Introducción: el individuo, la comunidad y la dignidad del ciudadano

Aristóteles defiende enLa república (2015) que los seres humanos somos animales políticos o cívicos, es decir: individuos que necesitamos integrarnos en una sociedad determinada y concreta. Según este autor, para constituirse como ciudadanía todos los sujetos deben tener un elemento en común (la comunidad), aunque en ningún caso se exige la existencia de un pensamiento homogéneo, sino que resulta enriquecedora la heterogeneidad de las ideas. Proteger y garantizar el “bien común” a toda la ciudadanía exige promover el bienestar social, convivir en armonía, así como debatir planteamientos y proyectos.

El paradigma sociológico funcionalista considera que la sociedad debe ser entendida como un ente complejo conformado por múltiples secciones que interaccionan y trabajan mutuamente para promocionar la solidaridad y la estabilidad. Según esta teoría, todo sujeto tiende a insertarse en un contexto determinado, viéndose influenciado por la estructura social previamente establecida. Tras la socialización primaria y la socialización secundaria, el sujeto se forja como individuo.1 Las sociedades deben tener la capacidad de adaptarse a las diferentes necesidades sociales con el fin de alcanzar los objetivos propuestos para el desarrollo sostenible del planeta, para así lograr estabilidad y que los sujetos se encuentren integrados en su entorno. Este modelo teórico se ve enfrentado con el paradigma sociológico del conflicto: en la sociedad no domina el equilibrio, la estabilidad y la integración de los individuos, sino que impera el conflicto de intereses de cada uno de los sujetos, alimentando las desigualdades sociales.

En su primer artículo, la Declaración de los Derechos Humanos (1948) afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Esta declaración se vincula con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976). Estos acuerdos de carácter internacional promulgan que todas personas tienen derecho a un nivel adecuado de vida y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Las actuaciones e la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) también se orientan a las necesidades del ciudadano así como su bienestar: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

En contraposición al concepto de “salud” nos encontramos el término “exclusión social”, que puede ser entendido como una situación de acumulación de distintas desventajas vinculadas a diferentes aspectos de la vida personal, cultural, social y política de los sujetos que se convierten en déficits a la hora de constituirse como ciudadanos integrados en la sociedad (Hernández, 2008). La exclusión social es un proceso multifactorial y multidimensional, en el que se produce un continuo exclusión- inclusión e inclusión-exclusión, como si de un péndulo se tratara. Para Subirats (2004) la exclusión social debe ser analizada desde una perspectiva integral, en la que debemos distinguir siete ámbitos: económico, laboral, formativo, socio-sanitario, residencial, relacional y de participación ciudadana. Según Abraham Maslow, todas las personas deben tener un bienestar biológico (alimentación, descanso, confort), sentirse protegidas y satisfechas, ser aceptadas socialmente y ser reconocidas para finalmente participar socialmente y estar integradas en el entorno, así como en las estructuras sociales establecidas.

En la presente contribución resaltaremos la importancia del bienestar ciudadano en los procesos de participación ciudadana, y especialmente aquellos que están relacionados con temáticas de índole tecnológica-científica.

1. ¿Qué entendemos por ciudadanía?

Siguiendo las investigaciones realizadas por Bonometti (2012), debemos analizar a la ciudadanía desde una triple perspectiva:

• - Ciudadanía política. Toda comunidad debe gestionar determinados asuntos públicos que afectan a toda la población (la res pública o cosa pública). Según la autora, los procesos democráticos de tomas de decisiones deben ser correctamente publicitados intentando lograr la máxima participación de los hombres y de las mujeres que habitan un determinado entorno. Aristóteles afirmaba en La república (Libro I, 2018: 10) que la política no creaba a los hombres, sino que los recibía de la naturaleza y los utilizaba. En los procesos de gestión de los asuntos políticos, muchos ciudadanos se retiran de las dinámicas que tienen lugar debido a que participan del fenómeno social conocido como desafección. La Antigua Grecia y las sociedades modernas del siglo XXI tienen una realidad en común: existen numerosos ciudadanos que siente desafección por la política. Aristóteles consideraba que “el pueblo que se mantenga en calma a pesar de no participar en el poder no es indicio de buena organización” (Libro II, 2018: 10). Iberoamérica participa de un fenómeno colectivo que se denomina desafección política, es decir: no hay malestar con la democracia, sino más bien con el funcionamiento de la democracia representativa.

