Como ejemplos de resistencia al regionalismo brasileño se seleccionaron tres: 1) en 2000-2003 Chile rechazó la presión brasileña para ingresar a Mercosur e inició negociaciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos; 2) en 2004 el Gobierno argentino de Néstor Kirchner se opuso a la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), promovida por Brasil y establecida ese año, y 3) Venezuela apoyó su creación, pero al mismo tiempo estableció su propia organización regional (Alianza Boli-variana para los Pueblos de Nuestra América [ALBA])¹.

En Chile, productores agrícolas e industriales se opusieron a entrar a Mercosur y prefirieron un acuerdo con Estados Unidos debido al tamaño de su mercado, ya que ese país era el segundo cliente de bienes agrícolas chilenos después de la Unión Europea (UE). Los industriales apoyaron la negociación para atraer inversión extranjera directa (IED), luego de que el Gobierno garantizara que no firmaría un acuerdo con condiciones laborales o medioambientales (Manger, 2009, pp. 163-165, 171-174). El ingreso de Chile a Mercosur era difícil porque sus tarifas externas eran el doble de altas que las chilenas y el grupo había aprobado que toda futura negociación comercial de sus miembros debería hacerse de forma colectiva (Garrido, 2001, p. 46).

Además de razones pragmáticas, otras no económicas pesaron en la decisión chilena de iniciar negociaciones paralelas con economías desarrolladas. Los negociadores chilenos estaban conscientes de que las tarifas de Mercosur servían para proteger las exportaciones regionales de Brasil a expensas de sus socios, de manera que un acuerdo Chile-Mercosur significaba mayor beneficio para Brasil, a lo que se añadía que las exportaciones chilenas encontraban mayor demanda en economías extra-regionales.

Aunque los tratados comerciales pueden crearse para alcanzar objetivos políticos como disminuir tensiones vecinales, las relaciones Chile-Mercosur eran estables económica y políticamente. Una interpretación alternativa es que un país en desarrollo, si quiere aumentar la credibilidad de sus reformas económicas para atraer IED, gana más con un acuerdo de libre comercio con economías desarrolladas que con países en desarrollo (Schiff, 2002, p. 15). Hacia el 2000 las economías de Mercosur eran más volátiles que la chilena, la integración también aumentaba la posibilidad de que su volatilidad se contagiara a Chile y afectara su credibilidad internacional (Schiff, 2002, p. 35). José de Gregorio, ministro de economía chileno, agregaba otra motivación no estrictamente económica al declarar que Chile "no pensaba sacrificar" su "autonomía comercial" (Lapp, 2012, p. 152).

En el rechazo de Chile para ingresar a Mercosur el análisis se concentró en identificar la visión del Gobierno chileno acerca de Mercosur y Brasil y su apoyo a una estrategia de regionalismo abierto durante el Gobierno de la Con-certación. Como esta incluía a izquierda y centro político chileno, su política exterior tenía rasgos de política de Estado y en ella las menciones a Mercosur y Brasil en el discurso oficial fueron positivas de forma constante, por lo que su apoyo al regionalismo tuvo mayor importancia. Según Van Klaveren (1998), el regionalismo abierto significaba que Chile podía negociar simultáneamente acuerdos con Mercosur y países desarrollados porque eran considerados complementarios. Si el primero bajaba sus aranceles, no era incompatible con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) ni con Chile-Estados Unidos (juego de suma variable, Flisfisch, 2011). Ingresar a Mercosur representaba terminar con la posibilidad de negociaciones simultáneas.

Chile buscaba la diversificación económica de sus mercados de exportación para disminuir su dependencia de un mercado externo único. Esta estrategia daba a Chile "autonomía decisional" y el acuerdo de asociación con Mercosur (firmado en 1996) era parte de esta. La diversificación implicaba que "una mayor cantidad de acuerdos, dispersa los niveles de dependencia y provee, en teoría, mayor autonomía para (des)ha-cerse de ellos" (González Ríos, 2014, p. 4). Esa autonomía no aisló a Chile de la región, ya que participó en Una-sur, en el Foro del Pacifico (2007) y en la AP (2011), pero se basó en sus intereses nacionales (González Ríos, 2014, p. 25). Además, entre 1990 y 2004 el sector privado chileno invirtió en América Latina de forma que, para 2004, Chile era el tercer mayor inversionista en la región, después de Estados Unidos y la UE (Fuentes, 2006, p. 4).

