Reflexiones históricas de una deuda política, científica y tecnológica Desequilíbrios regionais na Argentina.

Reflexões históricas de uma dívida política, científica e tecnológica Regional Imbalances in Argentina.

Historical Reflections on a Political, Scientific and Technological Debt

La interpretación del pasado es un desafío político y ciudadano que debe ser capaz de cohesionar a la sociedad, construyendo un nexo entre la experiencia transmitida y la vivida. En palabras de Hobsbawm (1995, p. 576), “no sabemos a dónde vamos, sino tan solo que la historia nos ha llevado hasta este punto y por qué”. Las miradas del pasado pueden ser conflictivas y contradictorias, pero deben permitir el tránsito de la macro a la microhistoria y viceversa. A la luz de los tiempos propios de la llamada “sociedad del conocimiento”, se hace necesario salvar las diferencias entre: el “espacio de experiencia” y el “horizonte de expectativa” (Koselleck, 1993), procurando una relectura del pasado de una Argentina desigual, como parte de un juego de escalas superpuestas que permitan articular ciencia, tecnología y sociedad.

La historia no es inerte, se construye en un tiempo y un espacio determinados, cumple una función social y política, se escribe desde el presente y el historiador no es ajeno al relato y sus interpretaciones. Solo se puede construir a partir de un “régimen de verdad” (Antoine Prost), no exento de opinión. Hay “voces y silencios en la Historia” (Corcuera, 1997) que hacen posible a la sociedad evitar que se trunquen las esperanzas colectivas y le permiten saber cuáles son los deberes de la dirigencia nacional, que como representante del cuerpo social está colocada en un lugar de privilegio para ejercer, legal y legítimamente, la gobernabilidad a través de la implementación de políticas públicas de mediano y largo plazo, territorialmente equitativas. No hacerlo impide el avance de la ciencia y la tecnología, perjudica a la Desequilibrios regionales en la Argentina sociedad, la anquilosa y consolida los desequilibrios regionales en un país de casi tres millones de kilómetros cuadrados como la Argentina.

En perspectiva crítica, el concepto de territorio se manifiesta en una tensión entre la realidad, lo construido y lo imaginado. Esa ecuación hace posible conocer las identidades territoriales, sus ambigüedades, simbologías, fragilidades y logros, mediante experiencias que no son ingenuas. La organización del territorio es un desafío intelectual porque existe una lógica social que forma parte de su funcionamiento y que proviene del modelo social dominante en tanto sinónimo de sistema socioeconómico para implementar políticas públicas en función de diagnósticos regionales. Territorio y actor social se vinculan a los conceptos de diversidad y pluralidad en tanto constituyen una relación-tensión entre la fragmentación regional y el Estado nacional centralizado. Conocimiento y tecnología, acorde a los tiempos, deben estar al servicio de ese entramado.

La conformación del Estado de la Nación Argentina en 1880 es precedida por la constitución de un mercado y una dirigencia nacional. No todos los representantes de los gobiernos y grandes burguesías locales participan del diseño del modelo agroexportador característico de la Argentina moderna, ni de sus cambios a lo largo del siglo XX. A partir del liderazgo de terratenientes y comerciantes de la poderosa provincia de Buenos Aires y el Litoral, las oligarquías más fuertes de interior del país -es decir, del Noroeste argentino (NOA) y de Cuyo en el Oeste cordillerano- se suman a una propuesta basada en la exportación, el monocultivo y las agroindustrias específicas. El Nordeste argentino (NEA) y la Patagonia constituidos mayoritariamente por Territorios Nacionales -es decir, jurisdicciones dependientes del gobierno central-, con ciudadanía limitada y la ausencia de burguesías consolidadas, quedan al margen de la propuesta liderada por los positivistas liberales de la llamada “Generación del 80”, a pesar de constituir la tercera parte del territorio del país.

Mientras la pampa húmeda expresa el núcleo progresista del modelo agroexportador, en el interior del país un sistema de alianzas interoligárquicas obliga a las economías regionales a efectuar cambios para participar de ese modelo, que desde el poder político y económico crece con la mirada puesta en Europa. La llegada del ferrocarril, el crédito oficial barato y la protección estatal diseñan, de común acuerdo con las burguesías locales, economías regionales monoproductoras, al menos en el NOA (azúcar, con epicentro en Tucumán) y en la región cuyana (vitivinicultura, en el Oeste cordillerano con epicentro en las provincias de Mendoza y San Juan) (Pizarro, 2014, pp. 231-239; Balán y López, 1977, pp. 391-435). El conocimiento y la tecnología forman parte activa de esa transformación. Política y economía muestran una alianza sólida inter e intrarregional, tejiendo una red complementaria del progreso positivista arraigado en torno a las ciudades-puertos de Buenos Aires y Rosario. Por su parte, el NEA es producto de la lucha contra el indio aun avanzado el siglo XX y para integrarse a la agroexportación apela a la explotación forestal y -desde 1920- al cultivo del algodón y la ganadería criolla. Su postergación se sostendría en el tiempo.