  - Ciudadanía civil. Todo ciudadano debe tener unos derechos, así como unas obligaciones. Los gobiernos han realizado un esfuerzo por tutelar los derechos civiles de la población y plasmarlos así en los distintos niveles legislativos. El problema erradica en su aplicación. En palabras de Bonometti (2012), en Latinoamérica “el ejercicio de los derechos de la ciudadanía está condicionado por el origen y la condición social de la persona. Las categorías más débiles en todos los países de la región son las de los pobres, de los inmigrantes, de las indígenas y de las mujeres”.

  - Ciudadanía social. Esta perspectiva del concepto de ciudadanía puede ser analizada desde la dimensión de las necesidades básicas que planteaba Maslow (alimentación, salud, educación, hogar y seguridad personal), así como a la dimensión social de la pobreza o a la desigualdad cara al ingreso en el mercado laboral. Aristóteles defendía que “en toda ciudad debe existir un desahogo de las primeras necesidades”, aunque, como bien dice Zygmunt Bauman (2017), el homo sapiens se ha convertido en un homo eligens que forma parte del sistema económico conocido como capitalismo de mercado. América Latina es conocido como el "continente invertido", en tanto que existe un grave desequilibrio social, cultural y económico. Si contemplamos las realidades española y portuguesa, existe una menor desigualdad social, aunque las estadísticas muestran que un amplio sector de la población está excluido de la ciudadanía plena.

Una vez analizado el concepto de ciudadanía, debemos plantearnos cómo medimos el grado de bienestar de cada uno de los ciudadanos que forman parte de los Estados iberoamericanos.

2. ¿Cómo medimos el bienestar de la ciudadanía?

Si tomamos al individuo como centro de interés de la investigación y de la acción política, debemos tomar el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Progreso Social como indicadores de referencia. En la presente contribución, y con el objetivo de establecer una imagen fija del bienestar de los ciudadanos iberoamericanos, nos centraremos en el Índice de Progreso Social debido a que los indicadores son exclusivamente sociales y ambientales y analizan resultados reales asumiendo una visión holística e integral. Todos los datos que se utilizan para evaluar cada uno de los 128 países proceden de fuentes oficiales (por ejemplo: la Organización de las Naciones Unidas) y se organizan en tres grandes bloques: necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades. En la siguiente tabla se muestran cada uno de los aspectos que constituyen cada bloque.

Tabla 1.
Aspectos a evaluar en el informe del Índice de Progreso Social (2018)

En el siguiente gráfico podemos observar los datos correspondientes a 2017 (color azul) y 2018 (color naranja).

Gráfico 1
Comparación de la evolución de los países iberoamericanos en relación al Índice de Progreso Social (2017 y 2018)

Podemos confirmar que ha habido un retroceso general en los países iberoamericanos en relación al progreso social y, por tanto, en materia de bienestar ciudadano. Los países que menos han descendido son España (-3 posiciones) y Portugal (-4 posiciones), Argentina (-4 posiciones) y Ecuador (-4 posiciones). El país más afectado ha sido Paraguay (-26 posiciones), seguido de Cuba (-19 posiciones) y República Dominicana (-18 posiciones). El resto de los países iberoamericanos ha descendido entre cinco y catorce posiciones. Según la clasificación final, de todos los países iberoamericanos podemos concluir que cinco Estados se encuentran entre los países de progreso social alto, ocho en progreso social medio alto y siete en progreso social medio. La siguiente tabla ilustra la posición de cada uno de los países.

Tabla 2
Ranking de los países iberoamericanos analizados en el Índice de Progreso Social (2018)