Chile no se alejó de la región, pero se concentró en actividades a favor de la democracia y los derechos humanos (Cumbre del Grupo de Río, Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, cláusulas democráticas en sus acuerdos de asociación) (Fuentes, 2006, p. 12). Berardi (2003) analiza los discursos del presidente Ricardo Lagos (2000-2003) acerca del acuerdo con Estados Unidos y muestra cómo el libre comercio se asocia con paz y democracia porque "un manejo sólido y responsable de nuestra economía [...] debería contribuir al aumento de la adhesión ciudadana a la democracia" (Lagos, 17 de agosto de 2001, citado en Berardi, 2003, p. 132).

La propuesta de incorporar a Chile al Mercosur surgió por relaciones personales entre los presidentes Lagos y Fernando H. Cardoso (Brasil), desarrolladas durante el exilio del segundo en Chile. Según Marticorena (2000), esas relaciones llevaron a que el segundo propusiera un recorte de aranceles del Mercosur (que no llegó a formalizarse) para facilitar el ingreso chileno. Sin embargo, Mercosur proyectaba una imagen negativa porque en 1999 la crisis financiera internacional había provocado "una verdadera guerrilla de medidas proteccionistas y represalias" entre sus socios (Garrido, 2001, p. 74). Como trasfondo, también había fracasado la posibilidad de negociar la apertura agrícola en la OMC por problemas en Seattle, que el sector agrícola chileno interpretaba como el triunfo de la oposición de los países desarrollados a negociar subsidios agrícolas.

Si se combinan esas percepciones con las opiniones de empresarios chilenos que habían intentado utilizar el acuerdo de asociación Chile-Mercosur (1996) para exportar a Argentina, Brasil y Uruguay (Marticorena, 2000), puede percibirse una visión negativa de las oportunidades chilenas en Mercosur. Los empresarios indicaban que, aunque se habían rebajado aranceles, se los había sustituido por medidas pa-raarancelarias y burocráticas que no iban a desaparecer con el ingreso de Chile a Mercosur.

La preferencia de Chile por negociar acuerdos con países desarrollados frente a ingresar a Mercosur, más que mostrar voluntad de asilarse de Suda-mérica, reconocía el riesgo que representaba para su desarrollo económico y político vincularse estrechamente con un acuerdo asimétrico que beneficiaba a Brasil. No rechazaba el poder de Brasil ni su proyección global, sino su regionalismo asimétrico, que excluía la posibilidad de otras negociaciones comerciales. La búsqueda de un entorno democrático regional e internacional para su desarrollo chocaba con la percepción de Mercosur como acuerdo dominado por intereses de Brasil. Bajo esa política se mantuvieron Lagos y Michelle Bachelet, políticamente afines al Gobierno brasileño. En consecuencia, "[...] en vez de transformarse en un país 'periférico' en el marco del sistema regional cuyo 'eje' es Brasil, Chile logra constituir una plataforma [.] para alcanzar otros mercados [.] y [.] sigue apuntando a las exportaciones como motor del crecimiento" (Bianchini, 2004, s. p).

En 2004 no existía confianza política mutua entre el Gobierno peronista argentino y el Partido dos Trabalhadores (PT) brasileño (Granovsky, 2004), como mostró la oposición de Argentina a la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, que promovía Brasil (Cárdenas, 2005; Diamint, 2005). Según Cisneros (2005, pp. 119 y 120), la decisión de crear la CSN era vista por Argentina como el fin de Mercosur porque otorgaba más poder a Brasil como pivote entre norte y sur de Sud-américa. La CSN contradecía intereses geopolíticos del Gobierno argentino, que buscaba evitar que su devaluación frente a Brasil después del default de 2001 aumentara en una organización regional mayor (Russell, 2006, p. 11) y seguir manteniendo su política de balance regional.

Finalmente, el Gobierno argentino suscribió el documento fundacional de la CSN sin la presencia de su presidente por dos factores: 1) el resurgimiento del tradicional sentimiento antiestadounidense del peronismo después del default y 2) la posición histórica de ese partido a favor de la integración regional. Aunque el regionalismo brasileño fue apoyado por factores relacionados con la política interna argentina, también fue resistido por factores de su política regional como el balance de poder. La continuación de esa política regional se observa en el discurso de Kirchner durante la visita de Lula da Silva a Buenos Aires (octubre 2003). Allí Kirchner mencionó a la CSN, pero incorporó a México -tradicional competidor de Brasil por el liderazgo regional- para destacar el carácter latinoamericano, no sudamericano, de la integración regional (Loza, 2005; Sindicato Mercosul, 2004).