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Se trata de un paisaje cambiante en el mediano y largo plazo, aunque el país no renuncie a sus rasgos consuetudinarios que vinculan la identidad nacional al campo. El Estado y los actores sociales que lideran el poder económico agrario a lo largo de la historia argentina, a veces dialogan y otras discuten, pero siempre juegan acciones estratégicas, demostrativas de las tensiones que enervan una compleja relación de poder, sin plantear un enfrentamiento frontal y definitivo. Un Estado en ocasiones liberal, en otras intervencionista o benefactor y los sectores hegemónicos agrarios que se identifican o se relacionan con los representantes estatales para recibir protección, exigir subsidios o brindar el respaldo económico de sus producciones, son los ejes de la Argentina agraria tanto como del poder económico que la anima y que define no pocas instancias de su historia nacional, compuesta por definidos contextos regionales muchas veces ignorados.

Iván Molina Jiménez propone dos modelos básicos para plantear el problema de lo regional desde el ámbito de la ciencia y la tecnología: i) el estudio de una unidad espacial (regional o local) predeterminada; y ii) el análisis comparativo de un proceso histórico con dimensiones geográficas dinámicas de las regiones (Molina Jiménez, 2000, p. 15). La teoría institucional en tanto configuración social, conjunto de normas, roles y pautas de comportamiento, también explica el marco regulatorio con perspectiva regional, donde el poder está en juego (Garrabou, 2010, pp. 7-24). La Argentina rural es heterogénea, cualquiera sea la perspectiva de análisis que se adopte. Va más allá de la poderosa región pampeana, del llamado “granero del mundo”, como país proveedor de cereales y ganado refrigerado de alta mestización. Existe un entramado interregional que no debe ser ignorado si la pretensión es producir un diagnóstico certero.

Para fines de los años 80 la crisis económica, el impacto de la deuda externa y el desborde hiperinflacionario golpean a la democracia recuperada en 1983. El país se terceriza de modo sostenido. Ni las políticas regionales, ni la legislación de promoción para relocalizar las actividades productivas o la coparticipación federal de impuestos, consiguen los efectos deseados por la normativa en favor de una mayor equidad intersectorial agraria. Las políticas liberales impulsan la recesión económica, cuando no otorgan ventajas al capital local. Pronto se desalienta el crecimiento productivo en medio de la liberación de los mercados, la rentabilidad del sistema financiero y el uso de instrumentos monetarios.

Los años 90 son los que exponen la pérdida de poder del Estado argentino a favor del mercado y sus normas. Los niveles de pobreza y la concentración de la riqueza aumentan, al amparo de la expansión sojera, el avance tecnológico, la consolidación de la sociedad del conocimiento y el agronegocio que se expande más allá de las diversidades regionales. En 1998, el 20% más rico de los argentinos obtiene el 51% de la riqueza anual del país y el 10% más pobre solo recibe el 1,6%, cuando dos decenios antes este último sector concentraba el 3,1% de los ingresos. El Estado en tiempos en que avanza la globalización no garantiza el sistema. La sociedad argentina cree finalizado “el siglo de la libertad y el miedo” (Botana, 1998), pero no sus incertidumbres.

Fuera de la rica región pampeana, las economías regionales resultan las más afectadas cuando se les aplica el “estilo tecnológico pampeano” -aun con sus deficiencias comprobadas- en medio de las crisis de sus cultivos y sus agroindustrias tradicionales. La tecnología agraria se incorpora a nivel empresario, permitiéndole obtener notables rendimientos al sector, pero no ocurre lo propio con el productor minifundista, especialmente fuera de la pampa húmeda. Las diferencias de los grados de negociación en los distintos espacios regionales resultan evidentes y no se vinculan a un modelo de desarrollo macroeconómico. Las economías marginales se mantienen con ese perfil ante la falta de un desarrollo regional autosostenido. El Nordeste de la Argentina (NEA) ha sido y sigue siendo la región más pobre del país.

El proyecto ultraliberal y privatizador impulsa el cultivo sojero y la siembra directa como ejes de la política rural desde mediados del decenio de los 90. La crisis de 2001, derivada de ella y de la convertibilidad, produce distorsiones en la economía del país como no se habían vivido desde 1930, aumentando la fragmentación, el desempleo y la exclusión social hasta límites desconocidos para una nación proveedora de alimentos a nivel mundial como la Argentina. El agro, al amparo del conocimiento, la ciencia y la tecnología, se asocia al agronegocio y juega un papel estratégico, al menos hasta 2008, cuando la situación internacional y las retenciones a las exportaciones desatan un duro enfrentamiento entre el gobierno nacional y los sectores altos y medios del campo argentino. Las secuelas de la frustrada Resolución 125 llevarían a una tensa relación entre el gobierno y las poderosas corporaciones del agro que influiría en el desenlace del período 2015-2019, cuando nuevamente el Ejecutivo Nacional apueste a una salida político-económica de base liberal. El espejo de la realidad muestra cómo el agronegocio y el poder político siguen guardando estrechos nexos, en contraste con el poco interés oficial por la agricultura familiar.