El informe correspondiente a 2018 afirma que desde 2014 se ha producido una mejora de los ítems del progreso social, pero, si realizamos una observación del 2017 al 2018, podemos comprobar que hay un claro retroceso. Asumiendo una visión global hemos mejorado en relación al acceso a la información y a las comunicaciones; a la salubridad; a la nutrición; a los cuidados médicos; a la calidad medioambiental; a la libertad individual y al acceso al conocimiento básico. Los dos aspectos en los que más hemos empeorado han sido los derechos políticos, así como en la inclusión social y la tolerancia. Tal como indica Hernández (2008), estos déficits que hoy en día producen exclusión social pueden ser corregidos mediante medidas colectivas y desde la política, es decir, la práctica institucional. Ahora bien, ¿están dispuestos nuestros gobernantes a impulsar cambios desde la acción de gobierno? ¿Permitirán los mercados financieros que los gobernantes impulsen estas medidas? José Mujica, ex presidente de Uruguay, afirmaba: “Decir que no hay plata en este mundo para un gigantesco Plan Marshall que recorra toda la Tierra a favor de los pobres, para integrar a la vida humana los millones de pobres, decir que no hay recursos es no tener vergüenza” (2014: 59).En 2014 tuvo lugar la cumbre presidencia de ONASUR en Guayaquil, donde Mujica afirmó lo siguiente: “Decimos que en este mundo no hay plata, es porque tenemos la cobardía política de no cobrarles, pedirles y meterles la mano en los bolsillos a los que pueden, y suturar” (2014: 59).

Y de nuevo surge otra pregunta: ¿cómo podemos revertir esta situación? Vivimos en un mundo globalizado e interconectado donde interaccionan dos mundos, el mundo presencial y el mundo virtual. Siguiendo la obra científica de Javier Echevarría, a lo largo de las sociedades han existido señores “feudales” que actualmente se complementan con los “Señores del Aire”, es decir: aquellos que gestionan el mundo virtual o tercer entorno. La solución teórica a este macro-conflicto puede resultar sencilla: la política destinada a los más desfavorecidos. Tal como indica Mujica: “Por eso estamos en política, y por eso luchamos en política, porque al fin y al cabo, simplificando, es cortar el tocino un poco más grueso en favor de los más débiles, porque la política es elegir decisiones y elegir decisiones que favorecen a unos y pueden perjudicar a otros, y estás con las mayorías o estás con las minorías, no hay término medio, no se puede ser neutral, hay que tomar partido” (2014: 59).

3. De la reflexión a la acción: por una cultura cívica que impulse la democracia en los países iberoamericanos

Las distintas sociedades han desarrollado movimientos en pro de la democratización de las comunidades civiles, impulsando estructuras políticas que garanticen la igualdad de sus integrantes allí donde habitan o residen. Cada vez más los ciudadanos exigen participar en los procesos de toma de decisiones que tienen que ver con la gestión de los asuntos públicos. Tal como indica el Informe sobre Desarrollo Humano (2016):

“La democracia verdaderamente participativa y funcional, que es mucho más amplia que un proceso de votación, genera un círculo vicioso. Las libertades políticas empoderan a las personas para exigir políticas que aumenten sus oportunidades de exigir cuentas a los gobiernos. El debate y la conversación ayudan a las comunidades a determinar las prioridades. Una prensa libre, una sociedad civil dinámica y las libertades políticas garantizadas por una constitución son la base de unas instituciones y un desarrollo humano inclusivos. El desarrollo humano considera a las personas no solo beneficiarias del desarrollo, sino también arquitectas de sus propias vidas” (Informe sobre Desarrollo Humano, 2016: 101).

El neoliberalismo está presente en el paradigma político de nuestros tiempos: un número relativamente pequeño de intereses privados controla las decisiones que afectan a la mayoría, dirigiéndolas a la consecución de sus intereses económicos. Chomsky, al igual que Gramsci (1967), defendía una posición que afectaba a todos los ciudadanos por igual: “Hay que evaluar con precaución las doctrinas que dominan el discurso intelectual, con cuidadosa atención a los argumentos y a las lecciones de la historia” (2016: 45). Y añade: “Una sociedad democrática decente debe basarse en el principio del ‘consentimiento de los gobernados’ (…) Llego a la conclusión de que el gobierno se basa en el control de la opinión pública tanto en los gobiernos más despóticos como democráticos (…) La libertad sin oportunidades es un regalo endemoniado y negarse a dar esas oportunidades es criminal” (Chomsky, 2016: 47).