El Gobierno de Kirchner en 2004 prefería profundizar y hacer más eficiente a Mercosur antes que invertir en la CSN. En medio de enfrentamientos comerciales entre Argentina y Brasil, Kirchner destacó en la Cumbre de Ouro Preto (diciembre 2004) que, si bien el Mercosur "es nuestro bloque de pertenencia regional, los beneficios no pueden tener una sola dirección, [pues] ninguno de nuestros países es por sí mismo tan grande ni tan fuerte como para prescindir del destino regional" (Colombo, 2011, p. 163).

También mantuvo su posición de balancear a Brasil al no apoyar su ingreso como miembro permanente del Consejo de Seguridad, con el argumento de que "Si Lula fuera el presidente por 50 años más, podría ser, pero, cómo no podemos tener certeza de ello, ¿Por qué Brasil va a representar a Ia Argentina? ¿Qué mérito tiene?" (Bielsa, citado en Elías, 2004).

Brasil era considerado actor clave, pero despertaba preocupación y dudas con respecto a su asimetría y posible hegemonía en Sudamérica, en especial por el estancamiento económico de Mercosur, que no se alteró con la estrategia de integración productiva ni la incorporación de aspectos sociales. Solo el nombramiento de Kirchner como secretario general de Unasur (2010) hizo que Argentina pareciera dispuesta a aceptar el horizonte sudamericano de integración que propiciaba Brasil (Russell y Tokatlian, 2011, pp. 11 y 12).

Según Russell y Tokatlian (2011, pp. 13 y 14), en 2006 comienzan a influir factores como: 1) la mayor relevancia regional e internacional de Brasil, que lo convirtió en "país inevitable" o "indispensable"; 2) el "achicamiento" de la importancia económica y política argentina, y 3) la expansión de empresas brasileñas que generaban empleo y producción, pero mostraban debilidades del empresariado argentino. Para entonces, Argentina y Venezuela habían experimentado un acercamiento político, consolidado en el Gobierno de Fernández de Kirchner (2008-2016), que continuó la resistencia a Brasil al promover el ingreso de Venezuela a Mercosur².

Según Lapp (2012), la creación de ALBA paralelamente a la CSN es un ejemplo de búsqueda de poder fuerte (hard power) por parte de Venezuela para contrarrestar a Brasil. Aunque presentada como contrapropuesta al ALCA, ALBA competía con el proyecto brasileño utilizando recursos petroleros y financieros venezolanos durante el auge del precio internacional del petróleo (2003-2008). En Venezuela esa competencia se acompañó de la compra de armas y, según Flemes y Wojczews-ki (2011, p. 10), expresó su rechazo al regionalismo de Brasil. Con ALBA Venezuela forjó una red de influencia política en oposición a la brasileña, para la cual la integración regional debía hacerse mediante Mercosur².

Aunque entre 2004 y 2007 Venezuela dio pasos para ingresar a Mercosur y fue miembro de la CSN, su discurso gubernamental fue contrario a la orientación económica del primero y no apoyó explícitamente a la CSN. Su prioridad era ALBA, como lo indica el título de un documento gubernamental venezolano en 2007 "ALBA: núcleo duro de la integración sudamericana" (Giacalone, 2013, p. 145). ALBA es un acuerdo regional venezolano donde el interés nacional se entiende como defensa y proyección del proyecto político gubernamental.

En Venezuela, a lo largo de 2005, el presidente Hugo Chávez objetó a la CSN y a Mercosur en varias oportunidades, y tanto este último como la Comunidad Andina (CAN) debían desaparecer (no converger en la CSN), porque eran maquinarias que no servían para enfrentar los retos sociales, políticos y económicos de la globa-lización (Venezuela, Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), 2006). Cuando en 2006 solicitó su ingreso a Mercosur, luego de salir de CAN y el Grupo de Los Tres (G-3), el Gobierno venezolano destacó la necesidad de "reformatearlo", considerando que su fin estaba próximo si no cambiaba su orientación (Reuters/EFE, 2006).

Esas declaraciones no entorpecieron el ingreso de Venezuela a Mercosur porque a Brasil el llamado venezolano a incorporar aspectos sociales le permitía posponer la profundización institucional del acuerdo, que proponía Argentina. Además, Brasil estaba interesado en los recursos petroleros venezolanos y su capacidad como mercado consumidor de productos brasileños durante el auge de los precios internacionales del petróleo.