La “realidad regional” sigue siendo sinónimo de una conformación desigual, tanto en la dimensión económica como social, producto de diferentes formas de apropiación social del territorio y también de los recursos que la sociedad genera. Las regiones con mayor desarrollo capitalista se convierten en “enclaves” de una estructura socioeconómica con patrones tecnológicos y de organización social empresarial, marcando las diferencias con las áreas más atrasadas. Si entre 1950 y 1970 la estructura socioeconómica argentina pasa de un “estilo de desarrollo semi autárquico”, con un proceso de sustitución de importaciones para satisfacer al mercado interno, a un “estilo de acumulación de capital con alta participación externa y creciente complejidad del aparato productivo” -más allá de los cambios políticos-, a partir de entonces las desigualdades son aun mayores (Rofman et al., 2012, pp. 181-202).

Los principales instrumentos de la acción estatal a nivel territorial que acentúa los desequilibrios regionales son la promoción industrial selectiva, la legislación sobre inversiones extranjeras, la política de crédito oficial, la apertura a la radicación de capitales externos en áreas estratégicas y la habilitación de infraestructura básica, que finalmente sitúan al campo argentino sobre dos ejes disímiles: la agricultura familiar y el agronegocio. Surge un nuevo productor rural para un agro tecnificado y de alta precisión, mientras que la agricultura familiar procura posicionarse ante los embates del crecimiento de la soja, el agronegocio, los commodities, los pool de siembra y el avance del mercado por sobre la institucionalidad y el poder de gobernabilidad del Estado.

Más allá de las continuidades y los cambios, la confrontación y el consenso en las corporaciones agrarias, y entre ellas y el Estado, descubren que la convivencia siempre es posible en un país de base agraria como la Argentina. La expansión sojera asociada a la siembra directa, llega a las fronteras del norte del país y las trasciende, sin tener en cuenta los perjuicios para los recursos naturales y el medioambiente. “La república de la soja” diseña un espacio productivo que crece más allá de las instituciones y de los límites entre los países del extremo sur de América (Publicidad de Syngenta en 2006). En el último cuarto de siglo el sujeto agrario ha profundizado su segmentación. La mayor o menor cercanía con la tecnología y la participación en la “sociedad del conocimiento” marcan la diferencia. Por un lado, se despliegan las estrategias de las corporaciones agrarias y sus lógicas político-económicas, vinculadas a la expansión de la soja; y por otro, las tácticas más modestas de la agricultura familiar que sustentan una singular tipología de los productores del agro pampeano. Podría afirmarse que agro-conocimiento-tecnología-marginalidad ocupan el centro del debate cuando se analiza la relación-tensión en las vinculaciones y los conflictos político económicos y socioambientales. Es parte del significado que la tierra tiene hoy cuando se hace referencia al “patrimonio de los recursos naturales” y las redes presentes en las estructuras del poder. Las políticas públicas de la Argentina rural surgen de un tejido complejo de vinculaciones, estructuras, capacidades de gestión de recursos y de control sobre los grupos sociales en el amplio y diverso espectro regional del territorio nacional. El Censo Agropecuario Nacional de 2018 indica la existencia de 228.375 explotaciones agrarias -es decir, un 50 % menos que las contabilizadas en 1960-, afectando especialmente a la pequeña y mediana propiedad de base familiar; es decir, las que han tenido menos opciones antes los avances tecnológicos (Azcuy Ameghino, 2020, pp. 9-38).

La Argentina agraria actual, que se considera inmersa en la “sociedad de la información”, se vincula a “la agricultura de precisión” que implica la necesidad de bajar los costos por tonelada producida y aumentar los rindes y los precios asociándose al sistema científico, tecnológico y de innovación. Adopta incluso su discurso para sostener sus propósitos. Soja y mercado externo sustentan la economía argentina, llegando a superar en las últimas décadas las cifras de los tiempos del “granero del mundo”. Más allá de sus reiterados vaivenes económicos y políticos que muestran la autonomía relativa del Estado contemporáneo, se advierte el poder de la gran burguesía agraria. Aun con algunas agroindustrias en crisis, la Argentina puede proveer de alimentos al mundo para más de 400 millones de personas (Blacha, 2020, pp. 9-24), pero al mismo tiempo registra altos índices de desnutrición y malnutrición en amplios sectores de su sociedad desigual y excluyente, donde los beneficios del conocimiento para todos ellos escasean.