Existen medidores que diagnostican los procesos de democratización de las distintas colectividades del mundo. Uno de los indicadores más significativos es el Índice de Democracia (The Economist, 2017).2 En la evaluación participan 167 países procedentes de todos los continentes. Los resultados son los siguientes: existen 19 democracias perfectas, 57 democracias imperfectas, 39 regímenes híbridos y 52 regímenes autoritarios. Desde una perspectiva iberoamericana, y según los datos actualizados en 2017, existen dos democracias plenas (España y Uruguay), trece democracias imperfectas (Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Portugal, República Dominicana, Paraguay, El Salvador, Costa Rica y Panamá), cuatro regímenes híbridos (Guatemala, Honduras, Bolivia y Nicaragua) y dos regímenes autoritarios (Venezuela y Cuba).

Los procesos de democratización de Europa no han sido paralelos respecto a Latinoamérica y existen grandes diferencias: una de ellas es la repartición de la riqueza, mientras que en España y Portugal ha habido una distribución más equitativa, en Latinoamérica ha existido y existe una mayor desigualdad social y, por tanto, una mayor exclusión social. Dentro de los movimientos sociales destacados que influyen en los procesos de democratización de Iberoamérica podemos destacar al mayo francés (1968), el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Brasil (1970), la Revolución Sandinista de Nicaragua (1979), el Caracazo de Venezuela (1989), los Movimientos Democráticos de Chile (1990), el Movimiento Indígena de Ecuador (1990), la Marcha por la Dignidad y el Territorio de Bolivia (1990), el Levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México (1994) y el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay (1960/1970), entre otros.

Con la revolución digital las democracias actuales se han tenido que replantear los diferentes mecanismos de gestionar la participación ciudadana. Debido a estos cambios tecnológicos, y por ende sociales, muchas democracias actuales han visto como se ha producido una transformación en pro de la participación ciudadana: estamos ante las democracias participativas. Ante la nueva realidad se ha modificado el perfil de ciudadano requerido; es necesario que los individuos estén formados intelectualmente, gocen de una “madurez democrática” y dispongan de los recursos materiales que garanticen la plena participación ciudadana. Los espacios presenciales (las ágoras públicas) han tenido que compartir espacio con la participación ciudadana presencial e innovar la tecnología democrática haciendo uso de las TIC y, como no podía ser de otra manera, de las redes sociales como Twitter o Facebook.3

Indudablemente es necesario contemplar la desigualdad de acceso a Internet, así como a las diferentes tecnologías que permiten el acceso a la información y a la comunicación.

“La difusión exponencial de las tecnologías de la información y la comunicación, junto con el aumento de las tasas de educación y alfabetización, ha dotado a las personas de nuevas herramientas de participación. La participación en línea puede incidir de manera importante en la agencia y el empoderamiento. Sin embargo, las nuevas formas de participación también se enfrentan a dificultades y riesgos a los que se debe dar respuesta. Es preciso buscar la igualdad de acceso de todas las personas a Internet entre los países y dentro de ellos” (Informe sobre Desarrollo Humano, 2016: 101).

Tal y como indica Barrio Alonso (2008), las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han generado nuevas formas de apropiación social de la ciencia han dado lugar a nuevas metodologías de creación del conocimiento científico, así como de su difusión social. Es por ello necesario replantearse la cultura científica como factor fundamental en la formación de los individuos, bien sea como formación individual o con el objetivo de participar en la vida política.

4. La cultura científica contribuye a mejorar la vida democrática del ciudadano

La cultura científica forma parte de la sociedad en tanto que compatibiliza la actividad social y la actividad política de las comunidades. Quintanilla (2010) considera necesario realizar una distinción entre ciencia y cultura científica: la ciencia es parte de la cultura de una sociedad, aunque no toda cultura científica de una sociedad es parte de la ciencia. Si nos adentramos en las diferentes perspectivas de la cultura científica y según el citado autor, la ciencia y la tecnología deben servir para fomentar el progreso, así como el bienestar del ciudadano (perspectiva ciudadana). En ningún caso, las decisiones científicas o tecnológicas deberán servir para justificar acciones políticas donde no haya un consenso ciudadano (aunque en ocasiones el modelo imperante es el predominio de la perspectiva política frente a la ciudadana). Los expertos deben participar de la toma de decisiones, pero en ningún caso ser el factor decisivo para impulsar medidas políticas (perspectiva científica).