El desacuerdo Brasil-Venezuela era con respecto al alcance de la CSN: articulación institucional y comercial para el primero y organismo político y de seguridad para el segundo (Giacalone, 2013, pp. 132 y 133). Ese alcance necesitaba contextos regionales distintos: Brasil buscaba paz y estabilidad en la región para expandir comercio, inversiones e infraestructura de transporte y comunicaciones; Venezuela partía de la inevitabilidad del conflicto con Estados Unidos (Giacalone, 2008, p. 40). Resumiendo, Venezuela proponía una alianza defensiva en términos ideológicos, políticos y de seguridad, para contrarrestar la influencia regional estadounidense (Illera, 2005, p. 217), que chocaba con la visión regional de Brasil expresada en Mercosur y la CSN.

Cuando en 2008 la CSN se transformó en Unasur, la incorporación de propuestas venezolanas fue más discursiva que real porque el acuerdo no incluyó supranacionalidad, ni fuerza operativa o reconocimiento de la guerrilla colombiana como fuerza beligerante en el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) (Regueiro y Bárzaga, 2012; Quintanar, 2012). La resistencia al proyecto regional de Brasil se resume en Fundamentos de la Nueva Integración del Sur (2007), donde se declara que para "tomar el control" del proceso de integración "llevado por la Hermana República de Brasil bajo su tutela" (CSN) es necesario que Venezuela expanda el ALBA a toda América Latina y el Caribe (Giacalone, 2013, p. 144).

Los ejemplos de resistencia parecen desaparecer después de 2004. Una interpretación tentativa es, primero, que el auge exportador iniciado ese año generó optimismo e inclinó a los Gobiernos a aceptar el liderazgo brasileño mientras no interfiriera con su crecimiento económico. Segundo, las relaciones sudamericanas se trasladaron a la CSN-Unasur con una dinámica de oposición Brasil-Venezuela acompañada de declaraciones de cooperación y amistad. La oposición se manifestó en decisiones sectoriales (Banco del Sur, CDS, integración energética) (Quinta-nar, 2012). En todas ellas, las propuestas radicales venezolanas fueron derrotadas por otras más moderadas brasileñas, con apoyo de la mayoría de los Gobiernos sudamericanos. Esto sugiere que, desde 2004, cuando Venezuela impulsó una política regional radical³, fue considerada una amenaza por algunos Gobiernos sudamericanos que prefirieron apoyar a Brasil para controlarla⁴.

En tercer lugar, al comenzar la segunda década del siglo XXI, el fin del auge exportador aumentó la incertidumbre regional y el movimiento del comercio global del Océano Atlántico al Pacífico revalorizó la posición geográfica de Chile, Colombia, México y Perú. Sus gobiernos favorecían un regionalismo distinto del brasileño y, en 2011, concertaron sus resistencias individuales en la AP. Esta significó la reinserción económica de México en Sudamérica y el cuestionamiento de la existencia de un regionalismo sudamericano, auspiciado por Brasil (Flisfisch, 2011). Al mismo tiempo, la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), apoyada por México y vista con escepticismo por Brasil, representó la reinserción política mexicana en asuntos regionales. Celac fue apoyada por Argentina, Chile y Venezuela, que en algún momento resistieron a Brasil y, aunque es vista como reacción a la influencia estadounidense, es más amplia que las organizaciones sudamericanas y restablece un horizonte latinoamericano para la integración regional⁵.

Desde 2011 la resistencia al regionalismo brasileño promovió instituciones regionales (AP, Celac), mientras Brasil experimentaba el debilitamiento de su economía (Quenan, 2013) y dejaba de necesitar a Sudamérica como plataforma de proyección global (Pinheiro y Gaio, 2014). En paralelo, en Venezuela las protestas políticas internas y el fin del auge petrolero debilitaban su percepción como amenaza regional. Otro cambio fue que para entonces Suda-mérica no atraía el mismo interés de actores extrarregionales (Estados Unidos, UE, China) que diez años antes.

En esa coyuntura, Chile se asoció con Gobiernos que comparten similares políticas económicas y orientación política y apoyan el regionalismo abierto frente al regionalismo antiestadounidense de Brasil. Con la AP y la Celac se inició una etapa de resistencia concertada en la que varios países combinan sus esfuerzos.

