del monto otorgado para el financiamiento de las TDIS adquiere una dimensión significativa.

En el análisis del monto adjudicado por cada instrumento, se comprueba de forma más definida la diferencia entre el periodo 2007-2009 y el comprendido entre 2010 y 2013, comprobándose además que la creación del FONARSEC como fuente de financiamiento permitió dar lugar a una nueva generación de proyectos que otorgan montos que son varias veces superiores a los del FONCYT (Figura 8).

Figura 8
Monto total otorgado a proyectos TDIS en las áreas seleccionadas periodo 2007-2013

Figuras 9 y 10

Figura 9
Monto otorgado según área (2007-2014)

Figura 10
Monto total acumulado otorgado según área (2007-2013)

El análisis de los montos otorgados para financiamiento de TDIS según el fondo de origen muestra grandes diferencias (Figura 11).

Figura 11
Monto total otorgado por el FONCyT (arriba) y FONARSEC (abajo) a proyectos TDIS en las áreas seleccionadas (2007-2013)

De los 47 proyectos financiados, 33 pertenecen al FONCYT y 14 al FONARSEC. Sin embargo, cuando se observan los montos -en promedio- los primeros recibieron 172.000 pesos, mientras que aquellos pertenecientes al FONARSEC tuvieron un financiamiento promedio de 6,5 millones de pesos. En este punto, y teniendo en cuenta las cuestiones relativas a las posibilidades de utilización de las tecnologías de conocimiento intensivo para la resolución de problemáticas sociales y ambientales, la diferencia de recursos recibidas podría transformarse en una dimensión significativa. Al tratarse de tecnologías conocimiento intensivo, cuyas necesidades de equipos y recursos humanos son altas, un mayor monto puede repercutir en mayores facilidades para la concreción de los proyectos, como así también en un desfasaje con cuestiones coyunturales que obliguen a la interrupción —y en muchos casos— a la finalización de los proyectos, sin haber cumplido sus objetivos. Sin dudas, la implementación de los FONARSEC dio lugar a una nueva generación de proyectos que, al margen de los resultados obtenidos, puede asociarse a posibilidades más “concretas” de resolución de problemáticas sociales y ambientales.

Figura 12

Figura 12
Monto otorgado a cada área según fondo. Acumulado 2007-2013

Figura 13

Figura 13
Proporción de los montos otorgados a las TDIS en el FONCYT y el FONARSEC

Aunque la proporción de los montos otorgados aumenta significativamente en el periodo 2010-2012, el máximo alcanzado roza tan sólo el 9% de los fondos otorgados a TDIS, mientras que más del 50% de los montos adjudicados a TDIS en el periodo bajo estudio no supera el 2% del total. Ahora bien, este análisis cambia considerablemente cuando se realiza una comparación según el fondo de origen para el financiamiento (Figura 14).

Figura 14
Proporción de los montos otorgados a las TDIS por el FONCYT (arriba) y FONARSEC (abajo)

Sin dudas, ambos fondos muestran dinámicas completamente diferentes en el financiamiento de TDIS. Mientras que el caso del FONCYT no se llega a más del 2% de los fondos, en el FONARSEC se llegó a destinar el 30% de los recursos para su financiamiento. Sin embargo, este último fondo presenta una distribución mucho más irregular a través de los años.

4. Reflexiones en torno a la agenda de políticas y desarrollo inclusivo y sustentable

En la última década en Argentina se destaca un conjunto de cambios en la estructura política, institucional y organizativa, así como la ampliación y diversificación de los instrumentos de promoción de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, que marcaron la agenda de políticas públicas de CTI. En este contexto, resulta de interés el reconocimiento explícito por parte de las instituciones y organismos de I+D de la dimensión del desarrollo inclusivo y sustentable en la generación de políticas públicas, y de la necesidad de avanzar hacia esta dimensión dentro de los objetivos de política CTI donde se busque orientar la agenda de ciencia y tecnología y la innovación al fortalecimiento de un modelo productivo que permita abordar tanto la inclusión social como la mejora de la competitividad, y cuya expresión podría visualizarse en las tecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable.

Cabe resaltar algunas consideraciones sobre esta búsqueda. Por un lado, si bien se constata que se amplían y diversifican los fondos dirigidos a las TDIS, éstas aún ocupan un espacio relativamente bajo tanto en monto como en número de proyectos, distinguiéndose sólo un proyecto: el PROCODAS, único instrumento que en su diseño contempla la promoción de cuestiones relacionadas a inclusión Social. Por otro lado, aun cuando se están contemplando metas de desarrollo social y temas ambientales en los objetivos generales de las nuevas políticas CTI —como señala Arond et al. (2010)— para un conjunto de países de la región, las áreas de nuevas tecnologías y el énfasis sobre el crecimiento económico y la competitividad de las exportaciones en los mercados internacionales siguen siendo las metas más destacadas de las políticas nacionales.

La articulación entre competitividad e inclusión en la promoción de procesos innovativos suele ser muchas veces contradictoria y conflictiva, ya que, como señala Cozzens et al. (2006), esta relación es compleja, multidimensional y dinámica, y gran parte de las ocasiones la innovación deriva en un aumento de la desigualdad relativa. En la revisión de la documentación e información institucional disponible no se encontraron referencias expresas o explícitas acerca de las formas y los mecanismos de articulación entre los objetivos (económico y social) y de cómo éstos se desarrollaran para cumplir con las metas trazadas. Se destaca, sin embargo, que a la inclusión de la concepción de desarrollo inclusivo en la creación de nuevos instrumentos se suman diferentes aspectos: la priorización de áreas estratégicas, la focalización de las políticas y la consideración de la dimensión sectorial y territorial (regional–local) en la distribución y gestión de los fondos.

En la exploración de los instrumentos se comprueba que existe un marcado sesgo hacia la investigación científica. En tal sentido, se destaca que los estilos predominantes en las prácticas científico-tecnológicas de los investigadores de las instituciones en general se basan en conocimiento derivado de trayectoria previa y know-how (Carrozza y Brieva, 2016; Carrozza, 2016), cuestión que muchas veces se pone en tensión con el diseño de nuevos instrumentos y estrategias propuestas en la concepción, diseño y formulación de políticas de CTI. Este análisis constituye un aporte a la discusión de la construcción de un marco de política pública que considera a la innovación como un instrumento para superar los problemas de exclusión. Como señalan Fressoli, Smith y Thomas (2011), para ello será preciso avanzar simultáneamente en la elaboración de indicadores de evaluación y monitoreo que permitan la comparación de distintas iniciativas y experiencias desarrolladas a nivel nacional y regional.

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Notas