Si analizamos la trayectoria histórica de nuestras sociedades, hemos visto como el conocimiento científico ha pasado de estar controlado por unas élites sociales y económicas para llegar a un sector más amplio de la sociedad. Con este nuevo paradigma científico, las personas pueden ejercer la ciudadanía con mayor facilidad (gracias al uso de las TIC). No podemos olvidar que, en estas nuevas formas de redistribución del conocimiento científico, muchas personas se ven excluidas por necesidades formativas, necesidades económicas o situaciones reproducidas socialmente.

Wallner (2014) afirmaba que podemos considerar la ciencia como una “ideología” en tanto que pueden existir dos posturas: aquellos que defienden que los avances en ciencia y tecnología son siempre beneficiosos y aquellos que defienden la postura que un avance científico conlleva numerosos beneficios y riesgos. Situarnos en la segunda postura nos lleva a mencionar la comunicación del riesgo (López Pareja, 2014), concepto que hace referencia al acto de difundir información de carácter científico en relación a los posibles riesgos que conlleva determinada innovación o descubrimiento.

Una vez que el ciudadano disponga de la documentación, es necesario implementar medidas de co-gestión con el objetivo final de identificar los niveles de riesgo para la salud, el significado de dichos riesgos, y evaluar que decisiones podrían ser llevadas a cabo. Hablar de existencia de dilemas éticos o controversias científicas es hablar de posibilidad de decidir (Gómez, 2014) que se relaciona indudablemente con la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la democracia. Como bien indica Chomsky:

“Hay una arena pública donde, en principio, los individuos pueden participar en las decisiones que afectan a la sociedad en general; cómo se obtienen y utilizan los ingresos públicos, cuál será la política exterior etc. En un mundo de naciones estado es fundamental la política, en varios niveles. La democracia funciona en tanto en cuanto los individuos participan de forma significativa en la cuestión pública, a la vez que se ocupan de sus propios asuntos, individualmente y colectivamente, sin ser ilegítimamente interferidos por el poder. El funcionamiento de la democracia presupone una igualdad relativa de acceso a las fuentesmateriales, informativas y demás, una perogrullada tan antigua como Aristóteles” (Chomsky, 1999: 144-145).

A lo largo de la exposición hemos demostrado como Latinoamérica se puede considerar un “continente invertido” en tanto que existen grandes diferencias sociales, numerosas desigualdades y un alto porcentaje de la población que se siente excluida de la sociedad. En relación a España y Portugal, esa realidad también se da igualmente, aunque de manera menos visible. Todo ello requiere que nos exijamos una tarea como ciudadanos del mundo: es necesario repensar el presente para así planificar el futuro. Julio Anguita, ex-coordinador de Izquierda Unida en España (2014: 82), afirma que “estamos en un momento en el que el pueblo debe elegir: rebelión o resignación”, idea que coincide con la de Mujica: “El mundo que tendremos será el que seamos capaces de lograr” (2014: 67).

5. Repensar el presente y planificar el futuro: líneas de actuación, medidas y propuestas de actuación

Es necesario considerar al individuo como sujeto intelectualmente preparado, tanto en la perspectiva personal como social. La digitalización y la llegada de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación deben ser apreciadas como un cambio tecnológico encaminado al progreso de las sociedades democráticas. Para ello, debe garantizarse una “salud” plena de los ciudadanos, así como un acceso garantizado a Internet y a las nuevas formas de apropiación social del conocimiento científico y tecnológico.

Los ciudadanos deben ejercer su papel como decisores y no como consumidores de decisiones políticas: la perspectiva ciudadana de la cultura científica debe primar sobre la científica o la política, aunque sin duda es necesario llegar al consenso mediante el diálogo constructivo. Una vez logradas estas relaciones, que deben basarse en la confianza, los procesos de comunicación social de la ciencia deben enfocarse al progreso solidario de la humanidad. La consecución de los elementos anteriormente citados contribuye a la construcción de una ciencia y una democracia inclusiva.

¿Cómo podemos conocer el funcionamiento de una ciencia y una democracia inclusiva? Tal y como indica Chomsky (2016: 145), “una forma de valorar el funcionamiento de la democracia es, pues, la medida en la que la teoría se aproxima a la realidad y en que los electorados nacionales se aproximan a coincidir con la población”. Mediante la siguiente figura se relaciona la cultura cívica y la cultura científica, considerando la participación de la ciudadanía como el eje fundamental de cualquier sistema democrático y el bienestar biológico, psicológico y social del ciudadano como pilar fundamental. La ausencia de la “salud ciudadana” dificultaría cualquier proceso para impulsar un desarrollo democrático de la ciencia y de la democracia.