Los factores observados en los estudios de caso pueden diferenciarse en sistémicos (afectan a toda una región o sistema, como Sudamérica), normativos (relacionados con un modelo ideal de comportamiento o considerados normales en términos culturales) y externos (presencia de actores extrarregionales poderosos que buscan acuerdos con otros países sudamericanos).

Los sistémicos son bajo nivel de interdependencia económica y tendencia histórica a mantener instituciones regionales incompletas, que representan intereses nacionales antes que de la región. Con respecto al primero, según Gudynas (2000), Mercosur, del cual Brasil es eje político y económico, representa una sumatoria de economías exportadoras extrarregionales con poca integración económica entre ellas. Gobierno y empresas brasileñas negocian directamente su inserción en la economía global porque no necesitan de Mercosur para competir. Mercosur no se estableció con ese fin, sino para asegurar el control brasileño en mercados regionales y representar a la región en foros internacionales.

Brasil mantiene en Mercosur estructuras regionales proteccionistas que apoyan la internacionalización de sus empresas y producen choques con sus socios. En el 2000, las cadenas de valor agroindustriales brasileñas eran nacionales y en soja, cereales y carne competían internacionalmente con las de Argentina, Uruguay y Paraguay (Bisang y Gutman, 2000). La situación no había cambiado para 2013, pero se había profundizado durante el auge exportador de productos básicos (Paolino, 2014, p. 83; O'Connor, 2010, p. 58). La integración productiva, impulsada por Mercosur en la primera década del siglo XXI, creó cadenas de valor en sectores poco importantes, mientras Brasil no importaba de la región sino una pequeña parte de insumos y repuestos de los bienes que le exportaba; el resto se originaba en su mercado doméstico o proveedores extrarregionales.

Los beneficios económicos del regionalismo para Brasil explican por qué su Gobierno promueve políticas comerciales distintas en la OMC y Mercosur. Mientras en las negociaciones agrícolas multilaterales promueve el libre comercio, mantiene una visión cerrada de su región. Esto se observa en la negociación del ALCA. Aunque la autonomía política frente a Estados Unidos se considera la motivación brasileña, el fracaso de esa negociación en 2005 consolidó a Brasil como un importante proveedor de bienes y servicios en la región, protegido por las tarifas preferenciales de Mercosur y los acuerdos de asociación con otros países sudamericanos. Como resultado, entre 2002 y 2011, las exportaciones brasileñas a Sudamérica pasaron de US 7,4 a 45,2 billones de dólares y la región absorbió más productos manufactureros de Brasil que el resto del mundo (Pinheiro y Gaio, 2014, p. 16). Al finalizar el auge exportador, era obvio que Mercosur resultaba positivo para Brasil, pero no tanto para sus socios, porque en 2010 Brasil atraía menos bienes de ellos que en 2000 y había aumentado la asimetría material y política con sus vecinos (Durani, 2011, p. 13; Souza, Oliveira y Gonçalvez, 2010, p. 21).

El segundo factor sistémico surge de observaciones de Malamud (2016b) sobre el carácter fragmentado de la experiencia geográfica e histórica regional bajo la dominación colonial, que la dividió en una pluralidad de situaciones económicas y políticas orientadas hacia el exterior y con pocos vínculos entre ellas. Esa tendencia se afirmó con la independencia, cuando los Estados nacionales buscaron establecer su poder y control territorial. Guerras civiles, revueltas y proyectos de modernidad fracasaron luego de empujar las expectativas de la sociedad en direcciones opuestas. En el siglo XX la inserción internacional económica y política de las naciones mayores (Argentina, Brasil, México) añadió tensión a un proceso que, cuando terminó en los años 30, dejó a los Gobiernos latinoamericanas entregados a proyectos nacionales de desarrollo, que confirmaron la tendencia histórica.

En la segunda mitad del siglo XX, una coyuntura externa de integración europea, descolonización en Naciones Unidas (ONU) y Guerra Fría fomentó el interés por el desarrollo económico y la integración. Se construyeron instituciones regionales para fomentar el desarrollo económico como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC, 1960) -desde 1980 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)-, el Pacto Andino y el Mercado Común Centroamericano. La dimensión regional siguió siendo el horizonte, porque ninguna abarcó a toda la región y las decisiones respondieron a intereses de los países más grandes en cada una de ellas. Así la motivación de Bolivia, Chile, Colombia, Perú (luego Venezuela) para establecer el Pacto Andino (hoy CAN) fue su desacuerdo con el carácter desequilibrado de los logros económicos de ALALC a favor de Argentina, Brasil y México. En los años 90, el Pacto Andino abandonó objetivos iniciales como la planificación industrial, para acomodar la restructuración económica de sus economías mayores (Colombia, Perú, Venezuela).

Para fines del siglo XX, habían surgido nuevos grupos regionales -el G-3 (Colombia, México, Venezuela) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC)-. Cada uno se anunciaba como faro para guiar la integración regional, pero era plataforma de proyección política para distintos Gobiernos nacionales -Mercosur sirvió para la proyección regional de Brasil y Argentina en el Cono Sur y el G-3 y la AEC, para la de Colombia, México y Venezuela en Centroamérica y el Caribe-.

A principios del siglo XXI el regionalismo se aceleró con la presencia de Gobiernos populistas de izquierda en Argentina, Brasil y Venezuela. Como resultado, las negociaciones CAN-Mercosur para crear un área de libre comercio y unificar sus secretariados terminaron por establecer la CSN (2004) y Unasur (2008), instituciones que representan intereses políticos brasileños. Ese proceso fue paralelo al desarrollo de ALBA, instrumento de poder regional de Venezuela, y la reacción de otros Gobiernos al regionalismo de la izquierda populista generó la AP en 2011, como derivación del Foro del Pacifico (2007).

Las declaraciones de solidaridad y cooperación no ocultan la continuación de la tendencia a construir esferas de influencia nacional antes que instituciones representativas de intereses regionales. Esa tendencia histórica a mantener instituciones regionales incompletas -ya sea porque no logran alcanzar sus objetivos o implementar decisiones o porque su alcance geográfico es reducido- convierte a las instituciones regionales en instrumentos para que Gobiernos con diferentes niveles de poder construyan alianzas políticas. Adicionalmente, reduce la necesidad de aceptar el regionalismo brasileño y explica también el confuso panorama de la integración latinoamericana.

La ampliación de Mercosur con Venezuela (2012) y Bolivia (2014) -promovida por los gobiernos populistas de Lula (2003-2011) y Rousseff (Brasil) y Néstor y Cristina Kirchner (Argentina)- y la reacción posterior contraria de los Gobiernos de Michel Temer y Mauricio Macri en 2016 confirman que Brasil y Argentina consideran a Mercosur un instrumento de sus respectivas políticas regionales. Por ello, no están dispuestos a dejar ingresar a Gobiernos cuyos objetivos son distintos de los suyos. Se la interpreta como resultado de cambios de orientación política en sus gobiernos, pero esos cambios determinan que otros países se incluyen o rechazan en Mercosur sin alterar su rol como instrumento de política exterior.

Venezuela y Bolivia tampoco abandonaron ALBA al ingresar a Mercosur porque ALBA les permite proyectar en sus ámbitos domésticos la imagen de que sus Gobiernos cuentan con apoyo regional. Esa legitimidad externa es importante cuando la escena doméstica es frágil, los Gobiernos enfrentan oposiciones internas fuertes y necesitan mejorar sus imágenes nacionales (Cascante, 2014, pp. 38-42). Mantener instituciones regionales incompletas hace que Gobiernos con diferentes niveles de poder construyan redes de apoyo y las presenten a sus audiencias domésticas como ejemplo de que son actores regionales influyentes. También otorga poder de veto en organizaciones mayores cuyas decisiones son consensuadas (Unasur) (Álvarez y Beirute, 2010; Fli-sifisch, 2011), lo que les permite resistir al regionalismo brasileño.

En cuanto a factores normativos, en muchos países sudamericanos prevalece un sentimiento de excepcio-nalidad y el rechazo a abandonar soberanía y autonomía de acción por la injerencia de vecinos mayores. El primer factor se relaciona con el lugar de la región en la inserción internacional de las naciones sudamericanas. El desarrollismo de la segunda mitad del siglo XX implicó una identificación latinoamericana positiva para Argentina y Brasil, pero esa identidad fue matizada por la percepción de su ex-cepcionalidad (Merke, 2008). Esta se mantiene porque la mayor parte de sus ciudadanos no se considera todavía latinoamericana o sudamericana (Onuki, Mouron y Urdinez, 2016).