Figura 1
Esquema del desarrollo óptimo para garantizar un desarrollo democrático de la ciencia y de las diferentes sociedades

Con el objetivo de establecer vías plausibles de mejora social establecemos cuatro líneas de actuación estratégicas, incorporando 16 medidas concretas que deben ser llevadas a cabo para fomentar la participación ciudadana en materia de ciencia y tecnología en todos los países iberoamericanos. Las cuatro líneas estratégicas deben aplicarse en paralelo poniendo como epicentro de la agenda política a las personas menos favorecidas de nuestras sociedades. Cada línea estratégica está conformada por cuatro medidas que se materializan en propuestas de acción social.

Conclusiones

Todos los sujetos que habitan el planeta deben tener la consideración de actuar como sujetos políticos que pueden y deben participar en la vida social de los diversos territorios en los que habitan. La sociedad debe ser entendida como un ente complejo donde impera el conflicto de intereses de los diferentes sujetos frente a la solidaridad y a la cohesión humana. El capitalismo del mercado y el neoliberalismo social agravan aún más, si cabe, la brecha social que es producida por las desigualdades económicas entre los ciudadanos de Iberoamérica y del mundo. La Declaración de los Derechos Humanos (y su espíritu de lograr el máximo bienestar social) ha influido en numerosos textos legales. La realidad y los diferentes indicadores nos muestran que existen numerosas personas que se encuentran excluidas del desarrollo de la ciudadanía plena. Estas situaciones de exclusión social deben ser abordadas desde múltiples áreas del conocimiento admitiendo que sí es posible lograr una sociedad más igualitaria: mediante la política entendida como gestión de los asuntos públicos o res pública. En ningún caso podemos pretender que la ciudadanía participe de manera libre en la vida política de sus entornos si los estados no garantizan el bienestar físico, psicológico y social de cada uno de los sujetos, ofreciendo oportunidades en todos los ámbitos (salud, alimentación, educación, inclusión, participación).

El Índice de Progreso Social y el Índice de Democracia refleja que en Iberoamérica es necesario impulsar estrategias que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos, así como para fomentar la vida democrática. Tenemos que admitir que no existe una solución mágica para resolver estos conflictos, pero sí que existen mecanismos imperfectos para lograr cambios: la política. Para que todos los sujetos sean participes de la gestión de los asuntos públicos debemos lograr un buen nivel de vida a cada hombre y a cada mujer, permitiendo que, al margen de los deseos de cada uno o cada una, los niveles de formación académica sean los mejores. La cultura cívica debe estar acompañada de la cultura científica ya que aporta conocimiento, reflexión y capacidad de diálogo constructivo. La democracia participativa no es perfecta, pero para que se establezcan mecanismos de mejora tenemos que empoderarnos como los sujetos políticos que somos. Todos los territorios no tienen un desarrollo paralelo. Por eso la importancia de progresar con solidaridad: otros ciudadanos como nosotros necesitan de nuestra fuerza y nuestra lucha diaria.

En la presente contribución hemos propuesto cuatro líneas de actuación para fomentar la participación ciudadana en asuntos de carácter científico-tecnológico, incorporando dieciséis medidas con sus correspondientes 16 propuestas plausibles en cada uno de los territorios iberoamericanos. Estas líneas de actuación conforman la base del proyecto pre-doctoral que se desarrolla en el grupo de Estudios Sociales de la Ciencia de la Universidad de Oviedo (Grupo CTS) y que tiene por nombre “ApropiaCiencia” y que fue presentado en el Foro Iberoamericano de Ingeniería y Sociedad Digital (abril del año 2018). Su director académico es el profesor Cipriano Barrio y el alumno que lo está desarrollando es Raúl Carbajal. Asumimos un compromiso con el progreso social de los países iberoamericanos y la participación ciudadana real asumiendo la idea de José Mújica:

“Los latinoamericanos tenemos que ser, por haber llegado tarde y de atrás, un reservorio de lo mejor de la civilización humana, un continente de paz, de justicia, un continente de solidaridad, un continente donde es hermoso nacer y morir, un continente que le dice sí a la justicia, un continente sin odio, un continente sin venganza, un continente que dignifique la existencia del hombre arriba de la Tierra” (Mujica, 2014: 77).