La excepcionalidad de Brasil nació de su aislamiento histórico de la región desde la época colonial y su sentido de autonomía nacional. Aunque esta se destaca en relación con Estados Unidos, es relevante para entender por qué Brasil rehúye pagar el costo de convertirse en poder regional e institucionalizar Mercosur. Malamud (2016a) lo explica por el interés brasileño en reservar recursos propios para su desarrollo y proyección global, pero esa actitud contribuye a la resistencia de sus vecinos. Si el regionalismo implica pérdida de soberanía, esta puede compensarse con las ganancias económicas que se obtengan, pero la excep-cionalidad impide a Brasil compartir beneficios económicos con sus socios y contribuye a que ellos defiendan su propia soberanía.

El segundo factor normativo (reticencia a abandonar soberanía y rechazo a injerencia de vecinos poderosos) (Serbin, 2010, 6) forma parte de la tradición latinoamericana. Esto limita la aceptación del poder regional (Serbin, 2010) y los acuerdos que este promueve (Serbin, 2013, p. 47). La afinidad ideológica de Gobiernos populistas de izquierda en la primera década del siglo XXI no alteró esa característica. La Unasur, apoyada por todos ellos, muestra diferencias entre Brasil y Venezuela acerca de la dimensión de la región y sus objetivos prioritarios (Gia-coneli, 2008; Serbin 2010; Quintanar, 2012).

Esa tradición se expresa en la preferencia de los Gobiernos sudamericanos por organizaciones regionales interestatales, donde cada país tiene un voto, las decisiones son consensuadas y su implementación, voluntaria (Flisfisch, 2011) . El mismo Brasil enfatiza la soberanía nacional sobre los acuerdos regionales, ya que desde principios del siglo XX su constitución y política exterior apoyan elaboraciones conceptuales de derecho internacional que favorecen la soberanía (Doctrina Calvo, 1868; Principio Drago, 1902) (Almeida, 2013).

El concepto de autonomía, nacido en la Guerra Fría, ha cambiado desde los años 70 (Bernal-Meza, 2013), pero sigue siendo relevante en las políticas exteriores sudamericanas. En la brasileña se expresa en su negativa a profundizar la institucionalización de Mercosur para no perder libertad de acción global y regional. Aunque la conformación inicial de Mercosur sigue principios del regionalismo abierto, la necesidad de Lula da Silva de contentar al ala radical del PT mientras continuaba políticas macroeconómicas liberales de Gobiernos previos (Ribeiro, 2014, pp. 114 y 115) promovió un discurso de política exterior que exaltó su autonomía frente a Estados Unidos. Esa narrativa para el imaginario doméstico contribuyó a que vecinos sudamericanos, que no comparten la noción de una autonomía regional antiestadounidense, resistieran a Brasil.

Llenderrozas (2013, p. 131) ha señalado la existencia de más de un paradigma normativo regional en la Celac. Esta incluye principios heredados de la tradición legal europea (westfaliana) sobre igualitarismo soberano de los Estados, no intervención (autonomía) e integridad territorial -que conspiran contra la integración (Llenderrozas, 2013, p. 147)- junto con otros que enfatizan democracia, derechos humanos y desarrollo económico. Esto se debe a que la región es un sistema abierto con un grado alto de europeización y americanización en el que influyen ideas de la Revolución francesa y estadounidense (libertad, igualdad, entre otros) desde sus procesos de independencia.

Si los principios del primer paradigma exigen decisiones unánimes y participación voluntaria, que apoyan la resistencia al regionalismo brasileño, los segundos hacen que algunos temas justifiquen la actuación regional (cláusulas democráticas de CAN, Mercosur, Unasur). Ambos influyen sobre los acuerdos regionales, pero hay mayor consenso normativo acerca de los primeros que de los segundos. Esto explica que la AP condicione el ingreso de nuevos miembros al respeto de la democracia y el Estado de derecho, mientras el ALBA se opone a la aplicación de cláusulas democráticas a Venezuela.

Durante la formación del Estado-nación latinoamericano la alianza brasileña con Estados Unidos y la argentina con Gran Bretaña fueron manifestaciones de la presencia de actores extrarregionales poderosos interesados en la región (Merke, 2008). Con el fin de la Guerra Fría los Gobiernos latinoamericanos debieron reacomodar sus políticas exteriores y relaciones con esos actores. Sin embargo, se mantiene la tendencia a establecer formas prefe-renciales de asociación económica o política con alguno de ellos. También es común que vecinos que no comparten similares dotaciones de factores con otros mayores encuentren menos atractiva la integración con ellos (Tovías, 2008). Como la racionalidad económica para que un país pequeño firme un acuerdo comercial con un país lejano es menor frente a hacerlo con uno cercano, deben existir razones políticas. Entre ellas, Tovías (2008, pp. 15-17, 19) destaca que los acuerdos preferenciales con socios comerciales "naturales" hacen a las naciones pequeñas más dependientes de vecinos grandes, mientras los extrarregionales disminuyen esa dependencia.