Bibliografía

ANGUITA, J. (2014): ¡Rebelión!, Murcia, Alfaqueque Ediciones.ARISTÓTELES (2015): Política, Madrid, Alianza Editorial.

ARISTÓTELES (2015): Política, Madrid, Alianza Editorial.

BARRIO, C. (2008): “La apropiación social de la ciencia: nuevas formas”, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad —CTS, vol. 4, nº 10, pp. 213-225.

BARRIO, C. y CÁCERES, S. (2014): Fronteras de la ciencia dilemas, Madrid.

BAUMAN, Z. (2017): Vida líquida, Barcelona, Austral.

BONOMETTI, P. (2012): Democracia y desigualdad en América Latina: las implicaciones de un desarrollo basado en la equidad, Saarbrücken, Editorial Académica Española.

BUENO, G. (2012): Qué es la democracia. Disponible en: www.fgbueno.es/med/tes/t001.htm. Consultado 12 de septiembre de 2018.

CHOMSKY, N. (2016): El beneficio es lo que cuenta: neoliberalismo y orden global, Barcelona, Austral.

FUENTE-COBO, C. (2017): “Públicos vulnerables y empoderamiento digital: el reto de una sociedad e-inclusiva”, El profesional de la información, vol. 26, nº 1, pp. 5-12.

GÓMEZ, F. J. (2014): “Desprofesionalización y exigencias éticas de los trabajadores de la ciencia”, en C. Barrio y S. Cáceres (eds.): Fronteras de la ciencia. Dilema, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 89-103.

GRAMSCI, A. (1967): La formación de los intelectuales, Editori Riuniti, México.

HERNÁNDEZ, M. (2008): Exclusión social y desigualdad, Murcia.

LÓPEZ PAREJA, E. (2014): “La comunicación del riesgo en las organizaciones públicas y privadas”, en C. Barrio y S. Cáceres (eds.): Fronteras de la ciencia. Dilema, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 89-103.

LÓPEZ-CEREZO, J. A. (2017): Comprender y comunicar la ciencia, Madrid, Catarata.

MACIONIS, J. y PLUMMER, K. (2011): Sociología. Disponible en: https://bit.ly/2fRfc2S. Consultado el 1 de marzo de 2018.

MILLER, J. (2014): “The importance of Civic Scientific Literacy in a Just-in-time World”, en B. Laspra y E. Muñoz (eds.): Culturas científicas e innovadoras: progreso social, Buenos Aires, EUDEBA.

MUJICA, J. (2014): José Mujica en sus propias palabras, Quito, Colección Palabras del Sur, Unasur.

NACIONES UNIDAS (1948): La Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en: https://bit.ly/23c5los . Consultado el 20 de marzo de 2018.

NACIONES UNIDAS (1976): Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Disponible en: https://bit.ly/1VtbiXi. Consultado el 1 de abril de 2018.

NACIONES UNIDAS (1976): Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en: https://bit.ly/1DuBaZA. Consultado el 1 de abril de 2018.

OMS (2013): Salud mental: un estado de bienestar. Disponible en: https://bit.ly/1hqychI . Consultado el 15 de marzo de 2018.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (2016): Informe sobre Desarrollo Humano 2016, Desarrollo humano para todas las personas, Washington, Communications Development Incorporated.

QUINTANILLA, M. A. (2010): La ciencia y la cultura científica. Disponible en: https://bit.ly/2uUaCZS . Consultado el 15 de marzo de 2018.

SOCIAL PROGRESS INDEX (2018): Social Progress Index 2018, Executive Summary. Disponible en: www.socialprogress.org. Consultado el 26 de septiembre de 2018.

SUBIRATS, J. (2004): Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. Disponible en: https://bit.ly/1MgakdD. Consultado el 9 de abril de 2018.

UNESCO (1999): Declaración de Santo Domingo, La ciencia para el siglo XXI: una nueva visión y un marco de acción. Disponible en: https://bit.ly/2IFUVHJ. Consultado el 1 de marzo de 2018.

WALLER, F. (2014): “How to protect nature against science?”, en C. Barrio y S. Cáceres (eds.): Fronteras de la ciencia. Dilemas, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 23-31.

Notas