A finales del siglo XX y principios del XXI hubo amplia oferta de actores extrarregionales interesados en relaciones preferenciales con naciones sudamericanas. Estados Unidos y la UE buscaron acuerdos empujados por el optimismo neoliberal luego de la caída de la Unión Soviética y el tratado de Maastricht (1992), respectivamente. Las ofertas predominaron hasta la crisis de 2008, aunque los sucesos de 2001 ya habían disminuido el interés estadounidense. Ambos actores firmaron acuerdos estratégicos con Brasil, pero también buscaron sus propios intereses económicos y políticos en acuerdos con otras naciones sudamericanas. El interregionalismo europeo fue usado para atraer a naciones sudamericanas a firmar acuerdos de asociación con la UE, que incluían comercio preferencial, iban acompañados de condicionalidades sobre democracia y derechos humanos, y buscaban fortalecer la integración regional. Sin embargo, los acuerdos no fueron birregionales, sino con naciones individuales (Chile, Colombia, Perú y Ecuador) y les permitieron resistirse al regionalismo brasileño.

Un actor externo nuevo fue China, que había experimentado una restructuración económica que culminó en 2000 con su ingreso a la OMC. Su interés por materias primas, alimentos y energía la acercó a América Latina (Heilmann y Schmidt, 2014, pp. 33 y 34). Aunque firmó acuerdos comerciales con México y Chile, fueron sus compras de productos básicos latinoamericanos a precios altos las que produjeron el auge exportador 20032008 y contribuyeron a que otras naciones sudamericanas no se plegaran al regionalismo brasileño.

Brasil participó del auge y, en el proceso, aumentó su dependencia del mercado global y disminuyó su integración con mercados regionales. Aunque Brasil y China enfatizaron una agenda sur-sur, esta es más costosa para Brasil que no puede suscribir el costo de la acción colectiva regional y es afectado por importaciones industriales chinas a mercados latinoamericanos (Hirst, 2009, p. 128). Más comercio chino con Argentina promueve intereses comunes en Mercosur, pero crea competencia entre sus miembros para atraer IED de ese origen (Hirst, 2009, pp. 132 y 133).

La presencia china se interpreta como una manera de otorgar mayor autonomía regional frente a Estados Unidos, pero el triángulo Estados Unidos-China-América Latina no existe en el vacío. Las mayores exportaciones chinas van a Estados Unidos y UE, y provienen de compañías multinacionales, mientras que insumos y materias primas se originan en América Latina, África y Asia (Stallings, 2009). Cualquier elemento que rompe el ciclo (como la crisis de 2008 en los países desarrollados) disminuye el crecimiento de exportaciones e importaciones chinas, influye en su política económica y afecta a clientes y proveedores, como lo demuestran los años posteriores a 2011.

En el caso chileno, los factores que incidieron fueron poca interdependencia económica entre Chile y Mercosur para ciertos sectores, protección de la autonomía de acción chilena y el hecho de que Estados Unidos y la UE estaban interesados en acuerdos preferenciales con ese país (o sea factores de los tres tipos). En el argentino, elementos normativos (regionales y domésticos) predominaron tanto en la resistencia, como en la aceptación formal de la CSN.

En Venezuela, aunque aumentaron las relaciones comerciales Venezuela-Mercosur, había poca interdependencia económica con Brasil (factor sistémico). El cambio de orientación política del Gobierno venezolano se acompañó de un cambio del paradigma regionalista hacia uno contrario al regionalismo abierto y la economía de mercado. Aunque el discurso político de izquierda exaltó a Brasil como eje de un regionalismo autosuficiente y es-tatista, contrario al imperialismo, a Estados Unidos y a la globalización, tuvo "poco anclaje en la realidad" (Flisfisch, 2011, p. 122); y creó divergencias concretas con Venezuela en Unasur.

La Tabla 1 resume etapas de la resistencia sudamericana y factores que influyeron en los estudios de caso.

Tabla1
Etapas y factores en estudios de caso

Fuente: elaboración propia.